Cuenta General del Estado, 2007

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en su sesión de 26 de noviembre de 2009 la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2007, integrada por la Cuenta General del Sector público administrativo, la Cuenta General del Sector público empresarial y la Cuenta General del Sector público fundacional. El texto manifiesta que tal cuenta “está afectada, en sus aspectos de regularidad formal y representatividad, por las limitaciones y salvedades que de modo sucinto se exponen a continuación y que figuran desarrolladas en los sucesivos epígrafes de este Informe”. Presentamos a continuación un resumen del citado informe. [...]

La segunda fuga del derecho público

Gracias a Javier Pinazo conozco la existencia del libro ‘Fundaciones y Administración pública’, de María Teresa Carballeira Rivera (ver datos e índice). La autora, profesora de la Universidad de Santiago, nos recuerda en esta entrevista que las fundaciones públicas nacieron como forma de captación de recursos privados y de agilizar la gestión pública, pero en realidad sólo sirvieron como una “huida de todo control en contratación o reclutamiento de personal”. [...]

Asalto al tren del dinero

Hoy traemos a la bitácora la Sentencia del Tribunal de Cuentas de España, 13/2009, de 29 de junio pasado. Una extensa fundamentación que puede descargarse del portal www.tcu.es en dos partes: (primera) y (segunda). En ella se condenó a Enric Roig y Antonio Herce, ambos presidentes de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat pues promovieron, a espaldas del consejo de administración, un plan de pensiones para ellos mismos y otros miembros del comité de dirección de la empresa por un importe de 2.631.843,75 euros. [...]

Gatillazos en la concesión de obra pública

Se pregunta el diario Expansión:  ¿cómo hacer para que las obras no computen en déficit? Y se responde “Si un proyecto tiene suficiente riesgo transferido se considera que no es una obra de la Administración; y si no lo tiene, Bruselas opina que es un pago sin riesgo para la empresa, y eso computa como déficit”. Veamos qué quiere decir. [...]

Entes Instrumentales y opinión de auditoría

El creciente desarrollo del sector público instrumental es un hecho incontestable, tanto en la Administración del Estado, como en la autonómica y local. Son Entidades con personalidad jurídica propia que suelen tener encomendadas funciones o tareas de esa Administración Pública.

Se trata de un fenómeno de diversificación estructural (por lo general, a través de la forma mercantil o fundacional) caracterizado, en la práctica, por la gran variedad de sus fines y sectores de actividad. La doctrina más prudente suele criticar su uso exagerado y desordenado, así como la ruptura que suponen en los tradicionales esquemas conceptuales para distinguir lo público de lo privado.

El reciente informe del Consello de Contas ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta conocida “huída del derecho administrativo” en la Comunidad Autónoma de Galicia, con frecuencia denominados chiringuitos por su opacidad.

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La responsabilidad de los gestores públicos

La responsabilidad contable es enjuiciada, de manera exclusiva, por el Tribunal de Cuentas de España (TCu). Supone uno de los conceptos fundamentales en la construcción de nuestro sector público, que debemos conocer todos los empleados públicos.

Por eso, hay que saludar la publicación de  un nuevo libro “La responsabilidad contable de los gestores públicos y de los perceptores de subvenciones en la jurisprudencia“ (Editorial Reus, 2009. 336 páginas y 29 euros) que presenta de manera práctica sus elementos, con abundante jurisprudencia.

Su autor, Luis Vacas García-Alós, es Magistrado de lo Contencioso-Administrativo y Doctor en Derecho. Ha sido Director de la Sección de Enjuiciamiento del TCu, durante diez años. Como gran experto en la materia, analiza los diferentes aspectos constitucionales y legales de la responsabilidad contable en que pueden incurrir los gestores de fondos públicos y los perceptores de ayudas y subvenciones públicas.

Se trata de un asunto complejo. Hemos tratado algunas de sus aristas en la bitácora, analizando sus principales características en otra entrada.

Es difícil estar al día de las distintas y significativas innovaciones de los tribunales. Al respecto, una buena práctica es leer la memoria del Tribunal de Cuentas, que de manera muy pedagógica (en esta parte) expone las principales novedades de la Sección de Enjuiciamiento, a partir de la página 87. Si gestionas caudales públicos te recomiendo que el lunes (¡en horas de oficina!) le eches un vistazo.

