Decálogo de los errores en la contratación del Estado

CNI contratosEl titular del diario El Mundo nos sirve de introducción para comentar la reciente actividad del Tribunal de Cuentas de España, en materia de contratación pública. En concreto, el Informe de Fiscalización sobre la “contratación celebrada durante los ejercicios 2010 y 2011 por las Entidades estatales que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la consideración de Administraciones Públicas”.

Se trata de un análisis global e las deficiencias observadas en la aplicación de la LCSP, que nos permite elaborar un nuevo decálogo (no necesariamente de diez, recuerda la RAE) en la mejora continua de los procesos de contratación de las AAPP. Si usted trabaja en estos asuntos no deje de repasarlos. Para el ámbito local es magnífico el informe de la Sindicatura CLM que ya resumimos en su momento.

Se exponen a continuación las conclusiones más significativas deducidas de los resultados obtenidos en el trabajo del Tribunal.

EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS.

Primera.- Las relaciones de contratos remitidas al Tribunal de Cuentas presentan, habitualmente, significativas omisiones, así como numerosas deficiencias en su contenido, bien porque no incluyen la información establecida en la “Instrucción general relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de expedientes de contratación y de las relaciones de contratos y convenios celebrados por las entidades del Sector público estatal y autonómico”, bien porque la información es incompleta o enviada fuera de plazo.

Especialmente, son significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución de los contratos, así como sobre la finalización de los mismos.

Segunda.- Los expedientes de contratación remitidos al Tribunal de Cuentas son numéricamente inferiores a los que incluyen las relaciones de contratos y a los que han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado. Ello supone una limitación al alcance de la fiscalización, al realizarse la misma sobre un universo inferior al que correspondería si se hubiera dispuesto de la totalidad de los expedientes a remitir.

Contratación 2010 y 2011 de las Entidades estatales que tienen la consideración de Administraciones Públicas 285

EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Primera.- La inclusión en los pliegos de prescripciones técnicas de declaraciones o cláusulas que deberían figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, conforme a lo establecido en los artículos 67.2 y 68.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Segunda.- La omisión en los Pliegos de:

1. La preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas […]

Decálogo para la mejora de la contratación local

Las medidas que propone la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha para la mejora de la actividad contractual del Sector Público Local, en su último informe correspondiente al ejercicio 2011, nos permiten establecer un recetario sintético y mínimo de las líneas de actuación a tener en cuenta en la contratación municipal. sirva de modesto homenaje a la Institución que dirige Miguel Angel Cabezas (en la foto adjunta) en el momento que acabamos de conocer la decisión de suprimir de la Sindicatura. Unas sencillas reglas que nos sirven de recordatorio sobre las principales -y frecuentes- debilidades de la contratación local, incluidas en el capítulo de recomendaciones, en la página 37, que son las siguientes: 

El caso de los expertos inconcretos

El artículo 150.2 del TRLCSP, relativo a los criterios de valoración de las ofertas, establece que si una licitación – procedimiento abierto o restringido- atribuye a los criterios automáticos – evaluables por aplicación de fórmulas- una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios no automáticos -cuya cuantificación dependa de un juicio de valor- deberá constituirse un comité formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada. A ese Comité de Expertos, que contará con un mínimo de tres miembros, corresponde realizar la evaluación de las ofertas conforme a esos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos. Además, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios automáticos se realizará “tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello”.  Por último, el propio epígrafe 4 del citado art. 150 especifica que cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos. Por su parte, el capítulo IV del Real Decreto 817/2009, de desarrollo de la LCSP, concreta la aplicación de criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor y determina (artículo 27) que la apertura de los sobres con la documentación relativa a criterios de juicio de valor, se llevará a cabo en un acto de carácter público y, en ese acto, “sólo se abrirá el sobre correspondiente a los criterios no cuantificables automáticamente entregándose al órgano encargado de su valoración la documentación contenida en el mismo; asimismo, se dejará constancia documental de todo lo actuado”. A pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de las anteriores –y lógicas- previsiones normativas, no es infrecuente el error o la omisión de algunos de los elementales trámites allí enunciados. Como ejemplo, traemos hay a la bitácora, la Resolución nº207/2013 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), de 5 de junio de 2013, contra la adjudicación del contrato de servicios de limpieza en las dependencias de la sede del Instituto Cervantes en Madrid.

