Desafíos de la gestión Universitaria

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Estos días se ha hablado mucho de los diversos frentes abiertos en la universidad pública española. Por una parte, está la tradicional financiación insuficiente, luego la anunciada reforma del modelo de gestión y por último, los aspectos académicos, tanto de ampliación del mercado potencial como de mejora del producto educativo.

La insostenibilidad viene proclamándose por Rectores, por Presidentes de Consejos Sociales y hasta el propio Ministerio de Educación. Si bien, se trata de un problema general en todo el mundo occidental, los recortes que enfrentan las universidades españolas están poniendo a prueba las herramientas de gestión y el modelo de gobierno.

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Por otra parte, parece que la reforma universitaria anunciada por el Ministerio de Educación quedará en retoques en materia de titulaciones y centros privados. Así, parece que esta legislatura no verá la aplicación de las recomendaciones de la comisión de expertos.

En el ámbito organizativo, el último informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León acaba de posicionarse muy claramente a favor de la vinculación al Consejo Social del órgano de control interno . Así, en la conclusión nº 6 leemos:

El Servicio de Control Interno depende orgánicamente del Gerente y funcionalmente del Rector. Por su parte, el Consejo Social de la Universidad no efectúa la supervisión de las actividades de carácter económico-financiero de la misma y de forma particular, dentro de la función anterior, la supervisión del control de las inversiones, gastos e ingresos de aquella, mediante las correspondientes técnicas de auditoría, a pesar de lo establecido en los artículos 14 y 82 de la Ley Orgánica de Universidades.

En ámbitos académicos, hay que mencionar la reunión reciente de un millar de rectores en la cidade maravilhosa de Rio de Janeiro, auspiciada por Universia, que promueve la creación y financiación de un espacio iberoamericano de educación superior. El Banco Santander ha demostrado mucha inteligencia corporativa al apostar por la Universidad como factor de imagen y futuros clientes.

Logo-XXXII-jornadas-GerenciaLos retos de la gestión universitaria tienen siempre referencia en esta bitácora (ver esta entrada de 2006) y suelen tener un foro anual para su discusión, que son las Jornadas de gerencia universitaria. Pues bien, estos asuntos serán adecuadamente tratados los próximos días 15 a 17 de octubre, en la Universidad de Extremadura pues Badajoz acogerá las XXXII Jornadas de Gerencia Universitaria. La transparencia, la innovación en la gestión, el marco legal o la presentación de buenas prácticas integran un programa cargado de expertos y de temas de candente actualidad.

Autonomía y reforma universitaria

Modelo gobierno anglosajos El 24 de junio pasado, ingresó el Real Academia Asturiana de Jurisprudencia el letrado de la asesoría jurídica de la Universidad de Oviedo, Eduardo González González, como queda reseñado en los ecos de sociedad de la prensa ovetense. Los discursos de ingreso en las Academias suelen presentar al aspirante la posibilidad de efectuar un discurso de reflexión sobre algún tema que domina, tanto desde una vertiente doctrinal como profesional. Eduardo no dejó pasar esta oportunidad y presentó un conjunto muy trabajado de conclusiones y propuestas en relación con la reforma universitaria (descargar discurso) centrándose en dos apartados: el régimen del profesorado y los órganos de gobierno.

La conferencia hace referencia a dos documentos que sin duda estarán muy presentes en una futura reforma: el informe elaborado por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español entregado al Ministro de Educación el 12 de febrero de 2013 y el Dictamen de la Abogacía del Estado, emitido en junio de 2013, sobre diversos aspectos de ese informe.

Gobernanza universitaria

Para el autor hay dos elementos que llaman poderosamente la atención de la organización Universitaria. El primero, la escasa jerarquización de los órganos de gobierno. El segundo, el hecho singular de que los titulares de los órganos de gobierno, en su mayoría, son elegidos por los destinatarios futuros de su gestión (profesores, estudiantes y personal de administración y servicios). Ambos son objeto de una lectura crítica.

Sobre la autonomía universitaria, recuerda Eduardo que tiene un requisito económico, que es la suficiencia financiera y trae a colación la reciente lección inaugural de la Apertura del Curso Académico 2013-2014 en la Universidad de Sevilla donde el profesor López López reflexionaba sobre el asunto(descargar documento).

reforma-universitaria En momentos de presumible cambio legislativo en la arquitectura universitaria, llena de restricciones financieras y cada vez más amenazado por el dinamismo del entorno, se hacen impresionables las reflexiones de alguien tan conocedor del asunto. Si los recursos disponibles constituyen un elemento esencial para explicar el rendimiento investigador de una universidad, también lo es su nivel de autonomía. Diversos trabajos advierten que las universidades que disponen de una mayor autonomía de gestión obtienen unos mejores resultados investigadores.

