Puertas giratorias y órganos de control

Con-contralores

Durante la reciente estancia en Medellín, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Antioquia que dirige John Cardona Arteaga (en la foto presentando) convocó una reunión de trabajo con los Contralores territoriales de Colombia, un total de 63, precedida de una exposición en la que acompañé al Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas de España, Olayo Gonzalez Soler.

Contralores contra la corrupción.  Continue reading Puertas giratorias y órganos de control

¿Morirán las facturas del cajón?

AIREF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es la institución garante del cumplimiento efectivo del principio de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Lo hace a través de la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y de las previsiones económicas.

Como reconocía recientemente José Marín, director de la división de Análisis Económico de AIReF, la Institución es la consecuencia natural de un modelo de gobierno y administración tan descentralizado como el español. Sus informes y recomendaciones deben cumplirse por las Administraciones destinatarias o explicar por qué no se cumplen, con traslado a la opinión pública.  Continue reading ¿Morirán las facturas del cajón?

Número 63 de la revista Auditoría Pública

63 Acaba de hacerse público número 63 de la revista Auditoría Pública, la publicación de los Órganos de Control Externo del Estado y correspondiente al segundo cuatrimestre del año actual. A destacar la Entrevista a Antonio López Díaz , catedrático de derecho financiero de la Universidad de Santiago de Compostela y exmiembro (y presidente) del Consello de Contas de Galicia. Sus reflexiones aportan mucha luz sobre sobre aspectos fundamentales del papel de la fiscalización de los fondos públicos.

En el resto del número encontramos a bastantes de las mejores plumas del mundo de la auditoría publica. No os lo perdáis.

En un modo muy amigable podéis verlo aquí.

Sumario

AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

  • Resonancias magnéticas. Una oportunidad de ahorro. Auditoría operativa de la gestión del concierto de resonancias magnéticas en la Comunitat Valenciana.
 Miguel Olivas Arroyo
  • Las limitaciones en auditoría pública.
 Elena Herrero González
  • ¿Es suficiente la auditoría legal de las sociedades públicas?Ignacio Cabeza de Salvador
  • Planificación óptima de la estrategia de fiscalización de los órganos de control.
 Miguel Miaja, Marcos Mejlszenkier
  • Auditoría gubernamental de política pública: El caso de la auditoría al Plan Agro 2003-2015 para la agricultura y la vida rural en las Américas. Liliana Rodríguez Sánchez
  • Propuesta de plan de racionalización de recursos humanos en las administraciones locales en tiempos de ajuste económico. José Serrano Segura

LEGALIDAD

  • Una encomienda atípica a TRAGSA: extramuros de su objeto social y por convenio.
 Alfonso Luis Blanco Higuera

CONTABILIDAD

  • Los pagos a justificar y los anticipos de caja fija en el ámbito de las administraciones locales.
 Manuel Fueyo Bros
  • El fracaso de las Instituciones Presupuestarias en las Entidades Locales. José Francisco Bellod Redondo
  • Noticias

 

Normas internacionales de fiscalización del sector público

ISSAIs

En la reunión de la Comisión de Presidentes del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, celebrada en Santa Cruz de Tenerife el 27 de junio de 2014, se ha aprobado una adaptación de sus procedimientos de fiscalización a las normas internacionales de fiscalización del sector público (ISSAIs) de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

Esta adaptación supone una modernización de los principios y normas de auditoría del sector público que contribuirá a unificar pautas de trabajo, exigencias técnicas y de calidad en el control de los fondos públicos. Las normas de la INTOSAI son el marco de referencia internacional en la fiscalización pública, y su adaptación por parte de las instituciones de control externo de nuestro país permite disponer de herramientas técnicas homologadas, acordes con las exigencias que se demandan en la actualidad para la fiscalización del sector público.

