La semana pasada, la cadena Showtime estrenó el mayor éxito de este semestre en la televisión de EEUU. Es la  vida de un consultor de gestión, en 40 minutos, titulada House of lies, basada en el libro Casa de las Mentiras: Cómo los consultores de management le roban su reloj y luego le dicen la hora, escrito por el ex consultor Martin Kihn. 

El asunto me ha hecho recordar que no hace mucho, un reputado e innovador gerente, Dan Pallotta, confesaba en su blog de la revista Harvard Business Review que en la mitad de sus conversaciones económicas no tenía ni idea de lo que sus interlocutores le estaban diciendo: “cuando era joven, me sentía estúpido por no entender lo que me decían, pero ahora sospecho que la intención de mis interlocutores era no hacerse comprender”. La razón no es otra que la manía muchos profesionales de no emplear los nombres reales de las cosas reales, como los pomos de las puertas que suenan más modernos cuando se convierten en “una innovación en el acceso residencial”.

Él mismo utiliza sus habilidades verbales para encontrar un nombre sugerente para la causa de estos males: Abstractonitis y Acronimitis. Siglas y anglicismos mezclados con prosopopeya, que es otra interesante función del lenguaje: ocultar, fingir o resaltar un estatus social o intelectual para transmitir, de forma solapada, información adicional (ahora lo llaman metadatos).

En algunas reuniones profesionales, he sufrido presentaciones de consultores con ese lenguaje moderno. Exponían las ventajas de alguna herramienta, proyectando diapositivas (power point queda más fino) con apoyo en el cañón de luz. Algunos parecen evocar a aquellos vendedores de crecepelo en las películas de vaqueros. Expresiones de gran efecto y poco significado, como “pensar fuera de la caja” o “romper paradigmas”. Mi preferido es “vamos a superar las expectativas del cliente”.

Los consultores venden un producto intangible -también a si mismos- y, por eso muchos manejan un lenguaje que a veces parece fingido -como eso tan pegadizo de “poner en valor”- o demasiado artificial. Pero, sin duda, el mayor ejemplo de la tontería lo encontramos en los “productos derivados y estructurados de perfil agresivo” que tan famosos se hicieron contaminando de manera trágica nuestra economía financiera en esta crisis.

En la Administración miramos con cierto recelo a la consultoría porque, en ocasiones, no es más que un eufemismo para sacarle dinero a alguna Autoridad del Estado. Otras veces, los intereses de los poderes públicos se mezclan y son las Autoridades quienes “hacen consultoría” y asistencia a las empresas. No me refiero al caso de Urdangarín. En Albany (EEUU), en un reciente juicio por corrupción, el congresista Boyland fue absuelto alegando que no se le estaba pagando sobornos, sino simplemente era contratado por personas en busca de su asistencia (influencia) para abrir las puertas del Gobierno, porque representaba “una marca” en la política de Nueva York.

Esto no significa que yo crea que los consultores son innecesarios en el sector público. Hay multitud de campos donde son útiles. Así, en los aspectos tecnológicos, informáticos –tan dinámicos y tan caros- y en todo lo que suponga gestión de la innovación. El mayor enemigo de los consultores de gestión está en nuestro corporativismo funcionarial –lo reconozco- que, por principio, tiende a obstaculizar cualquier innovación o cambio estratégico. A veces, el ambiente laboral es tan nocivo que parece necesario acudir a la ayuda externa para cambiar la cultura organizacional, aunque hubiera bastado, para resolver la mayor parte del problema, con cambiar ese directivo tóxico que no sabe trabajar en equipo ni delegar.

Peter Drucker –que ha sido el consultor más famoso del mundo- solía decir que él aportaba a cada caso, no tanto sus conocimientos sobre un problema específico sino más bien su ignorancia, pues con frecuencia los protagonistas están demasiado inmersos en los problemas como para ver todas sus ramificaciones.

Un estudio de IBM señala el origen de las ideas innovadoras de las organizaciones según este orden: 1º en los propios empleados, 2º en los “business partners” (¡toma ya!), 3º en los clientes, 4º en los consultores y 5º en los competidores. En último lugar, aparece la Universidad, pero eso tiene muchos matices. Por cierto, curioso es el caso de IBM que antes fue un gigante industrial y hoy poco más que una consultora.

Es probable que se busque fuera lo que se tiene en casa ¿Por qué razón? A veces es necesario fundamentar una decisión impopular y parece más justificada si proviene de una institución independiente de la propia organización. Primero se contrataron consultores para gestionar el crecimiento y ahora para el decrecimiento. Un amargo ejemplo lo tenemos bien cerca: la Generalitat valenciana pagará 424.800 € a una firma para que le diga donde efectuar un drástico recorte en sus 64 entidades del sector público. No quiero ni pensar en las caras y los silencios de los empleados que son visitados por esos consultores, jóvenes de traje oscuro que quieren comerse el mundo. No me cabe ninguna duda de que los empleados pensarán que un recorte rentable sería no gastar en tales consultores.

Este artículo, sin enlaces, fue publicado en La Nueva España.

Leo el artículo de Ramón Roger en Cinco Días, titulado Auditoría de municipios:¿preparados? donde se achaca la culpa del actual colapso presupuestario local a la “falta de control financiero y a la escasa transparencia de las cuentas locales”. Tanto el Estado como las CCAA (“Intervención General, tribunales de cuentas, etc.”) se mostraron insuficientes para detectar la mala situación de las cuentas públicas, según el autor. 

¿Ha sido eficaz el control local?

Discrepo de la tesis subyacente en este interesante artículo. En mi opinión ha sido el desplome de los ingresos locales la causa de todos los males. El ciclo electoral –de todo signo político- generando gasto sin cobertura suficiente: he aquí el verdadero culpable.  Es cierto que ha habido algunas locuras puntuales -vinculadas a operaciones desproporcionadas- pero, en general, el control interno municipal es bastante bueno (muchos alcaldes me dirán que excesivo) y legalmente muy formalista, aunque no haya impedido la tormenta perfecta del empeoramiento en todos los indicadores financieros: más deuda, menos remanente de tesorería, más necesidad de financiación, peores plazos de cobro y de pago, con la presión fiscal subiendo.

El control externo es mejorable, estamos de acuerdo. Es lento y, en muchos casos moroso en la rendición de cuentas,  de ahí la vieja demanda a favor de una Ley de Auditoría Municipal siempre expresada por los representantes de los OCEX (ojo: sólo autonómicos) frente al Tribunal de Cuentas que sigue viendo a los auditores privados con recelo.

Mientras tanto, muchos gobiernos autonómicos encargan informes de auditoría o consultoría en relación con las finanzas regionales, su estado actual o las posibles líneas de actuación -léase recortes- para detectar áreas de mejora. Entre estos últimos, el caso de la Comunidad Valenciana:

¿Más auditoría local?

Planteado en el programa electoral del Partido Popular, que resultaría vencedor el 20-N, su contenido fue recibido con satisfacción en el reciente congreso anual de los Censores Jurados españoles. El compromiso de Rajoy era promulgar una ley de control y auditoría única para todo el sector público español y exigir “la realización de auditorías financieras, operativas y de cumplimiento a todas las corporaciones locales con más de 5.000 habitantes”.

En realidad, el programa nada dice de la participación de los auditores privados en el asunto, aunque la lógica nos conduzca por ese camino, ante la magnitud de la tarea: un millar de informes en todo el territorio nacional.

Tampoco dice el programa que esas auditorías sean simultáneas. Ni mucho menos anuales. Muchos OCEX están haciendo fiscalizaciones singulares de los ayuntamientos de población mayor de 5.000 habitantes, al menos cada cuatro o seis años. Creo que todos ellos podrían estar en condiciones de alcanzar un compromiso en tal sentido, aunque es materialmente imposible hacerlo con regularidad anual, como recuerdan siempre los OCEX.

Reino Unido: paraíso del sector privado

En el Reino Unido, tal como prometió Cámeron (ver entrada anterior) esta misma primavera se aprobará el Proyecto de ley para abolir la Comisión de Auditoría y obligar a los municipios a seleccionar a sus propios auditores externos, en un modelo similar al existente para el sector privado.

