Responsabilidad de directivos públicos. Viejos problemas. Viejas soluciones

Sala

Ayer se celebró en la Universidad de Vigo la Jornada sobre Responsabilidad de los directivos y autoridades públicas. Se trataba de una sesión con dos ponentes para desarrollar la responsabilidad derivada de los informes de fiscalización y los restantes supuestos, fundamentalmente la via penal y administrativa.

La Magistrada Dolores Galindo presentaba al fiscal jefe del TCu, Olayo González Soler, que comenzó su exposición afirmando “Si el Control Interno funciona bien, el Control Externo lo tiene fácil” y realizó una exhaustiva exposición de las funciones de las actuaciones de la fiscalía para depurar responsabilidades de los Directivos y Cargos Públicos.

 VEr entrevistaEn un entramado procedimental que Olayo entendió caracterizado por la complejidad funcional y orgánica, por la compulsividad y la contradicción, reconoció que la configuración legal en España de la Responsabilidad Contable dejaba bastante que desear:

  • el juicio de cuentas no existe, en la práctica,
  • los actos antijurídicos firmes son imposibles de atacar por el TCu
  • las dificultades de perseguir el reintegro de los cuentadantes de hecho y el extraneus.

En ese sentido, el fiscal siempre crítico con la construcción de la responsabilidad contable, vislumbró nuevas perspectivas para trabajar en el futuro desde la fiscalía, en tres nuevas -y poco exploradas- áreas de trabajo:

Chaves-AriasYo tuve la tarea de introducir al magistrado José Ramón Chaves que estableció un inventario de causas que han permitido la aparición de gran cantidad de casos de corrupción. Desde los legisladores –ambigüedad de la norma- a los gestores –huida del derecho administrativo, devaluación de los controles- pasando por los sucedáneos de pena, como es la inhabilitación del prevaricador que, con frecuencia, cuando llega –tarde- carece de relevancia.

Habló de la impunidad de los “pequeños actos” administrativos que impiden a los perjudicados su persecución ante las cuantiosas tasas judiciales. También la desviación de poder (y su prueba diabólica) o la inaplicación del art. 145 LRJPAC que obliga a repercutir en al autoridad o funcionario que causen un quebranto.

Recordó la vigencia del Código de Buen Gobierno de la LTBG (Título II, arts. 25 a 32) desde el día siguiente publicación en el BOE aunque, curiosamente, el órgano encargado de incoar expedientes sigue sin constituirse un año después de su promulgación.

En ese sentido, llamó la atención sobre el Proyecto de Ley que se tramita en el Congreso sobre el ejercicio del Alto Cargo en la Administración del Estado, que tiene carácter supletorio (DA 1ª) para el resto de las AAPP. La futura norma, que eleva a principio general de comportamiento directivo la austeridad y la eficiencia, quiere regular los conflictos de intereses y prevé un régimen sancionador específico.

Dentro de unos días colgremos aquí el video de las […]

Que viene el lobo: responsabilidad contable de los gestores por el reintegro de subvenciones

Reintegro subvención

El mes de agosto nos trajo hasta Asturias la noticia de la instrucción por el Tribunal de Cuentas de un presunto alcance por el reintegro de una subvención del Estado para obras que los auditores de la IGAE entendieron insuficientemente justificadas en su adjudicación. El correspondiente expediente acabó en la sección de enjuiciamiento y produjo la noticia con que abrimos hoy la bitácora.

Mi sorpresa fue mayúscula, toda vez que el propio Tribunal tenia pacíficamente declarado en su Sala de Justicia que la revocación de una subvención otorgada a un Ayuntamiento no supone per se la existencia de un alcance a pesar del obligado reintegro. Una cosa es que la subvención se encuentre bien revocada por la Administración concedente, y otra cosa que esa falta de ingresos, derivada de la precitada revocación, dé lugar a un supuesto de alcance.

