El caso del investigador a dieta

Rey-o-peon Hoy traemos a la bitácora la Sentencia de primera instancia, 13/2013 de 4 de noviembre pasado, dictada por la Consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, por la que se obliga a un profesor universitario al reintegro de determinados gastos –viajes, dietas, comidas y otros- de un proyecto de investigación que dirigía. No es el primer caso ni será el último, pues la normativa permite a nuestros investigadores –con bastante libertad-  promover contratos con personas o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico. Muchos se quejan de la pesada carga burocrática que soportan, mientras que los auditores son bastante críticos con la gestión de la investigación, no solo universitaria. La realidad es que gracias a la I+D+i se logran importantes fondos, imprescindibles en los tiempos que corren.

La Sentencia, recurrida ante la Sala de Justicia -por lo tanto, no es firme- analiza el contenido de dos contratos de investigación, suscritos al amparo del artículo 83 LOU por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y con el mismo Investigador Principal al frente. Uno formalizado con la Diputación Foral de Gipuzkoa para el “Estudio del impacto de la calidad del aire que supondrá la instalación de una incineradora en Donostia-San Sebastián” por importe de 164.321 € más IVA y una duración de dieciséis semanas. Otro con Endesa Servicios para la realización de tres estudios de impacto en la calidad del aire correspondientes a las centrales de ciclo combinado, por 133.720 € más IVA con un periodo de duración de doce semanas.

El Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre la actividad económico-financiera de la UPM y sus entidades dependientes puso de manifiesto determinadas irregularidades en dichos Proyectos de Investigación. En consecuencia, la UPM acordó, el 17 de noviembre de 2011, incoarle un expediente de responsabilidad patrimonial con objeto de determinar el importe de los perjuicios sufridos en sus fondos públicos, “como consecuencia de haberse imputado a los mismos gastos que no guardaban relación con los proyectos”.

Señalaba el expediente rectoral el criterio temporal (por ser gastos realizados en su inmensa mayoría una vez finalizado el proyecto) y la naturaleza propia de los gastos, que no guardaban relación con el proyecto. En efecto, los gastos respecto a los cuales la UPM aprecia la existencia de perjuicio se refieren, fundamentalmente, a gastos en bienes de consumo ordinario (comidas, cenas, bebidas, gastos de reparación de vehículo, artículos de perfumería y cosmética, etc.). En las Memorias de Distribución de Recursos de los contratos celebrados no se contiene ningún concepto destinado a satisfacer gastos de tal naturaleza (sí figuraban, sin asignación de importe […]

5 x 8 = 40, y me llevo 2

 Hoy quiero dedicar esta entrada al abogado Fernando Castro Abella, que ha sido durante las últimas décadas, responsable de la edición gráfica y electrónica de la excelente revista El Consultor. Desde allí, ha sido durante 32 años nuestro referente en el ámbito del Derecho Administrativo y Local, impulsando multitud de proyectos como la puesta en marcha Práctica Contratación Administrativa y Práctica Urbanística, o en la remodelación de revistas como Actualidad Administrativa. Los profundos conocimientos jurídicos de Fernando han quedado patentes en los fogones de la sección Consultas -donde nunca eludía temas de actualidad o enjundia jurídica- o como coautor o coordinador de algunas obras jurídicas de manejo cotidiano como: “Derecho Local Especial”, “Nuevo Régimen Local”, “Contratación del Sector Público Local”, “Procedimiento Administrativo Local”, “Manual del Concejal”, “Vademécum de la Administración Local” y una larga lista de títulos que muchos hemos manejado en algún momento de la vida profesional. Pero vivimos tiempos convulsos y la industria editorial no es ajena a ellos, así que hace unos días ha dejado el grupo Wolters Kluwer para iniciar una nueva vida profesional, después de habernos dado tanto. Así que mi modesta aportación narra un suceso de gran actualidad –en una ciudad que lleva el nombre de nuestro homenajeado– y que está siendo objeto de muchos análisis por los responsables de las finanzas locales. 

Dos actividades del Tribunal de Cuentas de España

Hoy nos hacemos eco de dos noticias relacionadas con el Tribunal de Cuentas, su Ley de Funcionamiento y los OCEX en general. Por un lado la constitución de la Asociación Española del Personal de Instituciones de Control, (AEPSICON) que preside Concepción Galán Gil, con Jerónimo Hernández de tesorero y José Antonio García Regueiro de secretario. Por otra parte, anunciamos un extraordinario seminario (¡gratuito!) con los mejores especialistas en la sede madrileña de la Real Académica de Jurisprudencia y Legislación, el próximo día 6 de noviembre, sobre fiscalización y responsabilidad contable, conmemorando los 25 años de la Ley de funcionamiento del TCu. 

