El Boletín de Función Pública del INAP es una publicación especializa sobre el empleo público, desde una perspectiva jurídica y gerencial. Se trata de una revista bimestral que incluye artículos sobre nuevas experiencias de gestión y formación, elaborados por quienes las han promovido y llevado a la práctica, novedades normativas en el área de empleo público y reseñas de sentencias relevantes en ese ámbito. También divulga las actividades del INAP y las convocatorias de todo tipo que puedan ser de interés para funcionarios y contratados laborales de las administraciones españolas. 

Ya está en descarga libre el número 8 correspondiente al mes de abril de 2012 y cuyo contenido presentamos a continuación.

ÍNDICE

ARTÍCULOS

Incidencia de la Reforma Laboral de 2012 sobre el empleo público. En especial, las medidas de reajuste de efectivos. Por Susana Rodríguez Escanciano, Univ. de León

Estrategia y presupuesto: gestión y toma de decisiones ante la crisis. El caso de
la DGT. Por Ernesto Abati García-Manso, D. G. de Tráfico

La evaluación del desempeño en el O. A. Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Por Ceferino Delgado Ruiz, Organismo Autónomo Penitenciario y Formación para el Empleo

La Administración Vasca ante la nueva Ley de Empleo Público para Euskadi.

Por Juan Carlos Ramos Rodríguez, Gobierno Vasco.

Comunidades de aprendizaje: la experiencia del Instituto asturiano de Admi- nistración Pública “Adolfo Posada”. Por Rosario Villa Menéndez, Instituto “Adol- fo Posada”.

EUROPA: Reacciones al cierre de la National School of Government (NSG). Por
el Equipo de Redacción del Boletín de Función Pública del INAP

DOCUMENTACION

Crónica de los tribunales

Infracción del principio de tipicidad por razones semánticas, Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, comentada por Gi- nés Valera Escobar, Ayuntamiento de El Ejido (Almería)

Noticias normativas

Repaso a novedades legislativas relacionadas con el Empleo público

Noticias del INAP

Noticias relacionadas con la formación y selección de personal. Publicaciones editadas por el INAP

Novedades bibliográficas

Relación de las últimas incorporaciones en la Biblioteca del INAP

Nuestra burocracia se basa en sencillos y rígidos principios. Algunos están tan consolidados que ya forman parte inseparable de nuestro napoleónico concepto de la administración -en minúscula-. Es el caso de la tradicional distinción entre gestor e interventor: un servicio para cada cosa. Uno “impulsa” los expedientes y otro fiscaliza. Del juego de pesos y contrapesos surge el equilibrio deseado. Además, ayuda que las leyes financieras les consideren responsables solidarios de los quebrantos que puedan ocasionar, el uno o el otro, en los caudales públicos.

De ahí la importancia de la figura del Interventor y su trabajo, al que debe aplicar toda su inteligencia. Por suerte, los funcionarios más curtidos se deciden a publicar sus conocimientos para ayudar a los colegas. Es el caso de José Manuel Modelo Baeza, que acaba de actualizar su Guía de fiscalización de las Entidades Locales. En efecto, la Editorial Aranzadi publica este mes un completo manual de 1072 páginas con docenas de informes-tipo sobre la cotidiana faena de fiscalización interna: los populares modelos de Pepe Modelo. 

En 2009, esta bitácora ya glosó la anterior edición que, como ahora, ya indicaba los aspectos que el interventor local -o el secretario-interventor- debe tener en cuenta cuando fiscaliza los diversos expedientes, alertando sobre los riesgos  en presencia y conjugando la obra las principales referencias doctrinales con la reseña de la normativa aplicable a cada caso, con la jurisprudencia, con resoluciones de Tribunales Administrativos de Recursos contractuales, de las juntas consultivas, de la abogacía del Estado o informes del Tribunal de Cuentas de España o de los OCEX, y de la Intervención General de la Administración del Estado o de las CCAA. En fin: una obra imprescindible

Casado con su interventor

Es una dura y arriesgada tarea fiscalizar la gestión . Una imagen, incorrecta en lo político pero muy peliculera, sería la de dos presos que escapan del penal atados por una cadena. Cuando el más emprendedor e ingenioso quiere saltar al tren en marcha, el más precavido lo impide, temerosos de partirse la crisma. Vamos: todo un matrimonio forzoso. 

 A mediados de los años noventa, ejercía yo como gestor económico en mi querida Universidad de Oviedo bajo la supervisión de una dura interventora accidental. Durante el proceso de fiscalización de los expedientes –todo un juego del gato y el ratón entre ambos funcionarios- no es infrecuente que los gestores debatan con vehemencia con el interventor defendiendo su punto de vista en algún asunto susceptible de interpretación. Recuerdo que mis argumentos ponderaban especialmente la flexibilidad, la economía o la eficacia y se estrellaban ante el fortín amurallado de la legalidad y las interpretaciones más prudentes de la responsable del control interno. Sin embargo, al poco una sentencia judicial en relación con la plantilla invirtió nuestros papeles: ella pasó a gestora y yo a interventor. Como en una obra de teatro, nos vimos de golpe interpretando lo contrario de lo que decíamos unos días antes, para risa de los asistentes a las mesas de contratación. Y así debía ser, si queríamos cumplir correctamente las responsabilidades de nuestros nuevos puestos.

El gestor, en un egoísmo racional, siempre pide a su interventor: “tráeme soluciones, no problemas”. No obstante, les recomiendo que aunque lo piensen, no lo digan nunca ya que les suele ofender mucho, porque los órganos de control deben aislarse de los problemas y plantear su reparo. Con frecuencia trabajan duro como aguafiestas de persuasivos Alcaldes o directores Generales.

Este reparto de papeles tan diferenciado exige habilidades personales y directivas distintas. Por lo general, el gestor es más superficial, en la manera de abordar los asuntos del trabajo; un surfista, mientras que quienes se encargan del control deben ser más quisquillosos, su trabajo es bucear con detalle entre pliegos de papel o las pantallas de ordenador. Y así las cosas, el mundo del control es una buena escuela: haces pocos amigos pero te acostumbras a trabajar con la precisión de un artesano.

Es oportuno recordar, como dijo nuestro Tribunal de Cuentas, que la actividad de los interventores “no suele ser tarea fácil ni agradable, pues el ejercicio correcto de su trabajo puede dar lugar a situaciones de malestar y teórico enfrentamiento con los ordenadores de pagos en lo que respecta a la corrección y adecuación de aquéllos“. Lo dijo con ocasión del pago indebido de una esquela en varios periódicos nacionales cuyo texto omitía la mención de la corporación que la financiaba y exigiendo, por tanto, su reintegro al interventor y al vicepresidente de Ceuta.

Los ejecutivos, los políticos, gestionan fundamentalmente personas y se basan en la confianza, en la empatía que les permite influir en el comportamiento de sus colaboradores. Su entrenada capacidad para negociar con inteligencia. Frente tanta destreza, el trabajo del Interventor -como del auditor- se basa en la desconfianza, en las evidencias y en su capacidad para resistir o aislarse de las presiones, sobre todo -y quiero reconocer la encomiable tarea que realizan- en pequeños o medianos ayuntamientos.

De hecho, hay una actitud peculiar que se denomina en todo el mundo oficialmente como “escepticismo profesional”; una evaluación crítica que requiere un “cuestionamiento continuo” sobre si la información y la evidencia obtenidas sugieren un error o un fraude. Así, los interventores cumplen con su obligación, y con ello nos protegen a todos, aunque con el paso del tiempo gestor y controlador van desarrollando una complicidad de matrimonio forzoso donde este descubre con facilidad los vanos intentos de aquel para colarle algún imaginativo marrón, haciendo buena la frase de Lope de Vega: entre casado y cazado, sólo hay una letra. Igual que entre casado y cesado …

Leo en el último número de la revista Partida Doble el artículo de los profesores valencianos García Benau y Maestro Chillida titulado Hacia una norma de auditoría sobre responsabilidad del auditor ante el fraude que aborda cuestiones como el riesgo en auditoría, el escepticismo profesional y la información del fraude. 

Ninguna Norma Técnica de Auditoría (NTA) española tiene como objetivo concreto regular los fraudes en los estados financieros. Sin embargo, la próxima adopción de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) por la Comisión Europea incorpora nuevos criterios en la detección e información del fraude.

En efecto, el parágrafo 15 de la NIA 200 recuerda que el auditor deberá planear y ejecutar una auditoría con una actitud de escepticismo profesional. Esto significa que el auditor hace una evaluación crítica –“con una mentalidad cuestionante”- de la validez de la evidencia obtenida. Por lo tanto, está alerta a evidencias de auditoría que contradigan o pongan en duda la confiabilidad de los documentos y respuestas a los análisis y otra información obtenida de la administración y de los encargados del gobierno corporativo. En definitiva: cuando hace averiguaciones y ejecuta procedimientos de auditoría y se topa con una evidencia de auditoría que no es totalmente “persuasiva” no debe quedar satisfecho por la creencia de que la administración y los encargados del gobierno corporativo sean honrados y tengan integridad.

Un ejemplo

Durante los años setenta se produjo en EE UU un sonoro fraude, capitaneado por los directivos de un fondo de inversión. La estrategia fraudulenta se basaba en la adquisición de una compañía de seguros, que declaraba negocios ficticios, multiplicando sus ingresos e incrementando su cotización bursátil y por tanto el valor del fondo. Incluso vendía las pólizas a compañías reaseguradoras y hasta simulaba la «muerte» de los falsos suscriptores. Todo ello con la connivencia del centro de informática y hasta con el apoyo de su propia imprenta, donde se falseaban los certificados médicos o de fallecimiento.

El caso se incluía durante los años 90 entre el material de los seminarios del Tribunal de Cuentas como ejemplo de la desafortunada actuación de los auditores que incurrieron en seis graves errores: tenían un cierto complejo de inferioridad frente a los triunfantes directivos; cuando descubrían algún indicio acudían al presidente de la sociedad, que era el cerebro del fraude; tenían confianza ilimitada en los empleados de la compañía; no se verificaron las operaciones entre las filiales y la matriz; las operaciones de confirmación se hacían en los locales de la compañía, que les tenía pinchado el teléfono; por último, cuando se lanzaba una comprobación de los saldos, la respuesta era del 100%, en pocas horas y siempre «de conformidad» con la contabilidad.

Conviene no olvidar que la función de los auditores no es descubrir fraudes. En el caso de la aseguradora no encontraron ninguna evidencia y la estafa se descubrió por un cómplice descontento. La misión de los auditores es «emitir una opinión técnica» sobre si las cuentas de una organización representan fielmente la realidad.

Evaluación crítica de la evidencia

Esa actitud de escepticismo profesional, dice el parágrafo 23 de la NIA 240, es una actitud que incluye un estado mental inquisitivo y una evaluación crítica de la evidencia de auditoría y requiere un “cuestionamiento continuo sobre si la información y la evidencia de auditoría obtenidas sugieren que pueda existir una representación errónea de importancia relativa debida a fraude”. Así, establecen una serie de procedimientos que debe aplicar el auditor para detectar fraudes aunque no haya encontrado indicios de ello.

Entre las NTA españolas, existe una del año 2000 sobre “Errores e Irregularidades“. En ella se denomina “irregularidad” a las incorrecciones que vienen dadas por acciones intencionadas (mientras que la NIA se denomina a este concepto de manera más expresiva: “fraude”. Está claro que para el ciudadano es más claro este concepto, aunque incorpora, a priori, un cierto juicio de valor. Por el contrario, el término “error” es más aséptico y se refiere, en el contexto de esa norma técnica, a actos u omisiones no intencionados.

En la Sindicatura de la Comunidad valenciana existe una Directriz Técnica al respecto.

Pues bien, de acuerdo con las NIA´s los auditores deben realizar indagaciones a la dirección del riesgo que esta ha obtenido de que los estados financieros puedan contener incorrecciones materiales debidas a fraude, y también deberá indagar al resto de personal de la entidad y de este modo obtener información que no podría conseguir de otra manera. Benau y Maestro, en el artículo comentado destacan “la importancia del elemento de imprevisibilidad que debe introducir el auditor para dificultar que el personal de la entidad oculte información”, ya que es mucho más sencillo detectar incorrecciones cuando no esperan algunos de los procedimientos que vaya a aplicar el auditor.

La semana pasada, la cadena Showtime estrenó el mayor éxito de este semestre en la televisión de EEUU. Es la  vida de un consultor de gestión, en 40 minutos, titulada House of lies, basada en el libro Casa de las Mentiras: Cómo los consultores de management le roban su reloj y luego le dicen la hora, escrito por el ex consultor Martin Kihn. 

El asunto me ha hecho recordar que no hace mucho, un reputado e innovador gerente, Dan Pallotta, confesaba en su blog de la revista Harvard Business Review que en la mitad de sus conversaciones económicas no tenía ni idea de lo que sus interlocutores le estaban diciendo: “cuando era joven, me sentía estúpido por no entender lo que me decían, pero ahora sospecho que la intención de mis interlocutores era no hacerse comprender”. La razón no es otra que la manía muchos profesionales de no emplear los nombres reales de las cosas reales, como los pomos de las puertas que suenan más modernos cuando se convierten en “una innovación en el acceso residencial”.

Él mismo utiliza sus habilidades verbales para encontrar un nombre sugerente para la causa de estos males: Abstractonitis y Acronimitis. Siglas y anglicismos mezclados con prosopopeya, que es otra interesante función del lenguaje: ocultar, fingir o resaltar un estatus social o intelectual para transmitir, de forma solapada, información adicional (ahora lo llaman metadatos).

En algunas reuniones profesionales, he sufrido presentaciones de consultores con ese lenguaje moderno. Exponían las ventajas de alguna herramienta, proyectando diapositivas (power point queda más fino) con apoyo en el cañón de luz. Algunos parecen evocar a aquellos vendedores de crecepelo en las películas de vaqueros. Expresiones de gran efecto y poco significado, como “pensar fuera de la caja” o “romper paradigmas”. Mi preferido es “vamos a superar las expectativas del cliente”.

Los consultores venden un producto intangible -también a si mismos- y, por eso muchos manejan un lenguaje que a veces parece fingido -como eso tan pegadizo de “poner en valor”- o demasiado artificial. Pero, sin duda, el mayor ejemplo de la tontería lo encontramos en los “productos derivados y estructurados de perfil agresivo” que tan famosos se hicieron contaminando de manera trágica nuestra economía financiera en esta crisis.

En la Administración miramos con cierto recelo a la consultoría porque, en ocasiones, no es más que un eufemismo para sacarle dinero a alguna Autoridad del Estado. Otras veces, los intereses de los poderes públicos se mezclan y son las Autoridades quienes “hacen consultoría” y asistencia a las empresas. No me refiero al caso de Urdangarín. En Albany (EEUU), en un reciente juicio por corrupción, el congresista Boyland fue absuelto alegando que no se le estaba pagando sobornos, sino simplemente era contratado por personas en busca de su asistencia (influencia) para abrir las puertas del Gobierno, porque representaba “una marca” en la política de Nueva York.

Esto no significa que yo crea que los consultores son innecesarios en el sector público. Hay multitud de campos donde son útiles. Así, en los aspectos tecnológicos, informáticos –tan dinámicos y tan caros- y en todo lo que suponga gestión de la innovación. El mayor enemigo de los consultores de gestión está en nuestro corporativismo funcionarial –lo reconozco- que, por principio, tiende a obstaculizar cualquier innovación o cambio estratégico. A veces, el ambiente laboral es tan nocivo que parece necesario acudir a la ayuda externa para cambiar la cultura organizacional, aunque hubiera bastado, para resolver la mayor parte del problema, con cambiar ese directivo tóxico que no sabe trabajar en equipo ni delegar.

Peter Drucker –que ha sido el consultor más famoso del mundo- solía decir que él aportaba a cada caso, no tanto sus conocimientos sobre un problema específico sino más bien su ignorancia, pues con frecuencia los protagonistas están demasiado inmersos en los problemas como para ver todas sus ramificaciones.

Un estudio de IBM señala el origen de las ideas innovadoras de las organizaciones según este orden: 1º en los propios empleados, 2º en los “business partners” (¡toma ya!), 3º en los clientes, 4º en los consultores y 5º en los competidores. En último lugar, aparece la Universidad, pero eso tiene muchos matices. Por cierto, curioso es el caso de IBM que antes fue un gigante industrial y hoy poco más que una consultora.

Es probable que se busque fuera lo que se tiene en casa ¿Por qué razón? A veces es necesario fundamentar una decisión impopular y parece más justificada si proviene de una institución independiente de la propia organización. Primero se contrataron consultores para gestionar el crecimiento y ahora para el decrecimiento. Un amargo ejemplo lo tenemos bien cerca: la Generalitat valenciana pagará 424.800 € a una firma para que le diga donde efectuar un drástico recorte en sus 64 entidades del sector público. No quiero ni pensar en las caras y los silencios de los empleados que son visitados por esos consultores, jóvenes de traje oscuro que quieren comerse el mundo. No me cabe ninguna duda de que los empleados pensarán que un recorte rentable sería no gastar en tales consultores.

Este artículo, sin enlaces, fue publicado en La Nueva España.

Desde el verano venimos asistiendo a un proceso de relevos institucionales en multitud de Administraciones, fruto de las respectivas elecciones que culminan ahora con el traspaso de poderes en el Gobierno de la Nación. Como consecuencia, en España, miles de cargos han cesado y otros tantos han sido nombrados. He visto alegría y expectativas en el que llega. También tristeza e incertidumbre para quien se marcha, retornando a sabe Dios dónde y a qué tareas. 

En bastantes ocasiones, quien ha desempeñado un trabajo de directivo público tiene dificultades para adaptarse al nuevo puesto, quizás el mismo que dejó antes del ascenso. Lo fácil es pensar que, habituado como estaba a un cierto confort, todo son buenos recuerdos. Sin embargo, se dejan también los disgustos, las tensiones y las presiones del trabajo directivo. Eso por no hablar del enfermizo seguimiento de la prensa. Ahora, el cesante debe afrontar un delicado cambio de chip.

Trabajo directivo

La naturaleza de cualquier trabajo directivo presenta tres aspectos: variedad (las actividades son diversas y múltiples), brevedad (muchas tareas a las que sólo puede dedicar poco tiempo de manera continuada) y fragmentación, pues exige saltar –abandonando y retomando- tareas en una agenda que le va marcando el camino.

Volver a trabajar “por procesos” hará sentir a nuestro protagonista que su nuevo rol es menos rico: nada que negociar, sin objetivos visibles y con dificultades para determinar las prioridades. Tendrá que reciclarse con rapidez y volver a estudiar su materia, que –sin duda- habrá cambiado en los últimos años.

Muchos de los nuevos compañeros mantendrán cierto recelo ante la vuelta del ex–directivo, al que -sin ninguna razón- se le presume un mandón o dado a lo abstracto -una carga, vamos- más preocupado por volver a emigrar a la primera ocasión que se presente, como Pata Negra. A todo esto puede sumarse el riesgo de caer en terreno enemigo: los antiguos rivales ahora son los jefes. Quizás le espere una mesa en el pasillo, un jefe chambón y hasta el mobbing. Por el contrario, ¿podrá aspirar a entrar en un Cementerio de elefantes?

Y todo ello sin saber que es una ley natural que todo cargo está destinado a ser  relevado en algún momento y que quien ahora llega también pasará por lo mismo y el proceso continuará así realimentándose mientras seguimos oyendo que los anteriores eran muy malos.

He asistido tantas veces este proceso, tanta mala leche en los relevos, tanta caza de brujas de tirios y troyanos, que es edificante ver estos días la televisión. Será que es Navidad.

Que paseis unas felices fiestas.

¿Trabaja usted con alguien que nunca aspira a un ascenso y no da ninguna explicación razonable? O bien de estilo de vida que parece excesivo para sus ingresos; que acapara información y despacha a solas con los proveedores. Ese empleado melodramático y arrogante; incluso agresivo cuando es desafiado, parece infeliz en el trabajo y poco innovador, que se rodea de incondicionales pero nunca delega y rara vez toma las vacaciones enteras … Es la radiografía de un defraudador. 

El estudio de KPMG titulado ¿Quién es el defraudador típico? (Who is the typical fraudster?), contiene un análisis de 348 casos investigados en 69 países desde 2008 hasta 2010, en el que se identificó al defraudador típico como:

Un varón de 36 a 45 años de edad, que ejerce desde hace más de 10 años un puesto de alta gerencia en el área relacionada con las finanzas y que normalmente trabajaría con un cómplice.

Como ocurre en estos casos (a toro pasado) el 56% de los fraudes investigados había emitido una o más señales de alarma que deberían haber llamado la atención de la dirección, pero sólo se actuó en el 10% de los casos antes de requerir una investigación completa.

El informe identifica algunas características del defraudador:

• Se comporta de manera voluble y dramática, arrogante y con una actitud de confrontación o agresividad al ser cuestionado
• El desempeño o habilidades de los nuevos empleados en su unidad no reflejan experiencia anterior consignada en sus currículum vitae
• Falta de confiabilidad y propensión a errores y bajo rendimiento, con una tendencia a hacer trampas y / o romper las reglas, pero intentando evadir la culpa y la responsabilidad por sus errores
• Infeliz, al parecer estresado y bajo presión, mientras acosa e intimida a sus colegas
• Rodeado de “favoritos” o empleados que no cuestionan su comportamiento.
• Los vendedores /proveedores sólo aceptan tratar con este individuo, quien también puede aceptar generosos regalos que resultan excesivos o contrarios a las normas corporativas
• Persistentes rumores o indicios de malos hábitos personales, vicios, posiblemente con un estilo de vida que parece excesivo para sus ingresos o, aparentemente, excedido en sus finanzas personales
• Autointeresado y preocupado por su propia agenda, y con oportunidades para manipular sus recompensas personales

Denuncia

Ya hemos hablado en esta bitácora del debate producido en EEUU para regular la denuncia recompensada. Esto nos lleva a un debate histórico en el sector público español: la denuncia anónima. En Latinoamérica no sólo está permitida sino que está fomentada. Paseando por la calle puedes ver en los laterales de los autobuses urbanos anunciado el teléfono gratuito donde realizarla.

En el conocido Caso Palau, consta en el sumario que Hacienda ignoró, en 2002, una denuncia anónima que advertía del saqueo de la institución catalana y de la doble contabilidad que llevaba el principal inculpado. No se investigó su contenido por “su carácter anónimo, su falta de justificación, así como su escasa trascendencia fiscal”, recuerda el entonces Delegado de la AEAT en Cataluña.

En España, el Tribunal de Cuentas no admite denuncias anónimas. La Agencia Tributaria mantienen en su portal institucional un ventanilla de “denuncia tributaria” que exige DNI y/o certificado electrónico. No es anónima sino reservada. De la misma manera, la web policía.es incluye una pestaña de la Oficina Virtual de Denuncias, tanto por internet como por teléfono, que deben ser ratificadas y firmadas en la comisaria de nuestra elección, dentro de las próximas 48 horas . Es muy útil para los robos de vehículos dónde la inmediatez es importante y está permitido expresamente para las “estafas”. Lo más interesante es que entienden no sólo el español, sino el ingles, el alemán , el francés y el italiano. También encontramos una pestaña de colaboración ciudadana que debe ser ratificada y firmada posteriormente. Por lo tanto, no admiten denuncias anónimas.