Así, las autoridades locales vendrán obligadas a convocar un concurso público cada cinco años para designar a una empresa de auditoría, con pocas restricciones en los periodos de tiempo en que los miembros de los equipos de auditoría pueden participar: el socio, siete años de trabajo, mientras que el gerente de auditoría se limita a diez años. El Ministerio sólo interviene ante incumplimientos, sancionando ante la falta de nombramiento.

Un Consejo de Información Financiera tendrá la responsabilidad general de regular el nuevo sistema, mientras que la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) elaborará un código de buenas prácticas para la auditoría local.

Para terminar, nada mejor que Dilbert, cuya opinión de los apoyos externos no es muy agradable. Pinche si quiere ampliar:

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado, en sesión de 21 de julio de 2011, el Informe de Fiscalización de los contratos de Publicidad y Comunicación Institucional suscritos por las principales Entidades locales durante los años 2005, 2006 y 2007.

El trabajo pretendía verificar el logro del objetivo perseguido con la actuación publicitaria y el cumplimiento de la normativa de contratación, en particular, los requisitos de concurrencia. Además se examinó la dirección, el control así como el seguimiento de la ejecución de esos contratos.

Desde el punto de vista del análisis de la eficacia y eficiencia de la contratación realizada, se verificaron las previsiones relativas a los objetivos perseguidos y los sistemas para la valoración de su consecución. 

Se efectuó el examen de la contratación realizada por los Ayuntamientos de población superior a 500.000 habitantes, en concreto de Barcelona Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza, incluyendo sus organismos autónomos y empresas municipales.

Descargar el informe

Publicidad y propaganda

El informe realiza un profuso análisis legal del alcance de estos conceptos. La Administración no puede valerse de la publicidad institucional como instrumento para dar a conocer una valoración positiva de los servicios que presta o los logros que consigue, a efectos de defender y promocionar la imagen de la institución y de quienes la integran, a fin de evitar su utilización con fines partidistas. Esta consideración es, precisamente, lo que permite delimitar la publicidad (dar a conocer) de la propaganda (inducir a creer).

La generalizada confusión entre ambos conceptos y la propia partida presupuestaria a la que se imputan estos gastos −Publicidad y Propaganda− lleva al Tribunal a invitar a mejorar la utilización de los fondos públicos “en muchas ocasiones más dirigidos a recordar la existencia y/o justificar la necesidad de la institución que a informar, de forma objetiva e imparcial, a los ciudadanos de servicios o prestaciones de interés general o de fomentar los valores constitucionales”. Pone el siguiente ejemplo:

 “al ciudadano le resulta más útil conocer las vías alternativas de tránsito, horarios de trabajos o tramos afectados por las obras, que la elaborada documentación propagandística sobre la gestión de la Administración en materia de recuperación de la red vial de la ciudad”.

Es en periodo electoral cuando la comunicación de los logros de gestión deriva en una práctica cuyo difuso límite con la legalidad se intensifica. Así lo ha entendido, en diversas ocasiones, la Junta Electoral Central, al suspender varias campañas publicitarias –en distintos periodos dirigidas a informar, entre otras cuestiones, del destino del dinero de los presupuestos, la finalización de tramos de carretera coincidentes con las fechas electorales, los logros de la labor gubernamental en materia de empleo y pensiones.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la propaganda instrumentada de forma encubierta en la publicidad institucional, no sólo se manifiesta al lograr impactos instantáneos en los ciudadanos, como ocurre en los periodos electorales, sino mediante la difusión de mensajes durante una legislatura o tiempo de duración del gobierno “en virtud de planes estratégicos de persuasión política trazados a medio o largo plazo, que van induciendo al ciudadano hacia una determinada opción política durante todo aquel tiempo, con independencia de que su punto culminante se alcance en el periodo electoral, la precampaña y la campaña”, afirma el Tribunal.

Partiendo del principio de igualdad entre los distintos medios y soportes, el Tribunal exhorta a modular el porcentaje de publicidad institucional que debe insertarse en cada uno de ellos, de acuerdo con los intereses generales, en relación con cada campaña publicitaria concreta, las características objetivas de ámbito territorial y difusión del medio o soporte y las características del grupo poblacional al que se pretenda hacer llegar. Para ello, “debería atenderse a las cifras de tirada y venta o audiencia efectiva de los medios o soportes en virtud de sistemas de valoración y medición fiables, antes de procederse a la correspondiente contratación, y todo ello en virtud de los principios de eficacia y eficiencia que debe regir la actuación administrativa”.

Del extenso y detallado informe elaborado se destacan las siguientes conclusiones.

Conclusiones

La pluralidad normativa estatal y autonómica da lugar a una heterogénea regulación de la materia en distintos aspectos, acorde con nuestro constitucional sistema de distribución de competencias. Sin embargo, tras el dictado de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, se aprecia en la regulación autonómica discordancias que exceden de esa normal distribución competencial y pluralidad normativa, fundamentalmente en relación con: las prohibiciones contenidas en el artículo 4, de la Ley 29/2005 por su naturaleza de precepto básico de la legislación estatal; la diferente precisión en la diferenciación de la publicidad institucional y la actividad publicitaria de carácter mercantil o profesional y la publicidad normativa; así como, con la distinta regulación respecto de los principios que deben regir la publicidad institucional, en cuanto a transparencia, eficacia, eficiencia, libre concurrencia y no discriminación.

Para el Tribunal, la Administración no puede valerse de la publicidad institucional como instrumento para dar a conocer que presta servicios o los logros que consigue. La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, debiendo ser nítida esa relación entre la finalidad perseguida y los medios empleados, lo que no puede predicarse de algunos de los contratos analizados.

Si bien las actuaciones integrantes de la publicidad institucional, por su propia finalidad, deben ser articuladas a través de las denominadas “campañas publicitarias” que exige una planificación previamente definida, la mayor parte de la contratación comunicada se refiere a actividades publicitarias aisladas para un determinado momento y que en algunos casos contradicen incluso la normativa aplicable al referirse a las publicidades exigidas por ley.

Respecto a los procedimientos contractuales utilizados deben destacarse dos circunstancias que contravienen lo previsto tanto en la normativa básica estatal como en la autonómica: la utilización de procedimientos contractuales que implican una restricción de la libre competencia (homologación de proveedores, contratos de mediación para las inserciones publicitarias, procedimientos negociados sin publicidad no justificados…) y la realización de procedimientos contractuales que resultan ajenos a la finalidad de publicidad institucional (convenios de colaboración para publicitar eventos restringidos, normalmente de carácter deportivo, y contratos publicitarios para dar a conocer eventos previamente patrocinados por el propio Ayuntamiento).

En la mayoría de los Ayuntamientos fiscalizados (salvo Zaragoza) se ha constatado la presencia de una cierta centralización de la gestión relativa a la actividad publicitaria, a través de servicios o gabinetes de prensa, y pese a ello, se contrata servicios de agencias mediadoras para que interesen las inserciones regulares o puntuales a cambio de un porcentaje del coste en concepto de comisión, sin que en ninguno de los casos conste una justificación sobre la conveniencia económica o de eficacia que tales contrataciones comportan.

En el Ayuntamiento de Sevilla se ha observado, tanto en la remisión de la documentación como en la gestión contractual desarrollada por algunas de las unidades administrativas, deficiencias organizativas y procedimentales puestas de manifiesto en la ausencia de un canal único de gestión y tramitación de las facturas y susceptibles de generar confusión y errores en los pagos derivados de las mismas. En concreto, se ha observado la presencia de una pluralidad de documentos de esa índole incorporados a la gestión, sea como originales o duplicados de los mismos, que han terminado por ser incorporados a la documentación remitida a este Tribunal de Cuentas, lo que pone de relevancia un alto riesgo de error que debiera y pudiera fácilmente ser evitado, sin perjuicio de la eficacia que, a estos efectos, demuestra la actuación de la Intervención municipal, al no haberse detectado duplicidad en los pagos correspondientes a esos expedientes.

