Intervengo hoy en Barcelona dentro de la Jornada de Auditoría del Sector Público. Que organiza el Colegio de Censors Jurats de Catalunya. Me toca hacer un repaso de las actuaciones de auditoría operativa en España así como presentar el estado de la cuestión en algunos países de vanguardia en las mejores prácticas. 

Suele recriminarse a los órganos españoles de control externo (OCEX) que hacen pocas auditorías de gestión. Es cierto. Son Instituciones inicialmente concebidas para fiscalizar la regularidad de la rendición pública de cuentas (¡la cuenta general!). Hasta tiempos recientes no se han planteado colaborar activamente en la mejora de la gestión en el sector público. Las razones son variadas y se relacionan con la tradición de una Administración orientada a los Inputs y al control del fraude. Era aquel auditor que tenía “corazón de feldespato”.

Sin embargo, hoy muchos son los OCEX de toda España que incorporan a los programas anuales de fiscalización informes de auditoría operativa, al amparo de una normativa que respalda sus análisis de eficacia, eficiencia y economía. Hemos comentado en el blog muchas de ellas.

Aprendiendo de los mejores

Diríamos que países de tradición anglosajona son el paraíso de las auditorías de gestión. Basta con analizar los títulos de los trabajos de la GAO norteamericana o la NAO británica para comprobar que no se parecen a nada a los nuestros.

 Baste recordar que, a mediados de la década pasada, la GAO renovó su nombre manteniendo las siglas: antes, General Accounting Office (GAO) y hoy: Government Accountability Office. No es un simple cambio estético sino muy profundo; publica algunos informes que pondrían los pelos de punta a los más leguleyos, Así, sobre temas tan delicados como la seguridad nacional o aeroportuaria. En este caso probaron que era posible superar la seguridad de varios aeropuertos norteamericanos, pasando sus controles con varios componentes de artefactos explosivos ocultos entre el “equipaje de mano”. Unos explosivos obtenidos con productos adquiridos en las tiendas locales y a través de internet, por menos de 150 dólares. Toda una auditoría de gestión aeroportuaria.

 Sin embargo, el más interesante acercamiento al mundo de la gestión lo ofrecen las extraordinarias guías de buenas prácticas que elabora la NAO inglesa (los australianos no se quedan a la zaga) en busca de una gestión eficiente. La obsesión por el ahorro –que está en todas sus actuaciones- les llegó a decir en su memoria’2011: “La NAO está completamente comprometida a impulsar la mejora sostenible de los servicios públicos y el ahorro del dinero público … El reto al que se enfrentan nuestros clientes es la entrega de productos de alta calidad con menos dinero y con menos personal. Nos enfrentamos el mismo desafío. Nuestra autoridad e influencia dependen de practicar lo que predicamos, por lo que nuestra estrategia establece los planes para reducir los costos netos de al menos un 21% en términos reales, durante los próximos tres años… Reduciremos desde la subcontratación hasta nuestros gastos en viajes …”.

El año pasado aprobaron 60 informes de value for money en temas que van desde el aumento de la capacidad de pasajeros por ferrocarril a la reforma de la estrategia contra el cáncer. Como podéis imaginar, este año la estrella es la Olimpiada 2012 que ha superado 7 auditorías desde el inicio del proyecto en 2007 y que “sigue su curso para concluir a tiempo su trabajo en el Parque Olímpico, dentro del presupuesto y con las normas exigidas”. Sin embargo, la propia NAO advierte problemas porque el coste futuro de la seguridad local se ha duplicado en el último año: la última estimación es de £ 553 millones (23.700 guardias de seguridad frente a los 10.000 estimados).

Compleja herramienta de mejora

Diríamos que la auditoría operativa es más una herramienta vinculada a la auditoría interna y a la Alta Dirección. Sin embargo, cobra mucha actualidad por la obsesión de los gobiernos en el Ahorro como nuevo paradigma de gestión, pues los gobiernos han corregido sus prioridades  recortando o eliminando muchos programas presupuestarios y se han embarcado –incluso antes de la crisis: mira esta entrada de febrero de 2007- en reformas de modernización administrativa.

Frente a la auditoría financiera, que exige una base académica de conocimientos de contabilidad y derecho –profunda, claro- la auditoría de gestión precisa formación en economía, ciencia política, sociología, estadística etc. A veces de otras materias que ni hemos soñado que utilizaríamos.

Frente a los métodos “estándar” de la auditoría de cumplimiento, cada auditoría operativa es distinta e incorpora una mayor libertad de criterio para el auditor. Pero todavía puede ser más difícil, cuando la auditoría es global.

El fenomenal Manual de Auditoría de Gestión del Tribunal de Cuentas Europeo (Ver) previene a los auditores para que tengan presente que, si llevar a cabo una auditoría de gestión “pura” constituye ya de por sí una tarea difícil, la auditoría global es todavía más compleja.

Por eso el Manual recomienda meditar cuidadosamente esas iniciativas y abordarlas sólo en aquellos casos en los que sea claramente posible obtener pruebas de auditoría suficientes, pertinentes y fiables, y emitir información clara, útil y oportuna que satisfaga tanto los objetivos de la auditoría de gestión como los de la financiera.

Algunos ejemplos en España

 Hemos comentado en esta bitácora algunas auditorías operativas como realizadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía (así, la promoción deportiva) la Sindicatura catalana ( Seguridad ciudadana) o la Audiencia de Cuentas de Canarias ( desde la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior hasta la Política Turística) el Tribunal Vasco de Cuentas (ingresos tributarios) y el Consejo de Cuentas de Castilla y León ( Abastecimiento de aguas ) o la venerable Cámara de Comptos (Universidad) por mencionar sólo algunos de los más relevantes.

El propio Tribunal de Cuentas de España ha iniciado, hace ya unos años, una variante: los informes horizontales que van del más complejo -Universidades 2003- hasta los servicios funerarios , pasando por actividades de administraciones de menor dimensión (Planificación y el Desarrollo Urbanístico de los municipios costeros de Cantabria, 2006 o el informe sobre la recogida de basuras en Aragón, 2004). También ha acometido la fiscalización operativa de una sola institución o parte de ella (así, la gestión de la Unidad de Grandes Empresas de la Agencia Tributaria).

 El hacendista y Doctor por la Universidad de Oviedo, Roberto Fernández Llera, impartió durante dos días un seminario en la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. El tema: la estabilidad presupuestaria del que ofrecemos una introducción en esta entrada, en relación con los principios que sustentan la normativa. 

Estabilidad, sostenibilidad y gasto: triple reto político y fiscalizador

Por Roberto Fernandez Llera

Decía Einstein que “nada hay más destructivo del respeto por el gobierno y la ley de un país que aprobar leyes que no pueden hacerse cumplir”. Viene esto a cuento de la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF), a punto de culminar su urgente tramitación parlamentaria, como desarrollo de la reforma constitucional aprobada en el verano de 2011.

Esta nueva LOEPSF introduce numerosas y severas limitaciones en la política presupuestaria de las Administraciones Públicas, muy por encima de las que exigían las dos anteriores normativas, las cuales eran “sólo” de estabilidad presupuestaria y fueron aprobadas en 2001 y 2006, respectivamente.

Como loables objetivos, la LOEPSF se plantea tres: contribuir a garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. Imagino que ninguna persona sensata podrá estar en contra de estas finalidades, aunque otra cosa muy diferente es concretar los instrumentos y mecanismos que las puedan hacer posible. Siempre, con la meta puesta en promover desde el Sector Público un crecimiento económico sostenido y una creación de empleo, en cantidad y calidad (que falta nos hace).

La LOESPSF se sustenta sobre siete principios generales, algunos ya de larga tradición en el ordenamiento jurídico español, otros reformulados y matizados y, en fin, otros de nuevo cuño que ahora se introducen.

El primer principio general es el de estabilidad presupuestaria, entendida como situación de equilibrio o superávit estructural. Nos encontramos así ante la tercera definición de estabilidad presupuestaria en sólo una década: si en 2001 fue equilibrio o superávit nominal anual, en 2006 pasó a ser equilibrio o superávit nominal a lo largo del ciclo económico y, ahora, equilibrio estructural. ¿Será a la tercera la vencida? A mi juicio, este último concepto de equilibrio estructural, siendo quizás el más sugestivo desde un punto de vista intelectual y teórico, es también el más difícil de instrumentar en la práctica y, por ende, el más complicado de fiscalizar. A costa de pagar el peaje de la coherencia con la normativa europea, creo que vamos a pasar muchas dificultades en este sentido, dado el carácter manipulable –técnica y políticamente- de las previsiones de crecimiento económico sobre las que se sustenta todo este entramado.

El segundo principio, el de sostenibilidad financiera, es relativamente nuevo, puesto que ya aparecía en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, si bien es cierto que ahora se clarifica su instrumentación. Lo que viene a imponer es un freno al volumen de deuda pública que, en condiciones normales, no podrá superar el 60% del PIB. Además y, por primera vez, se reparte este límite máximo de forma “vertical” entre Administraciones Públicas: 44% para la Administración Central; 13% para el conjunto de Comunidades Autónomas y 3% para el conjunto de Corporaciones Locales. Para la asignación “horizontal” del tramo autonómico el legislador no se ha querido complicar la vida: límite máximo del 13% del PIB regional para cada una de las Comunidades Autónomas y simplemente no dice nada para el caso de las Corporaciones Locales.

Tercer principio, plurianualidad. Aquí no hay ninguna novedad respecto a la normativa presupuestaria vigente.

Cuarto principio, transparencia, la misma que se pone muy de moda cuando llega la crisis, pero que debería haber sido siempre una prioridad absoluta. ¿O acaso cuando “sobraba” el dinero la transparencia no debería haber sido también una exigencia democrática de primer orden? Sin entrar en detalles, la nueva LOEPSF amplía las obligaciones de elaboración, difusión, coordinación e integridad de la información contable, presupuestaria y financiera de todas las Administraciones Públicas y de sus entidades dependientes. También se refuerza el papel del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el cual podrá recabar de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales la información necesaria para garantizar el cumplimiento de las previsiones de la propia LOEPSF y de la normativa europea. Lo que sí estimo de particular relevancia es la exigencia de someter a disponibilidad pública las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria, así como la metodología, supuestos y parámetros en los que se basen aquellas. Esto supone un reto magnífico para el control, evitando así problemas del pasado con respecto a la fiscalización del principio de transparencia. Por cierto, de forma inexplicable en todo el articulado de la LOEPSF ni siquiera se menciona al Tribunal de Cuentas o a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. ¿Olvido puntual o intencionalidad política?

El quinto principio es el de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, recogido también con anterioridad en la normativa presupuestaria. Se trata de orientar la gestión de los servicios públicos hacia objetivos de eficacia, eficiencia, economía y calidad (sí, también calidad). Asimismo, disposiciones, actos administrativos, contratos, convenios y otras actuaciones públicas que afecten a gastos o ingresos presentes o futuros, deberán siempre ser valorados en términos de sus repercusiones y efectos sobre la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

El sexto principio, el de responsabilidad (poco novedoso, pero escasamente desplegado hasta ahora), hace referencia a dos aspectos. La repetición interna de las sanciones europeas a España por déficit excesivo –la cual requiere de un desarrollo reglamentario- y, de otra parte, la clausula explicita de prohibición de “rescates” financieros entre Administraciones Públicas, con el objetivo de frenar el riesgo moral por percepción de una restricción presupuestaria blanda.

Finalmente, el séptimo principio orientador es el de lealtad institucional, viejo conocido del ordenamiento constitucional español, pero poco practicado en el ámbito político. Todo el mundo recuerda cuestiones como el “yo legislo y tú pagas” o “yo bajo el impuesto, pero tú te haces cargo”. La principal novedad estriba en que, a partir de ahora, cada Administración Pública deberá valorar –es decir, cuantificar con rigor- el impacto que sus actuaciones puedan provocar en el resto de Administraciones Públicas.

Las demás cuestiones que abarca la LOEPSF detallan los principios enunciados. Para empezar, las cláusulas excepcionales, en virtud de las cuales el Estado y las Comunidades Autónomas (no así las Corporaciones Locales) podrán incurrir en déficit estructural: catástrofes naturales, recesión económica (tasa de crecimiento negativa del PIB real) o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social (sí, también social, conviene recordarlo). Se otorga dicha apreciación de excepcionalidad al Congreso de los Diputados por mayoría absoluta (el Senado ni está ni se le espera, a pesar de ser la Cámara de representación territorial). Volviendo a Einstein, podríamos decir que se ha diseñado un sistema muy exigente, pero relativamente fácil de eludir (bastan 176 diputados votando a favor de suspender temporalmente la aplicación de la ley).

Por lo que se refiere al severo y variado régimen de sanciones, se observa que incluye multas, prohibiciones de acceso al crédito, exigencia de planes de ajuste y otras medidas  puntuales. En todo caso, habrá que estar a la aplicación efectiva de la norma cuando entre en vigor, aun sabiendo que los objetivos de equilibrio estructural y deuda inferior al 60% del PIB se deberán cumplir en 2020 (largo me lo fiais). Esto hace dudar de la supuesta urgencia de la normativa y, peor aún, podría ocurrir que el periodo transitorio (8 años de nada) pudiese dar al traste con todo este sistema. Hay otro riesgo y es el de que, en última instancia, por ejemplo, ante un incumplimiento sistemático por parte de una Administración Pública, sería el Tribunal Constitucional quien finalmente resolviese el conflicto. Algunos seguimos creyendo en Montesquieu y pensamos que no es bueno judicializar la política presupuestaria.

No me olvido de la gran revolución presupuestaria que supondrá la nueva regla de gasto, de aplicación para todas las Administraciones Públicas. Es cierto que trae causa de la normativa europea e incluso de la que ya se había aprobado en España para la Administración Central y las Entidades Locales que participan en la cesión de impuestos estatales (Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio). Pero no es menos cierto que esta regla de gasto no formaba parte del acuerdo político alcanzado en agosto de 2011 entre el PSOE y el PP para modificar la Constitución. Es un paso unilateral que ha roto un consenso. A partir de ahora, el crecimiento del “gasto computable” (sic) no podrá superar la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española (según metodología de la Comisión Europea). Ese gasto computable incluye los empleos no financieros según el SEC-95, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales vinculadas a los respectivos sistemas de financiación.

Podríamos seguir descendiendo al detalle, pero haría demasiado farragoso este texto (aún más, quiero decir). Simplemente concluyo con una reflexión final. El triple objetivo de déficit estructural, deuda pública y gasto coloca a España como uno de los Estados Miembros de la UE y de la Eurozona con reglas fiscales más estrictas. Su credibilidad es vital para nuestro futuro crecimiento económico y para el empleo, si bien su efectividad sólo podrá ser analizada cuando pasen unos años.

 Para los gestores políticos y los órganos fiscalizadores se abre un reto monumental. Siendo optimistas (si es que un 23% de paro lo permite ser en algún grado) digamos que esta nueva LOEPSF puede suponer también un nuevo yacimiento de empleo en el ámbito de los OCEX y, en definitiva, una oportunidad de mejora en la gestión pública.

El Gobierno catalán ya tiene preparada la nueva figura de “comisionado de cuentas” de las universidades públicas, que se incluirá a través de una enmienda en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos para 2012. Se trata de una figura que desembarcará en la universidad cuando el rector o el presidente del consejo social lo solicite, aunque, el Govern se reserva la potestad de enviarlo de oficio. 

La noticia que publicaba hoy el diario La Vanguardia surge en un momento de grandes recortes presupuestarios, por parte de los gobiernos locales, regionales o estatales. En las universidades- cuyo principal capítulo de gastos se encuentra en el personal- nos encontramos con las mayores dificultades para su aplicación. Llevan tres años de dificultades.

A todo ello, ahora se añade la prohibición de “reponer” las jubilaciones – ¡antes incentivadas! – que rige desde el Decreto-Ley de diciembre pasado o las dificultades de liquidez que suelen sufrir las universidades entre la primavera y el verano, antes resueltas con pólizas de crédito asequibles y hoy sin perspectivas. En fin, difícil gerenciar esta universidad en tiempos de crisis y la estrategia de la UAB me recuerda la entrega de las llaves al banco de quien no puede pagar la hipoteca. Algo así como: ¡ven tu y gestiónalo! ¿Dónde queda la autonomía universitaria?

Desde los gobiernos se mira con desconfianza cierta ligereza en el control del horario del profesorado. Hay toda una línea de pensamiento político-económico que opina que nuestro actual modelo de elección del rector “genera déficit”. Designación frente a elección, ese es el dilema y la presunta tendencia. Pero ¿acaso no se genera un gran déficit todos los años en la sanidad pública? Y los médicos no eligen al Consejero de Sanidad. ¿Funcionaría aquí el modelo anglosajon? ¿Lograría una Universidad más eficaz y eficiente?¿Puede diferenciarse gobierno económico y gobierno académico?

El mes pasado conocíamos algunas de las reflexiones que se plantea en el estudio de la gobernanza del sistema universitario de Catalunya de la comisión designada por el Govern y formada por una cincuentena de personas. Como viene siendo habitual en estos informes, la falta de cultura directiva en los órganos de gobierno y dirección de la universidad es destacado como una limitación en la gestión de los campus, junto a la escasa profesionalización de los cargos universitarios y la imposibilidad de traer candidatos externos a la institución.

Todo el mundo está en esta situación, hasta los más keynesianos. Recientemente, el presidente norteamericano, ante 4000 estudiantes y profesores -ver crónica en castellano- elogiaba a la Universidad de Michigan por sus esfuerzos para reducir los costes:

“Aquí en Michigan, ustedes han hecho mucho para lograr ahorros en el presupuesto. Sabemos que es posible. Así que desde ahora en adelante, le diré al Congreso que debe dirigir la ayuda federal a las universidades que mantienen la matrícula asequible, ofrecen un buen valor y sirven bien a sus estudiantes “.

La semana pasada, la cadena Showtime estrenó el mayor éxito de este semestre en la televisión de EEUU. Es la  vida de un consultor de gestión, en 40 minutos, titulada House of lies, basada en el libro Casa de las Mentiras: Cómo los consultores de management le roban su reloj y luego le dicen la hora, escrito por el ex consultor Martin Kihn. 

El asunto me ha hecho recordar que no hace mucho, un reputado e innovador gerente, Dan Pallotta, confesaba en su blog de la revista Harvard Business Review que en la mitad de sus conversaciones económicas no tenía ni idea de lo que sus interlocutores le estaban diciendo: “cuando era joven, me sentía estúpido por no entender lo que me decían, pero ahora sospecho que la intención de mis interlocutores era no hacerse comprender”. La razón no es otra que la manía muchos profesionales de no emplear los nombres reales de las cosas reales, como los pomos de las puertas que suenan más modernos cuando se convierten en “una innovación en el acceso residencial”.

Él mismo utiliza sus habilidades verbales para encontrar un nombre sugerente para la causa de estos males: Abstractonitis y Acronimitis. Siglas y anglicismos mezclados con prosopopeya, que es otra interesante función del lenguaje: ocultar, fingir o resaltar un estatus social o intelectual para transmitir, de forma solapada, información adicional (ahora lo llaman metadatos).

En algunas reuniones profesionales, he sufrido presentaciones de consultores con ese lenguaje moderno. Exponían las ventajas de alguna herramienta, proyectando diapositivas (power point queda más fino) con apoyo en el cañón de luz. Algunos parecen evocar a aquellos vendedores de crecepelo en las películas de vaqueros. Expresiones de gran efecto y poco significado, como “pensar fuera de la caja” o “romper paradigmas”. Mi preferido es “vamos a superar las expectativas del cliente”.

Los consultores venden un producto intangible -también a si mismos- y, por eso muchos manejan un lenguaje que a veces parece fingido -como eso tan pegadizo de “poner en valor”- o demasiado artificial. Pero, sin duda, el mayor ejemplo de la tontería lo encontramos en los “productos derivados y estructurados de perfil agresivo” que tan famosos se hicieron contaminando de manera trágica nuestra economía financiera en esta crisis.

En la Administración miramos con cierto recelo a la consultoría porque, en ocasiones, no es más que un eufemismo para sacarle dinero a alguna Autoridad del Estado. Otras veces, los intereses de los poderes públicos se mezclan y son las Autoridades quienes “hacen consultoría” y asistencia a las empresas. No me refiero al caso de Urdangarín. En Albany (EEUU), en un reciente juicio por corrupción, el congresista Boyland fue absuelto alegando que no se le estaba pagando sobornos, sino simplemente era contratado por personas en busca de su asistencia (influencia) para abrir las puertas del Gobierno, porque representaba “una marca” en la política de Nueva York.

Esto no significa que yo crea que los consultores son innecesarios en el sector público. Hay multitud de campos donde son útiles. Así, en los aspectos tecnológicos, informáticos –tan dinámicos y tan caros- y en todo lo que suponga gestión de la innovación. El mayor enemigo de los consultores de gestión está en nuestro corporativismo funcionarial –lo reconozco- que, por principio, tiende a obstaculizar cualquier innovación o cambio estratégico. A veces, el ambiente laboral es tan nocivo que parece necesario acudir a la ayuda externa para cambiar la cultura organizacional, aunque hubiera bastado, para resolver la mayor parte del problema, con cambiar ese directivo tóxico que no sabe trabajar en equipo ni delegar.

Peter Drucker –que ha sido el consultor más famoso del mundo- solía decir que él aportaba a cada caso, no tanto sus conocimientos sobre un problema específico sino más bien su ignorancia, pues con frecuencia los protagonistas están demasiado inmersos en los problemas como para ver todas sus ramificaciones.

Un estudio de IBM señala el origen de las ideas innovadoras de las organizaciones según este orden: 1º en los propios empleados, 2º en los “business partners” (¡toma ya!), 3º en los clientes, 4º en los consultores y 5º en los competidores. En último lugar, aparece la Universidad, pero eso tiene muchos matices. Por cierto, curioso es el caso de IBM que antes fue un gigante industrial y hoy poco más que una consultora.

Es probable que se busque fuera lo que se tiene en casa ¿Por qué razón? A veces es necesario fundamentar una decisión impopular y parece más justificada si proviene de una institución independiente de la propia organización. Primero se contrataron consultores para gestionar el crecimiento y ahora para el decrecimiento. Un amargo ejemplo lo tenemos bien cerca: la Generalitat valenciana pagará 424.800 € a una firma para que le diga donde efectuar un drástico recorte en sus 64 entidades del sector público. No quiero ni pensar en las caras y los silencios de los empleados que son visitados por esos consultores, jóvenes de traje oscuro que quieren comerse el mundo. No me cabe ninguna duda de que los empleados pensarán que un recorte rentable sería no gastar en tales consultores.

Este artículo, sin enlaces, fue publicado en La Nueva España.

Leo el artículo de Ramón Roger en Cinco Días, titulado Auditoría de municipios:¿preparados? donde se achaca la culpa del actual colapso presupuestario local a la “falta de control financiero y a la escasa transparencia de las cuentas locales”. Tanto el Estado como las CCAA (“Intervención General, tribunales de cuentas, etc.”) se mostraron insuficientes para detectar la mala situación de las cuentas públicas, según el autor. 

¿Ha sido eficaz el control local?

Discrepo de la tesis subyacente en este interesante artículo. En mi opinión ha sido el desplome de los ingresos locales la causa de todos los males. El ciclo electoral –de todo signo político- generando gasto sin cobertura suficiente: he aquí el verdadero culpable.  Es cierto que ha habido algunas locuras puntuales -vinculadas a operaciones desproporcionadas- pero, en general, el control interno municipal es bastante bueno (muchos alcaldes me dirán que excesivo) y legalmente muy formalista, aunque no haya impedido la tormenta perfecta del empeoramiento en todos los indicadores financieros: más deuda, menos remanente de tesorería, más necesidad de financiación, peores plazos de cobro y de pago, con la presión fiscal subiendo.

El control externo es mejorable, estamos de acuerdo. Es lento y, en muchos casos moroso en la rendición de cuentas,  de ahí la vieja demanda a favor de una Ley de Auditoría Municipal siempre expresada por los representantes de los OCEX (ojo: sólo autonómicos) frente al Tribunal de Cuentas que sigue viendo a los auditores privados con recelo.

Mientras tanto, muchos gobiernos autonómicos encargan informes de auditoría o consultoría en relación con las finanzas regionales, su estado actual o las posibles líneas de actuación -léase recortes- para detectar áreas de mejora. Entre estos últimos, el caso de la Comunidad Valenciana:

¿Más auditoría local?

Planteado en el programa electoral del Partido Popular, que resultaría vencedor el 20-N, su contenido fue recibido con satisfacción en el reciente congreso anual de los Censores Jurados españoles. El compromiso de Rajoy era promulgar una ley de control y auditoría única para todo el sector público español y exigir “la realización de auditorías financieras, operativas y de cumplimiento a todas las corporaciones locales con más de 5.000 habitantes”.

En realidad, el programa nada dice de la participación de los auditores privados en el asunto, aunque la lógica nos conduzca por ese camino, ante la magnitud de la tarea: un millar de informes en todo el territorio nacional.

Tampoco dice el programa que esas auditorías sean simultáneas. Ni mucho menos anuales. Muchos OCEX están haciendo fiscalizaciones singulares de los ayuntamientos de población mayor de 5.000 habitantes, al menos cada cuatro o seis años. Creo que todos ellos podrían estar en condiciones de alcanzar un compromiso en tal sentido, aunque es materialmente imposible hacerlo con regularidad anual, como recuerdan siempre los OCEX.

Reino Unido: paraíso del sector privado

En el Reino Unido, tal como prometió Cámeron (ver entrada anterior) esta misma primavera se aprobará el Proyecto de ley para abolir la Comisión de Auditoría y obligar a los municipios a seleccionar a sus propios auditores externos, en un modelo similar al existente para el sector privado.

Así, las autoridades locales vendrán obligadas a convocar un concurso público cada cinco años para designar a una empresa de auditoría, con pocas restricciones en los periodos de tiempo en que los miembros de los equipos de auditoría pueden participar: el socio, siete años de trabajo, mientras que el gerente de auditoría se limita a diez años. El Ministerio sólo interviene ante incumplimientos, sancionando ante la falta de nombramiento.

Un Consejo de Información Financiera tendrá la responsabilidad general de regular el nuevo sistema, mientras que la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) elaborará un código de buenas prácticas para la auditoría local.

Para terminar, nada mejor que Dilbert, cuya opinión de los apoyos externos no es muy agradable. Pinche si quiere ampliar:

A través de la nueva página especializada en gestión universitaria, Más que Universidad, leemos un resumen de las ponencias presentadas en las XXIX Jornadas de Gerencia Universitaria, que reunió el 20 y 21 de octubre, en Almería a los equipos gerenciales de las instituciones españolas de Educación Superior. El lema de este año, como no podía ser de otra manera, es “La gestión universitaria en tiempos de crisis económica”. 

Las ponencias, como siempre, interesantes y oportunas. La conferencia de clausura a cargo de Francesc Solé parellada, cuyo contenido aun no está disponible, pero no te pierdas este video suyo en el TED, con 18 lúcidos minutos.