Sin embargo, la prensa recoge con cierta frecuencia la existencia de este tipo de denuncias en muchos ámbitos (sobre todo en los casos de corrupción urbanística) y no falta quien considera necesario un serio debate para su regulación y admisión. En principio, nada impide que “un soplo” de a conocer una información relevante y excite el celo de un funcionario en una determinada línea de investigación o fiscalización. Pero también podría no hacerlo.

Para terminar os presento una experiencia del mundo local, que demuestra que, en este asunto, se puede esquivar la ausencia de marco normativo. Se trata de la policía local de la localidad canaria de La Guancha, donde llegué a través de google buscando experiencias de denuncias anónimas. Parece un buen experimento para recopilar información menor en una comunidad pequeña y quizás por eso es tolerado.

Una versión de este artículo fue publicada en La Nueva España

Cuenta una leyenda urbana que un honrado Juez andaba a la persecución de un corrupto oficial de su Juzgado, del que sospechaba certeramente que incrementaba su estipendio con “astillas” o gratificaciones lubricantes de sentencias, autos o providencias que corrían o se detenían más de lo que les correspondían por su turno. Al leer una mañana temprana el Boletín Oficial del Estado, el buen juez se encontró destinado en un lejano Juzgado mallorquín. Le faltó tiempo para personarse en el Ministerio de Justicia, donde un funcionario que le miraba por encima de sus lentes le exhibió su instancia de participación en el último concurso de traslados. ¡Y al pie de la solicitud figuraba su firma, de su propio puño y letra! Unos días después, mientras el juez marchaba camino de su lejano puesto, el oficial corrupto invitaba a café a todos sus compañeros, celebrando la vuelta del suplemento salarial, cuando alguien oyó decir: “…y como vuelva aquí, le mando a Canarias, que está más lejos”. Moraleja: quien firma a ciegas puede acabar en las islas griegas. 

Hasta la llegada de la informática, la burocracia era tierra de ritos que descansaban sobre dos pilares: el papel y la firma. Por no hablar de nuestra veneración funcionarial por los sellos, cuyo paraíso se encontraba en los documentos contables, algunos en papel autocalcante de diversos colores. Un firmante certifica que la operación tiene crédito presupuestario, otro que todo es legal, otro ordena que se pague. Así, se iban encadenando firmas sucesivas.

Recientemente, el Tribunal de Cuentas tuvo que enjuiciar (Sentencia 5/2011) la responsabilidad contable de un Alcalde, un concejal-tesorero y una interventora por el abono de las nóminas municipales, y entre ellas a un empleado que había sido cesado. El pago, considerado indebido, se debió a la negligencia de un tercero que no había dado de baja en la plantilla al perceptor.

El Tribunal declara la responsabilidad contable de “los claveros”, de manera directa y solidaria, para poder dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos “sin fraccionar su reclamación, ya que cada uno es deudor por entero de la obligación de reparar la totalidad del daño causado”, como afirma la sentencia.

Los tres condenados firmaron la orden de pago, como consecuencia del error administrativo que favoreció el abono indebido, si bien podrían ejercer posteriores acciones administrativas o jurisdiccionales a fin de deslindar y fijar responsabilidades (distinta a la contable) de quien propició el error. Pero eso no eximió la responsabilidad inmediata de aquellos, que firmaron en barbecho.

"Firme aquí para indicar que no tiene ni idea de lo que acaba de firmar."

La sabiduría popular denomina firmar en barbecho a la habitual práctica del que rubrica un documento sin examinar su contenido. Vamos, como en la tierra “que se deja descansar” (barbecho), la Autoridad deja reposar su cerebro. Parece una práctica tan frecuente entre los cargos públicos que algunos lo justifican afirmando: “si mirásemos lo que firmamos no haríamos otra cosa”.

Por eso, quien tanto firma en barbecho aprovecha las llamadas pendientes de teléfono para decirle a su secretaria “mientras hablo vete pasándome la firma”. Todo un peligro. La auxiliar de un viejo Rector consiguió aprobar el derecho mercantil colándole a su jefe una enérgica recomendación para el catedrático de la asignatura.

A los firmantes en barbecho se les distingue porque su garabato parece un palito, que sólo los más expertos calígrafos podrán autentificar. No conozco a ningún cargo que firme con nombre y apellido, aunque seguro que lo hay. Sin embargo, con demasiada frecuencia, leen en diagonal, en apenas un instante, mientras ponen al pie del folio algo parecido a una letra. No hay tiempo para más.

En unas ocasiones, se usa la firma preimpresa o estampillada en lugar de la autógrafa que es la única que asume el contenido del acto rubricado y la responsabilidad que conlleva. En otras, los funcionarios hemos inventado una fórmula: P.O. (“por orden”) o incluso P.A. (“por ausencia”) que permiten salir del paso cuando el jefe está de vacaciones. Todas ellas son un churro jurídico, sin soporte legal o reglamentario. La vieja práctica administrativa condujo a que, ante órdenes verbales, para defenderse, los empleados hicieran constar una diligencia “de orden de...”. Es el valor de la costumbre, de la rutina, del “siempre se ha hecho así…” vital en la burocracia. Al igual que el lenguaje iniciático y simbólico ajeno a los desinformados. Escribir para esconder, no para comunicarse.

La tecnología digital nunca podrá sustituir al papel

Hoy, en los tiempos de la moderna firma electrónica, debemos evocar aquellos solemnes ordenanzas del Ministerio, con bocamangas varias veces galonadas en dorado, con porte de Almirante, cargados de portafirmas. Dos pasos por detrás del Jefe de Sección que se dirigía solemne y sin mirar atrás a despachar los expedientes con el Ilustrísimo Señor Subsecretario, a fin de explicarle sobre qué versaba cada uno de ellos. En la antefirma de cada orden delegada, tras explicar enjundiosamente la decisión con Resultandos y Considerandos, los textos acababan con la bella fórmula: “No obstante, V.I. resolverá”, anticipando que pudiera hacerlo en sentido contrario a como estuviera razonado. De igual manera que las instancias finiquitaban sumisas del siguiente modo: “Lo cual suplico del recto proceder de V.I. cuya vida guarde Dios muchos años“. Hasta que algún suplicante descuidado -o malicioso- omitió la expresión “proceder”, con el consiguiente escatológico resultado para sus intereses, claro, ante tamaño desacato.

Este artículo fue publicado en La Nueva España.

Hasta este fin de semana no he podido leer la nueva Ley de la Ciencia, que publicó el 2 de junio pasado el BOE. Se trata de algo más que un parche para la ciencia, que no transforma el modelo, pero resuelve algunos viejos problemas, como reconocía El País hace unas semanas. Aunque tardará seis meses en entrar en vigor, en virtud de una extensa vacatio, es conveniente ir analizando sus muchos vericuetos.

Para los más ortodoxos de lo público, supondrá un contubernio que legitime el desembarco de los mercados en la Universidad. Por el contrario, los más proactivos exaltarán la supresión de la rígida burocracia y de las limitaciones a las puertas giratorias con las empresas.

Algo menos precarios

Uno de los blogs de la versión digital de Nature se hacía eco de esta nueva ley que recogió en el Senado un cambio no previsto, aprobándose una petición de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) para que todos los científicos, incluyendo los investigadores predoctorales tengan una relación contractual con la entidad a la que pertenecen, desterrando las becas. Los representantes de la campaña, el movimiento Por la dignidad en la investigación había enviado una carta abierta al gobierno apoyada por 2.500 científicos, que mostraba su escepticismo sobre de las bondades de esta ley, donde la concatenación de contratos no obliga a la contratación estable, como ocurre en cualquier otra ocupación laboral.

Una de las principales novedades de la nueva Ley de la Ciencia es la creación de nuevas modalidades de contrato específicos para el sector. De este modo, además del contrato predoctoral (con bonificación exlege del 30% de la cotización a la Seguridad Social) también se ha creado uno contrato de acceso, cuyo objetivo será la consolidación de los investigadores dentro del sistema de Ciencia; y un contrato de investigador distinguido, para que se pueda atraer talento de otras instituciones. Alguien ha defendido el modelo afirmando que permitirá “Fichar al Messi de los investigadores “. Por el contrario, no falta quien recuerda que aquí “primero se construye el edificio y luego se buscan los científicos”, cuando debería ser al revés.

Algunas perlas

Tiene algunas novedades de tercera generación como la previsión del artículo 37 que dispone que todos los investigadores cuya actividad haya sido financiada mayoritariamente con los Presupuestos Generales del Estado están obligados a publicar en acceso abierto una versión electrónica de los contenidos aceptados en publicaciones de investigación (“sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones”). Para su desarrollo, se encomienda a los agentes del Sistema el establecimiento de repositorios institucionales de acceso abierto.” Es una paradoja que, hoy en día, casi toda la ciencia publicada esté financiada por cuantiosos fondos públicos y necesite “pagar el peaje” de editores comerciales para su divulgación internacional.

También debe mencionarse que a partir de esta Ley, las Universidades públicas estarán integradasno sólo por Escuelas, Facultades, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación sino también por Escuelas de Doctorado cuya creación deberá ser notificada al Ministerio de Educación, a efectos de su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Estas son unidades creadas por una o varias universidades, por sí mismas o en colaboración con otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i, nacionales o extranjeras, que tienen por objeto fundamental la organización, dentro de su ámbito de gestión, del doctorado en una o varias ramas de conocimiento o con carácter interdisciplinar.

Agilizar, agilizar, agilizar ….

Para evitar cualquier indefinición en su aplicación a las universidades, destacamos dos artículos de aplicación automática:

«A los efectos previstos en el párrafo q) del artículo 4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público (LCSP) las Universidades tendrán la consideración de Organismo Publico de Investigación.»

¿Y qué dice LCSP en este punto? Pues la exclusión de los contratos de I+D del ámbito de aplicación de la Ley. Recordemos que el artículo 4 enumera los “negocios y contratos excluidos” :

1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas:

…

q) Los contratos de servicios y suministro celebrados por los Organismos Públicos de Investigación estatales y los Organismos similares de las Comunidades Autónomas que tengan por objeto prestaciones o productos necesarios para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o servicios técnicos, cuando la presentación y obtención de resultados derivados de los mismos esté ligada a retornos científicos, tecnológicos o industriales susceptibles de incorporarse al tráfico jurídico y su realización haya sido encomendada a equipos de investigación del Organismo mediante procesos de concurrencia competitiva.

Además, el artículo 36, al declarar privados muchos contratos vinculados a la I+D+i, resuelve el viejo problema de la enajenación a particulares de los resultados científicos y tecnológicos (párrafo final) y termina con la polémica de la naturaleza jurídica de los contratos de investigación del artículo 83 LOU (antes 11 LRU) que declara privados:

Artículo 36. Aplicación del derecho privado a los contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación.

Se rigen por el derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio de libertad de pactos, y podrán ser adjudicados de forma directa, los siguientes contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, suscritos por las Universidades públicas:

a)  contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades;

b)  contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación;

c) contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. No obstante, en el caso de que el receptor de los servicios sea una entidad del sector público sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público, ésta deberá ajustarse a las prescripciones de la citada ley para la celebración del correspondiente contrato.

La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá sobre el derecho privado.

Aunque, como puede leerse en el párrafo final del apartado c), se crea otro efecto colateral para las Administraciones que quieran “celebrar” con la universidad un contrato de investigación, pues “deberá ajustarse a las prescripciones de la citada LCSP“. Usar el término “celebración” parece remitir a la doctrina de los actos separables, en virtud de la cual, las fases de preparación y adjudicación del contrato se regirán por el derecho administrativo (LCSP) y la ejecución y extinción se regirán por las normas de derecho privado.

En fin, todo es poco, en el noble objetivo de facilitar la transferencia del conocimiento. Pero no faltará quien denomine a esto un cheque en blanco para esa figura del profesor-empresario, que mantiene una actividad frenética y una agotadora agenda: estudiando los resultados de sus colegas internacionales (y estos los suyos), formando becarios, dirigiendo tesis doctorales, publicando en inglés y combatiendo la envolvente burocracia de la gestión investigadora.

Empresas, empresas, empresas

La Ley Orgánica de Universidades garantiza, en ejercicio de la autonomía financiera de las universidades, la creación de fundaciones y otras personas jurídicas para la promoción y desarrollo de sus fine, con la aprobación del Consejo Social. Tanto la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible como en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación potencian esta tendencia, reconociendoles también la obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimiento que las propias Universidades.

Llegamos así al proceloso mundo de las spin-off, con o sin participación pública, ejemplo vivo de eso que el catedrático catalán Solé Parellada llama las tecnópolis, el entramado donde estudiantes y profesores conviven más en los laboratorios que en las aulas, con el proyecto como eje de enseñanza  y donde las unidades autónomas periféricas se multiplican.

Para lo más desconfiados del papel del mercado y de las empresas en el entramado universitario, el ejemplo no hace falta ir a buscarlo a EEUU. Basta con observar a los paladines del Estado de Bienestar, los escandinavos, donde su éxito se forja en esas relaciones:

Compatible compatible, compatible

Se modifican varios artículos de la Ley 53/84, de incompatibilidades que permite autorizar la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo (Artículo 4.2) de carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, “incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario”.

Además, permite al personal docente e investigador de las Universidades públicas prestar servicios en las sociedades creadas o participadas por ella (artículo 6.2). Para ello, el artículo 18 de la Ley de la Ciencia les autoriza expresamente a prestar servicios allí (sin modificar su jornada de trabajo ni su horario) mediante contrato laboral a tiempo parcial y de duración determinada.

Sin embargo, es muy importante la derogación para el PDI universitario de determinadas limitaciones de la Ley de incompatibilidades, incluidos en los arts. 12.1 b y d, a saber:

b) – Pertenecer a Consejos de empresas directamente relacionadas con la actividad del funcionario. Si el investigador está en los dos lados (universidad y spin-off universitaria) por definición, antes se violaba el precepto que del que ahora se exime.

d) – Poseer más del 10% de participación en empresas contratistas con la Administración donde presta servicios. De esta manera, no se impide al investigador ser ejecutivo en la spin-off.

Por último, se les quita a los investigadores la limitación impuesta en el art 16 de la citada Ley de incompatibilidades, que se refiere a mantener la dedicación a tiempo completo (o el factor de incompatibilidad correspondiente) y se suprime la barrera de no tener un complemento especifico superior al 30% de las Retribuciones Básicas.

No se pueden quejar los investigadores pues se han removido todos los obstáculos legales para crear y dirigir una spin-off.

Movilidad, movilidad, movilidad.

Por último, destaco la movilidad, reconocida como objetivo en el artículo 18 de la Ley de la Ciencia, pues los organismos públicos de investigación (y la Universidad, reiteremos, lo es) “promoverán la movilidad geográfica, intersectorial e interdisciplinaria, así como la movilidad entre los sectores público y privado en los términos previstos en este artículo, y reconocerán su valor como un medio para reforzar los conocimientos científicos y el desarrollo profesional del personal investigador. Este reconocimiento se llevará a cabo mediante la valoración de la movilidad en los procesos de selección y evaluación profesional en que participe dicho personal”.

Modalidades

¿En qué se traducen tan bellas palabras? La ley prevé tres concretos instrumentos de movilidad:

A) Adscripción a otros agentes públicos y fundaciones participadas, durante el tiempo necesario para la ejecución del proyecto de investigación. Para colaborar en régimen de compatibilidad dentro de un proyecto.

B) Estancias formativas en centros de reconocido prestigio, tanto en territorio nacional como en el extranjero durante un máximo de 2 años cada 5 años. “El personal investigador conservará su régimen retributivo” dice para reafirmar elegantemente que es una estancia remunerada.

C) Excedencia con una duración máxima de 5 años para quienes tengan una antigüedad mínima de cinco años. La ley reconoce que es materia de la normativa autonómica pero para evitar los habituales vacíos normativos declara que, en su defecto, será aplicación directa esta regulación. Reconoce (importantísimo) el derecho a la reserva del puesto de trabajo y a la evaluación de la actividad investigadora, en su caso. Esta excedencia presenta dos variantes, en función del destino a donde se dirige el PDI universitario:

C1) Hacia otros agentes públicos.- En régimen de contratación laboral, para “la dirección de centros de investigación e instalaciones científicas, o programas y proyectos científicos, para el desarrollo de tareas de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico, transferencia o difusión del conocimiento relacionadas con la actividad que el personal investigador viniera realizando”. Como son centros del sector público, la ley reconoce el derecho a la antigüedad y a la consolidación de grado.

C2) Hacia agentes privados de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, o a agentes internacionales o extranjeros.

Conclusión

Los profesores universitarios venían pidiendo desde hace años un tratamiento singular para implicarse en la transferencia de conocimiento. Ahora (en seis meses) eliminados todos los controles generales existentes para la función pública, ya tienen sobrados instrumentos para dar el salto al mercado. Sólo queda el espíritu emprendedor, que no es poco.

La prensa española destaca la encuesta elaborada por Ernst & Young, que evidencia como nuestros directivos justifican el pago de sobornos cuando contribuyen al crecimiento de la empresa. Un tercio lo toleran, a diferencia de la media de la Unión Europea (UE), donde sólo el 19 % de los miembros de la dirección estarían a favor de “tomar atajos” para conseguir un negocio.

Sin embargo, el dato más decepcionante es que el 82 % de los empleados españoles desconfía de la ética de sus directivos -veinte puntos por encima de la media europea. En España, el 42 % de los encuestados considera que la corrupción se ha incrementado en los últimos dos años como consecuencia de la “precaria situación económica”.

El estudio (ver resumen en castellano) atribuye esta situación a la escasa cultura anticorrupción y antifraude de las empresas españolas: tan sólo el 49% de los encuestados reconoce que su empresa dispone de una política anticorrupción y un código de conducta, frente al 56 % de la media de la UE, en tanto que apenas el 19 % afirma haber recibido formación en éste ámbito, dato alejado del 38 % de sus colegas europeos.

Europa

En 2006, E&Y realizó su primera encuesta para conocer las percepciones de los trabajadores de las organizaciones europeas hacia los riesgos de fraude y cómo la dirección estaba respondiendo a estos retos. Desde entonces, el tamaño y el alcance de la encuesta han aumentado significativamente.

La Encuesta de Fraude Europeo 2011 refleja las opiniones de más de 2.300 entrevistados – desde la base a la alta dirección- en 25 países. Contrasta las opiniones que se encuentran en los mercados maduros de Europa -frente a los que se encuentran en desarrollo- en cuestiones como:

• Percepciones de los empleados de fraude, el soborno y la corrupción
• las respuestas de las empresas a los desafíos planteados por los riesgos de fraude
• La respuesta de los organismos reguladores para hacer cumplir la ley

Los caza-recompensas made in USA

Sin embargo, la normativa de EEUU es bastante más expeditiva. Allí, se permite a los empleados de las empresas cotizadas “aprovechar plenamente las ventajas del programa de denuncias a la SEC”. De esta manera, la Ley Dodd-Frank, aprobada el verano pasado -y creadora de Oficina de Investigación Financiera- intenta premiar a los denunciantes de grandes sociedades que conduzca a sanciones superiores al millón de dólares.

En este escenario –pensado en defensa del consumidor- un empleado, por ejemplo, podría aportar “información original”  sobre un soborno en su empresa y si, tras la investigación, los informes de la SEC descubren mayores problemas, el denunciante podría recibir una recompensa acumulando todas las infracciones detectadas: entre 10 y 30 por ciento del total de las sanciones pecuniarias impuestas.

Estos días se está debatiendo su aplicación práctica y la Cámara de Comercio de EEUU ha advertido que combatirá la norma, argumentando que se fomenta la aparición de “detectives aficionados en busca del premio gordo”. Seguiremos este interesante e intenso debate.

Cultura de prevención

El magistrado Vicente Magro Servet publica hoy en el diario jurídico La Ley un artículo titulado “Hacia la necesidad de implantación del plan de prevención jurídica en las empresas” donde, tras la aprobación el año pasado de la Ley Orgánica 5/2010 y del nuevo art. 31 bis del Código Penal -que deriva responsabilidad penal a las empresas- realiza un análisis de la exigencia legal de implantar un plan de prevención jurídica en las mismas, por las actuaciones de sus directivos y empleados, como factor mitigante o exonerador de responsabilidad de la persona jurídica.

Ante esta novedad legislativa, el autor avanza los requisitos que debería reunir este programa de prevención normativa o compliance program ya implementado en el derecho comparado con mucha eficacia. Pocos autores se han atrevido a hacerlo, destacando la propuesta que al efecto efectúa en su estudio Gómez-Jara, de entre las que destacamos:

• a) Código de conducta escrito.
• b) Supervisión de esfuerzos de cumplimiento por personal cualificado.
• c) Reforzamiento mediante sistemas efectivos de control y auditoría.
• d) Reforzamiento mediante procedimientos disciplinarios.
• e) Adopción de medidas cautelares tras detección de una infracción.
• f) Seguimiento de una formación continuada a directivos y empleados.
• g) Comunicación efectiva de los estándares y procedimientos de los códigos de conducta.

A éstas añade Vicente Magro las siguientes:

• h) Un programa específico diferente de formación y prevención para directivos y para empleados, a fin de fijar marcos de prevención distintos porque distintas son sus vías de actuación y posibilidades de actuación delictiva.
• i) Formación específica obligatoria en los tipos penales que a la empresa le genera responsabilidad antes expuestos en el listado.
• j) En las grandes empresas debería designarse un nuevo puesto de trabajo denominado «director de implementación de los planes de cumplimiento normativo», lo que haría más evidente el cumplimiento de esta obligación empresarial.
• k) Estar en condiciones de acreditar el cumplimiento de la ejecución de regulares prácticas de evaluación interna de la revisión de sus propios programas de cumplimiento normativo; programas de cumplimiento que deberían ser obligatorios en su seguimiento por estos, no voluntarios:

“ya que en este último caso podría decirse como alegato de que no se exonerase a la empresa de responsabilidad por la Fiscalía que una cosa es que el programa esté implantado y otra que el programa se ejecute, ya que siendo voluntario no se acreditaría su ejecución, y tampoco la revisión y actualización de sus contenidos”.

• l) Las grandes empresas deberían designar “una persona encargada de conocer qué está pasando en la empresa a alguna persona, directivo o empleado, o a las operaciones que se llevan a cabo”. Es el director de detección de posibles fallos de importancia en la conducta de directivos y/o empleados.
• m) Sistema de evaluación de riesgos o risk assessment.
• n) Documentación adecuada del programa de cumplimiento normativo, lo que conlleva que éste debe estar escrito y en poder de directivos y empleados.

Y algunos otros más. Como colofón, os recomiendo que veáis “Cuestión de principios”, una deliciosa  película argentina sobre el papel de la ética en el mundo de los negocios, que os hará reflexionar sobre el asunto.

Alcuino de York, en su esfuerzo por instruir al emperador Carlomagno, incluyó en una de sus epístolas el aforismo “la voz del pueblo es la voz de Dios”, aproximadamente en el año 800. Cabe preguntarse, en todo caso, si el conocimiento de un problema por la ciudadanía, determina su solución. Enunciar un problema parece más bien la primera parte del reto. Y los años y la experiencia me dicen que las dificultades más arduas se presentan en la resolución, en el acopio de energía, oficio y conocimiento que es preciso reunir para resolver de manera certera cualquier cuestión ¿Podemos decir lo mismo de la eficiencia discutida de los Tribunales de Cuentas?

