Decálogo de los errores en la contratación del Estado

CNI contratosEl titular del diario El Mundo nos sirve de introducción para comentar la reciente actividad del Tribunal de Cuentas de España, en materia de contratación pública. En concreto, el Informe de Fiscalización sobre la “contratación celebrada durante los ejercicios 2010 y 2011 por las Entidades estatales que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la consideración de Administraciones Públicas”.

Se trata de un análisis global e las deficiencias observadas en la aplicación de la LCSP, que nos permite elaborar un nuevo decálogo (no necesariamente de diez, recuerda la RAE) en la mejora continua de los procesos de contratación de las AAPP. Si usted trabaja en estos asuntos no deje de repasarlos. Para el ámbito local es magnífico el informe de la Sindicatura CLM que ya resumimos en su momento.

Se exponen a continuación las conclusiones más significativas deducidas de los resultados obtenidos en el trabajo del Tribunal.

EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS.

Primera.- Las relaciones de contratos remitidas al Tribunal de Cuentas presentan, habitualmente, significativas omisiones, así como numerosas deficiencias en su contenido, bien porque no incluyen la información establecida en la “Instrucción general relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de expedientes de contratación y de las relaciones de contratos y convenios celebrados por las entidades del Sector público estatal y autonómico”, bien porque la información es incompleta o enviada fuera de plazo.

Especialmente, son significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución de los contratos, así como sobre la finalización de los mismos.

Segunda.- Los expedientes de contratación remitidos al Tribunal de Cuentas son numéricamente inferiores a los que incluyen las relaciones de contratos y a los que han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado. Ello supone una limitación al alcance de la fiscalización, al realizarse la misma sobre un universo inferior al que correspondería si se hubiera dispuesto de la totalidad de los expedientes a remitir.

Contratación 2010 y 2011 de las Entidades estatales que tienen la consideración de Administraciones Públicas 285

EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Primera.- La inclusión en los pliegos de prescripciones técnicas de declaraciones o cláusulas que deberían figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, conforme a lo establecido en los artículos 67.2 y 68.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Segunda.- La omisión en los Pliegos de:

1. La preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, incluyan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas (artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

2. Declaraciones sobre el modo concreto en que el órgano de contratación supervisará la actuación del contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato (artículo 94 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

3. El sistema de determinación del precio, sin que tal mención pueda ser sustituida por una mera explicación de la forma en que ha sido calculado el presupuesto de licitación.

Tercera.- La concreción de los criterios objetivos de adjudicación presenta numerosas deficiencias, destacando su falta de precisión, tanto en su contenido como en las fórmulas o métodos de valoración. En este sentido algunos pliegos prevén, entre estos criterios, las “mejoras” presentadas por los licitadores, sin precisar su contenido y en q ué condiciones queda autorizada su presentación.

Cuarta.- Se valoran, como criterios de adjudicación, factores o requisitos de solvencia técnica, cuando dichos elementos deben valorarse en la fase previa de admisión a la licitación, de acuerdo con los artículos 65 y siguientes de la LCSP.

Quinta.- La no inclusión, en los contratos adjudicados mediante el procedimiento negociado sin publicidad de los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas, como requiere el artículo 160 de la Ley de Contratos del Sector Público y en numerosos casos las Entidades no han negociado con las empresas invitadas, limitándose a evaluarlas, a través del correspondiente informe técnico de valoración, infringiendo el artículo 162 de la Ley de Contratos del sector Público.

Sexta.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares exigieron, como medio acreditativo de la solvencia técnica, económica y financiera de los licitadores, el estar en posesión de una determinada clasificación. Sin embargo, en un número significativo de expedientes, no concretaron los medios de acreditación de la solvencia para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, dado que a éstas no les resultaba exigible aportar clasificación, de acuerdo con el artículo 55 de la LCSP.