La crisis ha llegado en un momento de relevo generacional en la Universidad, metida en procesos de prejubilación de frágil soporte jurídico –por decirlo con generosidad porque hay gente escuchando. En medio de una reducción de plantillas, con profesores más precarios, menos gasto de mantenimiento, cierres de centros y servicios en vacaciones o reducción unilateral de subvenciones comprometidas por los gobiernos de turno.

Lo cierto es que la Universidad está cambiando. Cada vez más gerencialista, más preocupada por los costes o por el modelo de gobierno; en fin, más autocrítica con su propia eficiencia, aunque todavía con ciertas bolsas de autocomplacencia.

Pero entonces llegó la crisis … 

La Universidad española, como en todo el mundo, está afrontando una situación de grandes tensiones financieras que llegan a replantear los propios cimientos de la estructura que la sustenta. Se habla de fusiones universitarias (otros prefieren hablar de Alianzas) amparadas en el informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la EU2015. Un documento con tres capítulos principales: desarrollo de la excelencia en la docencia y la investigación (capítulo 2); apoyo más eficaz al entorno socioeconómico (capítulo 3); y, refuerzo y racionalización de la gobernanza (capítulo 4). Unas conclusiones que, en palabras de la Comisión, exigen implantar unas reformas con el necesario “apoyo bipartidista, por emplear una expresión norteamericana”. Pueden verse en la página 3 la tabla de recomendaciones, con expresión de su dificultad, coste e impacto.

Mientras tanto, los políticos escrutan el ranking de Shanghái sin entender porqué estamos tan lejos del resto de Europa. Hace unos días, el catedrático Enrique López Gónzalez publicaba una tribuna en el Diario de León -de obligada lectura- sobre este tema y titulada Good bye Universidad. Con duras y meditadas palabras reconocía que el actual modelo universitario no sirve:

“Y el debate no es si el modelo es público o privado. Los dos cobijan en sus entrañas cuantiosos intereses particulares (…) El actual modelo es un modelo burocrático ciego, insostenible”.

 Estos días también hemos podido disfrutar del número monográfico de El Cronista -del Estado Social y democrático de Derecho-la revista dirigida por Santiago Muñoz Machado. Analiza diversas áreas críticas de nuestra querida Institución, bajo el título de La Universidad en Crisis. Sus autores son algunos de los mejores conocedores de negocio universitario, hasta el punto de que no me atrevo a glosar a ninguno, para no olvidarme a nadie y hacer demasiado larga esta sencilla reflexión dominical.

El siglo XXI nos trajo un nuevo concepto de liderazgo para las organizaciones. El directivo que no resuelve problemas sino que los crea a sus empleados. Hacer los productos o servicios más rápido, más fácil, más barato, más pequeño … Tratan de llevar a sus organizaciones permanentemente al limite. El sector público, que muchos quieren ver como un tranquilo monasterio rodeado de altos y opacos muros, debe aprender mucho de estos conceptos, la gestión del cambio y su orientación al cliente/ciudadano. 

Por eso, la muerte de Steve Jobs es la perdida de un referente. Mientras escribo esto -en mi Apple, claro- recuerdo cuando, siendo yo gerente de la Universidad de Salamanca, un joven y algo descarado informático -hoy reputado profesional y buen amigo- me dijo: “si en su puesto aun no tiene un Mac es que no sabe nada de esto y sus asesores tampoco”.

¿Los productos de Steve Jobs son más caros que la competencia? No lo creo. Es la competencia –todo el sector- quien ofrece un producto devaluado y menos pensado para el usuario, a remolque de la compañía de la manzana. Se me olvidó advertirles –ya lo habrán notado- que “los maqueros” –usuarios de Apple- somos bastante entusiastas. Una energía que precisamos cuando, por ejemplo, participamos en alguna conferencia, nos toca hacer nuestra presentación y no nos importa perder esos dos minutos eternos cambiando las clavijas del proyector para adaptarlas al Mac, cuyo sistema –Keynote- nos parece extraordinario.

Por eso sentimos la perdida del fundador de Apple con agradecimiento y admiración ante una forma de concebir el mundo económico. Cuando veo a la hija de aquel amigo salmantino que, con sólo dos años, desliza sus deditos sobre la pantalla táctil de la tableta ipad, para desearles, en videoconferencia-facetime- las buenas noches a sus abuelos porque se va a la cama, me doy cuenta de que Steve Jobs hizo fácil lo difícil y anticipó varias décadas el mercado tecnológico. Y también en su muerte que, como todo lo que hace este genio, también ha servido para incrementar las ventas.

Publicado en La Nueva España.

Los Fondos europeos destinados al pago de ayudas agroambientales durante el período 2007-2013 ascendieron a 22.200 millones de euros. Por su importancia, el Tribunal de Cuentas Europeo acaba de hacer público el Informe Especial 7/2011 titulado ¿Se han concebido y gestionado de forma correcta las ayudas agroambientales? 

Las ayudas agroambientales se aplican a través de contratos entre un organismo público del Estado miembro y un beneficiario -agricultor o gestor de tierras- que normalmente tienen una duración de cinco a siete años. Se paga a los beneficiarios exclusivamente en función de los costes adicionales y en las pérdidas de ingresos a consecuencia de los compromisos agroambientales en una gran variedad de prácticas agrarias como la Agricultura ecológica, la reducción de fertilizantes o plaguicidas, la rotación de cultivos, reducir la erosión del suelo la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento del paisaje o las acciones relacionadas con el agua (vg: gestión de humedales), etc.

El informe del Tribunal europeo tiene como propósito determinar si los regímenes agroambientales han sido formulados y gestionados correctamente y ha querido dar respuesta en concreto a las siguientes preguntas:

• ¿Ayudan la concepción y la supervisión de la política agroambiental a obtener beneficios medioambientales tangibles?

• ¿Se presta el apoyo oportuno a los agricultores con orientaciones y ayudas con la cuantía correcta?

• ¿Se tienen en cuenta las necesidades medioambientales específicas en la gestión de la política agroambiental?

Trabajo “de campo”

Con carácter previo, el Tribunal recibió el asesoramiento de un comité de expertos agroambientales acerca de la validez y viabilidad de sus criterios de auditoría. Después, siguió un examen documental de 203 contratos agroambientales seleccionados de forma aleatoria a partir de los gastos declarados por los Estados miembros a la Comisión en relación con el ejercicio 2008. La muestra incluía 48 programas de desarrollo rural en 21 Estados miembros. Después realizó pruebas más detalladas en ocho programas: España (Andalucía), Italia (Piamonte), Alemania (Berlín y Brandemburgo), Suecia, Austria, Hungría, Polonia y Francia.

Los principios de buena gestión financiera que recoge el artículo 27 del Reglamento Financiero establecen que deben formularse objetivos políticos específicos, mensurables, realizables, pertinentes y con fecha determinada. Por lo tanto, cada programa de desarrollo rural debería incluir información sobre los objetivos específicos y verificables de las medidas, y sus logros, su eficiencia y eficacia deben medirse en relación con dichos objetivos.

Sin embargo, el Tribunal observó que los objetivos incluidos en los programas de desarrollo rural no estaban fijados de manera específica, mensurable ni tenían fecha determinada. Los Estados miembros formulaban los objetivos en términos inespecíficos, como «reducir», «proteger», «contribuir a», etc. En muchos casos no se procedió a la cuantificación cuando esta era posible (v. gr. «reducir» en un 20 %).

El Tribunal menciona, por ejemplo, los objetivos utilizados en Polonia para las submedidas agroambientales, como la «adecuada utilización del suelo y protección de las aguas», que no son verificables. Además, los objetivos no incluyen niveles de referencia que describan cuál era la situación anterior a la aplicación de las ayudas agroambientales y no existen plazos para su cumplimiento. Estas insuficiencias, que se detectaron en todos los Estados miembros auditados, hacen difícil juzgar si se han cumplido los objetivos o no.

No obstante, el Tribunal también encontró buenos ejemplos de objetivos específicos y mensurables. En Suecia, los objetivos agroambientales están integrados en un conjunto de objetivos nacionales de calidad ambiental que fueron aprobados por el Parlamento sueco en 1999. El horizonte temporal de estos objetivos es 2020, pero en la mayoría de los casos se han fijado objetivos provisionales relativos a la situación en 2010.

Los mejores ejemplos son las submedidas «orientadas a resultados», cuya ejecución se traduce en resultados directamente observables sobre el terreno. En Andalucía, el Piamonte y Francia, estas submedidas se refieren a la protección de razas en peligro de extinción.

La valoración del grado de consecución de los objetivos medioambientales depende de la conexión entre las submedidas agroambientales y las presiones medioambientales. El Tribunal entiende que los programas de desarrollo rural auditados aportan poca información o ninguna sobre la importancia relativa de las presiones medioambientales identificadas.

La fiscalización del Tribunal detectó falta de fiabilidad de los datos facilitados por varios Estados miembros. Por ejemplo, en Andalucía, los indicadores de realización y resultados no guardaban correspondencia con los gastos agroambientales. En Francia, la ausencia de determinados datos en los cuadros transmitidos a la Comisión en relación con 2008. Además, la práctica de seguir incluyendo datos una vez vencidos los contratos infla los resultados obtenidos por el gasto de la UE. Se considera que todos los regímenes finalizados siguen teniendo los mismos efectos hasta el término del período de programación

Conclusiones

El Tribunal reconoce que se ha avanzado mucho en los pocos más de veinte años que han transcurrido desde que se introdujo la política agroambiental europea. Muchos agricultores aplican ahora prácticas que son más sostenibles de lo que hubieran sido sin ella y la fiscalización ha puesto de manifiesto una serie de ejemplos de buenas prácticas en varias zonas.

Dicho esto, el informe constató que la política no estaba concebida ni supervisada para aportar beneficios medioambientales tangibles. Los objetivos estaban descritos por lo general con demasiada vaguedad para ayudar a determinar su grado de consecución. En una gran minoría de casos, las ayudas agroambientales no estaban justificadas claramente por las presiones medioambientales identificadas en los programas de desarrollo rural. El marco común de seguimiento y evaluación representa un avance pero apenas facilita información sobre los beneficios logrados para el medio ambiente.

Los agricultores desempeñan un papel crucial para el éxito de los regímenes de ayudas agroambientales, y, sin una comprensión e incentivos económicos suficientes, esta política no se aplicará adecuadamente. La fiscalización puso de manifiesto que los agricultores contaban en general con un buen apoyo en forma de orientación, aunque podría mejorarse la comunicación de buenas prácticas y resultados. El Tribunal constató problemas en la determinación de las cuantías de las ayudas. Además, estas no siempre ofrecían el incentivo adecuado al no estar diferenciadas suficientemente en función de las condiciones locales y no tenerse en cuenta los porcentajes de participación.

Los Estados miembros, que deben facilitar apoyo conforme a las necesidades concretas, no han analizado cuál debe ser el grado de orientación deseable a las mismas sobre la base de un análisis de rentabilidad. Los procedimientos de selección de proyectos en función de su valor medioambiental se aplicaron en pocos casos dada la disponibilidad de recursos presupuestarios. Otros procedimientos, como los de establecer contribuciones de la UE diferenciadas, submedidas basadas en hechos y metas cuantificadas para los niveles de partición en función de los efectos medioambientales requeridos, se utilizaron tan solo en una minoría de casos.

Parodiando la famosa obra de Schumacher (el economista, no el piloto) y en relación con las finanzas municipales, diríamos que los pequeños ayuntamientos españoles tienen un serio problema, no sólo de financiación: son remolones en la rendición de cuentas, como puede verse hoy en el artículo de El País. Tras la nueva Ley de Economía Sostenible, los alcaldes debían remitir la liquidación del presupuesto al Ministerio de Hacienda antes del 31 de julio pasado y un tercio –los pequeños municipios- aun no lo han hecho. La consecuencia es que no recibirán la transferencia del fondo de cooperación municipal. Al final, el problema se realimenta y la morosidad formal deviene en material … 

El escenario presupuestario municipal es alarmante y objeto de constantes llamadas de atención por parte de la prensa. Metidos en planes de saneamiento y enquistadas crisis políticas, los ayuntamientos languidecen a la espera de mejores tiempos, que nunca llegan.

La reforma aprobada ayer en el Congreso de los Diputados con el apoyo de los dos grandes partidos obliga a las Entidades Locales a “presentar equilibrio presupuestario”. Como recuerda hoy el diario Expansión, los ayuntamientos acabaron el año 2010 con una deuda viva de casi 29.000 millones de euros (cerca del 3% del PIB), según datos del Ministerio de Hacienda, parece imposible eliminar el “déficit estructural” sin reducir drásticamente los servicios prestados. Aventuramos una movida legislatura, durante el próximo cuatrienio.

Rendición morosa

Los OCEX han denunciado con frecuencia, el retraso – cuando no la falta- en la rendición de cuentas de los ayuntamientos. La Cámara de Cuentas de Madrid aprobó, el mes pasado, un informe de fiscalización de la situación del Control interno, de las Operaciones de crédito y del Remanente de tesorería del ejercicio 2008, de aquellas entidades locales de población superior a 1.000 habitantes con Cuentas Generales pendientes de rendir.

Se trataba de profundizar en la situación financiera de los municipios de población superior a 1.000 habitantes y con más de tres Cuentas Generales pendientes de rendir, realizando el siguiente trabajo:

1. Constatar las causas que motivan la falta de rendición de los Ayuntamientos incluidos en el ámbito subjetivo de esta fiscalización.
2. Conocer y comprobar los sistemas de control interno que se aplican en la gestión económico-financiera y presupuestaria municipal así como su adecuación a la legalidad vigente, tanto en lo referido a los sistemas existentes, como a la provisión de puestos de trabajo clave en el citado control (Secretario, Interventor y Tesorero).
3. Analizar las operaciones pasivas de crédito a corto y largo plazo, verificando su adecuación a la normativa vigente, así como comprobar el correcto registro de las mismas tanto en la contabilidad presupuestaria, como en la financiera. Análisis del ratio endeudamiento por habitante.
4. Analizar los Remanentes de tesorería facilitados, a fin de poder comprobar la adecuación del cálculo de los mismos a lo establecido en las Instrucciones de contabilidad aplicables. En los casos de Remanentes de tesorería negativos, analizar las medidas que el Ayuntamiento haya aplicado para su corrección, de acuerdo a lo establecido en el artículo 193 del TRLRHL.

De los 19 Ayuntamientos objeto de la fiscalización, siete Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes han rendido durante el periodo de fiscalización alguna de las Cuentas Generales pendientes si bien, en ningún caso, había sido rendida la Cuenta General del ejercicio 2008.

De los motivos expuestos por los Ayuntamientos y de las comprobaciones realizadas, la Cámara madrileña deduce que las razones fundamentales de la no rendición de cuentas no son otras que “la falta de interés en la dotación de los medios personales, que han derivado en retrasos en la contabilidad, así como la falta de las cuentas de las entidades dependientes y problemas informáticos”.

En el periodo 2008–2010, de los 17 Ayuntamientos, 6 han tenido periodos en los que el puesto de Intervención ha estado vacante, en varios casos por periodos dilatados y en algunos con permanencias muy cortas.

El control interno, entendido como la organización general del Ayuntamiento y que debe realizarse como complemento del establecido en el artículo 213 del TRLRHL y que corresponde, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 7/1985 LBRL y con las excepciones que el mismo artículo recoge, a funcionarios en posesión de la habilitación de carácter nacional, es sumamente deficiente en algunos Ayuntamientos, como: falta de registros e inventarios, acumulación de funciones, ausencia de seguimiento de deudores y acreedores y falta de conciliaciones de saldos.

Esto les lleva a concluir que los activos y derechos y los pasivos y obligaciones de los Ayuntamientos objeto de la fiscalización y, que tienen la contabilidad cerrada a 31 de diciembre de 2008, con las excepciones que se ponen de manifiesto a lo largo del Informe, no están adecuadamente registrados y controlados por lo que los importes de sus saldos podrían no ser fiables

Siendo el problema para los municipios pequeños, en el Ayuntamiento de Arganda del Rey se ha formalizado una operación de Endeudamiento financiero a largo plazo de 15.878.000 euros, cuya concertación implica un ahorro neto negativo, sin que conste la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda de la misma.

De los siete ayuntamientos que han reflejado Remanente de tesorería negativo de manera sostenida en el tiempo, cinco de ellos no han realizado alguna de las medidas previstas en el artículo 193 del TRLRHL.

En otros muchos, el cálculo del Remanente de tesorería se vería afectado, llegando a cambiar el signo del mismo, por las facturas o gastos que están pendientes de reconocimiento, es decir de las que no se ha reflejado ninguna de las fases del gasto.

Además, en general no se realiza o es defectuoso, el seguimiento de los gastos con financiación afectada a que se refieren las Instrucciones de Contabilidad Pública Local y que ha de garantizar y controlar la ejecución económico-presupuestaria de este tipo de gastos, así como el cálculo de las desviaciones de financiación que se hayan producido.

La Cámara destaca la carencia, prácticamente general, de guías internas de procedimiento supone una relevante deficiencia del sistema de control interno. Por otra parte, se insiste en la falta de soporte informático, la ausencia de normalización documental de los trámites procedimentales, la inexistencia de planificación y la escasez de medios personales de lo que es ejemplo que no se hayan constituido Oficinas de Supervisión de Proyectos.

Galicia

En Galicia, la aprobación de la Cuenta General fuera de los plazos previstos en los artículo 212 y 223.2 del TRLHL, ha propiciado que sólo el 30,46% de las Entidades Locales gallegas, de acuerdo con el informe del Consello de Contas – ver mapa página 70- rindiera las cuentas en plazo. En esa comunidad, el problema de no rendición (o extemporánea) lo presentan los municipios medianos y no los pequeños.

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado, en sesión de 21 de julio de 2011, el Informe de Fiscalización de los contratos de Publicidad y Comunicación Institucional suscritos por las principales Entidades locales durante los años 2005, 2006 y 2007.

El trabajo pretendía verificar el logro del objetivo perseguido con la actuación publicitaria y el cumplimiento de la normativa de contratación, en particular, los requisitos de concurrencia. Además se examinó la dirección, el control así como el seguimiento de la ejecución de esos contratos.

Desde el punto de vista del análisis de la eficacia y eficiencia de la contratación realizada, se verificaron las previsiones relativas a los objetivos perseguidos y los sistemas para la valoración de su consecución. 

Se efectuó el examen de la contratación realizada por los Ayuntamientos de población superior a 500.000 habitantes, en concreto de Barcelona Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza, incluyendo sus organismos autónomos y empresas municipales.

Descargar el informe

Publicidad y propaganda

El informe realiza un profuso análisis legal del alcance de estos conceptos. La Administración no puede valerse de la publicidad institucional como instrumento para dar a conocer una valoración positiva de los servicios que presta o los logros que consigue, a efectos de defender y promocionar la imagen de la institución y de quienes la integran, a fin de evitar su utilización con fines partidistas. Esta consideración es, precisamente, lo que permite delimitar la publicidad (dar a conocer) de la propaganda (inducir a creer).

La generalizada confusión entre ambos conceptos y la propia partida presupuestaria a la que se imputan estos gastos −Publicidad y Propaganda− lleva al Tribunal a invitar a mejorar la utilización de los fondos públicos “en muchas ocasiones más dirigidos a recordar la existencia y/o justificar la necesidad de la institución que a informar, de forma objetiva e imparcial, a los ciudadanos de servicios o prestaciones de interés general o de fomentar los valores constitucionales”. Pone el siguiente ejemplo:

 “al ciudadano le resulta más útil conocer las vías alternativas de tránsito, horarios de trabajos o tramos afectados por las obras, que la elaborada documentación propagandística sobre la gestión de la Administración en materia de recuperación de la red vial de la ciudad”.

Es en periodo electoral cuando la comunicación de los logros de gestión deriva en una práctica cuyo difuso límite con la legalidad se intensifica. Así lo ha entendido, en diversas ocasiones, la Junta Electoral Central, al suspender varias campañas publicitarias –en distintos periodos dirigidas a informar, entre otras cuestiones, del destino del dinero de los presupuestos, la finalización de tramos de carretera coincidentes con las fechas electorales, los logros de la labor gubernamental en materia de empleo y pensiones.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la propaganda instrumentada de forma encubierta en la publicidad institucional, no sólo se manifiesta al lograr impactos instantáneos en los ciudadanos, como ocurre en los periodos electorales, sino mediante la difusión de mensajes durante una legislatura o tiempo de duración del gobierno “en virtud de planes estratégicos de persuasión política trazados a medio o largo plazo, que van induciendo al ciudadano hacia una determinada opción política durante todo aquel tiempo, con independencia de que su punto culminante se alcance en el periodo electoral, la precampaña y la campaña”, afirma el Tribunal.

Partiendo del principio de igualdad entre los distintos medios y soportes, el Tribunal exhorta a modular el porcentaje de publicidad institucional que debe insertarse en cada uno de ellos, de acuerdo con los intereses generales, en relación con cada campaña publicitaria concreta, las características objetivas de ámbito territorial y difusión del medio o soporte y las características del grupo poblacional al que se pretenda hacer llegar. Para ello, “debería atenderse a las cifras de tirada y venta o audiencia efectiva de los medios o soportes en virtud de sistemas de valoración y medición fiables, antes de procederse a la correspondiente contratación, y todo ello en virtud de los principios de eficacia y eficiencia que debe regir la actuación administrativa”.

Del extenso y detallado informe elaborado se destacan las siguientes conclusiones.

Conclusiones

La pluralidad normativa estatal y autonómica da lugar a una heterogénea regulación de la materia en distintos aspectos, acorde con nuestro constitucional sistema de distribución de competencias. Sin embargo, tras el dictado de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, se aprecia en la regulación autonómica discordancias que exceden de esa normal distribución competencial y pluralidad normativa, fundamentalmente en relación con: las prohibiciones contenidas en el artículo 4, de la Ley 29/2005 por su naturaleza de precepto básico de la legislación estatal; la diferente precisión en la diferenciación de la publicidad institucional y la actividad publicitaria de carácter mercantil o profesional y la publicidad normativa; así como, con la distinta regulación respecto de los principios que deben regir la publicidad institucional, en cuanto a transparencia, eficacia, eficiencia, libre concurrencia y no discriminación.

Para el Tribunal, la Administración no puede valerse de la publicidad institucional como instrumento para dar a conocer que presta servicios o los logros que consigue. La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, debiendo ser nítida esa relación entre la finalidad perseguida y los medios empleados, lo que no puede predicarse de algunos de los contratos analizados.

Si bien las actuaciones integrantes de la publicidad institucional, por su propia finalidad, deben ser articuladas a través de las denominadas “campañas publicitarias” que exige una planificación previamente definida, la mayor parte de la contratación comunicada se refiere a actividades publicitarias aisladas para un determinado momento y que en algunos casos contradicen incluso la normativa aplicable al referirse a las publicidades exigidas por ley.

Respecto a los procedimientos contractuales utilizados deben destacarse dos circunstancias que contravienen lo previsto tanto en la normativa básica estatal como en la autonómica: la utilización de procedimientos contractuales que implican una restricción de la libre competencia (homologación de proveedores, contratos de mediación para las inserciones publicitarias, procedimientos negociados sin publicidad no justificados…) y la realización de procedimientos contractuales que resultan ajenos a la finalidad de publicidad institucional (convenios de colaboración para publicitar eventos restringidos, normalmente de carácter deportivo, y contratos publicitarios para dar a conocer eventos previamente patrocinados por el propio Ayuntamiento).

En la mayoría de los Ayuntamientos fiscalizados (salvo Zaragoza) se ha constatado la presencia de una cierta centralización de la gestión relativa a la actividad publicitaria, a través de servicios o gabinetes de prensa, y pese a ello, se contrata servicios de agencias mediadoras para que interesen las inserciones regulares o puntuales a cambio de un porcentaje del coste en concepto de comisión, sin que en ninguno de los casos conste una justificación sobre la conveniencia económica o de eficacia que tales contrataciones comportan.

En el Ayuntamiento de Sevilla se ha observado, tanto en la remisión de la documentación como en la gestión contractual desarrollada por algunas de las unidades administrativas, deficiencias organizativas y procedimentales puestas de manifiesto en la ausencia de un canal único de gestión y tramitación de las facturas y susceptibles de generar confusión y errores en los pagos derivados de las mismas. En concreto, se ha observado la presencia de una pluralidad de documentos de esa índole incorporados a la gestión, sea como originales o duplicados de los mismos, que han terminado por ser incorporados a la documentación remitida a este Tribunal de Cuentas, lo que pone de relevancia un alto riesgo de error que debiera y pudiera fácilmente ser evitado, sin perjuicio de la eficacia que, a estos efectos, demuestra la actuación de la Intervención municipal, al no haberse detectado duplicidad en los pagos correspondientes a esos expedientes.

Durante el ámbito temporal que abarca la fiscalización no se ha observado la específica utilización de la publicidad institucional para alcanzar réditos electorales en una concreta campaña de forma que pudiera ser calificada como de publicidad implícita o encubierta de campañas de esa índole, de acuerdo con la legislación vigente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la propaganda instrumentada, de forma encubierta, en la publicidad institucional, no sólo se manifiesta al lograr impactos instantáneos en los ciudadanos, como ocurre en los periodos electorales, sino mediante la difusión de mensajes durante periodos prolongados que, en virtud de planes estratégicos de persuasión política trazados a medio o largo plazo, pretenden inducir al ciudadano hacia una determinada opción política, con independencia de que su punto culminante se alcance en el periodo electoral, la campaña o la precampaña.

De izquierda a derecha, los profesores Fdez. Llera, Canales, Berrueta, Barahona y Dehling escuchando al doctorando Helio MIleski.

El lunes pasado, el Consejero del Tribunal de Cuentas de Rio Grande do Sul, Helio Saul Mileski, obtuvo la máxima calificación para su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, dentro de la Escuela de posgrado en Estado de Derecho y Buen Gobierno. Faltaba el director de la tesis, Pedro Nevado, que ese mismo día tomaba posesión de su cargo de Consejero de Administración Pública de la Junta de Extremadura.

Un año más se celebra en la isla de Gran Canaria el seminario que organiza la Universidad de Verano de Maspalomas, promovido por la Audiencia de Cuentas de Canarias. Rafael Medina Jáber, presidente del organismo fiscalizador participó ayer en la jornada inaugural junto al presidente del Tribunal de España, Manuel Núñez. Ambos centraron su discurso en defender a los órganos de Control Interno de la administración y a los órganos de Control Externo como los garantes de las cuentas públicas frente a quienes en estos momentos de relevo en las distintas administraciones públicas abogan por auditorías privadas. 

Así, Núñez recordó el informe del Tribunal, de octubre de 2009, que en la esfera local, “tan sólo a instancia del propio Interventor, como responsable de los  servicios y titular de las competencias de control interno, procede iniciar un expediente de contratación con este objeto”.  