Durante el ámbito temporal que abarca la fiscalización no se ha observado la específica utilización de la publicidad institucional para alcanzar réditos electorales en una concreta campaña de forma que pudiera ser calificada como de publicidad implícita o encubierta de campañas de esa índole, de acuerdo con la legislación vigente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la propaganda instrumentada, de forma encubierta, en la publicidad institucional, no sólo se manifiesta al lograr impactos instantáneos en los ciudadanos, como ocurre en los periodos electorales, sino mediante la difusión de mensajes durante periodos prolongados que, en virtud de planes estratégicos de persuasión política trazados a medio o largo plazo, pretenden inducir al ciudadano hacia una determinada opción política, con independencia de que su punto culminante se alcance en el periodo electoral, la campaña o la precampaña.

El año pasado cambió el Gobierno británico y sus nuevos titulares comenzaron un proceso para privatizar un gran número de instituciones públicas, entre las que se encuentra el órgano de fiscalización externa de los servicios locales. En este momento se está produciendo un gran debate sobre el asunto.

Los ingleses tienen dos instituciones de control externo de la actividad financiera pública: la Oficina Nacional de Auditoría – NAO- dependiendo del Parlamento británico para fiscalizar el presupuesto nacional –los escoceses, galeses o norirlandeses tienen la suya- y la Audit Commission para la auditoría legal y operativa de los 11.000 servicios públicos locales. Durante el verano pasado se anunció el cierre de esta última Institución, que será efectivo en 2012. 

Audit Commission

Creada en 1982 como principal auditor de los organismos públicos locales, se encargaba de designar auditores (pagados por el auditado) en todo el sector local, sanitario, vivienda, seguridad ciudadana, bomberos y emergencias y otros servicios públicos. Algunos de estos auditores trabajan para empresas privadas de auditoría, pero muchos eran empleados de la propia Comisión.

Hasta ahora, podía nombrar auditores de su propio personal o de las compañías de auditoría, fijando el baremo de honorarios. Parece que en el futuro no tendrá auditores propios, aunque todavía se está estudiando como se concretará la reforma. Incluso se estudia que ese antiguo personal propio pueda constituir algún tipo de sociedad mutualista para competir por los contratos, en régimen de igualdad, frente las grandes compañías auditoras.

Hay un Código de Prácticas de Auditoría de órganos de gobierno local y otro Código de Prácticas de Auditoría de los organismos de salud, que determinan la forma de llevar a cabo la auditoría, aprobados por el Parlamento al menos cada cinco años, dándoles rango legal. También realiza rigurosos controles de calidad de los informes.

Se fiscalizan los estados financieros anuales y se opina acerca del comportamiento del organismo en el uso de los recursos públicos. Los informes son públicos.

Cambio de modelo

El mes pasado, el Gobierno británico nombró los consultores financieros que van a asesorar sobre la mejor manera de externalizar la totalidad de esas auditorías y efectuarán una valoración de las diferentes opciones. Se supone que el proceso ahorrará al contribuyente cincuenta millones de libras anuales.

Sin embargo, la reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto a los responsables políticos los peligros que pueden surgir cuando las relaciones entre los auditores y los auditados son demasiado cómodas. La lección de la desaparición de Arthur Andersen, en 2002, es que la auditoría debe estar muy regulada y controlada, no sea que desaparezca el sistema entero.

Para animar tan arduo debate, hace unos días se hacía público que, entre 2008 y 2010, la Comisión había gastado 128.000 libras en agencias de reclutamiento de ejecutivos. Esto incluía £ 22.000 para contratar a un nuevo consejero delegado y £ 30.000 para reclutar un director de comunicación. Las cantidades restantes se dedicaron a buscar directores de servicios corporativos (£ 14,200 y £ 12,000), jefes de la política y la evaluación (£ 16,000 y £ 20,000) y un asesor de política financiación del gobierno local (£ 14,000).

La Comisión de Auditoría defendió la necesidad y habitualidad de esos gastos en la búsqueda de las personas adecuadas para ocupar puestos de responsabilidad de gestión: “Esos importes no son inusuales para estos servicios, que incluyen la agencia de head-hunters y la publicidad correspondiente”, dijo un portavoz.

No deja de sorprenderme que quien quiere privatizar todo proteste por el uso de consultoras. También me asombra que se critique el uso de circuitos no políticos para reclutar la Alta Dirección. En el continente estamos habituados a promocionar a antiguos compañeros de partido …

Tarjetas de crédito

Por si no estuvieran mal las cosas todavía, contestando a una pregunta parlamentaria, el órgano de control hizo públicos todos sus gastos con la tarjeta de crédito corporativa, de 2008 a 2010 y desvelando facturas de los mejores restaurantes de Londres, compra de música y entradas de cine. Más de £ 20,000 gastados por los directivos que tenían acceso a las tarjetas durante el período. El portavoz de los auditores defendió el uso de las tarjetas de crédito:

“Entre 2008 y 2010 se procesaron 8.818 transacciones a un costo promedio de £ 125. Todas las compras fueron para fines legítimos. Los pagos efectuados por las tarjetas se revisan de manera rutinaria para asegurar su correcto uso.“

Leyendo estas declaraciones parece que se hayan cambiado los papeles. Normalmente son los gestores quienes ofrecen estas explicaciones en los medios de comunicación.

La neuroeconomía es la combinación de la neurociencia, la economía y la psicología para estudiar el proceso de elección de los individuos. Mientras algunos consideran que es una rama de investigación irrelevante, otros sostienen que resulta esencial para comprender y explicar nuestras decisiones.

Uno de los principales neuroeconomistas es Alan G. Sanfey, de la Universidad de Arizona, autor de un interesante estudio en 2003 basado en el juego de ultimátum. Ponía a los participantes de dos en dos. Al uno de ellos le daba una cantidad de dinero, dejándole libertad para decidir cuanto cede a su compañero. Éste, conocedor del total distribuido, puede considerar el regalo como justo o injusto y, en ese caso, rechazar la oferta, con lo que ambos perderían el dinero.

La decisión maximizante del segundo jugador, si fuera un homo económicus, no puede ser otra que aceptar cualquier oferta, fuera la que fuese, pues siempre gana. Sin embargo, el sentido de la equidad y de la justicia, hacía que muchos segundos jugadores preferían no obtener ningún beneficio antes que aceptar una oferta que considerasen injusta. Esto explica como muchos huelguistas, en dura negociación salarial, prefieren echar a la ruina su empresa, pero también a ellos mismos. En política, encontramos múltiples ejemplos, todos los días. Los modelos económicos, sin una caracterización de los límites y las debilidades de la psicología humana fracasan.

Asistimos a profundos cambios en el mundo de la publicidad. En EEUU ya funcionan con elevada rentabilidad consultoras especializadas en Neuromarketing, para convertir su producto en un deseo mental al que nadie podrá resistirse. La elección de los colores es un ejemplo: la gama de los azules es percibida por el cerebro con connotaciones de calma y seguridad, las tonalidades rojas y amarillas tienen la virtud de avanzar y llamar la atención de quien observa. Esto nos hace preguntarnos por la ética de esta disciplina.

Un mayor conocimiento del funcionamiento del cerebro podría ser una herramienta de manipulación del consumidor, cada vez más asaltado de información. Del problema del exceso de información surge “la economía de la atención” donde el tiempo es el único recurso escaso. El corolario es que muchas empresas están gastando más dinero en el publicidad que en la fabricación de los productos.

Con tanta neurociencia … ¿Hay un campo para la neurofiscalización?

Gracias a los trabajos del Dr. Alex Pentland sabemos que el mensaje importa bastante menos que el mensajero. Con su equipo del MIT diseñó una plataforma tecnológica que permite medir lo que llaman “señales honestas”; pistas no verbales que utilizamos para coordinarnos, para tomar decisiones en grupo: gestos, expresiones faciales o el tono de voz que tienen la capacidad de cambiar el estado anímico, mental o el comportamiento del receptor.

Los que sabéis inglés ya habréis detectado que “honest” pertenece a esos falsos amigos y debería traducirse por sincero. Como policy no es política ni públic es público, al menos como lo conocemos en la Europa continental. Ramón Muñoz solía reírse mucho con esto y hasta me mandó una lista, que tengo por ahí, de los doscientos falsos amigos.