Incorporar estas normas permitirá coordinar los trabajos entre las diferentes instituciones de control, promoviendo la colaboración y favoreciendo una convergencia en los métodos y prácticas de trabajo, dando más confianza, credibilidad, coherencia y globalidad a la función fiscalizadora. Esto conllevará una fiscalización más eficaz y eficiente de los recursos públicos en todos los ámbitos.

En la página web de la Sindicatura de Cuentas de Islas Baleares encontramos una importante referencia que resume los antecedentes y el contenido del proceso de adaptación y cuyo texto incorporamos a continuación.

ADAPTACIÓN DE LAS ISSAI 100 A 400

La primera reunión de los Presidentes del Tribunal de Cuentas y de los Órganos Externos de las Comunidades Autónomas, tras la renovación del Pleno del Tribunal de Cuentas acaecida en julio de 2012, se celebró el 30 de octubre siguiente y en ella se adoptó el compromiso de establecer una Comisión de normas y procedimientos, bajo la presidencia del Presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas.

La primera reunión de la Comisión de normas y procedimientos Tribunal de Cuentas- Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas tuvo lugar el día 13 de mayo de 2013 en la sede del Tribunal de Cuentas. En ella se pudo comprobar la coincidencia total en la necesidad de homogeneizar, armonizar y actualizar las normas de auditoría pública sobre la base de los principios y normas internacionales. El Presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas informó acerca de la revisión en marcha de las Normas Internas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, y asumió el compromiso de elaborar un plan y de convocar a una Comisión de Técnicos que diera inicio a los trabajos.

La reunión de Presidentes del Tribunal de Cuentas y de los Órganos Externos de las Comunidades Autónomas, de 29 de noviembre de 2013, dio ocasión a que el Presidente de la Sección de Fiscalización informara acerca de la inminente aprobación de las Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, circunstancia que había impedido el inicio de los trabajos de la Comisión de normas y procedimientos Tribunal de Cuentas-Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, comprometiéndose no obstante a convocar una reunión de esta Comisión en el plazo más breve posible.

Así, el 21 de enero de 2014 se reunieron en la sede del Tribunal de Cuentas los miembros del propio Tribunal y de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas que forman parte de la Comisión de normas y procedimientos Tribunal de Cuentas-Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. En dicha reunión se destacó la importancia que para estas Instituciones tiene la disposición de normas técnicas comunes que regulen las actuaciones de fiscalización. En efecto, disponer de tales normas comunes y aplicarlas adecuadamente debe asegurar la realización de fiscalizaciones de calidad que resulten apropiadas a las progresivamente mayores exigencias técnicas que se formulan a nuestras Instituciones y a la creciente demanda del ejercicio práctico de un eficaz control de la actividad económico-financiera de los respectivos sectores públicos sometidos a su función fiscalizadora.

Tras un debate sobre las posibles opciones de elaboración de unas normas nuevas, la Comisión decidió adaptar las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés), desarrolladas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Para ello, se crearon tres Grupos de Trabajo, coordinados cada uno de ellos por un técnico del Tribunal de Cuentas y del que formarían parte técnicos de los OCEX (hasta estar representados en alguno de los tres Grupos todos los OCEX que lo deseasen). El primer Grupo se encargaría de adaptar las ISSAI 100 y 200 (Principios fundamentales de fiscalización del sector público y Principios fundamentales de la fiscalización o auditoría financiera, respectivamente), el segundo se encargaría de adaptar la ISSAI 300 (Principios fundamentales de la fiscalización operativa),mientras que el tercero se ocuparía de la adaptación de la ISSAI 400 (Principios fundamentales de la fiscalización de cumplimiento).

La adaptación de las cuatro ISSAI citadas ha consistido, básicamente, en revisar la traducción oficial española acomodándola a la terminología más habitualmente empleada en nuestras Instituciones, a la recogida en la legislación española y a la empleada en otros documentos de normalización de técnicas auditoras, singularmente en las nuevas Normas Técnicas de Auditoría (NIA-ES) publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España. También se han adaptado a la normativa española reguladora de la fiscalización del sector público y, en general, a la reguladora del funcionamiento y de la gestión económico-financiera del sector público.