Además se preguntó: ¿Sirven los Tribunales de Cuentas de hoy para dar respuesta a los problemas que la situación actual plantea? Entre las múltiples circunstancias que definen la situación actual, y a título de ejemplo, destacó las siguientes:

1º) La transformación que se está generando en la sociedad, como consecuencia de las nuevas tecnologías de la información trasciende el ámbito estrictamente técnico que pudiera caracterizarlas e irrumpe en la organización social, en los planteamientos políticos, en la producción económica, en la construcción jurídica y, por descontado, en el funcionamiento de la Administración. 2

2º) El ingente volumen de recursos públicos gestionados y una determinada cultura proclive al enriquecimiento rápido por procedimientos descontrolados o ilícitos, tal como ha puesto de relieve la crisis que padecemos.

3º) Nuestra específica organización político-administrativa. A estas preocupaciones compartidas con otros países, cabe agregar la inquietud derivada de nuestra específica organización político- administrativa y la necesidad de encontrar un sistema definitivamente asentado de la organización territorial de las Administraciones Públicas, Autonómicas y Locales, que afiance un sistema racional y transparente de financiación y de asunción de competencias, superando posicionamientos políticos a corto plazo.

4º) A estas singularidades de la organización político-administrativa, cabe agregar otras características del sector público de orden jurídico, más acentuadas en las últimas décadas, como es la progresiva tendencia a la desregulación, al abandono de un marco jurídico estricto y la elusión del control institucional. Así, la imagen inmediata que con frecuencia se transmite de multiplicación de los centros de gasto público, en ocasiones compartidos por diferentes Administraciones, de creación injustificada de entidades públicas, con un régimen de funcionamiento más laxo desde el punto de vista del control y de la asunción de responsabilidades, así como el desasosiego que origina el repaso de las numerosas medidas adoptadas para paliar la crisis actual, con efectos inciertos en el futuro funcionamiento del sistema económico y financiero, son todas referencias que vienen a resaltar la importancia de exigir decisiones y comportamientos adecuados a los responsables públicos y de potenciar y respaldar la actuación de las Instituciones de control sobre su actividad.

Rafael Medina y Juan Ramallo

¿Reformar los órganos de control?

Hoy participé en una mesa redonda, sobre reforma de los OCEX, que contaba con la presencia de Javier Medina Guijarro, consejero del Tribunal de Cuentas de España, Olayo González Soler, fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, Francisco Constela Acasuso, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (y exmiembro del Consello de Contas de Galicia) y Hubert Weber, ex presidente del Tribunal de Cuentas Europeo.

El momento es oportuno, pues se vislumbran cambios en los órganos, algunos buscando ahorros mientras otros parecen de más calado, previa evaluación de su eficiencia institucional. Los retos del futuro son la independencia, las Relaciones con los Parlamentos, la coordinación entre órganos fiscalizadores (Javier Medina habló de un “Sistema Nacional de Control“) aumentar la potestad sancionadora, un ámbito fiscalizador sin límites (Olayo recordó que aún hay áreas exentas donde no se llega, como los órganos constitucionales), ampliar el concepto de responsabilidad contable (incluyendo la normativa de contratación, por ejemplo), una moderna política de comunicación e incluso más controles para el controlador. Se propuso generalizar los informes de auditoría sobre la propia actividad de los OCEX.

En este momento, hay una creciente tendencia a sobrevalorar los informes de las agencias de calificación, que son los nuevos gurús de la ortodoxia financiera pública, aunque hay muchos motivos para tomar medidas destinadas a reducir su influencia. En tiempos de euforia, alimentan la burbuja. En momentos de colapso, la deshinchan más. Hace cuatro años las agencias calificaron instrumentos financieros avalados por las hipotecas basura en EE.UU. como activos triple A. Valoraban la deuda portuguesa y griega como si fuera alemana. Ahora, sus previsiones provocan bajadas en cascada. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, lamentó la falta de conocimientos de los economistas de esas agencias: “Nuestras instituciones conocen mejor el país (Portugal) que ellos”, dijo.

También pudimos escuchar al profesor de Economía Pública de la Universidad de Oviedo, Roberto Fernández Llera, que hizo un brillante análisis de los escenarios presupuestarios en que están inmersas las Administraciones Públicas de toda Europa.

De izquierda a derecha: Hubert Weber, Olayo G. Soler, Antonio Arias, Javier Medina y Paco Constenla

Premios Auditoría Pública

El IX Seminario concluyó con la presentación de los trabajos premiados por la revista Auditoría Pública cuyo primer premio recayó en el trabajo de Pilar Plaza Grau Auditora de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, María Mateo Fernández, Auditoria del Consello de Contas de Galicia y Consuelo Rus Lillo, Auditora de la Cámara de Cuentas de Andalucía y que lleva por título “Fiscalización Horizontal: La gestión del gasto en prótesis quirúrgicas”.

El segundo premio correspondió a Teresa Moreo Marroig, por el artículo titulado “Los convenios. Distinción entre las tres figuras jurídicas: subvención, contrato” publicado en mayo de 2010 en el número 50 de la revista. Asimismo, el tercer premio recayó en el trabajo ‘De la Función Interventora al Control Financiero Permanente: Balance de Resultados del Primer Año en Canarias’ que fue presentado por Alejando Parres García, jefe del Servicio y Gestión de Políticas de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y promotor de este magnífico blog.

A la izquierda, Teresa Moreo recibe el premio de manos del Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López Hernández. A la Derecha, el profesor Roberto Fernández Llera imparte su conferencia con Francisco Socorro a su lado.

Ya hemos comentado en esta bitácora los numerosos guiños producidos en la Ley de la Ciencia -que entrará en vigor dentro de cinco meses- cuyo texto contiene varias previsiones destinadas a facilitar los procesos de gestión de la investigación y la transferencia de conocimiento. Hoy comentamos la disposición adicional undécima que simplifica la justificación y el control financiero de las subvenciones y ayudas concedidas por la Administración General del Estado a las Universidades Públicas. 

Cuenta justificativa simplificada

La norma no hace otra cosa que recoger la petición de la Unión Europea para agilizar y simplificar los procedimientos de concesión y justificación de ayudas a la investigación científica y técnica.

Por una parte ordena la aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos de gestión para reducir o suprimir la documentación requerida y reducir los plazos y tiempos de respuesta. Una situación que en las últimas convocatorias de proyectos de investigación ya venía siendo habitual.

Por otra parte, reconduce todas las justificaciones de los proyectos de investigación hacia el procedimiento simplificado al ordenar a la Administración General del Estado promover la celebración de convenios con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con las Universidades, con el objeto de coordinar el régimen de control de los agentes públicos de investigación y posibilitar la extensión del régimen de cuenta justificativa simplificada previsto en la normativa de subvenciones, con arreglo a los siguientes requisitos:

a) Salvo que las bases reguladoras establezcan otra cosa, cuando un organismo o ente perteneciente a una Comunidad Autónoma o Universidad perciba del sector público estatal una subvención o ayuda sometida a la Ley General de Subvenciones (LGS), su justificación se realizará conforme al régimen de cuenta justificativa simplificada, sin que resulte de aplicación la cuantía máxima establecida para tal régimen en la normativa de subvenciones.

b) La entidad perceptora estará sometida a control financiero permanente del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma o Universidad.

c) La modalidad de justificación de la subvención o ayuda revestirá la forma de cuenta justificativa prevista en el artículo 30 de la LGS.

Además simplifica el ejercicio del control financiero permanente de cada entidad al ordenar que “se revisarán los sistemas y procesos de justificación empleados, así como una muestra de las cuentas justificativas presentadas ante los órganos administrativos competentes”.

Si, como consecuencia de la anterior revisión se observase una falta de concordancia entre las cuentas justificativas presentadas y los registros contables o justificantes que las acreditan, “se emitirán informes separados dirigidos a los órganos concedentes de las subvenciones o ayudas en los que se indicarán tales extremos”.

Recordemos que de acuerdo con el Reglamento de la LGS (R.D. 887/2006, de 21 de julio) la Cuenta justificativa simplificada (Artículo 75) podrá tener carácter de documento con validez jurídica en las subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros siempre que así se haya previsto en las bases reguladoras de la subvención. Ambos requisitos podrán no ser exigibles, si se aplica la Ley de la Ciencia.

La cuenta justificativa simplificada contendrá la siguiente información:

1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
3. Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
4. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

Lo más importante para el beneficiario: el órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo, “los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto seleccionados”.

Hasta este fin de semana no he podido leer la nueva Ley de la Ciencia, que publicó el 2 de junio pasado el BOE. Se trata de algo más que un parche para la ciencia, que no transforma el modelo, pero resuelve algunos viejos problemas, como reconocía El País hace unas semanas. Aunque tardará seis meses en entrar en vigor, en virtud de una extensa vacatio, es conveniente ir analizando sus muchos vericuetos.

Para los más ortodoxos de lo público, supondrá un contubernio que legitime el desembarco de los mercados en la Universidad. Por el contrario, los más proactivos exaltarán la supresión de la rígida burocracia y de las limitaciones a las puertas giratorias con las empresas.

Algo menos precarios

Uno de los blogs de la versión digital de Nature se hacía eco de esta nueva ley que recogió en el Senado un cambio no previsto, aprobándose una petición de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) para que todos los científicos, incluyendo los investigadores predoctorales tengan una relación contractual con la entidad a la que pertenecen, desterrando las becas. Los representantes de la campaña, el movimiento Por la dignidad en la investigación había enviado una carta abierta al gobierno apoyada por 2.500 científicos, que mostraba su escepticismo sobre de las bondades de esta ley, donde la concatenación de contratos no obliga a la contratación estable, como ocurre en cualquier otra ocupación laboral.

Una de las principales novedades de la nueva Ley de la Ciencia es la creación de nuevas modalidades de contrato específicos para el sector. De este modo, además del contrato predoctoral (con bonificación exlege del 30% de la cotización a la Seguridad Social) también se ha creado uno contrato de acceso, cuyo objetivo será la consolidación de los investigadores dentro del sistema de Ciencia; y un contrato de investigador distinguido, para que se pueda atraer talento de otras instituciones. Alguien ha defendido el modelo afirmando que permitirá “Fichar al Messi de los investigadores “. Por el contrario, no falta quien recuerda que aquí “primero se construye el edificio y luego se buscan los científicos”, cuando debería ser al revés.

Algunas perlas

Tiene algunas novedades de tercera generación como la previsión del artículo 37 que dispone que todos los investigadores cuya actividad haya sido financiada mayoritariamente con los Presupuestos Generales del Estado están obligados a publicar en acceso abierto una versión electrónica de los contenidos aceptados en publicaciones de investigación (“sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones”). Para su desarrollo, se encomienda a los agentes del Sistema el establecimiento de repositorios institucionales de acceso abierto.” Es una paradoja que, hoy en día, casi toda la ciencia publicada esté financiada por cuantiosos fondos públicos y necesite “pagar el peaje” de editores comerciales para su divulgación internacional.

También debe mencionarse que a partir de esta Ley, las Universidades públicas estarán integradasno sólo por Escuelas, Facultades, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación sino también por Escuelas de Doctorado cuya creación deberá ser notificada al Ministerio de Educación, a efectos de su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Estas son unidades creadas por una o varias universidades, por sí mismas o en colaboración con otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i, nacionales o extranjeras, que tienen por objeto fundamental la organización, dentro de su ámbito de gestión, del doctorado en una o varias ramas de conocimiento o con carácter interdisciplinar.

Agilizar, agilizar, agilizar ….

Para evitar cualquier indefinición en su aplicación a las universidades, destacamos dos artículos de aplicación automática:

«A los efectos previstos en el párrafo q) del artículo 4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público (LCSP) las Universidades tendrán la consideración de Organismo Publico de Investigación.»

¿Y qué dice LCSP en este punto? Pues la exclusión de los contratos de I+D del ámbito de aplicación de la Ley. Recordemos que el artículo 4 enumera los “negocios y contratos excluidos” :

1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas:

…

q) Los contratos de servicios y suministro celebrados por los Organismos Públicos de Investigación estatales y los Organismos similares de las Comunidades Autónomas que tengan por objeto prestaciones o productos necesarios para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o servicios técnicos, cuando la presentación y obtención de resultados derivados de los mismos esté ligada a retornos científicos, tecnológicos o industriales susceptibles de incorporarse al tráfico jurídico y su realización haya sido encomendada a equipos de investigación del Organismo mediante procesos de concurrencia competitiva.

Además, el artículo 36, al declarar privados muchos contratos vinculados a la I+D+i, resuelve el viejo problema de la enajenación a particulares de los resultados científicos y tecnológicos (párrafo final) y termina con la polémica de la naturaleza jurídica de los contratos de investigación del artículo 83 LOU (antes 11 LRU) que declara privados:

Artículo 36. Aplicación del derecho privado a los contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación.

Se rigen por el derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio de libertad de pactos, y podrán ser adjudicados de forma directa, los siguientes contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, suscritos por las Universidades públicas:

a)  contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades;

b)  contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación;

c) contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. No obstante, en el caso de que el receptor de los servicios sea una entidad del sector público sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público, ésta deberá ajustarse a las prescripciones de la citada ley para la celebración del correspondiente contrato.

La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá sobre el derecho privado.

Aunque, como puede leerse en el párrafo final del apartado c), se crea otro efecto colateral para las Administraciones que quieran “celebrar” con la universidad un contrato de investigación, pues “deberá ajustarse a las prescripciones de la citada LCSP“. Usar el término “celebración” parece remitir a la doctrina de los actos separables, en virtud de la cual, las fases de preparación y adjudicación del contrato se regirán por el derecho administrativo (LCSP) y la ejecución y extinción se regirán por las normas de derecho privado.

En fin, todo es poco, en el noble objetivo de facilitar la transferencia del conocimiento. Pero no faltará quien denomine a esto un cheque en blanco para esa figura del profesor-empresario, que mantiene una actividad frenética y una agotadora agenda: estudiando los resultados de sus colegas internacionales (y estos los suyos), formando becarios, dirigiendo tesis doctorales, publicando en inglés y combatiendo la envolvente burocracia de la gestión investigadora.

Empresas, empresas, empresas

La Ley Orgánica de Universidades garantiza, en ejercicio de la autonomía financiera de las universidades, la creación de fundaciones y otras personas jurídicas para la promoción y desarrollo de sus fine, con la aprobación del Consejo Social. Tanto la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible como en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación potencian esta tendencia, reconociendoles también la obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimiento que las propias Universidades.

Llegamos así al proceloso mundo de las spin-off, con o sin participación pública, ejemplo vivo de eso que el catedrático catalán Solé Parellada llama las tecnópolis, el entramado donde estudiantes y profesores conviven más en los laboratorios que en las aulas, con el proyecto como eje de enseñanza  y donde las unidades autónomas periféricas se multiplican.

Para lo más desconfiados del papel del mercado y de las empresas en el entramado universitario, el ejemplo no hace falta ir a buscarlo a EEUU. Basta con observar a los paladines del Estado de Bienestar, los escandinavos, donde su éxito se forja en esas relaciones:

Compatible compatible, compatible

Se modifican varios artículos de la Ley 53/84, de incompatibilidades que permite autorizar la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo (Artículo 4.2) de carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, “incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario”.

Además, permite al personal docente e investigador de las Universidades públicas prestar servicios en las sociedades creadas o participadas por ella (artículo 6.2). Para ello, el artículo 18 de la Ley de la Ciencia les autoriza expresamente a prestar servicios allí (sin modificar su jornada de trabajo ni su horario) mediante contrato laboral a tiempo parcial y de duración determinada.

Sin embargo, es muy importante la derogación para el PDI universitario de determinadas limitaciones de la Ley de incompatibilidades, incluidos en los arts. 12.1 b y d, a saber:

b) – Pertenecer a Consejos de empresas directamente relacionadas con la actividad del funcionario. Si el investigador está en los dos lados (universidad y spin-off universitaria) por definición, antes se violaba el precepto que del que ahora se exime.

d) – Poseer más del 10% de participación en empresas contratistas con la Administración donde presta servicios. De esta manera, no se impide al investigador ser ejecutivo en la spin-off.

Por último, se les quita a los investigadores la limitación impuesta en el art 16 de la citada Ley de incompatibilidades, que se refiere a mantener la dedicación a tiempo completo (o el factor de incompatibilidad correspondiente) y se suprime la barrera de no tener un complemento especifico superior al 30% de las Retribuciones Básicas.

No se pueden quejar los investigadores pues se han removido todos los obstáculos legales para crear y dirigir una spin-off.

Movilidad, movilidad, movilidad.

Por último, destaco la movilidad, reconocida como objetivo en el artículo 18 de la Ley de la Ciencia, pues los organismos públicos de investigación (y la Universidad, reiteremos, lo es) “promoverán la movilidad geográfica, intersectorial e interdisciplinaria, así como la movilidad entre los sectores público y privado en los términos previstos en este artículo, y reconocerán su valor como un medio para reforzar los conocimientos científicos y el desarrollo profesional del personal investigador. Este reconocimiento se llevará a cabo mediante la valoración de la movilidad en los procesos de selección y evaluación profesional en que participe dicho personal”.

Modalidades

¿En qué se traducen tan bellas palabras? La ley prevé tres concretos instrumentos de movilidad:

A) Adscripción a otros agentes públicos y fundaciones participadas, durante el tiempo necesario para la ejecución del proyecto de investigación. Para colaborar en régimen de compatibilidad dentro de un proyecto.

B) Estancias formativas en centros de reconocido prestigio, tanto en territorio nacional como en el extranjero durante un máximo de 2 años cada 5 años. “El personal investigador conservará su régimen retributivo” dice para reafirmar elegantemente que es una estancia remunerada.

C) Excedencia con una duración máxima de 5 años para quienes tengan una antigüedad mínima de cinco años. La ley reconoce que es materia de la normativa autonómica pero para evitar los habituales vacíos normativos declara que, en su defecto, será aplicación directa esta regulación. Reconoce (importantísimo) el derecho a la reserva del puesto de trabajo y a la evaluación de la actividad investigadora, en su caso. Esta excedencia presenta dos variantes, en función del destino a donde se dirige el PDI universitario:

C1) Hacia otros agentes públicos.- En régimen de contratación laboral, para “la dirección de centros de investigación e instalaciones científicas, o programas y proyectos científicos, para el desarrollo de tareas de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico, transferencia o difusión del conocimiento relacionadas con la actividad que el personal investigador viniera realizando”. Como son centros del sector público, la ley reconoce el derecho a la antigüedad y a la consolidación de grado.

C2) Hacia agentes privados de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, o a agentes internacionales o extranjeros.

Conclusión

Los profesores universitarios venían pidiendo desde hace años un tratamiento singular para implicarse en la transferencia de conocimiento. Ahora (en seis meses) eliminados todos los controles generales existentes para la función pública, ya tienen sobrados instrumentos para dar el salto al mercado. Sólo queda el espíritu emprendedor, que no es poco.

Desde hace una década se celebra en todo el mundo, cada 20 de junio, el Día Mundial de los Refugiados, fruto de la resolución 55/76 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo, pero que se ha extendido a todas las personas obligadas a dejar su hogar por causa de conflictos, persecución o violencia generalizada del planeta. Queremos sumarnos al acontecimiento, desde el punto de vista de la fiscalización. 

¿La Unión Europea optimiza ayudas a las zonas en conflicto? ¿Son ayudas sostenibles? Para responder a estas preguntas, el Tribunal de Cuentas Europeo acaba de aprobar el Informe Especial 3/2011 titulado “La eficiencia y la eficacia de las contribuciones de la UE canalizadas a través de las organizaciones de las Naciones Unidas en países afectados por conflictos”. Un análisis necesario teniendo en cuenta la cuantía de los fondos canalizados por la Comisión Europea, a través de EuropeAid y las organizaciones de las Naciones Unidas, que se situó en torno a los 4.000 millones de euros, en el periodo comprendido entre 2005 y 2009.

Esta auditoría es complementaria de otra anterior, el Informe 15/2009 de enero de 2010, ya presentado en esta bitácora, que concluyó que el proceso de seguimiento debería ser más riguroso para centrarse en mayor medida en los resultados y que se justificaran con claridad todas las decisiones llevadas a cabo a través de las Naciones Unidas.

El trabajo actual se centra en las zonas afectadas por conflictos y, en particular, en proyectos situados en Sudán, Afganistán e Iraq durante el periodo 2006–2008, y complementa al anterior informe centrándose en la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad.

El informe reconoce las dificultades particulares que entraña hacer llegar la ayuda en países afectados por conflictos y el hecho de que la Comisión, a través de las Naciones Unidas, ha podido suministrar ayuda en zonas que de otro modo hubiera resultado muy difícil llegar. En estas circunstancias, el impacto global de las actividades financiadas a través de organizaciones de las Naciones Unidas fue positivo.

No obstante, el informe señala una serie de aspectos significativos a los que la Comisión debe responder.

El Tribunal reconoce la necesidad de establecer para todos los proyectos unos objetivos claros y prácticos, que puedan supervisarse, y fijar un calendario razonable para su ejecución. Los informes de las Naciones Unidas, que constituyen la principal fuente de información para la Comisión, a menudo se retrasan y son incompletos, y la insuficiente importancia concedida a la eficiencia y a la evaluación de los costes de los proyectos es otro ámbito que, para el auditor requiere la atención de la Comisión. Aunque reconoce que la Comisión ha adoptado una serie de medidas para abordar los problemas planteados, el Sr. Pinxten, Miembro de Tribunal con competencias específicas para la elaboración de este informe, subraya la necesidad de garantizar la buena gestión financiera de todos los fondos canalizados por la Comisión a través de las Naciones Unidas, con independencia de a dónde se haga llegar la ayuda.

El Tribunal evaluó la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de una muestra de 19 proyectos. Para ello, realizó un análisis separado de cada uno de los apartados, que presentamos a continuación.

Eficacia

En la presente fiscalización, la eficacia se definió como la consecución de objetivos y el logro de resultados.

La gran mayoría de proyectos de la muestra prolongaron considerablemente su período de ejecución inicial, debido en particular a que en los acuerdos de contribución no se tuvieron suficientemente en cuenta las difíciles circunstancias de los países, por lo que se subestimó el tiempo necesario para lograr ciertos resultados.

La cooperación con las organizaciones de la ONU ha permitido prestar ayuda en un entorno operativo muy complicado. Si bien dos proyectos alcanzaron sus objetivos plenamente y fueron valorados como «satisfactorios», ocho reflejaron «insuficiencias menores» y cinco «insuficiencias graves». Dos proyectos no fueron ejecutados plenamente debido a circunstancias específicas, por lo que no lograron su objetivo principal y se consideran por tanto como «insatisfactorios».

Sostenibilidad

La sostenibilidad, en el contexto de la presente fiscalización, se definió como el grado de persistencia de los resultados una vez concluida la financiación de la Comisión.

Dado que la mayor parte de los proyectos de la muestra realizada por el Tribunal todavía no habían llegado a su término, la fiscalización examinó la posible sostenibilidad de los resultados de los proyectos: la evaluación consistió fundamentalmente en apreciar en qué medida se habían cumplido las condiciones necesarias para la sostenibilidad (apropiación del proyecto por el beneficiario, financiación suplementaria, competencia necesaria y situación política en el país o región).

Pues bien, cuatro proyectos de la muestra se valoraron como «satisfactorios» en términos de sostenibilidad. Cinco proyectos presentaban «insuficiencias menores», dos de ellos «insuficiencias graves» y uno se consideró «insatisfactorio». En siete proyectos, no fue posible realizar una evaluación, por distintos motivos: en tres de ellos, porque se encontraban todavía en una fase inicial de la ejecución; en dos, debido a que la información disponible no era suficiente; y en otros dos, porque no habían logrado sus principales objetivos y no se disponía de resultados que pudieran ser sostenibles.

Eficiencia

En consonancia con el Reglamento Financiero, en el contexto de la presente fiscalización la eficiencia fue definida como la mejor relación entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. El Tribunal quería determinar en qué medida las evaluaciones y el control de los costes por la Comisión garantizaban que los costes detallados en los presupuestos e informes financieros guardaran una relación razonable con los servicios prestados. En este contexto, se hallaron ejemplos de proyectos con indicaciones de relaciones costes- resultados subóptimas, y en particular casos de costes administrativos elevados.

En nueve de los 19 proyectos examinados se detectaron niveles de costes elevados sin prueba alguna de su repercusión en la mejora de los servicios prestados. Debido a la insuficiencia de los datos aportados en los informes financieros, resultó imposible evaluar siete proyectos.

Conclusiones

Las conclusiones del Tribunal son las siguientes:

a) La fiscalización de una muestra de proyectos confirmó que la Comisión no recibe suficiente información a su debido tiempo a través de los informes de las Naciones Unidas. Gran parte de los informes siguen sufriendo retrasos, no son lo suficientemente detallados o se centran en las actividades en lugar de en los resultados.

b) Se observaron frecuentes insuficiencias en la concepción de los proyectos que incidieron negativamente en la ejecución y evaluación de los mismos.

c) Al canalizar los fondos a través de las Naciones Unidas, la Comisión ha prestado ayuda en zonas a las que de otro modo le habría sido muy difícil acceder. Dado el elevado riesgo inherente en los países afectados por conflictos, las actividades financiadas tuvieron una incidencia positiva global, y diez de los 19 proyectos de la muestra alcanzaron la totalidad de los objetivos, o como mínimo los principales.

d) En la mayoría de las intervenciones realizadas en Sudán, Afganistán e Iraq se prolongó el período de ejecución previsto, en general debido a que en los acuerdos de contribución se subestimó la difícil situación de estos países y se fijó un calendario poco realista. Cuatro de los 19 proyectos se ejecutaron en el plazo inicialmente previsto, mientras que varios proyectos duraron más del doble de lo estimado en un principio.

e) Dadas las circunstancias problemáticas en las que se ejecutaron los proyectos, en general resulta difícil garantizar la sostenibilidad de los resultados. Sin embargo, se consideró que en su mayor parte tenían oportunidades razonables de sostenibilidad.

f) La Comisión no se ha centrado lo suficiente en los aspectos vinculados a la eficiencia debido a que las evaluaciones de costes llevadas a cabo eran limitadas y no habían sido sistemáticamente documentadas. Además, el Tribunal detectó deficiencias en este ámbito en la mitad de los proyectos de la muestra, mientras que en siete proyectos no se contaba con información suficiente.

La semana pasada se presentó ante la opinión pública el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) correspondiente al año 2010. Se trata de un documento que regularmente analiza las tendencias y los retos de la universidad española y cuenta con la colaboración de los mejores expertos, tanto académicos como gestores profesionales. Este año han puesto el dedo en la llaga institucional. 

La presidenta de la Fundación, Ana Patricia Botín reconoce, desde el prólogo la capacidad de la universidad para hacer frente a las nuevas demandas de la sociedad “se ve limitada por ineficiencias en la gestión de la financiación universitaria, más que por una escasez de recursos”. Como en años anteriores, el Informe CYD 2010 dedica también un capítulo a presentar una interesante clasificación de las universidades españolas según una serie de 20 indicadores.