“Es mejor no conocer cómo se elaboran las salchichas ni, menos aún, las leyes”. La famosa frase de Bismarck representa una parte importante del problema que traigo a colación. Las democracias más eficientes, para contener la ambición ubicua de los hombres -esa que podría tildarse de enfermiza- ingeniaron procedimientos sencillos y el más importante de ellos: la separación de poderes. Otro procedimiento no menos importante consiste en introducir una suerte de casamatas dentro del entramado institucional, los llamados Tribunales de Cuentas, con la misión fiscalizadora de la rendición de cuentas.

En España, esos órganos de control, tanto en la esfera nacional como autonómica –llámense sindicaturas o cámaras de cuentas- se conforman en el caldo de las mayorías parlamentarias. Ellas deciden su composición o estructura. Y para preservar con diligencia su buen desempeño, a las nobles intenciones se añade la exigencia de una probada cualificación de las personas que ejercen temporalmente las tareas directivas, llámense consejeros o síndicos. Sin embargo, con frecuencia se afirma que esta designación “política” intoxica a las instituciones.

¿La política es un ejercicio vil que mancha a quien la cultiva? Mal haremos en desconfiar de quienes ejercen responsabilidades públicas, si lo hacen bajo principios democráticos. Si se prefería un método alternativo de designación, muchos partidos políticos que hoy denuncian en público –o en privado- la politización de nuestras instituciones fiscalizadoras deberían haber optado por un diferente método de designación. Existen alternativas, como los habituales mecanismos de elección directa por parte de los ciudadanos en EEUU o México; o los más cercanos sistemas de Francia o Alemania, donde salvo el Presidente de la Corte de Cuentas, las restantes magistraturas son designadas entre altos funcionarios, generalmente del propio Tribunal de Cuentas, según criterios de merito y capacidad, como el resto de los empleados públicos. En otras palabras: nombrar de manera permanente a los encargados, en mayor o menor medida, de fiscalizar la gestión pública que, como en la Inspección de Hacienda o en la judicatura, irían ascendiendo hasta las máximas responsabilidades.

Ninguno de los sistemas es perfecto. Todos acumulan diversas dificultades y diferentes errores. Los sistemas de cooptación (la organización nombra internamente a sus propios miembros directivos, sin influencia externa) son acusados de formar una élite conservadora y formalista que vive al margen del mundo real. Podrá decirse que los catedráticos o los cardenales se eligen de esta manera, pues es conocido el sesgo de clientelismo que propician.

Por el contrario, en EEUU muchos cargos públicos son designados a través del sufragio universal de los electores, aunque –no nos engañemos- también vinculados a los partidos. Es el caso del Auditor General de New York que, por cierto, fue obligado a dimitir hace tres años y acaba de ser condenado por delitos de corrupción. Por su parte, los síndicos mexicanos son elegidos durante las elecciones municipales, junto a los concejales. Como ejemplo de la sabiduría popular, muchos ciudadanos votan al candidato de un partido para gobernar pero en la urna de al lado votan para síndico al representante del partido rival y así tener una institución realmente motivada. Pero, estarán conmigo que no evitan la crítica de politización.

Ahora bien, nuestro actual sistema de designación ha sido decidido de manera consciente por los partidos políticos. No es una herencia histórica sino que, frente a otras opciones legítimas, son las reglas del juego que les han parecido más adecuadas.

El profesor pucelano Juan Duran, estudioso de las Instituciones parlamentarias nos recuerda que un órgano de control externo será un órgano técnico, con independencia del procedimiento de designación de sus miembros, si fundamenta su actuación en criterios técnicos, objetivos y no de discrecionalidad o de oportunidad.

No obstante, los constitucionalistas entienden que la politización de los órganos de control se evita poniendo «cortafuegos» preventivos; por ejemplo, mayorías parlamentarias más amplias para designar a sus componentes —mayorías que incluyan a la oposición—, rígidos sistemas de incompatibilidades, la inamovilidad durante el mandato que debe ser superior a la legislatura y una dirección colegiada que ayuda, a su modo, a la objetividad de la misión fiscalizadora.

Serán inevitables las críticas y las discrepancias del trabajo de las sindicaturas; en unos casos de orden técnico (interpretaciones de hechos o normas) y en otros de orden político (criterios de oportunidad de su actuación). Pero si los propios partidos políticos expresan críticas por supuesta ideologización o partidismo, quien falla no son los designados sino quienes les eligieron.

“No hay nada tan irremediable como la muerte y Hacienda”. Una frase que se hace famosa con la entrañable peliculón “¿Conoces a Joe Black?”, donde un radiante Brad Pitt interpreta a La Muerte que viene a buscar al millonario Antonhy Hopkins. Me quedo con la fuerza de esta sencilla idea sobre permanencia de las instituciones, por encima de la gestión más o menos afortunada de sus miembros. Así pues, nadie cuestionaría la legitimidad o la validez de un sistema democrático, por la gestión de un determinado presidente de gobierno.

Publicado en La Nueva España, el 22 de abril de 2011.

Antecedentes

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) presentaba, anteayer, una interesante Guía sobre Contratación y Competencia dirigida a las entidades del sector público que intervienen en el mercado a través de los procedimientos de contratación pública.

No es de extrañar. La libre competencia (la concurrencia) es un principio estratégico de la contratación administrativa que reposa en los Altares de la Unión Europea como uno de sus principios fundacionales (democracia, economía de mercado y subsidiariedad). La Comisión Europea posee amplias facultades para cerciorarse de que las empresas y los gobiernos se ciñan a las normas comunitarias sobre competencia leal y la Dirección General de la Competencia está encargada de la supervisión del cumplimiento de esa materia, siendo el verdadero ogro institucional, pues sus correcciones financieras provocan el reintegro de subvenciones comunitarias con efectos devastadores sobre los presupuestos nacionales.

En España, la CNC es un organismo público encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados, así como de velar por la aplicación coherente de la Ley de Defensa de la Competencia. Su portal incluye un programa de clemencia que supone, para las empresas que forman parte de un cártel una posible salida, ya que, si es la primera que delata, podrán beneficiarse de la exención o reducción en el pago de la multa que les habría correspondido por su participación en el acuerdo prohibido. A las que se acojan en segundo lugar y sucesivos disfrutarán de reducciones cada vez menores de la multa. Un sistema que habrá que copiar en otros ámbitos administrativos para luchar contra la corrupción en el sector público a través de denuncias similares. Pero no nos desviemos del tema.

Contenido de la Guía

Es una guía sencilla, plagada de definiciones y ejemplos explicando las principales pautas para que en el diseño, desarrollo y ejecución de procedimientos de contratación no se introduzcan restricciones injustificadas a la competencia. A este objetivo dedica el capítulo 2 de la obra. Sin la acostumbrada aglomeración de artículos (ni un solo latiguillo tipo: “según el artículo tal”) ni las largas citas farragosas llenas de gerundios, el manual explica con rigor, por ejemplo, los criterios de valoración imprecisos o la insuficiente transparencia en el sistema de atribución de puntuación a esos criterios de valoración. Veámoslo con un ejemplo. Así explica en la página 25, al hablar de la modificación de los contratos, la archiconocida sentencia europea Succhi di Frutta, de 29-4-2004:

La Comisión Europea adjudicó a la empresa Trento Frutta varios lotes para el suministro de zumo de frutas y confituras destinadas a las poblaciones de Armenia y de Azerbaiyán, recibiendo esta empresa, como pago, una serie de cantidades de frutas retiradas del mercado. Con posterioridad a la adjudicación, se permitió que el pago se produjera de forma distinta a la inicialmente prevista, modificándose así el contrato. En vista de esta decisión, Succhi di Frutta, licitadora que no resultó adjudicataria, interpuso recurso, alegando que se habían vulnerado los principios de igualdad de trato y transparencia, entre otras cuestiones.

En su Sentencia, el Tribunal de Justicia afirma que la entidad adjudicadora no está autorizada a alterar el sistema general de la licitación modificando unilateralmente una de sus condiciones esenciales ya que, si ello hubiese figurado en el anuncio de licitación, habría permitido a los licitadores presentar una oferta sustancialmente diferente. En consecuencia, puede considerarse que las modificaciones sobrevenidas no resultan compatibles con el Derecho comunitario a menos que la modificación no afecte a ninguna condición esencial o importante de la licitación, o que la posibilidad de efectuar una modificación, y los tipos de modificación permitidos, estén previstos de forma clara y precisa en la documentación de la licitación.

Colusiones

Por otro lado, la Guía proporciona orientaciones a los gestores públicos para prevenir o evitar actuaciones colusorias por parte de los licitadores, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y se desarrolla en el capítulo 3. Rezuma experiencia, sin duda. Yo he podido encontrar algunas mías también. Así, en la página 38, podemos ver el apartado siguiente, que sólo puede redactar quien tenga larga vida administrativa:

Indicadores a tener en cuenta en la presentación y en la adjudicación de las ofertas:

• El número de empresas que presentan ofertas es más reducido de lo habitual.
• Algunas empresas no acuden a una licitación a la que normalmente se hubieran presentado, mientras siguen acudiendo a licitaciones de similares características ante otros organismos de adjudicación.
• Algunas empresas se presentan siempre a pesar de que nunca resultan ganadoras. Es posible que estas empresas obtengan a cambio de la presentación de posturas encubiertas algún tipo de compensación por parte de la empresa adjudicataria.
• Varias empresas presentan una oferta conjunta a pesar de que, al menos una de ellas, podrían haberlo hecho de manera individual.
• Presentación de ofertas por parte de varias empresas vinculadas o de un mismo grupo. Si bien esta situación puede estar permitida por la normativa, la pertenencia a un mismo grupo empresarial puede facilitar la coordinación de sus estrategias.
• La empresa que presenta la mejor oferta ante un órgano adjudicador es frecuentemente la misma, lo que probablemente sea debido a un acuerdo colusorio previo de reparto de mercado.
• Algunas empresas sólo obtienen ofertas ganadoras en determinadas áreas geográficas, aunque se presentan en varias.
• Los licitadores parecen turnarse a lo largo del tiempo en la presentación de la oferta ganadora.
• - La empresa adjudicataria de la licitación repetidamente subcontrata la realización de parte del contrato con otras que no resultaron ganadoras del concurso o subasta correspondientes.

En fin, su lectura supone un sucinto repaso a los principales temas que afectan a la contratación pública, que será un gran aliado sobre todo para los pequeños ayuntamientos.

La Universidad que creó la Ley de Reforma Universitaria, en 1983, supuso un cambio en el concepto tradicional que las Instituciones de Educación Superior habían tenido en España. Su mayor autonomía y cierta tendencia hacia una estructura “menos rígida” pareció dotarlas de una sustancia más empresarial. 

Aunque hay todavía mucha resistencia al cambio, las universidades más emprendedoras avanzan hacia la Universidad Tecnópolis, donde “el aula pierde su monopolio y pasa a ser un complemento de la función docente”, como suele afirmar el catedrático catalán Solé Parellada, “como entramado donde estudiantes y profesores conviven más en los laboratorios que en las aulas, con el proyecto como eje de enseñanza  y donde las unidades autónomas periféricas se multiplican. Los nuevos clientes son las Cámaras de Comercio, las PYME locales, las asociaciones de empresarios o el Ayuntamiento. En las Universidades de provincias esto suena a música celestial pero existe.

Francesc Solé

Para Francesc Solé Parellada, una tecnópolis es un sistema urbano en el espacio donde se producen sinergias para la coordinación entre los agentes que tienen diferentes funciones, como en un Parque tecnológico. Supone un estadio más evolucionado que la universidad vertical o matricial, caracterizada por incluir organizaciones de investigación y servicios que surgen por propia iniciativa de sus miembros y cubren nuevas demandas (autofinanciadas) de formación continua, ensayos, consultoría, I+D .

Desde el punto de vista administrativo, esta idea se plasma en el holding universitario, que en algunos países supone un entramado organizativo que aporta muchos recursos a la matriz universitaria. Es frecuente recordar aquí que el MIT presume de que su grupo empresarial factura más que el Reino de Dinamarca. Es la manera americana de concebir la actividad universitaria, tan admirada y a la vez denostada desde la tradicional y vieja Europa.

Un ejemplo en España puede encontrarse en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) cuya Corona UPC, según la denominación de esa Universidad, es el conjunto de entidades en que ejerce una posición de dominio mayoritario, así como otro conjunto de entidades vinculadas por motivos de diversa índole en que la Universidad no tiene una participación mayoritaria. Se trata de entidades con personalidad jurídica propia promovidas por la Universidad que realizan tareas de docencia, investigación, transferencia de resultados de la investigación y de estudio y extensión universitaria. Ver informe de la Sindicatura de Cataluña, pág. 20.

En otras ocasiones, la creación de estos Entes dependientes se enmarca en cierta euforia inicial propiciada por las propias instituciones autonómicas o estatales que, con el tiempo, deviene en una deficitaria situación a la que no son ajenos los famosos anticipos reintegrables sin interés, que no saben como devolver. Este es el caso del Parc Cientific de Barcelona, cuyo informe de fiscalización de la Sindicatura catalana, alerta sobre la viabilidad futura de la fundación (pág. 51)  en estos términos:

“La situación financiera de la Fundación es extremadamente delicada ya que tiene un patrimonio negativo … necesita una aportación de … para poder hacer frente a los compromisos adquiridos. A la vez, esta situación puede afectar la Universidad de Barcelona”.

El holding universitario

Hoy participo en las Jornadas sobre Gestión y Organización de la Ciencia que organiza la Universidad de Lleida y la Asociación para el Estudio del Derecho Universitario (AEDUN). La conferencia inaugural corrió a cargo del Vicerrector de política científica de la UPC, Xavier Gil Mur, que realizó una minuciosa, irónica y crítica exposición de los centros de investigación universitarios; su encuadramiento en los centros tecnológicos o en los parques científicos así como la necesidad de recuperar los costes indirectos de la I+D+i. Mostró algunas interesantes experiencias.

El bloque temático en que he sido encuadrado se ocupa de “la organización y gestión de los holdings universitarios”, donde presento la visión del control externo, a través de los informes de los diversos OCEX del Estado español. Una perspectiva poco fashion pero necesaria. Con frecuencia los OCEX son muy críticos con estas entidades dependientes (fundaciones y sociedades) que se aproximan a ellas como “sospechosos habituales”.

La primera razón es una cierta opacidad en su gestión (pública: no lo olvidemos) como ponía de manifiesto el informe del Tribunal de Cuentas de España sobre la Universidad española, aprobado hace un par de años y que ya evidenció como una limitación al alcance del trabajo la “falta generalizada de información sobre los Entes dependientes”.

El difuso perímetro universitario

Una de las características de nuestra legislación financiera universitaria es la falta de concreción en la determinación de la obligación de consolidar las cuentas anuales. Algo habitual en todas las Administraciones, como hemos comentado en esta bitácora. Con frecuencia nos encontramos con intencionadas dificultades para considerar como públicas algunas fundaciones que se encuentran en las llamadas “zonas grises” del dominio efectivo.

En el informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León sobre la Fundación General de la Universidad de Burgos, se indicaba que la no inclusión de las cuentas anuales de la Fundación en la Cuenta General de la Universidad de Burgos afecta a la representatividad de la misma, ya que la actividad de la Fundación es una clara manifestación de la gestión económico- financiera de dicha Universidad y en última instancia del Sector Público Autonómico.

El propio Consejo de Cuentas de Castilla y León reconocía que :

Esta no inclusión, es una consecuencia de la aplicación por parte de la Ley de Fundaciones de Castilla y León y la normativa económico financiera de la Universidad de Burgos, de la participación superior al 50% en la dotación fundacional, como único criterio para considerar una fundación como parte integrante del Sector Público Autonómico y como fundación universitaria, sin atender a otros parámetros como los de financiación mayoritaria, control en la toma de decisiones o influencia decisiva en la gestión.

Concluyendo con una recomendación para la Consejería de Hacienda que “debería emitir normas expresas que regulen la obligación y los procedimientos a utilizar, para que cada una de las Universidades Públicas de Castilla y León consolide sus cuentas con las de todas aquellas entidades dependientes con las que conforma una unidad de decisión”. Así, las cuentas consolidadas ofrecerían una información representativa del conjunto más que la derivada de las cuentas anuales individuales de cada entidad, ampliando y mejorando la información individual de cada entidad.

Por su parte, la Comunidad de Madrid (CAM) incluyó la citada obligación en la Ley 2/2008, de 22 de diciembre, dentro del artículo 49.4. De esa forma, las cuentas anuales consolidadas de las Universidades Públicas de la CAM deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Además:

Las cuentas anuales consolidadas de cada Universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.

Régimen jurídico de la contratación

La Cámara de Cuentas de Madrid tuvo ocasión de analizar la aplicación de la Legislación de contratos públicos en las fundaciones universitarias, con ocasión del informe sobre sobre la Universidad Complutense de Madrid, cuya Fundación General (FGUCM) había puesto de manifiesto en diversas ocasiones su consideración de no estar incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sector Público (LCSP).

La Cámara de Cuentas entiende que este criterio de la Fundación es erróneo, habida cuenta que el 97 % del capital fundacional de la FGUCM estaba integrado por los bienes que de la extinta Fundación del Amo pasaron a titularidad de la Universidad Complutense de Madrid y que ésta, años después, integró en la FGCUM.

En consecuencia y en virtud del artículo 3.1.h) LCSP, a cuyo tenor forman parte del sector público, “las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades”, debe considerarse que la FGUCM está sujeta a dicha Ley.

Por lo tanto, la FGUCM adoptó ninguna medida organizativa y procedimental para adecuar su contratación a la Ley 30/2007, ni aprobó instrucciones internas de contratación (artículos 175 y 176 LCSP) ni disponía durante la fiscalización de perfil de contratante (artículo 42 LCSP).

Investigación universitaria

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en su informe sobre la UPV- Ej. 2001 ya había avanzado que:

“Se debería analizar la conveniencia de mantener una entidad cuyo objeto fundacional coincide con el de la Universidad, y cuya actividad se  presta con medios de la Universidad, pero sin ningún control por parte de la  misma”.

Una afirmación bastante rigurosa que el Tribunal Vaco justificaba entendiendo que estas fundaciones permiten desarrollar tareas encomendadas a la universidad de una forma externa a la misma, lo que, si bien permite escapar a las rigideces de la institución universitaria, lleva aparejado una pérdida de control y de la información.

Subvenciones

En el informe del Tribunal de Cuentas de España sobre la Fundación Prevención de Riesgos Laborales, aprobado el 30 de noviembre de 2010, se analizó la naturaleza de las aportaciones gratuitas de fondos públicos otorgadas para la financiación de acciones de información, de asistencia técnica, de formación y de promoción que de acuerdo con lo establecido en la DA 16ª de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), se denominan entregas dinerarias sin contraprestación, concepto distinto al de “subvención”, regulado en la LGS.

A juicio del Tribunal, estas entregas dinerarias sin contraprestación cumplen todos los requisitos, desde el punto de vista objetivo, establecidos en el artículo 2 de la LGS, en la que se define el concepto de subvenciones: no existe contraprestación directa por parte de los beneficiarios, están sujetas al cumplimiento de determinados objetivos y tienen como objeto el fomento de una actividad pública:

“Sin embargo, estas entregas dinerarias sin contraprestación efectuadas por la Fundación no están sujetas a los preceptos de la mencionada Ley General de Subvenciones, a excepción de los principios de gestión e información (…)”

El Tribunal de Cuentas considera necesario que el Gobierno adopte las medidas necesarias tendentes a la aprobación del desarrollo reglamentario específico de las normas de elaboración del plan de actuación de las fundaciones.

De izquierda a derecha: Carlos Gómez Otero (U. de Santiago), Daniel Pastor Javaloyes (U de Alicante), Frederic Solá Eras (U. de Lleida y Antonio Arias

Prestigiosos científicos norteamericanos han demostrado que la variable más importante para explicar la longevidad de los ciudadanos es el tipo de trabajo que realizan. Por lo tanto, somos lo que trabajamos. Nuestra felicidad, además de otras variables como el humor o la salud, dependen de ello. Quizás la trayectoria laboral sea un buen indicador del conjunto de nuestra vida. Incluso de su fin, ya que el 21% de las muertes cardiovasculares se atribuyen a problemas en el trabajo.

Todo nuestro ciclo vital gira alrededor del empleo. El de nuestros progenitores, que condiciona nuestro nacimiento o el desarrollo durante la infancia y, como señala la evidencia en el acceso a la universidad, nuestras posibilidades a la hora de acceder y progresar en la educación.  Ya en la madurez, el empleo condiciona nuestro tiempo personal, un espacio donde los trabajadores del conocimiento ya están conectados a la red las 24 horas del día, mezclando tareas, aficiones y amistades reales o virtuales.

El empleo explica la mayor parte de los derroteros por los que discurre nuestra vida, y no falta quien cree que puede planificar su futuro, o el de sus hijos, mediante la selección de una carrera profesional. Así solemos volcar innumerables frustraciones en nuestra descendencia por la ambición personal de querer imponerles una vida distinta. A quien solemos culpar de ello es al empleo. Sin embargo, esta labor cada vez es más difícil; si hace cincuenta años una licenciatura en derecho o una ingeniería eran un pasaporte a una vida distinta, hoy en día los gurús predicen que las profesiones más demandadas en 2020 todavía no existen y ponen unos ejemplos que espantarán a los padres más conservadores: Holografistas, Brokers de talento, tecnoagricultores …

Como estamos empeñados en desmantelar la sociedad industrial, los puestos de trabajo del futuro se relacionarán, según la Future Foundation, con tres grandes clases de servicios: la creatividad, la gestión de recursos humanos y el tratamiento de información e innovación. Si usted es joven, se preguntará: ¿estoy a tiempo de anticiparme? Si usted es padre se preguntará ¿qué mundo etéreo estamos construyendo para nuestros hijos?

Relájese, los científicos acaban de descubrir que nuestra carga genética es lo más determinante en la vida profesional. En un artículo del otoño pasado, el semanario The Economist presentaba diversos estudios, nada pacíficos-digámoslo todo- realizados con gemelos que concluían la influencia genética en la elección de una profesión y su grado de satisfacción, movilidad o hasta en su correcto desempeño. O sea que el sueldo depende también del ADN. El profesor norteamericano Scott Shane considera demostrado que el 40% de las variaciones salariales puede atribuirse a la genética ¡Bueno! Siempre nos queda el 60% restante: el entorno en el que hemos crecido o las enseñanzas recibidas.

Más aun: Richard Arvey, director de la escuela de negocios de la Universidad Nacional de Singapur, analizó con precisión cómo los genes interactúan con entornos para crear el afán emprendedor y la capacidad de guiar a otros. Su estudio -de 1.285 pares de gemelos idénticos y 849 pares de hermanos- sugiere que los genes ayudan a explicar, por ejemplo, la extroversión sólo en las mujeres. Por lo visto, en los hombres esta característica se inculca por el medio ambiente. The Economist concluye irónicamente: “al parecer, las empresarias nacen, pero los hombres de negocios se hacen”. Sin comentarios.

¿Pueden utilizarse pruebas genéticas para seleccionar trabajadores? La película Gattaca muestra en su crudeza este escenario futurista. Hoy, muchos empleados son contratados tras superar pruebas de personalidad ¿Veremos algún día procesos de selección de personal con análisis hormonales? Como, por ejemplo, la oxitocina, que influye en la confianza, o el cortisol, que afecta a la evaluación del valor temporal del dinero, o la testosterona, relacionada con la tolerancia al riesgo y el emprendimiento.