Hacienda contra la Investigación

Estos días ha tenido mucha repercusión las redes sociales la tribuna de opinión de cuatro vicerrectores de Investigación titulada “Hacienda, contra la investigación” con apostilla:El Gobierno sume en el desánimo a la comunidad investigadora. La tesis fundamental es el “acoso al que, desde hace varios años y con finalidad recaudatoria, Hacienda somete a los investigadores, tratándonos casi como a presuntos delincuentes, y exigiéndonos, con muchos años de retraso, otra justificación adicional de nuestros gastos”.

Terrible denuncia, en medio de la crítica contra la burocracia de los proyectos de I+D+i. Ya no basta con los recortes de fondos o la perdida de una generación de investigadores sino que también se duplican las auditorías. Concluyen así los gestores de la política científica universitaria: “Si en los proyectos europeos también somos auditados y los costes y metodologías son radicalmente diferentes, ¿por qué sufrir innecesariamente en los proyectos españoles?

Ascensor social Raj Chetty

Noticiario de auditoría pública

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Ayer se celebró en Barcelona el clásico encuentro de Auditoría del Sector Público que promueve el Colegio de Censores Jurados de Cataluña que preside Daniel Faura, en la foto con el Sindic Major de Catalunya, Jaume Amat, que clausuró la Jornada. Un conjunto de ponencias destinadas a profesionales del sector privado pero también a funcionarios del ámbito de la fiscalización autonómica o local.

La primera conferencia corrió a cargo de Carles Ramió, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, que disertó ampliamente sobre las “Reformas aprobadas, las reformas que se anuncian y las reformas necesarias” presentado por el vicepresidente del Colegio Donato Moreno. Aquí podéis ver algunos de los artículos de Ramió en la prensa catalana. Hace más de un año ya alertaba del riesgo de acometer una simple poda en lugar de una reforma. Se trata de unas manifestaciones oportunas en el mismo momento que se suprime la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha. Pero también debemos de reconocer que estamos e un momento de desafección, pues somos los europeos más críticos con políticos e instituciones.

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Declaración de EURORAI

La Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público (EURORAI) que agrupa a más de 80 OCEX procedentes de 16 países europeos, acordó en su VIII Congr

eso, celebrado en Halle, emitir una declaración conjunta a raíz del debate surgido en España por las conclusiones de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) realizó recientemente una declaración en defensa de los Órganos de control externo regionales, públicos e independientes para garantizar su eficacia

En opinión de los miembros de Eurorai, “en estos tiempos de recesión económica general y de recortes presupuestarios en los países europeos se hace imprescindible un control externo del sector público fuerte y eficaz, ejercido in situ”. Por ello, los órganos que ejercen este control deben ser regionales, públicos e independientes. Consultar aquí la Declaración.

Homologar los principios, normas, exigencias técnicas y de calidad en el ejercicio de la función fiscalizadora

Los Órganos de Control Externo (OCEX) estamos en un momento interesante. Acaba de aprobarse por la Conferencia de Presidentes de OCEX, en su reunión celebrada en Sevilla el 9 de abril pasado con representantes del Tribunal de Cuentas de España, una convergencia en los métodos y prácticas de trabajo de los auditores públicos, impulsando la adaptación al marco español de las normas ISSAI, aprobadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

La coordinación, a instancias del Tribunal de Cuentas, de los trabajos técnicos ha dado lugar, en esta primera fase, a la adaptación de las ISSAI del tercer nivel, esto es, la ISSAI 100 (Principios fundamentales de fiscalización del sector público), la ISSAI 200 (Principios fundamentales de la fiscalización o auditoría financiera), la ISSAI 300 (Principios fundamentales de la fiscalización operativa) y la ISSAI 400 (Principios fundamentales de la fiscalización de cumplimiento), que se presentan como “ISSAI-ES 100 a 400”, para diferenciarlas de las versiones originales aprobadas por la INTOSAI.