Sin embargo, algunos medios de comunicación han aprovechado para ajustar cuentas y destacar que esas ineficiencias del sistema universitario español cuestan al Estado en torno a 2.100 millones de euros. Periódicamente se habla del asunto, como puede verse en el propio Observatorio de la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (CRUE) que ya lo había puesto de manifiesto en ocasiones aunque, hasta ahora, nunca se le había puesto cifra a la ineficiencia.

Los rectores se han molestado ante esa afirmación porque “además de carecer de rigor, causa en la sociedad una alarma injustificada y aleja de la Universidad la posibilidad de atraer inversiones y recursos que potencien una adecuada gestión del conocimiento“, dice la nota de prensa de la CRUE.

Los autores han considerado necesario publicar una tribuna en El País calificando de “inapropiado” que los responsables del Informe FCYD 2010 “hayan presentado a los medios de comunicación aspectos parciales de nuestro análisis, completamente descontextualizados y haciendo caso omiso de nuestro enfoque general del problema y de nuestras conclusiones”.

En fin, lo mejor será leer el artículo que ha generado tanta polémica, que se incluye en el capítulo segundo del libro y que ha sido firmado por Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) y José A. Pérez García (Universitat Politècnica de Valencia) y que ya habían avanzado aquí. Veamos lo que dicen en el documento:

Problemas de eficiencia del sistema universitario público español, por Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) y José A. Pérez García (Universitat Politècnica de Valencia).

Pág. 124

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La oferta de enseñanzas universitarias ha evolucionado, no solo en el periodo mostrado, sino como una tendencia permanente de los últimos quince años del sistema, en un sentido contrario a la demanda. Esta paradoja, tiene tres orígenes:

i. La voluntad de las autoridades públicas de extender la oferta territorial de enseñanzas universitarias, mediante la creación nuevas universidades y campus locales6, con el objetivo de aproximar los servicios universitarios a los usuarios en un modelo de localización institucional que persigue incentivar el acceso masivo a las enseñanzas universitarias. Actuaciones que, a su vez, han propiciado la creación de “demandas cautivas” que han desmotivado la concurrencia/competencia institucional y han reducido notablemente la movilidad territorial de los estudiantes.

ii. La permanencia en el sistema de una única vía de acceso al empleo universitario estable como “profesor con obligaciones docentes”. Esta circunstancia ha promovido una estrategia continuada de los Departamentos para ampliar su encargo docente, y para ello la vía más productiva era la promoción de nuevas titulaciones o especializaciones de las existentes, cuyo efecto era la ampliación del citado encargo docente, lo que permitía incorporar y estabilizar colaboradores precarios (becarios, contratados y ayudantes) de la actividad docente e investigadora. Los rectores, incentivados a la lógica satisfacción de los votantes internos, han trasladado esa presión interna hacia la administración educativa, y han esgrimido reiteradamente la autonomía universitaria para conseguir sus objetivos.

iii. La tendencia de las universidades a defender o conquistar el territorio poseído o anhelado, respondiendo a una dinámica prolongada de creación de nuevas universidades que han de conquistar su demanda y amenazan la dimensión de la misma en universidades ya consolidadas.

La resultante de estas tres dinámicas es un panorama como el que representa el gráfico 5. En la actualidad más del 42% de las enseñanzas del SUPE tienen menos de 50 alumnos de nuevo ingreso, con las consecuencias de sobrecoste unitario medio que arrastra la impartición de este tipo de titulaciones y las implicaciones de calidad en la selección del alumnado que conlleva dicha estructura de la oferta.

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Los autores ponen de manifiesto que en las titulaciones de humanidades, experimentales y técnicas, hay un total de 369 enseñanzas que representan el 15,82 % del total de la oferta del curso 2008-2009, que registraron una demanda que no superó los 20 estudiantes de nuevo ingreso y que requieren para su impartición más de 4.000 profesores.

Además, creen que se están agudizando algunas de las actuaciones que propician ámbitos de ineficiencia, cuando observamos la implantación que se ha producido de las enseñanzas oficiales de postgrado que otorgan la acreditación de máster. En los datos correspondientes al curso académico 2008-2009 las universidades públicas presenciales ofertaron un total de 1.588 másteres que matricularon 40.961 estudiantes, lo que determina una demanda académica media por enseñanza de 26 alumnos. Una cifra notablemente inferior a la referencia tipo de demanda académica eficiente que se sitúa en 40 alumnos por enseñanza de máster.

Más adelante concluyen, en la Pág 127:

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La universidad española se ha centrado en este aspecto, en reclamar una reducción del tamaño medio de grupo, aún cuando resulta evidente que dicha reducción no se produce necesariamente en las mejores universidades del mundo, a través de la reducción del tamaño de los grupos de teoría, o de problemas. Demanda que, no obstante, resultaría factible cuando se hubiera procedido a la reducción de la dimensión de la docencia presencial, a cambio del trabajo del alumno en su proceso de aprendizaje y mediante la atención de las prácticas de laboratorio por personal técnico no docente (técnicos de laboratorio, estudiantes de postgrado, becarios, etc.).

Esta visión interesada del sistema universitario español de la adaptación al EEES (interesada por que era la que daba lugar a reclamar la necesidad de más recursos), y que no ha sido posible hacer realidad debido a que en el momento de su aplicación ya había hecho acto de presencia la crisis económica, nos hubiera llevado a construir una plantilla de profesorado todavía más sobredimensionada que la actual para el desempeño de las tareas docentes en determinadas ramas de enseñanza.

Si se hubiera abordado una correcta adaptación al EEES, la acción combinada de estos dos factores: reducción de los créditos impartidos que se derive de una menor presencialidad docente de los planes de estudio y una menor oferta de titulaciones con baja demanda, hubiera dado lugar a disponer de un margen de recursos superior al 30% del coste de la función educativa, es decir más de 2.100 millones de € para el conjunto de las universidades públicas. El disponer de estos fondos hubiera permitido, sin duda, financiar la esperada reducción de los tamaños medios de grupo de prácticas de laboratorio y la disponibilidad de una considerable cantidad de recursos docentes adicionales de equipamiento y asistencia técnica.

Es obvio, por otro lado, que de haberse producido este planteamiento en las universidades, la gestión del proceso hubiera chocado con rigideces normativas que les hubieran dificultado la transición hacia el nuevo modelo: específicamente plantillas de profesorado funcionariales o de contratación fija. En todo caso, dichas rigideces no hubieran impedido una estrategia a medio plazo de reducción de las plantillas en figuras de profesorado a tiempo parcial (que actualmente supone el 31,57% del profesorado y un 20,44 % de la capacidad docente total para el conjunto del SUPE) y/o derivada de la no reposición de jubilaciones que en los próximos cinco años alcanzarán una dimensión de 13.075 plazas, el 13,53 % de la plantilla de profesorado.

Seminario en la UNED

Hoy, fiesta local en mi ciudad de Oviedo (“martes de campo”) participo en un seminario de formación para los 16 funcionarios que acceden a las escalas A1 y A2 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la sede de Madrid. Hemos podido comentar algunas de estas cuestiones y otras muchas de la gestión económico financiera de las universidades públicas y su rendición de cuentas.

Dejamos constancia del productivo evento. En la foto, soy presentado por el Vicegerente de Recursos Humanos de la UNED, José Matías Hernández Sánchez.

El próximo Primer Ministro de Portugal acaba de anunciar su intención de crear una autoridad de control presupuestario que sea independiente del Gobierno y totalmente transparente ante los mercados. Esta nueva entidad, creada a partir del Banco de Portugal y del Tribunal de Cuentas estaría compuesta por expertos independientes (incluso extranjeros) y realizaría un control exhaustivo, tanto del Estado como de las regiones y municipios, del cumplimiento de las metas impuestas en la reducción del déficit público luso. Partiendo de un 8,6% al día de hoy, Portugal tiene que bajarlo al 5,9% este año, 4,5% en 2012 y 3% en 2013. 

La polémica solución lusa parece la respuesta obligada para calmar las dudas de EUROSTAT sobre la realidad de las cuentas públicas y la inclusión de todos los gastos realizados. También es una conclusión inevitable a la ingeniería financiera propiciada por el SEC95, que ha puesto nuestras finanzas al límite., entre el peaje sombra, la enfiteusis o el abuso de las sociedades públicas con deuda no computable. Ahora nadie sabe lo que se debe realmente, pues la contabilidad clásica no lo recoge.

Los Tribunales de Cuentas, si aportan alguna garantía, lo hacen en el ámbito interno de los Estados y eso parece poco aval a los famosos mercados. Una de las consecuencias de la globalización financiera en que vivimos es la perdida de soberanía de los Estados. En el mismo viaje van muchas instituciones, cuya credibilidad -o sencillamente cuyo “ritmo”- parece no estar acorde con es los tiempos.

Hoy, aunque nos duela, las Agencias de Calificación parecen ser las estrellas del firmamento financiero y el diseño de las nuevas instituciones giran en torno a ellas. Que los Estados o las Comunidades Autónomas tengan su propios órganos de fiscalización de la gestión pública parece no aportar suficiente garantía exterior.

De todo esto y muchas cosas más hemos hablado hoy, en la Escuela de Posgrado en Estado de Derecho y Buen Gobierno de la venerable Universidad de Salamanca, con ocasión de la mesa redonda titulada “de la ingeniería financiera a la corrupción” que sirve de clausura a los diversos máster que allí organizan, con títulos tan sugerentes como estos: Máster en Democracia y Buen Gobierno, Máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas y Máster en Corrupción y Estado de Derecho. Un punto de referencia para muchos estudiantes latinoamericanos que participaron activamente de las exposiciones.

Compartí cartel con José Antonio Fernández Ajenjo, de la IGAE, con Emmanuel Jiménez Franco, profesor titular de derecho administrativo de la USAL y con el Conselheiro brasileño Salomao Ribas Junior, miembro del Tribunal de Contas de Santa Catarina y presidente de la ATRICON.

Los oficios de presentación y moderación corrieron a cargo del Profesor de derecho procesal de la USAL, Nicolás Rodríguez.

El último caso de desacreditación institucional lo encontramos en Cataluña, que acaba de resolver la adjudicación a Deloitte, por 885.000 euros (IVA incluido) del siguiente trabajo de consultoría:

“Analizar la situación económico-financiera de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de su sector público; realizar una identificación cualitativa del nivel de reconducción de gastos comprometidos a corto plazo, y realizar una identificación de los aspectos claves que pueden afectar a la preparación de Presupuestos de años futuros”.

El informe, que deberá entregarse en un par de meses, intentará identificar, entre otros aspectos, “la recurrencia de los ingresos, los gastos comprometidos, la deuda y el análisis de operaciones significativas relativas a inversiones u operaciones extraordinarias”. Seguro que muchos os preguntáis, como yo, por la razón de no encargar su realización a la Sindicatura de Comptes.

En Cataluña, la Generalitat usó con frecuencia del sistema alemán y de las sociedades públicas de construcción de infraestructuras, como GISA, que le permitieron aumentar los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros hasta los cuarenta mil millones de euros. Así se ha financiado gran parte de las infraestructuras viarias y penitenciarias, como podéis ver en el cuadro adjunto, donde se indica el año del último pago.

La Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de hacer público un interesante y crítico informe de fiscalización titulado “La gestión de los recursos humanos de la Junta de Andalucía: especial referencia al sistema SIRHUS” que intenta evaluar la eficacia y eficiencia del Sistema de Información de Recursos Humanos (en adelante, SIRHUS) para la gestión de los procedimientos en materia de personal.

Tiene especial interés, para todos los gestores informáticos de personal, el análisis que se efectúa en el informe para valorar los procedimientos de seguridad, tanto física como lógica, y sobre todo, en cuanto al cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y la evaluación de sus controles. Es muy posible que usted esté en el mismo caso y deba de tomar medidas.

La aplicación informática se implantó en 1999 como el sistema de información “único para todos los colectivos de personal de la Administración de la Junta de Andalucía”. Sin embargo, en la actualidad aún no están integrados ni el personal docente ni el personal sanitario, que siguen controlados por sus propios sistemas de información y que representan el 75,8% de los 244.624 empleados públicos al 31 de diciembre de 2009. Tampoco se incluye en el aplicativo el personal del sector público empresarial de la Junta de Andalucía.

Entre las conclusiones iniciales del informe destacamos el reproche de la Cámara de Cuentas a la insuficiencia de personal de la Dirección General de la Función Pública para la gestión del sistema de información, cuya plantilla está cubierta solo al 60% por empleados fijos y “tiene que recurrir a la contratación de personal externo para llevar a cabo sus competencias”. Un personal que, para la Cámara, pudiera tener un coste superior al de los créditos presupuestarios necesarios.

Limitaciones

El objetivo principal del informe era analizar la gestión de los recursos humanos de la Junta de Andalucía, a través del sistema de información SIRHUS. Sin embargo, el alcance del trabajo se ha visto limitado al no entregarse evidencia relativa al funcionamiento de dos procedimientos: “administración de sistemas” y “gestión de auditorías y seguridad”. Ello ha impedido evaluar los procesos sobre la vigilancia y monitorización de los servicios y las emergencias, la resolución de incidencias, así como los controles sobre el proceso de datos.

Las conclusiones más importantes, resaltando especialmente los aspectos que deben ser mejorados, se exponen a continuación.

• Los procedimientos de control sobre las nóminas realizados por el servicio de “Retribuciones y seguridad social” son relevantes en todo el proceso de gestión de personal a través del SIRHUS. El bajo número de incidencias generadas en la corrección y actualización de datos registrales en los procesos selectivos del personal son un indicador de la integridad y fiabilidad de la información disponible en el SIRHUS.
• La Intervención General de la Junta de Andalucía, si bien ejerce la fiscalización de las tablas de contenido económico y la fiscalización de las incidencias en la nómina, no ejecuta los procedimientos relativos al control posterior de la nómina y el control financiero de la misma, debido a que no se ha completado la implantación de los módulos de SIRHUS relativos a estas tareas. Por ello, debe ultimarse su implantación, aprovechando para elaborar manuales de usuario actualizados y guías de fiscalización para el uso de los interventores.
• Las posibilidades de valorar la eficacia y eficiencia en la gestión del personal a través del SIRHUS se ciñen a su inclusión en algunas de las actuaciones estratégicas de la Junta de Andalucía o bien a su consideración en los programas presupuestarios. En ninguno de los dos casos es posible evaluarlo.

Política de seguridad

Para los auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el nivel de seguridad del sistema de información no cumple con lo previsto en el Real Decreto 1720/ 2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

El informe opina que la política de seguridad de la Consejería de Hacienda y Administración Pública debe mejorarse para solventar, entre otras, las siguientes incidencias:

1. No se ha producido un análisis de los riesgos por amenazas y vulnerabilidades en cuanto a la seguridad de los sistemas de información de la consejería.
2. No está actualizado ni revisado el documento de seguridad, previsto en la normativa sobre protección de datos, desde su implantación en marzo de 2003.
3. No se han ejecutado los controles periódicos sobre el cumplimiento de lo dispuesto en este documento de seguridad, conforme a lo indicado en la normativa sobre protección de datos.
4. No se ha revisado ni actualizado semestralmente el plan de contingencias de la Dirección General de la Función Pública, como prevé el propio documento de seguridad.
5. Varias personas disponen de más de una tarjeta de acceso al centro de proceso de datos. Además, no hay un registro de entradas de las personas a este centro, sobre todo de aquellas que no tienen tarjeta y acompañan a personal autorizado en cuestiones puntuales.
6. No hay procedimientos para la renovación periódica de claves ni un sistema de generación automática de las mismas. Las copias de seguridad se guardan en una caja fuerte que no se cierra.

En consecuencia, la Cámara destaca que los controles sobre el proceso de datos del SIRHUS, consistentes en validaciones informáticas y procedimientos automáticos, se documentan solamente con los comandos e instrucciones informáticas que los ejecutan. No se documentan de forma clara y comprensible, por lo que no se pueden realizar pruebas sobre su cumplimiento. Por ello, recomienda:

La documentación de un procedimiento de control debe ser entendible por personal que no haya participado en su elaboración, de forma que se garantice su comprensión para una posible revisión o actualización, así como permitir identificar en qué consiste cada control y los efectos que tiene, al objeto de determinar cuáles pueden resultar críticos y, por tanto, realizar pruebas sobre su cumplimiento.

Para terminar con algo de humor, traemos una forma de “documentar” los problemas de la Administración:

Hace unos días y coincidiendo con el inicio de la pasada campaña electoral, el Catedrático de la UB, Joaquín Solé Vilanova, calificaba la situación financiera de nuestros municipios así: “entre delicada y alarmante (o incluso catastrófica), pasando por las categorías de grave y muy grave”. En un esquemático pero contundente artículo publicado en La Vanguardia, concluía: “Para algunos ayuntamientos las medidas que adoptar van a ser muy duras. Por esta razón, lo primero que se requiere al gobierno municipal es estar convencido de que se desea solucionar el problema financiero, cualquiera que sea el coste”.

No es ninguna novedad que los informes del sector local de los OCEX, a partir del ejercicio 2006,  van presentando un empeoramiento de la situación financiera municipal, con una caída de los ingresos relacionados con la actividad urbanística, una contracción del gasto de capital (no así del gasto corriente), un aumento de la deuda con la consecuente disminución de la capacidad de endeudamiento.

Una situación difícil. Por si fuera poco, hace un mes, el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias pactaron reducir el déficit de los municipal hasta el 0,3% del PIB en el 2012 y el 0% en el 2014. ¿Es un escenario realista?

El catedrático de Economía en la Universidad de Oviedo, Javier Suárez Pandiello, entendía que la fórmula para evitar la ruina pasa por combinar buenas dosis de racionalidad, eficiencia y un control exhaustivo del gasto: ”Teniendo en cuenta las tensiones en el control del déficit público del Estado y el de las CCAA, esto sólo se arregla con ajustes fuertes en los gastos y con gestión, gestión y gestión“.

Sin embargo, queda pendiente aprobar una ley que defina las competencias y resuelva la financiación de los ayuntamientos. En una reciente entrevista, el Conselleiro Maior gallego, Luciano Fariña, reconocía que la sostenibilidad financiera está seriamente amenazada y su viabilidad futura depende del ajuste en el gasto.

Pero volvamos a los datos.

Sector local en Navarra

En el informe de la Cámara de Comptos sobre el sector local-2008, se advierte de un aumento de los gastos, disminuyendo los ingresos. Así, comparando la situación financiera del Sector Público Local entre los años 2008 y 2007 presentaba un cuadro sombrío:

• Disminución en un 23 por ciento del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Pese a este decremento, los ingresos corrientes aumentaron en un 5 por ciento.
• Aumento de los gastos de funcionamiento en un ocho por ciento, en mayor medida que los ingresos corrientes, por lo que el ahorro bruto generado en 2008 fue un 12 por ciento menos que en 2007. Esto, unido a que la carga financiera aumentó en un 11 por ciento, provocó que el ahorro neto de 2008 fuera un 23 por ciento menos que en 2007.
• Las inversiones de 2008 fueron un 22 por ciento menos que las realizadas en 2007. La disminución del excedente de recursos ordinarios supuso el aumento de otras fuentes de ingresos para financiarlas. Así, los ingresos por deuda financiera aumentaron en torno a un 30% y también se recurrió en mayor medida al remanente de tesorería para gastos generales; en 2007 se emplearon 33 millones frente a los 52,7 millones de euros en 2008.

La situación empieza a ser preocupante porque un aumento de la deuda (y por tanto de la carga financiera) con disminución de los ahorros de recursos ordinarios, limita la posibilidad de acometer inversiones no subvencionadas. Por otro lado, el mayor crecimiento del gasto corriente frente al ingreso corriente origina la disminución del ahorro bruto y neto desde el 2006 al 2008.

En definitiva: una disminución del remanente de tesorería para gastos generales dado que los ingresos de un ejercicio no son suficientes para atender los gastos del ejercicio y se recurre a ahorros generados en años anteriores

La puntilla

A esta escasez de recursos locales, la Directiva de Servicios había venido a dar al puntilla, al sustituir la exigencia de “autorización” por la Declaración Responsable/Control Posterior en muchas actividades que no comprometan intereses urbanísticos o medioambientales sustantivos, lo que trae consigo una merma en los ingresos tributarios derivados de las tasas locales.

Tras la reforma operada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que dispuso la  Reforma del TRLHL, (RDLeg 2/2004, de 5 de marzo) en la letra i) del artículo 20.4 que legitima la exigencia de tasas por el:

“Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos, así como por la realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo.”

Sin embargo, el nuevo escenario comporta una actividad municipal de distinta naturaleza (comprobación) y distinto coste, por lo que habrá de tener en cuenta que las tasas no podrán exceder el coste global de tal labor, y el principio de proporcionalidad.

La OLAF fue creada en 1994 con el propósito de aumentar la eficacia de la lucha contra las actividades ilegales que van en detrimento de los intereses financieros de la Unión. Se encarga de actividades como las de realizar investigaciones administrativas para luchar contra el fraude, asistir a los Estados miembros en la prevención del fraude y recabar y analizar datos.

En 2005, fue objeto de una fiscalización operativa por el Tribunal de Cuentas Europeo (¡marcando el territorio, eh!) que acaba de aprobar una auditoría de seguimiento, Informe Especial 2/2011, para comprobar el grado de aplicación de las recomendaciones efectuadas.

Se trata de un magnífico ejemplo de seguimiento de auditoría de gestión a un organismo estratégico en el control de los fondos púbicos. En las vísperas del Día de Europa, nos sumamos a la celebración presentando a continuación un resumen de este cuidado informe.

OLAF

La OLAF es independiente en su función investigadora, la cual se ve reforzada por un Comité de Vigilancia constituido por cinco personas independientes que proceden del exterior de las instituciones de la UE.

Realiza investigaciones, tanto internas (en los organismos de la UE) como externas (destinatarios de fondos europeos) y su actuación puede abocar como resultado a cuatro tipos diferentes de seguimiento: financiero, administrativo, judicial y disciplinario.

Asimismo presta apoyo a las autoridades judiciales nacionales en procedimientos penales y asistencia o coordinación en las investigaciones que afectan a más de un Estado miembro.

Informe del TCEu

La auditoría de seguimiento tenía como fin determinar cuáles habían sido las medidas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones del Informe Especial no 1/2005, resumidas en el cuadro anterior y, para lo cual, el objetivo era responder a las cuatro preguntas siguientes que reagrupan las diferentes recomendaciones:

a) ¿Se han centrado las actividades de la OLAF en su función investigadora? (recomendaciones 2, 7, 13, 14, 15 y 17).
b) ¿Ha mejorado la OLAF la eficiencia de sus investigaciones? (recomendaciones 3, 4, 5 , 6, 8, 9, 10 y 12).
c)  ¿Puede la OLAF demostrar la eficacia de sus investigaciones? (recomendaciones 1 y 11).
d) ¿Se ha clarificado el papel del Comité de Vigilancia? (recomendación 16).

Trabajo de campo

El Tribunal examinó una muestra de 30 casos, de un total de 332 investigaciones internas y externas abiertas a 1 de julio de 2008. Tras el análisis de la documentación y la realización de entrevistas, las investigaciones se calificaron de sólidas, satisfactorias o insuficientes teniendo en cuenta los criterios siguientes: la prioridad dada a la actividad investigadora, la contribución de otros servicios de la OLAF al caso, la diligencia de la decisión de apertura del caso, la claridad de los objetivos y la planificación, la duración proporcionada y los resultados logrados.

Conclusiones

El Tribunal concluye que, a partir de las recomendaciones del informe de 2005, tres de las recomendaciones no han sido aceptadas, dos recomendaciones se implementaron, mientras que las otras doce se llevaron a cabo en diversos grados.

De forma muy sucinta, el Tribunal efectúa las siguientes consideraciones sobre todo el trabajo realizado:

1.- La OLAF debería aumentar el número de investigaciones y agilizar su realización, dedicando más tiempo a su función principal de investigación.

2.- La contribución de las unidades de inteligencia al trabajo de investigación debería reforzarse.

3.- Convendría revisar el marco legislativo de lucha contra el fraude y las irregularidades con el fin de simplificar y con- solidar dicha legislación. Una revisión de este tipo debería abordar las insuficiencias constatadas en las competencias y procedimientos actuales de la OLAF, en particular en lo que se refiere a la cooperación entre ésta y los servicios competentes de los Estados miembros.

4.- La OLAF debería reforzar su cooperación y asociación con Eurojust, que tiene atribuido en virtud del artículo 85 del TFUE, el cometido de coordinar las investigaciones y acciones penales relativas a las infracciones cometidas contra los intereses financieros de la Unión, para lo cual la OLAF debería instaurar procedimientos que permitieran identificar todos los casos pertinentes, comunicar a Eurojust a su debido tiempo la información correspondiente e informar con regularidad sobre los resultados de esta cooperación.

5.- Los planes provisionales para las investigaciones tendrían que incluir estimaciones de los recursos necesarios y los plazos. Estos planes deberían ser objeto de seguimiento y actualizarse una vez iniciadas las actividades de investigación. La información facilitada por el sistema de gestión del tiempo tendría que emplearse para proporcionar un apoyo más eficaz a los investigadores y directores.

6.- Conviene controlar mejor la duración global de las evaluaciones y las investigaciones para lograr que tengan mayor impacto y optimizar los recursos disponibles. A estos efectos, el Comité Ejecutivo debería realizar una labor de seguimiento de las investigaciones largas y complejas, para garantizar que se toman las medidas adecuadas.

7.- Deberían fijarse y actualizarse sistemáticamente objetivos claros para cada investigación y los resultados tendrían que comunicarse en términos de objetivos alcanzados.

8.- El sistema de gestión de casos debería utilizarse más ampliamente para la toma de decisiones de los directores y para la mejora de los informes. Las estadísticas de realizaciones sobre la actividad de la OLAF y sus resultados potenciales y efectivos tendrían que recogerse en un único informe que permitiera efectuar comparaciones a lo largo del tiempo.

9.- De común acuerdo con la OLAF, el Comité de Vigilancia debería definir un procedimiento formal para esbozar las medidas que han de adoptarse si decide emitir un dictamen sobre el caso que se le consulte. El marco legislativo tendría que revisarse con el fin de proteger mejor los derechos de las personas investigadas.

Para terminar, otro ejemplo de buenas prácticas: el informe también se puede encontrar en la página web de la propia Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

El año pasado cambió el Gobierno británico y sus nuevos titulares comenzaron un proceso para privatizar un gran número de instituciones públicas, entre las que se encuentra el órgano de fiscalización externa de los servicios locales. En este momento se está produciendo un gran debate sobre el asunto.

Los ingleses tienen dos instituciones de control externo de la actividad financiera pública: la Oficina Nacional de Auditoría – NAO- dependiendo del Parlamento británico para fiscalizar el presupuesto nacional –los escoceses, galeses o norirlandeses tienen la suya- y la Audit Commission para la auditoría legal y operativa de los 11.000 servicios públicos locales. Durante el verano pasado se anunció el cierre de esta última Institución, que será efectivo en 2012. 