En este sentido, podemos hacer referencia a las Sentencias TCu 4/08, de 1 de abril, 15/08, de 1 de diciembre y 18/08, de 3 de diciembre, en cuanto reconocen la condición de gestores de fondos públicos a los miembros del Consejo de Administración de una sociedad mercantil pública y analizan la responsabilidad contable de éstos cuando tienen delegadas sus funciones en un Gerente. Mirad lo que dice: [...]

Rendición de cuentas y dominio efectivo

Me suele decir Enrique López que, rendir cuentas implica la obligación de responder a preguntas incómodas. Del mismo modo, exigir cuentas da la oportunidad de hacer algunas preguntas incómodas.

En efecto, la rendición de cuentas supone el derecho a recibir información y la obligación de divulgar todos los datos necesarios. No siempre conlleva realizar una auditoría. Se llama transparencia: iluminar la caja negra de la “res pública”.

Sin embargo, hay toda una zona gris dentro del sector público en sentido amplio, que queda al margen de la rendición de cuentas. Me refiero a algunas Entidades dependientes o vinculadas (directa o indirectamente) a las Administraciones públicas. En alguna ocasión hemos bromeado asignándoles en apelativo cariñoso de “sospechosos habituales”.

Dominio efectivo

Una visión estricta y leguleya de la dependencia y del perímetro público reduciría los entes dependientes a aquellos en los que la Administración ejerce una posición dominante, entendida ésta como la participación en más del 50 % en el capital o dotación fundacional. El SEC’95, a través de la legislación de estabilidad presupuestaria, abrió toda una autopista que ha venido resolviendo muchas lagunas, proporcionando orientación para detectar, entre otros, el endeudamiento computable. [...]

Transparencia de sociedades y fundaciones estatales

El artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria prescribe que las sociedades y fundaciones estatales sometidas a los principios y normas de contabilidad recogidos en el correspondiente Plan General de Contabilidad privada presentarán, junto con las cuentas anuales, “un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen dichas entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público”.

Se trataba de dar cumplimiento a los principios de transparencia en la gestión proporcionando la información necesaria en materia, no sólo financiera, sino de gestión de personal o de la contratación pública. [...]

Cuenta General del Estado, 2006

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión de 27 de noviembre de 2008, ha aprobado Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2006 y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, dando traslado de la Declaración al Gobierno.

El texto dictado por el tribunal se resume en el primer párrafo del Informe:

Teniendo en cuenta el resultado obtenido en el examen realizado de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y disposiciones concordantes, el Pleno del Tribunal de Cuentas, oído el Ministerio Fiscal, DECLARA que la representatividad de la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2006 está afectada por las limitaciones y salvedades que de modo sucinto se exponen a continuación y que aparecen desarrolladas en los sucesivos epígrafes de este Informe, referidas tanto a la elaboración y rendición de la Cuenta como a los resultados presupuestarios y económico-patrimoniales y a la situación financiera y patrimonial del Sector público estatal. [...]

Huyeron del derecho administrativo, no de la justicia penal

La prensa de hoy se hace eco de la sentencia, de 122 folios, que condena por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, a penas de entre 6 años y 10 meses y 9 años de prisión al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y al asesor jurídico y al contable de la  ingeniería financiera del “caso Saqueo”, que dio lugar al desvío de fondos del consistorio entre 1991 y 1995. Los tres deberán indemnizar además al Ayuntamiento con casi 23 millones de euros por los perjuicios causados.

El Tribunal considera probado que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL), el ex alcalde es aconsejado por el asesor jurídico, quien concibe la idea de crear varias empresas sujetas a la legislación mercantil “bajo el aparente designio de que la gestión de los servicios municipales sería más ágil y eficaz“.  [...]

Radiografía de las cuentas locales

El pleno del Tribunal de Cuentas de España ha aprobado, en su sesión de 25 de septiembre de 2008, el Informe de Fiscalización de los Sectores Públicos Autonómico y Local, ejercicio 2003, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales.

Se trata de uno de los informes que, en cada ejercicio, realiza el Tribunal de Cuentas con carácter global sobre los sectores públicos autonómico y local, con fundamento en el artículo 136 de la Constitución española.

El trabajo parte del contenido de las Cuentas Generales y del grado de cumplimiento, tanto de la obligación de rendir las cuentas anuales, como de remitir en el plazo establecido la documentación relativa a los contratos.