Esta adaptación ha consistido en acomodar a la normativa española reguladora de la fiscalización de la gestión económico-financiera del sector público la terminología y las exigencias técnicas del mencionado ámbito internacional del control externo, lo que redundará en mayor eficacia y calidad en el ejercicio de la función fiscalizadora de los sectores públicos correspondientes.

Nota: Perdonad si no sale muy bien la entrada pero ha sido cargada a través del iPhone, aprovechando la herramienta-app que wordpress pone a disposición gratuita de los blogueros, que aun no está muy depurada.

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El dinámico mundo de la contratación pública

Enredo

Estos días anda muy revuelta la blogosfera pública en materia de contratación. Suerte que el activista Guillermo Yañez nos ayuda elaborando un censo de páginas que tratan los diversos temas relacionados con la contratación. Una de esas alertas nos recuerda la publicación en el DOUE, la semana pasada, de las nuevas Directivas sobre contratación. Ahora se inicia el periodo de transposición que España deberá concretar no más allá del primer trimestre de 2016 y que culmina en 2018, cuando la licitación electrónica será completamente obligatoria para todas las AAPP de la UE.

Gracias a Contratodeobras.com por avisarnos de este buen resumen de las novedades previstas en video -y castellano, selecciona idioma- de la conferencia que, organizada por la Dirección General de Mercado Interior y Servicios el pasado 19 de marzo en Bruselas y disponible en la Web de la Comisión Europea.

Leemos en el Observatorio de la Contratación una interesante crítica sobre constantes reformas del texto refundido de la LCSP, que están generando inseguridad jurídica. Menos mal que el BOE en edición electrónica ha venido en nuestra salvación, no sólo con la actualización permanente de las normas (las leyes están siempre con la redacción en vigor) sino también con los magníficos códigos electrónicos y sus sistemas de alertas de actualización integrado en los servicios de BOE a la carta, cuya suscripción se puede realizar en el momento de la descarga del código.

Gracias también a Montse Carpio por la alerta temprana del BOE del sábado 29 de marzo que publica la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Codigos electronicos BOE

Ideas contra la corrupción desde el mundo de la contratación pública

Corruption Leo en el libro La Gestión de los Fondos Públicos: Control y Responsabilidades, dirigido por Mario Garces Sanagustin y Alberto Palomar Olmeda (y que ya comentamos aquí) el capítulo 4 titulado “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito público: ¿hacia los compliance programas “anti-corrupción” como exigencias legales de contratación pública?” del que es autor CARLOS GÓMEZ-JARA DÍEZ, Profesor de Derecho penal (UAM/UC3M) y abogado.

En el epígrafe 6 se analiza la idoneidad de adaptar los programas de cumplimiento «anti-corrupción» al ámbito de público, apuntando “una exigencia legal futura para la contratación pública”. El autor entiende que la experiencia norteamericana parece conducir indefectiblemente a la necesidad de que cualquier empresa que desee contratar con la administración pública debería instaurar de manera efectiva un programa de cumplimiento «anti-corrupción» como exigencia legal.

Gómez-Jara recuerda que desde el año 2008, la Administración estadounidense exige a los grandes contratistas revisar sus procedimientos internos de control y auditoría, así como de denuncias, en términos de diligencia debida ( Due Diligence ) sobre conductas ilegales de fraude, cohecho o cualquier otro tipo de actividad ilícita detectados en el seno de su empresa:

“Esta regulación, especialmente la obligatoriedad de denuncia, han dado un vuelco significativo al panorama anterior, de tal manera que las denuncias de los propios contratistas están comenzando a fluir hacia las autoridades públicas. Más aún, el hecho de que los tribunales están considerando que la certificación que expresa la inexistencia de conductas ilícitas cuando el contratista debía estar al tanto de las mismas, constituye una falsedad documental que es perseguible por las autoridades”.

La administración norteameicana considera relevantes los siguientes mecanismos internos del contratista:

  1. ¿Existe una hotline o mecanismo que permita a los empleados denunciar conductas ilícitas?
  2. ¿Existe un mecanismo, que preserva la documentación relevante, para investigar las conductas que han sido denunciadas a través de la hotline ?
  3.  ¿Adopta el contratista medidas adecuadas cuando la investigación revela que existen déficits en el sistema de compliance ?
  4. ¿Revisa de manera periódica el contratista la eficacia de su sistema de control interno?
  5. ¿Ha declarado y ejecutado fehacientemente el contratista una política de «no represalias» contra los empleados que denuncian?