Siguiendo la nomenclatura empleada por el ICAC en la adaptación de las NIA, se ha optado por denominar a la adaptación de las ISSAI como ISSAI-ES, para distinguirlas de las versiones originales aprobadas por INTOSAI.

Asimismo, como parte de la homologación terminológica se ha empleado en la redacción de las ISSAI-ES la denominación de «Instituciones Públicas de Control Externo» (ICEX) para designar conjuntamente al Tribunal de Cuentas y a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. La redacción original de las ISSAI emplea el término «Entidad Fiscalizadora Superior», dado que la vocación inicial de las normas era su aplicación por tales Entidades en su condición de miembros de INTOSAI. De ahí que ahora se haya utilizado una denominación más amplia comprensiva de las restantes entidades o instituciones de fiscalización o de control externo existentes en nuestro país.

Un problema que tradicionalmente surge en la traducción de documentos como las ISSAI, originalmente escritos en lengua inglesa, es el empleo de los términos «fiscalización» o «auditoría» para traducir lo que en inglés se denomina de forma invariable «audit». A estos efectos puede ser interesante tomar como referencia las definiciones contenidas en el Glosario adjunto a las Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas aprobadas el 23 de diciembre de 2013:

-  Fiscalización: conjunto de actuaciones del Tribunal de Cuentas para comprobar el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y, en su caso, otros de buena gestión.

-  Auditoría: actividad sistemática de revisión, verificación y evaluación de documentos contables y de procedimientos de control y gestión, realizada siguiendo las normas técnicas establecidas al efecto. 
Siguiendo este criterio, el término «fiscalización» se emplea en las ISSAI-ES para designar la función constitucional, estatutaria o legalmente asignada a nuestras Instituciones, mientras que el término «auditoría» designa una de las técnicas empleadas para ejercer esa función (no la única técnica posible, pero sí la más frecuentemente utilizada y la que ofrece mejores garantías de realizar un trabajo de calidad). 
Las técnicas de auditoría que han avanzado en mayor grado en su normalización son las referidas a las auditorías financieras. Por este motivo, la ISSAI-ES 200 es la única cuya denominación mantiene el término «auditoría» y la mayor parte del texto de la misma se refiere a la «auditoría financiera», mientras que las ISSAI-ES 300 y 400 se refieren respectivamente a la «fiscalización de cumplimiento» y a la «fiscalización operativa». También la primera de las ISSAI adaptadas, la ISSAI-ES 100, emplea la expresión «fiscalización del sector público».

En definitiva, con la adaptación de las ISSAI del tercer nivel que han sido aprobadas al día de hoy se ha pretendido una renovación terminológica más acorde con el lenguaje utilizado en España, así como aproximar a los OCEX a los principios y normas de la INTOSAI – organización de la que forma parte el Tribunal de Cuentas- y que constituyen el marco de referencia internacional en la fiscalización pública.

A partir de ahora todas las instituciones públicas de control externo de nuestro país van a guiar la actuación por el mismo conjunto de principios y normas, lo que supondrá una homologación de los resultados que va a beneficiar a todos los implicados –instituciones de control, destinatarios de los informes, ciudadanos interesados y público en general- en la fiscalización.

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La sensibilidad ambiental del Tribunal de Cuentas Europeo

image Hemos visto en la entrada anterior que, con alguna frecuencia -más bien poca- los OCEX programan auditorías de contenido ambiental. En la actual situación de crisis económica -con la famosa presión a las Administraciones para hacer más con menos- y la preocupación ciudadana por la corrupción, se hace muy difícil encontrar trabajos fuera del estricto objetivo de legalidad o de las clásicas “tres Es” de economía, eficacia y eficiencia. Por eso, debemos elogiar la sensibilidad de aquellos OCEX que mantienen algunas perlas como la mencionada en relación a los recursos hídricos en las Islas Canarias.

