La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid acaba de hacer público el informe sobre la Cooperación al Desarrollo en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma. Entre sus principales conclusiones destacamos las siguientes, que por su carácter general suponen una reflexión aplicable a todas las CCAA:

La política de cooperación al desarrollo es parte de la acción exterior del Estado. No obstante la Legislación prevé expresamente la posibilidad de que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales realicen cooperación al desarrollo, en el marco de sus competencias y respetando el principio de unidad de acción del Estado en el exterior, concretado en las líneas y directrices establecidas por el Congreso de los Diputados plasmadas en el Plan Director plurianual elaborado por el Gobierno.

Además la acción de dichas entidades en la cooperación para el desarrollo seguirá los principios de colaboración entre Administraciones Públicas en cuanto acceso y participación de la información y máximo aprovechamiento de los recursos públicos.

El marco regulador fundamental de las administraciones públicas madrileñas en materia de cooperación es la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aplicable al conjunto de las administraciones públicas españolas, y la Ley 13/99 de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid.

El 83% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la región se refiere a Desarrollo, el 6% a Ayuda Humanitaria y el resto a otras actividades. Por modalidades de gestión el 72% corresponde a Convocatorias y un 22% a Ayuda Directa. Iberoamérica es la principal receptora de fondos, seguida de África Subsahariana y Magreb. Los principales países son por este orden: Nicaragua, Ecuador, República Dominicana, Colombia y Marruecos. Todos estos países figuran entre los 10 principales receptores de AOD española y están incluidos en el Plan Director 2001-2004 como países programa o prioritarios, salvo Colombia que figura en el puesto 33 a nivel nacional, que en el Plan Director es objeto de mención particular por ser objeto de un programa especialmente dirigido a acompañar el proceso de arreglo del conflicto.

En el ámbito de la Comunidad y entre las distintas Administraciones, la coordinación es un elemento fundamental. La Ley 13/99 de la CM prevé con este fin la Comisión Regional de Cooperación para el Desarrollo, que se constituyó en 2000, habiendo celebrado únicamente una reunión posterior. Asimismo la CM elabora un informe sobre la AOD de las Administraciones Públicas Madrileñas que aporta una visión integrada de la AOD de la región, si bien es necesario aumentar la colaboración entre las distintas administraciones para mejorar la exactitud de la información.

El Plan General de la CM también hace múltiples referencias a la necesidad de la coordinación entre las Administraciones de la región, con especial referencia además de la Comisión Regional a la Federación Madrileña de Municipios (FMM). La FMM constituyó un departamento de Cooperación al Desarrollo en 2000. Las principales actuaciones han sido la Alianza Madriz-Madrid y la creación del Fondo Municipal de Ayuda Humanitaria de Emergencia, ambas iniciativas con una acogida bastante modesta si atendemos a los Ayuntamientos participantes, los importes gestionados y su evolución. Asimismo la FMM recopila información sobre la cooperación al desarrollo realizada por los Ayuntamientos de la Comunidad a través de encuestas, a la que respondieron 125 Ayuntamientos en 2004, incluidos todos los principales salvo el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

La participación de los distintos agentes que participan en las actividades de cooperación al desarrollo es un elemento clave para conseguir los objetivos globalmente compartidos como horizonte que constituyen los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas. La Ley 13/99 de la CM prevé la existencia del Consejo de Cooperación para el Desarrollo de la CM, foro de diálogo en el que participan las organizaciones sociales. Asimismo el Plan General de la CM reconoce la importancia de los agentes implicados en los procesos de cooperación enumerando un gran número de socios de la cooperación de la Comunidad de Madrid, tanto en los países del Sur como en la Comunidad de Madrid.

Tanto la CM como el Ayuntamiento de Madrid a partir de la elaboración de su primer Plan General 2005-2008 cuentan con apropiados instrumentos de planificación. La regulación y planificación constituyen un requisito básico de partida para una política de cooperación eficaz. En cuanto al resto de Ayuntamientos en pocos casos cuentan con algún tipo de planificación.

Asimismo es de gran importancia contar con mecanismos de seguimiento y control adecuados, así como sistemas de evaluación. Estos mecanismos y sistemas están más implantados en la CM y el Ayuntamiento de Madrid, siendo en general menores a medida que los Ayuntamientos manejan menores presupuestos.

La misma existencia en España de una AOD descentralizada, con implicación de las administraciones autonómicas y locales, y en especial la existencia de más de 80 Ayuntamientos en Madrid que participan en la cooperación, es una sana manifestación de la sensibilización de la sociedad española, y madrileña en particular, por erradicar la pobreza en el mundo y contribuir a un mundo global más justo y solidario. A la vez esta implicación institucional contribuye a reforzar dicha sensibilización social.

No obstante, cabe también decir que la cooperación, para ser eficaz, requiere unos niveles y garantías presupuestarias a medio y largo plazo y una capacidad de planificación y gestión, al menos en algunas modalidades e instrumentos, que requieren un mínimo de estructura y volumen de la ayuda, que lógicamente no está al alcance de todos los Ayuntamientos. Por otro lado la multiplicidad de pequeños actores con actuaciones independientes merma el impacto global de los objetivos pretendidos.