Perlas del tratamiento de las alegaciones. El cese del Interventor

 Descabezado

Los informes de auditoría incorporan las alegaciones del Ente auditado, por imperativo de las normas técnicas, tanto públicas como privadas. Algunos órganos de control externo –sólo unos pocos- hacen público también el tratamiento de las alegaciones; un anexo que expresa las razones por las que se aceptan o rechazan las alegaciones del gestor frente al informe provisional.

El lector no habitual de los informes suele olvidar la existencia de ese importante documento (cuando es público, insisto) donde el auditor encargado del trabajo debe desmontar y dejar registrados los argumentos presentados o interpretar la normativa en cuestión, ratificando la redacción inicial o modificándola si las alegaciones están suficientemente fundamentadas. Es un texto sintético que debe ser todo lo breve que sea posible para segmentar las alegaciones en diversos epígrafes incluyendo una reflexión contradictoria del tema así como una propuesta de modificación o no de la redacción inicial.

Ayuntamiento de Alicante, 2011.

La Sindicatura de la Comunidad Valenciana acaba de hacer público el informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Alicante. Se trata de uno de los trabajos más completos que se hecho de un gran Ayuntamiento español sobre los aspectos de elaboración, formulación y aprobación de los presupuestos, la información que se debe facilitar al Pleno municipal (inventario, informes de intervención y cumplimiento del objetivo de estabilidad) así como la rendición de cuentas, la tesorería y la contratación.

Digamos por adelantado que los presupuestos (prorrogados durante 2011 y 2012) no contemplaban los créditos suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones de servicios esenciales -como limpieza viaria o recogida de residuos- remanente de tesorería negativo y obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto por varias decenas de millones de euros. Asimismo, las modificaciones presupuestarias tramitadas en esos ejercicios no incluían los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, a pesar de que con ellas se financiaban obligaciones de carácter voluntario. Aceptamos pacíficamente que se trata de un terreno bastante pantanoso para ejercer la fiscalización interna.

El Anexo VIII del informe (páginas 136 y siguientes) presenta con bastante transparencia el tratamiento de las alegaciones, donde se abordan interesantes aspectos sobre los informes de intervención, la dependencia del interventor de la entidad, los actos nulos y la competencia del Pleno para aprobar los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la minusvaloración del criterio precio para seleccionar al contratista. Os recomiendo que miréis esta parte del informe que, en lenguaje sencillo, representa la tensión auditor-auditado de estos procedimientos, sobre todo la segunda, quinta, séptima y novena. En esta última se hace referencia al epígrafe 5.3.5 donde el informe deja constancia del cese del Interventor

La destitución del Interventor

Señala el Informe ya desde el principio (página 12) el cese del interventor mediante decreto de Alcaldía de 26 de diciembre de […]

XVI Premios Auditoría Pública

premio

El Consejo Editorial de la revista Auditoría Pública ha fallado los XVI premios que esta publicación convoca anualmente y que cuenta con una dotación total de 12.000 euros, siendo uno de los premios más importantes que se entregan en nuestro país. En esta ocasión los premiados han sido los siguientes artículos:

1º premio: “Los gastos con financiación afectada y la estabilidad presupuestaria de Juan Millán Santana. Cámara de Cuentas de Andalucía. 

2º premio: “El Control de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera: un nuevo reto para los Órganos de Control Externo” de Isabel Brusca. Universidad de Zaragoza. 

3º premio: “La fiscalización de la encomienda de gestión como forma de autoorganización administrativa: poniendo límites a la huida del derecho administrativo en materia de contratación pública” de Ana Cossío. Tribunal de Cuentas.

La XVII Edición de estos premios ya se encuentra convocada y podrán optar al mismo todos los artículos que se publiquen en los tres números que anualmente se editan de la revista. La dotación económica de los premios es de 6.000 euros para el primero, 4.000 euros para el segundo y 2.000 euros para el tercero. Toda la información se encuentra en la web de la revista www.auditoriapublica.com

 

Duplicado, superpuesto o fragmentado. Un poco de doctrina y algunos ejemplos delicados

 Duplicacion, fragmentacion y superposicion

No cabe ninguna duda de que la Government Accountability Office estadounidense (GAO) es el auditor público más innovador y proactivo del mundo. Incluso cuenta con un blog institucional. Estos días que he estado cacharreando por su portal, me he encontrado bastantes perlas. El ejemplo que hoy traemos a la bitácora es una de ellas. La GAO acaba de hacer público su tercer informe anual que señala 31 áreas donde las agencias federales pueden ser capaces de lograr una mayor eficiencia o eficacia. Dentro de estas 31 áreas, identifica 81 acciones que el Gobierno y el Congreso podrían tomar para reducir la fragmentación, la superposición y la duplicación, así como otros ahorros de costes y oportunidades de mejora de los ingresos.