Tuvimos ocasión de ponerlo de relieve hace cuatro años en una entrada del blog, titulada “El caso de las obras en el cementerio”. El asunto, en esencia, giraba en torno a la revocación al Ayuntamiento de Zahinos de una subvención otorgada por el INEM para la realización de unas obras, alegando que la causa de este perjuicio económico era el impago de varias mensualidades de cuotas sociales, pese a que el Ayuntamiento había recibido previamente del INEM los fondos destinados tanto al pago de las nóminas como de las cotizaciones sociales, destinándose dichas cantidades al pago de otros gastos de la Corporación.

Con independencia de la opinión que nos merezca ese comportamiento concreto, el hecho es que la práctica del reintegro de subvenciones perjudicadas es bastante habitual. En los últimos años, diríamos que demasiado habitual. Sin ir mas lejos, varios vicerrectores de investigación de nuestras universidades firmaron una ácida Tribuna en el diario “El País” titulada “Hacienda, contra la investigación -que tuvimos ocasión de comentar aquí- donde se quejaban de la gran cantidad de reintegros de subvenciones de proyectos de I+D que encubría la ausencia de fondos del ministerio.

Ante la sorpresa de la noticia del cambio de criterio del Tribunal me dispuse a mirar la remozada página del TCu.es cuya sección de enjuiciamiento publica todas las sentencias. Mirando entre las últimas, encontré la STCu de 17-2-2014 que da un meneo a la doctrina surgida del caso “Zahinos”. Se trata del Ayuntamiento navarro de Murugarren que debió reintegrar una subvención tras demostrarse por abundantes medios de prueba la existencia de trabajos certificados o liquidados, no ejecutados, por importe de 91.650,58 euros:

“Con el fin de cobrar las subvenciones se incluyeron, en determinadas certificaciones de finalización de obras, unidades que no habían sido ejecutadas. Dichas certificaciones las firmaban el Director de la obra, el Constructor y la Presidenta del Concejo”.

En primera Instancia, la Consejera de Cuentas ya había considerado acreditado que […]

Reflexionando sobre la rendición de cuentas

Garralda-Villasalero

La semana pasada, el Aula Magna del Campus Fábrica de Armas en Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) acogió el curso de verano “Gestión pública y responsabilidad pública en tiempos de crisis” de que fui codirector junto al vicerrector de Economía y Planificación, Manuel Villasalero, en la foto junto al Consejero del Tribunal de Cuentas de España, Ángel Algarra, en la conferencia de clausura.

El programa examinaba los principales retos de los Órganos de Control Externo del Estado español y fue inaugurado por el rector de la UCLM y catedrático de Derecho Financiero, Miguel Ángel Collado. Una Comunidad Autónoma que, precisamente consumaba esos días la supresión de la Sindicatura de Cuentas a través de su Ley 1/2014, de 24 de abril de artículo único, con 3 DT, una DD y cuatro DF. Ya hemos comentado aquí el retórico -por no llamar engañoso- debate de la duplicidad.

Llera-Arias

El Dr. Roberto Fernández Llera realizó la conferencia inaugural hablando de “Estabilidad presupuestaria, disciplina financiera y responsabilidad” realizando serias críticas sobre la estricta definición inicial del principio de responsabilidad en la LOEPySF que, sin embargo, “queda casi desmontado en una disposición transitoria (sic) dentro de la misma ley” o las “nuevas fuentes del derecho” que han aflorado con la crisis, entre otras, las reuniones bilaterales entre los gobiernos de Alemania y Francia o la famosa prima de riesgo. Eso por no hablar de la indefinida normativa española relativa a sanciones por incumplimiento, frente a la detallada normativa alemana o el dudoso papel a desempeñar por la nueva Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Olayo Glez Soler El papel de la fiscalía en el Tribunal de Cuentas fue explicado por su titular, Olayo González Soler, que hizo un repaso de las funciones del órgano. Recordemos que la organización del Tribunal de Cuentas responde a la doble naturaleza de las tareas que tiene asignadas: fiscalización y enjuiciamiento. El artículo 19 de la LOTCu establece como Órganos del Tribunal, el Presidente, elegido de entre los doce Consejeros; el Pleno, integrado por los doce Consejeros y el Fiscal; la Comisión de Gobierno; las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento; los Consejeros de Cuentas; la Fiscalía y la Secretaría General.