Pero volvamos a lo nuestro: Pentland publicó un libro con este título, que el editor español inteligentemente tradujo por “Señales Honestas” para que no pareciera una novela rosa. Y dio en el clavo porque nunca me hubiera detenido a ojear un libro con aquél título.

Pues bien, Pentland probó sus herramientas anticipando, con un 87% de acierto, quiénes serán los ganadores de un concurso de planes de negocio “Innovate 2010” en la votación de la audiencia que seguía con gran atención las ideas y el modelo de negocio de los concursantes. Predijo los resultados sin tener la más mínima idea de lo que tienen que ofrecer los diferentes candidatos, es decir, prescindiendo por completo del contenido de sus presentaciones porque, según él, el éxito en este tipo de competiciones no guarda apenas relación con la calidad de los proyectos.

El pensamiento inconsciente es, con frecuencia, más efectivo que el consciente. A veces apelamos a eso que llamamos intuición que no es otra cosa que la toma inconsciente de decisiones. Que se lo digan a los jugadores de ajedrez que son capaces, en las partidas de cinco minutos, de tomar con gran rapidez decisiones cualitativas, sin tener que analizar todas las variantes.

En fin, que estamos ante una disciplina nueva y emergente que intenta entender a las personas en el contexto de sus redes sociales en lugar de considerarlas como individuos aislados. Y su primera conclusión es que gran parte de la conducta humana es automática o está determinada por procesos inconscientes.

Se trata de un factor muy importante en las organizaciones, tanto en los ámbitos de gestión como del control. En España, Luis Barrio ha trabajado en los últimos años, la línea de la auditoría emocional, analizando su influencia sobre los aspectos esenciales del control interno, la necesidad de trabajar en colaboración y cooperación, con la capacidad de negociación en la resolución de conflictos y la gestión del cambio.

Los directivos sobreviven en las organizaciones con un adecuado equilibrio de conocimientos y habilidades. Conocimientos técnicos vs. habilidades relacionales, ha sido siempre el dilema, que últimamente vienen ganando estas últimas. Nos recuerda Jorge Juan Fernández que con el tiempo perderán peso los conocimientos concretos, en una sociedad con exceso de información. Incluso apunta los cinco saberes críticos para las próximas décadas.

Hoy participé en Gijón en el seminario “Las Administraciones Públicas: Viejos problemas y nuevos retos” dentro del panel titulado “Corrupción, transparencia y democracia. El control de los ciudadanos sobre la política” donde compartí mesa con el magistrado José Ramón Chaves (“Sevach”) y el profesor de Ciencia Política, Fernando Jiménez Sánchez.

He hablado del decisivo papel de Internet como herramienta de transparencia y pasado revista a su aplicación en determinadas áreas de vital importancia.

En la contratación: La ley de contratos del sector público crea el Perfil de contratante para facilitar el acceso público y directo a la información sobre todos los contratos del sector público, cualquiera que sea el Órgano de Contratación. También contamos con una reciente regulación del registro de licitadores con efectos frente a todos los órganos de contratación del sector público y de acceso público a través de Internet, en la dirección electrónica http://registrodelicitadores.gob.es

En el urbanismo: La Ley del Suelo de 2007 incorpora la obligación de las administraciones públicas de poner a disposición de los ciudadanos por medios telemáticos tanto el texto en vigor de los planes urbanísticos como el anuncio de sometimiento a información pública y otros trámites relevantes para su aprobación. Su eficacia futura está por contrastar, si bien parece la estrategia política adecuada para combatir la información privilegiada y la especulación.

En rendición de cuentas a la ciudadanía tenemos actuaciones aisladas: el Plan E con su detalle en mapa de las actuaciones. Sin duda una línea a seguir en todas las Administraciones Públicas. En EEUU, el seguimiento del Plan Paulson de Inversiones, impulsado para hacer frente a la crisis económica, en todos los Estados, permite un procedimiento gráfico con mucha calidad, que marca el liderazgo en rendición de cuentas, aportando junto a los aspectos divulgativos de las obras, los informes de auditoría.

En este sentido, debemos recordar que en el Reino Unido, el nuevo gobierno Cámeron dará ejemplo con la publicación de todo el gasto público estatal y local, partida por partida. También está previsto liberar los datos en la red con los nombres, puesto que desempeña, sueldo y dietas de todos los altos cargos y funcionarios del escalafón medio y alto. Todo ello disponible en un formato abierto (“Excel mejor que pdf”) para que pueda ser reutilizado por terceros.

Zonas opacas del gasto público

Sin embargo, todavía quedan zonas opacas hasta para los tribunales de cuentas. Por ejemplo, muchos países esconden los gastos parlamentarios o de las Jefaturas del Estado. En Francia, en 2007 Sarkozy anunció que acabaría con dos siglos de opacidad en los gastos de la Presidencia de la República pidiendo al Tribunal de Cuentas que le fiscalizase con regularidad. Un político con visión debería saber que esta decisión tiene un coste, aunque muchos más beneficios. Por lo pronto, el gesto le ha costado el reembolso, el año pasado, de 14.123 euros de gastos privados. Casquería fina para la canallesca y la oposición, pero todo un excepcional ejemplo que deja en evidencia a sus colegas. También una cierta autocrítica por la transparencia de los gastos en España de Casa Real o de las Cortes Generales y parlamentos autonómicos, que la legislación financiera deja al margen de la fiscalización externa.

Por cierto, el informe de auditoría mencionado detectaba que El Elíseo no promueve la concurrencia entre los contratistas habituales. Por ejemplo: que año tras año, los mismos proveedores participen en la recepción de la fiesta nacional o que se abastezca en la misma carnicería desde 1969.

EEUU avanza pero no llega

Las auditorías de la Government Accountability Office (GAO) de EEUU dejan en evidencia la opacidad de gran parte del presupuesto norteamericano. Sin ir más lejos, en la primavera de 2010, la GAO hacía público su informe anual  sobre las cuentas públicas federales correspondientes al ejercicio 2009, concluyendo que no podía emitir una opinión sobre los estados financieros consolidados del gobierno federal debido a importantes limitaciones y, sobre todo, a la debilidad generalizada de su control interno.

Aunque, para los auditores los avances son dignos de elogio, el Departamento de Defensa sigue dominando la lista de los programas de alto riesgo designados como vulnerables al fraude y la mala administración. Así, de los 24 principales departamentos y agencias federales, cuatro relacionados con la seguridad –el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y la NASA- no recibieron una opinión limpia de sus estados financieros.

Portugal: transparencia de los planes contra la corrupción

En Portugal, desde 2008 de años existe el Consejo para la Prevención de la Corrupción, que es un órgano administrativo independiente que trabaja “con” el Tribunal de Cuentas de Portugal para la prevención de la corrupción y los delitos conexos.

Con un coste de funcionamiento mínimo, mantiene una orientación preventiva de la corrupción activa y pasiva. Todos los organismos y empresas públicas portuguesas, de ámbito estatal, regional y local, están obligadas a proporcionar la información que les sea solicitada y debieron aprobar, antes del 31-12-2009, unos “planes de prevención del riesgo de corrupción y delitos relacionados”. Se trata de una iniciativa pionera en el mundo de la gestión pública.

Además, el Consejo había determinado los puntos comunes que todos los planes deben contener. Por lo tanto, cualquiera que sea la naturaleza de la entidad, los planes deben identificar todas las áreas y departamentos con riesgos de corrupción y delitos conexos, con indicación de las medidas para prevenir y mitigar su ocurrencia, con especial atención a los mecanismos de segregación interna de tareas, la rotación de los administradores, entre otros y la definición de los principales implicados en el plan de gestión. Por último, las entidades deberán elaborar un informe anual sobre la aplicación y ejecución de los planes.

Como la transparencia es la mejor manera de luchar contra la corrupción, el Consejo para la Prevención de la Corrupción decidió, en su reunión del 7 de abril de 2010, recomendar a los órganos rectores máximos de Entidades y empresas públicas portuguesas anunciar en su respectivo sitio web, el propio plan de prevención de riesgos de la corrupción. El propio tribunal portugués, como Entidad pública que es, aprobó el suyo.