Hace más de cinco años, nos recordaba Manuel Lagarón en esta bitácora, el principio medioambiental debe estar presente como una faceta más de las fiscalizaciones de la legalidad o la gestión (planteamiento horizontal) sin perjuicio de acometer fiscalizaciones específicas de objetivo ambiental, como preconizaba la Declaración de Pamplona (2006) de los presidentes de OCEX:

“Vivimos en una sociedad concienciada de la necesidad de hacer compatible el desarrollo con el cuidado del medio ambiente (…) Evaluar esas políticas medioambientales y relacionarlas con la ordenación del territorio, el urbanismo, las infraestructuras, etc., es una de las vías de futuro para la fiscalización del sector público. Por tanto, es probable que estas nuevas facetas de la fiscalización exijan la incorporación en nuestro equipos de profesionales que no sean auditores financieros (arquitectos, ingenieros, técnicos medioambientales, urbanistas, etc.)”

En ese sentido, el Tribunal de Cuentas Europeo es un ejemplo para todos. He querido rendirles un modesto homenaje en la palestra que hoy viernes he ofrecido en la fronteriza ciudad de Guarda (Portugal) cuyo Centro de Estudos Ibéricos organiza el Curso de Verano con el título “Espaços de Fronteira, Territórios de Esperança: velhos problemas, novas soluções”.

Curso verao 2014 Guarda

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea

El medio ambiente es un ámbito político que cobra cada vez mayor importancia. En la Unión Europea, el Tratado de Ámsterdam(1999) ya reconoció la necesidad de integrar el medio ambiente, tanto en su definición como en su ejecución, en todas las demás políticas (por ejemplo, transporte, empresa, investigación y ampliación). Debido al carácter transversal de las cuestiones de medio ambiente, los principales programas de gasto de la Unión (en particular los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión y el gasto agrícola, así como otros programas de ayuda ejecutados fuera de la UE) contienen aspectos relacionados con la política medioambiental.

¿Ha sido eficaz el componente medio ambiente del programa LIFE? El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente. Su objetivo es contribuir al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020 y de las estrategias y planes pertinentes de la Unión en materia de medio ambiente y clima.

Con frecuencia el TCEu programa fiscalizaciones cuyo objetivo directo es una faceta del medio ambiente. Como no podía ser de otra manera, el año pasado analizó la eficacia del componente medio ambiente del programa LIFE, concluyendo que “no funcionaba con eficacia porque su concepción y ejecución no era suficientemente correcta”.

En la fiscalización se detectaron insuficiencias de concepción y ejecución que mermaban significativamente el papel catalizador fundamental del programa para potenciar grandes avances en la política medioambiental de la UE, sin el cual, el programa no puede ser plenamente eficaz.

Política del agua en la PCA europea Sin ir más lejos, la semana pasada, el Tribunal de Cuentas Europeo aprobaba el Informe Especial 4/2014: La integración de los objetivos de la política del agua de la UE en la PAC: un éxito parcial que echaba un jarro de agua fría sobre la Política Agrícola Común (PAC) y llamaba la atención de que el principio de que quien contamina paga no se haya incorporado a la PAC:

Un número importante de pagos en
el marco del desarrollo rural no están sujetos a la condicionalidad (es decir, al hecho de no sobrepasar un nivel reglamentario aceptable de contaminación) por lo que un agricultor que contamine seguirá recibiendo estos pagos sin ninguna reducción. Actualmente no existe ningún mecanismo que tenga en cuenta de manera proporcional los costes de prevenir o limpiar la contaminación causada por un agricultor y que reduzca los pagos de desarrollo rural en consecuencia.

