La entrevista que el diario «El País» publica hoy con Elena Bastidas, alcaldesa de Alzira desde 2003 y actual presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) permite un titular dramático sobre las finanzas locales. En ese marco Bastidas afirma:
Se tiene que crear un Consejo Local de Política Fiscal y Financiera para que los Ayuntamientos tengan voz propia y se puedan abordar las nuevas situaciones, y se tiene que modificar la ley de Estabilidad Presupuestaria. Es incomprensible que la Administración del Estado y las autonomías puedan tener déficit y nosotros no.
Es verdad que la salud presupuestaria local es mala. Pero será peor el próximo año con la caída de recaudación vinculada al ladrillo. Además, una cuarta parte del presupuesto municipal entraría dentro de los gastos impropios que corresponderían a otras Administraciones Públicas. Con todo, florecen las facturas del cajón y las los retrasos en los pagos.
Por su parte, Mercados, el suplemento sepia del diario El Mundo, parece un monográfico dedicado a los problemas financieros municipales, aunque bajo el prisma del acreedor: «Los municipios ahogan a las pymes» titula en portada el interesante artículo de Francisco Núñez y Cristina Caballero. Ayuntamientos como Benidorm alcanzan un volumen de deuda tan elevado que «ha dejado de pagar a sus proveedores más pequeños», afirman enunciando numerosos casos similares en toda España.
Así, ayer también supimos que la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga quería «pedir la intervención del Tribunal de Cuentas» ante la elevada cuantía que le debe el Ayuntamiento de Manilva (equivalente a 1.632 euros por vecino) y las pocas esperanzas de encontrar alguna vía de solución. Tras muchos años de impagos, el Director de la Tesorería entiende que se trata de una «deuda inasumible«.
No sé que podría hacer el Tribunal de Cuentas, salvo iniciar la vía jurisdiccional para exigir la responsabilidad contable de quienes manejaron los caudales de esa manera. Por esto, es extremadamente importante la responsabilidad de los funcionarios con habilitación estatal, al frente de los servicios respectivos en las Entidades Locales.
Juan María Moreno, presidente de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la provincia de Cádiz, recordaba durante el congreso anual del Colegio Oficial que estos funcionarios están al servicio «de la mejor consecución del interés público en el cumplimiento de la legalidad, de la estabilidad presupuestaria y de la planificación financiera«. Pero siendo relevante su función en cualquier corporación, «en los pequeños municipios donde hay menos técnicos, son la punta de lanza para al aplicación de las nuevas normativas», concluyó.
Otras noticias.
Fiscalizacion.es 
No me resisto a hacer algunos comentarios a la Alcaldesa de Alzira.
En primer lugar, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, desde la reforma de 2006, permite el déficit, vinculado al ciclo económico. Ahora que vivimos una etapa de crecimiento reducido, es lógico y LEGAL que se pueda utilizar esta fuente de financiación, para volver al equilibrio o superávit cuando el crecimiento económico vuelva a ser mayor (que volverá, seguro).
Segundo. No comparto para nada la sorpresiva y MUY RECIENTE propuesta de crear un «Consejo Local de Política Fiscal y Financiera». Yo creo que sería mucho más adecuado dar voz y voto a las Corporaciones Locales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, debidamente reformado en su composición y reglas de funcionamiento interno. Por cierto, esta no es mi propuesta, sino la de la Federación ESPAÑOLA de Municipios y Provincias, que se puede consultar en varios de sus documentos, disponibles en su página web (www.femp.es). Las resoluciones de las Asambleas son un ejemplo. Descolgarse ahora unilateralmente de estos acuerdos generales me parece que es tirarse piedras contra el propio tejado del municipalismo en España.
Tercero. Los gastos impropios son eso justamente: impropios. Comparto las propuestas que hace Antonio en la entrada anterior a esta, pero yo añado una. Si el Ayuntamiento no está obligado a prestar estos servicios porque no tiene la financiación adecuada para ello, pues simplemente que no los preste. Será impopular, pero el gobierno en democracia consiste precisamente en saber decir que NO a determinadas demandas.
Cuarto. Debemos desligar lo que es una situación coyuntural de crisis de lo que es un sistema de financiación municipal, con vocación de estabilidad y largo plazo. La mezcla de ambos debates es lo que está llevando a proponer medidas «desesperadas» que podríamos terminar pagando después con bastantes recargos.