Algunas precisiones terminológicas

La fragmentación se refiere a aquellas circunstancias en las que más de una  agencia (o más de una organización dentro de una agencia) está implicada en la misma zona amplia de la necesidad y existen oportunidades para mejorar la prestación de servicios.

La superposición se produce cuando múltiples agencias o programas tienen objetivos similares,  participan de actividades o estrategias similares para alcanzarlos, o se destinan a  beneficiarios similares.

La duplicación se produce cuando dos o más organismos o programas participan  en las mismas actividades o prestan los mismos servicios a los mismos  beneficiarios.  

La superposición y la fragmentación no conducen necesariamente a una duplicación real, y “cierto grado de superposición y duplicación  puede estar justificada”, entiende la GAO. Aunque no es objeto de esta entrada, reitero aquí mi opinión sobre el CORA y los OCEX pues como ya dijo el Sindic Major de la Comunidad valenciana, “no existe ninguna duplicidad ni solapamiento con el Tribunal de Cuentas, ya que el trabajo que hace el organismo autonómico no lo hace el estatal“. Pero no nos desviemos.

Seguimiento de recomendaciones sobre duplicaciones

Además de identificar nuevas áreas, y en consonancia con el compromiso expresado en sus anteriores informes, la GAO realiza el seguimiento de las recomendaciones efectuadas a las agencias del Gobierno y al Congreso, en relación con sus progresos al abordar las áreas previamente identificadas. Hasta aquí no hay ninguna novedad en esta difícil tarea. La singularidad proviene del acceso público al seguimiento continuo, una herramienta de búsqueda en línea para que los ciudadanos conozcan, en cada momento y con solapas desplegables, el estado de ejecución de cada acción sugerida por la GAO en sus tres informes anuales, con sus responsables, foto incluida, como veis a continuación:

GAO-seguimiento recomendaciones

Hasta la fecha, el resumen del estado de ejecución es el siguiente:

Sostenibilidad financiera local

SostenibilidadLos sucesivos Gobiernos de la Nación llevan aplicando, desde el ejercicio 2009, acciones de lucha contra la morosidad de las entidades locales. En el año 2012, el Real Decreto-ley 4/2012, aprobó un mecanismo de financiación  para el pago a proveedores locales, que permitió la cancelación sus obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, derivadas de la contratación de obras, suministros y gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión.

En ese marco, el Tribunal de Cuentas acaba de hacer público el informe de fiscalización sobre Gastos ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario que analiza la ejecución del citado fondo (diez mil millones de euros) en las 3.777 Entidades Locales.

Aflorando las facturas del cajón

El mecanismo de pago a proveedores permitió financiar gastos realizados al margen del presupuesto, e incluso previamente ocultos, exigiendo como requisito la certificación de la intervención de la entidad local correspondiente, a la cual se eximió expresamente de la responsabilidad prevista en el artículo 188 del TRLHL por la expedición de los certificados y el registro contable de los gastos.

Las facturas no contabilizadas originaban que el importe computado a efectos del cálculo de la cifra de déficit, en términos de contabilidad nacional, se encontrase infravalorado. En este sentido, de acuerdo con los criterios de la IGAE y Eurostat, las obligaciones financiadas con cargo al Real Decreto-ley 4/2012 que no se hubieran contabilizado, han supuesto un ajuste de mayor déficit que se ha repartido entre los ejercicios 2011 y anteriores, en función de la fecha de vencimiento de estas facturas no contabilizadas. El importe global en el ámbito local de este ajuste ha sido de, al menos, 934.371 miles de euros, que representaba un 0,1% del PIB de España en 2012.

Algo más de la mitad del Fondo fue dirigido a financiar facturas de grandes ayuntamientos y, en un 32%, a ayuntamientos de entre 5.000 y 50.000 habitantes repartiéndose el resto entre los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes (10%).

Se financiaron a un total de 114.934 proveedores, con una importante concentración en 10 grandes empresas -que recibieron el 25% del total-. Dos de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria; una de construcción; otra de prestación de servicios; otra de mantenimiento de redes eléctricas y cinco, eran entidades financieras (factoring).