Otras veces los auditores europeos analizan un área ambiental concreta (así: gestión de residuos) cuando no un fondo europeo íntimamente relacionado (así: ayudas agroambientales) lo que demuestran gran sensibilidad con este aspecto no sólo de la auditoría de gestión ambiental (eficacia o eficiencia) sino de la pura auditoría de legalidad, donde el componente ambiental es un factor jurídico importante.

Para los muy cafeteros …

Brasil enfrenta importantísimos retos ambientales. Quizás por ello demuestra una mayor sensibilidad al respecto, aunque tampoco gran cosa. Pero debemos mencionar el último ejemplar de la revista institucional (en castellano!) del Tribunal de Cuentas de la Unión para conmemorar su número 100 y se dedica a la auditoría ambiental, con ocasión de la Conferencia Internacional de Auditoria Ambiental, promovida por el propio TCU.

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El control de la gestión del agua y los OCEX

Empujando la gota

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha aprobado esta semana el informe de Fiscalización de la Captación y Distribución del Agua por las Entidades Locales en el año 2012, en el que se analiza el modelo de gestión, precios y debilidades del sistema y se plantean una serie de recomendaciones para mejorar el uso de los recursos y la gestión de los costes para cabildos y ayuntamientos.

Esta fiscalización, dada la importancia de los recursos hídricos en el Archipiélago, tiene continuidad en las fiscalizaciones sobre el Saneamiento del Agua por parte de las Entidades Locales del ejercicio 2013 y sobre el Uso Agrícola del Agua por parte de las Entidades Locales, también del ejercicio 2013 y actualmente en curso del trabajo de campo.

Captación y Distribución del Agua Canarias El informe pone de manifiesto que el gasto por habitante del servicio osciló entre los 55,7 y los 246,4 euros, así como que la gestión del servicio, en un 56,6% de los ayuntamientos se presta de manera directa por la propia entidad local, y que en un 40,8% se realiza de manera indirecta, empleando alguna  formas previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, utilizándose otros tipos de gestión en el 2,6% restante.

El precio medio del agua comprada en Canarias fue de 0,61 euros el metro cúbico, oscilando por islas entre 0,22 euros de la Palma y los 1,85 euros de Fuerteventura. En lo que respecta al agua facturada, el precio medio fue de 1,61 euros el metro cúbico, con diferencias que fluctúan entre los 0,87 euros y 2,03 euros según la isla.

En total, el agua propia y el agua comprada en Canarias a lo largo del periodo objeto de estudio ascendieron, respectivamente, a 75 y a 124 millones de metros cúbicos, con lo que el servicio de abastecimiento de agua potable en Canarias tiene un volumen total de casi 200 millones de metros cúbicos y el agua facturada sumó 135 millones de metros cúbicos. La diferencia entre el agua adquirida y la facturada se debe a las mermas o pérdidas en la red de agua, al agua almacenada en los depósitos al final del ejercicio y al agua no facturada.

También se indica en el trabajo que en 2012 dos tercios de los servicios de abastecimiento de agua fueron deficitarios. Por ello, la Audiencia de Cuentas de Canarias recomienda la puesta en marcha de acciones tendentes a promover una gestión que evite las pérdidas en la red y el agua no facturada, así como la implementación de tarifas de consumo progresivas y una mejor racionalización de los recursos disponibles.

Con el fin de fomentar un consumo racional, se recomienda diferenciar los tipos de consumo del agua, en aquellas entidades que no diferencian la contraprestación del servicio de agua entre diferentes tipos. Por otro lado, en el caso de las entidades que diferencian demasiados tipos, el informe recomienda simplificar el número de usos para hacer que las condiciones diferenciales de uso resulten más sencillas y entendibles por el cliente. También se recomienda la implantación de indicadores de gestión que periódicamente permitan conocer la evolución del servicio con el fin de introducir todas las mejoras posibles en el mismo.

