El compromiso del innovador público

Hoy traemos a la bitácora un documento realizado con las aportaciones de los miembros de la Blogosfera Pública y participantes en el I ENCUENTRO NACIONAL DE LA BLOGOSFERA PÚBLICA celebrado el 27 de junio pasado. La iniciativa de www.clubdeinnovacion.es fue trasmitida en directo por Internet y buscaba abrir nuevos canales de comunicación entre los «innovadores públicos» y concluyó con el compromiso del innovador público, buscando compartir una visión de lo público. Un decálogo para una administración mejor, tan razonable que tras su lectura, cualquiera puede suscribir: Como innovador en las AA.PP, Me comprometo: A creer que una administración mejor es posible y no rendirme nunca en la demanda de mejoras y cambio A fomentar la transferencia de conocimiento, la cultura de cambio y la innovación abierta A promover la eficiencia y los principios éticos A mantener una actitud de aprendizaje continuo, beta permanente, dispuesto al cambio y no cerrarme a nuevas oportunidades, abriendo ventanas dónde me encuentre puertas cerradas A colaborar e interoperar, a forjar conexiones con todos aprovechando sus potencialidades y buscar y apoyar a aquellos que compartan estos compromisos  En el trabajo Me comprometo: 

Derecho al futuro

El sugerente título del libro del eminente profesor gaucho, Juarez Freitas, uno de los grandes juristas brasileños, nos permite entrar en el concepto de sostenibilidad (social, económica o ambiental) elevado a gran paradigma de la equidad intergeneracional. Para ello traemos a la bitácora el “Dictamen sobre la regla fiscal aplicable a los acuerdos de colaboración público-privada” que el Consello de Contas de Galicia presentó, hace unos meses, en el Parlamento gallego. Se trata de un interesante documento que acomete la difícil tarea de analizar las variables económicas que pueden servir de base a la definición de una regla fiscal, mostrando sus ventajas e inconvenientes en un entorno de restricciones (déficit y endeudamiento) previa delimitación del concepto e incluyendo una serie de reflexiones y recomendaciones muy oportunas. Veámoslo. 

El retórico debate de la duplicidad

El mes pasado, se hizo público documento de Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, ya conocido por sus siglas CORA. De las 218 medidas propuestas, 118 se presentan para evitar duplicidades(7 de carácter horizontal y 111 de carácter sectorial) dirigidas a la consecución del principio «una Administración, una competencia». El informe intenta reforzar los mecanismos de planificación conjunta o de gestión integrada en aquellos ámbitos en los que, “pese a no detectarse la existencia de duplicidades en sentido estricto, concurren competencias sectoriales y territoriales”. Así, tras analizar el coste que determinados servicios o actividades implican para la Administración autonómica estudia la posibilidad de que “sean prestados por un órgano estatal, con igual o mejor calidad” para lo que plantea que estos asuman las funciones realizadas por los órganos autonómicos. Este es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos, órganos de defensa de la competencia. etc. La crisis económica obliga a replantear muchas instituciones, hasta ahora incuestionadas. Aunque el primer envite no pasó de ser una mera declaración de intenciones, no tengo ninguna duda de que el CORA resurgirá en el otoño pidiendo a las CCAA que asuman sus contenidos.  

Fiscalizando la función interventora

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña emitió el mes pasado un informe de fiscalización relativo al “control interno en municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes” que abarca los cincuenta y cuatro principales municipios de esa Comunidad. El objeto del trabajo ha sido verificar el cumplimiento de determinados aspectos de la normativa legal relativos a la función interventora y analizar y sintetizar el resultado de carencias y puntos de mejora con relación a la función de control interno. A nivel nacional, el trabajo viene a complementar otro reciente informe de la Sindicatura Valenciana sobre el control interno de los grandes ayuntamientos del levante, trasladando ambos una imagen preocupante de las debilidades del control interno local. 

Un nuevo fantasma recorre Europa

Hoy coinciden diversas noticias relacionadas con la sostenibilidad de las finanzas públicas británicas y francesas. Por una parte, la Cour des Comptes hace público el informe sobre la situación y perspectivas presupuestarias en Francia, que plantea recortar los efectivos funcionariales. Además, el Reino Unido anuncia que eliminará 144.000 empleos públicos en el 2016. Por lo que hace referencia a España, se ha producido un descenso de 365.800 empleados públicos durante los últimos dos años y diversos informes de expertos reclaman seguir avanzando en esa disminución de los efectivos funcionariales. 

Llega la transparencia

Hoy jueves, a las 9,00, se celebra en el Congreso de los Diputados el Pleno con el debate sobre las enmiendas de totalidad –ocho- al proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El debate genera una fuerte expectativa, aunque no hay ninguna duda de que el proyecto continuará su tramitación en la Comisión Constitucional. Allí, los grupos parlamentarios tendrán de plazo hasta el 11 de junio para registrar sus enmiendas parciales, tras ocho meses de prórrogas semanales sucesivas. A partir de entonces comenzarán los trabajos en la ponencia con el objetivo aprobar -en julio- el texto de la ley en el Congreso para que esté promulgado para final de año. 

Llega la policía presupuestaria

El Gobierno hizo público hace unas semanas el texto de un proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, destinado a “garantizar el compromiso de todas las Administraciones Públicas en el estricto cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”. Se presenta como un desarrollo que mejora la gobernanza económica, sobre la base de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aunque la realidad no es otra que la creación de una verdadera policía fiscal, de supervisión de todos los presupuestos públicos. Con este proyecto de Ley Orgánica, se da cumplimiento a lo previsto en la Directiva 2011/85/EU, del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados Miembros. La norma europea exige contar con instituciones fiscales independientes que realicen uncontrol efectivo del cumplimiento de las reglas fiscales, basado en análisis fiables e independientes realizados por órganos con autonomía funcional respecto de las autoridades presupuestarias de los Estados miembros. Para ello, se introducen una serie de nuevos mecanismos de supervisión y transparencia que comentamos brevemente a continuación.