El autor entiende, a la vista de esa evolución, que “el ordenamiento español caminará por derroteros semejantes. Así, ya al día de hoy, dichos programas de cumplimiento son la única defensa que la propia empresa contratista tienen frente a una imputación de responsabilidad penal por actuaciones de sus empleados en su nombre y representación y con la intención de beneficiarla. Pero es que, a futuro, resulta razonable que la administración pública exija la instauración de dichos sistemas de compliance en las empresas contratistas para poder acceder a los contratos públicos”.

¿Sería una carga administrativa más o estamos ante la evolución natural de las normas de contratación para enfrentar el problema de la corrupción en España? Ahora que los tiros van por la simplificación administrativa ¿Tendría sentido esta exigencia? ¿Vale sólo para el mundo anglosajón? ¿Que os parece?

Todo se compra y se vende

Subasta-Visados

Michael Sandel es un profesor norteamericano de filosofía política. Su brillantez  atrae a sus clases en Harvard a miles de seguidores, de todas las edades, hasta el punto de tener que sustituir las aulas por el teatro de la Universidad. Sus videos son seguidos por millones de personas y están subtitulados en docenas de idiomas (castellano también) por colaboradores desinteresados de todo el mundo. En una de sus interesantes conferencias nos recuerda que, durante las últimas tres décadas, hemos venido asistiendo a una revolución silenciosa. Pasamos, casi sin darnos cuenta, de una economía de mercado a una sociedad de mercado. La primera era una herramienta, un instrumento para organizar la actividad productiva. Lo otro es una jungla donde todo está a la venta, una forma de vida en la que el pensamiento y los valores del mercado dominan todos los aspectos de la vida: las relaciones personales, la vida familiar, la salud, la educación, la política, la Administración o la vida ciudadana. Continúa leyendo Todo se compra y se vende

Sostenibilidad financiera local

SostenibilidadLos sucesivos Gobiernos de la Nación llevan aplicando, desde el ejercicio 2009, acciones de lucha contra la morosidad de las entidades locales. En el año 2012, el Real Decreto-ley 4/2012, aprobó un mecanismo de financiación  para el pago a proveedores locales, que permitió la cancelación sus obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, derivadas de la contratación de obras, suministros y gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión.

En ese marco, el Tribunal de Cuentas acaba de hacer público el informe de fiscalización sobre Gastos ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario que analiza la ejecución del citado fondo (diez mil millones de euros) en las 3.777 Entidades Locales.

Aflorando las facturas del cajón

El mecanismo de pago a proveedores permitió financiar gastos realizados al margen del presupuesto, e incluso previamente ocultos, exigiendo como requisito la certificación de la intervención de la entidad local correspondiente, a la cual se eximió expresamente de la responsabilidad prevista en el artículo 188 del TRLHL por la expedición de los certificados y el registro contable de los gastos.

Las facturas no contabilizadas originaban que el importe computado a efectos del cálculo de la cifra de déficit, en términos de contabilidad nacional, se encontrase infravalorado. En este sentido, de acuerdo con los criterios de la IGAE y Eurostat, las obligaciones financiadas con cargo al Real Decreto-ley 4/2012 que no se hubieran contabilizado, han supuesto un ajuste de mayor déficit que se ha repartido entre los ejercicios 2011 y anteriores, en función de la fecha de vencimiento de estas facturas no contabilizadas. El importe global en el ámbito local de este ajuste ha sido de, al menos, 934.371 miles de euros, que representaba un 0,1% del PIB de España en 2012.

Algo más de la mitad del Fondo fue dirigido a financiar facturas de grandes ayuntamientos y, en un 32%, a ayuntamientos de entre 5.000 y 50.000 habitantes repartiéndose el resto entre los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes (10%).

Se financiaron a un total de 114.934 proveedores, con una importante concentración en 10 grandes empresas -que recibieron el 25% del total-. Dos de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria; una de construcción; otra de prestación de servicios; otra de mantenimiento de redes eléctricas y cinco, eran entidades financieras (factoring).

Un poco de doctrina presupuestaria

Recuerda el Tribunal que la existencia de obligaciones vencidas, líquidas y exigibles sin imputación presupuestaria supone el incumplimiento del artículo 173 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que las obligaciones de pago sólo serán exigibles cuando resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos o de sentencia judicial firme. Añade, además, que son nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

No obstante, el Tribunal Supremo ha dispuesto a este respecto que, al margen de la tramitación que se haya dado a los gastos, estas obligaciones deben ser abonadas por las entidades locales a sus acreedores para evitar el denominado “enriquecimiento injusto”, de modo que en caso de que el tercero realice una prestación a favor de la Administración, previo encargo y con la conformidad de ésta, se generaría un desequilibrio patrimonial en contra del proveedor si no se abona a causa de la falta de aplicación a presupuesto.

