Las Fundaciones Públicas en el SEC 2010

Cabecera IGAE El pasado 30 de septiembre, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) hizo pública una Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas. El documento supone un recordatorio, a la vez que aclara el alcance de sus múltiples novedades, en relación con la versión anterior, SEC 1995, publicada mediante el Reglamento 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996. Continúa leyendo Las Fundaciones Públicas en el SEC 2010

Transparencia y Buen Gobierno

Libro Tarin-Dela Nuez Hoy traemos a la bitácora el reciente libro de editorial La Ley titulado “Transparencia y Buen Gobierno” coordinado por Elisa de la Nuez y Carlota Tarín. Se trata de un comentario, articulo a artículo, de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Elisa de la Nuez es Abogada del Estado excedente y coeditora del blog sobre actualidad jurídica y política “Hay derecho” y el libro del mismo nombre firmado con el seudónimo colectivo Sansón Carrasco. Se trata de un grupo de prestigiosos letrados que impulsan y debaten temas de gran interés profesional y ciudadano.

Si la economía es al derecho como la materia a la forma, Hay derecho es la otra cara de “Nada es gratis”. Ambos blogs colectivos, que suman miles y miles de visitas, son la conciencia crítica y bien fundada de la sociedad civil en derecho y economía. Mis felicitaciones a ambos. Continúa leyendo Transparencia y Buen Gobierno

¿Morirán las facturas del cajón?

AIREF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es la institución garante del cumplimiento efectivo del principio de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Lo hace a través de la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y de las previsiones económicas.

Como reconocía recientemente José Marín, director de la división de Análisis Económico de AIReF, la Institución es la consecuencia natural de un modelo de gobierno y administración tan descentralizado como el español. Sus informes y recomendaciones deben cumplirse por las Administraciones destinatarias o explicar por qué no se cumplen, con traslado a la opinión pública.  Continúa leyendo ¿Morirán las facturas del cajón?

Desafíos de la gestión Universitaria

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Estos días se ha hablado mucho de los diversos frentes abiertos en la universidad pública española. Por una parte, está la tradicional financiación insuficiente, luego la anunciada reforma del modelo de gestión y por último, los aspectos académicos, tanto de ampliación del mercado potencial como de mejora del producto educativo.

La insostenibilidad viene proclamándose por Rectores, por Presidentes de Consejos Sociales y hasta el propio Ministerio de Educación. Si bien, se trata de un problema general en todo el mundo occidental, los recortes que enfrentan las universidades españolas están poniendo a prueba las herramientas de gestión y el modelo de gobierno.

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Por otra parte, parece que la reforma universitaria anunciada por el Ministerio de Educación quedará en retoques en materia de titulaciones y centros privados. Así, parece que esta legislatura no verá la aplicación de las recomendaciones de la comisión de expertos.

En el ámbito organizativo, el último informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León acaba de posicionarse muy claramente a favor de la vinculación al Consejo Social del órgano de control interno . Así, en la conclusión nº 6 leemos:

El Servicio de Control Interno depende orgánicamente del Gerente y funcionalmente del Rector. Por su parte, el Consejo Social de la Universidad no efectúa la supervisión de las actividades de carácter económico-financiero de la misma y de forma particular, dentro de la función anterior, la supervisión del control de las inversiones, gastos e ingresos de aquella, mediante las correspondientes técnicas de auditoría, a pesar de lo establecido en los artículos 14 y 82 de la Ley Orgánica de Universidades.

En ámbitos académicos, hay que mencionar la reunión reciente de un millar de rectores en la cidade maravilhosa de Rio de Janeiro, auspiciada por Universia, que promueve la creación y financiación de un espacio iberoamericano de educación superior. El Banco Santander ha demostrado mucha inteligencia corporativa al apostar por la Universidad como factor de imagen y futuros clientes.