Presentamos a continuación resumen de la parte correspondiente al sector local. Una síntesis de las liquidaciones correspondientes a 13.003 Entidades locales y 2.909 Entes dependientes de las mismas, constituidos por los Organismos autónomos y Sociedades mercantiles en cuyo capital tengan participación total o mayoritaria aquéllas. [...]

La Expo cumple las expectativas

La noticia que nos sirve hoy de comentario está en la portada de El Periódico correspondiente al 18 de julio pasado, aunque no debería ser un suceso tan extraordinario. Nadie titularía con esas grandes letras “un niño no muerde al perro”. Pero la realidad es que la experiencia en grandes fastos hispanos nos tiene acostumbrados a ciertas alegrías presupuestarias.

En efecto, la anterior Exposición, en este caso Universal, celebrada en Sevilla el año 1992, dejó un cierto resquemor tras la fiscalización de su gestión por el Tribunal de Cuentas de España. Duras reprimendas en la gestión de personal, en los gastos de representación, en la gestión de la publicidad institucional, en la contratación de los servicios, algunos de alto riesgo de auditoría, como los espectáculos musicales, sin licitación posible.

Las debilidades de control interno en aquella EXPO’92 fueron de tal calibre que el Tribunal afirmó en la página 50 del informe citado:  “La gestión presupuestaria no se realizó conforme a las normas que la regula”, recomendando a la Comisión liquidadora del Consorcio creado al efecto (y objeto de esa fiscalización) que “ejercitase las acciones oportunas para que se exijan las responsabilidades administrativas …”.

En fin, una historia que no se debería repetir.

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Sospechosos habituales

Hoy participo en el VIII Encuentro de Fundaciones Universitarias, en Zaragoza. Se trata del periódico seminario organizado por la Asociación Española de Fundaciones (ver ponencias de la anterior edición) que tiene entre sus alicientes, la brillante coincidencia con la EXPO.

Comparto ponencia con la letrada de la Universidad de Burgos, Ana Caro para hablar de Fiscalización de Fundaciones Universitarias. Resultados, conclusiones y recomendaciones. En este sentido, podemos concluir que la mayoría de los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas (CCAA) mantienen grandes reticencias hacia la proliferación de fundaciones públicas, en general, y muy particularmente hacia las universitarias.

Esta es la razón del título de esta entrada. Unos ejemplos de esta desconfianza nos servirán de muestra. La primera, la encontramos en los informes del Consello de Contas de Galicia que, con ocasión de la auditoría de las universidades públicas, se manifestó así: [...]

Crónica de sociedad

No me resisto a comentar dos noticias de la prensa de hoy. Se trata de casqueria fina madrileña. ¡De la buena, eh! Esas sobre las perversiones de la gestión pública, que tanto aumentan la audiencia. [...]

Fundaciones y partidos políticos

Durante el pasado mes de abril, comparecía ante el Parlamento de Cataluña el Sindico Mayor Joan Colom. Se trataba de presentar el Informe sobre subvenciones a fundaciones vinculadas a las formaciones políticas catalanas con representación parlamentaria en 2004. En total: un millón de euros entre seis fundaciones, contando sólo subvenciones superiores a 10.000 euros, en su mayoría, sin concurso público.

Entre sus conclusiones, la prensa destacaba que el concepto de fundación vinculada a un partido es algo que “no está definido ni en la normativa que regula los partidos políticos y su financiación, ni en la normativa aplicable a las fundaciones” (apartado 3.1 del informe). [...]

Estabilidad presupuestaria

El Boletín Oficial del Estado del 3-XI-2007 publica el Real Decreto 1463/2007, de 2-XI, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. [...]

La comisión de auditoría y el gobierno corporativo

El Centro de Estudios Financieros convoca todos los años el galardón a los mejores artículos de diversas materias. Este año la especialidad de Contabilidad y Administración de Empresas correpondió a los profesores Estíbaliz Biedma López, Mauricio Alejandro Jara Bertín, Félix Javier López Iturriaga y Emiliano Ruíz Barbadillo, por la comunicación “La comisión de auditoría en la empresa española: en busca de la independencia” ganador de los 9.000 € de premio.

El tema adquiere gran importancia tras la entrada en vigor de la Ley 44/02, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y las repetidas recomendaciones de los códigos de buen gobierno tanto españoles como internacionales, que han subrayado la importancia de la comisión de auditoría en el gobierno corporativo y, más específicamente, en la transmisión de información fidedigna sobre la eficiencia directiva.