Brasil: museo virtual de la corrupción

Para terminar una experiencia brasileña que mezcla humor y crítica: una página web dedicada a los escándalos de corrupción que es verdadero museo virtual de la corrupción. Impulsado por un periódico brasileño, Diário do Comércio, el MuCo obtuvo el 9 de diciembre pasado (Día mundial contra la corrupción) el premio periodístico a la “Mejor contribución a la prensa en 2009″.

El recorrido virtual y la exposición itinerante (ver video) termina en la tienda “institucional” del museo, donde el visitante encontrará souvenirs como camisetas, aparatos de escucha, maletines e incluso sobornos virtuales. Se está trabajando para crear un Wiki a través del cual los lectores pueden enviar denuncias y comunicaciones.

Asistentes a las Jornadas

La Letrada Pilar López moderando el debate

Alejandro Nieto en su conferencia

La planificación estratégica aparece en la literatura empresarial en la década de los cuarenta, poniendo el acento en el desarrollo a largo plazo y proponiendo una visión de futuro en referencia a la identidad institucional. Desde entonces su uso se ha generalizado y, a la vez, banalizado. También aquí hay mucho cuentista.

Sin embargo, la nueva gestión pública de la primera Administración Clinton impulsó esta práctica herramienta al exigir a todas las Agencias Federales norteamericanas fijar sus objetivos estratégicos, sus medidas de rendimiento para después auditar e informar del grado de consecución. Caído el Muro de Berlín, América redescubría los planes quinquenales rusos como forma moderna de dirigir el sector público.

Xavier Marcet analizaba ayer, en su blog, el declive aparente del concepto. Sin embargo, su aplicación a todos los ámbitos de la vida económica ya es un hecho: desde Ciudades o CCAA hasta las Universidades, la Justicia o la sanidad; desde las Infraestructuras tangibles a la intangible igualdad de oportunidades … todos hemos acogido este instrumento como forma de orientarnos en un entorno de amenazas y fortalezas. También ha sido una forma de dar trabajo a las consultoras.

Los órganos de control también

La Organización mundial de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) está discutiendo en la actualidad su plan estratégico institucional 2011-2016 que tiene la capacitación como eje principal y sustituirá al vigente 2005-2010. Los Órganos de Control Externo y los Tribunales de Cuentas de todo el mundo utilizan la planificación estratégica para determinar su misión, su visión, sus valores y sus objetivos. Así, dentro del órgano colegiado de tipo “clásico” podemos mencionar a Portugal, cuyo Tribunal de Cuentas lleva desde el año 2005 actualizando sus objetivos estratégicos.

El Tribunal de Cuentas Europeo aprobó un documento que declaraba los principales objetivos de fiscalización para el período 2009-2012, en relación con los distintos ámbitos políticos e incluye entre sus valores: junto a los clásicos de independencia, integridad, imparcialidad y profesionalidad, el siguiente mensaje internacionalista: “Implicarse de forma activa para seguir desarrollando la profesión de la auditoría pública en la UE y en el mundo entero”.

Pero me agrada, del mundo anglosajón, la Oficina Nacional de Auditoría de Australia, que establece, en su plan estratégico, los siguientes valores y comportamientos:

Respeto, integridad y excelencia, que en el gráfico siguiente son el marco de estas ideas:

- Predicar con el ejemplo

- Disfrutar de nuestro trabajo

- Apoyarse mutuamente

- Ser innovador y creativo

- Trabajar con valentía y tacto

- Comunicar de manera abierta y ser receptivo

- Celebrar y estar orgullosos de nuestros logros

¿Son palabras vacías? Para muchos se trata de una declaración de principios que quienes “sufren” una auditoría sin duda agradecerán. Muchas entidades de control reconocen que los “Clientes” (muy propio del mundo anglosajón) son los Parlamentos respectivos. Para el Auditor de Quebec, estos son “los únicos clientes”. Más elegantes, los australianos entienden que su parlamento es sólo el “cliente primario”, pues reconocen que también trabajan “para las Entidades del Sector Público”. Alguien pensará que esta es una divertida manera de perder el tiempo. No debemos subestimar esos procesos de reflexión institucional y, de vez en cuando preguntarnos por la utilidad de nuestras instituciones. Al menos, todos entienden que son diferentes los objetivos de un Tribunal de Cuentas (como el español) y un Auditor General como el británico o norteamericano.

Gran parte de los planes dedican especial importancia a los Recursos Humanos, pues estas instituciones no son otra cosa que empresas de servicios. Así, un ejemplo representativo de muchos: el Auditor General de Quebec declara en su plan estratégico que su fuerza se basa en personal “competente y dinámico que se fundamenta en la independencia, objetividad, respeto y rigor, con el compromiso de la ejemplaridad, la transparencia y la integridad”.

La NAO del Reino Unido reconoce en su plan estratégico (parágrafo 2.14) que “para cumplir nuestra estrategia se requieren grandes cambios culturales en la organización. Vamos a crear una cultura basada en el equipo, profesional, eficiente y de alto rendimiento, de acuerdo con una nueva relación entre el personal y sus jefes … el mejor comportamiento y talento serán reconocidos y recompensados adecuada y rápidamente. Este cambio será liderado por el ejemplo del equipo directivo de la NAO”.

En España, el órgano de control más avanzado en este tipo de planificación es la Sindicatura de la Comunidad Valenciana, que desde hace años aprueba su plan trienal, el último correspondiente al período 2008-2010. Sus objetivos estratégicos, que ya hemos presentado en otra ocasión, son los siguientes:

• Mantener y mejorar la confianza depositada en los estados financieros de las entidades públicas de la Comunitat Valenciana.
• Hacer una Sindicatura de Comptes más transparente y eficaz, maximizando la influencia de nuestros informes en la mejora de las prácticas de gestión de los entes públicos y manteniendo unas relaciones externas de alto nivel.
• Llegar a ser una entidad modelo, prestadora de un servicio profesional de primer nivel, adaptada a las nuevas realidades, con un entorno de trabajo equilibrado y una metodología continuamente actualizada.

Para alcanzar los objetivos estratégicos definidos en el Plan se han identificado una serie de áreas principales de actuación, en cada una de las cuales se señalan varios objetivos de acción detallados con sus respectivas metas.

Hoy traemos a la bitácora dos experiencias de buenas prácticas para los departamentos de Auditoría Interna en el sector público. Se trata de reconocimientos de distinto alcance y procedencia, pero que tienen la virtud de evidenciar una floreciente cultura de mejora contínua en un servicio, por lo general poco innovador y menos dado a la exposición pública.

Tribunal de Cuentas Europeo

Entre junio de 2009 y septiembre de 2009, la multinacional de la Auditoría Deloitte realizó una evaluación externa de calidad interna del Servicio de Auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo. Respondía así a la petición del Jefe de Auditoría Interna, con el fin de cumplir con las Normas para la Práctica Profesional del Instituto de Auditores Internos.

Quienes trabajáis en el corazón de la Administración Pública estaréis recibiendo la noticia con cierto escepticismo. Lo sé. También cuando la evaluación la efectúan colegas de otro tribunales (“entre bomberos no se pisan la manguera”) a través de lo que se denomina Peer review.

Sin embargo, es elogiable el afán de trasladar al exterior la imagen de cumplimiento de los estándares internacionales en todo el ámbito del Tribunal, que ha dado ejemplo de su excelencia en la reciente revisión entre pares a cargo de un equipo internacional compuesto por  representantes de cuatro entidades fiscalizadoras superiores: Altos Responsables del Tribunal de Cuentas de Austria y de Portugal, así como de la  Oficina del Auditor General de Noruega y de Canadá.

Sobre la base de ese trabajo, el Servicio de Auditoría Interna ha sido certificado como conforme a las normas internacionales de auditoría interna, y, en particular, la Norma 1312 que exige realizar “evaluaciones externas al menos una vez cada cinco años por un revisor o equipo de revisión cualificado e independiente, proveniente de fuera de la organización”.