Además, la Ley de Funcionamiento reconoce como particularidad procesal de los procedimientos jurisdiccionales para la exigencia de la responsabilidad contable la legitimación activa del Ministerio Fiscal que se traduce en su posibilidad de formular demandas, aunque son importantes los Problemas que plantea su exigencia.

Tuvo ocasión el ponente de exponer algunos datos de la sección de enjuiciamiento que ponen de relieve los muchos casos que proceden de las fiscalizaciones de los OCEX. Por ejemplo, las Diligencias Preliminares incoadas en 2013 ascendieron a 410, de las cuales 181 procedieron de […]

Gestión pública y responsabilidad pública en tiempos de crisis

logo_5141 El mundo del control externo está de enhorabuena pues acaba de anunciarse el curso de verano que se celebrará en Toledo el 5 y 6 de junio bajo el título GESTIÓN PÚBLICA Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA EN TIEMPOS DE CRISIS.

Un programa destinado no sólo al mundo académico (estudiantes y profesorado de la UCLM) sino a los empleados públicos en general y, en particular, a los que trabajan en órganos e instituciones de control interno y externo de toda España, así como a todos los profesionales de la auditoría del sector privado.

El objetivo principal de este curso es presentar los principales retos que tiene el Tribunal de Cuentas y los órganos de Control Externo del Estado Español en la mejora de la gestión pública en el actual  escenario de crisis presupuestaria. Para ello se analizarán las principales herramientas institucionales como son la responsabilidad contable y penal, así como el actual marco de la disciplina financiera.

Tendremos una oportunidad de escuchar la conferencia inaugural de Álvaro B. Rodríguez Bereijo, catedrático emérito de la UAM, ExPresidente del Tribunal Constitucional y Exconsejero del Tribunal de Cuentas que será presentado por el Rector anfitrión y catedrático de Derecho financiero, Miguel Ángel Collado Yurrita.

Después vendrán las ponencias sobre Estabilidad Presupuestaria (Roberto Fernández Llera) y responsabilidad contable (Jaime Vegas Torres). Los aspectos penales de la gestión pública y la corrupción serán abordados por el Fiscal-Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, por el catedrático del la UCLM Nicolás González-Cuéllar Serrano y la profesora de la UCM Margarita Valle Mariscal de Gante.

800px-USA-National_Gallery_of_Art0 También estará presente una representación de la variedad de las Instituciones a fiscalizar y se estudiarán las principales características de la rendición de cuentas de dos Administraciones complejas que presentan perfiles singulares: las Universidades Públicas (a cargo del Consejero del Tribunal de Cuentas Ángel Algarra Paredes) y las Entidades Locales (a cargo del Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López Hernández).

El curso mantiene la buena costumbre de incluir dentro del programa la comida de los asistentes que permite el contacto continuo entre ellos sin pérdidas de tiempo. El precio del curso es de 120 euros estando prevista la visita a la exposición de El Greco.

El caso del investigador a dieta

Rey-o-peon Hoy traemos a la bitácora la Sentencia de primera instancia, 13/2013 de 4 de noviembre pasado, dictada por la Consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, por la que se obliga a un profesor universitario al reintegro de determinados gastos –viajes, dietas, comidas y otros- de un proyecto de investigación que dirigía. No es el primer caso ni será el último, pues la normativa permite a nuestros investigadores –con bastante libertad-  promover contratos con personas o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico. Muchos se quejan de la pesada carga burocrática que soportan, mientras que los auditores son bastante críticos con la gestión de la investigación, no solo universitaria. La realidad es que gracias a la I+D+i se logran importantes fondos, imprescindibles en los tiempos que corren.

