El delicado equilibrio de la dependencia

 TCUEl Tribunal de Cuentas ha venido alertando desde hace tiempo sobre las dificultades de sostenibilidad de los gastos de la dependencia. El año pasado, dejó en evidencia la gestión administrativa y presupuestaria de ese importante derecho, a merced de plazos de pago sonrojantes (que algunas regiones llegaban al año y medio) con una financiación insuficiente (El Estado tenia “en el cajón” del 2011 hasta 788 millones de euros sin consignación) e incoherencias entre las aplicaciones informáticas, son las principales conclusiones del informe. Varias CCAA han realizado informes singulares sobre la materia.

Esta semana se hacía público el Informe de Fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las CCAA para la adecuada aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Se trata de una buena fotografía para comprobar la salud de la cuarta pata del Estado de Bienestar. Veamos qué nos dice el informe.

CONCLUSIONES

A continuación se formulan las principales conclusiones de la fiscalización:

 1.- Excesiva dispersión normativa.- El desarrollo de la Ley de dependencia por cada una de las CCAA, de conformidad con el reparto competencial existente, ha producido una excesiva dispersión normativa, muchas veces solapada con la normativa de los servicios sociales preexistente, que no se compadece con los principios de universalidad, igualdad y transparencia que informan el sistema. 
El repertorio normativo que puede encontrase, como se ha dicho, en la página WEB del Portal de la Dependencia del IMSERSO, contiene referencias a 671 normas de diverso rango de las CCAA así como a 134 a normas estatales. 
No obstante, en el ámbito estatal se observa un esfuerzo por refundir el desarrollo reglamentario de la Ley 39/2006 en un menor número de textos normativos, como es el caso del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema, que unifica todas las normas relativas a las prestaciones y servicios. 
Asimismo se han efectuado o están en trámite otras modificaciones normativas destinadas a homogeneizar el sistema y también para introducir nuevos elementos de control que permitan disponer de información y estadísticas ajustadas a la realidad.

2.-Demoras en el registro de los expedientes. Las CCAA deben introducir mensualmente la información que requiere el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), tal como acordó el Consejo Territorial en su reunión de 10 de julio de 2012, no obstante todavía se constatan excesivas demoras por parte de las CCAA tanto en el registro de expedientes nuevos y de los datos relativos a sus trámites fundamentales, como en la actualización de los restantes datos que constan en el sistema. 
Así, en el primer cuatrimestre de 2013 se incorporaron al SISAAD 67.468 solicitudes, en un plazo medio de 168 días desde la fecha de registro de la solicitud y, además, […]

La Agencia Tributaria aprueba “raspado”

aedaf

En el titular de El Economista, que hoy preside esta entrada, el colectivo de los asesores fiscales exige un marco de estabilidad normativa que garantice la seguridad jurídica de los contribuyentes “actualmente en cuestión debido a los continuos  cambios legislativos” a los que no son ajenos el uso indiscriminado del Decreto-Ley tributario. Como nos recuerda Sevach, hoy en día, el derecho fiscal es quizás la disciplina jurídica mas expansiva. Artículos de las Leyes reguladoras de algunos impuestos que cambian todos los años y que ocupan varias páginas del BOE, con remisiones internas constantes y la severa crítica del Consejo de Estado.

Durante la reciente III Jornada de estabilidad presupuestaria de Universidades charlaba con Miguel Ángel Collado, Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y catedrático de derecho financiero. Me insistía en la necesidad de dominar los conceptos generales para consolidar una formación permanente a lo largo de la vida profesional, la adquisición de los conocimientos básicos de los institutos jurídicos ante los constantes cambios normativos que sufre el derecho y, en especial, el derecho financiero y tributario.