Audit Commission

Creada en 1982 como principal auditor de los organismos públicos locales, se encargaba de designar auditores (pagados por el auditado) en todo el sector local, sanitario, vivienda, seguridad ciudadana, bomberos y emergencias y otros servicios públicos. Algunos de estos auditores trabajan para empresas privadas de auditoría, pero muchos eran empleados de la propia Comisión.

Hasta ahora, podía nombrar auditores de su propio personal o de las compañías de auditoría, fijando el baremo de honorarios. Parece que en el futuro no tendrá auditores propios, aunque todavía se está estudiando como se concretará la reforma. Incluso se estudia que ese antiguo personal propio pueda constituir algún tipo de sociedad mutualista para competir por los contratos, en régimen de igualdad, frente las grandes compañías auditoras.

Hay un Código de Prácticas de Auditoría de órganos de gobierno local y otro Código de Prácticas de Auditoría de los organismos de salud, que determinan la forma de llevar a cabo la auditoría, aprobados por el Parlamento al menos cada cinco años, dándoles rango legal. También realiza rigurosos controles de calidad de los informes.

Se fiscalizan los estados financieros anuales y se opina acerca del comportamiento del organismo en el uso de los recursos públicos. Los informes son públicos.

Cambio de modelo

El mes pasado, el Gobierno británico nombró los consultores financieros que van a asesorar sobre la mejor manera de externalizar la totalidad de esas auditorías y efectuarán una valoración de las diferentes opciones. Se supone que el proceso ahorrará al contribuyente cincuenta millones de libras anuales.

Sin embargo, la reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto a los responsables políticos los peligros que pueden surgir cuando las relaciones entre los auditores y los auditados son demasiado cómodas. La lección de la desaparición de Arthur Andersen, en 2002, es que la auditoría debe estar muy regulada y controlada, no sea que desaparezca el sistema entero.

Para animar tan arduo debate, hace unos días se hacía público que, entre 2008 y 2010, la Comisión había gastado 128.000 libras en agencias de reclutamiento de ejecutivos. Esto incluía £ 22.000 para contratar a un nuevo consejero delegado y £ 30.000 para reclutar un director de comunicación. Las cantidades restantes se dedicaron a buscar directores de servicios corporativos (£ 14,200 y £ 12,000), jefes de la política y la evaluación (£ 16,000 y £ 20,000) y un asesor de política financiación del gobierno local (£ 14,000).

La Comisión de Auditoría defendió la necesidad y habitualidad de esos gastos en la búsqueda de las personas adecuadas para ocupar puestos de responsabilidad de gestión: “Esos importes no son inusuales para estos servicios, que incluyen la agencia de head-hunters y la publicidad correspondiente”, dijo un portavoz.

No deja de sorprenderme que quien quiere privatizar todo proteste por el uso de consultoras. También me asombra que se critique el uso de circuitos no políticos para reclutar la Alta Dirección. En el continente estamos habituados a promocionar a antiguos compañeros de partido …

Tarjetas de crédito

Por si no estuvieran mal las cosas todavía, contestando a una pregunta parlamentaria, el órgano de control hizo públicos todos sus gastos con la tarjeta de crédito corporativa, de 2008 a 2010 y desvelando facturas de los mejores restaurantes de Londres, compra de música y entradas de cine. Más de £ 20,000 gastados por los directivos que tenían acceso a las tarjetas durante el período. El portavoz de los auditores defendió el uso de las tarjetas de crédito:

“Entre 2008 y 2010 se procesaron 8.818 transacciones a un costo promedio de £ 125. Todas las compras fueron para fines legítimos. Los pagos efectuados por las tarjetas se revisan de manera rutinaria para asegurar su correcto uso.“

Leyendo estas declaraciones parece que se hayan cambiado los papeles. Normalmente son los gestores quienes ofrecen estas explicaciones en los medios de comunicación.

Alcuino de York, en su esfuerzo por instruir al emperador Carlomagno, incluyó en una de sus epístolas el aforismo “la voz del pueblo es la voz de Dios”, aproximadamente en el año 800. Cabe preguntarse, en todo caso, si el conocimiento de un problema por la ciudadanía, determina su solución. Enunciar un problema parece más bien la primera parte del reto. Y los años y la experiencia me dicen que las dificultades más arduas se presentan en la resolución, en el acopio de energía, oficio y conocimiento que es preciso reunir para resolver de manera certera cualquier cuestión ¿Podemos decir lo mismo de la eficiencia discutida de los Tribunales de Cuentas?

“Es mejor no conocer cómo se elaboran las salchichas ni, menos aún, las leyes”. La famosa frase de Bismarck representa una parte importante del problema que traigo a colación. Las democracias más eficientes, para contener la ambición ubicua de los hombres -esa que podría tildarse de enfermiza- ingeniaron procedimientos sencillos y el más importante de ellos: la separación de poderes. Otro procedimiento no menos importante consiste en introducir una suerte de casamatas dentro del entramado institucional, los llamados Tribunales de Cuentas, con la misión fiscalizadora de la rendición de cuentas.

En España, esos órganos de control, tanto en la esfera nacional como autonómica –llámense sindicaturas o cámaras de cuentas- se conforman en el caldo de las mayorías parlamentarias. Ellas deciden su composición o estructura. Y para preservar con diligencia su buen desempeño, a las nobles intenciones se añade la exigencia de una probada cualificación de las personas que ejercen temporalmente las tareas directivas, llámense consejeros o síndicos. Sin embargo, con frecuencia se afirma que esta designación “política” intoxica a las instituciones.

¿La política es un ejercicio vil que mancha a quien la cultiva? Mal haremos en desconfiar de quienes ejercen responsabilidades públicas, si lo hacen bajo principios democráticos. Si se prefería un método alternativo de designación, muchos partidos políticos que hoy denuncian en público –o en privado- la politización de nuestras instituciones fiscalizadoras deberían haber optado por un diferente método de designación. Existen alternativas, como los habituales mecanismos de elección directa por parte de los ciudadanos en EEUU o México; o los más cercanos sistemas de Francia o Alemania, donde salvo el Presidente de la Corte de Cuentas, las restantes magistraturas son designadas entre altos funcionarios, generalmente del propio Tribunal de Cuentas, según criterios de merito y capacidad, como el resto de los empleados públicos. En otras palabras: nombrar de manera permanente a los encargados, en mayor o menor medida, de fiscalizar la gestión pública que, como en la Inspección de Hacienda o en la judicatura, irían ascendiendo hasta las máximas responsabilidades.

Ninguno de los sistemas es perfecto. Todos acumulan diversas dificultades y diferentes errores. Los sistemas de cooptación (la organización nombra internamente a sus propios miembros directivos, sin influencia externa) son acusados de formar una élite conservadora y formalista que vive al margen del mundo real. Podrá decirse que los catedráticos o los cardenales se eligen de esta manera, pues es conocido el sesgo de clientelismo que propician.

Por el contrario, en EEUU muchos cargos públicos son designados a través del sufragio universal de los electores, aunque –no nos engañemos- también vinculados a los partidos. Es el caso del Auditor General de New York que, por cierto, fue obligado a dimitir hace tres años y acaba de ser condenado por delitos de corrupción. Por su parte, los síndicos mexicanos son elegidos durante las elecciones municipales, junto a los concejales. Como ejemplo de la sabiduría popular, muchos ciudadanos votan al candidato de un partido para gobernar pero en la urna de al lado votan para síndico al representante del partido rival y así tener una institución realmente motivada. Pero, estarán conmigo que no evitan la crítica de politización.

Ahora bien, nuestro actual sistema de designación ha sido decidido de manera consciente por los partidos políticos. No es una herencia histórica sino que, frente a otras opciones legítimas, son las reglas del juego que les han parecido más adecuadas.

El profesor pucelano Juan Duran, estudioso de las Instituciones parlamentarias nos recuerda que un órgano de control externo será un órgano técnico, con independencia del procedimiento de designación de sus miembros, si fundamenta su actuación en criterios técnicos, objetivos y no de discrecionalidad o de oportunidad.

No obstante, los constitucionalistas entienden que la politización de los órganos de control se evita poniendo «cortafuegos» preventivos; por ejemplo, mayorías parlamentarias más amplias para designar a sus componentes —mayorías que incluyan a la oposición—, rígidos sistemas de incompatibilidades, la inamovilidad durante el mandato que debe ser superior a la legislatura y una dirección colegiada que ayuda, a su modo, a la objetividad de la misión fiscalizadora.

Serán inevitables las críticas y las discrepancias del trabajo de las sindicaturas; en unos casos de orden técnico (interpretaciones de hechos o normas) y en otros de orden político (criterios de oportunidad de su actuación). Pero si los propios partidos políticos expresan críticas por supuesta ideologización o partidismo, quien falla no son los designados sino quienes les eligieron.

“No hay nada tan irremediable como la muerte y Hacienda”. Una frase que se hace famosa con la entrañable peliculón “¿Conoces a Joe Black?”, donde un radiante Brad Pitt interpreta a La Muerte que viene a buscar al millonario Antonhy Hopkins. Me quedo con la fuerza de esta sencilla idea sobre permanencia de las instituciones, por encima de la gestión más o menos afortunada de sus miembros. Así pues, nadie cuestionaría la legitimidad o la validez de un sistema democrático, por la gestión de un determinado presidente de gobierno.

Publicado en La Nueva España, el 22 de abril de 2011.

Antecedentes

La Unión Europea va a proponer cambios de sus normas de contratación pública para 2012. Pero antes, quiere organizar una consulta, para cerciorarse de que la futura legislación tiene en cuenta los puntos de vista de todas las partes interesadas.

En primer lugar, la Comisión Europea ha publicado el 27 de enero de 2011, un Libro Verde en el que expone sus ideas para simplificar y actualizar las normas existentes. Entre otros objetivos están los de: 

• - hacer más fácil y flexible la concesión de contratos públicos
• - facilitar el acceso a los contratos públicos a escala de la UE, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
• - permitir que los contratos públicos se utilicen mejor en apoyo de otras políticas.

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR EN LA CONSULTA?

El Libro Verde incluye 114 preguntas que sirven de base a la consulta. Esta es una de ellas:

Hay un plazo hasta el 18 de abril de 2011 para enviar comentarios del Libro Verde mediante correo electrónico a:

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu

¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS DE LA CONSULTA?

Los resultados de esta revisión y de la consulta sobre el Libro Verde se debatirán en una conferencia sobre la reforma de la contratación pública que está prevista para el 30 de junio de 2011 en Bruselas.

La Dirección General del Mercado Interior se compromete a tener en cuenta todos estos debates en las futuras propuestas legislativas.

Ya está disponible el número 60 de la revista Presupuesto y Gasto Público que edita el Ministerio de Hacienda y correspondiente al tercer trimestre del año 2010. El título monográfico se presenta para responder a la pregunta: ¿Hacia dónde va el Sector Público en cuanto a su organización y estructura? Ese es el punto de análisis que desarrollan los distintos autores en este número de Presupuesto y Gasto Público.

Los brillantes artículos que presenta analizan el proceso de descentralización administrativa tras el desarrollo del Estado de las Autonomías, que han venido creando personas jurídicas independientes buscando un marco de actuación más flexible que el régimen administrativo común no les ofrece.  La complejidad viene determinada por la existencia de Unidades «a la carta», separadas de la tipología de organismos previstos en la LOFAGE ó que presentan singularidades, en algún aspecto de su régimen económico-financiero, alejándose así de la normas de derecho administrativo y financiero.

SUMARIO 

1.- La acción de fomento ante la nueva tipología de entes públicos. Mario Garcés Sanagustín Interventor y Auditor del Estado. Inspector de Hacienda del Estado Auditor Nacional. Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría. Intervención General de la Administración del Estado.

2.- La nueva regulación de la adjudicación de los contratos públicos de los entes instrumentales de las Administraciones Públicas. José María Gimeno Feliu Catedrático de Derecho Administrativo. Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza.

3.- Reflexiones generales sobre la organización administrativa. Alberto Palomar Olmeda Magistrado de lo Contencioso-Administrativo.

4.- Algunas reflexiones sobre el proceso de descentralización funcional en el sector público de la Generalitat de Cataluña . Montse Domingo Domingo y Jordí Sort Miret (Direcció general de Presupuestos) F. Xavier Termens i Girona (Direcció general del Patrimoni de la Generalitat catalana).

5.-El proceso de racionalización y transparencia del sector público instrumental de Castilla-LaMancha. José Damián Oliva García Interventor General Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

6.- La empresa pública en la contabilidad nacional. Rosario Martínez Manzanedo. Subdirectora General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público Intervención General de la Administración del Estado.

7.- La huida del Derecho Administrativo, del Presupuesto y de los controles financieros por los nuevos entes del sector público . José Pascual García. Subdirector Jefe Asesoría Jurídica Departamento 1º de Fiscalización Tribunal de Cuentas.

El Primer Ministro británico acaba de anunciar que privatizará todos los servicios públicos , salvo el poder judicial y la seguridad nacional. En un artículo publicado el domingo en el Daily Telegraph, Cameron anuncia un próximo Libro Blanco que concretará su programa para que la gestión de los servicios públicos se ofrezca al mercado y al sector no lucrativo, a través de concursos que resolverán las correspondientes licitaciones.

Ahora, el lema de campaña es “del Gran Gobierno a la Gran Sociedad” y el argumento la búsqueda de la eficiencia, la eficacia y la competencia en la gestión de los servicios públicos. “Ya se trate de las tasas de supervivencia al cáncer, de los resultados escolares o de la delincuencia, en los últimos tiempos nos estamos deslizando lejos de los países comparables”, afirmó Cameron.

El debate sobre la productividad y la eficiencia del sector público es necesario. Pero no se nos debe olvidar que la administración pública también comparte otros objetivos; además de prestar servicios públicos de calidad debe ser objetiva, transparente y honesta. Véase, como ejemplo, el artículo 103 de la Constitución Española.

Estos propósitos complementarios, que imponemos a las instituciones públicas, exigen normas específicas, que en muchos casos, por comparación con el más libre sector privado inciden negativamente en nuestra eficiencia. Sin embargo, esas normas y esos procesos que nos convierten en blanco de críticas permiten ofrecer más garantías a los ciudadanos. Descubrir con mayor facilidad cuestiones no menores, como la existencia de corrupción o la legalidad de una decisión política tiene un coste.

La Administración es un contrapeso necesario a las decisiones del poder ejecutivo. O como en el caso de Bélgica, es el único peso frente a un Gobierno bloqueado. El equilibrio de desconfianzas mutuas genera un sistema indudablemente menos ágil, pero más garantista y justo. Los países que gozan de una tradicional sociedad civil más activa pueden hacer descansar una gran parte de sus mecanismos de control en procedimientos informales, y confiar en que el propio funcionamiento colectivo ejerza esa necesaria supervisión. A todos nos viene a la cabeza los transparentes impuestos nórdicos. Quizás el Reino pueda permitirse esas aventuras, aunque no debemos olvidar que España tiene una breve tradición democrática, y nuestro funcionariado ha sido lo suficientemente responsable para dar incontables ejemplos de independencia, control interno y rigor en la defensa del interés general.

Con esto no quiero decir que la función pública sea una construcción angelical exenta de las clásicas tensiones entre principal y agente. Como reconocía Francisco Longo, no hemos tenido patronales públicas capacitadas y dispuestas a defender los intereses ciudadanos: “El amateurismo de los políticos y su aversión al conflicto han caracterizado habitualmente la negociación colectiva, del lado patronal. Enfrente, cuadros sindicales altamente profesionalizados han ejercido todo el instrumental de presión a su alcance”.

En fin, que el anuncio de Cameron promete influir en las campañas electorales del resto de esos países comparables, entre ellos el nuestro. Sin embargo, puesto en una balanza, el sector privado no está para tirar cohetes. La banca comercial, sin ir más lejos, levantó con los constructores una burbuja cuyos efectos estaremos pagando durante años todos los ciudadanos. Aunque la obsesión por la eficacia y el hacer más con menos ha generado toda una cultura gerencialista en el sector público. Pero, ojo con trasladar los modelos de manera automática, que las culturas corporativas no se cambian por decreto. El gran número de suicidios de empleados en France Télécom, tras su privatización y la evolución hacia una gestión más agresivo dejó en evidencia la degradación de la convivencia en la empresa.

Veamos algún principio de management privado. El joven economista asturiano Jorge Juan Fernández, , en su libro “Las reglas del juego” (Leqtor, 2010, 300 páginas y 19 euros) presenta algunos preceptos para el funcionamiento de las modernas organizaciones y, en general, de nuestra economía del conocimiento. En el texto encontramos el Principio de Randall que dice así: los jefes competentes valoran los resultados, mientras que los jefes incompetentes valoran el esfuerzo. Aplicar estas recomendaciones en la Administración Pública, donde lo importante parecen ser los procesos, supone la típica fuente de conflictos entre la legalidad y la eficacia que los interventores discuten cada día con los gestores. Puestos a ahorrar, es mucho más barato un seguro daños que un vigilante de seguridad y nadie entendería que se sustituyesen.

Lo cierto es que los controles de eficacia escasean en el sector público, sólo la legalidad manda. Eso no significa que la simplificación no esté en todas las agendas políticas. Como ejemplo, la tendencia en la política de I+D de la Unión Europea: ante los altos costes administrativos asociados a la gestión y el control de las subvenciones de los proyectos de investigación científica surge con fuerza una corriente para financiación a tanto alzado por logro de objetivos científicos. El propio Tribunal de Cuentas Europeo ha respaldado que, en lugar del sistema actual de “pagos según los recursos empleados”, se pase a un sistema de “pagos por resultados”. La verdadera razón es que los mejores investigadores estaban empezando a desertar, hartos de la complejidad administrativa.

Quizás sea mejor que cada ciudadano valore en su fuero interno su grado de satisfacción con los servicios públicos y para ello le brindo un ejemplo universal. En España, Correos ha pasado del servicio público integrado por funcionarios con uniforme y derecho administrativo, a Sociedad de Capital público con mayoría de personal laboral y aplicación del derecho privado y donde se ofrecen todo tipo de promociones y servicios, en régimen de competencia. La clave no está en la forma jurídica de gestión sino en la capacitación de los empleados y en la existencia de una crítica ciudadanía vigilante. Ahí está el reto.

Publicado en La Nueva España.

El Tribunal de Cuentas ha aprobado, en su sesión de 27 de enero de 2011, el informe “fiscalización de la gestión de los gastos e ingresos de los proyectos y actividades de investigación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas en colaboración con otras entidades públicas y privadas. Ejercicio 2007”.

La fiscalización tenía como objetivo comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, la regularidad contable, así como evaluar sus procedimientos y sistemas de gestión económico-financiera y de control interno. Además realiza un seguimiento de las recomendaciones efectuadas por la anterior auditoría, del año 1993. Presentamos a continuación las principales conclusiones.

EL CSIC

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es un Organismo Público de Investigación, de carácter multisectorial y pluridisciplinar, tiene como fin primordial promover y realizar investigación científica y técnica dentro del marco y al servicio de la política científica y tecnológica del país, con objeto de impulsar y contribuir a su desarrollo económico, social y cultural. Está adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación desde abril de 2008. Anteriormente estuvo adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia excepto en el periodo 2000/2004 que lo estuvo al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Desde 2008, el CSIC se configura como Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Tiene su sede institucional en Madrid, con centros, institutos y unidades distribuidos por España y también en el exterior. En 2007, contaba con 125 institutos de investigación, de los cuales 75 eran propios y 50 mixtos (con titularidad compartida con otros organismos e instituciones públicas y privadas).

La actividad investigadora del CSIC, que se realiza a través de los institutos de investigación, se organiza, fundamentalmente, mediante:

• Subvenciones de proyectos integrados en los programas correspondientes al Plan Nacional de I+D+i, en los programas de I+D de la Unión Europea, de las CC.AA., etc.

• Convenios y contratos de investigación, formación y asesoramiento con empresas públicas y privadas y con otras instituciones nacionales y extranjeras, cualquiera que sea su ámbito territorial.

En el ejercicio fiscalizado (2007) estaban vigentes 2.181 proyectos y 505 acciones de investigación con financiación externa. Los ingresos contabilizados por el CSIC ascendieron a 884 millones de €, de los cuales un importe de 734 millones de €, el 83%, correspondía a ingresos procedentes del Estado, en concepto de transferencias, subvenciones, investigación contratada, etc. Por su parte, los gastos del ejercicio ascendieron a 761 millones de €, de los cuales un importe de 400 millones de €, el 52%, correspondía a gastos de personal.

Conclusiones

En opinión del Tribunal, los estados financieros rendidos por el CSIC se veían afectados, en relación con los gastos e ingresos, en su representatividad de la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial del Organismo al 31-12-2007 y del resultado de sus operaciones para el ejercicio fiscalizado, por las salvedades que se correspondían con las siguientes deficiencias e incumplimientos de los principios y normas contables que le eran de aplicación:

a)     En el ámbito de la contabilidad presupuestaria, el CSIC imputó al resultado de las operaciones comerciales ingresos y gastos que, en su mayor parte, debieron imputarse al presupuesto administrativo. Entre los ingresos indebidamente contabilizados como comerciales destacaban las subvenciones recibidas por el CSIC para financiar proyectos y actividades de investigación, contratar personal investigador, etc., por importe de 199.457 miles de €. En la vertiente de los gastos, imputaba al resultado de las operaciones comerciales los financiados con los ingresos comerciales, lo que incluía todo tipo de gastos, entre ellos gastos de personal, por importe de 66.005 miles de €, y adquisiciones de material inventariable, por 27.492 miles de €.

b)    También imputó al resultado de las operaciones comerciales, en lugar de hacerlo al presupuesto administrativo, capítulo 9 “Pasivos financieros”, los anticipos reembolsables concedidos por el MEC a cuenta de las ayudas a percibir para la ejecución de proyectos de investigación, un importe de, al menos, 43.382 miles de €, en el ejercicio 2007. En el ámbito de la contabilidad financiera contabilizó estos anticipos como ingresos del ejercicio (transferencias y subvenciones), en lugar de hacerlo como préstamos.

c)     La contabilización de los ingresos anticipados (245.866 miles de €) no se ajustaba a lo previsto en el Plan General de Contabilidad Pública, ya que no eran ingresos cobrados en el ejercicio que correspondían al ejercicio siguiente, sino el remanente del que podían disponer los centros para efectuar gastos comerciales en el ejercicio siguiente.

d)    Todos los ingresos comerciales se registraron con criterio de caja sin que existiera control contable de los deudores comerciales.

El tribunal concluye que el control interno de los ingresos era deficiente, al no contar con procedimientos que permitieran efectuar un seguimiento de los mismos desde su cobro hasta su aplicación contable, lo que impidió conciliar los ingresos reconocidos por el CSIC con las correspondientes obligaciones reconocidas por la Administración del Estado. Asimismo, como consecuencia de las deficiencias de los procedimientos de registro y control de los ingresos, un elevado número de ingresos se registraban en la cuenta de “Cobros pendientes de aplicación” que presentaba a fin de ejercicio un saldo, por importe de 11.496 miles de €.

El CSIC utilizaba un complejo sistema de contabilización, que se encontraba insuficientemente definido, y contaba con dos aplicaciones informáticas, una para la llevanza de la contabilidad general y la otra para el control de los gastos realizados por los centros e institutos, que no estaban integradas, por lo que las anotaciones debían efectuarse por duplicado, lo que, además de resultar ineficiente, suponía un riesgo de cometer errores.

El Tribunal reconoce, dentro del apartado Hechos posteriores, que desde el ejercicio 2009 todos los ingresos y gastos del CSIC se imputan al presupuesto administrativo, desapareciendo las operaciones comerciales y quedando subsanadas, en gran parte, las deficiencias e incumplimientos de la normativa que afectaban a la opinión sobre los estados financieros.

Proyectos de investigación con financiación externa

Una gran parte de los proyectos y actividades de investigación realizados por el CSIC recibían financiación externa, al acudir sus investigadores a las correspondientes convocatorias de ayudas y suscribir contratos y convenios de colaboración. Para la gestión de los gastos de los citados proyectos y actividades, se dota, con los ingresos recibidos, unas cuentas contables específicas para cada proyecto o actividad con cargo a las cuales se realizaban los gastos sin más limitación que la existencia de dotación disponible en la cuenta, aunque se podían conceder anticipos o efectuar traspasos entre cuentas para solventar problemas transitorios de falta de crédito. Los remanentes disponibles a fin de ejercicio se trasladaban al ejercicio siguiente.

Los gastos, que se realizaban a instancias del investigador principal del proyecto, se tramitaban por los institutos donde se ejecutaba el proyecto, con excepción de los gastos de personal que se tramitaban por la subdirección encargada de la elaboración y el pago de las nóminas, aunque en la contratación del personal participaban de forma significativa los institutos.

Gestión del personal

Los gastos de personal son, en su mayor parte, gastos derivados de la contratación de personal laboral temporal para la ejecución de proyectos de investigación celebrada al amparo de lo previsto en la Ley de la Ciencia. Del análisis de estas contrataciones, el Tribunalapunta las siguientes conclusiones:

a)     En el ejercicio 2007, el CSIC superó el cupo de contrataciones temporales autorizado por Resolución conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas para los Organismos Públicos de Investigación.

b)    Tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo, que limitaba el encadenamiento de contratos temporales, numerosos trabajadores contratados con carácter temporal por el CSIC interpusieron demandas judiciales, ascendiendo el número de sentencias firmes favorables a los trabajadores a 233, en enero de 2010.

c)     De los 1.631 contratos de obra o servicio determinado para la realización de proyectos de investigación suscritos por el CSIC en 2007, 32 se formalizaron sin mediar convocatoria pública ni acudir a ningún proceso de selección sin garantizar, por tanto, los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la Función Pública.

Gastos corrientes

Los gastos corrientes en bienes y servicios y las adquisiciones en material inventariable para proyectos de investigación se instrumentaban tanto por el procedimiento de pagos en firme como a través del Fondo de Maniobra Comercial (FMC). Este último, que realiza la mayor parte de los pagos, era un fondo de caja para realizar operaciones comerciales que se encontraba insuficientemente regulado en 2007, ya que aspectos esenciales como el tipo de gastos que se podía realizar por dicho sistema, el procedimiento de tramitación o los límites cuantitativos de los pagos individualizados, no estaban previstos en la normativa interna del CSIC.

El Tribunal echa un rapapolvo a los investigadores en una materia habitual también para las Universidades. Una parte importante de los gastos tramitados a través del FMC correspondía a suministros de material fungible e inventariable adquiridos de forma individualizada para cada proyecto, lo que permitió la adquisición de suministros homogéneos por cuantías importantes sin suscribir el correspondiente contrato, vulnerando la normativa reguladora de la contratación pública (artículo 68.2 del TRLCAP). Además, el procedimiento era ineficiente por carecer el CSIC de una política racional de compras que favoreciera la obtención de bienes y servicios a los mejores precios y condiciones posibles.