Logo-XXXII-jornadas-GerenciaLos retos de la gestión universitaria tienen siempre referencia en esta bitácora (ver esta entrada de 2006) y suelen tener un foro anual para su discusión, que son las Jornadas de gerencia universitaria. Pues bien, estos asuntos serán adecuadamente tratados los próximos días 15 a 17 de octubre, en la Universidad de Extremadura pues Badajoz acogerá las XXXII Jornadas de Gerencia Universitaria. La transparencia, la innovación en la gestión, el marco legal o la presentación de buenas prácticas integran un programa cargado de expertos y de temas de candente actualidad.

Autonomía y reforma universitaria

Modelo gobierno anglosajos El 24 de junio pasado, ingresó el Real Academia Asturiana de Jurisprudencia el letrado de la asesoría jurídica de la Universidad de Oviedo, Eduardo González González, como queda reseñado en los ecos de sociedad de la prensa ovetense. Los discursos de ingreso en las Academias suelen presentar al aspirante la posibilidad de efectuar un discurso de reflexión sobre algún tema que domina, tanto desde una vertiente doctrinal como profesional. Eduardo no dejó pasar esta oportunidad y presentó un conjunto muy trabajado de conclusiones y propuestas en relación con la reforma universitaria (descargar discurso) centrándose en dos apartados: el régimen del profesorado y los órganos de gobierno.

La conferencia hace referencia a dos documentos que sin duda estarán muy presentes en una futura reforma: el informe elaborado por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español entregado al Ministro de Educación el 12 de febrero de 2013 y el Dictamen de la Abogacía del Estado, emitido en junio de 2013, sobre diversos aspectos de ese informe.

Gobernanza universitaria

Para el autor hay dos elementos que llaman poderosamente la atención de la organización Universitaria. El primero, la escasa jerarquización de los órganos de gobierno. El segundo, el hecho singular de que los titulares de los órganos de gobierno, en su mayoría, son elegidos por los destinatarios futuros de su gestión (profesores, estudiantes y personal de administración y servicios). Ambos son objeto de una lectura crítica.

Sobre la autonomía universitaria, recuerda Eduardo que tiene un requisito económico, que es la suficiencia financiera y trae a colación la reciente lección inaugural de la Apertura del Curso Académico 2013-2014 en la Universidad de Sevilla donde el profesor López López reflexionaba sobre el asunto(descargar documento).

reforma-universitaria En momentos de presumible cambio legislativo en la arquitectura universitaria, llena de restricciones financieras y cada vez más amenazado por el dinamismo del entorno, se hacen impresionables las reflexiones de alguien tan conocedor del asunto. Si los recursos disponibles constituyen un elemento esencial para explicar el rendimiento investigador de una universidad, también lo es su nivel de autonomía. Diversos trabajos advierten que las universidades que disponen de una mayor autonomía de gestión obtienen unos mejores resultados investigadores.

Hacienda contra la Investigación

Estos días ha tenido mucha repercusión las redes sociales la tribuna de opinión de cuatro vicerrectores de Investigación titulada “Hacienda, contra la investigación” con apostilla:El Gobierno sume en el desánimo a la comunidad investigadora. La tesis fundamental es el “acoso al que, desde hace varios años y con finalidad recaudatoria, Hacienda somete a los investigadores, tratándonos casi como a presuntos delincuentes, y exigiéndonos, con muchos años de retraso, otra justificación adicional de nuestros gastos”.

Terrible denuncia, en medio de la crítica contra la burocracia de los proyectos de I+D+i. Ya no basta con los recortes de fondos o la perdida de una generación de investigadores sino que también se duplican las auditorías. Concluyen así los gestores de la política científica universitaria: “Si en los proyectos europeos también somos auditados y los costes y metodologías son radicalmente diferentes, ¿por qué sufrir innecesariamente en los proyectos españoles?

Ascensor social Raj Chetty

Noticiario de auditoría pública

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Ayer se celebró en Barcelona el clásico encuentro de Auditoría del Sector Público que promueve el Colegio de Censores Jurados de Cataluña que preside Daniel Faura, en la foto con el Sindic Major de Catalunya, Jaume Amat, que clausuró la Jornada. Un conjunto de ponencias destinadas a profesionales del sector privado pero también a funcionarios del ámbito de la fiscalización autonómica o local.