manual-practico-de-derecho-tributario-parte-general-600 Sistematizar esos conocimientos exige, cada vez más, dotarse de manuales cada día más prácticos, no solo para el ejercicio profesional sino para el opositor. Recordemos que este año, con una plantilla en mínimos históricos, se convocarán 238 nuevas plazas en la Agencia Tributaria para reforzar la lucha contra el fraude y 210 efectivos más en la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional. Es el caso del Manual Práctico de Derecho Tributario (Parte General) de Carlos María Cabrerizo (Editorial Amarante, 2014. 408 páginas y 25 euros) que presenta los distintos procedimientos de aplicación de los tributos ( gestión, inspección y recaudación) además de otros epígrafes de interés como los recargos, las infracciones tributarias y los recursos en vía económico-administrativa. El autor aporta también, a título complementario, interesante material que recopila los aspectos más interesantes del Derecho Presupuestario, las modificaciones presupuestarias y la imputación de gastos plurianuales.

Hechas estas necesarias observaciones iniciales de rabiosa actualidad, hemos de decir que el Tribunal de Cuentas de España (felicidades por su nueva página web) acaba de aprobar el Informe de fiscalización de las principales actuaciones realizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en ejecución del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

LogoTcu Se trata de un informe extenso y complejo donde el Tribunal no rehuye de sus competencias. Todo un reto para los auditores por su dificultad (he de reconocer que fui procrastinando su lectura) y no ha sido suficientemente comprendido ni tenido en cuenta por la prensa, tan proclive a simplificar las cosas según la sensibilidad de sus […]

Mejor planificación y control de la limpieza viaria local

limpieza

La Sindicatura de Comptes de la Comunidad valenciana acaba de hacer público el informe “Servicio de Limpieza Viaria: Necesidad de Mejora en su Planificación y Control”, que recoge la auditoría operativa consistente en la evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión del servicio de limpieza viaria en algunos ayuntamientos de entre 50.000 y 75.000 habitantes de esa Comunidad. En concreto se han analizado los municipios de Alcoi, Elda, Paterna, Sagunt, San Vicente del Raspeig y Vila-real en el cuatrienio 2009-2012.

De esta forma, la Sindicatura analiza la gestión de un servicio obligatorio de los ayuntamientos que realizan directa o indirectamente, a través de servicios municipales, externos o mixtos.

El objetivo del informe era responder a tres preguntas. La primera es si se ha aplicado el procedimiento de gestión más adecuado de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia que deben regir la gestión de los recursos públicos y si dicho procedimiento se ha implantado cumpliendo la legislación. La segunda, si la prestación del servicio se realiza en la cantidad, calidad y coste más adecuados. Y la tercera, si existe un adecuado de control

Conclusiones 

En relación con el procedimiento de gestión elegido por las corporaciones locales para la prestación del servicio de limpieza viaria.

a) En ninguno de los casos revisados, hay constancia de análisis técnicos previos por parte de las corporaciones locales de las necesidades de la población en relación con la limpieza viaria

Asimismo, no hay constancia de que los ayuntamientos hayan fijado los objetivos y características de la prestación del servicio, remitiéndose como única referencia al pliego de condiciones técnicas o la encomienda realizada.

b) En relación con la actividad auditada, hay que señalar que los ayuntamientos seleccionados no disponían, a la fecha de realización de nuestro trabajo, de criterios/indicadores que permitan medir, valorar y comparar la eficacia, eficiencia y economía de la prestación del servicio y su comparabilidad con otras entidades de similares características.

c) La fórmula elegida para la prestación del servicio ha sido la contratación de la gestión del servicio público, bajo la modalidad de concesión, excepto en dos casos en los que se ha optado por una encomienda de gestión a una empresa pública municipal

Para la Sindicatura, la figura contractual de la concesión debe reservarse para los casos en los que el concesionario contratista asume el riesgo de explotación. En consecuencia, la prestación del servicio de limpieza viaria retribuida mediante un precio a pagar por la propia Administración debe encuadrarse como un contrato de servicios.

d) Los procedimientos seguidos para la licitación, concurso público abierto y por tramitación ordinaria, así como la publicidad dada, se consideran adecuados de acuerdo con la figura elegida, gestión del servicio público bajo la modalidad de concesión.

