Foto, de izquierda a derecha: Ramón Muñoz (exconsejero del Tribunal de Cuentas), Lourdes Torres (Universidad de Zaragoza), Encarna Samitier (Heraldo de Aragón), Carlos Castelló (Cámara de Cuentas de Andalucía) e Ignacio Cabeza (Cámara de Comptos de Navarra).

Convocados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, acudimos del 12 al 14 de septiembre, al curso de verano dirigido por la profesora Lourdes Torres, en la pirenaica localidad de Formigal. Este tipo de lugares de la alta montaña, tan alejados de la ciudad y en esta época casi vacíos, tiene la ventaja de la coincidencia en el mismo local de alojamiento, comida y actividades académicas, entre el medio centenar de personas, asistentes y ponentes, de diversa procedencia profesional (gestores, auditores, interventores) que enriquecen todos los debates. Unos “perpetran” y otros “sufren” las auditorías y esta coincidencia fuera de la respectiva torre de marfil supone una de las mejores prácticas y, aunque el hotel de alta montaña no estaba rodeado por la nieve, ningún participante se marchó hasta la clausura.

Lourdes Torres (directora del seminario) y Vicente Pina (secretario) son dos de nuestros grandes académicos de la contabilidad y la auditoría pública. Confeccionaron un programa equilibrado entre unos temas de gran interés ciudadano (urbanismo, comunicación de informes) y las ponencias más técnicas (estabilidad presupuestaria, resultado presupuestario y remanente de tesorería)

Carlos Castelló explicó la experiencia en materia de comunicación interna y externa de la Cámara de Cuentas de Andalucía. La opinión del órgano de fiscalización se encuentra en sus informes, pero es necesario ayudar a los medios y a la ciudadanía a comprenderlos, importante tarea de los Jefes de prensa en las Instituciones. En este sentido, Luis Muñoz Garde, presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, avanzó que durante el 2008 incorporarán al informe el modelo anglosajón de “resumen ejecutivo” para facilitar su comprensión y no sólo con las conclusiones.

Elena Estrada, de la Intervención General de la Administración del Estado, avanzó la próxima aprobación del Plan Marco de Contabilidad Pública adaptado a las NIFF y en base a los criterios del Plan General de Contabilidad de las empresas, que siempre ha ido por delante y es fuente declarada de inspiración para la normativa contable pública.

Encarna Samitier, en la foto junto a Vicente Pina, es subdirectora del periódico Heraldo de Aragón. En su ponencia se quejó de la ausencia de designación (y constitución) del Auditor General de Aragón, porque las fuerzas políticas sean incapaces de ponerse de acuerdo en la persona titular, que requiere mayoría de tres quintos de la totalidad del Parlamento aragonés.

 

Ramón Muñoz, terminó su exposición pidiendo a quienes hacen “fiscalización de la gestión” que reflexionen sobre cómo hacen la “gestión de la fiscalización”. Es decir, que se tenga claro el objetivo de la tarea, que es influir en la Administración y que tenga efectos. Para ello es importante la celeridad y la claridad de los informes. Mencionó el ejemplo alemán donde los auditores públicos (los funcionarios, no los consejeros) asisten a las comisiones parlamentarias de presupuestos y asesoran a Sus Señorías para evitar reiterar los defectos año tras año.

Ignacio Cabeza reconoció que ya se ha superado una cierta etapa divulgativa. En su opinión, hay que ir a informes simplificados, cortos, con lo esencial y potenciar la carta (“no pública”) de recomendaciones para el gestor. Es verdad que habrá quien pueda acusar al OCEX de ocultar información al parlamento, pero un concepto moderno de fiscalización camina hacia la mejora, hacia el gestor y puede ser más efectivo ese planteamiento.

También impartió una brillante y valiente conferencia sobre control externo del urbanismo, en un país, como el nuestro, donde el “ladrillo” supone el 18 por ciento del PIB y el 22 por ciento del empleo en España. Ofreció algunos datos y planteo las preguntas clave. En los últimos diez años, el precio de la vivienda se ha incrementado en un 184 por ciento en España, con 800.000 viviendas construidas en 2006 (más que Alemania, Francia e Inglaterra en su conjunto y un tercio del total construido en Europa).

En este contexto, la repercusión del suelo sobre el precio de la vivienda se sitúa en torno al 40 por ciento y cada día se transforman en suelo la extensión de 3 campos de fútbol. Los planes aprobados hasta 2006 suponían un millón y medio más de viviendas y 300 campos de golf. Las cinco grandes capitales españolas (15 por ciento de la población) cuentan con un total de 169 millones de m2 de suelo urbano “retenido especulativamente”, sobre el que se puede construir en torno a 4 millones de viviendas de 80 m².

Calificó de “tsunami de cemento” este urbanismo desenfrenado y se preguntó ¿Es razonable el régimen de valoraciones del suelo con notable presencia de las expectativas urbanísticas? En su opinión, el urbanismo no deben diseñarlo los promotores, sino los ciudadanos pero ¿Están funcionando los mecanismos de control interno y externo de las EELL? y ¿el papel de los gobiernos autonómicos?.