La primera conferencia corrió a cargo de Carles Ramió, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, que disertó ampliamente sobre las “Reformas aprobadas, las reformas que se anuncian y las reformas necesarias” presentado por el vicepresidente del Colegio Donato Moreno. Aquí podéis ver algunos de los artículos de Ramió en la prensa catalana. Hace más de un año ya alertaba del riesgo de acometer una simple poda en lugar de una reforma. Se trata de unas manifestaciones oportunas en el mismo momento que se suprime la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha. Pero también debemos de reconocer que estamos e un momento de desafección, pues somos los europeos más críticos con políticos e instituciones.

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Declaración de EURORAI

La Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público (EURORAI) que agrupa a más de 80 OCEX procedentes de 16 países europeos, acordó en su VIII Congr

eso, celebrado en Halle, emitir una declaración conjunta a raíz del debate surgido en España por las conclusiones de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) realizó recientemente una declaración en defensa de los Órganos de control externo regionales, públicos e independientes para garantizar su eficacia

En opinión de los miembros de Eurorai, “en estos tiempos de recesión económica general y de recortes presupuestarios en los países europeos se hace imprescindible un control externo del sector público fuerte y eficaz, ejercido in situ”. Por ello, los órganos que ejercen este control deben ser regionales, públicos e independientes. Consultar aquí la Declaración.

Homologar los principios, normas, exigencias técnicas y de calidad en el ejercicio de la función fiscalizadora

Los Órganos de Control Externo (OCEX) estamos en un momento interesante. Acaba de aprobarse por la Conferencia de Presidentes de OCEX, en su reunión celebrada en Sevilla el 9 de abril pasado con representantes del Tribunal de Cuentas de España, una convergencia en los métodos y prácticas de trabajo de los auditores públicos, impulsando la adaptación al marco español de las normas ISSAI, aprobadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

La coordinación, a instancias del Tribunal de Cuentas, de los trabajos técnicos ha dado lugar, en esta primera fase, a la adaptación de las ISSAI del tercer nivel, esto es, la ISSAI 100 (Principios fundamentales de fiscalización del sector público), la ISSAI 200 (Principios fundamentales de la fiscalización o auditoría financiera), la ISSAI 300 (Principios fundamentales de la fiscalización operativa) y la ISSAI 400 (Principios fundamentales de la fiscalización de cumplimiento), que se presentan como “ISSAI-ES 100 a 400”, para diferenciarlas de las versiones originales aprobadas por la INTOSAI.

Esta adaptación ha consistido en acomodar a la normativa española reguladora de la fiscalización de la gestión económico-financiera del sector público la terminología y las exigencias técnicas del mencionado ámbito internacional del control externo, lo que redundará en mayor eficacia y calidad en el ejercicio de la función fiscalizadora de los sectores públicos correspondientes.

Nota: Perdonad si no sale muy bien la entrada pero ha sido cargada a través del iPhone, aprovechando la herramienta-app que wordpress pone a disposición gratuita de los blogueros, que aun no está muy depurada.

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El dinámico mundo de la contratación pública

Enredo

Estos días anda muy revuelta la blogosfera pública en materia de contratación. Suerte que el activista Guillermo Yañez nos ayuda elaborando un censo de páginas que tratan los diversos temas relacionados con la contratación. Una de esas alertas nos recuerda la publicación en el DOUE, la semana pasada, de las nuevas Directivas sobre contratación. Ahora se inicia el periodo de transposición que España deberá concretar no más allá del primer trimestre de 2016 y que culmina en 2018, cuando la licitación electrónica será completamente obligatoria para todas las AAPP de la UE.

Gracias a Contratodeobras.com por avisarnos de este buen resumen de las novedades previstas en video -y castellano, selecciona idioma- de la conferencia que, organizada por la Dirección General de Mercado Interior y Servicios el pasado 19 de marzo en Bruselas y disponible en la Web de la Comisión Europea.

