Por Manuel Lagarón Comba
Una forma adecuada de evaluar la eficacia de cualquier política pública en relación con el medio ambiente es a través de la utilización de indicadores de gestión medioambiental. En este sentido, y pensando fundamentalmente en las corporaciones locales, nos hemos planteado la posibilidad de utilizar otro tipo de indicador, en este caso la huella ecológica, como uno más de los instrumentos que permiten llevar a cabo tal evaluación.
Éste fue creado en 1996 por William Rees y Mathis Wackernagel, y es considerado por los expertos como un “indicador biofísico de sostenibilidad”. Determina de forma integrada los diversos impactos que cualquier población causa sobre su entorno físico, medidos éstos a través de la superficie de terreno productivo que, ya sea en ecosistemas terrestres como acuáticos, dicha población requiere para obtener tanto los recursos necesarios que mantengan su modelo de consumo como para absorber los residuos que genera. Se forma mediante el agregado de las huellas correspondientes a cada tipo de superficie afectada, como cultivos (agricultura), pastos (ganadería), bosques (forestal), mar productivo (pesca), superficie urbanizada, así como el área boscosa precisa para la absorción del CO2 derivado del consumo energético.
Este indicador medioambiental va necesariamente unido a otro denominado capacidad de carga (también llamado biocapacidad), y que se define como la superficie productiva local, incluida también la del medio acuático, de la que una población pueda disponer para su consumo. Sirve, por tanto, para valorar la máxima explotación a la que, en cuanto a su sostenibilidad, pueda ser sometido dicho territorio sin dañar de manera permanente su productividad.
Pues bien, si comparamos ambos instrumentos, que se miden por hectáreas/habitante/año, podemos obtener el déficit o el superávit ecológico local. Cuanto mayor sea la huella ecológica de una población respecto de la capacidad de carga de su territorio, tanto mayor será su déficit ecológico; y viceversa. Esto supondría que el municipio está utilizando recursos de otros lugares; o lo que es más delicado, que los está detrayendo de generaciones que habitarán esa misma zona en el futuro.
Simultáneamente, poniendo en relación este déficit con la superficie productiva local podemos fijar el número de territorios municipales equivalentes que se necesitarían para alcanzar un déficit cero; es decir, el equilibrio ecológico.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, y en términos de eficacia, entendemos que la huella ecológica permitiría, una vez normalizada su metodología de obtención, evaluar la gestión de cualquier política medioambiental municipal ?o de cualquier otra política o institución que pueda afectar al medio ambiente municipal?, en la medida en que su reducción paulatina hasta alcanzar el equilibrio ecológico fuese un objetivo a alcanzar.
Pongamos por caso la actividad de un gran ayuntamiento consistente en plantar arbolado con vistas a aumentar el grado de absorción de dióxido de carbono en su área metropolitana. Esta actividad, enmarcada dentro de una política medioambiental de ámbito local, sí que contribuiría a reducir uno de los componentes de la huella ecológica, como es el de emisiones de CO2 asociadas al consumo de energía. En consecuencia, tras su examen, el auditor podría concluir si la citada política ha sido más o menos eficaz.
Analizando los trabajos que al respecto y de forma pionera en España llevaron a cabo la Comisión de Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Barcelona en 1998, así como los desarrollados habitualmente por la Comunidad Autónoma de Navarra desde 1999, observamos que la huella ecológica de la primera en 1996 era 3,5 hectáreas/habitante, mientras que la segunda gozaba de 3,08 hectáreas/habitante en 2006, diez años después.
El pasado 2007, el entonces Ministerio de Medio Ambiente sacó a la luz su Análisis preliminar de la huella ecológica en España: informe síntesis. En él se establece que la del español medio era de 6,4 hectáreas/habitante en 2005, siendo la capacidad de carga de 2,6 hectáreas/habitante, lo que suponía un déficit ecológico nacional de 3,8 hectáreas/habitante en ese año. Esto indica que, según los autores del estudio, se precisaría de casi tres veces el territorio nacional para mantener nuestro actual ritmo de consumo y desarrollo.
Como puede observarse, los datos están disponibles y pueden ser utilizados para cualquier tipo de análisis, aunque por su complejidad y falta de estandarización quizá debieran ser valorados todavía con cierta reserva.
La huella ecológica es asociable a su vez a productos alimenticios, fuentes de energía, sectores industriales, etc.; de manera que, por ejemplo, puede estipularse la que corresponde al consumo de carne, o de gas, o la que produce el turismo sobre una comarca. Para ello hay que acudir a las estadísticas oficiales, ya que son fuentes necesarias para su determinación. De este modo, los responsables públicos de cada política o entidad que afecte al medio ambiente podrían conocer cómo influyen las que ellos gestionan sobre la huella ecológica general, o cómo contribuyen a desminuirla, por ejemplo, al aumentar la capacidad de carga correspondiente.
El auditor tiene pues la posibilidad de acudir a las mismas fuentes y comprobar la razonabilidad de los cálculos que puedan presentar los gestores respecto del impacto de sus respectivas políticas o instituciones. A partir de ahí, entendemos que, en teoría y pese a las limitaciones ya mencionadas, sí sería posible utilizar tal indicador como un instrumento para evaluar la gestión de una política medioambiental municipal, o de cualquier otra política o institución que en el cumplimiento de sus objetivos puedan afectar al medio ambiente municipal.
Para más información, puede acudirse a las siguientes páginas electrónicas:
Fiscalizacion.es 
Tras el éxito del sistema de bonus-malus en el automóvil, con recargos para vehiculos más contaminantes y bonificaciones a los híbridos, el ministro francés de ecología, Juan-Luis Borloo, acaba de proponer a Nicolás Sarkozy la extensión de este mecanismo a una veintena de familias de productos:
Televisores, ordenadores, congeladores, neumáticos, bombillas eléctricas formarían parte de la lista de los productos afectados, todavía secreta por el Ministerio del desarrollo sostenible.
Esta extensión del sistema de bonus-malus es una de las principales sorpresas del proyecto francés de ley de presupuestos para 2009, todavía en preparación. Una linea de trabajo fiscal que vamos a seguir atentamente.
Me gustaMe gusta