Corazoncitos fiscalizadores

El Economista

¿Os dais cuenta? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se va haciendo sitio en vuestros corazoncitos fiscalizadores como conciencia crítica de las prácticas irregulares en la contratación pública. No en el nivel de detalle, que corresponde a las Instituciones de Control Externo, sino elevándose y creando opinión sobre el ambiente de control en españa. Su Guía de contratación y competencia abrió una linea. Le siguió las denuncias de colusión en la privatización sanitaria madrileña o la gestión del urbanismo en España. Eso por no hablar de algunas sonadas multas.

Estos días, toda la prensa recoge el informe sobre la contratación pública en España. Aunque reconoce una serie de fortalezas, deja entrever muchas lineas de actuación orientadas a la consecución de mayores niveles de transparencia y competencia. Un sector que mueve cifras superiores al 15% del Producto Interior Bruto (PIB) en los países desarrollados

Repsol vs cnmcParte el informe del carácter positivo d el esfuerzo realizado para consolidar en el ordenamiento jurídico principios jurídicos sólidos como son la igualdad y la transparencia, con la implantación de la normativa de transparencia. Centra su análisis en cinco áreas “con importantes oportunidades de mejora” que es como se denomina, en términos evaluadores constructivos, lo que se hace mal:

  1. Mejor acceso, transparencia y publicidad: Con independencia de los avances realizados en estos términos, la CNMC considera necesaria la implementación de mejoras en el acceso a la información para los licitadores (motivación del procedimiento elegido, criterios de selección y valoración, etc.). Así como mayor transparencia y publicidad de procedimientos (abiertos, finalizados, o planificados) con el fin de facilitar mayor control interno y la comparación de situaciones análogas.
  2. Evaluar la eficiencia económica y la competencia efectiva: este control debe realizarse tanto por parte del órgano de contratación, que debe justificar a priori la necesidad de contratar y el procedimiento elegido, como por parte de un organismo externo especializado.
  3. Mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información: la contratación pública no puede ser ajena al desarrollo tecnológico. La CNMC considera que debe aprovechar estos avances. Por ejemplo, para la obtención y utilización de bases de datos de licitaciones, globales e interoperables que permitan la supervisión de la eficiencia económica por organismos especializados.
  4. Implementar una mayor cooperación administrativa: fomentar la cooperación inter e intra administrativa permitirá reducir las asimetrías de información presentes en los contratos públicos.
  5. Simplificar los procedimientos en la contratación pública: a través tanto del mayor recurso a la contratación vía procedimientos electrónicos, como de la reducción de la dispersión normativa de la materia.

La constatación de estas áreas de potencial mejora, junto a la propia mención indirecta a muchas de ellas en el propio plan de actuación de la CNMC recomienda la actuación de la Comisión en este campo a través de las siguientes actuaciones:

  1. Participación en la transposición de las nuevas directivas: Se estima oportuna la participación efectiva en este proceso de adaptación normativa, ya sea previa petición o a iniciativa propia,
  2. Coordinación entre la CNMC y los poderes adjudicadores: A través de reuniones de trabajo, el desarrollo de programas de formación y la divulgación de las actuaciones realizadas por la CNMC en esta materia.
  3. Colaboración con la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y Plataforma de Contratación del Estado: Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las actuaciones desarrolladas por éstos, así como proponer la realización conjunta de técnicas de análisis, tanto para detección de posibles cárteles como para la redacción más procompetitiva de pliegos.
  4. Formación de organismos supervisores en contratación: con el fin de divulgar la normativa de competencia y las vías de acceso a la CNMC en esta materia.
  5. Revisar las normas de contratación pública: impulsando reformas dirigidas a reducir la dispersión normativa y proponer la modificación de la normativa vigente.
  6. Actualizar la guía de contratación pública y competencia: A partir futuras modificaciones.