En un raro ejemplo de la anticipación legislativa, los políticos de muchos países han previsto y resuelto el problema. En 2008, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de no discriminación por información genética, prohibiendo su uso en la contratación de personal. Medidas similares han sido adoptadas en varios países europeos.

Los mal pensados creerán que si se hubiera permitido su aplicación, también podría ser exigida en los procesos electorales. Imaginen que se obligase a la divulgación de esos análisis de los candidatos. Ya veo la propaganda: Vote al Ciudadano Kane: buen cortisol y alta testosterona para una gestión eficaz.

Este artículo fue publicado en La Nueva España.

En la Alcaldía de Porto Alegre (Brasil) el busto de Getulio Vargas con sus palabras: "el trabajo es el mayor factor de elevación de la dignidad humana".

Hoy, todos los empleados públicos estarán atentos al Boletín Oficial del Estado. La inminente entrada en vigor de la Nueva Ley antitabaco, aprobada el miércoles pasado por unanimidad en la comisión de sanidad del Congreso, con competencia legislativa plena, trae algunas sorpresas para los funcionarios. Ver BOE 31-12-2010.

La nueva Ley, pendiente de publicación en el BOE, no sólo prohíbe fumar en todos los locales de uso público cerrados (sin ninguna excepción.) sino que prevé la penalización de aquellos empleados públicos que continúen manteniendo el habito de fumar, incluso en su domicilio, previendo también controles sorpresa de orina y asistencia obligatoria a seminarios de deshabituación.

Así, la Disposición Final Adjunta exige los funcionarios fumadores inscritos en el Programa Único de Registro Obligatorio (PURO) creado al efecto, deban asistir y aprobar los cursos organizados por las distintas Administraciones Públicas “con periodicidad trimestral para la deshabituación nicotínica en grupos de autoayuda”. El problema radica en la superación de los correspondientes exámenes médicos será requisito indispensable para la consolidación del grado, lo que ha levantado fuertes críticas sindicales, con las que estamos de acuerdo.

Los Sindicatos han hecho pública una nota de protesta, en relación a los controles sorpresa antitabaco que en su opinión “violan la negociación colectiva, así como varios preceptos constitucionales y convenios de la OIT”.

La Ley, que entra en vigor a partir del 2 de enero, ha generado una gran controversia, pues prohíbe fumar en todos los espacios públicos cerrados y en algunos abiertos como parques infantiles y en las inmediaciones de centros escolares. También en hospitales, a excepción de las plantas psiquiátricas de media y larga estancia.

Ver más.

Ya hemos dedicado alguna entrada anterior al “arte de regalar”, aludiendo a estos presentes como una “tecnica de comunicación” de la empresas con sus clientes, como usos sociales aceptados comúnmente. En uno de los primeros artículos de esta bitácora presentamos las dificultades de los regalos en la Administración, en la frontera del cohecho.

Poco más hay que decir, salvo que hoy, fecha propicia para regalos, entra en vigor la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica el Código Penal al que todos debemos echar un vistazo. Tipifica el regalo o dádiva en el sector privado (corrupción entre particulares) exigencia de una directiva de la Unión Europea, pues como sabéis, hasta ahora sólo existía en la administración pública.

Para los funcionarios o autoridades, el cambio más importante es que todo regalo recibido de un particular en consideración a su cargo o función podrá ser punible para el particular, aunque éste no pretenda que el funcionario realice un acto ilícito. Así regalar un viaje en avión privado a un político o no cobrarle unos trajes sin ningún propósito perverso, pero en consideración a su cargo, constituirá un delito para el empresario y no sólo para el político. Los regalos valiosos nunca pueden ser justificados como usos sociales aceptados comúnmente.

En el siglo III, el jurista Ulpiano se preguntaba qué regalos podían aceptar los altos funcionarios del imperio. Su consejo era: “Ni todo, ni siempre, ni de todos … rehusar de todos es una falta de educación, pero aceptar siempre parece de indecentes, despreciable aceptar de todos, y avaricioso aceptarlo todo”. Prudente el jurisconsulto romano.

Esquema de la reforma

De la reforma que hoy entra en vigor destacamos las siguientes novedades:

1. Acoso laboral o mobbing.- Se tipifica como delito (art. 173.1) en cualquier relación laboral y prevaliéndose de su relación de superioridad, se produzcan de forma reiterada actos humillantes u hostiles sin llegar a constituir trato degradante.
2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.- Importante novedad que las personas jurídicas (empresas, instituciones, etc.) respondan penalmente de sus actos y los cometidos por sus administradores o empleados y directivos a su supervisión. Siempre que no se hayan establecido los controles internos adecuados de prevención o los empleados hayan cometido el delito por cuenta y nombre de la empresa (artículo 31 bis). buenas noticias para los auditores internos.
3. Acceso ilegal a sistemas y daños informáticos.- Sanciona el acceso sin autorización a datos o programas informáticos (art. 197.3) así como el sabotaje informático (art. 264).
4. Estafa con utilización de tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje (art. 248.2.c). Además su falsificación ya no se considera una falsificación de moneda, sino documental, con lo que ya no es competencia de la Audiencia Nacional.
5. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.- Se concreta la acción típica de este delito.
6. Abuso de mercado.- Ya es delito la difusión de rumores con datos económicos falsos (art. 284-2) a sabiendas de que lo son, siempre que persiga un beneficio económico y se reordena el uso de información privilegiada (art. 284-3).
7. Blanqueo de capitales.- A las conductas típicas de adquisición, conversión y transmisión de bienes procedentes de un delito, se añaden ahora las conductas de posesión y utilización de esos bienes.
8. Delitos contra ordenación del territorio y Urbanismo.- Se reordenan las conductas delictivas en relación de obras y la concesión de licencias y, en la prevaricación urbanística, se amplía el ámbito de los objetos sobre los que puede recaer la decisión injusta.
9. Delitos contra el Medio Ambiente.- Con novedades en cuatro grandes bloques: transporte y gestión de residuos, protección de la capade ozono, protección de hábitats de especies amenazadas y radiaciones ionizantes.

El viernes acudí a la venerable Universidad de Salamanca. Se celebraba los cincuenta primeros años de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad (ASUS) en el Salón de Actos de la Hospedería Fonseca. El redondo cumpleaños venía acompañado de un espectáculo: La Pasión, presentado de  manera conjunta por Miguel Ángel Berna y Los Tambores de Calanda. Un original e insólito cara a cara entre la danza y el sonido de los extraordinarios tambores que sirve de argumento para encontrar viejos amigos y mantener el contacto con las instituciones por las que se tiene aprecio. 

¿Aprecio? Pero … ¿Se tiene aprecio a las instituciones? Si, han leído bien. Se trata del orgullo de pertenencia a un cierto grupo social o geográfico al que han estado vinculados en una determinada etapa de la vida, quizás la más intensa: la vida universitaria. No es raro que, organizaciones como la ASUS, constituyan un foro internacional presente en la actualidad en 16 países.

Este tipo de asociaciones de antiguos alumnos representan una manera de vincular a los antiguos estudiantes o simpatizantes con una universidad. Sin embargo, a diferencia de las sociedades anglosajonas, en España tienen poco peso. ¿Porqué? Hasta hace sólo unos pocos años, el alumno carecía de relevancia en el entramado académico e institucional.

No es preciso remontarse a la Universidad salmantina del siglo XVI, donde se llamaba Rector a uno de sus estudiantes; ni recordar la acerada crítica de Adam Smith, en La Riqueza de las Naciones: “La Universidad está diseñada, en general, no en beneficio de los alumnos, si no en función del interés o mejor dicho, de la comodidad de los maestros“.

Muchos estudiantes norteamericanos, transcurridos unos años después de graduarse, encuentran que estas asociaciones son una gran red social, y no dudan en apoyarla económicamente. Conocí un ingeniero dominicano que todos los años tomaba unos días libres para acudir a la recepción que daba el Rector de su antigua universidad. Al viaje y la estancia debía añadir el cheque que dejaba como donativo. ¿Cómo podemos ser tan distintos?

Se me dirá que allí, el papel del Estado (en sentido amplio) es distinto pero no dejo de tener cierta envidia de la fuerza de su sociedad civil. Aunque no envidio para nada su carísima sanidad, sólo para ricos, no es infrecuente que las clases medias colaboren directamente en es sostenimiento de instituciones educativas.

El ejemplo norteamericano

Frente a lo que pudiera pensarse, en los Estados Unidos la enseñanza superior es mayoritariamente pública. El 75% de sus quince millones de estudiantes (y dos millones de titulados) siguen una enseñanza pública. La variada oferta de instituciones permite a los alumnos escoger sus estudios en función de sus propios medios financieros, con matrículas que oscilan desde los 20.000 $ de Harvard a la práctica gratuidad de los Community Colleges de California. Sin embargo, la doctrina y la opinión pública es muy crítica con los costes de las universidades americanas. Aunque sólo el 15% de sus recursos proviene de la matrícula (¡como aquí!) una octava parte del presupuesto universitario se va a parar a relaciones públicas y gastos de reclutamiento de nuevos estudiantes. Mirad la opinión de un estudiante español sobre el sistema.

La mitad de las universidades norteamericanas más punteras en la recaudación de donaciones particulares eran públicas. Sus inmensos fondos de inversión, generalmente surgidos de donaciones fiscalmente incentivadas (Endowment Funds) sólo permiten el uso de los dividendos o intereses producidos cada año.

En mayo de 2001, la Universidad de Stanford recibió $400 millones, por parte de la Hewlett Foundation, destinados a ayudar a los departamentos de ciencias y humanidades y a mejorar la educación universitaria. Dos meses antes, un donante anónimo otorgó a Rensselaer Polytechnic Institut $360 millones, cifra que, hasta entonces, se consideraba como la mayor donación a una universidad estadounidense.

El anterior donativo importante a Stanford provenía del fundador de Silicon Graphics y Netscape Communications ($150 millones). El año anterior, la fundación Bill and Melinda Gates había donado $1.000 millones a un programa nacional de ayuda para que 20.000 estudiantes de grupos minoritarios en EE.UU. obtengan sus licenciaturas en los próximos 20 años.

Estos fondos educativos de los colleges y universidades estadounidenses son un mecanismo de financiación habitual, que permite un favorable tratamiento fiscal para los filántropos. Reiteremos que las Instituciones deben conservar la dotación y usar los intereses. Pocos estudiantes pero muy comprometidos.

Durante el año 2009, el “retorno” de las principales universidades estadounidenses (842 instituciones ranketadas) fue negativo: del -18,7%, terminando un crecimiento continuado de altos beneficios durante toda una década, que tuvieron un crecimiento medio del 4%. Mirad los links y veréis la verdadera cara rica de la universidad norteamericana, que sufre ahora grandes descalabros bursátiles y, por consiguiente, se resiente la calidad de sus instituciones de educación superior.

En las universidades europeas este recurso no prospera por diversas razones: el carácter público de las universidades, sostenidas por el sistema tributario altamente progresivo; menores diferencias entre los sueldos en Europa (en USA, el primer decil gana 8 veces más que el último) siendo el espíritu filantrópico una tradición cultural norteamericana. Nuestras universidades son más igualitarias, carecen del sentido del estudiante-cliente, dedican poca atención a sus licenciados, a los deportes colegiales organizados y en general, a la relación con el tejido empresarial.

Y en España … ¿porqué no?

En España, La Ley Orgánica de Universidades (LOU) establece en el art. 81.3-d, como posibles ingresos de la Universidad, los procedentes “de herencias, legados o donaciones” que tienen como característica común ser una liberalidad procedente de persona jurídico-privada. El Código Civil señala que pueden hacer donaciones todos los que no estén especialmente incapacitados por la Ley para ello, aunque no obligan al donante, ni producen efectos, sino desde la aceptación de las mismas.

La Universidad, por aplicación del art. 80.4 de la LOU, disfruta de todos los beneficios fiscales del mecenazgo, para los donativos recibidos, así como los convenios de colaboración celebrados con personas físicas o jurídicas.

José Ginés Mora suele recordar las diversas motivaciones que pueden explicar que un exalumno norteamericano se decida  a realizar donaciones: un compromiso emocional con la institución que le hace sentirse obligada a  pagarle de alguna forma los beneficios profesionales y sociales que ha podido  disfrutar gracias a su paso por ella. También influyen los ahorros tributarios, la presión moral del resto de graduados y hasta una mezcla de altruismo y egoísmo, pensando en el prestigio social que eso les da, en los  contactos comerciales que les proporciona, o en la influencia que pueden ejercer, ya sea en la investigación o en otros aspectos de las actividades universitarias.

En España, pocas instituciones como UNIVERSIA, se han dado cuenta del enorme potencial de negocio de la imagen universitaria.  Hace siete años, cuando era Gerente de la Universidad de Salamanca, escribía un artículo glosando la celebración de las Jornadas de Gerencia Universitaria. Entonces terminaba, como ahora diciendo:

Las universidades son entidades complejas, con una notable proyección social. Es merito del Banco Santander, y don Emilio Botín, el haber mostrado, con sus altas pujas por compartir nuestra imagen institucional, ya que no somos acción social para las cajas de ahorros, sino un verdadero socio activo con el que hacer negocios; una empresa cuyo apreciado patrimonio está integrado, sobre todo, por miles de personas que son y serán el capital intelectual de España.

Salón de Actos de la Hospedería Fonseca

De izda. a dcha: Sevach, Antonio Arias ("el bueno"), yo y Ricardo Corral, buenos amigos de la época salmantina ...

La neuroeconomía es la combinación de la neurociencia, la economía y la psicología para estudiar el proceso de elección de los individuos. Mientras algunos consideran que es una rama de investigación irrelevante, otros sostienen que resulta esencial para comprender y explicar nuestras decisiones.

Uno de los principales neuroeconomistas es Alan G. Sanfey, de la Universidad de Arizona, autor de un interesante estudio en 2003 basado en el juego de ultimátum. Ponía a los participantes de dos en dos. Al uno de ellos le daba una cantidad de dinero, dejándole libertad para decidir cuanto cede a su compañero. Éste, conocedor del total distribuido, puede considerar el regalo como justo o injusto y, en ese caso, rechazar la oferta, con lo que ambos perderían el dinero.

La decisión maximizante del segundo jugador, si fuera un homo económicus, no puede ser otra que aceptar cualquier oferta, fuera la que fuese, pues siempre gana. Sin embargo, el sentido de la equidad y de la justicia, hacía que muchos segundos jugadores preferían no obtener ningún beneficio antes que aceptar una oferta que considerasen injusta. Esto explica como muchos huelguistas, en dura negociación salarial, prefieren echar a la ruina su empresa, pero también a ellos mismos. En política, encontramos múltiples ejemplos, todos los días. Los modelos económicos, sin una caracterización de los límites y las debilidades de la psicología humana fracasan.

Asistimos a profundos cambios en el mundo de la publicidad. En EEUU ya funcionan con elevada rentabilidad consultoras especializadas en Neuromarketing, para convertir su producto en un deseo mental al que nadie podrá resistirse. La elección de los colores es un ejemplo: la gama de los azules es percibida por el cerebro con connotaciones de calma y seguridad, las tonalidades rojas y amarillas tienen la virtud de avanzar y llamar la atención de quien observa. Esto nos hace preguntarnos por la ética de esta disciplina.

Un mayor conocimiento del funcionamiento del cerebro podría ser una herramienta de manipulación del consumidor, cada vez más asaltado de información. Del problema del exceso de información surge “la economía de la atención” donde el tiempo es el único recurso escaso. El corolario es que muchas empresas están gastando más dinero en el publicidad que en la fabricación de los productos.

Con tanta neurociencia … ¿Hay un campo para la neurofiscalización?

Gracias a los trabajos del Dr. Alex Pentland sabemos que el mensaje importa bastante menos que el mensajero. Con su equipo del MIT diseñó una plataforma tecnológica que permite medir lo que llaman “señales honestas”; pistas no verbales que utilizamos para coordinarnos, para tomar decisiones en grupo: gestos, expresiones faciales o el tono de voz que tienen la capacidad de cambiar el estado anímico, mental o el comportamiento del receptor.

Los que sabéis inglés ya habréis detectado que “honest” pertenece a esos falsos amigos y debería traducirse por sincero. Como policy no es política ni públic es público, al menos como lo conocemos en la Europa continental. Ramón Muñoz solía reírse mucho con esto y hasta me mandó una lista, que tengo por ahí, de los doscientos falsos amigos.

Pero volvamos a lo nuestro: Pentland publicó un libro con este título, que el editor español inteligentemente tradujo por “Señales Honestas” para que no pareciera una novela rosa. Y dio en el clavo porque nunca me hubiera detenido a ojear un libro con aquél título.

Pues bien, Pentland probó sus herramientas anticipando, con un 87% de acierto, quiénes serán los ganadores de un concurso de planes de negocio “Innovate 2010” en la votación de la audiencia que seguía con gran atención las ideas y el modelo de negocio de los concursantes. Predijo los resultados sin tener la más mínima idea de lo que tienen que ofrecer los diferentes candidatos, es decir, prescindiendo por completo del contenido de sus presentaciones porque, según él, el éxito en este tipo de competiciones no guarda apenas relación con la calidad de los proyectos.

El pensamiento inconsciente es, con frecuencia, más efectivo que el consciente. A veces apelamos a eso que llamamos intuición que no es otra cosa que la toma inconsciente de decisiones. Que se lo digan a los jugadores de ajedrez que son capaces, en las partidas de cinco minutos, de tomar con gran rapidez decisiones cualitativas, sin tener que analizar todas las variantes.

En fin, que estamos ante una disciplina nueva y emergente que intenta entender a las personas en el contexto de sus redes sociales en lugar de considerarlas como individuos aislados. Y su primera conclusión es que gran parte de la conducta humana es automática o está determinada por procesos inconscientes.

Se trata de un factor muy importante en las organizaciones, tanto en los ámbitos de gestión como del control. En España, Luis Barrio ha trabajado en los últimos años, la línea de la auditoría emocional, analizando su influencia sobre los aspectos esenciales del control interno, la necesidad de trabajar en colaboración y cooperación, con la capacidad de negociación en la resolución de conflictos y la gestión del cambio.

Los directivos sobreviven en las organizaciones con un adecuado equilibrio de conocimientos y habilidades. Conocimientos técnicos vs. habilidades relacionales, ha sido siempre el dilema, que últimamente vienen ganando estas últimas. Nos recuerda Jorge Juan Fernández que con el tiempo perderán peso los conocimientos concretos, en una sociedad con exceso de información. Incluso apunta los cinco saberes críticos para las próximas décadas.

La Universidad española, como la europea, afronta en los últimos años un imparable proceso de acercamiento al mercado en múltiples frentes y con diversa velocidad de crucero. Desde el gerencialismo de sus directivos, la gestión competitiva de la docencia o la investigación, en un marco de caida de alumnos, de subvenciones y restricciones financieras. Una tendencia clara aunque no pacífica en el mundo académico, en el habitual marco de la lucha generacional. 

Esta evolución, que se va imponiendo paulatinamente, tiene como detractores a respetados y venerables académicos que ven en estas ideas el fin de un romántico ideal de servicio público que, sencillamente, desapareció con la llegada de la Universidad de masas y la globalización.

El eminente profesor González Navarro, en un entrañable artículo (“La universidad en la que yo creo”, en descarga libre) escrito en la Revista de Administración Pública, en homenaje a su colega Alejandro Nieto, expresa sus convicciones sobre la Universidad y su cotidiano quehacer: “una especie de confesión pública de mi credo universitario, «desde la última vuelta del camino»” dice al jubilarse. Entre ellas, la crítica a ese gerencialismo: “sólo quienes miran la Universidad con ojos de mercader pueden creer que aquélla es una empresa cuyo cliente es el alumno”. El ilustre administrativista califica estas ideas de disparate que asocia a la decadencia y muerte de nuestra cultura occidental concluyendo “si los mercaderes de una y otra obediencia se adueñan de la Universidad y la ponen a su servicio tendríamos que certificar la defunción de esa Universidad en la que yo creo y sigo creyendo”.

El escenario no es nuevo, aunque a España ha llegado con casi un siglo de retraso. Lo denunciaba, en 1918, el sociólogo institucionalista, Thorstein Veblen, acusando a los rectores nortemericanos de tenderos:

“Es una pauta no escrita y de la que pocas veces se habla, pero que subyace bajo la política académica universitaria, que las distintas universidades compiten por el comercio de educación vendible, más o menos de la misma manera que los establecimientos rivales en el comercio minorista compiten por sus clientes” (The Higher Learning in America:  A Memorandum on The Conduct of Universities by Businessmen).

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Nuestra universidad reformada se caracteriza por la condición participativa y plural de sus órganos de decisión, la inmediatez de su gestión, su amplia desconcentración de funciones para hacer frente a un entorno globalizado marcado por la competición, el dinamismo y la incertidumbre.

La Universidad es una organización que obtiene una producción conjunta, un output múltiple e inseparable: docencia e investigación Una empresa de servicios multiproducto caracterizada por la intangibilidad de la prestación, por la simultaneidad de prestación y consumo así como por la heterogeneidad de las demandas de sus usuarios/clientes.

Se acepta como premisa que la docencia es la función principal de las universidades. En la actualidad y dentro de lo que se denomina la “educación de masas”, las universidades dedican la gran mayoría de sus recursos a los programas docentes. Sin embargo, uno de los mayores problemas que tiene la enseñanza superior en Europa es el gran número de alumnos fallidos. Además, está la incapacidad de las universidades para atraer buenos estudiantes y un cierto desinterés por ofrecer un servicio atractivo. El problema se ha intentado corregir mediante los modelos de financiación basados en resultados.

El sistema universitario español se cimienta en torno a la idea de no introducir diferencias entre los estudiantes, que -además- se matriculan en el centro más cercano al domicilio familiar. Con ello tampoco se crean demasiadas diferencias de calidad entre universidades, impidiendo que ninguna destaque en especial ante la indiferencia, salvo raras excepciones, por el producto universitario final: el graduado. Es verdad que algunas universidades (pocas) llevan a cabo iniciativas innovadoras: licenciaturas en inglés, dobles titulaciones, implantación de campus en el extranjero o estudios compartidos con otras universidades europeas o norteamericanas.

En nuestro ordenamiento jurídico, la investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador de las Universidades (artículo 40.1 de la LOU) al que se permite dedicar gran parte de la jornada laboral. En todos los países occidentales la investigación se va sistematizando, convirtiendo sus universidades en más competitivas, más orientadas en lo comercial y más estratégicas. Introducen prácticas y valores de gestión que chocan con las estructuras tradicionales. Los nuevos clientes son las Cámaras de Comercio, las PYME locales, las asociaciones de empresarios, el Ayuntamiento…

Resulta muy difícil impregnar de una cultura del coste a las actividades universitarias, tradicionalmente acostumbradas a la financiación pública, de precios subvencionados y centradas en el corto plazo. Sin embargo, un amplio sector ciudadano opina que la única solución viable a largo plazo para las universidades es la dirección de las mismas como empresas reales del mundo comercial: considerar al alumno como un cliente y recoger un superávit en todo el trabajo que llevan a cabo. Algo muy dificil en una organización tan poco proactiva y que -además- es una Administración Pública.

