Sostenibilidad financiera local

SostenibilidadLos sucesivos Gobiernos de la Nación llevan aplicando, desde el ejercicio 2009, acciones de lucha contra la morosidad de las entidades locales. En el año 2012, el Real Decreto-ley 4/2012, aprobó un mecanismo de financiación  para el pago a proveedores locales, que permitió la cancelación sus obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, derivadas de la contratación de obras, suministros y gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión.

En ese marco, el Tribunal de Cuentas acaba de hacer público el informe de fiscalización sobre Gastos ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario que analiza la ejecución del citado fondo (diez mil millones de euros) en las 3.777 Entidades Locales.

Aflorando las facturas del cajón

El mecanismo de pago a proveedores permitió financiar gastos realizados al margen del presupuesto, e incluso previamente ocultos, exigiendo como requisito la certificación de la intervención de la entidad local correspondiente, a la cual se eximió expresamente de la responsabilidad prevista en el artículo 188 del TRLHL por la expedición de los certificados y el registro contable de los gastos.

Las facturas no contabilizadas originaban que el importe computado a efectos del cálculo de la cifra de déficit, en términos de contabilidad nacional, se encontrase infravalorado. En este sentido, de acuerdo con los criterios de la IGAE y Eurostat, las obligaciones financiadas con cargo al Real Decreto-ley 4/2012 que no se hubieran contabilizado, han supuesto un ajuste de mayor déficit que se ha repartido entre los ejercicios 2011 y anteriores, en función de la fecha de vencimiento de estas facturas no contabilizadas. El importe global en el ámbito local de este ajuste ha sido de, al menos, 934.371 miles de euros, que representaba un 0,1% del PIB de España en 2012.

Algo más de la mitad del Fondo fue dirigido a financiar facturas de grandes ayuntamientos y, en un 32%, a ayuntamientos de entre 5.000 y 50.000 habitantes repartiéndose el resto entre los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes (10%).

Se financiaron a un total de 114.934 proveedores, con una importante concentración en 10 grandes empresas -que recibieron el 25% del total-. Dos de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria; una de construcción; otra de prestación de servicios; otra de mantenimiento de redes eléctricas y cinco, eran entidades financieras (factoring).

Un poco de doctrina presupuestaria

Recuerda el Tribunal que la existencia de obligaciones vencidas, líquidas y exigibles sin imputación presupuestaria supone el incumplimiento del artículo 173 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que las obligaciones de pago sólo serán exigibles cuando resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos o de sentencia judicial firme. Añade, además, que son nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de […]

Encomiendas para todo

Existe cierta confusión entre las figuras de encomienda de gestión reguladas respectivamente en los artículos 15 de la ley 30/1992 y los arts. 4 y 24.6 del TRLCSP. Una confusión principalmente motivada por su identidad de denominación, como ya pusiera de manifiesto el Tribunal de Cuentas en diversos informes. La regulación contenida en los textos legales que tratan esta materia es tan parca que no resuelve los problemas tanto teóricos como prácticos de las operaciones “in house providing”. Estas son las dos primeras conclusiones del informe que acaba de aprobar el Tribunal de Cuentas de España con el título “fiscalización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública de los Ministerios, Agencias y Organismos Autónomos del Área Político – Administrativa del Estado, ejercicios 2008 – 2012” . El trabajo se une a otros muchos del propio Tribunal u otros OCEX, así como a la reprimenda de la Comisión de la Competencia (ver entrada) en relación al abuso de esta herramienta por las Administraciones Públicas. Por ello, los auditores elaboran una docena de severas conclusiones, la primera de las cuales no es otra que proceder al cambio de denominación de la figura regulada en la legislación de contratos a fin de evitar confusiones con la encomienda de gestión regulada en la Ley 30/1992, acometiendo una regulación integral de aquellos a fin de dotarlos de mayor seguridad jurídica, homogeneidad y mayores controles sobre las prestaciones encomendadas a los medios propios de la Administración y siempre previa justificación detallada y exhaustiva de la necesidad de llevarlos a cabo, así como a la justificación de la mayor economicidad y eficiencia de esta vía de provisión de bienes y servicios frente a la contratación de los mismos en el mercado. Además, en tanto no se proceda a la mencionada modificación legislativa, la Administración General del Estado debería establecer en las resoluciones de encomienda, estatutos de sus medios propios y demás normas reguladoras de los encargos que se encomienden a los mismos, “limitaciones a la actividad que estos puedan contratar con terceros en relación con los encargos conferidos, a fin de evitar que la encomienda de gestión se convierta en un medio exclusivamente dirigido a orillar el régimen de contratación pública correspondiente al poder adjudicador encomendante, con el consiguiente encarecimiento de las prestaciones encargadas originado por el sobrecoste que implica la intermediación del medio propio”. 