Presentamos a continuación sus principales conclusiones.

La eficacia de la comisión de auditoría para cumplir tal cometido se encuentra estrechamente vinculada a su independencia, por lo que resulta oportuno realizar un análisis sobre los condicionantes de su independencia. Dicha comisión constituye una figura relativamente novedosa dentro de los mecanismos de gobierno corporativo de las empresas españolas y, aunque la necesidad de independencia ha estado siempre fuera de duda, los niveles exigidos o aconsejados han variado de unos códigos o leyes a otros.

El trabajo premiado se centra en los motivos que han conducido a las empresas españolas a superar el mínimo legal exigido por la Ley Financiera y formar comisiones de auditoría totalmente independientes. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la independencia de la comisión de auditoría se encuentra influida por el tamaño y la composición del consejo de administración, por el propio tamaño de la comisión y por el tamaño de la empresa.

En consonancia con trabajos previos acerca de la eficiencia del consejo de administración, se observa una relación no lineal entre el tamaño del mismo y la independencia de la comisión de auditoría: en un primer estadio un consejo más grande parece estimular la independencia de la comisión hasta llegar a un punto a partir del cual los problemas de sobredimensionamiento compensan las ventajas de un mayor número de miembros, reduciéndose la independencia de la comisión.

Hemos encontrado evidencia de que los consejos de administración con una mayor proporción de consejeros independientes suelen tender a formar comisiones de auditoría más independientes.

Sus resultados también apoyan la idea de que las comisiones más grandes presentan menos independencia y que el tamaño de la empresa es un factor que influye positivamente en la independencia de la comisión. Por el contrario, la participación de los consejeros en la propiedad, el nivel de endeudamiento, la presencia de accionistas de referencia o las oportunidades de crecimiento de la empresa no influyen significativamente en la independencia de la comisión de auditoría.

Son varias las líneas de investigación que se abren a partir del trabajo. Al no existir una dilatada experiencia en España sobre el funcionamiento de las comisiones de auditoría, habría que profundizar en su eficiencia y en la importancia de su independencia. Así, a modo de ejemplo, sería interesante conocer si cabe hablar de una actuación diferenciada de la comisión de auditoría en función de si esta ha sido voluntariamente creada por la empresa o es el resultado del cumplimiento de la obligación legal al respecto. Del mismo modo, se podría estudiar si la adaptación de las comisiones de auditoría a la nueva normativa ha conducido a una mejora en la calidad de la información contable. Se trata, en cualquier caso, de avanzar en el conocimiento del potencial de la comisión de auditoría y en cómo esta ha quedado incorporada a la estructura de gobierno de las empresas españolas.

Descargar aquí en pdf (32 páginas).

Fiscalizar la complejidad

Foto: fachada de la Universidad de Oviedo durante la entrega de los Premios “Príncipe de Asturias” (2006) que galardonó a Pedro Almodovar.

Este año, celebraremos en la Universidad de Sevilla la novena edición del seminario sobre régimen jurídico universitario que se desarrollará durante los días 16, 17 y 18 de mayo. La idea es repasar en unos pocos días las diversas facetas del régimen universitario: personal, gestión académica o económica. Un proyecto ambicioso que se inició en Oviedo en 1991 impulsado por José Ramón Chaves, que fructifico y continuó gracias a la energía de Juan Manuel del Valle, el director de los servicios jurídicos de la Universidad Politécnica de Madrid, que coordinó las ediciones de las Universidades de Salamanca (1993), Politécnica de Madrid (1995), Extremadura (1997), Alcalá (1999), Almería (2001) Alicante (2003) y Murcia (2005).

Cada evento ha producido un libro de ponencias imprescindible para estudiar las principales novedades del derecho universitario en el bienio. Intentaré colgar aquí las conferencias más interesantes. Siguiendo el decálogo de la buena bitácora, comunico que esos días muy probablemente toque silencio.

El título de la conferencia que me ha encargado la organización coincide con el titular de este artículo. En efecto, la complejidad es una característica de la gestión universitaria. No es facil acometer estas fiscalizaciones con esquemas procedentes de otras Administraciones Públicas. Un ejemplo es la investigación científica, cuya importancia ha parecido razón suficiente a algunos Tribunales de Cuentas como para acometer un informe específico. [...]