Durante el mes de agosto, hemos recibido 9.154 visitas que consultaron 15.055 páginas de esta bitácora. Procedían de 454 ciudades distintas en 50 países. Dejamos constancia de nuestro modesto ejercicio de transparencia, como todos los meses.

A mediado de agosto, el diario El País filtró un avance del contenido del anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los ciudadanos a la Información Pública, que el Gobierno pretendía aprobar días más tarde y del que no se ha vuelto a saber más. Una buena forma de dar ejemplo para un texto con un nombre tan noble.

La nueva Administración debe aprender a vivir en ese entorno de transparencia. Un requisito que dentro de poco serán tan necesario como la honestidad. Porque los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, si no pueden acceder a la información con facilidad a través de Internet, no creerán en las instituciones. No está de más recordar que este año hemos conocido que los españoles pensamos que los políticos son uno de los principales problemas del país.

Muchas Entidades simulan practicar esa transparencia pero cuando un ciudadano quiere saber lo que cobra un alto directivo o los gastos de representación de un organismo oficial, comienzan las dificultades. Se complica la información atrapándola entre vocabulario técnico, alusiones farragosas y referencias múltiples a otras páginas y documentos.

Con frecuencia se argumenta la protección de datos o la intimidad personal para poner trabas a los ciudadanos que se interesan por detalles urbanísticos o de contratación pública para impedir el acceso a la información que obra en poder de los poderes públicos. La curiosidad inicial se disipa y los ciudadanos alejan su mirada del complejo y extraordinario compartimento estanco, en que consiste la Administración española.

La primera de las reglas de Sir Humphrey para la supervivencia de la burocracia, en el libro “Si, Ministro”, es mantener el secreto administrativo: “Señor, si los ciudadanos no saben lo que está haciendo, no se darán cuenta de lo que hace mal”, aconseja el Secretario Permanente. Sin embargo, otra función pública es posible.

Para reconciliarme con la buena Administración, de vez en cuando echo un vistazo en la red a los gastos de la Auditora General de Canadá, Sheila Fraser. Una exótica curiosidad, lo reconozco. Esa institución de control da ejemplo publicando en su web corporativa los gastos protocolarios y de viaje de sus Altos Cargos. Cuando, por ejemplo, invita a un desayuno a unos parlamentarios, deja constancia pública de las características de esos gastos. Hasta los cafés convidados. Cuando Sheila viaja a una reunión profesional, con cargo a su institución, los gastos devengados también son publicados en la web: avión, dietas, alojamiento, taxi, teléfono y garaje del hotel, puede consultarse en su portal.

En la época burocrática, los tribunales de cuentas eran el órgano encargado de certificar esa transparencia. Fiscalizaban los gastos e ingresos de una Entidad emitiendo un informe al respecto. A veces se proporcionaban jugosos análisis de legalidad, anexos con datos o estados que permitían evaluar la conducta del gestor. De ahí las fuertes presiones para influenciar al intermediario y participar en su designación. Hoy, un sector de la ciudadanía entiende que esto no es suficiente y quieren conocer directamente y en tiempo real qué hacen las instituciones.

Internet aumenta el control democrático y permite ejercer un tipo de supervisión desconocida hasta ahora, una especie de vigilancia intuitiva sobre las acciones de nuestros representantes. Sin embargo, siguen siendo necesarias las instituciones de control interpuestas. La necesidad de criterios técnicos sigue estando presente en la labor fiscalizadora, ya que la complejidad y el nivel de profundidad requeridos para evaluar el gasto público, sería imposible de alcanzar de una manera eficaz sin profesionales cualificados. Aunque el ciudadano medio está cada vez más capacitado para moverse por si mismo en los laberintos administrativos y financieros.

Para terminar, debemos recordar que el nuevo gobierno británico dará ejemplo con la publicación de todo el gasto público, partida por partida. También está previsto liberar los datos en la red con los nombres, puesto que desempeña, sueldo y dietas de todos los altos cargos y funcionarios del escalafón medio y alto.

Hay algo ácrata en la red. Con todo, lo más avanzado en ese tema es la apertura pública de los registros tributarios de todos los contribuyentes noruegos, como hemos comentado aquí.

En un breve un artículo del consejero del Fondo Monetario Internacional José Viñals (antes vicegobernador del Banco de España) se identifican los cinco factores clave de un buen supervisor. Aunque él parece dirigirse a los analistas de riesgos financieros, me permito incluir en el concepto a otros profesionales de la evaluación o la certificación, desde auditores externos e internos a interventores o síndicos. Su lectura me ha recordado las características de un buen auditor, que el escritor norteamericano Elbert Hubbard que hace un siglo denominaba “corazón de feldespato”.

Para Viñals todos los supervisores deben ser intrusivos, proactivos, abiertos de mente, adaptables y concluyentes. Intrusivo significa tener un conocimiento profundo de la entidad supervisada, en suma, meter la nariz y saber lo que está pasando. Por otro lado, ser proactivo conlleva que un supervisor debe ser escéptico y siempre ha de cuestionar todo, “incluso en los buenos tiempos”, dice.

La buena supervisión exige también ser abierto de mente, que supone no dejar piedra sin remover, y siendo especialmente vigilante sobre lo que está pasando en el borde de la raya de la legalidad. Para ser adaptativos, los supervisores deben mantener sus ojos sobre el movimiento de la pelota, mantenerse al día sobre las innovaciones que se producen, nuevos servicios y nuevos riesgos. Y, por último, la supervisión debe ser concluyente, no basta con identificar los problemas, sino también su seguimiento.

En definitiva, auditores o interventores son esas personas que nunca debieran dejarse llevar por la euforia colectiva o por los estados de ánimo, lo que implica enfrentarse a los chicos “guay” y a los intereses creados. Vamos, verdaderos aguafiestas. Por ello, una de sus principales cualidades es aprender a decir “no” a tiempo. Una negativa a tiempo puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza futuros. Pero ¿Cómo se aprende a decir “no”? Es difícil y nadie nos lo enseñará, aunque ayuda mucho contar con personal altamente cualificado y estar en una organización que fomente la independencia de criterio, libre de interferencias políticas o mercantiles.

Que los auditores desarrollen una tendencia negadora forma parte de sus posiciones habituales en las organizaciones. En el caso de los auditores internos, muchos gestores perciben que su función interfiere con los objetivos, la innovación y los riesgos inherentes a la dirección. Surgen entonces esos frecuentes conflictos.

Como recordaba, en la revista del Instituto de Censores Jurados (pág. 18), el Presidente del ICAC Gonzalo Angulo, “el auditor no es el supervisor prudencial, sino el encargado de verificar si los estados contables presentan la imagen fiel, aunque para hacerlo tenga que considerar muy especialmente los riesgos de la entidad auditada”. Por ello deben tener fuerza para enfrentarse a situaciones de alta tensión, y mantener un criterio profesional independiente, que al final de su vida profesional, será su única recompensa. Los secretarios e interventores locales ofrecen buenos y diarios ejemplos de ello.

Sobre la incomodidad de sus funciones fiscalizadoras, en una reciente sentencia, el propio Tribunal de Cuentas de España nos ha recordado que no suele ser tarea fácil ni agradable y ”el ejercicio correcto de su trabajo puede dar lugar a situaciones de malestar y teórico enfrentamiento con los ordenadores de pagos”. En el asunto enjuiciado, el Interventor fue condenado a reintegrar el gasto (que había fiscalizado de conformidad) en unas esquelas de prensa nacional dando cuenta del fallecimiento del padre del Presidente de la Ciudad de Ceuta, dedicadas las citadas esquelas por sus propios familiares y no por la Corporación que la financiaba. “Pero es aquí donde radica la dificultad y, al mismo tiempo, la grandeza de la función interventora, amparada en cualquier caso por las leyes”, dice el Tribunal.

Alguien juzgará poco delicado reparar la idoneidad de un gasto en tan delicado momento, por eso los auditores deben abstraerse emocionalmente de la situación, alejándose de aquellas influencias que persiguen desviar su juicio.

Un suceso en el que se adoptó un punto de vista demasiado indulgente se destapó con el desplome del Banco americano Lehman Brothers. Los auditores no cuestionaron el uso del complejo pacto de recompra denominado “Repo 105”. Así, mediante lo que en esencia es un préstamo a corto plazo contabilizado como una venta, se lograba reducir la deuda en 50.000 millones de dólares. Los activos financieros “vendidos” eran, una vez publicado un balance trimestral más saneado, recuperados por el banco que se endeudaba de nuevo hasta los niveles originales para adquirirlos. El auditor toleró que el banco dejara de informar en la memoria acerca de estas operaciones y, por ello, el juez instructor norteamericano de la quiebra también imputa al auditor la responsabilidad. La prudencia es un principio contable y también una parte relevante de nuestro sentido común. También forma parte indisoluble de nuestra actividad el miedo, que debió excitar la imaginación de la firma auditora; miedo, seguramente, a perder a un cliente tan importante. Pero, claro, eso lo sabemos ahora.

Xavier Marcet,  en su lúcido libro “Cosas que aprendemos después” (editorial Plataforma, 2010. 190 páginas y 16 euros) reflexiona con sabiduría sobre múltiples aspectos del trabajo en las organizaciones. Nos recuerda que la gestión profesional está llena de miedos, que todos sobrellevamos como podemos. Nos movemos entre la emoción y la razón para hacerles frente: miedo a no estar a la altura, a no poder cumplir con nuestra responsabilidad, temor a la insidia o a que nos manipulen. El miedo nos acompaña en nuestro quehacer como directivos aunque a veces, dice Marcet, una forma de vencerlo es no tener miedo a compartirlo.

Publicado en La Nueva España.

Ser interventor en el sector público exige el ejercicio de unas habilidades muy poco habituales. Por si fuera poca tarea dominar toda la normativa financiera o de contratación, el Interventor debe estar dispuesto a afrontar presiones y conflictos por parte de las autoridades responsables de la ejecución del gasto público. En algunos casos, el enfrentamiento puede cobrar una virulencia extraordinaria ¿Qué hacer entonces? Muchos funcionarios hacen las maletas y cambian de destino. Otros se quedan para luchar. En cualquiera de los dos casos, es un proceso muy duro que suele dejar secuelas.

Sigo con cierta perplejidad el cruel asunto de la Interventora de Mislata (Valencia) que ha sido sancionada por el Alcalde con suspensión de su empleo durante seis meses “por incumplimiento de las funciones esenciales en su puesto de trabajo” ¿El detonante? … la liquidación de un contrato de obra pública. Veamos el diario El País, que lo presenta así:

La interventora, en un informe del 3 de diciembre del año pasado sobre la liquidación del contrato, avisó de que no quedaba “acreditado en el expediente si la ejecución de la obra se realizó correctamente”, por lo que no estaba claro que el consistorio abonase la cantidad pactada en la rescisión (14 millones de euros) y menos el sobrecoste denunciado por los socialistas (siete millones más), cantidad que el PP achaca a la “imaginación” de la oposición. El hecho es que ahora la Oficina Técnica de Mislata muestra que la obra es deficiente y la versión de la interventora y la oposición cobra fuerza.

El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) subrayó, en una nota de prensa,́ que la actuación de la interventora de Mislata “ha sido de todo punto correcta, seria y profesional” y expresó su “solidaridad” con la funcionaria expedientada al tiempo que se reserva “las acciones que, tras un examen más a fondo de los hechos, le puedan asistir ante los órganos judiciales”. Igualmente expresó su “más rotundo rechazo y malestar”, por la regulación por la que la Comunidad Valenciana “ha puesto en manos de los Ayuntamientos prácticamente todas las competencias sancionadoras sobre los Secretarios, Interventores y Tesoreros Municipales”.

Es oportuno recordar, como dijo el Tribunal de Cuentas, que la actividad de los interventores “no suele ser tarea fácil ni agradable, pues … el ejercicio correcto de su trabajo puede dar lugar a situaciones de malestar y teórico enfrentamiento con los ordenadores de pagos en lo que respecta a la corrección y adecuación de aquéllos“. También dice que nunca se debe bajar la guardia y, cuando eso acontece, aparece la responsabilidad solidaria del interventor y del ordenador de gasto.

Mi experiencia me dice que, en estos conflictos, el interventor pierde muchas plumas y pasará tiempo hasta poner a cada uno en su sitio. La indolencia o el miedo de muchos y los intereses de otros, someten a un vía crucis a ese funcionario, que se verá, de pronto, escrutado y desprestigiado en la plaza pública. Es la técnica habitual. Otros lo utilizarán como munición administrativa, mediática o política. En fin, la historia de siempre y los funcionarios nunca están preparados para protagonizar este espectáculo.

Los manuales de management destacan el gran reto que significa transformar las debilidades en oportunidades. El exitoso ejemplo del Hotel de Hielo cerca del circulo polar sueco, marcó una tendencia y dejó perplejos a muchos turistas por su alta ocupación.

Ahora ya contamos con otra experiencia. Los brasileños tienen una página web dedicada a los escándalos de corrupción que saquea su actividad pública. Hasta ahí, todo normal, pues Internet se ha demostrado como una gran herramienta de lucha contra la corrupción.

Sin embargo, lo que es más infrecuente era encontrar un verdadero museo virtual de la corrupción. Impulsado por un periódico brasileño, Diário do Comércio, el MuCo obtuvo el 9 de diciembre pasado (Día mundial contra la corrupción) el premio periodístico a la “Mejor contribución a la prensa en 2009″.

Pero eso no es todo, el éxito de la página ha propiciado la materialización de lo virtual y durante el mes pasado el Tribunal de Cuentas de Brasil acogió la exposición itinerante de su material con su “Hall de los casos”, sus salas “de los escándalos”, de las Comisiones Parlamentarias de Investigación o de la Policía Federal, todos con paneles de fotografías y explicaciones (ver video).

Además, el Tribunal presentó la maqueta de una posible futura sede del Museo de la Corrupción. El proyecto del que es autor el premiado arquitecto Rodrigo de Araújo Moreira (¡ya empezamos!) representa una monumental pirámide con base triangular apoyada sobre una superficie de agua y conectada a la acera por un pasillo, y una instalación en un anexo, que trata el tema de la corrupción en el deporte.

La pirámide es de metal y vidrio en las fachadas principales recubierto de acero inoxidable ciego (sin ventanas). El uso del vidrio permite al público la visión de la planta baja y cuatro pisos, donde se encuentran las salas. ¿La veremos algún día hecha realidad? Por ahora sólo es digital.

El recorrido (el virtual y la exposición itinerante) termina en la tienda “institucional” del museo, donde el visitante encontrará souvenirs como camisetas, aparatos de escucha, maletines e incluso sobornos virtuales. Se está trabajando para crear un Wiki a través del cual los lectores pueden enviar denuncias y comunicaciones.

Estafas norteamericanas

Dentro del mundo de las finanzas privadas, en Nueva York puede verse, desde la semana pasada, la exposición “Scandal!” en el Museo de las Finanzas Estadounidenses que, en pleno Wall Street repasa la cara más oscura del mundo financiero de este país. Durante todo un año, los visitantes podrán contemplar los grandes fraudes de la economía estadounidense.

Desde el primer “crack” de la Bolsa de Nueva York, en 1792, hasta la quiebra del gigante de la energía Enron, en 2001 o los más célebres canallas, como el financiero estafador Bernard Madoff, pasando por Charles Ponzi y su esquema piramidal. Mira el blog del museo.

De todos, uno de los más burdos fue el caso “Scandal Oil” (1963), en el que una empresa consiguió 150 millones de dólares en préstamos haciendo creer a los bancos que sus barcos transportaban aceite, cuando en realidad sólo llevaban agua con una mínima proporción de aceite, que al flotar en los tanques consiguió engañar a los auditores.

La planificación estratégica aparece en la literatura empresarial en la década de los cuarenta, poniendo el acento en el desarrollo a largo plazo y proponiendo una visión de futuro en referencia a la identidad institucional. Desde entonces su uso se ha generalizado y, a la vez, banalizado. También aquí hay mucho cuentista.

Sin embargo, la nueva gestión pública de la primera Administración Clinton impulsó esta práctica herramienta al exigir a todas las Agencias Federales norteamericanas fijar sus objetivos estratégicos, sus medidas de rendimiento para después auditar e informar del grado de consecución. Caído el Muro de Berlín, América redescubría los planes quinquenales rusos como forma moderna de dirigir el sector público.

Xavier Marcet analizaba ayer, en su blog, el declive aparente del concepto. Sin embargo, su aplicación a todos los ámbitos de la vida económica ya es un hecho: desde Ciudades o CCAA hasta las Universidades, la Justicia o la sanidad; desde las Infraestructuras tangibles a la intangible igualdad de oportunidades … todos hemos acogido este instrumento como forma de orientarnos en un entorno de amenazas y fortalezas. También ha sido una forma de dar trabajo a las consultoras.

Los órganos de control también

La Organización mundial de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) está discutiendo en la actualidad su plan estratégico institucional 2011-2016 que tiene la capacitación como eje principal y sustituirá al vigente 2005-2010. Los Órganos de Control Externo y los Tribunales de Cuentas de todo el mundo utilizan la planificación estratégica para determinar su misión, su visión, sus valores y sus objetivos. Así, dentro del órgano colegiado de tipo “clásico” podemos mencionar a Portugal, cuyo Tribunal de Cuentas lleva desde el año 2005 actualizando sus objetivos estratégicos.

El Tribunal de Cuentas Europeo aprobó un documento que declaraba los principales objetivos de fiscalización para el período 2009-2012, en relación con los distintos ámbitos políticos e incluye entre sus valores: junto a los clásicos de independencia, integridad, imparcialidad y profesionalidad, el siguiente mensaje internacionalista: “Implicarse de forma activa para seguir desarrollando la profesión de la auditoría pública en la UE y en el mundo entero”.

Pero me agrada, del mundo anglosajón, la Oficina Nacional de Auditoría de Australia, que establece, en su plan estratégico, los siguientes valores y comportamientos:

Respeto, integridad y excelencia, que en el gráfico siguiente son el marco de estas ideas:

- Predicar con el ejemplo

- Disfrutar de nuestro trabajo

- Apoyarse mutuamente

- Ser innovador y creativo

- Trabajar con valentía y tacto

- Comunicar de manera abierta y ser receptivo

- Celebrar y estar orgullosos de nuestros logros

¿Son palabras vacías? Para muchos se trata de una declaración de principios que quienes “sufren” una auditoría sin duda agradecerán. Muchas entidades de control reconocen que los “Clientes” (muy propio del mundo anglosajón) son los Parlamentos respectivos. Para el Auditor de Quebec, estos son “los únicos clientes”. Más elegantes, los australianos entienden que su parlamento es sólo el “cliente primario”, pues reconocen que también trabajan “para las Entidades del Sector Público”. Alguien pensará que esta es una divertida manera de perder el tiempo. No debemos subestimar esos procesos de reflexión institucional y, de vez en cuando preguntarnos por la utilidad de nuestras instituciones. Al menos, todos entienden que son diferentes los objetivos de un Tribunal de Cuentas (como el español) y un Auditor General como el británico o norteamericano.

Gran parte de los planes dedican especial importancia a los Recursos Humanos, pues estas instituciones no son otra cosa que empresas de servicios. Así, un ejemplo representativo de muchos: el Auditor General de Quebec declara en su plan estratégico que su fuerza se basa en personal “competente y dinámico que se fundamenta en la independencia, objetividad, respeto y rigor, con el compromiso de la ejemplaridad, la transparencia y la integridad”.

La NAO del Reino Unido reconoce en su plan estratégico (parágrafo 2.14) que “para cumplir nuestra estrategia se requieren grandes cambios culturales en la organización. Vamos a crear una cultura basada en el equipo, profesional, eficiente y de alto rendimiento, de acuerdo con una nueva relación entre el personal y sus jefes … el mejor comportamiento y talento serán reconocidos y recompensados adecuada y rápidamente. Este cambio será liderado por el ejemplo del equipo directivo de la NAO”.

En España, el órgano de control más avanzado en este tipo de planificación es la Sindicatura de la Comunidad Valenciana, que desde hace años aprueba su plan trienal, el último correspondiente al período 2008-2010. Sus objetivos estratégicos, que ya hemos presentado en otra ocasión, son los siguientes:

• Mantener y mejorar la confianza depositada en los estados financieros de las entidades públicas de la Comunitat Valenciana.
• Hacer una Sindicatura de Comptes más transparente y eficaz, maximizando la influencia de nuestros informes en la mejora de las prácticas de gestión de los entes públicos y manteniendo unas relaciones externas de alto nivel.
• Llegar a ser una entidad modelo, prestadora de un servicio profesional de primer nivel, adaptada a las nuevas realidades, con un entorno de trabajo equilibrado y una metodología continuamente actualizada.

Para alcanzar los objetivos estratégicos definidos en el Plan se han identificado una serie de áreas principales de actuación, en cada una de las cuales se señalan varios objetivos de acción detallados con sus respectivas metas.

Jorge era Inspector del Banco Central de la República Argentina, la institución que supervisa el sistema financiero de ese país. Como ocurre en el resto del mundo, un cuerpo de élite bien pagado y considerado dentro de la función pública. Gracias a su experiencia y elevada cualificación, durante sus años de ejercicio profesional daba conferencias e impartía cursos de formación a sus colegas. De vez en cuando se topaba con la corrupción que asolaba la vida cotidiana. Incluso llegó a conocer las interioridades del infierno bancario que supuso “el corralito”.

Como otros muchos descendientes de españoles o italianos que ostentan la doble nacionalidad, abandonó Argentina buscando una vida mejor. En realidad, la principal fuga de capitales es la humana: médicos, arquitectos o economistas- como él- llegaron durante la década pasada, contribuyendo a las altas tasas de crecimiento de España. Todos dispuestos empezar de cero, sacrificando su carrera profesional.

Tras aterrizar en España, lo primero que sorprendió a Jorge fueron los automóviles del aparcamiento del aeropuerto. Así, realizó el primer diagnóstico sobre la nueva sociedad en que viviría: “¡todos los carros son nuevos!” pensó mientras recordaba los desvencijados coches que transitan por las calles de Buenos Aires.

Empezó a trabajar de taxista. Si buscan “Jorge en el taxi” en Youtube encontrarán un video de TVE donde cuenta las razones de su emigración. Como argentino, brilla por su capacidad de comunicación y el reportaje es una delicia. Y como taxista era un gran conversador que entretenía a sus pasajeros comentando las cuestiones de actualidad. En mi caso, un colega con quien hablar de la crisis financiera o la gestión de riesgos.

Los tres tipos

Con su gran experiencia vital, me describió los tres tipos de inspectores que -a su juicio- transitan en el mundo de la auditoría: “Los Robin Hood, que son una minoría implacable que quieren salvar al mundo”. Cuando se notificaba a un banco que uno de ellos va a dirigir una inspección, los directivos fiscalizados exclamaban “¡la cagamos, che!” y comenzaban las maniobras de alto nivel para lograr su sustitución, por alguien menos previsible. La incomodidad que originaban en el departamento, muchas veces acababa con su carrera profesional.

Luego están aquellos que llevaban un tren de vida muy superior al que podían permitirse. Eran los preferidos por los banqueros para inspeccionarles y al no sufrir castigo alguno, por la creciente impunidad y la corrupción generalizada, podían encontrarse con cierta facilidad.