Dos visiones del mundo local

Captura de pantalla 2015-02-19 19.26.21La Universidad de Salamanca siempre ha caracterizado por tener juristas y académicos de gran relieve. No hay que remontarse al Siglo de Oro. En la actualidad, florecen muchas áreas con gran tirón, como los posgrados en Estado de derecho y gobernanza global dirigidos por el eminente profesor Nicolás Rodríguez.

Hoy, traemos a la bitácora dos publicaciones participadas por el decano de su Facultad de Derecho, Ricardo Rivero Ortega catedrático de derecho administrativo, en la foto adjunta. Se trata de dos temas muy distintos aunque con cierta conexión al referirse al mundo local, con enfoques diferentes que serán muy gratos para todos los interesados en la vida municipal.  Continúa leyendo Dos visiones del mundo local

La neutralidad en la red

Nos encontramos inmersos en un momento social, político y económico dinámico, donde todo se publicita velozmente gracias a las nuevas tecnologías de la información y donde conceptos como objetividad, neutralidad y transparencia cobran más importancia que nunca.

9788416212491Mercedes Fuertes, catedrática de Derecho Administrativo, Doctora por la Universidad de León y autora de diferentes libros como “Grupos públicos de sociedades”, “Redes inalámbricas municipales. Nuevo servicio público” o “La Comisión Nacional del Mercado de Valores”, entre otros, trata dichos temas con maestría en su nueva publicación, “Neutralidad de la red: ¿realidad o utopía?” (Marcial Pons, 2014).

En el mundo jurídico que nos desenvolvemos existen normas, leyes, decretos, instrucciones que regulan en su mayoría todas las actividades, servicios, y funciones que podemos desarrollar y/o prestar. No obstante, y a pesar de que de acuerdo a lo reflejado en el estudio realizado por la ITU (Telecommunication Development Sector) afirma que, a finales del ejercicio 2014, existían en el mundo más de 3.000 millones de usuarios en Internet (dos tercios de los cuales se corresponden con usuarios de países en desarrollo), existe una mínima regulación sobre éste extremo. Unas cifras que ratifican que las tecnologías de la información y comunicación siguen siendo el motor de la sociedad actual, razón por la cual se origina un intenso debate sobre el tema.

¿Cuáles son algunos de los pros y contras, por ende, de la mayor regulación del acceso y uso neutral a Internet?

El beneficio principal, de acuerdo a la autora, es la defensa de los derechos fundamentales (intimidad, libertad de expresión y comunicación) ya que “la razón esencial para exigir una adecuada actitud neutral en el tráfico de las redes radica en reconocer que Internet se ha convertido en la actualidad en un medio común donde los ciudadanos manifestamos nuestra personalidad” siendo así mismo un aspecto positivo a destacar la eficacia de Internet en las relaciones privadas.

Por otro lado, y con respecto a los ‘contras’ podríamos mencionar, entre otros, la posibilidad de que las empresas que prestan el servicio de acceso a Internet aprovechen la coyuntura para discriminar en la utilización de sus servicios, la creación de ‘lobbys’ entre grandes empresas que dificulten la incursión de emprendedores en el mercado y como consecuencia de ello la reducción de la investigación e innovación, existencia de un control del tráfico en internet lo que repercute directamente, tal y como apunta Mercedes, en la calidad de la sociedad democrática.

Derechos como la intimidad, la libertad de expresión y comunicación están directamente afectados por la forma de entender la neutralidad de la red. De ahí que determinadas intrusiones en la gestión del tráfico de Internet, en la comprobación y selección de los datos puedan lesionar tales derechos fundamentales y, por ello, deben rechazarse con contundencia. Así, una sentencia del TEDH de 18-12-2012 recoge con claridad esta idea al declarar que el bloqueo de acceso a Internet suponía una violación de las libertades de expresión e información.

Una de nuestras conquistas democráticas más queridas ha sido la libertad de expresión, un ámbito en que es muy recomendable la lectura de otro reciente libro de Santiago Muñoz Machado, Los itinerarios de la libertad de palabra, (Ed. Crítica, 2013) que también acoge los problemas derivados de la comunicación a través de Internet.