El extraordinario caso de las horas extraordinarias

El Tribunal de Cuentas debió pronunciarse, recientemente, sobre el pago indebido de diversos conceptos salariales en una sociedad municipal. En concreto, en primera instancia se había declarado la existencia de un alcance por importe de 32.715,40 €, durante los ejercicios 2005 a 2007, condenando al Director Ejecutivo del Teatro Barakaldo S.A., como único responsable directo, al pago del principal de alcance, con sus correspondientes intereses legales y costas procesales. Apelada la sentencia, la Sala de Justicia, en su sentencia de veinticuatro de julio de dos mil trece, confirmó sus términos y declaró la existencia de un perjuicio en los fondos públicos de la citada sociedad municipal. Dicho perjuicio, que la Sentencia apelada calificaba como alcance, fue ocasionado por dos decisiones gerenciales: – el abono a algunos trabajadores que se encontraban en situación de baja por enfermedad de la totalidad de su salario, abonándoles determinadas cantidades complementarias a las satisfechas en concepto de prestación de incapacidad temporal por la Seguridad Social, para cubrir el 100% de su salario. – el abono a dos trabajadores y a él mismo, de un total de 31.323 euros en concepto de horas extraordinarias; en ninguno de estos casos existe acuerdo que justifique su abono, ni tampoco hay constancia documental de la realización efectiva e indubitada de dichas horas extras. La Sentencia apelada declaró responsable contable del perjuicio al Director Ejecutivo de la sociedad municipal que era el órgano competente para la gestión económica de la misma, lo que incluía la gestión de personal y, particularmente, el pago de nóminas. entiende la Sala que dichos pagos complementarios suponían una mejora respecto al régimen previsto en la Ley General de la Seguridad Social y que sólo podían preverse en los contratos de trabajo (de los que no existe constancia) o en el convenio colectivo aplicable (inexistente, igualmente), por lo que carecieron de fundamento legal, siendo además competencia del Consejo y no del Director Ejecutivo de la sociedad pública el pactar dichas mejoras. El Tribunal declaró, por tanto, existencia de perjuicio a los fondos públicos derivado del abono indebido de esos complementos salariales. 

El extraordinario caso de los relojes reparados

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de España, en sentencia 10/2013 de doce de marzo de dos mil trece, debió pronunciarse sobre los regalos entregados por una corporación municipal a los funcionarios que cumplen 25 años de servicio. El asunto comenzó mal para la concejala y la interventora. La Autoridad local condenada, en primera instancia, al reintegro de los pagos indebidos y la funcionaria consideada responsable contable subsidiaria. La Sala de justicia acepta la apelación y revoca la condena. 

Estabilidad, controles y responsabilidades

Intervengo este lunes en la Universidad Carlos III de Madrid, dentro de la II Jornada Técnica sobre Estabilidad Presupuestaria, ante un centenar de funcionarios, muchos de ellos amigos de mi época de administrador universitario. Podeis ver aqui las ponencias y aquí los videos. En el excelente blog Más que Universidad tenéis también un resumen de los contenidos. Comparto con la jurista Ana Caro un análisis de las responsabilidades de la gestión económico-financiera. Ella centrada en el nuevo delito de falsedad de las cuentas públicas y yo en la responsabilidad contable y administrativa. Recordemos que las responsabilidades del art. 145 LRJPAC, que el profesor Domenech llama un bonito florero, son prácticamente inexistentes para los Tribunales de justicia. Así que  nos centramos en la responsabilidad contable y, sobre todo en las llamadas “zonas grises”, como por ejemplo: 

El caso del Alcalde vespertino

Había una vez un alcalde que desempeñaba su cargo sin asignación económica por parte de la corporación municipal, pues era funcionario de Correos, donde trabajaba por las mañanas. La mayoría de las tardes -y en su propio vehículo- acudía al Consistorio, distante algunos kilómetros de su puesto de trabajo. El ayuntamiento le abonaba 0.19 € por Km, con arreglo a lo regulado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio y de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto. Así, vino cobrando -durante tres años- una cantidad variable, en concepto de “Dietas y Locomoción” en función de los viajes que hacía entre la oficina de correos y su despacho de la Alcaldía. En total unos cinco mil euros durante su mandato. Fruto de una acción pública, la Consejera de Cuentas debió tomar cartas en el asunto y sentenció que esos pagos eran indebidos y le condenó a su reintegro a las arcas municipales. Como el cartero , siempre llama dos veces, instó la apelación y la Sala de Justicia estimó el recurso del Alcalde y entendió que no había tal responsabilidad contable por alcance de los fondos públicos ¿Porqué? Lo vemos a continuación.