Esta certificación fue entregada al señor Helder Faria Viegas, Auditor Interna del Tribunal, el 2 de diciembre de 2009, por el Sr. Laurent Berliner, socio de Deloitte SA, como podeis ver en la foto, cortesía del Tribunal de Cuentas Europeo

Oficina de Control Interno de la Universidad de Valencia

La Oficina de Control Interno de la Universidad de Valencia ha ganado el Premio Telescopi a la Mejor Práctica en Dirección y Gestión Universitaria que concede la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria de la Universitat Politècnica de Catalunya, por sus “Auditorias de Eficacia y Eficiencia: Informes de Ejecución Presupuestaria”

La entrega formal del Premio tuvo lugar el 16 de diciembre del 2009 en la Universitat Politècnica de Catalunya en el marco de una jornada que contó con la presencia de numerosos representantes del ámbito universitario. En dicha Jornada participaron todas las componentes de la Oficina de Control Interno y el premio fue recogido por la Directora de la Oficina, Esther Escolano.

Esta práctica ya fue distinguida por el Consell Social de la Universitat de València en 2008 con el Premio Universitat-Empresa en la modalidad de Gestión Universitaria (ver reseña) y posteriormente incluida en el TELESCOPI, un observatorio de buenas prácticas universitarias que tiene como objetivo identificar y compartir experiencias exitosas realizadas por instituciones de educación superior de España, en el ámbito de la dirección y la gestión universitaria.

TELESCOPI es un Banco de Experiencias donde se recogen prácticas en Dirección y Gestión universitaria, que antes de su incorporación, pasan por un proceso de evaluación y validación por parte de un comité de expertos. El banco está pensado para funcionar como una plataforma para el benchmarking, abierto a las instituciones de educación superior de Europa y América Latina. Su objetivo es contribuir a la gestión del conocimiento en el  ámbito de la Dirección Estratégica aplicada al mundo universitario. TELESCOPI está dividido en siete áreas, siguiendo la orientación del Modelo de Excelencia de la European Foundation for Quality Management (EFQM): Estrategia, Personas, Alianzas y Recursos, Liderazgo, Procesos, Clientes y Resultados. El Observatorio también promueve a cada dos años un Premio en el que se distinguen las mejores prácticas del banco de experiencias.

Breve descripción de la práctica premiada:

Por Esther Escolano, Directora de la Oficina de Control Interno de la Universitat de València

Una de las actividades que realizamos desde la Oficina de Control Interno es, dentro de lo podrían considerarse como nuevos enfoques de la auditoria interna y su contribución a la calidad y a la modernización de las AAPP, una práctica que se enmarca dentro de lo que se conocen como auditorias de eficacia y eficiencia: los INFORMES ANUALES DE EJECUCIÖN PRESUPUESTARIA.

A través de dicha labor proporcionamos a las distintas unidades cifras relativas a los principales indicadores de la ejecución del presupuesto, datos que estimamos realmente interesantes para conocimiento de aquéllas en la medida en que no aparecen en ningún otro informe o documentación. Con carácter interno, la información proporcionada constituye una panorámica capaz de permitir apreciar la situación comparativa de los distintos departamentos o sub-unidades, su volumen de fondos ordinarios junto a aquellos destinados a la investigación, el destino de los créditos empleados, etc.

Además,  en cada uno de los Informes se proporciona información correspondiente a otra serie de unidades capaz de facilitar su ubicación tanto en el Campus correspondiente como en el conjunto de centros de tipología similar (Facultades, Escuelas, Institutos, Servicios…), un enfoque que, sin duda, permite la descripción comparativa de la unidad auditada.

Por ello, podrían destacarse como características definitorias de dichos Informes:

- Mediante los mismos se lleva a cabo un análisis integral de las principales magnitudes e indicadores de gestión presupuestaria.

-  Proporcionan información que no aparece en ningún otro informe ni    documento.

- Ofrecen una panorámica anual de origen y ocupación de recursos económicos de tota la Universitat; permiten la ubicación comparativa en el campus geográfico, y también con  las unidades de tipología similar.

Para un mejor conocimiento de los Informes de Ejecución Presupuestaria hacer clic aquí.

Si, así decìa Don Hilarión en la “Verbena de la Paloma”, del maestro salmantino Tomás Bretón. Una muestra la tenemos en la Government Accountability Office (GAO), conocida en EEUU como el “el mejor amigo del contribuyente“, que acaba de inaugurar su canal en YouTube (ver) y en  Twitter (ver) para ayudar a los usuarios de esos sitios a mantenerse informados sobre su labor.

Estas nuevas herramientas no son un asunto de adolescentes y, en palabras del Auditor General interino, Gene L. Dodaro: “ofrecen nuevas posibilidades para informar sobre los esfuerzos para promover la rendición de cuentas y la transparencia en los programas federales”.

La GAO ha publicado muchos de sus vídeos en el canal de YouTube, que cada vez es más utilizado por las agencias federales como herramienta de comunicación. Además, en su cuenta de Twitter, la GAO alerta de cada informe publicado. Los usuarios pueden ir a estos links y crear su propia cuenta de Twitter y, a continuación, recibir automáticamente los avisos de informes de la GAO. Más de 50 agencias federales y varios miembros del Congreso utilizan Twitter, una red social gratuita y de micro-blogging que crece en Estados Unidos a un ritmo del 50% mensual y permite a los usuarios enviar y leer los temas actualizados, como parte de sus esfuerzos de divulgación pública.

El propio presidente Obama tenía su cuenta, que usó con mucha eficacia durante la campaña electoral (junto a Youtube) como herramienta de recaudación de fondos, captación de votantes y como prueba de que el candidato tenía claros los conceptos de comunicación y transparencia. Obama contó con 3,2 millones de amigos en Facebook (frente a los 600.000 de McCain), 137.000 seguidores en Twitter y 1.824 vídeos en YouTube (por sólo 330 de su rival). Ahora, en su nueva responsabilidad mantiene ésta y esta cuenta.

¿Qué está haciendo la GAO?

Si moderna es la divulgación, más todavía es el objetivo y alcance de sus informes. En su web veo este último informe:

Pandemia de gripe: es necesario abordar las lagunas en la planificación y preparación para la pandemia

Como pone de relieve el actual brote de H1N1, una pandemia de gripe sigue siendo una amenaza real para nuestra nación. En los últimos 3 años, la GAO realizó diversos trabajos, que constan de 12 informes y 4 resoluciones, para ayudar a la nación a prepararse mejor para una posible pandemia.

En febrero de 2009, la GAO sintetizó los resultados de la mayor parte de esta labor y, en junio de 2009, emitió un informe adicional sobre la protección de los trabajadores en caso de una pandemia. El trabajo señala que, si bien se han adoptado una serie de medidas para planificar la pandemia, incluyendo el desarrollo de una estrategia nacional y un plan de aplicación, siguen existiendo muchas lagunas en la planificación y la preparación para la pandemia.

Este informe abarca seis áreas temáticas:

(1) liderazgo, autoridad y coordinación

(2) detección de amenazas y gestión de los riesgos

(3) planificación, capacitación y ejercicio

(4) capacidad de respuesta y recuperación

(5) intercambio de información y comunicación, y

(6) resultados y la accountability.

….

Por ejemplo, en mayo de 2006, la Estrategia Nacional para el Plan de Aplicación de la pandemia de gripe no establece prioridades entre sus 324 puntos de acción y no proporciona información sobre los recursos financieros necesarios para llevarlas a cabo. Además, no hay ningún mecanismo para supervisar e informar sobre los progresos de los organismos en el desarrollo de planes de trabajo pandemia.

La actual pandemia de H1N1 debería servir como un poderoso recordatorio de que la amenaza de una pandemia de gripe, que parece desaparecer de la conciencia pública en los últimos años, en realidad sigue existiendo. Aunque las agencias federales han tomado medidas en relación con 13 de nuestras 24 recomendaciones, no se han aplicado plenamente 11 de ellas, durante los tres últimos años.

Ante la posibilidad de que el virus H1N1 pueda hacerse más virulento este otoño o en invierno, la Administración y las agencias federales deberían utilizar este tiempo para dirigir su atención en la planificación y la preparación para la labor de las lagunas que hemos señalado.

La editorial Civitas acaba de publicar dos interesantes libros promovidos desde la Cámara de Cuentas de Andalucía. Se trata, por una parte, del “Manual de control externo” y por otra del “Libro de estilo de la de Cámara de Cuentas de Andalucía”. Son dos obras de gran utilidad para los auditores y para los gestores públicos.