En fin, tras la amena lectura del libro, suscribo la opinión de su autora, que concluye afirmando la necesidad de precisar mejor en la legislación las concretas técnicas para defender la neutralidad de Internet. La aspiración de una Internet abierta y neutral ha sido una de las principales causas de su espectacular desarrollo. La evolución de los mercados y los avances técnicos parecen incidir en esas esenciales características de las redes tan conectadas, no sólo con el desenvolvimiento de la vida actual, sino con la libertad y la igualdad de los ciudadanos. De ahí el intenso debate que existe sobre una mínima regulación de Internet.

Reforma universitaria

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El titular que nos ofrecía el diario Cinco Días la semana pasada reflejaba las declaraciones de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, para quien es necesario favorecer la movilidad con el fin de recorrer completamente el camino de todo el proceso innovador, tal y como se está implementando en la Unión Europea: “El día en el que consigamos que un directivo de una gran empresa sea, por ejemplo, rector de una universidad o al revés, habremos conseguido muchísimo para la I+D+i española”.  Continúa leyendo Reforma universitaria

Transparencia de la morosidad pública

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La Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público supuso un importante avance en la lucha contra la morosidad del sector público, al imponer la obligación en todas las Administraciones de divulgar su período medio de pago (PMP) a proveedores, generando una útil herramienta de seguimiento de la deuda comercial.

En julio de este año, se concretaron todas estas medidas en el Real Decreto 635/2014 por el que se desarrolla la metodología de cálculo del PMP de las Administraciones Públicas, ordenando que las CCAA y las grandes ciudades remitir al Ministerio y publicar antes del día treinta de cada mes en su portal web, la información del periodo medio de pago del mes anterior. El resto de corporaciones locales publicarán y comunicarán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas esta información trimestralmente. Hoy deberían hacerse públicos los primeros datos.  Continúa leyendo Transparencia de la morosidad pública

Las Fundaciones Públicas en el SEC 2010

Cabecera IGAE El pasado 30 de septiembre, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) hizo pública una Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas. El documento supone un recordatorio, a la vez que aclara el alcance de sus múltiples novedades, en relación con la versión anterior, SEC 1995, publicada mediante el Reglamento 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996. Continúa leyendo Las Fundaciones Públicas en el SEC 2010

Transparencia y Buen Gobierno

Libro Tarin-Dela Nuez Hoy traemos a la bitácora el reciente libro de editorial La Ley titulado “Transparencia y Buen Gobierno” coordinado por Elisa de la Nuez y Carlota Tarín. Se trata de un comentario, articulo a artículo, de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Elisa de la Nuez es Abogada del Estado excedente y coeditora del blog sobre actualidad jurídica y política “Hay derecho” y el libro del mismo nombre firmado con el seudónimo colectivo Sansón Carrasco. Se trata de un grupo de prestigiosos letrados que impulsan y debaten temas de gran interés profesional y ciudadano.

Si la economía es al derecho como la materia a la forma, Hay derecho es la otra cara de “Nada es gratis”. Ambos blogs colectivos, que suman miles y miles de visitas, son la conciencia crítica y bien fundada de la sociedad civil en derecho y economía. Mis felicitaciones a ambos. Continúa leyendo Transparencia y Buen Gobierno

¿Morirán las facturas del cajón?

AIREF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es la institución garante del cumplimiento efectivo del principio de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Lo hace a través de la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y de las previsiones económicas.

Como reconocía recientemente José Marín, director de la división de Análisis Económico de AIReF, la Institución es la consecuencia natural de un modelo de gobierno y administración tan descentralizado como el español. Sus informes y recomendaciones deben cumplirse por las Administraciones destinatarias o explicar por qué no se cumplen, con traslado a la opinión pública.  Continúa leyendo ¿Morirán las facturas del cajón?