En relación a la naturaleza jurídica de los ingresos procedentes del servicio público de abastecimiento domiciliario de aguas, se recomienda que la contraprestación, cuando la gestión del servicio sea directamente por la Administración, tenga la naturaleza de tasa, mientras que si quien gestiona el servicio es una sociedad privada municipal o una empresa privada, se realice mediante contrato administrativo de gestión, dicha contraprestación se convierta en un ingreso de Derecho privado (tarifa), y por tanto, pueda ser reconducida al ámbito de los precios privados.

Otros informe españoles. La Cámara de Cuentas de Madrid

Ciclo del agua en Madrid Uno de los principales antecedentes de este trabajo fue acometido por la Cámara de Cuentas de Madrid en 2005 con el “Informe de fiscalización del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid” que intentó marcar una línea de trabajo, distinta de la tradicional fiscalización abriendo nuevos caminos, con inmensas posibilidades de actuación al control externo.El trabajo, que no ha recibido la atención merecida, no sólo utiliza criterios financieros, de costes y precios, sino que abunda en aspectos ambientales. Así, de las conclusiones generales nos gustaría destacar (3.5.2) que “En general, la calidad del agua de consumo en la Comunidad de Madrid puede considerarse como buena, situándose los valores medios dentro de los límites establecidos por la normativa aplicable”.

Asimismo, el informe calcula unas pérdidas sobre el agua suministrada de 37 litros por hab. Y día que supone el 13,3 % de la dotación total por habitante y día, que es de 279 litros.

Cámara de cuentas de Andalucía

Captura de pantalla 2014-06-19 10.31.43 La fiscalización madrileña encuentra un claro antecedente en el Informe realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, “El Suministro de Agua en Andalucía: coste y calidad del servicio. 1999-2000” que realizó un análisis económico del precio medio del agua para uso urbano así como sobre la calidad del servicio, la situación de la depuración de aguas residuales, las medidas de ahorro y propuestas alternativas que fomenten el uso eficiente del agua.

El OCEX de Andalucía aporta otro interesante Informe de Fiscalización horizontal del Medio Ambiente en determinados ayuntamientos que ha contado con dos actuaciones diferenciadas. En primer lugar, se han seleccionado de manera aleatoria los 15 ayuntamientos de tamaño medio-grande, donde se analizaron aspectos organizativos y del gasto, con el análisis de determinadas áreas directamente relacionados con el medio ambiente: residuos, ciclo del agua, contaminación atmosférica, protección ambiental, conservación de la biodiversidad, movilidad y transporte, población y territorio, energía y participación ciudadana.

Castilla y León

Agua Castilla y Leon En el Consejo de Cuentas de Castilla y León se ha acometido la fiscalización de la gestión de sistemas municipales de abastecimiento de agua potable en los Ayuntamientos de las capitales de provincia. En él se ofrece una visión general de la prestación del servicio en las grandes ciudades de la Comunidad y busca proporcionar a los Ayuntamientos un marco de referencia que les permita orientar sus decisiones a fin de lograr mejoras en la prestación del servicio.

Recuerdan los auditores que los costes del servicio deben comprender tanto los directos (incluyendo no sólo los gastos de funcionamiento sino la amortización de las inversiones realizadas) como la parte de los costes indirectos que sea atribuible al servicio. En todo caso, el establecimiento de las tarifas debe ir precedido de un estudio técnico-económico que permita determinar la totalidad de los costes del servicio, de manera que el rendimiento de las mismas no supere dichos costes.

Reflexionando sobre la rendición de cuentas

Garralda-Villasalero

La semana pasada, el Aula Magna del Campus Fábrica de Armas en Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) acogió el curso de verano “Gestión pública y responsabilidad pública en tiempos de crisis” de que fui codirector junto al vicerrector de Economía y Planificación, Manuel Villasalero, en la foto junto al Consejero del Tribunal de Cuentas de España, Ángel Algarra, en la conferencia de clausura.