Finalmente, había otro grupo, entre los que se encontraba Jorge, que hacían su trabajo con honradez y profesionalidad, aun habiendo renunciado ya a cambiar el mundo. En cierta ocasión, Jorge rechazó las Cuentas Anuales de una Entidad Financiera supervisada; no descubrió ningún fraude, sino un burdo error contable. El gerente de la entidad, con quien Jorge trataba desde hacía tiempo por motivo de sus funciones, intentó “gratificarlo” para que omitiese su observación ante la inminencia de la Junta de Accionistas. Con la tranquilidad cotidiana que da el resultado de las tareas correctamente realizadas, Jorge declinó amablemente “la sugerencia”. A los pocos días, el directivo, encarecidamente, le pidió una cita, a la que acudiría con el Presidente de la Entidad, al tiempo que le comentaba a Jorge…”al final va a rodar mi cabeza porque creen que soy un incompetente incapaz de “gratificarte”. Y no lograron “gratificarlo.

Cuando el Gobierno argentino comenzó a recortar los sueldos de la función pública, empeorando sus condiciones laborales, los funcionarios más valiosos abandonaron la Administración. El deterioro de aquella sociedad y el derrumbe del sistema financiero argentino propiciaron que Jorge hiciera las maletas y cruzara hasta la vieja Europa para buscar el futuro de su familia.

Un eterno volver …

Cuando llamé estas navidades a Jorge para la felicitarle las fiestas, supe que estaba en paro: el dueño del taxi se había jubilado y transferido la licencia. “A veces las cartas vienen mal barajadas“, me dijo.

Pero Jorge es un luchador nato, un fajador veterano y rocoso dispuesto a pelear cada asalto. Como buen ajedrecista analiza su futuro. Otra vez en el punto cero. Otra vez la rueda de entrevistas laborales con dudosas ofertas de trabajo de algunos empresarios poco éticos que prometen pagar a partir del tercer mes, o trabajar sin sueldo durante un periodo indeterminado de prueba.

Hoy, en este país que es la España de los cuatro millones de parados, necesitamos a gente como Jorge; no por nuestra deuda histórica con esa Argentina que, cuando el hambre apretaba aquí, recibió a muchos de nuestros abuelos. Al igual que ellos, están hechos del mismo y valioso material emprendedor que les permite caer y levantarse tantas veces como sea necesario, sin perder el optimismo y las ganas de salir adelante. Un lujo.

Este artículo fue publicado en el diario La Nueva España, el 13 de febrero de 2010.

El artículo de Pilar Mera en el diario La Opinión de La Coruña vuelve a poner el foco sobre la difícil tarea de los funcionarios que tienen encomendado el  control de legalidad de las Entidades Locales. Debemos agradecer a los medios de comunicación que reconozcan la importancia de un colectivo profesional que viene prestando impagables servicios en la defensa de los intereses públicos.

Un trabajo “extremadamente delicado y ejercido bajo mucha presión“, según Vicente Calvo, directivo de la Asociación Sindical de Funcionarios con Habilitación Estatal (Aesfal), que denuncia lo “expuestos” que están estos empleados públicos al poder de los alcaldes, con los que trabajan a apenas unos metros, pero al que deben reparar sus excesos. “Y, al mismo tiempo, él puede bajarnos el sueldo, abrirnos expedientes disciplinarios o incluso despedirnos”, concluye.

Es notoria la soledad que caracteriza estas funciones, en un permanente juego del gato y el ratón entre interventores y alcaldes. La Autoridad que hace caso omiso de sus informes se expone a prevaricar. Y el funcionario que se olvida del reparo incurre en responsabilidad solidaria. Todo en un escenario de gran cercanía y observancia de los movimientos por la oposición política, la opinión pública y publicada.

En un momento de vacas flacas para todos los presupuestos y, en especial para los ayuntamientos, la tarea de control se vuelve más difícil aún. Aparecen nuevas tentaciones de ingeniería financiera, de facturas en el cajón, de bordear los límites del endeudamiento.

Un ejemplo: SAP de Salamanca de 29-10-2009

Las dificultades a las que se enfrentan las relaciones entre algunos habilitados y los respectivos gobiernos locales, se ponen de manifiesto en la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, de 29 de Octubre del 2009 (Ponente Manuel Moran González) cuyo texto sintetizo a continuación.

En ella, los magistrados realizan una interpretación muy generosa de los conocimientos y responsabilidades de los alcaldes y concejales de los pequeños ayuntamientos, legitimando los asesoramientos externos contra el titular del órgano de control de legalidad, lo que permite absolverlos de múltiples acusaciones, por falta de dolo. Aviso que su lectura puede herir sensibilidades a los funcionarios locales.

Hechos probados

PRIMERO.- Los acusados Tarsila, Humberto y Patricio, pagaron con cargo a los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Monterrubio de la Armuña, las costas derivadas de un procedimiento penal, impuestas como consecuencia de la absolución en la querella presentada contra la Secretaria de dicho Ayuntamiento, Purificacion. Dichas costas las pagaron con cargo a dichos presupuestos, en virtud del convencimiento de la actuación en dicho procedimiento con carácter público y no particular.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Monterrubio de la Armuña, el 27 de Febrero de 2003, del que eran miembros los acusados, aprobó, con el reparo expreso de la Secretaria, acuerda:

1º.- “Personarse en el Procedimiento de Reintegro por Alcance que se instruía en el Tribunal de Cuentas.

2º.- Designar a los Letrados del Despacho de “Garrigues Abogados y Asesores Tributarios” encomendándoles la preparación del escrito de demanda y demás trámites precisos.

3º.- Facultar a la Alcaldía para que en nombre y representación de este Ayuntamiento otorgue los poderes precisos a favor de los anteriores profesionales.

4º.- Aprobar el presupuesto de honorarios expresado en la comunicación de fecha 24-2-2003 del Despacho de “Garrigues Abogados y Asesores Tributarios” y en caso de que sobrepasara la consignación presupuestaria existente, el Concejal D. Humberto, se compromete a hacer las gestiones precisas para que no se facture en este ejercicio cantidad alguna que supere tal consignación”.

A fin de facilitar el pago de la minuta de intervención del citado bufete, se fraccionó el pago en dos cantidades distintas, con la emisión de las facturas correspondientes a fin de no superar el 10% de los recursos ordinarios presupuestarios; en el convencimiento de que al ser una práctica ya acometida con anterioridad evitaba inconvenientes burocráticos.

TERCERO.- En el Pleno de 17 de Febrero de 2003 la Secretaria de la Corporación emitió informe sobre la necesidad de publicación de las normas urbanísticas subsidiarias del Municipio, que no habían sido publicadas desde el año 1.993, sin que Secretario Municipal alguno advirtiera tal circunstancia. Ante la problemática que la publicación de tales podía generar, basados en los informes del Secretario del Ayuntamiento, y de un Letrado especialista en Derecho Urbanístico, en los plenos de 20 de Marzo de 2.003 se acordó la revisión de oficio de los acuerdos de los plenos que aprobaron tales normas subsidiarias.

Fundamentos de derecho

PRIMERO.- El campo del Derecho Penal no es el terreno más apropiado para dirimir toda suerte de conflictos. Los principios de intervención mínima y última ratio convierten a esta disciplina en una materia residual, a la que se acude en aquellos casos de gravedad contrastada.

SEGUNDO.- Los acusados satisfacen con cargo a los Presupuesto Públicos municipales las costas derivadas de la Sentencia dictada en fecha 25 de Febrero de esta Audiencia, porque la actuación de que derivaba esa condena en costas era una actuación pública, en modo alguna privada. Sin perjuicio de la mayor o menor fortuna en la redacción de la querella presentada contra Purificacion, lo cierto es que la interposición de ésta no fue una actuación caprichosa, derivada de la animadversión hacia ella, aunque es obvio que la relación entre las partes estaba muy deteriorada, sino que se hace después de que se adoptara el acuerdo en el Pleno de 24 de Noviembre de 2000, una vez que los hoy acusados se hubieran informado a través de dos letrados, de presuntas irregularidades en la actuación de Purificacion, por lo que Humberto exigió la puesta en conocimiento de la Justicia.

Consta el Informe de la Comisión de Cuentas, en donde se informa que la actuación de la Alcaldesa y concejales en el procedimiento se hizo como miembros del Ayuntamiento y no a título particular. Es este asesoramiento lo que hace desquiciar el carácter privado y caprichoso de la querella. Podrá discutirse si el asesoramiento era o no correcto, pero ello podrá motivar el acudir a otros terrenos procesales para intentar enmendar la circunstancia del pago de las costas con cargo al erario público en vez del erario privado.

TERCERO.- La prevaricación que pretenden las partes acusadoras, artículo 404 del CP, exige un dolo específico, como es la conciencia y la voluntad de obrar vulnerando le Ley existente. Y en el terreno del dolo hay fronteras estrechas con la negligencia que no permiten interpretaciones extensivas. Desde luego, la mezcolanza que existe en muchos de nuestros Ayuntamientos nacionales, en especial de los menguados, entre adversidades políticas, que a veces se confunden con adversidades personales, asesoramientos diversos, e incultura jurídica elemental de sus componentes, no tienen por qué tenerla, no permite en principio la afirmación clara de un dolo de una conciencia nítida de comisión de ilegalidades.

En lo que concierne al delito definido por las partes acusadoras referente a la gestión del reintegro de alcance acordado en Pleno de 27 de Febrero de 2003, es cierto que ha existido una advertencia, un informe de reparos de intervención, emitido por el Secretario Municipal; y de existir sólo esta circunstancia situaría la actitud de los acusados posiblemente en la existencia del dolo de prevaricación. Sin embargo hay más. Las actuaciones surgen como consecuencia del asesoramiento del interventor y el asesoramiento del Despacho de Garrigues, así consta documentado, y así declaró el Letrado de dicho Bufete en el acto de la vista que no dejaron lugar a dudas sobre el minucioso estudio del asunto y la conveniencia de ese procedimiento. Por lo tanto, ese parecer distinto entre el asesoramiento de un Secretario Municipal y un Letrado del bufete de Garrigues, es lo que una vez más pone en muy serias dudas la existencia de dolo, del obrar de los acusados con nítida conciencia de un actuar contrario a la normativa pertinente.

Si se diversifica la cuenta del despacho de Garrigues en dos contratos se hace no con una intencionalidad dolosa sino como una maniobra a la que se acudía habitualmente en otras ocasiones. Es posible que esa manera de proceder sea irregular, más ello debe ser llevado a la jurisdicción pertinente y no a la penal, porque lo que las partes deben probar es el conocimiento y voluntad de obrar en contra de Derecho para que prospere su pretensión.

En el curso de esta relación entre las partes implicadas del procedimiento, el hecho de la intervención del acusado Humberto en el informe emitido a que se refiere el escrito de la Acusación Particular, a pesar de la recusación formulada por Purificacion , como la solicitud genérica de documentos efectuada por la misma referida en el mismo escrito, sin otras circunstancias, no suponen por sí la comisión delictiva alguna, la intencionalidad clara de que los acusados pertinentes estuvieran cometiendo delito alguno. Volcar en un escrito de acusación hechos y datos sin concreción suficiente y sin calificación precisa, a pesar del digno esfuerzo del Letrado en el acto del juicio, no puede obligar a las partes adversas a hacer una defensa diabólica sin saber muy concretamente que es lo que hay qué defender.

CUARTO.- Donde la inexistencia de intencionalidad de prevaricato se hace más ostensible es en el acto de no publicación de las normas urbanísticas que recomendara por el Secretaria de la Corporación en el Pleno de 17 de Febrero de 2003. Del mismo modo que no se observa la anterior intencionalidad en el acuerdo de revisión de oficio de los Plenos a que se refiere el Ministerio Publico en su calificación. Para empezar no parece muy diáfano que los acusados tuvieran conciencia de ilegalidad con la no publicación, cuando esta circunstancia venía aconteciendo desde hacía diez años con el silencio y no reparos de Secretario alguno de la Corporación Municipal. Pero es que a mayor abundamiento había informes adversos que recomendaban su no publicación y la modificación de lo acontecido.

QUINTO.- No existe temeridad en la conducta de la parte acusadora particular. Lo anteriormente descrito, las posiciones fronterizas entre la existencia o no de intencionalidad en los actos cometidos, permite prudentemente la querella que se ha formulado. Ello motiva la no condena en las costas generadas por las partes adversas a cargo de dicha acusación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes conferidos por la Constitución,

Fallamos

Que debemos absolver como absolvemos a Tarsila, Humberto y Patricio de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, y falsedad en documento público, de que son acusados tanto por el Ministerio Fiscal como por la Acusación Particular; declarando como declaramos ser de oficio las costas causadas.

El Doctor Adolfo Dodero suele iniciar sus amenas charlas sobre presupuestos y contabilidad local con alguna referencia histórica. Él nos facilita la foto que sirve de presentación de esta entrada y donde un riguroso contable castellano del siglo XVII dejaba constancia en los libros de todos los gastos del Ayuntamiento de Medina de Rioseco, que dice lo siguiente:

“Deven costas generales de este año 2.924 maravedís, por Baltasar Cidrón,librados en el susodicho por esta Villa al Regidor Bernardino del Puerto,por gastados de orden de esta Villa en truchas y salmón que embió aValladolid al Regidor Francisco de Eraso para rregalar algunas personas para el buen despacho del pleyto de privilegio de portazgos desta Villa con elcondestable y sus portazgueros“

En fin, que hoy el simple conocimiento de un asiento similar nos obligaría, cuando menos, a releer el código penal para conocer si se trata de una dádiva para “influir” en algún procedimiento público.

De la misma manera, las ordenanzas del año 1605, queel Rey de España, Felipe III, por los que creaba los tres Tribunales de Cuentas en el hermano continente americano, cuidaba el comportamiento de los encargados de los asuntos financieros y tributarios, en el parágrafo 50:

“Otrosi mandamos que no reciban ni puedan recibir dadivas ni presentes, aunque sean de cosas de comer, de ninguna persona que tenga cuentas que dar ni negocios ante ellos, ni que se pueda esperar que verosimilmente los podrán tener ni antes ni después de haber dado las cuentas… “

Hoy, el mundo administrativo español conoce una herramienta mágica para agilizar los trámites: el “enchufe”. En América latina le otorgan diversas denominaciones según los países. En Brasil, es muy gráfica la denominación de quien tiene “pistolao”, en Colombia “palanca” y en Argentina “cuña”. Es su solución a los males de la burocracia.

Las encuestas nos dicen que los españoles no perciben que para “moverse” en la Administración sea imprescindible “conocer a alguien” que aligere los trámites. Aunque, para el CIS, es mayoritaria (82%) la opinión de que el trato que recibe la gente de los funcionarios varía según los contactos que se tengan, la realidad es que al 42% casi siempre o a menudo los funcionarios le tratan de manera imparcial.

El polifacético economista Xavier Sala i Martín tiene un divertido artículo que explica que, estimando la diferencia entre los precios pagados por el obsequiante de los regalos y las valoraciones que de ellos hacen los obsequiados, la ineficiencia de los regalos de Navidad era del 10% del gasto.

El regalo parece ser una “tecnica de comunicación” de la empresas con sus clientes. En el decálogo del buen regalo, los expertos en Relaciones Públicas recuerdan que son preferibles aquellos de consumo inmediato, huyendo de los envases exagerados, de animales o de los artículos de broma.

Ya hemos hablado en la bitácora de los regalos en la Administración. En el siglo III, un jurista llamado Domicio Ulpiano se preguntaba qué regalos podían aceptar los altos funcionarios del imperio. Su consejo era: “Ni todo, ni siempre, ni de todos … rehusar de todos es una falta de educación, pero aceptar siempre parece de indecentes, despreciable aceptar de todos, y avaricioso aceptarlo todo”.

El Código de Buen Gobierno de los Ayuntamientos, aprobado por la FEMP expresa que “Los electos locales no aceptarán regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía por parte de entidades o personas”. Tampoco faltan iniciativas para regular el límite máximo del precio de los regalos que se pueden aceptar.

Recientemente, un amigo recibió un regalo de viandas enviado por un empresario que conocía desde hacía muchos años. No quiso ofenderle devolviéndolo, cual era su deseo. Tras la denominada trama Gurtel y el gran debate mediático durante los últimos meses, estas liberalidades están “quemadas” en el ámbito público. Así, que, ni corto ni perezoso, el caballero se fue a la Cocina Económica de su ciudad (el comedor social para los desfavorecidos) y se lo entregó a una sor-prendida monja-cocinera. Él me dice: “así, todos ganan”, pero ¿Hizo bien?

Google hizo muy popular la regla del 70-20-10, por la cual sus empleados distribuyen el tiempo de trabajo en esa proporción. El 70% deben dedicarlo al negocio principal, es decir, el buscador. Además, sus ingenieros pueden dedicar el 20% de la jornada a investigar servicios no directamente relacionados con su tarea, aunque dentro de los múltiples objetivos de la compañía. Y el 10% restante del tiempo puede usarse en desarrollar cualquier idea, por muy extraña, extravagante o absurda que parezca.

Mucho se ha discutido sobre la aplicación de estos principios a la Administración Pública. El año pasado, dentro del Programa de Actividades Institucionales para las Reformas en las Oficinas (PAIRO), se decidió valorizar aquellas actividades particulares de los empleados públicos con el objetivo de Aumentar su Creatividad así como Desarrollar las Competencias (AC/DC).

Se trata de que los funcionarios tengan la obligación de completar la jornada laboral (una tarde a la semana) con dos actividades de carácter deportivo o artístico. Son varias las Entidades Locales que ya están negociando su implantación, en pleno debate con los órganos de representación de asuntos espinosos, como la inclusión en el catálogo de los juegos de azar o los bailes de salón.

Ha sido una iniciativa muy eficaz y hoy ya pueden presentarse los primeros resultados y descubrir a los lectores de la bitácora algunos de los éxitos corporativos, demostrando que pueden conciliarse con el burocrático mundo de la fiscalización, cuando se pone empeño especial. Son muchos los departamentos que participan en este pionero proyecto que dará mucho que hablar en el futuro, aunque ya han aparecido las primeras críticas.

De acuerdo con el calendario de efemérides de la ONU, mañana se celebra en todo el mundo el Día internacional de la lucha contra la corrupción, con la finalidad de aumentar la sensibilización ciudadana sobre el asunto, así como del papel que puede desempeñar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para combatirla y prevenirla. Así lo dice ese tratado en su Preambulo:

Para las Naciones Unidas, esta Convención es la culminación de una labor que se inició hace muchos años, cuando la palabra “corrupción” apenas se pronunciaba en los círculos oficiales. Fue necesario hacer esfuerzos sistemáticos —primero de carácter técnico y luego, gradualmente, político— para llevar la lucha contra la corrupción a la agenda mundial.

Análisis técnico

La corrupción puede verse como un mercado donde un comprador privado ofrece un precio (soborno) a un vendedor (funcionario o autoridad pública). Ambos se comportan de manera racional buscando maximizar su beneficio en un punto de equilibrio, que tenga en cuenta todos los factores en juego. Puede hablarse de un comportamiento corrupto óptimo y la ciencia económica ha construido toda una rama dedicada a su estudio: la economía de la corrupción.

A principios de esta década, asistí a los cursos que integraban el doctorado sobre Aspectos jurídicos y económicos de la corrupción, de la Universidad de Salamanca, hoy incluido en el Master en Buen Gobierno. Allí conviví durante varios meses con brillantes académicos de variadas áreas de conocimiento y con una veintena de prometedores doctorandos latinoamericanos.

Durante los primeros meses, el profesor Fernando Rodríguez nos explicó, entre complejas gráficas y fórmulas, la Teoría Económica de la Corrupción. Recuerdo que me resultaba muy extraño modelizar este fenómeno con una una distancia propia de asuntos menos apasionados. Hablábamos del funcionario corrupto o del punto de equilibrio estable que maximiza el soborno, con una naturalidad científica pasmosa, cual si fuese termodinámica.

De sus apuntes, que he recuperado estos días de tanto escándalo, quiero recordar la modelización económica de este tipo de comportamientos. Una primera conclusión es que, con carácter general puede decirse que el funcionario no tendrá incentivos para llevar a cabo el comportamiento corrupto cuando el coste marginal supere la máxima disponibilidad a pagar por la mercancía considerada.

Por ejemplo: el coste marginal de cada acto corrupto puede ser expresado con la siguiente ecuación:

C* = Pe + Ci + S?

… al soborno Pe, que percibe el funcionario corrupto, hay que añadir la insatisfacción que produce el comportamiento corrupto por motivos éticos o morales, lo que incrementará el coste marginal en una cuantía que denotaremos Ci y que consideremos constante. Por otra parte, el efecto sancionador marginal se mide por la sanción S con probabilidad ? …

Desgraciadamente, debemos admitir que este tipo de análisis está asumido por el subconsciente de la ciudadanía. En la Latinoamérica, es habitual que la elección entre dos candidatos parezca una disyuntiva entre uno que “roba, pero hace” y otro que “es honrado, pero poco eficiente“. Es el homo económicus en estado puro. Si habla con un taxista sobre el asunto, no dude que le hará un planteamiento similar, de análisis coste -beneficio, sin haber estudiado a Samuelson.

Este enfoque económico de aspectos sociológicos o políticos me recuerdan otro, formalizado en los años 60, por Niskanen que elaboró todo un modelo de comportamiento burocrático, que hoy forma parte (no sin críticas) de cualquier programa de la asignatura Hacienda Pública. Niskanen partía de que la conducta del director de una agencia busca la maximización de su utilidad, según una función que depende de variables tales como el salario, las ventajas del puesto, la reputación pública, el poder, el output de la agencia y la facilidad para dirigir y hacer cambios en ella. Todas estas variables son funciones crecientes del presupuesto correspondiente. Así, el autor concluye que el burócrata busca la maximización del presupuesto.

Me entero con retraso de que el 7 de octubre fue el Día Mundial del Trabajo Decente, una jornada promovida por la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales de todo el mundo y una sobrecogedora celebración, por lo que tiene de amenaza. ¿Cómo puede ser?

El mundo occidental empezaba el siglo XXI creciendo a merced de una nueva y potente tecnología de la información y de las comunicaciones, que favorecía una elevada productividad. Pareció no importar demasiado que un gigante, al que todos queríamos vender, se incorporase al mundo económico, donde máquinas y robots ya estaban haciendo las tareas más duras.

Así, China fue admitida en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001. Eso, significó, en la práctica, convertirla en la fábrica del mundo. Una descomunal factoría a la que no podemos imponer restricciones ni aranceles de ningún tipo, aunque conozcamos su dumping social o medioambiental.

Los contenedores comenzaron a surcar los mares en enormes barcos con los productos que nos traían mientras empleos e innumerables empresas deslocalizadas se movían en dirección contraria. El escenario es hoy definitivo: todo se puede fabricar más barato en Asia. Europa, no tiene más remedio que vivir en la sociedad de los servicios.

Sin embargo, la fecha de ese tratado supone para los europeos algo así como el fin de nuestra era industrial. Con ella se fueron los empleos estables, donde las empresas valoraban los conocimientos (ahora la creatividad) o la experiencia laboral (ahora la competitividad). La promoción laboral en aquella era industrial surgía a partir de los 40-50 años, mientras que ahora parece finalizar a esa edad, cuando empiezas a soportar eso que los jugadores de golf llaman handicap.