Libro de Estilo

Este libro, que ha sido coordinado por el Consejero Mayor del organismo fiscalizador, Rafael Navas Vázquez (y redactado por los profesores Julio Ariza Conejero y Juan Antonio González Romano) tiene la vocación de servir de guía ante la duda y resultar una herramienta eficaz para la adecuada redacción de los trabajos de fiscalización.

Esta publicación ha sido el fruto de “un largo trabajo en el que sus autores tratan de señalar cánones y pautas acerca del correcto uso de nuestro idioma, para evitar la comisión de errores y, sobre todo, para la consecución de informes más claros, correctos y sencillos”, dice la nota de prensa del OCEX andaluz.

En este sentido, el libro de estilo es otro paso en la ya amplia serie de propuestas que viene haciendo la Cámara de Cuentas de Andalucía para homogeneizar sus informes, armonizar sus instrumentos y procedimientos y exponer públicamente los criterios que deben guiar su trabajo.

El principal output de los OCEX son los informes de fiscalización. Por eso, una de las buenas prácticas del auditor es cuidar la redacción de los informes. Con frecuencia, las instituciones producen manuales que recuerdan y recomiendan las reglas básicas, como hemos comentado aquí. Por ejemplo, el uso de las abreviaturas, los verbos o la concordancia.

El capítulo 12 del libro resume los consejos a seguir para la claridad del lenguaje administrativo, con apartados como los siguientes: construya oraciones cortas y claras, cuidado con la voz pasiva, no abuse de los tecnicismos, evite la ambigüedad, etc.

Manual de Control Externo

Rafael Navas Vázquez, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, es también autor de este compendio (124 páginas y 16 euros) que realiza un tratamiento completo de las distintas fases del control externo.

La obra estudia la configuración institucional de los OCEX, procurando una interpretación de las normas que regulan dichas relaciones “que ofrezcan a la vez la mayor extensión y profundización posibles del control externo y eviten disfunciones y solapamientos que pudieran mermar su eficacia”, dice el autor en la contraportada.

Asimismo, para el ejercicio de sus competencias, el ordenamiento dota a estas instituciones de una serie de facultades frente a las entidades integrantes del sector público y frente a otros destinatarios de fondos públicos, a los cuales corresponde, en contrapartida, un conjunto de deberes no muy amplio, pero sí muy importantes en su contenido. El análisis del ejercicio de unos y otros, de sus correspondientes límites en los procedimientos previstos por las normas y de las diversas clases de auditoría a que dan lugar aquellas competencias constituyen igualmente objeto de estudio de este trabajo.

Se recoge también la exposición de algunas cuestiones que no pertenecen de suyo al control externo, pero que guardan con él algún vínculo orgánico o funcional, como pueden ser el derecho sancionador en la fiscalización, la colaboración de entidades privadas en el ejercicio de estas competencias y la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas para el enjuiciamiento de la llamada responsabilidad contable

Hasta bien entrado el siglo XVIII, para ser conserje y encuadernador del Tribunal de Cuentas de París se exigía NO saber leer ni escribir. Así se evitaba que cayeran en la tentación saber o hablar más de la cuenta. Era época de requisitos expeditivos y no era preciso justificar ninguna de las medidas Reales.

La sociedad moderna nos regaló los medios de comunicación y la libertad de prensa. Durante los años setenta y ochenta, sesudos periodistas eran capaces de dedicar semanas a investigar y hasta mimar un tema para llegar a descubrir un Watergate, que forzaría la dimisión del presidente de la nación más poderosa del mundo. Se perfeccionaba el periodismo de investigación. Se azuzaba el ingenio. Se comprobaban las fuentes y se confirmaban las noticias.

Durante el seminario de fiscalización de 2007, en Formigal, Encarna Samitier, gran conferenciante y periodista del Heraldo de Aragón, recordó su primera experiencia como intrépida y joven reportera. Había recibido el soplo (luego hablaremos de los soplos) de que decenas de cadetes de la Escuela Militar estaban enfermos. En una capital de provincias, eso era noticia, pero había que confirmarla para sacarla en primera plana. Tras horas de estrellarse con el muro de los jefes de prensa del ejército, urdió la idea de hacerse pasar por la madre de un enfermo, llamando al médico de guardia, con algo así:

- Buenas soy la madre de Pedro Pérez y me han dicho que ha habido una intoxicación …

- ¿Cómo dice que se llana? Pues no está en la lista afectados …

con lo cual quedó comprobado el chivatazo y se apuntó la primera muesca del revolver. Después vendrían muchas más.

Hoy, gran parte de la labor de investigación periodística la hacen unos chicos con un blog o un obstinado que busca justicia o venganza. Nada hay más enérgico que un ciudadano cabreado por una injusticia. Ya hemos hablado en esta bitácora de la extraordinaria película “El dilema” donde se trata y retratan las miserias de los medios de comunicación y las presiones a un hombre honesto. También quiero recordar la reciente película “Flash of Genius” (2008) que narra la historia real de la lucha de Robert Kearns contra la industria automovilística estadounidense por la paternidad del invento del limpiaparabrisas. Y puede con ella, aunque queme su vida.

Pero volvamos al periodista que atiende tantos frentes a la vez: lo mismo a un científico que una rueda de prensa del alcalde. Incluso se habla de la muerte del periódico clásico ¿Cómo y cuando hacer periodismo de investigación? Sencillamente esperando que una filtración interesada ilumine una jornada laboral dedicada a las anécdotas. Suena crudo para los esforzados y precarios profesionales pero es así. No vean desdeño en mi afirmación, pues sin esas filtraciones el delincuente Roldán hubiese sido Ministro del Interior y quizás nunca hubiéramos conocido cuán gran chorizo era. O la gripe porcina que fue desvelada por un periódico mexicano, mientras las autoridades pensaban como taparlo (un seguidor de la bitácora me ha dado este soplo).

Por el contrario, en el museo de los horrores de las filtraciones encontramos a un miembro del gabinete de G.W. Bush que consiguió que un periódico norteamericano delatase como espía de la CIA a la esposa de un honrado diplomático que negó la existencia de Armas de destrucción masiva. Entiendo que la obligación de un periodista es asumir el reto, aun sabiendo que es utilizado en alguna venganza inconfesable.

Las más de las veces, se tiene el cuidado de matizar que la filtración viene “del entorno de fulano” porque, con frecuencia utilizan una persona intermedia o consienten la actividad de un colaborador cercano. Incluso se habla de ciertas claves profesionales para, sin descubrir al sujeto filtrante, mencionarle siempre en la información aunque sea de pasada: hay toda un libro de estilo de las filtraciones, que suelen percibir los buenos periodistas.

Así, con demasiada frecuencia, una mano mece la cuna filtrando alguna noticia a un medio afín. Con seguridad, tal generosidad será recompensada con un tratamiento de la noticia favorable a los intereses de quien revela los secretos. La ciudadanía suele atribuir la filtración al principal beneficiario de la tropelía. Pero no siempre está claro el beneficiario aunque siempre es diáfano quien es el perjudicado. Y entre ellos, la principal perjudicada es la Institución cuyo secreto se viola. En los últimos meses ha sido común ver en la prensa español sumarios declarados secretos. La Audiencia Nacional y el Juez Garzón han sido los máximos dañados en su prestigio; para mi: más que los aludidos en el caso.

En los órganos de control, estas filtraciones de informes suelen cumplir la misión de anticipar a sus lectores, en rigurosa exclusiva, un documento que en unos días estaría disponible a cualquiera. Lo más indignante se presenta cuando el fiscalizado se entera del informe por los medios.  De ahí la importancia de la política de comunicación y de los gabinetes de prensa en los Tribunales de Cuentas, que deben lidiar con los intrépidos reporteros y redactar o explicar las notas de prensa sobre los informes de fiscalización, que a nadie interesan salvo que permitan dejar en evidencia a algún personaje público. Para eso contarán con la eficaz colaboración de un político rival que se hará milagrosamente con el informe ¿Cómo?