El programa examinaba los principales retos de los Órganos de Control Externo del Estado español y fue inaugurado por el rector de la UCLM y catedrático de Derecho Financiero, Miguel Ángel Collado. Una Comunidad Autónoma que, precisamente consumaba esos días la supresión de la Sindicatura de Cuentas a través de su Ley 1/2014, de 24 de abril de artículo único, con 3 DT, una DD y cuatro DF. Ya hemos comentado aquí el retórico -por no llamar engañoso- debate de la duplicidad.

Llera-Arias

El Dr. Roberto Fernández Llera realizó la conferencia inaugural hablando de “Estabilidad presupuestaria, disciplina financiera y responsabilidad” realizando serias críticas sobre la estricta definición inicial del principio de responsabilidad en la LOEPySF que, sin embargo, “queda casi desmontado en una disposición transitoria (sic) dentro de la misma ley” o las “nuevas fuentes del derecho” que han aflorado con la crisis, entre otras, las reuniones bilaterales entre los gobiernos de Alemania y Francia o la famosa prima de riesgo. Eso por no hablar de la indefinida normativa española relativa a sanciones por incumplimiento, frente a la detallada normativa alemana o el dudoso papel a desempeñar por la nueva Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Olayo Glez Soler El papel de la fiscalía en el Tribunal de Cuentas fue explicado por su titular, Olayo González Soler, que hizo un repaso de las funciones del órgano. Recordemos que la organización del Tribunal de Cuentas responde a la doble naturaleza de las tareas que tiene asignadas: fiscalización y enjuiciamiento. El artículo 19 de la LOTCu establece como Órganos del Tribunal, el Presidente, elegido de entre los doce Consejeros; el Pleno, integrado por los doce Consejeros y el Fiscal; la Comisión de Gobierno; las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento; los Consejeros de Cuentas; la Fiscalía y la Secretaría General.

Además, la Ley de Funcionamiento reconoce como particularidad procesal de los procedimientos jurisdiccionales para la exigencia de la responsabilidad contable la legitimación activa del Ministerio Fiscal que se traduce en su posibilidad de formular demandas, aunque son importantes los Problemas que plantea su exigencia.

Tuvo ocasión el ponente de exponer algunos datos de la sección de enjuiciamiento que ponen de relieve los muchos casos que proceden de las fiscalizaciones de los OCEX. Por ejemplo, las Diligencias Preliminares incoadas en 2013 ascendieron a 410, de las cuales 181 procedieron de Informes de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, 128 de Informes de Fiscalización de los OCEX y el resto, 101, de comunicaciones de otras Instituciones Públicas, de Acciones Públicas y de denuncias de particulares.

Algarra-Vegas El catedrático de Derecho Procesal y Director Técnico del Departamento 2º. Sección Enjuiciamiento del TCu, Jaime Vegas Torres, realizó una presentación de las características de la responsabilidad contable delimitando sus elementos integradores, que podemos sintetizar del modo siguiente: a) Daño o perjuicio en los caudales públicos; b) que se desprenda de las cuentas que deben rendir quienes tengan a su cargo el manejo, custodia o administración de los mismos; c) infracción dolosa o con culpa o negligencia grave de las normas reguladoras del régimen presupuestario o de contabilidad; y, d) relación de causa a efecto entre la acción u omisión y el daño producido.

 De la última Memoria 2013 del Tribunal pudimos deducir que las Diligencias Preliminares incoadas ese año ascendieron a 410, de las cuales 181 procedieron de Informes de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, 128 de Informes de Fiscalización de los OCEX y el resto, 101, de comunicaciones de otras Instituciones Públicas, de Acciones Públicas y de denuncias de particulares.

En los procedimientos resueltos, se incluyen 323 Diligencias Preliminares, 329 procedimientos de primera instancia y 46 asuntos resueltos en segunda instancia en la Sala de Justicia.