Balance desolador de la normativa de contratación pública

Juan Alfonso Santamaría Pastor publica un excepcional y crítico artículo en el número 159 de la Revista Española de Derecho Administrativo correspondiente al tercer trimestre de este año (Julio – Septiembre 2013), págs. 25 a 36. El título es bastante sugerente: “La constante e interminable reforma de la normativa sobre contratación pública” que presenta un balance general bastante negativo y desolador. Dos palabras utilizadas por el catedrático del derecho administrativo y abogado para calificar nuestra normativa de contratos del sector público, en un texto que se lee con facilidad y que sólo está disponible en la edición de papel. Me permito transcribir los tres párrafos finales de las conclusiones, en la página 36, incitando a su lectura calmada. Encontrará en ese número otra buena razón para adquirir o suscribirse a la revista: el brillante artículo del catedrático de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliú, titulado “Las nuevas directivas-cuarta generación- en materia de contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública”, págs. 39-106. Pero volvamos a las conclusiones de Santamaría Pastor: 

¿Universidad insostenible?

Durante la festividad de los difuntos –mal presagio- coincidían en la prensa dos artículos sobre la sostenibilidad de nuestro modelo de educación superior. Por una parte, el presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña y secretario general de Inditex, Antonio Abril, alertaba sobre la sostenibilidad de un sistema universitario que se financia en un 80% a través de subvenciones públicas. Abril se declaró defensor de la universidad pública, pide un cambio en el modelo para “garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre los alumnos”. Por otra parte, el Rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, denunciaba en una Tribuna de El País, titulada Universidad: el camino equivocado la imposibilidad de mejorar el rendimiento con falta de autonomía y presupuestos tan escasos (las universidades de Madrid sufrieron un recorte medio del 20%, en Cataluña un 30%). 

El compromiso del innovador público

Hoy traemos a la bitácora un documento realizado con las aportaciones de los miembros de la Blogosfera Pública y participantes en el I ENCUENTRO NACIONAL DE LA BLOGOSFERA PÚBLICA celebrado el 27 de junio pasado. La iniciativa de www.clubdeinnovacion.es fue trasmitida en directo por Internet y buscaba abrir nuevos canales de comunicación entre los «innovadores públicos» y concluyó con el compromiso del innovador público, buscando compartir una visión de lo público. Un decálogo para una administración mejor, tan razonable que tras su lectura, cualquiera puede suscribir: Como innovador en las AA.PP, Me comprometo: A creer que una administración mejor es posible y no rendirme nunca en la demanda de mejoras y cambio A fomentar la transferencia de conocimiento, la cultura de cambio y la innovación abierta A promover la eficiencia y los principios éticos A mantener una actitud de aprendizaje continuo, beta permanente, dispuesto al cambio y no cerrarme a nuevas oportunidades, abriendo ventanas dónde me encuentre puertas cerradas A colaborar e interoperar, a forjar conexiones con todos aprovechando sus potencialidades y buscar y apoyar a aquellos que compartan estos compromisos  En el trabajo Me comprometo: 

Derecho al futuro

El sugerente título del libro del eminente profesor gaucho, Juarez Freitas, uno de los grandes juristas brasileños, nos permite entrar en el concepto de sostenibilidad (social, económica o ambiental) elevado a gran paradigma de la equidad intergeneracional. Para ello traemos a la bitácora el “Dictamen sobre la regla fiscal aplicable a los acuerdos de colaboración público-privada” que el Consello de Contas de Galicia presentó, hace unos meses, en el Parlamento gallego. Se trata de un interesante documento que acomete la difícil tarea de analizar las variables económicas que pueden servir de base a la definición de una regla fiscal, mostrando sus ventajas e inconvenientes en un entorno de restricciones (déficit y endeudamiento) previa delimitación del concepto e incluyendo una serie de reflexiones y recomendaciones muy oportunas. Veámoslo. 

El retórico debate de la duplicidad

El mes pasado, se hizo público documento de Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, ya conocido por sus siglas CORA. De las 218 medidas propuestas, 118 se presentan para evitar duplicidades(7 de carácter horizontal y 111 de carácter sectorial) dirigidas a la consecución del principio «una Administración, una competencia». El informe intenta reforzar los mecanismos de planificación conjunta o de gestión integrada en aquellos ámbitos en los que, “pese a no detectarse la existencia de duplicidades en sentido estricto, concurren competencias sectoriales y territoriales”. Así, tras analizar el coste que determinados servicios o actividades implican para la Administración autonómica estudia la posibilidad de que “sean prestados por un órgano estatal, con igual o mejor calidad” para lo que plantea que estos asuman las funciones realizadas por los órganos autonómicos. Este es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos, órganos de defensa de la competencia. etc. La crisis económica obliga a replantear muchas instituciones, hasta ahora incuestionadas. Aunque el primer envite no pasó de ser una mera declaración de intenciones, no tengo ninguna duda de que el CORA resurgirá en el otoño pidiendo a las CCAA que asuman sus contenidos.