El caso del investigador a dieta

Rey-o-peon Hoy traemos a la bitácora la Sentencia de primera instancia, 13/2013 de 4 de noviembre pasado, dictada por la Consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, por la que se obliga a un profesor universitario al reintegro de determinados gastos –viajes, dietas, comidas y otros- de un proyecto de investigación que dirigía. No es el primer caso ni será el último, pues la normativa permite a nuestros investigadores –con bastante libertad-  promover contratos con personas o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico. Muchos se quejan de la pesada carga burocrática que soportan, mientras que los auditores son bastante críticos con la gestión de la investigación, no solo universitaria. La realidad es que gracias a la I+D+i se logran importantes fondos, imprescindibles en los tiempos que corren.

La Sentencia, recurrida ante la Sala de Justicia -por lo tanto, no es firme- analiza el contenido de dos contratos de investigación, suscritos al amparo del artículo 83 LOU por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y con el mismo Investigador Principal al frente. Uno formalizado con la Diputación Foral de Gipuzkoa para el “Estudio del impacto de la calidad del aire que supondrá la instalación de una incineradora en Donostia-San Sebastián” por importe de 164.321 € más IVA y una duración de dieciséis semanas. Otro con Endesa Servicios para la realización de tres estudios de impacto en la calidad del aire correspondientes a las centrales de ciclo combinado, por 133.720 € más IVA con un periodo de duración de doce semanas.

El Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre la actividad económico-financiera de la UPM y sus entidades dependientes puso de manifiesto determinadas irregularidades en dichos Proyectos de Investigación. En consecuencia, la UPM acordó, el 17 de noviembre de 2011, incoarle un expediente de responsabilidad patrimonial con objeto de determinar el importe de los perjuicios sufridos en sus fondos públicos, “como consecuencia de haberse imputado a los mismos gastos que no guardaban relación con los proyectos”.

Señalaba el expediente rectoral el criterio temporal (por ser gastos realizados en su inmensa mayoría una vez finalizado el proyecto) y la naturaleza propia de los gastos, que no guardaban relación con el proyecto. En efecto, los gastos respecto a los cuales la UPM aprecia la existencia de perjuicio se refieren, fundamentalmente, a gastos en bienes de consumo ordinario (comidas, cenas, bebidas, gastos de reparación de vehículo, artículos de perfumería y cosmética, etc.). En las Memorias de Distribución de Recursos de los contratos celebrados no se contiene ningún concepto destinado a satisfacer gastos de tal naturaleza (sí figuraban, sin asignación de importe […]

El extraordinario caso de los relojes reparados

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de España, en sentencia 10/2013 de doce de marzo de dos mil trece, debió pronunciarse sobre los regalos entregados por una corporación municipal a los funcionarios que cumplen 25 años de servicio. El asunto comenzó mal para la concejala y la interventora. La Autoridad local condenada, en primera instancia, al reintegro de los pagos indebidos y la funcionaria consideada responsable contable subsidiaria. La Sala de justicia acepta la apelación y revoca la condena. 

El caso del Alcalde vespertino

Había una vez un alcalde que desempeñaba su cargo sin asignación económica por parte de la corporación municipal, pues era funcionario de Correos, donde trabajaba por las mañanas. La mayoría de las tardes -y en su propio vehículo- acudía al Consistorio, distante algunos kilómetros de su puesto de trabajo. El ayuntamiento le abonaba 0.19 € por Km, con arreglo a lo regulado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio y de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto. Así, vino cobrando -durante tres años- una cantidad variable, en concepto de “Dietas y Locomoción” en función de los viajes que hacía entre la oficina de correos y su despacho de la Alcaldía. En total unos cinco mil euros durante su mandato. Fruto de una acción pública, la Consejera de Cuentas debió tomar cartas en el asunto y sentenció que esos pagos eran indebidos y le condenó a su reintegro a las arcas municipales. Como el cartero , siempre llama dos veces, instó la apelación y la Sala de Justicia estimó el recurso del Alcalde y entendió que no había tal responsabilidad contable por alcance de los fondos públicos ¿Porqué? Lo vemos a continuación. 

El caso del aguinaldo transparente

Hoy traemos a la bitácora la Sentencia 13/2012 del Tribunal de Cuentas (Sala de justicia) de 19 de julio de 2012, que analiza algunos supuestos controvertidos de gastos municipales. Se trata de gastos detectados por la Audiencia de Cuentas de Canarias que presentaban indicios de responsabilidad contable en asistencias a comisiones y la cena de navidad. Sin que sirva de precedente -aunque si de aviso a navegantes- la cosa termina bien en la segunda instancia. Hacemos en esta entrada una reseña de la sentencia, en lo que afecta a los gastos protocolarios, un terreno siempre resbaladizo para los gestores públicos.

Interventores y Auditores del Estado, nº 5

 Ya tenemos disponible en descarga libre el número 5 de la revista de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado. Se trata del ejemplar correspondiente al primer semestre del año 2012 que desarrolla cuatro artículos de relevancia para el ejercicio profesional de los asociados. Por una parte, Luis Carlos Sánchez analiza la Contabilización de subvenciones para proyectos de ejecución plurianual. Juan José Herrera Campa reflexiona sobre los gastos de representación, presentando la doctrina de la IGAE y del Tribunal de Cuentas de España. Pedro Bernabé Portilla  estudia la Problemática de régimen jurídico de la contratación del sector público empresarial. El número concluye con un análisis del nuevo marco normativo de la actividad de auditoría de cuentas en el ámbito mercantil.

El caso del viajero inmotivado

Muchas autoridades públicas disfrutan de una partida presupuestaria destinada a sufragar los gastos de viaje, protocolarios y representativos llevados a cabo en el ejercicio del cargo. Se trata de un terreno donde existe un alto grado de discrecionalidad con riesgos para los gestores púbicos que no cuidan suficientemente su justificación documental. Además, cuando los gastos se llevan a cabo por la máxima autoridad administrativa y, por tanto coincide quien autoriza y ejecuta el gasto, la justificación no está exenta de la necesaria motivación. Justificación formal e interés público El Tribunal de Cuentas ha venido recordando, a través de su Sección de Enjuiciamiento, que la justificación de los gastos públicos ha de concebirse como un todo, en el que es igual de relevante la necesidad de acreditar que dicho gasto se efectuó en la persecución de un interés público, como la justificación formal del mismo. 

El caso de la esquela protocolaria

Leamos la siguiente esquela: “A. S. A. Ha fallecido en …, a los 78 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. Sus desconsolados: esposa, doña Juana C.; sus hijos, don Antonio (Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta) y doña Mª Carmen; sus nietos, Ana y Marc; y demás familia ruegan una oración por su alma. El sepelio se celebrará hoy, día 24 de agosto, a las 12 horas en la iglesia de …”. ¿Debe considerarse su importe como un gasto institucional?