Los excelentes humoristas asturianos de Terapia de Grupo, en un agudo diagnóstico, caricaturizan esta situación, donde el único referente de empleo de calidad es la Administración Pública. “Puestinos y perres pa tós”, satirizan.

Negro futuro …

Por el contrario, Raimón Samsó, en su libro El código del dinero (Obelisco, 2009, 315 páginas y 15 euros) nos dice: “si te queda mucho para jubilarte, empieza a hacerte a la idea de que se avecinan cambios muy gordos”. Recomienda hacerse emprendedor o, al menos, no trabajar en algo que pueda realizar más rápido un ordenador o más barato un asiático. Su receta es: “especialízate, entrega talento no digitalizable, sé no intercambiable y cultiva la proximidad”.

¿Qué conocimientos necesitaremos en el futuro? ¡Quien lo supiera! El 95% de nuestro actual catálogo de productos y servicios no existía cuando yo nací. La movilidad será la característica de la sociedad nómada a la que vamos. Movilidad geográfica y profesional. Incluso, los tradicionales servicios europeos de consultoría bursátil, que se prestan con criterios de proximidad, ahora se ofrecen desde la India, más baratos.

Recortar los costes o reducir plantilla no servirá de nada, predice Samsó. No se trata de aumentar los beneficios sino de sobrevivir: el empleo estable, bien retribuido, con ventajas sociales se extinguirá. Como lo oye. Imagino a mi admirado “Pepe el Ferreiro” enseñando el museo etnográfico de Grandas de Salime y diciendo: “En esta sala tenemos el trabajo decente, desaparecido en la primera década de este siglo. Aquí están los conserjes y allí los directores generales. Haxa salú”. Pepe les hablará de la lealtad o del orgullo de pertenencia a una organización o a un oficio, que también se esfumaron con el trabajo “decente”.

Los jóvenes que lean esta reflexión dirán: “¡Ah, se siente! Llevo siete empleos en dos años. Ahora estáis tan pringados como nosotros”. La transformación laboral a la que nos enfrentamos parece tan profunda como inevitable. De hecho las grandes empresas, hace décadas que están rodeadas de “contratas” con condiciones laborales menos “decentes” que la principal.

Todos perpetuamente renovados en empleados temporales, transformados en trabajadores autónomos o en teletrabajadores, en cualquier nivel de la organización, cada vez más plana. Un país lleno de ETT’s de todo tamaño y objeto, moviendo sus empleados cada seis meses. Y los funcionarios no escaparemos a esta revolución.

Las diversas Administraciones Públicas, en sectores dinámicos con fuerte presencia tecnológica, se han dejado llevar por esta tendencia a la externalización (¡palabro!) temporal de trabajos. Así, durante el desarrollo de diversas fiscalizaciones, el Tribunal de Cuentas fue detectando la contratación de empresas de servicios que generaron demandas de su personal (la Oficina Española de Patentes y Marcas con 202 trabajadores afectados) que han obtenido sentencias judiciales favorables a su transformación en empleados públicos indefinidos no fijos.

El asunto dio lugar a una interesante moción del Tribunal de Cuentas de 26 de febrero de 2009, para que se evite el recurso a la contratación de servicios externos para suplir la carencia de medios personales, cuando se trate de hacer frente a necesidades permanentes de personal, relacionadas con el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas ese organismo.

Este artículo fue publicado en el diario La Nueva España, el 23 de octubre de 2009.

Hace unos días, coincidí con un buen amigo, profesor universitario de contabilidad, participando en un seminario sobre control financiero. Durante el café, hablamos de sus últimos proyectos y me hizo saber que estaba emigrando hacia otras áreas de la economía, que ahora le parecían más interesantes.

¿Cómo? La contabilidad es demasiado estática, me dijo. “Ahora estoy enganchado a los experimentos de preferencias declaradas (EPD)”. Por ejemplo, le interesaba, más que los complejos modelos econométricos, saber si el nivel moral o las corruptelas tienen relación con la posición social o económica de cada quisque y así orientar la toma de decisiones públicas. Para ello, diseñaron un proyecto de investigación que incluía a los camareros del bar de la facultad que, ante los pagos devolvía los cambios muy generosamente, para saber el perfil de los comportamientos honrados. También estudiaban el nivel de aceptación de ofertas de empleo por el mismo sueldo que la prestación de desempleo.

El asunto me hizo recordar la película “El experimento” basada en un hecho real acontecido durante 1971 en la Universidad de Stanford para estudiar la respuesta humana a la cautividad, en particular a las circunstancias reales de la vida en prisión y los efectos de los roles sociales impuestos en la conducta.

Se reclutaron voluntarios que desempeñarían los roles de guardias y prisioneros en una prisión ficticia. Sin embargo, el experimento se les fue pronto de las manos y se canceló en la primera semana.

Hay todo un mundo por descubrir en la economía del comportamiento humano, incluso cuando actúa en forma lógica. He aquí un buen ejemplo:

Psiconomía

El reciente libro de Javier Ruiz, Psiconomía (Aguilar, 199 páginas, septiembre de 2009 y 17 euros) nos habla de una nueva disciplina que quiere ser más realista al incorporar a la economía los mecanismos irracionales en la decisión humana (ver blog).

Veamos unos ejemplos que se mencionan en el texto. La Universidad de Stanford probó que, quienes creen estar bebiendo un vino de 45 dólares experimentaban más placer que quienes creían beber uno de 5 dólares. Conclusión: encarecer un producto mejora la satisfacción del cliente. O sea que los laboratorios farmacéuticos … ¿nos ayudan cuando encarecen sus productos? Parece que si.  La Universidad de Iowa probó que “los fármacos más caros curan más” pues los pacientes que habían pagado 2,5 dólares por sus medicinas experimentaban mejores efectos que quienes pagaban 10 centavos por ellas. Esto de la psiconomía es realmente interesante y explica los espejismos y desajustes que se producen en nuestra economía diaria.

Así, el sesgo de la confirmación, que hace que estemos más predispuestos a escuchar y aceptar aquella información que refuerza lo que pensamos y tendemos a menospreciarla si lo contradice. Eso explicaría porqué casi nadie advirtió la crisis actual. El propio Financial Times en su portada de 30-12-2008 se preguntaba “¿Por qué la crisis ha sido tan inesperada? Por que la gente ignora las predicciones que no le gustan”.

Los experimentos también previenen frente al exceso de información y su redundancia. En 1994 quince compañías fueron presentadas a analistas de tres maneras diferentes, añadiendo información redundante. El resultado fue que cuanta más información recibían menor fue su nivel de aciertos en las previsiones. No es de extrañar tanto error. La Universidad de Estocolmo logró probar, hace unos años, que lanzar una moneda al aire para tomar la decisión de comprar o vender acciones era más rentable que confiar en las previsiones de los analistas: 50% frente al 40% de aciertos en los asesores.

Premio Nobel de Economía

Estos asuntos interesan mucho a la economía. La estadounidense Elinor Ostrom acaba de ganar el Premio Nobel de Economía 2009 (compartido con Oliver E. Williamson) por sus estudios sobre el comportamiento humano en relación con las Instituciones colectivas.

¿Cómo un grupo de ciudadanos interdependientes puede organizarse y gobernarse a si mismos para obtener beneficios continuos ininterrumpidos, a pesar de la tentación del gorroneo (free-ride)? La respuesta, aquí. Bueno, no os engaño: aporta una explicación científica. El resto del mundo llevamos años buscando la respuesta.

De este, modo Ostrom ha aclarado las características centrales del autogobierno, como que la participación activa de los usuarios es esencial, y las reglas impuestas desde el exterior tienen menos legitimidad y hay mayor probabilidad de que sean violadas.

Le mereció atención especial el centenario “Tribunal de las Aguas” del levante español, que sigue manteniendo hoy día su arbitraje en los conflictos por el uso del agua de manera muy eficaz y robusta; mientras tanto, instituciones para el riego creadas por los gobiernos generan muchos conflictos y en ocasiones no funcionan en absoluto. ¿Porqué? y  ¿Porqué no existen más instituciones “espontáneas? Un tema para un Premio Nobel.

Este artículo fue publicado el 10 de diciembre en el diario La Nueva España

Ayer leíamos en el diario ABC que el Gobierno aragonés ha ofertado a sus trabajadores un curso para prevenir la ansiedad y el estrés en el que, entre otras materias, se enseñará a los empleados autonómicos a cultivar el sentido del humor. Una iniciativa no tan infrecuente en la Administración Pública, tan encorsetada en los clásicos principios de la burocracia.

Otro ejemplo lo encontrábamos, durante elpasado mes de agosto, en el diario Washington Post que se hacía eco (y mofa) de la contratación de un humorista y un caricaturista por la Oficina de Deuda Pública del Departamento de Tesoro norteamericano. Se trataba de animar a sus empleados con una presentación divertida sobre la necesidad del humor en el lugar de trabajo. Cuando la prensa descubrió el asunto retiraron el anuncio de Internet, a pesar de lo cual fueron objeto de los chistes de la prensa seria, como puede leerse más abajo (Gracias a Yusilios).

Los humoristas del citado periódico aportaron su granito de arena en una tribuna donde juegan con los las palabras números rojos y blues – azul pero también canción triste- de esta manera:

Desafortunadamente, ustedes retiraron la convocatoria tan sólo 12 minutos después de que los medios de comunicación se enterasen de ello. Se rieron de ustedes. Un desperdicio del dinero de los contribuyentes, insinuaron. Tonterías. Pensamos que era una idea genial, sobre todo después de hacer un poco de investigación sobre la forma en que sus empleados pasan las días de trabajo: Básicamente, mantienen una exhaustiva contabilidad al céntimo, para saber con exactitud cómo de inevitable y profunda es la deuda de los Estados Unidos, y saber a quien debe dinero, incluyendo – esto es verdad – Kazajstán, Kirguistán y Letonia. Sus empleados no necesitan burlas. Necesitan ayuda.

El buen ambiente de trabajo es un importante factor para el rendimiento, del que ya hemos hablado con ocasión del Día Internacional de la diversión en el trabajo. Una organización inteligente previene, y en su caso neutraliza los conflictos personales, los agravios comparativos, la sofocación de iniciativas, la retención maliciosa de información, el mobbing, los alardes innecesarios de poder, la primacía de espurios intereses personales, la elusión de responsabilidad.

Este tipo de remedios activos parece fortalecer la cultura corporativa, propiciando actitudes cooperativas del petulante, del soberbio o del ególatra, a la vez que desarrolla el sentido de pertenencia y la hace menos estamental. Y es que los trabajadores del conocimiento, para ser eficaces, requieren de cierta motivación o de relación de equipo y de unas circunstancias cada día más satisfactorias.

Otra curiosa iniciativa es la protagonizada por la Comisaria Europea Mariann Fischer, casada con un granjero y muy critica con que “muchos funcionarios han pasado directamente de la universidad a las oficinas del distrito europeo de Bruselas sin tener raíces en el campo ni haber entrado en su vida en una explotación agrícola”.

Muy preocupada por la carga administrativa a la que deben hacer frente las explotaciones agrícolas, la Comisaria se ha fijado el objetivo de reducir la burocracia de la Política Agrícola Común en un 25% para el año 2012 creando varias plataformas de especialistas sobre simplificación administrativa. En ese marco promovió, en marzo pasado, una comunicación titulada “Una PAC simplificada para Europa: un éxito para todos”, cuyo epígrafe 5.4 afirma textualmente:

A partir de 2010 se pondrá en marcha un programa de formación para funcionarios de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural que comprende la estancia en una explotación. Lo que se persigue con él es adquirir un mejor conocimiento de los detalles prácticos y los problemas que se le plantean al sector. Dicho conocimiento puede traducirse en políticas que reflejen aún mejor la situación práctica en la que se hallan los agricultores y contribuyan de ese modo a mejorar la legislación. Actualmente se están estudiando los detalles concretos del programa.

El titular del diario Cinco Días nos recuerda que el 78% de las grandes empresas españolas cuenta con un comité de auditoría y una dirección de auditoría interna. Además, el tamaño de estos departamentos ha crecido de forma importante en los cuatro últimos años.

Estas conclusiones se obtienen del III Estudio sobre la Situación de la Auditoría Interna en España realizado por KPMG y el Instituto de Auditores Internos para analizar diversos aspectos de esa profesión en nuestras organizaciones.  En la realización de este estudio se confeccionó un cuestionario que fue cumplimentado por 121 directivos de organizaciones de todos los sectores de actividad y de diferentes tamaños, que permitió estudiar la evolución de la Auditoría Interna con respecto a ediciones anteriores (2001 y 2004), así como anticipar las tendencias previsibles de acuerdo con las necesidades de las organizaciones y la legislación.

En las sociedades cotizadas, para cumplir con la Ley Financiera, todas disponen de un Comité de Auditoría y un 94% con auditor interno. Muchas de las no cotizadas cuentan también con ambos departamentos. La recomendación 47 del Código Unificado anima a que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión del comité de auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno. Ya hemos hablado aquí del creciente papel de estos Comités en las Sociedades de interés Público, en la reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Crecimiento espectacular

Entre 2004 y 2008 el tamaño de las direcciones de auditoría interna ha crecido en un 65%, pasando de 17 a 28 auditores de media. Este dato sin embargo, varía de forma significativa en función del tamaño de las organizaciones – siendo de 60 auditores para más de 4000 empleados y de 14 en las de menos de 1000-. También ha crecido más del 36% el ratio de auditores internos sobre el número total de empleados -pasa del 0,22% al 0,30%-.

Entre los resultados del informe destaca que la gran mayoría de las direcciones de auditoría interna dependen jerárquica y funcionalmente de los órganos de gobierno o los máximos ejecutivos. Pero los autores del informe señalan que “resulta llamativo” que esto aún no sea una realidad en el 18% de las participantes en el estudio o que no dependa funcionalmente del comité de auditoría en el 22% de las empresas cotizadas en España.

El informe también refleja que la comunicación del auditor interno resulta ser bastante fluida con los órganos de los que depende. La gran mayoría de los departamentos de auditoría se reúne con sus superiores jerárquicos una media superior a las cinco veces al año. Sin embargo, sólo un 39% de los departamentos tenían implantado un programa de garantía de calidad.

La celebración en la Universidad de Cádiz, durante el 1 y 2 de octubre próximo, de las Jornadas sobre Aspectos actuales de la Auditoría Interna en el sector público, nos permitirá  debatir y, sobre todo, homenajear a Luis Barrio Tato (ver foto adjunta) que durante estas dos décadas fue director del área de auditoría interna de la Universidad de Cádiz. Luis se jubila y quiere hacerlo impulsando este seminario, donde abordaremos un enfoque integrador de la función de Auditoria Interna, desde la perspectiva del Informe COSO, y de los sistemas de gestión de calidad, el modelo EFQM, las cartas de servicios, etc.

Esto supone una visión moderna de la función de auditoría interna, que ya hemos avanzado en otra ocasión. El siguiente cuadro resume muy bien la evolución producida durante las últimas décadas:

Esta función, que siempre ha defendido y divulgado Luis Barrio, supone la consideración del Auditor Interno del sector público no como un “perro guardián” sino como consejero independiente, inmerso en una cultura de mejora continua, que debe perfeccionar sus procesos a través del benchmarking y de revisiones entre colegas, aspirando a que sus procesos estén de acuerdo con la mejor práctica.

Este esquema de trabajo debe emplear una orientación hacia las necesidades del cliente y realizar periódicamente una encuesta formal entre los “usuarios” del departamento. Como puede observarse, se trata de una evolución del modelo Interventor, y corresponde al selecto club de las organizaciones maduras y con un elevado ambiente ético.

Quizás por esto, Luis Barrio ha defendido para la Administración Pública un modelo de informe sobre control interno con un contenido similar al de las sociedades cotizadas, centrado en la estructura de la administración de la entidad, el control de riesgos y el gobierno corporativo, como puede verse en este artículo de Auditoría Pública nº 46. Asimismo, ha trabajado durante los últimos años en una innovadora linea de investigación: los aspectos psicológicos de la auditoría. Ver, por ejemplo, El factor emocional en auditoría en Auditoría Pública nº 44.

En la contratación administrativa, salvo en los procedimientos negociados sin publicidad, el órgano de contratación estará asistido por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas.

Se trata de una institución clave en toda la organización económica del sector público, constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario. Ser miembro de una mesa de contratación supone a sus titulares el ejercicio de una importante responsabilidad. Juntos deben deliberar para proponer la oferta más ventajosa, de acuerdo con los criterios de adjudicación publicados.

Cada vocal incorpora su propia perspectiva. Así, no será la misma la de interventores o asesores jurídicos que la de ingenieros o arquitectos, unque todos son vocales iguales.

Pues bien, hoy traemos a nuestra bitácora un caso, donde los tribunales declaran nulo un despido efectuado como represalia a la emisión de un juicio técnico de un Ingeniero miembro de una mesa de contratación.

Para narrar los hechos, nada mejor que el Auto Tribunal Supremo (Sala de lo Social-Magistrado ponente D. Joaquín Samper Juan) de 3 de diciembre de 2008:

El 30.3.2006 se reunió la mesa de contratación con el objeto de examinar y aprobar la adjudicación de los concursos convocados para la ejecución de las obras de mejora del abastecimiento de aguas a los municipios costeros del occidente de Asturias. En la reunión, FRF defendió una propuesta diferente a la que mantenían los otros miembros de la mesa, y como no se llegó a un acuerdo, la reunión hubo de suspenderse sin aprobar ninguna de las propuestas. Al día siguiente, el director general, que formaba parte de la mesa, propuso al Consejo de Administración el despido de FRF, que le fue comunicado el tres de abril.

En la carta se alegaba una inobservancia permanente de los objetivos generales de la empresa, así como la especial deslealtad hacia el director general que había afectado a la gestión y funcionamiento del departamento dirigido por el demandante, sin que conste que en el último período se le hubiera hecho requerimiento alguno en tal sentido.

El juez de instancia declaró el despido improcedente pero la Sala de Suplicación (el TSJ) revoca el fallo y declara el despido nulo. Considera que la inmediatez entre la reunión celebrada, en la que el trabajador hizo uso de su derecho de libertad de expresión, y el acuerdo de despedirlo supone un indicio suficiente para que se invierta la carga de la prueba, destacando que la postura del actor no resultaba indiferente a la mesa de contratación puesto que no se aprobó ninguna propuesta y la votación fue pospuesta para otro momento. En este punto la sentencia entiende que los hechos imputados en la carta de despido son genéricos y consisten en una serie de valoraciones sobre la conducta del trabajador que en ningún caso justifican, de modo real, serio y objetivo la decisión adoptada por la empresa, puntualizando que los juicios técnicos del trabajador integran el derecho a la libertad de expresión y debe ser protegido por ello, dado que la mesa de contratación de la que formaba parte está sometida al control de la jurisdicción contencioso-administrativa y la empresa debe anteponer el interés público al privado.

El citado Auto acuerda la inadmisión del recurso de casación (para unificación de doctrina) frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sala de lo Social, Magistrado Ponente don José Alejandro Criado Fernández) de fecha 11-10-2007, por la que declara nulo el despido de F. R. F. Ingeniero de Caminos al servicio de la empresa estatal Aguas de la Cuenca del Norte, S. A. sociedad pública que tiene por objeto la construcción y explotación de obras hidráulicas declaradas de interés general encomendadas por la Administración del Estado.

Libertad de expresión técnica en la mesa de contratación.

La cuestión es si los funcionarios o el profesional técnico informante en las distintas sociedades estatales pueden o no emitir sus opiniones o pareceres de carácter técnico con garantía de indemnidad y con el amparo de la libertad de expresión de la producción ¿Protege la Constitución Española la libre expresión técnica? ¿Garantiza la formulación de un dictamen o parecer a cerca de un asunto técnico como la adjudicación de una obra? O lo que es lo mismo: ¿debe ser tutelado el libre ejercicio del derecho a informar u/y opinar técnicamente?

El Tribunal Constitucional ha sentado el criterio (por todas la STC 114/89 y la STS de 22-6-89) de que cuando se invoque ante una decisión empresarial su carácter discriminatorio por vulneración de derechos fundamentales se genera una razonable sospecha o presunción a favor del alegato de discriminación. Por tanto, ha de trasladarse al empresario la prueba de la existencia de un motivo razonable de la actuación empresarial, constituyendo una auténtica carga probatoria. Máxime teniendo en cuenta que la consecuencia inaudita del despido es la exclusión a perpetuidad del empleo público, como ya hemos criticado en otra entrada.

Se trata, en definitiva, de impedir un despido que tenga por móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. El TSJ insiste en las palabras del Tribunal Constitucional:

“cuando se invoque por el trabajador que un despido es discriminatorio o lesivo de cualquier derecho fundamental, aportando para ello indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor del alegato discriminatorio, incumbe al empresario la prueba de la existencia de un motivo razonable de despido. No se impone al empresario que pruebe la no discriminación o la no lesión del derecho fundamental sino que acredite la existencia de los hechos motivadores así como su entidad desde el punto de vista disciplinario”.

Para el tribunal existe una conexión temporal entre el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión en su vertiente técnica, expresada en la emisión de un voto en sentido contrario a la propuesta de contratación que resultaba de la mesa. F. R. F. era el único técnico de la mesa y emite su opinión valorando como la mas adecuada la oferta mas barata, mientras que los otros componentes defienden otra mas cara, suspendiendo la sesión y procediendo al despido inmediato.

En definitiva: el trabajador debe ser protegido por sus juicios técnicos en el desarrollo de su trabajo y la sala del TSJ entiende que ello resulta de aplicación a casos como la mesa de contratación a la que pertenecía el actor.

Además, el TS ha venido declarando que la violación del derecho fundamental presume la existencia de daño moral y nace el derecho a la indemnización del mismo, cuya cuantía debe cifrarse ponderando las circunstancias concurrentes en cada caso.

La sala asturiana declara la nulidad del despido “condenando a la empresa estatal Aguas de la Cuenca del Norte, S. A. a que readmita inmediatamente a F. R. F. en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido con abono de los salarios dejados de percibir” y terminando “debemos declarar y declaramos que dicha empresa ha vulnerado el derecho de libertad de expresión del actor y en consecuencia debe indemnizarle en concepto de daños y perjuicios en la cantidad de 3000 euros”. Ver noticia en El Mundo

Una versión de esta entrada fue publicada en la revista digital LegalToday.com

Desde hace casi un siglo, se celebra cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Como recuerda la propia ONU, se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre.

La ocasión proporciona una oportunidad de rendir homenaje a los logros de la mujer y destacar las necesidades y las preocupaciones de la mujer en las agendas nacionales, regionales y mundiales. Nosotros no podíamos ser menos y queremos glosar dos noticias de la mujer en el mundo de la fiscalización.

La primera reseña se refiere a un conocido estudio realizado por el Banco Mundial, titulado “Corrupción y Mujeres en el Gobierno” que concluye que hay niveles más bajos de corrupción gubernamental cuando existen niveles más altos de participación femenina. El trabajo justifica su conclusión porque las mujeres cuentan con estándares más altos de comportamiento ético y demuestran estar más preocupadas por el “bien común”.

Una aplicación práctica de la anterior afirmación podemos encontrarla ayer, en el diario El País, que se hacía eco de la noticia por la cual se otorgaba a mujeres policía el control del tráfico de Lima (ocho millones de habitantes) para acabar con los sobornos exigidos por los hombres. Unos 500 policías varones sean transferidos a otras labores en las comisarías.