Séptima.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares o de prescripciones técnicas, según los casos, de diversos expedientes fiscalizados, mantenían la sistemática anterior a la LCSP de distinguir entre oferta económica y oferta técnica, sin hacer la legalmente exigible diferenciación entre criterios de adjudicación susceptibles de ser valorados mediante la aplicación de fórmulas, y criterios de valoración de ofertas dependientes de un juicio de valor. Consecuentemente, en los criterios de adjudicación se mezclaban los criterios de valoración objetiva con los de valoración subjetiva, originando confusión a l os licitadores y restando transparencia al procedimiento de valoración de ofertas y de adjudicación del contrato.

Octava.- La justificación del trámite de urgencia, exigida por el artículo 96 de la LCSP, no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia.

Novena.- La improcedencia de la revisión de precios, sin que conste en el expediente una resolución motivada del órgano de contratación en la que haga constar las razones de tal decisión, como requiere el artículo 77.2 de la LCSP.

EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN LAS FASES DE PREPARACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

Primera.- Las memorias justificativas de un número significativo de expedientes, no acreditaron suficientemente la necesidad de la operación objeto de contratación. A este respecto, los informes elaborados con el fin de justificar la insuficiencia de medios personales y materiales se limitaban a señalar que las Entidades contratantes no disponían de los medios suficientes para cubrir las necesidades que se pretendían satisfacer por medio del contrato a celebrar, sin que en ellos se acreditara debidamente aquella insuficiencia.

Segunda.- Los informes sobre la insuficiencia de medios personales y materiales se limitan a señalar que las Entidades no disponen de medios suficientes para cubrir las necesidades que se tratan de satisfacer a través del contrato, sin que en el los se justifique debidamente dicha insuficiencia.

Tercera.- No consta, en determinados supuestos, la constitución de un comité de expertos, como exige el art. 134.2 de la LCSP, para la valoración de criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

Cuarta.- En las respectivas actas de l as mesas de contratación, de ciertos expedientes, no constaba que hubiera sido respetado el orden legal de apertura de los sobres conteniendo las ofertas de los licitadores. Así, de la documentación que formaba parte de los diferentes expedientes se desprendía, en un número relevante de casos, que tan solo los sobres conteniendo la oferta económica fueron objeto de apertura en sesión pública.

Quinta.- En determinados expedientes, no han sido objeto de valoración sucesiva y separada los elementos de la oferta valorables mediante juicios de valor y los susceptibles de la aplicación de fórmulas.

Sexta.- La carencia de los documentos acreditativos de la publicación en el BOE y/o en el DOUE de la adjudicación de contratos, en los casos en que dicha publicidad resulta preceptiva (artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector Público).

Séptima.- Las garantías no se constituyen a favor del órgano de contratación (como señala el artículo 83 de l a Ley de Contratos del Sector Público). De otro lado, las garantías definitivas se constituyen a favor de la propia Entidad en lugar de realizarse a favor del órgano de contratación, como requiere el artículo 65.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos las Administraciones Públicas.

Octava.- La omisión, en el documento de formalización del contrato, de alguno de los requisitos y obligaciones establecidos por el artículo 71 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Novena.- Se produjeron algunos posibles supuestos de fraccionamiento contractual prohibido por el artículo 74.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, ya que, con el fraccionamiento del objeto de los contratos y la consiguiente disminución de su importe, se eludió la publicidad en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria de la licitación, que, según dispone el artículo el 126.1, en relación con el 161.2, ambos de la Ley de Contratos del Sector Público, resulta obligatoria en los contratos de servicios -como los fiscalizados-cuyo valor estimado sea superior a 60.000 euros (IVA excluido), importe que habría resultado superado, en alguno de los casos mencionados, si se hubiera realizado la tramitación conjunta de los contratos, así como superior a la cuantía de 100.000 euros (IVA excluido), que exige publicar la adjudicación de los contratos en el Boletín Oficial del Estado (artículo 138.2 de la Ley de Contratos del Sector Público), requisitos que fueron eludidos en ambos casos.

EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y DE LAS INCIDENCIAS PRODUCIDAS

Primera.- En algunos supuestos, no consta la realización total del contrato a satisfacción de la Administración ni las actas formales de recepción del objeto de los contratos que, a veces se sustituyen por recepciones parciales o provisionales.