El informe pone algunos ejemplos de gastos tramitados a través de ese Fondo de Maniobra Comercial que suponen incumplimientos de la normativa:

• pagos no efectuados directamente al tercero acreedor sino al personal del CSIC que había efectuado el pago por cuenta del Organismo;
• gastos de dudosa vinculación con proyectos de investigación;
• gastos justificados con tiques como documentos sustitutivos de las facturas;
• adquisiciones efectuadas directamente por los investigadores sin solicitarlo al jefe de almacén o al gerente;
• adquisición directa de bienes que deberían haber sido adquiridos a través del Servicio Central de Suministros, etc.

Esta lista también es habitual en la gestión de la I+D en las universidades públicas. La he destacado en negrita y color para que mis antiguos colegas la impriman y tengan a mano, para enseñar a los impulsivos científicos. Los investigadores suelen argumentar buenas y sensatas razones para ellas y en su discusión yo mismo he empleado docenas de horas, cuando era más joven.

El Tribunal, por su parte, en el análisis de una muestra de gastos tramitados por el procedimiento de pagos en firme, puso de manifiesto que en los contratos menores la aprobación de gasto se efectuaba después de que éste hubiera sido realizado y que, en otros casos, había indicios de que la ejecución del contrato se inició antes de su formalización, incumpliendo la normativa de contratación pública.

Justificación de las subvenciones

Las cuentas internas de proyectos, en las que se registran los gastos realizados con los fondos externos recibidos, son el soporte de las justificaciones de gastos que el CSIC, en su condición de beneficiario de subvenciones destinadas a la realización de proyectos, debe presentar ante el órgano que le concedió la ayuda. Sin embargo, sólo en 10 de los 32 proyectos analizados las justificaciones de gastos remitidas por el CSIC no presentaban diferencias significativas con las anotaciones registradas en las cuentas internas correspondientes. En otros 12 proyectos, coincidían el importe justificado y el contabilizado, aunque no coincidía el listado de gastos justificados con los registrados en la cuenta, al incluir gastos realizados con cargo a cuentas internas de otros proyectos y no incluir todos los gastos contabilizados en la cuenta interna del proyecto. En los 10 proyectos restantes, el importe justificado era superior al registrado en la cuenta interna.

Análisis del cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal

En el ejercicio 2007 persistían en el área de los ingresos y gastos de investigación, objeto de la presente fiscalización, las deficiencias puestas de manifiesto en la “Fiscalización del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ejercicio 1990” aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 21 de diciembre de 1993, al no haber adoptado el Organismo las medidas recomendadas por el Tribunal para corregirlas.

RECOMENDACIONES

El Tribunal recomienda al CSIC adoptar las medidas necesarias en cuatro áreas clave:

a)     Corregir las deficiencias que afectaban a los procedimientos de registro y control de los ingresos.

b)    Fortalecer el control de los gastos efectuados por los centros e institutos con cargo a los fondos de caja.

c)     Mejorar el control de los gastos de proyectos con financiación externa y su posterior justificación ante los órganos concedentes de la ayuda.

d)    Establecer los registros oportunos para evitar el encadenamiento de contratos laborales temporales que pueda dar lugar a que los trabajadores pasen a ser personal laboral indefinido.

Además, recomienda al CSIC establecer una política de compras de material, fungible e inventariable, para proyectos de investigación ajustada a la normativa reguladora de la contratación pública y que le permita alcanzar los objetivos de su actividad investigadora al menor coste posible.

Para terminar, dos documentos. Por un lado el interesante libro de actas que reúne los contenidos del II Encuentro Nacional sobre Política Científica, celebrado en Zaragoza entre los días 23 y 24 de septiembre de 2010, organizado por la Red CTI/CSIC de «Estudios Políticos, Económicos y Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación» para generar un debate en torno a las funciones y organización del sistema público de I+D en España y contribuir con ideas y reflexiones al futuro desarrollo de este sistema. Muy interesante.

Por último, una foto del buque oceanográfico Hespérides, que ha acogido a más de un millar de investigadores en la década pasada. Pincha aquí para saber en tiempo real donde está. Eso si que es un buen seguimiento …

Hoy, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presentó en la Biblioteca Nacional (Madrid) el informe La Universidad española en cifras-2010, elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Se trata de un macro-informe que agrega y compara los principales datos e indicadores de las Universidades presenciales (públicas y privadas) del Estado español. 

El estudio agrupa por Comunidades Autónomas (CCAA) la información financiera, relativa al ejercicio liquidado a 31 de diciembre de 2008, así como la información académica del curso 2008-2009 y viene siendo dirigido desde hace quince años por el profesor Dr. Juan Hernández Armenteros, que fue Gerente durante más de una década de la Universidad de Jaén y que siempre ha tenido acogida en esta bitácora (ver informe 2008 y también el informe 2006).

El libro contiene tres CD’s e incluye interesantes comparaciones entre universidades y CCAA,  a través de la evolución de sus magnitudes desde el año 2000, en una década que ha visto significativas mejoras de la información financiera de las instituciones de educación superior.

El abundante material ya está disponible en la web de los rectores (www.crue.org) así que podemos comentar dos interesantes cuadros, de los cientos que incluye el estudio. Veámoslos:

Crecimiento del Personal Docente e Investigador a fin de ejercicio 2000-2008 (V.I. 1A)

Crecimiento medio de plantillas académicas entre el 5% gallego y el 30% aragonés. Quienes se aproximan a la gestión universitaria y ven que, cayendo el número de alumnos el profesorado ha crecido, por termino medio más del 17%, tienen la impresión de que los recursos humanos no están bien organizados. Una idea muy frecuente entre los auditores (ver reseña sobre el informe del Tribunal de Cuentas sobre la universidad española-2003) y cuya realidad tiene mucho que ver con la ampliación de centros, campus y universidades llevada a cabo en esta década en toda España.

Un ejemplo de esta aproximación nos lo presenta el catedrático de la Universidad de Valencia, José A. de Azcárraga, que criticaba este crecimiento desordenado en el último número de la revista CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA nº 209, bajo el título “Universidades manifiestamente mejorables”. Para él, la supuesta ‘sana competencia’, que se aduce para justificar la duplicación de enseñanzas y centros no es, en realidad, mas que “marketing puramente falaz, pues al ser públicos no pueden ‘quebrar’ y desaparecer cuando su calidad es escasa o no atraen suficientes estudiantes (..) Paradójicamente, cuanto más se globaliza el mundo en que vivimos, más se cantonalizan nuestras universidades”.

El estudio de la CRUE no está exento de cierta autocrítica. Así, entiende que “el crecimiento de la oferta pública de titulaciones y plazas de los últimos años, junto al aumento vinculado de personal y la bajada de demanda de algunos estudios, ha llevado a situaciones de alta subactividad y/o ineficiencia en los costes”. En lenguaje de Sancho Panza, que el propio Juan Hernández avanzó en las jornadas de Gerencia: una ruina.

Pero avancemos con otro interesante cuadro, en este caso de:

Financiación universitaria por CCAA (V.I.4)

• UU. PP. : Universidades Públicas
• T.C.A.E.: Transferencias Corrientes de la Admón. Educativa (“nominativa”)
• N.E.: Número de Estudiantes en centros propios

Un año más, la Comunidad foral de Navarra sigue liderando la financiación pública por estudiante, con 7.736€, casi el doble que la extremeña (4.161€) seguido de las Universidades del País Vasco (7.331€) y de Cantabria (6.908€).

El libro incluye tres artículos que analizan los datos y aportan interesantes opiniones de expertos . Incorporamos a continuación el epígrafe final (pág. 94) de la Tribuna firmada por Juan Hernández Armenteros (director del estudio) y el Gerente de la Universidad Politécnica de Valencia, José Antonio Pérez García. En la foto, en una reciente visita a Asturias:

Foto: José Antonio Pérez y Juan Hernández, con el faro de Cudillero (Asturias) al fondo, iluminando la Universidad española.

A modo de conclusiones (J.A. Pérez y J. H. Armenteros)

Resulta necesario y, hasta cierto punto, urgente que las universidades españolas en su reflexión estratégica se formulen la coexistencia y la intensidad de sus diferentes ámbitos funcionales: educación, investigación e innovación; dado que el hecho de que todas compartan determinados valores y tengan tareas comunes, no implica que todas deban presentarse con idénticos perfiles, ni tampoco tengan que garantizar actividad en todas estas facetas para que puedan ser referenciadas con calificativos de calidad y/o excelencia. Como se afirmaba en la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas (COM (2006), 208, de 10/05/2006)19: “La investigación, debe seguir siendo una tarea clave de los sistemas universitarios, pero no necesariamente de todas las instituciones”. Obviamente, con independencia de la visión y de la estrategia que cada universidad pueda formular para posicionarse en un mundo cada vez más global y competitivo, lo que no puede asumirse es que las necesidades financieras de una determinada actividad asfixien el desarrollo normal de las restantes actividades universitarias.

En la resolución de esta deficiencia las universidades públicas tienen que mejorar los sistemas de información para generar la documentación adecuada que les permita gestionar con eficacia las diferentes actividades productivas que son la razón de ser de la financiación universitaria. Al mismo tiempo, deben establecerse políticas diferenciadas de incentivos para las distintas unidades operativas (centros, departamentos, grupos de investigación, etc.) a las que van destinados los recursos financieros y, por último, deben, junto a la administración financiadora, mejorar y estrechar los mecanismos de coordinación universitaria para evitar las capacidades ociosas y establecer la senda de la especialización y la diferenciación institucional.

El corolario de las reflexiones que se han apuntado sobre el comportamiento y la evolución que viene manifestando la financiación de las universidades públicas presénciales en España es, en su conjunto, positivo en la medida que se han ido alumbrando espacios de actividad universitaria que, con mayor o menor intensidad, estaban en penumbra. Actualmente, los focos de referencia de la financiación universitaria deben dirigirse, en nuestra opinión, a garantizar que la suficiencia financiera del Sistema Universitario, en general, y del Sistema Universitario Público, en particular, avanza de manera sostenida para lograr las referencias financieras que identifican a los Sistemas Universitarios Europeos que vienen liderando el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Este objetivo debe ser compatible con mejorar los actuales niveles de eficacia que se vienen observando en el gasto universitario, mediante actuaciones que propicien la reducción, la racionalización y la especialización de la oferta institucional de enseñanzas oficiales, al tiempo que modifiquen los comportamientos académicos de los usuarios de los servicios educativos incidiendo, directa y progresivamente, en los importes de los precios universitarios aplicables según el grado de reiteración que cada estudiante manifieste al formalizar su matrícula.

Igualmente, es necesario que las universidades públicas establezcan sistemas de gestión e información que permitan conocer los recursos asignados y los resultados obtenidos para cada una de las funciones, enseñanza, investigación e innovación, que dan contenido a su misión institucional. La permanencia de los actuales sistemas de asignación de la financiación y de la materialización del gasto, además de resultar escasamente analíticos, favorece la presencia de bolsas de ineficiencias productivas en el seno de las instituciones y dificulta notablemente el establecimiento de modelos de financiación que diferencien entre universidades atendiendo a la presencia, a la actividad y a los resultados que en cada momento manifiesten en sus respectivas funciones productivas.

La incertidumbre, la discrecionalidad, la ausencia de criterios objetivos y la improvisación son actitudes que deben erradicarse de la financiación universitaria. Igualmente seria una política miope condicionar la evolución de la financiación universitaria a los vaivenes de la coyuntura económica, dado, de una parte, su carácter de política medioplacista y, de otra, porque como afirma el reciente premio Nobel de Economía, Paul Krugman, en momentos de crisis hay que aumentar el gasto para activar la economía y no mirar al déficit fiscal. La financiación universitaria en España debe, definitivamente, situarse en el umbral que nos corresponde como economía que ocupa el octavo/noveno lugar a nivel mundial para garantizar esta posición, y, en consecuencia, resulta prioritario iluminar las sombras que hoy por hoy están presentes en el Sistema Universitario Español.

Las actividades universitarias, enseñanza e investigación, han registrado en España en los últimos veinte y cinco años una extensión e intensificación como nunca se había producido desde la remota aparición de las universidades, permitiendo, en un corto período de tiempo, acercar nuestro Sistema a los parámetros de actividad universitaria que identifican a las sociedades más avanzadas del planeta.

La materialización de este esfuerzo ha sido posible por la decidida voluntad de los responsables de la administración educativa que han ido provisionando progresiva y continuamente a las instituciones universitarias de los recursos financieros necesarios, aunque no suficientes, para atender las demandas de servicios universitarios que la sociedad española ha venido solicitando. Sin embargo, el nuevo escenario competencial que promueve la Ley de Reforma Universitaria del año 1983, ha propiciado algunos desajustes productivos en el seno de las instituciones universitarias públicas, a la vez que ha generado comportamientos financieros dispares que, con frecuencia, resultan difícil de objetivar atendiendo a sus identidades funcionales.

Las universidades españolas, las públicas y las privadas, tienen que asumir en los próximos años unos compromisos que afectan al conjunto de sus actividades formativas e investigadoras por la materialización del Espacio Europeo de Educación Superior e Investigación. Este nuevo contexto propicia nuevas oportunidades para nuestras instituciones y, a la vez, incorpora mayores niveles de competencia que pondrán en evidencia las calidades relativas de los servicios que venimos ofreciendo a nuestros clientes. La financiación, tanto la pública como la privada, aparece en este nuevo contexto como una variable estratégica para suavizar y dinamizar los diferentes efectos que este proceso de cambio traerá a la vida universitaria española.

No obstante, conviene no olvidar el carácter instrumental que tiene la financiación para el cumplimiento de los objetivos que conforman la misión de las universidades, siendo necesario abordar otros ámbitos de la realidad universitaria para poder garantizar la eficacia que se presume de la suficiencia financiera. En esta dirección, aspectos relacionados con la gobernanza institucional, la profesionalización de la gestión universitaria, la evaluación y acreditación institucional, la cooperación funcional entre las instituciones, la comunicación institucional y la coordinación interinstitucional son, entre otros, ámbitos que hoy por hoy se presentan manifiestamente mejorables.

Las universidades públicas están obligadas a conseguir un nivel de suficiencia financiera competitiva. La amplitud y la calidad de los servicios que deben ofrecer al país debe proporcionar una oferta formativa e investigadora de la misma amplitud y nivel de excelencia que la de aquellos países de referencia, que forman parte de nuestro entorno competitivo, y que resuelven mejor su papel en una sociedad globalizada.

La universidad española actual es la mejor que el país ha tenido nunca, tanto en términos de recursos disponibles y equilibrio territorial, como respecto a su contribución a la formación de capital humano, generación de conocimiento y traslación del mismo al sistema productivo. Pero dicho esto, hemos de concluir también que su comportamiento, y sobre todo sus resultados, están lejos de los de aquellos que representan hoy el horizonte de la excelencia.

El Gobierno, otros responsables gubernamentales regionales y dirigentes empresariales, han sostenido explícitamente en los últimos años la necesidad y la voluntad de ampliar la suficiencia financiera del sistema universitario español hasta alcanzar el 1,5% del PIB. Pero esto no es suficiente, son necesarias políticas de financiación universitaria diseñadas con inteligencia para promover los cambios que son necesarios para alcanzar dichas metas.

El desplazamiento del actual nivel de suficiencia hasta el horizonte del 1,5% del PIB, mediante la aportación de más recursos públicos y privados, tendrá que venir acompañado de un compromiso institucional efectivo (con resultados medibles), que remueva muchos obstáculos internos de nuestras universidades(algunos de ellos férreamente impuestos por la normativa legal: rigidez de manejo de recurso de personal o gobernanza, por ejemplo), que permitan mejorar su productividad social y su nivel de excelencia académica.

El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de hacer público el Informe Especial nº 9/2010 titulado: “¿Se ha utilizado de manera óptima el gasto de las Medidas Estructurales de la UE en abastecimiento de agua para uso doméstico?”

El informe da la razón a la principal idea-fuerza de los movimientos ecologistas y concluye que, si bien el gasto de las Medidas Estructurales ha contribuido a mejorar el abastecimiento de agua para el consumo doméstico, “podrían haberse obtenido mejores resultados a un menor coste para el presupuesto de la UE”. La solución: reducir las fugas y costear bien. Veámoslo.

Más hormigón, no es la solución.

Cada fiscalización del Tribunal suele incluir en el título alguna pregunta como objetivo principal. Así, el informe referido tuvo como finalidad determinar si el gasto de la UE en abastecimiento de agua se utiliza de manera óptima, como hemos visto más arriba.

El control de los auditores se concentró en las infraestructuras dedicadas exclusivamente al abastecimiento de agua para uso doméstico cofinanciadas por el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y completadas durante el periodo de programación 2000-2006 en España, Grecia, Portugal e Italia, los principales receptores de financiación en este ámbito.

El Tribunal observó que unos mejores análisis podrían haber permitido construir infraestructuras de menor capacidad y estudiar soluciones alternativas. En casi todos los casos auditados, las previsiones de necesidades futuras no tuvieron en cuenta las tendencias decrecientes en el consumo de agua per cápita y, en algunos casos, no se consideraron todos los recursos ya disponibles. Los análisis de posibles soluciones por lo general se limitaron a actuaciones sobre la demanda (construcción de infraestructuras para explotar nuevos recursos hídricos) y no prestaron suficiente atención a otras soluciones, como la reducción de pérdidas de agua o la utilización de recursos más accesibles.

Aunque se han obtenido mejoras mensurables desde el punto de vista del volumen de agua disponible, de una ampliación de la red de distribución pública, de una mejor calidad del agua, de un mayor rendimiento de la red y de la continuidad del servicio en las zonas afectadas, algunos proyectos no estaban en funcionamiento debido a la falta de infraestructura complementaria.

En  concreto, en la página 19 del informe, el Tribunal de Cuentas Europeo concluye:

Se ha favorecido la construcción de infraestructuras para explotar nuevas fuentes de agua y rara vez se ha prestado atención a otras soluciones, como la reducción de las pérdidas de agua.

En todos los casos examinados por el Tribunal, la solución seleccionada para paliar el déficit hídrico estimado consistió en explotar nuevas fuentes de agua y transportarla a las zonas en cuestión. Además, en aquellos casos de un elevado nivel de agua no facturada, rara vez se pensó en la posibilidad de mejorar las redes de distribución como medio de reducir las futuras necesidades de agua, excluyendo así las posibles soluciones de menor capacidad

Subvenciones,si; Tributos, no.

El examen efectuado por el Tribunal de las tarifas correspondientes a los servicios de aguas también detectó lo siguiente:

a) Los Estados miembros tienden a maximizar la asistencia financiera de la UE manteniendo bajos los niveles de tarificación. Hablando en plata: ¡más subvenciones: si; subir tarifas: no!. Pone algunos ejemplos. En algún caso no se habían actualizado las tarifas desde la década de los años noventa, y existen casos en que las autoridades nacionales no fijaron las tarifas del agua hasta que no se determinara el importe máximo esperado de ayuda financiera de la UE. En esas circunstancias, los análisis de costes y beneficios presentados a la Comisión justifican a posteriori el importe esperado de la subvención en lugar de determinarlo como resultado del análisis realizado;

b) En términos relativos, las tarifas establecidas en las zonas abastecidas por los proyectos auditados representaban menos del 1 % de los ingresos familiares disponibles. Aquí el Tribunal riñe a la Comisión que “nunca cuestionó el potencial para recuperar costes de los usuarios, tal como se presentaba en las solicitudes, ni propuso ninguna referencia específica para evaluar la idoneidad de los precios del agua propuestos”. Por otra parte, el informe no encuentra correlación alguna entre la parte de ingresos familiares utilizada para pagar los servicios de agua y el tipo de cofinanciación. Así, detecta tipos de cofinanciación más elevados tanto en zonas donde los gastos de los usuarios en agua son menores con relación a sus ingresos, como en zonas donde esta proporción es más elevada, sin que se haya facilitado ninguna justificación particular.

El principio de repercutir a los usuarios los costes del agua está reforzado por la Directiva marco de las aguas, que establece una obligación de recuperación de costes de los servicios de agua como incentivo para estimular una demanda sostenible por parte de los usuarios. La obligación debió aplicarse en 2010 a más tardar y es objeto de reiteradas quejas y denuncias de los movimientos ecologistas. No obstante, la recuperación de costes puede modularse teniendo en cuenta diversos factores, como «los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas». Dicho de otro modo, el objetivo no consiste necesariamente en recuperar de los usuarios el 100 % de los costes. En España, el Consejo de Cuentas de Castilla y León fue de los pocos órganos de control externo que llamó la atención (ver reseña) sobre ese asunto.

En 2006, la Comisión emitió unas normas bastante explícitas, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo sobre los Fondos Estructurales, especificando que las tarifas deberán cubrir al menos los costes de funcionamiento y de mantenimiento, así como una parte significativa de la depreciación de los activos. El informe de auditoría exige (parágrafo 69) a todos los implicados “una estructura de tarificación adecuada para optimizar los ingresos del proyecto antes de la percepción de las subvenciones públicas, teniendo en cuenta el concepto de asequibilidad”. Para el Tribunal, un coeficiente de asequibilidad comúnmente aceptado para el abastecimiento de agua y saneamiento es del 4 % de los ingresos familiares.

Por lo que se refiere al nuevo periodo de programación, los cuatro Estados miembros fiscalizados ya han implantado procedimientos que exigen que las propuestas de infraestructuras hidráulicas cuyo coste total supere un millón de euros presenten un análisis financiero de costes y beneficios. Por ejemplo, en tres de las regiones visitadas, los nuevos procedimientos nacionales exigen que en dichos análisis se incluya un estudio de los niveles de tarificación de agua. No obstante, sólo en Portugal se han establecido unas normas claras para determinar el importe de la subvención, basado en el modo en que los municipios afectados aplican el principio de recuperación de costes. El nivel de asequibilidad de los servicios del agua se ha definido tanto en términos relativos (tarifas en porcentaje de la renta familiar) como absolutos (precio máximo por m3).

Por todo ello, el Tribunal da un toque de atención (en el parágrafo 75.b) a la comisión que “debería prestar mayor atención a la calidad de los análisis financieros que acompañan las solicitudes de subvenciones” y, por tanto solicitar la información necesaria para establecer el porcentaje de intervención al nivel “apropiado”, así como velar por una aplicación correcta del principio de recuperación de costes para conseguir una utilización más eficiente de los fondos de la UE.

Un resumen de este artículo fue publicado en LegalToday

Hoy he titulado como los diarios, que suelen simplificar la noticia en buenos-malos, según su “sensibilidad” frente al Gobierno de turno. El asunto es que el Tribunal de Cuentas de España acaba de aprobar, en su sesión de 30 de noviembre pasado, el informe de fiscalización del programa 463.B “Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica“, correspondiente al ejercicio 2005. 

El citado programa 463.B constituye uno de los programas presupuestarios a través de los cuales se realiza la política de investigación, desarrollo e innovación en los Presupuestos Generales del Estado. Supone el soporte presupuestario del Estado del Plan Nacional de I+D+i regulado en la Ley 13/1986 (Ley de la Ciencia).

Este programa financia gran parte de las actividades de los centros de I+D+i: universidades, organismos públicos de investigación, instituciones sin fines de lucro y centros tecnológicos; financiación que se encauza, fundamentalmente, a través de la gestión de subvenciones mediante sus diversos procedimientos: nominativas, convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva o concesión directa.

Gran parte del gasto lo constituye el capítulo 7 “subvenciones y transferencias de capital” donde los auditores han analizado, por un lado, los procedimientos de las principales líneas de ayudas en régimen de concurrencia competitiva y, por otro, el resto de las subvenciones financiadas con cargo a este capítulo: subvenciones nominativas, subvenciones de concesión directa y transferencias de capital al exterior.

¿Qué dice el informe? A continuación presentamos la conclusiones relativas a este apartado, de gestión de las ayudas a la investigación:

a) Los sistemas y procedimientos de control interno establecidos en los centros gestores del programa fiscalizado no resultan adecuados para un eficaz seguimiento y control de las ayudas tramitadas:

1. los registros no están actualizados y presentan deficiencias y errores que impide conocer, entre otras cuestiones, si el beneficiario ha justificado o no la subvención percibida;
2. la comprobación de las justificaciones es imperfecta;
3. no se cruzan normalmente las bases de datos para controlar posibles incompatibilidades;
4. no se realizan controles sistemáticos sobre la realidad de los proyectos subvencionados, salvo en las ayudas cofinanciadas por la Unión Europea.

b) La Dirección General de Investigación (DGI) no había enviado la obligada información a la IGAE para la formación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, vulnerando el artículo 20 de la Ley General de Subvenciones (LGS) ni publicado en el BOE (el art. 18 de la LGS) las ayudas concedidas en la mayor parte de las líneas de ayudas examinadas.

c) En prácticamente todas las líneas de ayudas se excede el plazo de 6 meses establecido como máximo en el artículo 25 de la LGS para resolver y notificar la concesión de las subvenciones.

d) Aunque con carácter previo a cada convocatoria se aprueba el gasto (artículo 34 de la LGS), el reflejo contable (incluso la retención de crédito) se demora injustificadamente hasta la adjudicación de las subvenciones, incumpliendo la Instrucción de Operatoria Contable.

e) En varios casos examinados en los que el beneficiario ha reintegrado el exceso de la subvención percibida sobre el gasto realizado, no se han exigido los correspondientes intereses de demora.

Concurrencia competitiva

Dentro del conjunto de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, destaca por su importancia cuantitativa la línea de ayudas para la realización de proyectos de investigación, que en 2005 supuso el 41% de las obligaciones reconocidas en dicho conjunto. Del análisis de sus procedimientos y de una muestra de 117 expedientes de las convocatorias de 2000 a 2005, se desprenden las siguientes deficiencias:

a) No se ha facilitado la información solicitada por el Tribunal (listado de expedientes y estado de la justificación) respecto de la convocatoria de 2001.

b) En la fase de evaluación de las solicitudes se aprecia el incumplimiento de la ponderación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria; el incumplimiento del carácter determinante que la Disposición Adicional 12ª de la Ley 13/1986 atribuye a la evaluación de la ANEP; la discrepancia de la calificación final comunicada al solicitante con la suma de las evaluaciones parciales; y la falta de motivación en el trámite de audiencia previo a las resoluciones denegatorias de las ayudas solicitadas.

c) En el procedimiento de control sobre el seguimiento científico-técnico se aprecian importantes retrasos en la presentación del informe final de seguimiento por los beneficiarios y en la evaluación del mismo por la DGI. En tres expedientes en los que se revocó la ayuda se aprecian también deficiencias respecto de la cuantificación o la justificación del pertinente reintegro.

d) En el procedimiento de control sobre la justificación económico-financiera cabe destacar principalmente la existencia de un número muy elevado de expedientes que figuran en los listados sin haber justificado ningún gasto, o con importes justificados por importe inferior al de la subvención percibida, sin que la DGI haya realizado sobre gran parte de ellos actuación alguna. En la revisión de los expedientes, se aprecian importantes deficiencias de justificación en muchos de ellos, bien por la insuficiencia de la documentación aportada o bien por la incorrecta valoración de la misma por la DGI.