Aquí criticó la ”Máquina” de hacer dinero que supone el Urbanismo financiero, como instrumento para la financiación de las Haciendas Locales y terminó preguntándose: ¿Debe delimitarse las competencias municipales?.

 

Alain Cuenca, Director General de Coordinación Financiera con las Haciendas Locales, en la foto junto a Lourdes Torres, habló de la estabilidad presupuestaria en las Entidades Locales y despertó mucho interés, hasta el punto de tener tantas preguntas que casi duplicó el tiempo asignado para la exposición. Avanzó que la ponencia resumía un artículo de inminente aparición en la revista Cuenta con IGAE y presentó unas cifras que le permitieron concluir que la aplicación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria no ha sido satisfactoria en las Corporaciones Locales. En este sentido, la Ley 15/2006 de reforma de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria ha introducido algunas modificaciones para mejorar su aplicación al sector local, previendo que los grandes ayuntamientos puedan ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad a lo largo del ciclo.

El Estado, desde la aprobación de la Ley, pasó del equilibrio al superavit, las CCAA pasaron del déficit al equilibrio, pero las CCLL, en términos generales siguen en déficit, que cuantifico en un 0.1% del PIB nacional de 2005. La necesidad de financiación permanece en un 40% de los Ayuntamientos (2.670, exactamente, aunque sólo 787 tenía remanente de tesorería negativo). No es alarmante, sino relevante, aunque ese déficit agregado desaparecería sacando de las estadísticas a la capital de España, cuyo” plan de saneamiento” calificó de “modélico.

Respecto al desarrollo reglamentario de la Ley, ahora pendiente de informe del Consejo de Estado, estará aprobado en unas semanas. Para el futuro, habrá una determinación individual del objetivo de estabilidad, en términos del PIB regional, para las CCAA y para las CCLL un objetivo calculado tras un riguroso procedimiento. También incorporará la creación oficial de un inventario integro el subsector Administraciones Locales, a efectos del SEC’95.

Los ayuntamientos grandes que incumplan el objetivo de estabilidad necesitarán autorización del Ente de Tutela (CCAA o Estado, según territorio) para autorizar cualquier operación de endeudamiento a l/p, en el marco del plan economico-financiero de retorno al equilibrio.

Respecto a la ausencia de rendición de cuentas de muchos ayuntamientos de España, debemos estar atentos a la experiencia de la Comunidad Foral Navarra de retener la subvención anual, hasta su presentación, una vez que la Administración autonómica ha ofrecido su ayuda administrativa y esta no ha sido aceptada.

En la misma línea, Alfonso Peña, Interventor General del Gobierno de Aragón, desarrolló la aplicación de, principio transparencia en un Estado descentralizado como el español. Criticó las disculpas ofrecidas para evitar su aplicación efectiva y mencionó que, con frecuencia, se amparan en el carácter muy técnico de los documentos presupuestarios, la huida del derecho administrativo y las carencias en el control interno y externo. Un dato: las 17 CCAA han creado en sus 25 años de vida,1.638 personas jurídicas, con formas muy diversas y la proliferación durante estos últimos años de sociedades públicas instrumentales para endeudarse y atender grandes contratos de obra y gestión de servicios públicos.

Destacó la aprobación de una Ley de Transparencia de Galicia, que parece ambiciosa por al cantidad de información que proporciona, pero que plantea grandes dificultades prácticas. En su opinión bastaría con aplicar el art. 5 de la Ley de Estabilidad e incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales el informe que permita conocer el cumplimiento del principio de estabilidad. Por ejemplo, los avales (muchos, extrapresupuestarios) las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (hay un dato público en la web del Ministerio de Sanidad, de 5.500 millones de euros, en toda la sanidad de España), los contratos del método alemán o de concesión de obra pública.

En la próxima entrada, con tiempo para ordenar mis notas, comentaremos la ponencia de Vicente Pina, titulada Nuevas Tecnologías y Rendición de Cuentas en la Administración Local Europea, basada en un proyecto de investigación que realizó un análisis del contenido de las páginas web de las ciudades más pobladas de cada país de la UE-15.

Clausuró el seminario el querido profesor José Barea, en una conferencia plagada de anécdotas de su vida administrativa, política y académica. Le dedicaremos un artículo exclusivo en el futuro. Pero para no defraudaros, podéis consultar cualquiera de los artículos recientes sobre el tema, mejor que mi resumen.

La AECA le rinde un emotivo homenaje la próxima semana, recogiendo en un libro titulado “Pensamiento económico de José Barea. El legado de un economista de estado” (Edición especial para el XIV Congreso AECA) sus intervenciones en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, así como la Conferencia Inaugural del Congreso.

 

En la foto, el profesor Barea con los jóvenes técnicos de auditoría de la Sindicatura del Principado, Iñaki y Eva.