Por lo tanto, “el cuerpo de policía de tránsito” quedará conformado por 2.074 agentes, mujeres en su inmensa mayoría:

Con frecuencia los jefes consideran un problema contar en su equipo con demasiada gente extraordinaria e independiente. Piensan que ello les obligará a un esfuerzo suplementario para liderar con transparencia interna, para que sus colaboradores no entren en conflicto y se impongan a sus iguales, sin que ninguna de sus fuertes personalidades desequilibre el equipo gobierno.

Por el contrario, Obama nos ha impresionado por rodearse de colaboradores muy experimentados dentro de su gobierno. Suena muy bien pero no es habitual: los gestores veteranos (“pata negra”) suelen tener un colmillo retorcido, tienden a ir por libre y son una fuente de problemas para trabajar coordinados. Muchos son los líderes que prefieren apoyarse en jóvenes con más compromiso y lealtad que experiencia, que acepten más la autoridad que el poder. ¿Cuál es la diferencia? José Ramón Pin explica que poder es “que otros hagan lo que yo quiero”, mientras que autoridad es “que otros quieran lo que yo quiero”.

Como funcionario siempre he querido trabajar con directivos con futuro, quizás porque suelen tener un estilo participativo y abierto, entrenando a sus colaboradores en las responsabilidades y hasta preparando su propia sucesión con naturalidad. Por el contrario, los jefes “eucaliptus” no permiten a nadie crecer a su alrededor; lo cual es muy grave en una función pública española donde la sobrecualificación es la regla, donde abundan los conserjes licenciados.

Trabajar en la burocracia dificulta la promoción: no destaca quien hace lo que debe, sino sólo quien se excede. Hace unos meses la vanguardista revista digital materiabiz se preguntaba si merecía la pena ser un buen empleado:

Os dejo buscar la respuesta. Otra posibilidad es transformarse en un “trepa”. Unos empleados que son despreciados por sus iguales y ensalzados por su jefes, que no dudan en romper el equilibrio existente en las relaciones laborales para tocarlos con su dedo providencial. Le reconoceréis por su tendencia a minusvalorar a sus compañeros y apropiarse de su trabajo. Pero no les subestimemos pues los trepas tienen tantas cualidades como impaciencia. Las estructuras chirrían porque tienen prisa; quieren anticipar el futuro, aun a costa de dejar un reguero de cadáveres en los armarios de los negociados.

Cada vez más los individuos y los mandos intermedios tienen menos espacios para esconderse de los controles, por la mayor capacidad tecnológica para procesar información con gran rapidez. En las empresas, la implantación de objetivos trimestrales está a la orden del día.

El profesor de Periodismo en la U. Carlos III, Ignacio Muro aprecia que estos nuevos modos de dirección privada pretenden que la gente trabaje hasta reventar, por lo que no es extraño que los empleados desarrollen escepticismo mientras interiorizan un nuevo código de comportamiento que se concreta en la afirmación “Esta no es mi empresa”, que sirve de titulo a su reciente libro (Ecobook, 2008, 22€ y 240 pág.), presentado ayer. El objetivo es el esfuerzo permanente, empujar a todas las unidades mas y mas en una presión creciente desde la cumbre de la jerarquía.

Pero volvamos a la Administración Pública, donde se quejan de la gran dificultad para encontrar directivos entre los Altos Funcionarios, en teoría los mejores conocedores del servicio público. Parte de la culpa pueden tenerla los llamados “incentivos perversos”. Los empleados públicos que han ocupado un Alto Cargo consolidan, para el resto de su futura carrera administrativa, una parte importante de su retribución, en forma de complemento. Yo mismo aspiro a ello algún día …

Sin embargo, se produce una paradoja. Estos exdirectivos públicos, estos funcionarios “Pata Negra” ganan más tras cesar y volver a la anónima y pacífica ocupación del técnico. Vamos, que muchos no tienen ninguna gana de repetir la experiencia y ningún miedo al regreso a la vida civil. El sueño de Max Weber, el padre de la moderna burocracia, que recomendaba al político ser económicamente independiente de los ingresos que la política pueda proporcionarle. La izquierda ha criticado siempre esta concepción porque dejaba esa actividad en manos de las clases “acomodadas”. ¿Somos los funcionarios la nueva burguesía?

Ya hemos hablado aquí, que la diferencia entre quien vive “para” la política y quien vive “de” la política se sitúa en el nivel económico. La política puede ser una noble vocación pero también una profesión y la fuente regular de ingresos. El aprieto surge cuando un directivo público cesante va directamente a las listas de desempleo. Eso si que genera fidelidad al Jefe y esa amenaza suaviza muchas enérgicas voluntades. No hay mayor nobleza que la dimisión de quien vuelve a la fábrica.

Aprovecho para mencionar aquí el post de Juan Freire que concluye que, en España, “no contamos con políticos que sean verdaderos líderes”. En su opinión, “no necesitamos gestores sino líderes transformadores”.

Una versión de este artículo fue publicado en el diario La Nueva España el 28-1-2009.

Hoy 28 de diciembre, acaba de hacerse pública la nota de prensa del  departamento de racionalización del MAT, para combatir las actitudes agresivas en la función pública a través de la creación del Observatorio de Jefes Tóxicos de España (OJETE). Esta interesante iniciativa medirá también el capital emocional de las distintas Administraciones e incorpora una iniciativa de apoyo a las nuevas tecnologías en la Administración, enmarcada dentro del Plan Actuación de Quemados en el Teletrabajo (PAQUETE).

El ministerio abrirá un plazo durante el mes de enero para que todos los empleados públicos puedan inscribir aquellos Jefes de Servicio o de Sección que acrediten un nivel de perversión (sic) superior a 3.8, en la escala que aporta el borrador del Decreto difundido hoy. Esta medida ha sido criticada por los Sindicatos que forman parte de la Mesa de Negociación del PAQUETE, que han denunciado otra medida polémica: para cobrar el plus de productividad este fin de año, los funcionarios deberán presentar un certificado de buena conducta en el lugar de trabajo, para inscribir en el Observatorio.

“Edgar Morin (izquierda) y Rafael Alberto Pérez, en la clausura del VI Encuentro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación”.

Organizado por FISEC y la Universidad de Málaga, los días 24 al 26 de septiembre 2008, se celebró el VI Encuentro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. Acudieron congresistas de 11 países de la Comunidad de Estados Iberoamericanos, Francia, Alemania, Rusia, e Italia.

Una vez precisadas en el anterior Encuentro los siete grandes cambios que introduce la Nueva Teoría Estratégica FISEC ha dedicado esta reunión a profundizar en la primera de esas transformaciones: “el cambio del paradigma central. De la fragmentación a la complejidad”. A tal fin, tres conferenciantes distinguidos, Edgar Morin (complejidad), Jose Luis Sanchez (la nueva física y el caos) y Blas Lara (emergencia, procesos, fluido) explicaron el significado de cada cambio para que, en las mesas posteriores, los diferentes expertos pudiesen analizar sus consecuencias para la estrategia y la comunicación.

Los participantes mostraron su satisfacción por este nuevo formato y por la calidad de intervenciones y debates. Pudiéndose considerar este VI Encuentro como uno de los más valorados de los hasta ahora celebrados por su profundidad, claridad de las exposiciones y transdisciplinaridad. Se debe destacar así mismo el hecho de que 11 de los 19 ponentes lo eran por primera vez.

De las ponencias y debates, de las que quiero dejar constancia en esta bitácora, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

Introducción

La complejidad del mundo real reclama un pensamiento también complejo. El pensamiento complejo es esencialmente interactivo, dinámico, no-dualista y sí, en cambio, multidimensional. Es un pensamiento que relativiza. Su campo de estudio y su territorio de intervención son las intersecciones. Sus preocupaciones son dos: el cambio y la relación entre los todos y sus partes. En la medida en que la evolución de la vida, la mente y la sociedad es un caso de la cuestión general sobre la interacción de las partes para la formación de un todo, se abre una vía para trasladar el nuevo paradigma al mundo de las ciencias sociales y, más en concreto, al de la organización, la comunicación y la estrategia.

Extrapolar los paradigmas de la física a las ciencias sociales y al tipo de fenómenos que éstas estudian tiene pues pleno sentido, la física ha sido siempre el modelo para las otras ciencias, y, de hecho, es una tarea que ya se está llevando a cabo en muchos campos, pero exige rigor y cautela.

La física cuántica forma hoy parte de la cultura humana, ya que ha trascendido el ámbito de los laboratorios de investigación. Básicamente, viene a decir que la materia en sus niveles más básicos no tiene forma definida, ni ocupa un lugar concreto en el espacio. Se comporta a veces como onda, a veces como partícula, siendo imposible determinar su posición salvo mediante probabilidades.

La característica fundamental de este universo cuántico es por tanto la incertidumbre y la imprevisibilidad. Allí, las partículas ocasionalmente se comunican entre sí sin mediar entre ellas tiempo o espacio, lo que significa que en la práctica se comportan como si fueran una sola (la llamada interconexión profunda) .Asimismo, la física cuántica plantea que el observador forma parte inseparable de la realidad que pretende conocer y describir, poniendo fin a la noción de espacio que había propuesto tradicionalmente la física.

La física cuántica cuestiona el concepto lineal de tiempo, abriendo nuevas posibilidades a las aproximaciones al futuro que son necesarias para adoptar las mejores decisiones en el presente. La física cuántica no puede avanzar en solitario, ya que necesita el apoyo de otras disciplinas (la nueva biología, la teoría de sistemas, la cibernética y las teorías de la comunicación) para articular nuevos conocimientos. La complejidad reclama la transdisiciplinariedad.

¿De qué manera puede el cambio de paradigmas incidir en la forma en que llevamos a cabo nuestras estrategias?

Lo cierto es que no es lo mismo pedir un nuevo paradigma para el management y la organización que un nuevo paradigma para la Estrategia. Los propios Prahalad y Hamel, así lo reconocían en 1995:

“Aunque son numerosas y ruidosas las voces que reclaman un nuevo paradigma organizativo, no se ha pedido también un nuevo paradigma de una nueva estrategia. Creemos sin embargo, que la forma que tiene muchas empresas de planear su estrategia está tan anticuada y es tan perniciosa como la forma que tienen de organizarse”.

Precisamente lo que se pretende desde FISEC es ver hasta qué punto la asunción de los nuevos paradigmas y su aplicación al campo específico de los estudios sobre Estrategia tiene implicaciones teóricas y prácticas. Veamos cuáles fueron las conclusiones del Encuentro al respecto:

Conclusiones

El cambio de paradigmas incide en el ámbito de las estrategias y de la comunicación porque afecta a la forma en que entendemos a las personas y sus relaciones con el entorno. Todos estos conceptos nuevos son necesarios a la hora de articular una nueva teoría estratégica, ya que sugiere:

1. Una nueva relación hombre/mundo:

Al decirnos que:

• La realidad es multidimensional, está conectada y configurada en red.
• Permite lecturas aparentemente contradictorias.
• El hombre y la sociedad no son entes tan separables como se ha pensado hasta ahora, y que podrían formar un continuo. Algo que en cierto modo ya vienen recogiendo las recientes aportaciones sobre redes sociales.

Nos debería llevar a:

• Trabajar con las interconexiones y los flujos de las redes sociales. En este contexto conectividad se convierte en un concepto clave
• Dejar de pensar en el todo como conjunto aditivo de las partes.
• Tender puentes mediante la comunicación y el diálogo y a dejar de pensar la realidad en base a categorías contrapuestas (dualidades) que se rechazan y se excluyen. A abandonar el pensamiento dicotómico disyuntivo y a buscar la armonía de lo aparentemente opuesto. La conjunción y la complementariedad. Y finalmente a trabajar con y desde las diferencias, y no tratando de anularlas.

Una nueva mirada: Esta nueva comprensión de la relación hombre/mundo transforma la propia noción de Estrategia y cambia el énfasis del problema a la oportunidad y del conflicto a la articulación. Pues al entender que los seres humanos formamos parte de la misma red que los otros individuos que nos afectan real o potencialmente, el estrategar (proceso estratégico) pasa a ser la búsqueda de mejores configuraciones para nuestra red personal, profesional, de negocios, de proyectos. Lo que no implica necesariamente el antagonismo ni la confrontación sino más bien la búsqueda de soluciones armónicas.

2. Un nuevo sentido de la incertidumbre:

• Frente al relativismo epistemológico postmoderno que desemboca en el “todo vale” el paradigma de la complejidad supone un nuevo entendimiento de la verdad que no la concibe como verdad absoluta sino como verdad concernida. Lo que hace que cualquier acción o estrategia ya no estará fundada en ninguna entidad ideal y o ámbito trascendente, sino en que resulta imprescindible para responder a la incertidumbre generada por la situación fenomenológica compleja en la que encuentra su razón de ser.
• En la medida en que la sociedad está intrínsecamente abierta a un universo de posibilidades, es el hombre (en física, el observador) al estrategar y elegir entre alternativas de acción el que concreta los universos posibles (futuribles) en una realidad material y medible.
• Todo ello nos lleva al hecho de que trabajamos en la incertidumbre, y que esta se puede estructurar, reducir, pero nunca suprimir. A aceptar que en la vida real hay muy pocas estrategias óptimas y que los problemas humanos son humanos precisamente porque carecemos del algoritmo apropiado. Como consecuencia estamos condenados a abandonar el sueño del “one best way” y asumir que estamos condenados a la hermenéusis.
• Todo ello hace que seamos protagonistas indiscutibles de la historia humana y responsables de nuestras decisiones, porque el mundo externo forma parte inseparable del mundo interior humano.
• Y, a su vez, el mundo interior humano forma parte del conocimiento del mundo y que por ello es tanto o más importante que el mundo objetivo.

Consecuencias prácticas: Reducir la incertidumbre en un mundo de conexiones no lleva inexorablemente a modificar nuestra forma de modelizar y de analizar, pasando de métodos analíticos simplistas, fragmentarios y reduccionistas a otros sistémicos. Si complejo es lo que está tejido junto, tenemos que dejar de analizar como hasta ahora, troceando la realidad y estudiando sus partes por separados para poner nuestro foco en lo que une, es decir en las interconexiones y los flujos.

Afecta, también a nuestro enfoque de la Estrategia de conflictivo a conectivo y articulador. En una sociedad que vive y teme el choque de civilizaciones la gran cuestión es saber tender puentes entre las partes en litigio; puentes entre las distintas percepciones (culturales, religiosas) que de una misma realidad hacen los grupos sociales. Saber encontrar lo que une más que lo que separa. El siglo XX necesita una Estrategia concebida como ciencia de la articulación y, para ello, hay que trabajar con una mente compleja que sea capaz de encontrar lo conjuntivo, lo que une y no lo que separa. Este realismo nos debería llevar a (1) trabajar con estrategias flexibles y (2) a montar sistemas de monitorización y de evaluación en tiempo real que acompañen a nuestras estrategias desde su inicio, para reconducir la estrategia o hacer saltar las alarmas si fuese el caso. Y (3) a tener un plan B, por si la estrategia no funciona en la realidad

3. Una nueva concepción del ser humano: de racional a relacional.

Los dos anteriores cambios conducen a una revisión de la racionalidad y de la ética de la acción, que desembocan en una nueva concepción del ser humano: el hombre relacional. Pero este cambio, uno de los más importantes que propone la Nueva Teoría Estratégica, será objeto de debate en el VII Encuentro a celebrar en 2009 en Cartagena de Indias (Colombia) organizado por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y por el Politécnico Grancolombiano a quienes los participantes agradecen su esfuerzo y les dan la bienvenida.

El miércoles 15 de octubre, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Oviedo ofreció la conferencia de Manuel Conthe, que en la foto es presentado por el Decano Francisco González (a la derecha), en una abarrotada Aula Magna.

Conthe fue director general del Tesoro y Política Financiera, desde donde impulsó la modernización y la reforma del sistema financiero español y del mercado de Deuda Pública. Más tarde, fue vicepresidente en el Banco Mundial, para el sector financiero y entre octubre de 2004 y mayo de 2007 fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El sugerente título que ofrecía su exposición era “La Función de la Independencia en las Instituciones Sociales y en el Mundo Económico“, que pretendía condensar, como él mismo avanzó, algunas de las ideas que ha ido plasmando en varios artículos de su blog, donde periódicamente encontramos referencias a los problemas de actualidad, presentados de manera amena y rigurosa. Una difícil combinación, sin duda. Por eso lo considero una referencia obligada en el mundo de la Economía. Así, en mayúscula.

Como fiel seguidor de su web, la charla resultó muy gratificante. Pudimos disfrutar en vivo de la doctrina del aguafiestas y la ilustre fregona, de la paradoja de la racionalidad o los códigos éticos garantes de la independencia. Interesante su visión de La Corona como Autoridad Política Independiente. Como nos reconoció en el pasillo: durante un encuentro en Bruselas con varios funcionarios españoles que, cohibidos, iban a hablarle de asuntos europeos, el Príncipe Felipe rompió así el hielo: “Tranquilos, que yo también soy empleado público“.

Aquella frase volvió a su cabeza durante la presidencia de la CNMV, reflexionando sobre la naturaleza de ciertos organismos administrativos, como el Banco de España o la CNMV, a los que el Legislador les otorgó una significativa autonomía respecto al Gobierno. Concluye que la Corona, lejos de ser una institución caduca, cuyo éxito en España ha sido coyuntural, puede concebirse como una Autoridad Política Independiente que se asemeja a otra innovación: las Autoridades Administrativas Independientes, con las que tiene en común la neutralidad política, la irrevocabilidad del mandato, la legitimidad democrática indirecta o el papel esencial de la auctoritas.

El sueño de Jardiel

Sobre el título de su blog (“el sueño de jardiel“) reconoció que si en tiempos de Jardiel Poncela hubieran existido los blogs, el gran humorista español no habría definido al escritor como “mamífero que escribe y al que nadie le responde”. Agradeció que la técnica haga posible ese “sueño” de un foro de diálogo y contacto permanente entre columnistas y lectores, como son los blogs.

Alimentar un blog me recuerda a aquellos indios de una tribu sudamericana que pensaban que cuando les hacían una foto se robaba algo de su alma. Creo que con cada trozo de blog, con cada entrada, Manuel Conthe nos viene dando desde hace meses un trozo de su alma, compartiendo generosamente sus pensamientos sobre los más diversos temas; aportando las citas o ejemplos más pedagógicos, buscando el equilibrio en las opiniones y en las réplicas a los comentarios. Podría decir que conozco bien a esta persona. Sin embargo, la he saludado hoy por primera vez. Una rara sensación.

En 1985, Kasparov se proclamó campeón mundial de ajedrez. Eso le permitía poseer uno de los pocos ordenadores personales de la Unión Soviética. En su libro “Cómo la vida imita al ajedrez“, cuenta una anécdota (que cito de memoria) ocurrida tras recibir desde Hamburgo un obsequio de un admirador informático: un programa de ajedrez junto a varios juegos, que también comenzó a practicar con maestría.

Un año después, compitiendo en Alemania, visitó en su casa al autor del regalo. Tras la cena, el presuntuoso ajedrecista fue retado por el hijo del informático que, con sólo tres años, le propinó al ordenador una soberana paliza en uno de aquellos juegos de puntos, que él había creído dominar tan bien como el ajedrez.

En ese momento se dio cuenta que su generación lo pasaría muy mal con aquellos niños que se iban a educar con el ordenador bajo el brazo. También pensó que la URSS lo tenía muy complicado para sobrevivir a una revolución tecnológica doméstica en Occidente.

Esta realidad comienza a tener su reflejo en el entorno laboral. La nueva generación de los “Digitales nativos”, como los denominó en 2001 Marc Prensky (y que divulgo en castellano Alejandro Piscitelli) nacieron en la segunda mitad de los ochenta y, por tanto, empiezan a incorporarse ahora a las organizaciones. Su fuerza: un poderoso talento creativo (aumentado cuando se encuentran motivados) y su grado de movilidad. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos calcula que hasta su madurez profesional habrán cambiado de trabajo una docena de veces.

Hoy, lo difícil no es disponer de tecnología, sino sacarle partido con talento, del que hay mucho en el mundo. El mismo día que Microsoft presentó su Windows Vista ya se vendía en las calles de China pirateado al precio de un euro en inglés y a 50 céntimos en chino.

Por otra parte, la tecnología está cambiando el modo de comunicarnos y de entender las organizaciones, incluida la Administración Pública. Sin embargo, los actuales líderes, los que toman las decisiones son “inmigrantes digitales” (cuando no, simplemente: ignorantes) que intentan aprender el lenguaje que los nativos ya tienen incorporado.

En cambio, nosotros, los inmigrantes digitales, confiamos en nuestra experiencia, en nuestra capacidad de razonar y, antes de dar un paso pensamos: ¡A ver si lo rompo! Dicen los doctores que utilizamos más el hemisferio izquierdo, procesando secuencialmente la información analítica de forma lineal, mientras que nuestros hijos aprenden utilizando más la parte derecha del cerebro, la creatividad, las emociones y la intuición.

Digitales nativos

Se trata de la primera generación digital que ha crecido con muchas formas de comunicarse y que aprenden esencialmente utilizando su creatividad: cacharreando, probando y corrigiendo. La palabra ha perdido importancia frente a la imagen y prefieren leer la prensa por Internet frente al clásico papel. Los profesores saben que cada vez es más difícil mantener la atención de los alumnos, que acostumbrados a tantos estímulos se aburren en clase desde primaria a la universidad.

No estaría de más recordar que fue un adolescente (Matt Mullenweg) quien creó la herramienta wordpress, que me permite hoy mantener con sencillez esta bitácora. No obstante, hay quien se plantea que la inteligencia media de esa generación está estancada, aunque sube la inteligencia de las máquinas y por tanto de la combinación hombre-máquina de los nativos digitales, que se han criado entre ellas.

Sin embargo, a pesar de tanto cómodo aparato que resuelve nuestros problemas cotidianos parece seguro que estos chicos nunca mejorarán el nivel de vida de sus padres ¿Llegarán a conocer esas 65 horas de jornada laboral?

Estos jóvenes viven en lo provisional: hoy todo es de un día para otro y han llegado a aceptar esa inseguridad. El experto en temas de juventud, Javier Elzo, reconoce que cada vez será más importante que la propia persona tenga una cabeza ‘amueblada’, y menos importante la familia de origen o los recursos económicos. Un conocimiento tiene ahora una vigencia máxima de 5 años, así que ahora, más que el saber, las empresas valoran a quien está dispuesto a aprender.

Jacques Attalí, en su libro Diccionario del siglo XXI (Paidós, 365 páginas), presenta una descarnada visión del futuro que causa estupor y esperanza, imaginando una sociedad con un influyente grupo social en la cúspide: una hiperclase que no poseerá empresas, ni tierras, ni cargos, en tanto que ricos en activos nómadas: la competencia, la innovación o la creación. En esa sociedad nómada, alrededor de la cual gira su concepto del futuro, la riqueza estará en los diplomas, en la red de relaciones, en el nivel cultural o en las aptitudes.

Yo, por mi parte, pertenezco como Kasparov a la generación que competía al ajedrez con piezas de madera y, menos creativo e intuitivo, sigo pensando: “cuanto más entreno, más suerte tengo”. Recuérdalo, hija, hoy que has comenzado tus estudios universitarios.

Una versión de este artículo fue publicado en el diario La Nueva España del 3-X-2008