Un poco de doctrina presupuestaria

Recuerda el Tribunal que la existencia de obligaciones vencidas, líquidas y exigibles sin imputación presupuestaria supone el incumplimiento del artículo 173 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que las obligaciones de pago sólo serán exigibles cuando resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos o de sentencia judicial firme. Añade, además, que son nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de […]

Congreso de contratación pública en Cuenca

 Los próximos días 30 y 31 de enero se celebrará, en el campus de la Universidad de Castilla La Mancha en Cuenca, un interesante Congreso impulsado por el Observatorio de Contratación Pública. Una actividad (inscripción: 60 euros) para el análisis y estudio de las últimas reformas en la legislación española y comunitaria, que acaban de aprobar un nuevo paquete legislativo en materia contractual del sector público y ofrecer propuestas de mejora. Se trata de un foro (ver tríptico) dirigido por los catedráticos de derecho administrativo, José María Gimeno Feliú y José Antonio Moreno Molina, adecuado para profesionales y académicos interesados en los contratos públicos que han reunido un eminente plantel para desarrollar una veintena de ponencias. Me siento muy honrado formando parte del evento para presentar la doctrina de nuestros Órganos de Control Externo (OCEX) en materia de contratación. Intentaré exponer, en una decena de principios, una síntesis de las principales recomendaciones de la materia que podemos encontrar en nuestros informes de fiscalización. Este es el programa. 

El principio de la buena administración en contratación

 La Cámara de Cuentas de Madrid suele recriminar el abuso de la contratación menor o negociada por ser contrario al principio de buena administración que proclama el artículo 25 TRLCSP. Así entre los últimos, el Informe de Fiscalización de la Contratación en el Sector Público Madrileño. Ejercicio 2011, incluye serias censuras a Instituciones por determinados usos del procedimiento negociado. Algunas presentan una naturaleza que intuimos en la frontera de la corrupción pura y dura (pág. 51: “No ha promovido una concurrencia suficiente, al invitar a empresas que comparten órganos de administración y dirección”); otros reproches son más doctrinales aunque pueden traer consecuencias. Veamoslas. 

Más transparencia en la contratación pública autonómica

TCU El Boletín Oficial del Estado publica hoy el Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de 28 de noviembre de 2013 (ver texto) que regula la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico. Entrará en vigor el día 1 de enero de 2014 y su objetivo es concretar la información y documentación que ha de ser remitida a través de la plataforma que el Tribunal explota conjuntamente con los OCEX, en cumplimiento de los artículos 40 de la LFTCU y 29 del TRLCSP.

El Tribunal repite así el modelo iniciado con la contratación local, cuya plataforma permite la rendición simultanea (OCEX y TCu) para que cada órgano cumpla su misiones complementarias: aquella, en detalle y éste, global. Se da otra vuelta de tuerca a la contratación autonómica, que rendirá uniforme y telemáticamente la información sobre las licitaciones celebradas en cada ejercicio. Así, todos los órganos, organismos o entidades del sector público estatal y autonómico, con independencia del régimen jurídico al que estén sometidos, deberán remitir a través de la citada plataforma una relación anual de la contratación formalizada en el ejercicio precedente, excluidos los denominados contratos menores. Tiene la virtud de que ese listado exhaustivo y anual acabará siendo aprovechado y consultado por los ciudadanos, no sólo en las plataformas autonómicas respectivas (obligadas por el artículo 8.1 de la Ley de Trasparencia) o a través de la plataforma de fiscalización de manera similar a las Cuentas Anuales locales en www.rendiciondecuentas.es  .

Además y como hasta ahora, deberá enviarse dentro del plazo de tres meses a contar desde la formalización del contrato, el extracto del expediente de contratación, así como las posteriores modificaciones, prórrogas o variaciones.

Aunque la explotación de la plataforma de remisión sea conjunta del TCu y los OCEX autonómicos, el asunto no dejara indiferentes a nuestras sensibilidades más nacionalistas.

Remisión obligatoria

El artículo 29 del TRLCSP regula la remisión de contratos al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma estableciendo que, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, se les remitirá una copia certificada del documento mediante el que se hubiere formalizado el contrato, acompañado de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía exceda de determinados importes según el tipo de contrato.

La nueva legislación de contratos que, además de recoger las sucesivas modificaciones desde la entrada en vigor de la LCSP, pretende dotar de mayor transparencia a la información de la contratación pública hace necesario al Tribunal de Cuentas revisar la anterior Instrucción de 26-3-2009.

Por un lado, se ha producido un notable incremento de los medios informáticos para la recepción y gestión de documentación e información en el Tribunal de Cuentas, […]