Las bajadas anormales o desproporcionadas

Acaba de hacerse pública la Memoria de actividades del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, TACPA. El órgano, presidido por el catedrático de derecho administrativo José María Gimeno Feliú, fue creado mediante Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. Está en su segundo año de funcionamiento y ya ha sido objeto de muchas alabanzas. La principal función de este Tribunal es la de asegurar que, en la preparación y adjudicación de los contratos del sector público en Aragón, se aplican correctamente las normas y principios que los disciplinan. Y hacerlo en plazos breves que interfieran lo mínimo imprescindible en el proceso de contratación, permitan resolver adecuadamente las cuestiones planteadas, y oír en el procedimiento a todos los interesados, tanto particulares como órganos de contratación. La memoria presentada la semana pasada comprende el periodo de marzo de 2012 a febrero de 2013 y tiene por objeto, no sólo ofrecer una visión estadística de la actuación del Tribunal durante este periodo en el ejercicio de sus competencias, sino también —como ya se hiciera en la primera Memoria—, dar cuenta de la principal doctrina fijada, tanto respecto de materias de fondo como procedimentales, con el objetivo de que se puedan corregir ex ante prácticas contrarias al marco normativo. De la variada doctrina que el tribunal menciona en su segunda memoria (la indebida configuración de los modificados, recursos contra modificaciones ilegales, valoración de la solvencia, la denominada “marca blanca”, el principio de no ir contra propios actos, etc.) queremos destacar hoy, en nuestra bitácora, el relativo a la problemática de las bajas anormales o desproporcionadas mencionado en la página 45.

Recetario breve de las deficiencias en la contratación estatal

El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado, en sesión de 20 de diciembre de 2012, el Informe de Fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2009 por las Entidades estatales que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la consideración de Administraciones Públicas. El tribunal analiza la actividad contractual del sector público estatal, examinando los contratos adjudicados por los órganos de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entidades sujetas a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). La fiscalización no incluye los subsectores públicos autonómico y local, que forman parte del Informe anual que sobre la actividad económico-financiera desarrollada por ambos subsectores elabora regularmente el Tribunal de Cuentas, y la de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, que es objeto de fiscalización separada, por acuerdo de su Pleno. 

El caso de las mejoras manifiestamente mejorables

 Algunos informes del Tribunal de Cuentas de España presentan interesante doctrina sobre aspectos relevantes de la gestión pública, más que una censura individual de la institución objeto de fiscalización. Una lectura recomendada para los lluviosos sábados asturianos. Es el caso del Informe de Fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2008 por las Entidades del Sector Público Estatal sometidas a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado el 31 de mayo pasado y que resume las incidencias detectadas en los 3.104 expedientes que se remitieron durante el ejercicio al Tribunal. Con frecuencia encontramos en estos informes referencias a la vinculación del criterio al objeto del contrato o su valoración objetiva. En el hoy analizado nos topamos con otro de los “amigos habituales” de la gestión de la contratación: las mejoras. 

El caso de la notificación escasa

Hoy traemos a la bitácora una resolución que recuerda a los poderes adjudicadores la necesidad de notificar la motivación de las adjudicaciones de los contratos públicos, suministrando a los candidatos descartados información suficiente sobre cuáles fueron las razones determinantes, a fin de que el interesado pueda contradecir sus argumentos. Y hay que hacerlo aunque la presencia del recurrente en el acto público de apertura de proposiciones económicas determine la posibilidad de conocimiento de las puntuaciones concretas se obtienen por aplicación de una simple operación matemática.