Un saludo a toda la comunidad fiscalizadora.
Me gustaMe gusta
Comparto punto por punto la opinión del compañero de foro Roberto F. Llera.
Respecto del tercero punto quisiera indicar que los Ayuntamientos terminan asumiendo bastantes competencias impropias (algo así como si dejéramos «competencias praeter legem»)…Es cierto. Estas decisiones son políticas, pero basadas -en la mayoría de los casos- en necesidades reales de los ciudadanos.
Es muy lógico, muy racional plantear desde un punto de vista técnico que esas competencias no se ejerzan….Lo que no sé es si es posible seguir ahora tales criterios.
Una Administración Pública le puede -le debe- decir a otra «que cada palo aguante tu vela» (el Ministro Solves así se lo ha venido a decir a los Alcaldes de España), pero ¿lo puede hacer un Ayuntamiento con un usuario de los Servicios Sociales?
Me gustaMe gusta
En esto de la situación financiera de los ayuntamientos se actúa, en mi opinión, con un doble lenguaje que resulta de difícil comprensión y, en último término, aceptación.
Por una parte, se habla, ahora más que nunca, de la dramática situación financiera de las administraciones locales, reivindicando éstas -sin ningún día de descanso, como no puede entenderse de otra manera- que el Estado, las Comunidades Autónomas o Júpiter si es preciso, sean sensibles con la situación que se padece y hagan un esfuerzo adicional -no se sabe cómo- en la aportación de mayores recursos presupuestarios para las primeras.
Por otra parte, parece, son muy pocas las administraciones locales que presentan liquidaciones presupuestarias con signo negativo (¡) -Remanente de tesorería y Resultado presupuestario, y, en términos sec95, Necesidad de Financiación-, y, menos aún, creo, las que, como determinan la LRHL y la LEP, se hayan embarcado, cuernos del toro bien cogidos con las manos mediante, en proyectos de saneamiento real, que no eso de no subirse el sueldo los políticos que viene …
Resulta chocante, al menos contradictorio, que en el código penal (artículo 290, del capítulo XIII, de los “delitos societarios”) prevea pena de prisión de uno a tres años para los administradores de una sociedad mercantil que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad.
Me gustaMe gusta
En el caso de las Municipalidades Ecuatorianas (Ayuntamientos), la cosa va por ahí. La Asamblea Constituyente, hace poco emitió un «Mandato», de cumplimiento inmediato, que consistía en que: los trabajadores que laboraban en las Entidades públicas cuya contratación se la realizaba a través de empresas «Tercerizadoras» (sin dependencia laboral directa con las instituciones) y a quienes se les pagaba sueldos inferiores a los empleados de planta, ahora con el mandato, se prohibió esta forma de contratación, y a los que estaban bajo este régimen, se los tiene que incorporar a la nómina de los empleados permanentes, con salarios mucho mayores, acorde al escalafón vigente en cada una de las entidades.
Esto provoca que en el presupuesto del 2009, el incremento en el pago de remuneraciones, rebase las posibilidades de las instituciones y que para equilibrar las cifras, se tenga que
1) Recortar las asignaciones destinadas a obra pública de infraestructura, cultura etc. e incorporar a este grupo de trabajadores con mejores salarios, quedando bien en el aspecto social, o,
2) Se suprimen los puestos de trabajo que podrían estar demás, nos quedamos con los empleados y trabajadores «estrictamente necesarios», y desatamos una reacción de impredecibles consecuencias por parte de los afectados.
Esto del «Mandato», se resolvió sin realizar un detenido análisis con las entidades involucradas de las consecuencias económicas del mismo, y no tiene como contraparte, la asignación de recusos adicionales para cubrir los desfases.
Esto de revisar, regular o eliminar la contratación con empresas «Tercerizadoras», era una reinvidicación popular muy sentida. El Gobierno a través de la Asamblea Constituyente las eliminó, a mi entender, llevado por criterios más electoreros antes que técnicos, pues estábamos a las puertas de la aprobación vía consulta popular, de la nueva Constitución.
Esto es una muestra más de que los gobernantes privilegian sus intereses políticos, frente a un análisis sereno de las consecuencias que una u otra medida puede tener.
Me gustaMe gusta
Pingback: Ayuntamientos en quiebra técnica | Antonio Arias Rodríguez es Fiscalización
Pingback: Los pequeños ayuntamientos, cada vez más sostenibles | Fiscalizacion.es