Segunda.- Los expedientes de contratación de obras reflejan la excesiva frecuencia con la que, en este tipo de contratos, se producen incidencias durante su ejecución que conllevan incrementos de costes y de plazos de ejecución y que, en muchas ocasiones, pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales, que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas (artículo 202.1 de la Ley de Contratos del Sector Público).

Tercera.- Las entidades fiscalizadas han cumplido adecuadamente lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece la obligación de abonar el precio del contrato dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del objeto del contrato.

Cuarta.- No se ha constatado, en algunos supuestos que han conllevado la formalización de prórroga, la existencia del informe justificativo de la necesidad de seguir contratando la prestación objeto del servicio.

Quinta.- Se ha constatado, en algún caso, la realización por parte de la Entidad contratante de pagos en concepto de trabajos preparatorios. Sin embargo, no se trató de cantidades abonadas para la realización de este tipo de trabajos, puesto que ni se justificó la necesidad de los mismos ni se especificó, bien en el contrato o bien en la correspondiente factura, el contenido o entidad de aquellos, consistiendo, más bien, en pagos efectuados de manera anticipada.

Decálogo para la mejora de la contratación local

MiguelAngelCabezasDeHerrera2011IntLas medidas que propone la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha para la mejora de la actividad contractual del Sector Público Local, en su último informe correspondiente al ejercicio 2011, nos permiten establecer un recetario sintético y mínimo de las líneas de actuación a tener en cuenta en la contratación municipal. sirva de modesto homenaje a la Institución que dirige Miguel Angel Cabezas (en la foto adjunta) en el momento que acabamos de conocer la decisión de suprimir de la Sindicatura. Unas sencillas reglas que nos sirven de recordatorio sobre las principales -y frecuentes- debilidades de la contratación local, incluidas en el capítulo de recomendaciones, en la página 37, que son las siguientes:  Continue reading Decálogo para la mejora de la contratación local

El caso de los expertos inconcretos

Inconcreto

El artículo 150.2 del TRLCSP, relativo a los criterios de valoración de las ofertas, establece que si una licitación – procedimiento abierto o restringido- atribuye a los criterios automáticos – evaluables por aplicación de fórmulas- una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios no automáticos -cuya cuantificación dependa de un juicio de valor- deberá constituirse un comité formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada. A ese Comité de Expertos, que contará con un mínimo de tres miembros, corresponde realizar la evaluación de las ofertas conforme a esos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos.

Además, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios automáticos se realizará “tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello”.  Por último, el propio epígrafe 4 del citado art. 150 especifica que cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos.

Por su parte, el capítulo IV del Real Decreto 817/2009, de desarrollo de la LCSP, concreta la aplicación de criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor y determina (artículo 27) que la apertura de los sobres con la documentación relativa a criterios de juicio de valor, se llevará a cabo en un acto de carácter público y, en ese acto, “sólo se abrirá el sobre correspondiente a los criterios no cuantificables automáticamente entregándose al órgano encargado de su valoración la documentación contenida en el mismo; asimismo, se dejará constancia documental de todo lo actuado”.

A pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de las anteriores –y lógicas- previsiones normativas, no es infrecuente el error o la omisión de algunos de los elementales trámites allí enunciados. Como ejemplo, traemos hay a la bitácora, la Resolución nº207/2013 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), de 5 de junio de 2013, contra la adjudicación del contrato de servicios de limpieza en las dependencias de la sede del Instituto Cervantes en Madrid. Continue reading El caso de los expertos inconcretos

Las bajadas anormales o desproporcionadas

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Acaba de hacerse pública la Memoria de actividades del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, TACPA. El órgano, presidido por el catedrático de derecho administrativo José María Gimeno Feliú, fue creado mediante Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. Está en su segundo año de funcionamiento y ya ha sido objeto de muchas alabanzas.

La principal función de este Tribunal es la de asegurar que, en la preparación y adjudicación de los contratos del sector público en Aragón, se aplican correctamente las normas y principios que los disciplinan. Y hacerlo en plazos breves que interfieran lo mínimo imprescindible en el proceso de contratación, permitan resolver adecuadamente las cuestiones planteadas, y oír en el procedimiento a todos los interesados, tanto particulares como órganos de contratación.

