Medio Ambiente y Plan General de Contabilidad: un camino por recorrer

Un camino por recorrer. Ruta de Los Arrudos en Caleao (Asturias)

Manuel Lagarón Comba
Tribunal de Cuentas de España

Manuel Lagarón Comba.El 20 de noviembre de 2007 fue publicado en el BOE el nuevo Plan General de Contabilidad, el cual incorpora por primera vez aspectos relativos a los datos medioambientales que las empresas han de consignar en la memoria, así como las cuentas de provisiones establecidas para el registro de ciertas operaciones de esta naturaleza. Tal incorporación, que tiene su antecedente en el PGC para las compañías eléctricas de 1998, es consecuencia a su vez de una Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de 2002, por la que se aprueban una serie de normas de reconocimiento, valoración e información ambiental en las cuentas anuales.

Así se abre en España una nueva vía de sensibilización empresarial, debido a la creciente demanda de este tipo de información por parte de una sociedad cada vez más involucrada. Parecía lógico, por tanto, que la disciplina contable se encargase también de reflejar adecuadamente el impacto que en nuestro entorno produce la actividad de las empresas.La Resolución del ICAC, que utiliza como referente el texto de una Recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas de 2001, dispone que «será de aplicación, con carácter general, para el reconocimiento, valoración e información de las cuestiones medioambientales que sean necesarias para que las cuentas anuales individuales y, en su caso, consolidadas, ofrezcan una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del sujeto contable», de ahí su propia denominación.

No obstante, de una lectura cuidadosa de ésta, especialmente de su norma tercera, se deduce que tan sólo se refiere al registro de «cualquier operación cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o reparar el daño sobre el medio ambiente», es decir, lo que ella misma define como actividad medioambiental.

Por tanto, la Resolución no contempla otras actividades que, pese a no estar directamente vinculadas a los objetivos anteriores, bien pueden tener la misma condición. Nos referimos a los gastos de conservación de recursos renovables y no renovables; los relativos a la mejora de la imagen pública, marketing y publicidad de este tipo; los de exigencias administrativas, como es el caso de permisos, licencias, cánones, tributos e impuestos ecológicos; las inversiones para investigación y desarrollo en tecnología medioambiental destinada a otras empresas, entre otros.

Esta omisión se extiende también a las actividades generadoras de ingresos vinculados al medio ambiente, como los que apunta la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) en un documento relativo a la contabilidad de gestión medioambiental. Se trata de: venta de estudios, diagnósticos, análisis y mediciones; venta de servicios de tratamiento de residuos; venta de tecnologías limpias; derechos de patentes y marcas; alquileres y usufructos de activos creados con estos fines; subvenciones y ayudas de esta índole; premios obtenidos, etc. A buen seguro, también pudieron ser contemplados, pues creemos que son aspectos susceptibles de formar parte de las cuentas anuales de forma diferenciada. De este modo, podrían conocerse también los márgenes correspondientes, al poner en relación dichos ingresos con los gastos precisos para su obtención.

Obviamente, ni la Resolución en su momento, ni el PGC en la actualidad restringen el uso de tantas cuentas se consideren oportunas, pero es cierto que al reducir la primera el ámbito de registro solamente a operaciones preventivas y reparadoras, cualquier sujeto contable evitará las “molestias” de destacar las antes señaladas, en especial si ello pudiera perjudicar a sus intereses. Normalmente se limitará a consignar todos los gastos en la cuenta de Servicios de profesionales independientes, tal y como establece la Resolución.

Es más, las pocas cuentas de provisiones que prevé el PGC, y a las que hemos hecho alusión al comienzo, se destinan a cubrir obligaciones legales de cuantía indeterminada para prevenir o reparar daños, lo que confirma el carácter más puramente preventivo y compensatorio del PGC respecto de esta materia que la vocación de registro de una realidad medioambiental completa.

Por ello, creemos que sería interesante diferenciar en subgrupos contables específicos, tanto los activos, como los ingresos, los gastos y los resultados de esta naturaleza. Ello, además de ofrecernos la imagen fiel del patrimonio de las entidades que propugna el ICAC, nos permitiría conocer también, a través de la contabilidad, su verdadera dimensión ecológica. Esto no supone, como afirma AECA, llevar una contabilidad específica, pero sí una contabilidad que contemple el impacto medioambiental en su totalidad, lo que incluye todo aspecto positivo y negativo, y no únicamente las operaciones destinadas a prevenir, reducir o reparar el daño causado.

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