Sin embargo, el deber de abonar estas obligaciones no exime de la responsabilidad de los órganos competentes para ordenar el gasto y, en su caso, de la intervención que no manifeste discrepancia, conforme establece el artículo 188 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La aplicación al presupuesto de los gastos procedentes de ejercicios anteriores al corriente, con la excepción de la ejecución de resoluciones judiciales, debe hacerse a través de un procedimiento extraordinario denominado “reconocimiento extrajudicial de crédito”, cuya sucinta regulación se encuentra principalmente en el Real Decreto 500/1990 que desarrolló parcialmente la Ley de Haciendas Locales de 1988. La regulación de esta figura se limita a atribuir la competencia al Pleno o al Presidente de la Corporación.

El Fondo

La forma en la que se reembolsará la financiación recibida del Fondo se encontraba condicionada a la elaboración de un plan de ajuste y su aceptación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En los casos en los que se aceptó el reembolso de las cantidades financiadas con cargo al Fondo se realizará mediante la amortización durante 10 años de un crédito con entidades financieras, mientras que en el caso de las entidades que no presentaron o el Ministerio no aceptó el plan de ajuste, la devolución se realizará mediante retenciones en la participación en los tributos del Estado de la entidad local.

Así, quienes que se acogieron al mecanismo de pago a proveedores sustituyeron una deuda de naturaleza presupuestaria a corto plazo, por un endeudamiento a largo plazo, mejorando su solvencia a corto plazo. Las entidades locales deberán destinar recursos futuros para hacer frente a la devolución de la financiación obtenida y en general reducir su gasto público para afrontar la carga futura de la deuda. Para que estas medidas sean efectivas y no supongan el traslado a ejercicios futuros de los problemas de solvencia a corto plazo constituye un requisito necesario la viabilidad y el cumplimiento de los planes de ajuste presentados por las entidades locales y aceptados por el Ministerio.

El Real Decreto-ley 4/2012, en sus artículos 5 y 10, requería contabilizar las obligaciones financiadas con cargo al mecanismo y, en caso de no estar imputadas a presupuesto, debían reconocerse en su totalidad en el presupuesto vigente para 2012. El procedimiento a aplicar en estos casos era el regulado en la normativa presupuestaria local, que exige la tramitación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al presupuesto del ejercicio de obligaciones vencidas y exigibles procedentes de otro ejercicio.

Se resolvió definitivamente el problema?

No. Al finalizar el ejercicio 2012 el importe de las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto continuaba siendo significativo. El 21% de las entidades analizadas mantenían a 31 de diciembre de 2012 un importe pendiente de aplicar a presupuesto superior al 20% de las obligaciones reconocidas en los capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos del ejercicio 2012.

Critica el Tribunal que el 711 entidades locales que recibieron la financiación de ese mecanismo  no cumplieron, en septiembre de 2013, con la obligación de rendir la cuenta general del ejercicio 2011. Entre las entidades locales que habían rendido cuentas, 1.390 no habían registrado en su contabilidad los acreedores por operaciones pendientes de imputar a presupuesto que fueron financiados por el Fondo lo que pone de manifiesto un amplio incumplimiento en la aplicación del principio de devengo en los registros contables, que impide un adecuado conocimiento del importe real de endeudamiento de las entidades locales.

Además, las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto forman parte del cálculo de la capacidad o necesidad de financiación de las entidades locales, por lo que la no contabilización de estas obligaciones implica que esta cifra no refleje el importe real, siendo necesario el ajuste de la cifra de la necesidad o capacidad de financiación correspondiente a los ejercicios afectados por esas obligaciones.

Por último, en los ayuntamientos con población inferior a 5.000 habitantes el importe de las obligaciones financiadas por el mecanismo sin previa aplicación presupuestaria superaba el importe registrado en la contabilidad a final del ejercicio 2011, lo que supone que los registros contables de estas entidades de dimensión reducida no reflejaban la totalidad de las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto.