Similares deficiencias en cuanto a los procedimientos y el contenido de los expedientes se aprecian en las demás líneas de ayudas en régimen de concurrencia examinadas

En cuanto a las subvenciones de capital nominativas, las de concesión directa y las transferencias al exterior, los dos resultados más destacables son, por un lado, las deficiencias documentales en la justificación de las subvenciones y, por otra, los importantes excesos de subvención respecto de los gastos realizados en varias de esas subvenciones, que generan elevados saldos de Tesorería y rendimientos financieros en los beneficiarios; rendimientos que, conforme al artículo 19.5 de la LGS, deberán tenerse en cuenta como mayor importe de la subvención.

En el análisis del capítulo 8 “activos financieros”, la mayor parte de las obligaciones reconocidas se destinaron a Ayudas complementarias en forma de anticipos reembolsables a subvenciones financiadas total o parcialmente por fondos FEDER, para adelantar su cobro por los beneficiarios, dado que se perciben contra gastos efectivamente realizados. En los expedientes examinados se aprecia, principalmente, el excesivo peso de la calificación de prioridad otorgada por las Comunidades autónomas frente a la evaluación técnica, además de retrasos y omisiones documentales. Un importe de 37.922,9 miles de euros de obligaciones reconocidas en este capítulo se destinó a la concesión de préstamos a tipo de interés cero a los centros de investigación cuya solicitud de subvención había sido denegada, sin que se haya facilitado al Tribunal la información solicitada acerca de la amortización de estos préstamos.

Por último, el Tribunal de Cuentas examina los objetivos e indicadores asociados al programa 463.B, con el fin de llevar a cabo el análisis de eficacia previsto concluyendo que no ha sido posible llevarlo a cabo, “por las insuperables deficiencias en la definición de objetivos e indicadores y la inexistencia de un sistema de seguimiento e información adecuado y fiable a tales efectos”.

Recomendaciones

Por todo lo expuesto, el Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno la superación de las debilidades de control interno presentes en los centros gestores del programa fiscalizado, al objeto de subsanar las deficiencias, errores e irregularidades expuestas y, muy en particular, las que afectan a la gestión y el control de las subvenciones. Los responsables del programa 463.B deben revisar los expedientes de subvención y las cuentas justificativas de manera que se pongan de manifiesto las cantidades otorgadas en exceso y las no justificadas, exigiendo los reintegros que resultan procedentes, antes de que transcurra el plazo de prescripción.

Se recomienda en particular la agilización de la tramitación de las subvenciones mediante, entre otras medidas, la reconsideración del actual sistema de doble evaluación de las solicitudes (por la ANEP y por las comisiones de selección), o bien de sus procedimientos, a la vista de la duplicidad de criterios apreciados en el examen de los expedientes, por un lado, y de los retrasos generalizados en la resolución de las convocatorias, por otro.

A la vista de los varios casos observados en los que el exceso de financiación pública ha generado importantes saldos de Tesorería en los beneficiarios, sugiere “acomodar los pagos de las subvenciones al avance real de los proyectos y a las verdaderas necesidades de financiación de los mismos”.

Por último, recomienda la elaboración de un Plan Estratégico específico que presida la actividad de fomento de la investigación financiada con el programa fiscalizado, para lo cual resulta imprescindible la definición de objetivos e indicadores válidos, adecuados y representativos, así como la puesta en marcha de un sistema de seguimiento de los mismos y de información fiable sobre las actividades y resultados del programa.

Nunca hablo de Asturias; ni lo voy a hacer como podéis deducir de la última línea de esta bitácora. Pero el titular de prensa que encabeza esta entrada es tan bueno que no puedo dejarlo pasar, aunque sólo sea de manera incidental para introducir el tema de hoy.

El asunto no es otro que los recortes presupuestarios en las Comunidades Autónomas (CCAA), generalizados para el próximo ejercicio. El diario Cinco Días ha hecho un recorrido por las distintas CCAA. Así, el Gobierno de Canarias reducirá el presupuesto en un 12,5%, una cifra muy alejada de la Comunidad Valenciana, cuyo recorte se queda en el 4,8%, el menor de todas las regiones (ver artículo). La Administración del Estado también recortará un 7,9% el gasto no financiero, por primera vez.

En las últimas semanas de este otoño presupuestario, raro ha sido el día que no encontrábamos noticias, editoriales o declaraciones en relación a los recortes, sus efectos perniciosos o beneficiosos, según la diferente sensibilidad del emisor.

El propio presidente del Tribunal de Cuentas de España, Manuel Núñez Pérez, reconocía durante un reciente homenaje, que «todos hemos contribuido» a la crisis que nos está cayendo encima por vivir por encima de nuestras posibilidades recurriendo al crédito fácil. Detrás de todo, añadió «hay una pérdida de valores» de ahí que la receta para salir de la crisis pase por «la austeridad en el gasto. No gastar más de lo que se ingresa», afirmó, además de apostar por la «transparencia en la gestión» y por el «rigor ético» en el manejo de fondos públicos. Núñez entiende que, en el futuro, el papel del Tribunal de Cuentas deberá centrarse más en la prevención de situaciones de endeudamiento en las administraciones públicas.

Así, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advertía que el principal riesgo de España en estos momentos a la hora de cumplir sus compromisos de reducción del déficit no está en la Administración central sino en las territoriales. No tardó en recordarnos que las Agencias de calificación consideran que existen importantes riesgos en las CCAA debido a la elevada inercia de su gasto corriente (crece al 9% anual desde 2003), la rigidez de las competencias autonómicas (sanidad, educación y servicios sociales) y la lentitud del crecimiento de los ingresos de las CCAA. De ahí la rebaja del rating, con perspectiva negativa, que han realizado las agencias de calificación sobre prácticamente todas las CCAA y  que ya presentamos el mes pasado.

Asimismo, el Círculo de Empresarios hacía público un documento muy crítico con las finanzas públicas españolas, pidiendo “mecanismos institucionales para garantizar la estabilidad presupuestaria, por ejemplo a través de un organismo fiscal independiente, como en el caso de EEUU”. Alguien pensará que bastaría con retocar la Ley del Tribunal de Cuentas de España para cumplir esa misión con la celeridad que demandan los tiempos.

Por último, la semana pasada, el reputado investigador, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Rafael Domenech nos proporcionaba multitud de titulares de prensa, sobre las dificultades en la financiación del déficit para una parte de las Administraciones autonómicas y locales.

Domenech, como economista jefe de BBVA Research, presentaba el último informe “Situación España” que incorporaba un análisis del grado de transparencia de las cuentas públicas autonómicas, según el cual sólo seis comunidades ofrecen una información completa y mensual, igual a la que proporciona la Administración General del Estado.

El documento alerta de la necesidad de mejorar la calidad y cantidad de información sobre la ejecución presupuestaria que se ofrece a la opinión pública en general, y a los mercados, en particular:

En ausencia de esta política proactiva de mayor información y transparencia por parte de todas las AA.PP., y no sólo por el Estado, la incertidumbre respecto a la calidad de las finanzas del conjunto de AA.PP. podría prolongarse en el tiempo lo que implicaría el mantenimiento de primas de riesgo innecesariamente elevadas para una parte de la deuda pública española.

¿Nadie habla de aumentar los ingresos públicos? Si, desde una perspectiva política, aunque es muy difícil que recuperen una parte significativa del terreno perdido en términos de porcentaje sobre PIB.

Autovías ibéricas

Nuestros vecinos de Portugal, han probado a mejorar la recaudación, que siempre ha sido su talón de Aquiles, sometiendo a peaje las antiguas autovías gratuitas. Primero han sido las del norte, fronterizas con Galicia y después el resto: Interior Norte, Beira Interior y Algarve tendrán peaje a partir del 15 de abril de 2011, lo que afectará también a los ciudadanos de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía que vivan y trabajen en zonas fronterizas. El sector hotelero está al borde del ataque de nervios.

En España, por el contrario, existen bastantes autopistas de peaje, pero su situación financiera general es crítica. La necesaria transposición del  IFRIC 12 de las Normas Internacionales de Contabilidad ponían en causa de disolución (pérdidas superiores al 50% de los fondos propios) a muchas sociedades concesionarias de autopistas de peaje, como avanzamos en su momento (ver) pues impide a las empresas amortizar en varios años los gastos financieros, teniendo que contabilizarlos en el ejercicio en que se producen.

Sin embargo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,  en el proyecto de Orden de normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria sobre los acuerdos de concesión de infraestructuras públicas, (en la actualidad, en información pública prorrogada)  permitirá diferir los gastos financieros durante toda la vida de la concesión, de manera que se aminora el fuerte impacto que estos tienen en los primeros años. Además, la Ley estatal de Presupuestos salvará de la quiebra a las concesionarias de autopistas que erán compensadas al tener menos tráfico del previsto cuando se adjudicaron.

No todo son penurias

Terminamos esta entrada con algo más alegre de cómo empezamos. Nada mejor que la intervención parlamentaria del ministro de Finanzas suizo, Hans Rudolf Merz que, a diferencia del prudente Consejero de Sanidad asturiano, no puede con la risa cuando contestaba a una pregunta de trámite, en una sesión de control donde lee una respuesta, también de trámite, que habían preparado sus aplicados y leguleyos asesores. Suiza debe ser el Paraíso (fiscal en este caso) aunque no sea “natural” como Asturias.

EUROSAI (Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa) es uno de los Grupos Regionales de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Constituida en 1990 con 30 miembros (las EFS de 29 Estados europeos y el Tribunal de Cuentas Europeo), en la actualidad su número de miembros asciende a 50 entidades (las de 49 Estados europeos y el Tribunal de Cuentas Europeo).

Ayer, EUROSAI celebró en Madrid su 36ª reunión del comité directivo que analizarán el Plan estratégico de EUROSAI para los próximos ejercicios, presentarán los informes de actividades de los grupos de trabajo sobre ‘Tecnologías de la Información’, ‘Auditoría Medioambiental’, ‘Fiscalización de Fondos destinados a Catástrofes y Desastres’ y ‘Guía de buenas prácticas sobre calidad de la auditoría’ y estudiarán las nuevas iniciativas en cumplimiento de sus objetivos.

La inauguración corrió a cargo del Presidente del Congreso, José Bono, que destacó la necesidad de que los presidentes de los tribunales de cuentas de los diferentes países trabajen desde sus distintas ideas “por la autonomía, pese a que ésta pueda costarles su reelección“. Sobre la actividad política, Bono nos dejo otra de sus frases célebres, en relación con los gestores públicos:

“Los ciudadanos ya no exigen profetas del dogma, sino ingenieros de la eficacia. Y quien no es eficaz ni es de derechas ni de izquierdas, sino un inútil”.

Después intervino Manuel Núñez Pérez, presidente del Tribunal de Cuentas de España, en su calidad de Secretario General de EUROSAI. Presentamos a continuación su exposición.

XXXVI REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DE EUROSAI

-. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados, D. José   Bono,

-. Sr. Presidente de EUROSAI, Jaci Jezierski,

-. Sres. Miembros de Pleno del Tribunal de Cuentas y del Parlamento de España,

-. Estimados colegas de EUROSAI,

-. Queridos amigos,

Es un gran honor y una satisfacción para mí tener la ocasión de dirigirme a ustedes en el Acto de Apertura de la XXXVI Trigésimo sexta Reunión del Comité Directivo de EUROSAI. Y hacerlo en este solemne Palacio, en la misma ciudad y prácticamente en la misma fecha que, hace veinte años, en 1990, vio nacer a nuestra Organización.

Deseo agradecer muy sinceramente la presencia entre nosotros y la inestimable disponibilidad desde el primer momento para acoger nuestra Reunión en esta Cámara al Presidente del Congreso de los Diputados, Excmo. Sr. D. José Bono que, a la relevancia del Cargo hoy ejercido, presenta un extraordinario inventario de trabajos y aportaciones en la conquista de nuestras libertades democráticas y en la consolidación del Estado Democrático y de Derecho y suma otras muchas responsabilidades asumidas en el ámbito del Gobierno Nacional y en el desarrollo y consolidación de los Gobiernos Territoriales. Su colaboración ha propiciado que nos encontremos en la sede del Parlamento que, por las especiales relaciones que esta Institución mantiene con las entidades fiscalizadoras superiores, y por la legitimidad que le otorga la representación que ostenta, nos ofrece un marco privilegiado para la celebración de este encuentro.

Quiero expresarles también a todos ustedes el más profundo reconocimiento por participar en esta reunión anual, en la que tendremos ocasión de examinar nuestra actividad a la luz de los mandatos que hemos recibido del Congreso de EUROSAI, podremos analizar los retos que la gestión y el control nos ofrecen, y proponer e impulsar iniciativas que contribuyan a fortalecer el control externo a nivel europeo.

Mucho ha evolucionado desde hace veinte años el entorno económico-financiero. Se demandan a los Estados nuevas fórmulas de gestión que permitan obtener mayor eficacia y eficiencia, mayor transparencia y rigor técnico, mayor asunción de responsabilidades y economía en la actuación. Todo ello, en un mundo abierto e interconectado por la globalización.

En este entorno, el control externo de la actividad económico-financiera pública se erige en tarea clave para garantizar gestiones sólidas, transparentes y eficaces, y para contribuir a la promoción del buen gobierno. Para llevar a cabo esta función adecuadamente es preciso contar con entidades independientes, de alta cualificación técnica y modernas, que actúen bajo estrictos códigos éticos, apliquen normas de auditoría y sigan estrategias y procedimientos ajustados a estándares internacionales de vanguardia.

La fiscalización y las entidades que la desarrollan deben evolucionar con la propia gestión, atendiendo a las necesidades y demandas de la sociedad. Una función fiscalizadora eficiente no puede constituir un fin en sí misma y finalizar en el mero examen de la gestión pública, sino que debe aspirar a promover la mejora de ésta mediante propuestas que la guíen por senderos de responsabilidad, ética, eficacia, y voluntad de servicio a los ciudadanos.

El control externo, para ser eficiente, debe ejercer el papel de “alerta” que le corresponde, y evaluar el impacto sobre las finanzas públicas y la ejecución de las políticas, anticipar riesgos, y sugerir mejoras en los sistemas, en las organizaciones y en la actividad de gestión. Esta función debe, asimismo, contribuir técnicamente, a través de los informes y recomendaciones que emiten las entidades fiscalizadoras superiores, a impulsar el proceso de creación de las normas apoyando dichas mejoras, y a promover las propias transformaciones del sector público. Ha de garantizarse, asimismo, que las instituciones fiscalizadoras gocen del máximo respeto institucional y de la credibilidad, impacto y consideración pública de su función y de sus resultados.

Es fundamental mantener siempre vivo el diálogo con los ciudadanos, los poderes públicos, los gobiernos, los parlamentos, en un continuo proceso de retroalimentación que permita a las entidades fiscalizadoras ajustarse a las demandas y responder a las necesidades y prioridades reales. Es esencial que analicemos el valor añadido que aportamos a la sociedad en términos de contribución a la mejora de la gestión y al buen gobierno.

EUROSAI, como Organización, no se ha mantenido al margen de estos procesos ni es ajena a estos principios. Es el Grupo Regional de INTOSAI más joven, pero su número de miembros se ha incrementado en dos terceras partes desde su constitución, y su actuación ha evolucionado para hacerse más compleja, especializada y diversificada, en el entorno de una comunidad internacional en permanente cambio y desarrollo. Una vez llegada a su madurez, EUROSAI cuenta con sólidos pilares que la sustentan y líneas directrices que marcan su camino.

Nuestra Organización ha hecho un especial esfuerzo en los últimos años por promover la formación, atendiendo a las prioridades de cada una de las regiones europeas; y por fomentar los intercambios de información y experiencias. Se ha intensificado la cooperación entre sus miembros, con INTOSAI y sus Grupos Regionales, así como con otros socios con los que comparte intereses comunes, buscando un enriquecimiento mutuo. EUROSAI ha procurado apoyar y contribuir a la cualificación organizativa y técnica de las entidades fiscalizadoras superiores en la ejecución de sus funciones, al fortalecimiento en su independencia, y a la mejora permanente y desarrollo del control externo en Europa.

Utilizando el lenguaje de la contabilidad que nos resulta tan familiar, podemos decir que EUROSAI tiene ya muchas anotaciones en su “haber”, que avalan su actuación. Pero también tiene importantes perspectivas por delante. Hay apuntes en el “debe”, que todavía han de encontrar su contrapartida en el “haber”. Son muchas las tareas y retos que tenemos que afrontar y, sin duda, la colaboración es una herramienta esencial para hacerlo.

Aun cuando nuestros sistemas y procedimientos difieren, somos conscientes de que tenemos muchos puntos en común; que compartimos tareas, misiones, expectativas, limitaciones y proyectos. También sabemos que, conjuntamente, se puede conseguir mucho más que de manera individual; y ese es, precisamente, el propósito que nos reúne.

Sólo de este modo, EUROSAI representará un valor añadido para cada uno de sus miembros, y contribuirá, en su ejercicio, al proyecto global de INTOSAI, haciendo así efectivo su lema: “Experientia mutua ómnibus prodest”. Pues, como señalaba el economista John Stuart Mill: “No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación”.

Muchas gracias,

La Cámara de Cuentas de Andalucía incluyó, dentro del Plan de Actuaciones para 2009, un informe de fiscalización sobre el análisis comparativo de la gestión desarrollada en el ejercicio 2008 por dos hospitales del sistema sanitario público de Andalucía: Hospital Costa del Sol (empresa pública) y el Hospital Virgen de Valme, organismo dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El primero,  la Empresa Pública Hospital Costa del Sol (Málaga), da cobertura a una población de 372.964 (Padrón 2008) con 348 camas y una plantilla media de 1.412 trabajadores (personal laboral: 1.283 sanitario y 129 no sanitario).

El Hospital de Virgen de Valme (Sevilla) dispone de 555 camas y una plantilla media de 2.481 personas (personal estatutario: 1.875 sanitario y 606 no sanitario). La población de cobertura atendida por el hospital es de 349.964 habitantes (Padrón 2008).

El objetivo que se planteaba en el trabajo de fiscalización era el análisis comparativo de la gestión desarrollada en el ejercicio 2008 por los dos centros hospitalarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con el fin de determinar si la diferencia de régimen jurídico y dependencia funcional, arrojaba diferencias en términos de eficacia, eficiencia, economía, equidad y calidad de las prestaciones sanitarias.

La prensa presenta como conclusión (El País) que los centros sanitarios que son empresas públicas son más económicos que los que dependen del SAS.  Se han analizado los niveles de fijación de objetivos y su grado de integración, tanto los incluidos en los contratos programa de los dos centros hospitalarios, como los objetivos internos fijados por las direcciones de los centros, así como los tiempos de respuesta para intervenciones quirúrgicas.

Principales conclusiones

La estructura organizativa de ambos centros hospitalarios es diferente, aunque pertenecen al Sistema Sanitario Público de Andalucía. Desde su creación, el Hospital Costa del Sol introduce el concepto de organización de los servicios clínicos como “Áreas Integradas de Gestión” (AIG) dependiendo orgánica y funcionalmente de la dirección y subdirección médica y agrupando especialidades asistenciales con objetivos comunes.

La organización por AIG se diferencia de la tradicional por servicios de especialidades asistenciales, en que aquellas disponen de autonomía en la gestión de sus recursos económicos y de personal.

El Hospital de Virgen de Valme, integrado en la red de centros hospitalarios dependientes del SAS, se organiza bajo la dirección unipersonal del director gerente, del que dependen la subdirección gerencia, y las direcciones médicas, enfermería, servicios generales y económico-administrativa, además de nueve subdirecciones.

En cuanto a la parte asistencial, el hospital se encuentra en un momento de transición desde la tradicional organización por servicios de especialidades, a la organización por “Unidades de Gestión Clínica”, concepto asimilable a las “Áreas integradas de Gestión” del Hospital Costa del Sol.

En ambos hospitales, la gestión por procesos se encuentra implantada en la vertiente de gestión clínica, pero no en cuanto a la gestión de recursos que en ambos centros está orientada a la dirección o gestión por objetivos.

Objetivos

Respecto a la fijación y consecución de objetivos, los dos hospitales tienen definidos sus objetivos en el contrato programa, y en ambos sistemas de gestión los profesionales se sienten implicados en su consecución.

Se han analizado los procedimientos de fijación y evaluación de objetivos en los dos centros sanitarios, comprobando el cumplimiento de los principios generales definidos en el contrato programa además del cumplimiento de los objetivos específicos por áreas establecidos por cada uno de los hospitales. En todos los casos se ha podido comprobar la negociación y aceptación expresa del trabajador. La documentación justificativa archivada en los expedientes de cada una de las direcciones, en general, está completa y contiene toda la información necesaria para que el trabajador conozca los objetivos marcados, la evaluación que le corresponde y las áreas de mejora.

Hospital Costa del Sol

Las retribuciones del personal directivo y directores de líneas de procesos del Hospital Costa del Sol se encuentran fuertemente ligadas a la consecución de los objetivos marcados en el contrato programa (40% director gerente, 35% direcciones AIG).

En términos generales, el hospital ha cumplido los objetivos fijados en el contrato programa, este hecho determina que todos los puestos directivos hayan percibido el 100% de las retribuciones en concepto de incentivo.

Hospital de Virgen de Valme

En el caso del Hospital de Virgen de Valme, que también alcanza los objetivos marcados en el contrato programa, los conceptos retributivos vinculados a la consecución son inferiores que en el Hospital Costa del Sol. En el ejercicio 2008, el porcentaje de productividad correspondiente al equipo directivo ha variado en una horquilla entre el 12 y el 15% de las retribuciones percibidas.

Eficacia y eficiencia

En cuanto a la eficacia y eficiencia, se destacan las siguientes conclusiones obtenidas de los resultados de los siguientes indicadores de actividad:

- Actividad de hospitalización

El Hospital Costa del Sol, aunque con mayor población de cobertura, presenta un número menor de ingresos en el ejercicio. La frecuentación hospitalaria es superior en el Hospital de Virgen de Valme. El indicador que mide la “estancia media” es uno de los que presenta más diferencia entre los dos hospitales. En el Hospital de Virgen de Valme la estancia media resulta un 30% superior respecto del Hospital Costa del Sol. Este resultado afecta de forma negativa al resto de indicadores (rotación, índice de utilización de estancias, etc.). El Índice Utilización de Estancias (IUE2) para los dos hospitales presenta valores por debajo del valor medio esperado, un 20% en el Hospital Costa del Sol y un 5% en el Hospital de Virgen de Valme.

- Actividad de consultas

El número total de consultas externas realizadas en el ejercicio es un 54% superior en el Hospital de Virgen de Valme a pesar de tener menor población de cobertura.

Si se considera el número de salas disponibles en un centro y otro, puede observarse una utilización de las salas muy superior en el Hospital Costa del Sol, en el que cada espacio físico es utilizado para una media de 20 consultas diarias, frente a las 13 calculadas para el Hospital de Virgen de Valme. Los factores que influyen, en la mayor utilización de los recursos disponibles en el Hospital Costa del Sol son la accesibilidad horaria de los profesionales y la ubicación más centralizada de las salas de consulta.

Ambos hospitales presentan el mismo porcentaje de consultas sucesivas (57%), lo que quiere decir que en un 43% de los casos se consigue el alta del paciente en una primera consulta.

- Actividad de urgencias

El Hospital Costa del Sol tiene una mayor población de cobertura y atiende a un número más elevado de pacientes en el servicio de urgencias. Según los resultados obtenidos, el Hospital Costa del Sol realiza una gestión del servicio de urgencias más eficiente que el Hospital de Virgen de Valme, al resolver los episodios de urgencias con un menor número de ingresos y con un porcentaje inferior que el Hospital de Virgen de Valme de traslados a otros centros.

La elevada frecuentación de urgencias tiene como consecuencia inmediata demoras en la prestación de asistencia al usuario. Por lo tanto, estos servicios son los más afectados por el número de reclamaciones. Ambos hospitales tienen un número muy similar de reclamaciones de usuarios, aunque el servicio de urgencia del Hospital Costa del Sol recibe un 137% más de reclamaciones que el Hospital de Virgen de Valme.

- Actividad quirúrgica

La actividad quirúrgica tanto programada, como urgente y la resolución de Cirugía Mayor Ambulatoria, resulta superior en el Hospital de Virgen de Valme, centro que cuenta con un número superior de quirófanos y de camas en hospitalización.

La estancia preoperatoria, en el caso de cirugía con ingreso, es superior en el Hospital de Virgen de Valme. Una disminución potencial de las estancias preoperatoria contribuiría a una disminución (potencial) de la estancia media del hospital y del IUE2.

El indicador relacionado con la calidad de la asistencia, prevalencia de enfermedades nosocomiales, ofrece resultados más favorables en el Hospital Costa del Sol.

Del análisis comparativo de las tasas de indicación quirúrgica se observa que en el Hospital de Virgen de Valme se prescribe más cirugía por 100.000 habitantes que en el Hospital Costa del Sol.

En concreto, la tasa de indicación quirúrgica en los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)“Sustitución de articulación mayor excepto rodilla”, presenta unos valores muy alejados de la media en los dos hospitales, muy por encima en el caso del Hospital de Virgen de Valme (55,6%) y muy por debajo en el Hospital Costa del Sol (-53,8%).

Según el análisis realizado, el Hospital Costa del Sol cumple los plazos de garantía establecidos en el Decreto 209/2001, del 18 de septiembre de la Consejería de Salud y en la Orden de 20 de diciembre de 2006.

En relación con el Hospital de Virgen de Valme, las incidencias detectadas en el Registro de Demanda Quirúrgica impiden confirmar los datos aportados por el sistema de Gestión de Demanda, sobre el cumplimiento de plazos de garantía quirúrgica en este centro sanitario.

Resumen económico

Respecto a las conclusiones de carácter económico, el Hospital Virgen de Valme presenta una situación deficitaria acumulada, ascendiendo el total de gastos pendiente de imputación a presupuestos al cierre del ejercicio 2008 a un importe total de 3.892.993 €. La situación financiera de la empresa pública permanece saneada, sin que se acumulen pérdidas de ejercicios anteriores. Durante el ejercicio 2008 se aprueba un expediente de modificación presupuestaria por importe de 338.300 € para cubrir el déficit de explotación del ejercicio.

Todos los indicadores calculados con relación a los gastos de personal son más favorables en el Hospital Costa del Sol, que se comporta de forma más eficiente en la relación entre la población de cobertura, así como la actividad desarrollada, y los totales de gastos de personal (personal sanitario y, sobre todo, personal no sanitario).

En los puestos de jefaturas de servicios asistenciales se produce una convergencia desde el modelo laboral al estatutario, al menos desde el punto de vista de las retribuciones. En cuanto a los puestos correspondientes a la primera línea de dirección, la retribución media en el Hospital Costa del Sol es un 19% más elevada que la recibida por los puestos homólogos en el Hospital de Virgen de Valme.