En todos los casos, los órganos competentes para la adjudicación del contrato han aceptado la propuesta de adjudicación […]

El principio de la buena administración en contratación

 La Cámara de Cuentas de Madrid suele recriminar el abuso de la contratación menor o negociada por ser contrario al principio de buena administración que proclama el artículo 25 TRLCSP. Así entre los últimos, el Informe de Fiscalización de la Contratación en el Sector Público Madrileño. Ejercicio 2011, incluye serias censuras a Instituciones por determinados usos del procedimiento negociado. Algunas presentan una naturaleza que intuimos en la frontera de la corrupción pura y dura (pág. 51: “No ha promovido una concurrencia suficiente, al invitar a empresas que comparten órganos de administración y dirección”); otros reproches son más doctrinales aunque pueden traer consecuencias. Veamoslas. 

Las tres líneas de defensa

Los ingenieros ibéricos diseñaron sus castillos y fortalezas, desde el siglo XVI, con tres líneas de defensa. La frontera hispano-lusa presenta muchos ejemplos de esa inexpugnable construcción militar de la época. Una muestra es la bella población portuguesa de Almeida, que puede verse en la foto superior. Allí, si fallaba la primera muralla, el enemigo (¡supongo que nosotros!) tenía muy difícil atravesar la segunda y, aun así, quedaba la tercera fortificación para resistir… En fin, el ejemplo viene a cuento para ilustrar la entrada que hoy dedicamos a divulgar el modelo de las tres líneas de defensa, popularizado por el Instituto de Auditores Internos, así como dos interesantes publicaciones sobre el estado de esa profesión. 

Hay que agotar la partida presupuestaria

La política de desarrollo rural de la Unión Europea tiene como finalidad resolver problemas del ámbito rural tales como la despoblación, la escasez de oportunidades económicas y el desempleo, y se articula en torno a tres ejes temáticos. Uno de ellos busca mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y diversificar la economía rural, a través de tres medidas específicas:  la diversificación hacia actividades no agrícolas, la ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas y el fomento de actividades turísticas. En general, el Tribunal de Cuentas Europeo considera estas áreas de alto riesgo. y siempre es objeto de sus trabajos de fiscalización. Durante el período 2007-2013, el presupuesto de la UE destinó a estas medidas cinco mil millones de euros, completada con dos mil millones de euros adicionales procedentes de los fondos nacionales. El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de aprobar un informe que examinó si la Comisión y los Estados miembros habían logrado optimizar el uso de recursos en las medidas de diversificación de la economía rural. Así, evaluó, en particular, si aquellas tres medidas se habían concebido y ejecutado para contribuir eficazmente al crecimiento y al empleo, y si se habían seleccionado para su financiación los proyectos más eficaces y eficientes. Además, el Tribunal valoró si la información de seguimiento y evaluación disponible consistía en datos fiables, completos y puntuales sobre los efectos de las medidas. Presentamos a continuación un resumen de sus conclusiones, algunas aplicables a la cualquier gestión presupuestaria. 

Los derechos de la Dependencia, en peligro

El Tribunal de Cuentas ha aprobado, en el pleno del 21 de marzo pasado, el Informe de Fiscalización sobre La gestión económico-financiera y la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (en adelante Ley de Dependencia). Se trata de un documento de 141 páginas que deja en clara evidencia la gestión administrativa y presupuestaria de ese importante derecho. Plazos de pago sonrojantes (que algunas regiones llegan al año y medio) financiación insuficiente (El Estado tenia “en el cajón” del 2011 hasta 788 millones de euros sin consignación) e incoherencias entre las aplicaciones informáticas, son las principales conclusiones del informe. Eso por no hablar de la lentitud del aparato administrativo …