Seis  recomendaciones

A la vista de lo expuesto a lo largo de este Informe, y con la finalidad de superar las deficiencias puestas de manifiesto y contribuir a una mejora de la gestión, organización, transparencia y control de las entidades locales, el Tribunal, en el marco de esta fiscalización, formula las siguientes recomendaciones:

  1. Incorporar en la regulación de las medidas de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales condicionantes para acceder a las mismas, vinculando este acceso al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas por parte de las entidades locales, para así fomentar su práctica, promover una mayor transparencia en la gestión y facilitar un control más global, comprensivo y representativo.
  2. Prever y regular en las medidas de financiación y ayuda para el pago a los proveedores de las entidades locales, la exigencia de responsabilidades en los casos en los que dichas entidades elaboren y remitan para la obtención de estos fondos información que no represente la imagen fiel relativa a su solvencia.
  1. Completar la regulación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, contenida en los artículos 26.2 y 60.2 del Real Decreto 500/1990, clarificando la atribución de la competencia para su aprobación y detallando el procedimiento para su tramitación.
  2. Adoptar por parte de las entidades locales una instrucción que regule las operaciones a realizar a cierre de ejercicio, con el objetivo de normalizar y planificar la fecha límite para proponer la iniciación de procedimientos de gasto, para aplicar una factura al presupuesto en curso, así como para aplicar gastos al ejercicio a cerrar, y el procedimiento a seguir con aquellas facturas expedidas en diciembre del ejercicio precedente pero con entrada en los registros en enero del año siguiente, respetando el principio de devengo y la anualidad presupuestaria.
  3. Adoptar medidas que garanticen el reforzamiento de la viabilidad y cumplimiento de los planes de ajuste presentados por las entidades locales en el marco de los mecanismos de pago a proveedores para evitar futuras dificultades de solvencia a corto a plazo como consecuencia de la amortización del crédito obtenido.
  4. Acordar y aplicar medidas de gestión del gasto público que fomenten e incentiven la imputación a presupuesto y contabilización de todas las obligaciones por parte de las entidades locales, para conseguir la máxima transparencia y fiabilidad de la información que se proporciona para la elaboración de los datos sobre necesidad y capacidad de financiación. 

Encomiendas para todo

09064-navaja-multiusos-victorinox-workchamp-21-usosExiste cierta confusión entre las figuras de encomienda de gestión reguladas respectivamente en los artículos 15 de la ley 30/1992 y los arts. 4 y 24.6 del TRLCSP. Una confusión principalmente motivada por su identidad de denominación, como ya pusiera de manifiesto el Tribunal de Cuentas en diversos informes. La regulación contenida en los textos legales que tratan esta materia es tan parca que no resuelve los problemas tanto teóricos como prácticos de las operaciones “in house providing”.

Estas son las dos primeras conclusiones del informe que acaba de aprobar el Tribunal de Cuentas de España con el título “fiscalización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública de los Ministerios, Agencias y Organismos Autónomos del Área Político – Administrativa del Estado, ejercicios 2008 – 2012” . El trabajo se une a otros muchos del propio Tribunal u otros OCEX, así como a la reprimenda de la Comisión de la Competencia (ver entrada) en relación al abuso de esta herramienta por las Administraciones Públicas.

Por ello, los auditores elaboran una docena de severas conclusiones, la primera de las cuales no es otra que proceder al cambio de denominación de la figura regulada en la legislación de contratos a fin de evitar confusiones con la encomienda de gestión regulada en la Ley 30/1992, acometiendo una regulación integral de aquellos a fin de dotarlos de mayor seguridad jurídica, homogeneidad y mayores controles sobre las prestaciones encomendadas a los medios propios de la Administración y siempre previa justificación detallada y exhaustiva de la necesidad de llevarlos a cabo, así como a la justificación de la mayor economicidad y eficiencia de esta vía de provisión de bienes y servicios frente a la contratación de los mismos en el mercado.

Además, en tanto no se proceda a la mencionada modificación legislativa, la Administración General del Estado debería establecer en las resoluciones de encomienda, estatutos de sus medios propios y demás normas reguladoras de los encargos que se encomienden a los mismos, “limitaciones a la actividad que estos puedan contratar con terceros en relación con los encargos conferidos, a fin de evitar que la encomienda de gestión se convierta en un medio exclusivamente dirigido a orillar el régimen de contratación pública correspondiente al poder adjudicador encomendante, con el consiguiente encarecimiento de las prestaciones encargadas originado por el sobrecoste que implica la intermediación del medio propio”.  Continúa leyendo Encomiendas para todo