 El catedrático y abogado, Nicolás González-Cuéllar Serrano analizó el proceso penal por delitos económicos, pasando revista a muchos temas de actualidad. Por su parte, la profesora de Derecho Penal UCM, Margarita Valle Mariscal de Gante, disertó sobre “Gestión pública y corrupción” desgranando las previsiones del Código Penal en relación con los delitos contra la Administración Pública (prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho).

A Lopez-M Villasalero

Rendicion por CCAA Antonio López Hernández, Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada disertó sobre Rendición de cuentas de Entidades Locales y realizó un repaso del cumplimiento de las obligaciones de rendición en las corporaciones locales, cuya síntesis por Comunidades autónomas puede verse en el cuadro adjunto. El panorama ha mejorado mucho en los últimos años. En la foto, abajo, hablando junto al vicerrector Manuel Villasalero. Destacamos las  cifras de rendición por CCAA, que se incluyen en el cuadro de la izquierda.

La conferencia de clausura corrió a cargo de Ángel Algarra Paredes Consejero del Tribunal de Cuentas de España. El tema fue la universidad pública española desde el punto de vista del control externo, de especial interés ante la inminente terminación del trabajo encargado por las Cortes Generales para llevar a cabo una fiscalización horizontal de nuestras Instituciones de Educación Superior, coordinando los OCEX españoles y similar al informe del ejercicio 2003. El Consejero Algarra presentó algunas ideas que, sin duda, estarán presentes en las conclusiones del Tribunal de Cuentas. Entre las últimos informes universitarios destaca el horizontal de Andalucía donde podemos encontrar muchas de ellas.

La Universidad es considerada, desde siempre, una Administración compleja y los auditores encuentran en ella bastantes áreas de riesgo. El Vicerrector Villasalero, nuestro anfitrión, no dejó pasar la oportunidad de recordarnos (ver foto inicial) que entre las misiones de la Universidad están la investigación científica y la creación de Empresas de Base Tecnológica, cuya puesta en práctica con frecuencia colisiona con la múltiple y restrictiva normativa que disciplinan las Administraciones. En la nota de prensa que hoy ha promovido Emilio Trigueros, Vicerrector de Economía de la Universidad Politécnica de Cartagena, encontramos algunas ideas similares.

Revista Auditoría Pública nº 62

62 auditoria publica Ya está disponible el número 62 de la revista que editan los órganos de control externo de las CCAA, correspondiente a mayo 2014. De los artículos debemos destacar el trabajo póstumo de Luciano Fariña, Conselleiro Mayor de Galicia, recientemente fallecido, que analiza la obligación de colaboración en los trabajos de fiscalización, con interesante análisis penal y jurisprudencial.

ENTREVISTA

Entrevista a Ralf Seibicke. págs 5 – 9

XVI PREMIOS AUDITORÍA PÚBLICA. págs, 10 – 12

AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

La obligación de colaborar con las Instituciones de Fiscalización y el Artículo 502.2 del Código Penal Luciano Fariña Busto, págs 13 – 34
Previsiones económicas, control externo y supervisión independiente Roberto Fernández Llera págs 34 – 44

El impacto financiero de las fiscalizaciones emprendidas por el Tribunal de Cuentas de España: limitaciones y riesgos del proceso de evaluación.  Enriqueta Chicano Jávega, Ana Cossío Capdevila, Manuel Ángel Aguilar Belda y Manuel Lagarón Comba. págs 45 – 54.

LEGALIDAD

La nulidad del convenio simulado y del negocio oculto  Alfonso Luis Blanco Higuera, págs 55 – 61

El control municipal de las concesiones administrativas: el caso de los servicios e instalaciones deportivas.  Javier Luna Quesada, págs 63 – 81

CONTABILIDAD

La Contabilidad como instrumento para rendir cuentas . Mauro Napoleón Burneo Seminario, págs 83 – 87

La consolidación en el sector público. Implicaciones en la gestión.Vicente Condor López, págs 89 – 102

NOTICIAS

Noticias págs 104 – 115