La memoria presentada la semana pasada comprende el periodo de marzo de 2012 a febrero de 2013 y tiene por objeto, no sólo ofrecer una visión estadística de la actuación del Tribunal durante este periodo en el ejercicio de sus competencias, sino también —como ya se hiciera en la primera Memoria—, dar cuenta de la principal doctrina fijada, tanto respecto de materias de fondo como procedimentales, con el objetivo de que se puedan corregir ex ante prácticas contrarias al marco normativo.

De la variada doctrina que el tribunal menciona en su segunda memoria (la indebida configuración de los modificados, recursos contra modificaciones ilegales, valoración de la solvencia, la denominada “marca blanca”, el principio de no ir contra propios actos, etc.) queremos destacar hoy, en nuestra bitácora, el relativo a la problemática de las bajas anormales o desproporcionadas mencionado en la página 45.

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Recetario breve de las deficiencias en la contratación estatal

LogoTcuEl pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado, en sesión de 20 de diciembre de 2012, el Informe de Fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2009 por las Entidades estatales que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la consideración de Administraciones Públicas.

El tribunal analiza la actividad contractual del sector público estatal, examinando los contratos adjudicados por los órganos de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entidades sujetas a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). La fiscalización no incluye los subsectores públicos autonómico y local, que forman parte del Informe anual que sobre la actividad económico-financiera desarrollada por ambos subsectores elabora regularmente el Tribunal de Cuentas, y la de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, que es objeto de fiscalización separada, por acuerdo de su Pleno.  Continue reading Recetario breve de las deficiencias en la contratación estatal

El caso de las mejoras manifiestamente mejorables

 Algunos informes del Tribunal de Cuentas de España presentan interesante doctrina sobre aspectos relevantes de la gestión pública, más que una censura individual de la institución objeto de fiscalización. Una lectura recomendada para los lluviosos sábados asturianos. Es el caso del Informe de Fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2008 por las Entidades del Sector Público Estatal sometidas a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado el 31 de mayo pasado y que resume las incidencias detectadas en los 3.104 expedientes que se remitieron durante el ejercicio al Tribunal.

Con frecuencia encontramos en estos informes referencias a la vinculación del criterio al objeto del contrato o su valoración objetiva. En el hoy analizado nos topamos con otro de los “amigos habituales” de la gestión de la contratación: las mejoras.  Continue reading El caso de las mejoras manifiestamente mejorables

El caso de la notificación escasa

Hoy traemos a la bitácora una resolución que recuerda a los poderes adjudicadores la necesidad de notificar la motivación de las adjudicaciones de los contratos públicos, suministrando a los candidatos descartados información suficiente sobre cuáles fueron las razones determinantes, a fin de que el interesado pueda contradecir sus argumentos. Y hay que hacerlo aunque la presencia del recurrente en el acto público de apertura de proposiciones económicas determine la posibilidad de conocimiento de las puntuaciones concretas se obtienen por aplicación de una simple operación matemática.  Continue reading El caso de la notificación escasa

El caso del sobre equivocado

Durante una reciente licitación para el suministro de mobiliario de oficina con destino a la Diputación Provincial de Zaragoza, la Mesa de Contratación debió hacer frente a una incidencia inesperada. Un licitador confundió el contenido de los sobres de documentación administrativa en que se presentaba la justificación documental del proceso: un sobre para los criterios automáticos y otro sobre para los no automáticos. Una situación no tan infrecuente, que la Mesa debe calificar para determinar la admisión o no de tal oferta.

Por error, el empresario había incluido los certificados de calidad y medioambientales, en el denominado Sobre nº2 («documentación alusiva a criterios de adjudicación no obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas») cuando debió incluirlo en el Sobre nº3 («proposición económica y documentación alusiva a criterios de adjudicación obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas») cuyo contenido, a su vez, fue incluido en el Sobre nº2.

La mesa determinó la exclusión del licitador ¿Hicieron bien?  Continue reading El caso del sobre equivocado