Leemos en el Observatorio de la Contratación una interesante crítica sobre constantes reformas del texto refundido de la LCSP, que están generando inseguridad jurídica. Menos mal que el BOE en edición electrónica ha venido en nuestra salvación, no sólo con la actualización permanente de las normas (las leyes están siempre con la redacción en vigor) sino también con los magníficos códigos electrónicos y sus sistemas de alertas de actualización integrado en los servicios de BOE a la carta, cuya suscripción se puede realizar en el momento de la descarga del código.

Gracias también a Montse Carpio por la alerta temprana del BOE del sábado 29 de marzo que publica la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Codigos electronicos BOE

Ideas contra la corrupción desde el mundo de la contratación pública

Corruption Leo en el libro La Gestión de los Fondos Públicos: Control y Responsabilidades, dirigido por Mario Garces Sanagustin y Alberto Palomar Olmeda (y que ya comentamos aquí) el capítulo 4 titulado “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito público: ¿hacia los compliance programas “anti-corrupción” como exigencias legales de contratación pública?” del que es autor CARLOS GÓMEZ-JARA DÍEZ, Profesor de Derecho penal (UAM/UC3M) y abogado.

En el epígrafe 6 se analiza la idoneidad de adaptar los programas de cumplimiento «anti-corrupción» al ámbito de público, apuntando “una exigencia legal futura para la contratación pública”. El autor entiende que la experiencia norteamericana parece conducir indefectiblemente a la necesidad de que cualquier empresa que desee contratar con la administración pública debería instaurar de manera efectiva un programa de cumplimiento «anti-corrupción» como exigencia legal.

Gómez-Jara recuerda que desde el año 2008, la Administración estadounidense exige a los grandes contratistas revisar sus procedimientos internos de control y auditoría, así como de denuncias, en términos de diligencia debida ( Due Diligence ) sobre conductas ilegales de fraude, cohecho o cualquier otro tipo de actividad ilícita detectados en el seno de su empresa:

“Esta regulación, especialmente la obligatoriedad de denuncia, han dado un vuelco significativo al panorama anterior, de tal manera que las denuncias de los propios contratistas están comenzando a fluir hacia las autoridades públicas. Más aún, el hecho de que los tribunales están considerando que la certificación que expresa la inexistencia de conductas ilícitas cuando el contratista debía estar al tanto de las mismas, constituye una falsedad documental que es perseguible por las autoridades”.

La administración norteameicana considera relevantes los siguientes mecanismos internos del contratista:

  1. ¿Existe una hotline o mecanismo que permita a los empleados denunciar conductas ilícitas?
  2. ¿Existe un mecanismo, que preserva la documentación relevante, para investigar las conductas que han sido denunciadas a través de la hotline ?
  3.  ¿Adopta el contratista medidas adecuadas cuando la investigación revela que existen déficits en el sistema de compliance ?
  4. ¿Revisa de manera periódica el contratista la eficacia de su sistema de control interno?
  5. ¿Ha declarado y ejecutado fehacientemente el contratista una política de «no represalias» contra los empleados que denuncian?

El autor entiende, a la vista de esa evolución, que “el ordenamiento español caminará por derroteros semejantes. Así, ya al día de hoy, dichos programas de cumplimiento son la única defensa que la propia empresa contratista tienen frente a una imputación de responsabilidad penal por actuaciones de sus empleados en su nombre y representación y con la intención de beneficiarla. Pero es que, a futuro, resulta razonable que la administración pública exija la instauración de dichos sistemas de compliance en las empresas contratistas para poder acceder a los contratos públicos”.

¿Sería una carga administrativa más o estamos ante la evolución natural de las normas de contratación para enfrentar el problema de la corrupción en España? Ahora que los tiros van por la simplificación administrativa ¿Tendría sentido esta exigencia? ¿Vale sólo para el mundo anglosajón? ¿Que os parece?