Los consumos en farmacia y material fungible relacionados con los puntos GRD, como estimación del coste de los procedimientos realizados en los centros sanitarios, resultan más favorables para el Hospital de Virgen de Valme.

Para las prótesis cardiovasculares, el indicador de consumo por puntos GRD, aunque es más favorable para el Hospital de Virgen de Valme, la diferencia no es significativa, pero el mismo indicador calculado para prótesis de trauma y osteosíntesis supone un coste por puntos un 34% superior en el Hospital Costa del Sol (763 € frente a 566 €).

El gasto total por habitante es un 58% superior en el Hospital de Virgen de Valme. A este respecto se debe tener en cuenta que no se han incluido los importes correspondientes a los gastos centralizados que asumen directamente los Servicios Centrales del SAS como centro director del organismo autónomo (inversiones centralizadas, mantenimiento de equipos informáticos, asesoría jurídica, gestión de nóminas, etc.).

La relación del total gastos de explotación con la complejidad y el coste estimado de los procesos realizados, representado por el peso y los puntos GRD, aportan resultados más favorables para el Hospital Costa del Sol, excepto para los consumos de farmacia, fungible sanitario y prótesis.

La facturación a terceros en el ejercicio 2008 ha ascendido a 642.635 € en el Hospital de Virgen de Valme y 3.784.935 € para el Hospital Costa del Sol. En el caso del Hospital de Virgen de Valme, los importes correspondientes a las facturaciones realizadas se ingresan en la Tesorería del SAS, cuenta restringida de ingresos, es decir, que el hospital no dispone directamente de los importes facturados correspondientes a la asistencia sanitaria que ha prestado. Por el contrario, los importes facturados por el Hospital Costa del Sol, sí se imputan a la tesorería propia del hospital, por lo que el centro puede determinar el destino de los fondos en el momento de su devengo.

En los últimos tres ejercicios, las inversiones en infraestructura en el Hospital Costa del Sol han sido superiores en un 34% a las realizadas en el área hospitalaria Virgen de Valme.

Calidad

En relación con la satisfacción de los usuarios se observa un alto nivel de satisfacción en ambos hospitales públicos.

La valoración por el usuario del Hospital Costa del Sol, medida a través de encuestas de satisfacción, es sensiblemente superior respecto a la del Hospital de Virgen de Valme, al ser valorado por encima de la media andaluza en un total de 15 indicadores y no presenta ninguna percepción de calidad por debajo de esta.

En contraste con los resultados de las encuestas realizadas, los cuestionarios cumplimentados al alta asignan valores de satisfacción sensiblemente superiores al Hospital de Virgen de Valme, que sólo se encuentra por debajo de la media en la valoración de la comida.

CONCLUSIÓN GENERAL

Como resultado de los análisis realizados y las conclusiones expuestas en los puntos anteriores, se puede concluir que:

- Ambos hospitales alcanzan los objetivos estratégicos definidos desde la Consejería de Salud y el SAS.

- Las diferencias fundamental es entre los dos modelos se centran en el diseño de la estructura y régimen jurídico del personal. La dirección gerencia del hospital Costa del Sol dispone de la competencia y capacidad de selección de los profesionales que entran a formar parte de la organización (relación laboral). La estructura de personal del hospital Virgen de Valme le viene impuesta a su dirección (relación estatutaria). El mantenimiento del alto coste de personal afecta de forma definitiva a la relación coste / actividad.

- La gestión económica y financiera resulta más flexible e independiente en el Hospital Costa del Sol que sin encorsetamientos presupuestarios permite a la empresa gestionar su estructura de gastos, ingresos e inversiones.

- El Hospital Costa del Sol resulta más económico y eficiente en la gestión de los recursos disponibles, con un coste total de la asistencia prestada por habitantes un 58% menor que el Hospital de Virgen de Valme.

- En los consumos de farmacia, material fungible y prótesis, la eficiencia, medida en la relación coste /complejidad, resulta favorable al Hospital de Virgen de Valme.

La calidad de la asistencia prestada en los dos hospitales se encuentra por encima de la media de los hospitales andaluces de su nivel, siendo alta en los dos centros sanitarios que cumplen los requisitos de accesibilidad exigidos por la Consejería de Salud.

En una primera valoración a El País, la Consejería de Salud contestaba que las diferencias económicas entre los dos centros pueden deberse a otras causas además del régimen jurídico, como son el hecho de que el Valme tenga hasta dos sedes hospitalarias y tres centros de especialidades, así como que el centro sevillano ofrece servicios más complejos y tecnológicos y su población tiene un perfil “más rural” y con un alto índice de enfermedades crónicas.

A mi izquierda, los popes de la contabilidad local: los profesores Andres Navarro, Helio Robleda, Belen González, Dionísio Buendía, Antonio López, Daniel Carrasco, Ramón Ortigosa (IGAE) y Carlos Prieto (FEMP).

Esta semana se celebra en Gijón el habitual seminario de gestión pública local, que ya va por su decimosexta edición. El programa, con doscientos inscritos, incorporaba ayer una Jornada de presentación del Proyecto FEMP: Metodología del cálculo de costes y elaboración de indicadores para la comparablidad de los servicios locales.

La FEMP ha puesto en marcha, con este proyecto, una relevante experiencia para ayudar a los ayuntamientos a implantar un sistema de costes e indicadores que les sea útil para mejorar la gestión de los servicios municipales. Se trata de un hito en el marco de las buenas prácticas de gestión pública, que se están comenzando a desarrollar a nivel internacional.

La mesa que estuvo integrada por Helio Robleda Cabezas, Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra; Antonio López Díaz, Catedrático de Contabilidad de la Universidad de Oviedo y Carlos Prieto Martín, Secretario de la Comisión de Hacienda de la FEMP, presentó las características del proyecto, navegando a través de la página. Para cacharrear un poquito podéis pinchar aquí, seleccionado abajo “entrar como visitante”.

Se trata de un arduo trabajo que debe permitir sustentar los análisis del coste y rendimiento de los servicios en las grandes ciudades, así como las memorias de gestión del nuevo PGCP y fundamentar el cálculo de las tasas correspondientes a los servicios prestados a los ciudadanos y cada vez más judicializados.

Directiva de servicios

Especial interés presentaba la mesa final sobre “La incidencia de la directiva de servicios en las ordenanzas fiscales” moderada por el Director Financiero del Ayuntamiento de Gijón, Francisco Blanco (en la foto, en el centro) y a cargo de Roberto F. Llera (Universidad de Oviedo, a la izquierda) y Carlos García (Ayuntamiénto de Leganés, a la derecha).

Los ponentes realizaron un análisis económico de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que se traduce en España en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley paraguas) y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley ómnibus) que se deben concretar en Leyes autonómicas, Reglamentos, Ordenanzas municipales aunque también en ordenanzas fiscales.

El profesor Fernández Llera recordó que desaparece la obligación de solicitar algunas licencias municipales y, en consecuencia, se modifican las tasas relacionadas con ellas (Tasa por control posterior de la apertura de establecimiento comunicada-mediante declaración responsable o comunicación previa) siendo previsible una merma recaudatoria. Ya sabemos que cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la citada Ley 17/2009 rige lacomunicación previa o a declaración responsable, así como el sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

Carlos García insistió en que la Entidades Locales están obligadas a adaptar su normativa a la Directiva de Servicios, pese a que la adaptación estatal y autonómica no se ha producido. Ello implica el desarrollo de todo un proceso de control a posteriori de las actividades. “Hay que realizar tanto comprobación como inspección” afirmó. La segunda es una manifestación de la actividad de policía o sancionadora y sólo la primera devenga tasa. Recordó que debe extremarse el cuidado en su cálculo, pues el control jurisdiccional de los fundamentos económicos de la tasa es severo, pues su cuantía no puede superar el coste del servicio o la actividad.

Las consecuencias de la aplicación de la Directiva de Servicios suscitan enorme interés. En una extraordinaria ponencia del Magistrado David Ordóñez, que se acaba de celebrar en el seminario, se insistía en que toda actividad económica está permitida salvo que haya una prohibición expresa. Y concluía reflexionando:

“Pero es que cualquier régimen de autorización queda ahora bajo sospecha y, por ejemplo, en los procedimientos de autorización, salvo que se justifique expresamente, los efectos del silencio deben ser por regla general positivos. Asimismo, se impone el principio de simplificación y de facilidad de modo que es la Administración la que debe poner a disposición de los ciudadanos y de las empresas toda la información sobre aquellos supuestos excepcionales en que sea precisa una autorización. En fin, el nuevo régimen de la Directiva de servicios pone de manifiesto la necesidad de aplicar intensamente el principio de colaboración entre las Administraciones, de las españolas entre sí y respecto de las demás Administraciones europeas.

No hay duda de que durante un tiempo importante, desde el 28 de diciembre de 2009, el régimen local español ha quedado en parte muy disminuido y los riesgos de incumplimientos o de pérdidas de ingresos son muy reales a falta de una apropiada cobertura normativa, que deriva de la legislación estatal básica, de la legislación autonómica de desarrollo y de la propia regulación reglamentaria local.

En suma y aun cuando la aventura ha resultado estimulante el paraguas se ha quedado escaso y no ha impedido que nos empapemos y el ómnibus ha cargado con más de lo que podía soportar, por lo que no es extraño que el viaje haya sido menos provechoso de lo que debiera haber sido. Una aventura estimulante que aún no ha terminado y cuyos medios, desde el paraguas hasta el ómnibus, han sido menos efectivos de lo que hubiera sido deseable. Obviamente, parece que no hay duda de que en el España de las Autonomías nunca llueve a gusto de todos y no todos quieren ir al mismo sitio y en el mismo medio de transporte”.

David Ordóñez, en el centro

La semana pasada participé en el Máster en Dirección y Gestión de Instituciones de Enseñanza Superior de la Universidad de Extremadura, dentro del módulo relativo a la gestión económico-presupuestaria de las universidades públicas. Una experiencia enriquecedora hablar ante un eminente grupo de profesores e investigadores preocupados por la administración universitaria. 

Las universidades son Administraciones complejas, con gran número de centros de responsabilidad y una amplia desconcentración en multitud de Unidades de Gasto asentadas en un año académico que es distinto del presupuestario.

Desde el punto de vista económico, esta gestión desconcentrada consiste en la asignación de mayor autoridad a los gestores de centros de coste para permitirles emplear los recursos con mayor libertad. Combina la cesión de una mayor autonomía de gestión con la exigencia de rendición de cuentas, así como la necesidad de una mayor dedicación de tiempo a labores de gestión por parte de los académicos.

Por eso debemos elogiar que el profesorado de la Universidad de Extremadura reciba anualmente esta formación superior en gestión universitaria, máxime cuando muchos de ellos son, han sido o serán cargos académicos, con ineludibles responsabilidades económicas. Los procesos de desconcentración de funciones (y sus gastos) favorecen la participación y está especialmente recomendada para organizaciones como las universidades: grandes y complejas, autorreguladas y con trabajadores del conocimiento, de alta cualificación profesional, para acrecentar la responsabilidad, la motivación y la productividad.

Existe consenso en la doctrina organizativa sobre las ventajas de eficacia y eficiencia, información de las prioridades, flexibilidad, ahorro de costes, innovación y rapidez del acercamiento de las decisiones tanto a los protagonista de su ejecución como a los destinatarios de las consecuencias. Pero exigen en contrapartida una amplia y permanente formación práctica.

A mediados de 2009, la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra adoptó el acuerdo de solicitar un informe de asesoramiento a la Cámara de Comptos. Dimos cuenta del reto en esta bitácora, que pretendía los siguientes objetivos:

1º. Completar la rendición de cuentas de la Universidad Pública a la sociedad navarra con información relevante sobre el desempeño de la actividad realizada, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos bajo su control y la transparencia. 

2º. Analizar la evolución de la gestión económica de la Universidad Pública de Navarra.

3º. Establecer líneas de mejora para la optimización de los recursos y la gestión de la Universidad.

4º. Proponer actuaciones para la adaptación a los nuevos retos de futuro, fundamentalmente el convenio de financiación con el Gobierno de Navarra y la incidencia del proceso de Bolonia.

Diríase que se trataba de una auditoria de gestión de toda la Universidad española, debido al carácter uniforme de la institución en el Estado, de la normativa y de la prestación del servicio público de la educación superior.

La página web de la Cámara de Comptos acaba de hacer público el informe. Para apreciar la magnitud del alcance, basta ver el desglose del análisis efectuado, en 431 páginas:

1. El Espacio Europeo de Educación Superior y la UPNa
2. Estructura de gestión de la UPNa
3. Modelos de financiación
4. Sistema de costes
5. Evolución de las principales magnitudes presupuestarias y económicas
6. Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios
7. Alumnos y asignaturas
8. Investigación
9. Inversiones
10. Campus
11. Fundación Universidad-Sociedad
12. Encuestas, estudios, planes e informes sobre la UPNa
13. Ranking de Universidades

Es imposible resumir su exhaustivo contenido en unos pocos folios. Si usted tiene mucha prisa, puede imprimir las 87 primeras.

En su metodología, debemos destacar el carácter innovador, abarcando los aspectos financieros y no financieros. Desde las plantillas al análisis de la gestión de la investigación, de las encuestas de calidad percibida por los alumnos, sus tasas de éxito o fracaso o la opinión de los empresarios navarros sobre los titulados. Una herramienta fundamental para los gestores universitarios y los parlamentarios navarros. También un ejemplo de por donde deben discurrir las cosas en la rendición de cuentas universitaria, por mucho que se diga-no lo olvidemos- que es un informe de asesoramiento.

La Universidad española, como la europea, afronta en los últimos años un imparable proceso de acercamiento al mercado en múltiples frentes y con diversa velocidad de crucero. Desde el gerencialismo de sus directivos, la gestión competitiva de la docencia o la investigación, en un marco de caida de alumnos, de subvenciones y restricciones financieras. Una tendencia clara aunque no pacífica en el mundo académico, en el habitual marco de la lucha generacional. 

Esta evolución, que se va imponiendo paulatinamente, tiene como detractores a respetados y venerables académicos que ven en estas ideas el fin de un romántico ideal de servicio público que, sencillamente, desapareció con la llegada de la Universidad de masas y la globalización.

El eminente profesor González Navarro, en un entrañable artículo (“La universidad en la que yo creo”, en descarga libre) escrito en la Revista de Administración Pública, en homenaje a su colega Alejandro Nieto, expresa sus convicciones sobre la Universidad y su cotidiano quehacer: “una especie de confesión pública de mi credo universitario, «desde la última vuelta del camino»” dice al jubilarse. Entre ellas, la crítica a ese gerencialismo: “sólo quienes miran la Universidad con ojos de mercader pueden creer que aquélla es una empresa cuyo cliente es el alumno”. El ilustre administrativista califica estas ideas de disparate que asocia a la decadencia y muerte de nuestra cultura occidental concluyendo “si los mercaderes de una y otra obediencia se adueñan de la Universidad y la ponen a su servicio tendríamos que certificar la defunción de esa Universidad en la que yo creo y sigo creyendo”.

El escenario no es nuevo, aunque a España ha llegado con casi un siglo de retraso. Lo denunciaba, en 1918, el sociólogo institucionalista, Thorstein Veblen, acusando a los rectores nortemericanos de tenderos:

“Es una pauta no escrita y de la que pocas veces se habla, pero que subyace bajo la política académica universitaria, que las distintas universidades compiten por el comercio de educación vendible, más o menos de la misma manera que los establecimientos rivales en el comercio minorista compiten por sus clientes” (The Higher Learning in America:  A Memorandum on The Conduct of Universities by Businessmen).

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Nuestra universidad reformada se caracteriza por la condición participativa y plural de sus órganos de decisión, la inmediatez de su gestión, su amplia desconcentración de funciones para hacer frente a un entorno globalizado marcado por la competición, el dinamismo y la incertidumbre.

La Universidad es una organización que obtiene una producción conjunta, un output múltiple e inseparable: docencia e investigación Una empresa de servicios multiproducto caracterizada por la intangibilidad de la prestación, por la simultaneidad de prestación y consumo así como por la heterogeneidad de las demandas de sus usuarios/clientes.

Se acepta como premisa que la docencia es la función principal de las universidades. En la actualidad y dentro de lo que se denomina la “educación de masas”, las universidades dedican la gran mayoría de sus recursos a los programas docentes. Sin embargo, uno de los mayores problemas que tiene la enseñanza superior en Europa es el gran número de alumnos fallidos. Además, está la incapacidad de las universidades para atraer buenos estudiantes y un cierto desinterés por ofrecer un servicio atractivo. El problema se ha intentado corregir mediante los modelos de financiación basados en resultados.

El sistema universitario español se cimienta en torno a la idea de no introducir diferencias entre los estudiantes, que -además- se matriculan en el centro más cercano al domicilio familiar. Con ello tampoco se crean demasiadas diferencias de calidad entre universidades, impidiendo que ninguna destaque en especial ante la indiferencia, salvo raras excepciones, por el producto universitario final: el graduado. Es verdad que algunas universidades (pocas) llevan a cabo iniciativas innovadoras: licenciaturas en inglés, dobles titulaciones, implantación de campus en el extranjero o estudios compartidos con otras universidades europeas o norteamericanas.

En nuestro ordenamiento jurídico, la investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador de las Universidades (artículo 40.1 de la LOU) al que se permite dedicar gran parte de la jornada laboral. En todos los países occidentales la investigación se va sistematizando, convirtiendo sus universidades en más competitivas, más orientadas en lo comercial y más estratégicas. Introducen prácticas y valores de gestión que chocan con las estructuras tradicionales. Los nuevos clientes son las Cámaras de Comercio, las PYME locales, las asociaciones de empresarios, el Ayuntamiento…

Resulta muy difícil impregnar de una cultura del coste a las actividades universitarias, tradicionalmente acostumbradas a la financiación pública, de precios subvencionados y centradas en el corto plazo. Sin embargo, un amplio sector ciudadano opina que la única solución viable a largo plazo para las universidades es la dirección de las mismas como empresas reales del mundo comercial: considerar al alumno como un cliente y recoger un superávit en todo el trabajo que llevan a cabo. Algo muy dificil en una organización tan poco proactiva y que -además- es una Administración Pública.

Durante los días 23 y 24 de septiembre, la Universidad de Granada acoge la edición correspondiente a este año 2010 de las Jornadas de Auditoría y Control de las Universidades. Se trata de una foro donde los funcionarios del área económica de las Universidades Públicas españolas pasan revista a los principales temas de la gestión financiera del sector.

Así, el responsable de la Oficina de Control Interno de la Universidad de Granada, Manuel Prados, nos ha preparado un programa que comienza con una conferencia inaugural que correrá a cargo del Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, Antonio López Hernández, que disertará sobre la divulgación de las memorias de responsabilidad social corporativa en universidades. Un tema de gran actualidad en el que la Universidad  debería estar en la vanguardia. El ponente está propuesto como presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Después vendrán cinco módulos sucesivos a cual más interesante, a cargo de académicos o responsables de la gestión universitaria: los modelos de contabilidad analítica para el control de eficiencia y la mejora de las transparencia, las auditorías de eficacia y eficiencia, la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el papel de los Consejos Sociales en la rendición de Cuentas o diversos aspectos de la tensión entre la contabilidad presupuestaria y patrimonial.

La conferencia de clausura correrá a cargo del Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Helio Robleda Cabezas, ex-vicerrector de la UPNA que hablará sobre la gobernanza en la universidad pública y sus implicaciones en la transparencia de su gestión.

En fin, un extraordinario programa que permite mantener al día la red y los conocimientos de los profesionales de la administración universitaria.

La Fundación Alternativas acaba de hacer pública en su web un nuevo documento de trabajo: “El modelo de control interno del gasto público estatal. Propuestas de cambio”. Su autora es Ximena Lazo Vitoria, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá que ha publicado numerosos trabajos sobre la materia, que ya hemos comentado en la bitácora.

En este caso se analiza precisamente nuestro modelo de control interno en la Administración del Estado y las razones que, en su caso, justificarían su modificación. Presentamos a continuación su principales conclusiones:

- En líneas generales, se sugiere mantener el régimen actual, es decir, el vigente desde la entrada en vigor de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, en lo que respecta al ámbito objetivo del control preventivo de legalidad.

- El adelgazamiento del citado control sólo debería considerarse si las técnicas ex post demuestran tener un nivel de desarrollo y de efectividad aceptable. Aún más, existen ciertos sectores de la actuación pública, por ejemplo la contratación, en los que claramente debería procederse a intensificar los controles ex ante sobre el gasto público.

- La regulación sistemática y ordenada de la función de control financiero merece un juicio global positivo. No obstante, se discute la conveniencia de considerar al citado control y a la auditoría pública como funciones diferenciadas.

- También se ha subrayado la necesidad de otorgar una adecuada transparencia al control financiero, abogándose por otorgar una mínima publicidad a los resultados de esta función.

- Por lo que respecta al control de los programas presupuestarios, se ha avanzado en el establecimiento de una responsabilidad personal de los gestores por la consecución de los objetivos programados.

- Sin embargo, se ha criticado la ausencia de efectos derivados de la citada responsabilidad, más allá de las eventuales minoraciones presupuestarias. En todo caso, se ha subrayado que este control aún no despliega los beneficios esperados, en buena medida porque el resto de los elementos del sistema (objetivos, indicadores, sistema de autocontrol) permanecen, en muchos casos, sin formulación.

- Por otro lado, el análisis de las auditorías de los planes iniciales de actuación ha permitido reafirmar su carácter de control posterior. En el ámbito de las auditorías de privatizaciones, se ha estudiado críticamente su configuración actual, proponiéndose su conversión en un control ex ante o, alternativamente, en una fiscalización a posteriori de las obligaciones derivadas de las operaciones de privatización. Además, se ha estudiado el contenido y alcance de la nueva auditoría sobre estabilidad presupuestaria, concluyéndose que se trata de un mecanismo importante de prevención, pero de alcance limitado.

La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana acaba ofrecer en la red, en descarga libre, el libro “La auditoría de sistemas de información integrada en la auditoría financiera. La perspectiva del sector público” galardonado con el VIII Premio de investigación Mestre Racional. Su autor, Antonio Minguillón Roy, es sobradamente reconocido entre los funcionarios al servicio de los órganos de control externo y habitual colaborador en los seminarios de auditoría.

En coherencia con los planteamientos basados en las TIC, el galardonado ha solicitado (y conseguido) de la Sindicatura que el texto del trabajo premiado no se edite en papel, sino tan sólo en formato electrónico a través de la sede electrónica.

Minguillón analiza el impacto que la implantación plena de la administración electrónica (e-administración) va a tener en la forma de trabajar del auditor público. En ese entorno digital “no es posible reducir los riesgos de auditoría a un nivel aceptable, si los auditores no utilizan de forma consistente técnicas y metodología adecuada de auditoría de sistemas de información”. Por ello, el autor reconoce la necesidad de un importante esfuerzo de adaptación los auditores y las organizaciones que prestan el servicio de control externo.

En nueve capítulos y varios anexos, con modelos de cuestionarios y Check list, el autor facilita, a los no iniciados, la comprensión del porqué y el cómo se integran las auditorías de sistemas de información entre las técnicas utilizadas por los auditores públicos. Para el prologuista, el Sindico Mayor de la Generalitat Rafael Vicente Queralt, es precisamente este factor (trabajar integrados) “el aspecto fundamental para que el trabajo de fiscalización en su conjunto, el de los auditores tradicionales y los auditores informáticos, alcance su máxima eficacia y eficiencia”.

Que lo disfruteis, aquí en pdf.

El viernes 23 participé en la Universidad de Verano de Maspalomas, dentro del panel “Perspectivas de futuro en la actividad de los órganos de control externo, en el escenario de crisis económica internacional”. De izquierda a derecha:

-  Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez, Síndico de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha y miembro del Comité Directivo de EURORAI

-  Hubert Weber, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo

- Moderador: Antonio Arias Rodríguez, Síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias

- Severiano José Costandrade de Aguiar, Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Tocantins y Presidente del Instituto Rui Barbosa de Brasil

-  Antonio Carlos Flores de Moraes, Consejero del Tribunal de Cuentas Municipal de Rio de Janeiro.

Pudimos abordar los retos futuros que se presentan a los tribunales de cuentas y su papel en la crisis económica actual, donde surgen algunas nuevas tareas de auditoría mientras que otras ven resaltada su importancia. El consejero Weber puso algunos ejemplos, como el grupo de trabajo de INTOSAI sobre la deuda pública, otro del Tribunal de Cuentas Europeo (TCEu) sobre las oportunidades de auditoría y los riesgos para el TCEu ligados a la actual crisis económica y financiera o incluso el reglamento por el que se crea el “Mecanismo Europeo de Estabilización” que otorga al TCEu el derecho de auditar la gestión de estas ayudas.

Uno de los primeros impactos de la crisis será la reducción de los recursos de los propios órganos de control, así como de su capacidad de respetar sus programas de trabajo. Un riesgo que deben evitar los gobiernos y sus parlamentos.

El público en general vive la crisis actual con desconfianza y percibe un mayor deterioro de la credibilidad de las instancias políticas, tanto gubernamentales como parlamentarias. En estas circunstancias, los OCEX pueden y deben ser una referencia para los ciudadanos, presentando informes objetivos basados en hechos concretos con la finalidad de contribuir a las políticas destinadas a mejorar la gestión de los fondos públicos.

Para constituir una referencia, Hubert Weber entendía que los OCEX deben optimizar su impacto incluso más que antes, respecto de:

A) las entidades auditadas,

B) los parlamentos,

C) los medios de comunicación.

A los primeros debe aportarse una crítica constructiva y unas recomendaciones concretas que puedan llevarse a la práctica sin interferir en el ámbito político pero sirviendo de impulso. Tambien cierta capacidad para anticiparse, matizó Weber. Por su parte, los parlamentos son para “un socio esencial en su función de control presupuestario”. Para ello, sugiere una buena práctica consistente en obtener la opinión de los diputados sobre sus expectativas respecto del OCEX.

Para Weber, los medios de comunicación deben constituir un extraordinario aliado del control dado que los parlamentarios por lo general están «enganchados» a ellos, lo que nos permite utilizarlos como vía de transmisión precisa, clara y objetiva de nuestros mensajes. Eso si que es todo un reto.

En mi modesta opinión, en el futuro los ciudadanos podrán acceder con gran facilidad (y en tiempo real) a mucha información sobre las cuentas públicas. No será un proceso fácil sino una conquista legislativa frente a los gobiernos, que permitirá conocer los pormenores de los gastos, de los contratos y donde la gestión 2.0 buscará a facilitar la opinión de los ciudadanos sobre esas transacciones, los comentarios críticos y los análisis políticos de iniciados. En ese momento, el papel de los OCEX será más de certificar que eso que la web pone es la documentación original, añadiendo una orientación de legalidad. Pero será el ciudadano el protagonista del análisis en la próxima década. Un análisis de sus riesgos puede verse en en este informe de la GAO norteamericana.

Ver nota de prensa de las conclusiones.

Ver todas las ponencias.