La Sentencia, recurrida ante la Sala de Justicia -por lo tanto, no es firme- analiza el contenido de dos contratos de investigación, suscritos al amparo del artículo 83 LOU por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y con el mismo Investigador Principal al frente. Uno formalizado con la Diputación Foral de Gipuzkoa para el “Estudio del impacto de la calidad del aire que supondrá la instalación de una incineradora en Donostia-San Sebastián” por importe de 164.321 € más IVA y una duración de dieciséis semanas. Otro con Endesa Servicios para la realización de tres estudios de impacto en la calidad del aire correspondientes a las centrales de ciclo combinado, por 133.720 € más IVA con un periodo de duración de doce semanas.

El Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre la actividad económico-financiera de la UPM y sus entidades dependientes puso de manifiesto determinadas irregularidades en dichos Proyectos de Investigación. En consecuencia, la UPM acordó, el 17 de noviembre de 2011, incoarle un expediente de responsabilidad patrimonial con objeto de determinar el importe de los perjuicios sufridos en sus fondos públicos, “como consecuencia de haberse imputado a los mismos gastos que no guardaban relación con los proyectos”.

Señalaba el expediente rectoral el criterio temporal (por ser gastos realizados en su inmensa mayoría una vez finalizado el proyecto) y la naturaleza propia de los gastos, que no guardaban relación con el proyecto. En efecto, los gastos respecto a los cuales la UPM aprecia la existencia de perjuicio se refieren, fundamentalmente, a gastos en bienes de consumo ordinario (comidas, cenas, bebidas, gastos de reparación de vehículo, artículos de perfumería y cosmética, etc.). En las Memorias de Distribución de Recursos de los contratos celebrados no se contiene ningún concepto destinado a satisfacer gastos de tal naturaleza (sí figuraban, sin asignación de importe […]

5 x 8 = 40, y me llevo 2

 Hoy quiero dedicar esta entrada al abogado Fernando Castro Abella, que ha sido durante las últimas décadas, responsable de la edición gráfica y electrónica de la excelente revista El Consultor. Desde allí, ha sido durante 32 años nuestro referente en el ámbito del Derecho Administrativo y Local, impulsando multitud de proyectos como la puesta en marcha Práctica Contratación Administrativa y Práctica Urbanística, o en la remodelación de revistas como Actualidad Administrativa. Los profundos conocimientos jurídicos de Fernando han quedado patentes en los fogones de la sección Consultas -donde nunca eludía temas de actualidad o enjundia jurídica- o como coautor o coordinador de algunas obras jurídicas de manejo cotidiano como: “Derecho Local Especial”, “Nuevo Régimen Local”, “Contratación del Sector Público Local”, “Procedimiento Administrativo Local”, “Manual del Concejal”, “Vademécum de la Administración Local” y una larga lista de títulos que muchos hemos manejado en algún momento de la vida profesional. Pero vivimos tiempos convulsos y la industria editorial no es ajena a ellos, así que hace unos días ha dejado el grupo Wolters Kluwer para iniciar una nueva vida profesional, después de habernos dado tanto. Así que mi modesta aportación narra un suceso de gran actualidad –en una ciudad que lleva el nombre de nuestro homenajeado– y que está siendo objeto de muchos análisis por los responsables de las finanzas locales. 

Dos actividades del Tribunal de Cuentas de España

Hoy nos hacemos eco de dos noticias relacionadas con el Tribunal de Cuentas, su Ley de Funcionamiento y los OCEX en general. Por un lado la constitución de la Asociación Española del Personal de Instituciones de Control, (AEPSICON) que preside Concepción Galán Gil, con Jerónimo Hernández de tesorero y José Antonio García Regueiro de secretario. Por otra parte, anunciamos un extraordinario seminario (¡gratuito!) con los mejores especialistas en la sede madrileña de la Real Académica de Jurisprudencia y Legislación, el próximo día 6 de noviembre, sobre fiscalización y responsabilidad contable, conmemorando los 25 años de la Ley de funcionamiento del TCu.