La mayoría de las veces (yo diría todas) la filtración, al exigir la colaboración imprescindible de algún/a canalla emboscado/a, sólo sirve para desprestigiar la propia Institución fiscalizadora, deslegitimando sus informes, pasados, presentes y (esto es importante) futuros. Es la que hoy traemos a la bitácora. Nuestras actas, secretas, expuestas en la plaza pública. Es muy duro y eso explica mi silencio de estos días, que muchos ya me habéis hecho notar. Esperemos retomar el espíritu blogero.

Una versión de este artículo fue publicada en La Nueva España, el 17 de junio de 2009.

El Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha (Miguel Ángel Cabezas, arriba en el centro y bien rodeado) convocó en Toledo al personal de gabinete de los Órganos de Control Externo de toda España. Su seminario fue un rotundo éxito. Pedro Herrero Mestre, que pertenece a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, realiza la crónica de este fructífero encuentro técnico. Crónica Toledana, por Pedro Herrero

En Toledo, durante los días 28 y 29 de abril de 2009 se han celebrado las Jornadas de formación dirigidas al personal eventual de los Órganos de Control Externo. Organizadas por la Sindicatura de Cuentas de Castilla La Mancha y desarrolladas en las instalaciones del CES de Castilla La Mancha, las jornadas han contado con una abrumadora presencia femenina (35 mujeres y 2 hombres) de la casi totalidad de los OCEX de España.

El día 27 se nos recibió en el TOLETUM (Centro de Recepción de Turistas) por el Síndico D. Miguel Ángel Cabezas, a quien hay que agradecer la organización de estas jornadas, que junto con la Jefa de Gabinete, Dña. Nieves Graupera, y el esfuerzo demostrado por todo el equipo (Maite, Rosa, Elena y Marta SCCLM/ Mª José, Ana Isabel y Carmen CES) han convertido en un rotundo éxito este encuentro.

En todo momento se nos hizo sentir acogidos a nivel personal por parte de los miembros de la Sindicatura, al mismo tiempo, la organización planteó un programa de formación excelente y una distribución de los tiempos estudiada y eficaz. Lo que demuestra el nivel de trabajo, dedicación y cariño volcados en la realización de estas jornadas.

Por el altísimo nivel demostrado por los conferenciantes creo que es necesario reseñar las ponencias que disfrutamos. Por tanto, en orden de aparición y asumiendo como mío cualquier error que puedan apreciar:

“La organización de la Administración Pública” D. José María Gimeno Feliu

Un radiografía rápida de la historia y presente de la organización del Sector Público, con un especial atención a la fase en la que está inmersa en la actualidad la Administración española, la privatización de los servicios en la forma de Empresas Públicas, Fundaciones, etc. De una manera constructiva, en un mensaje de aviso que es repetido por otros reconocidos administrativistas, el profesor Gimeno señala la tupida malla de intereses a que ha dado pie la administración instrumental. Los riesgos tanto externos, dentro de una estructura como la Unión Europea que tiende a la homogenización de sus partes a través de las directivas, como internos, por la desconfianza que a raíz de determinados escándalos surge entre una opinión pública tan sensible al malgasto de caudales públicos, hace necesario un ejercicio de reflexión que a través de los partidos involucre a las tres administraciones en una reorganización necesaria.

Como bien señaló el Síndico D. Miguel Ángel Cabezas es sorprendente que a lo largo de una conferencia sobre derecho administrativo y contratación pública en varias ocasiones se escuchen risas por parte del auditorio. Todavía menos habitual es que por estar entregado a la materia ojees el reloj por primera vez a la hora y cuarenta de haber empezado. Para mi no es lo normal, he sufrido ponentes que empiezan a citar sentencias, números y cifras leyéndolas de un papel, con una absoluta falta de empatía hacia quien les oye. Por el contrario el  profesor Gimeno es un ejemplo de como hay que afrontar estos compromisos. Agilidad, saber, concreción, y además, humor.

“El Control de la Gestión Pública” D. Miguel Álvarez Bonald

¿Qué tiene que ver el Control de la Gestión Pública con: Bakunin, José II, el Watergate, Descartes, Bismark, el Papa León XIII y la SGAE? Pues nada, o todo si tienen la suerte de acudir a una charla donde estas relaciones (y más) se hacen evidentes a través de unos conocimientos enciclopédicos sumados a una capacidad extraordinaria para contextualizar la historia.

Los 43 años al servicio de Tribunal de Cuentas convierten a este experimentado Consejero Emérito en un “sabio” castellano leonés. Durante la atípica, por sincera, charla, con abundantes alusiones a la función de la prensa y la necesaria separación de poderes, expuso las razones por las cuales la labor de control (y sus sinónimos) revisten de especial importancia dentro del proceso de construcción social. Desde sus orígenes hasta su posterior modernización, la autocrítica necesaria para el progreso de toda institución en esta España “estado compuesto” donde es necesario conocer al Ejecutivo como ese “Gran Poder al que cuesta embridar”, todo ello salpicado por unas imprescindibles “notas a pie de página” como las describió el Síndico D. Miguel Ángel. Dos horas de llamada al “deber ser” y a la responsabilidad institucional, de recorrido sobre la historia española y mundial. Tratado de ingeniería social con una carga de optimismo más que suficiente para levantar el ánimo a cualquier miembro de un OCEX. Quizás una conferencia imprescindible para aquellos que empiezan su labor dentro del sector público.

“Funcionamiento de un Gabinete de Prensa” D. Fermín Erbiti Zabalza

Actualmente el Sr. Erbiti, y perdónenme si me equivoco, creo que es la figura más reconocible dentro de la comunicación aplicada a los OCEX. Antes de oír su conferencia ya conocía dos de sus artículos: el imprescindible “La comunicación: asignatura pendiente de las instituciones de control” disponible aquí y el reciente “Los estudios de opinión sobre las instituciones de control: la experiencia de la Cámara de Comptos de Navarra” disponible aquí.

D. Fermín hace uso de su formación y experiencia como periodista, y su reconocida labor dentro de la más veterana (mal que le pese al Tribunal de Cuentas de España) de las instituciones de control externo, la Cámara de Comptos de Navarra. Todo para destilar conocimientos en una pequeña guía práctica sobre comunicación especialmente útil, no sólo para los OCEX, si no también extensible para aquellas instituciones que manejan “material sensible”.  El artículo del 2003 y la ponencia comparten puntos que no por repetidos dejan de ser rabiosamente actuales. Desde mi humilde punto de vista, imprescindible el punto 6 “Lo que nunca se debe hacer con los medios” que señala evidencias desde la pura experiencia del camino transitado. El primero de los axiomas de la Teoría de la Comunicación de Watzlawick  dice “Es imposible no Comunicar”. Mejor que cualquier resumen que les pueda hacer, mi recomendación más encarecida a que se lean ambos artículos.

“El Protocolo en las Administraciones Públicas” D. Juan de Dios Orozco López

Excelente conferencia de contenido práctico. La necesidad de ser rigurosos con el conjunto de normas que facilitan el éxito de unos actos con vocación pública o por lo menos comunicadora. Las funciones del protocolo a través de una interpretación mucho más cercana a las teorías del marketing y la publicidad que a los prejuicios que siempre planean sobre estas normas sospechosas de “manierismo”.

• “Quien no asume la necesidad del protocolo no conoce la natural vanidad de las personas.”

El Sr. Orozco resolvió las dudas que se presentaron, lo que demuestra que estos conflictos no son ejercicios teóricos sobre heráldica y genealogía, si no que traen problemas cotidianos a los que se enfrenta de manera reiterada el organizador de cualquier acto.

• “En la organización hay que asumir un criterio, el que queramos, pero siempre debemos disponer de una respuesta coherente”

Mi opinión

La valoración es mía en tanto estoy escribiendo, pero creo que todos los asistentes podemos suscribir el tremendo éxito que ha conseguido en su conjunto la Sindicatura de Cuentas de Castilla La Mancha.

Siendo prudente, sobre conferencias, charlas y coloquios, por propio interés puedo considerarme un diletante con un conocimiento insuficiente pero razonable. Quizás por ello las jornadas que en todos los aspectos han sido inmejorables, desde mi punto de vista sobresalen en la organización de los ponentes ¿Por qué? Perdónenme la franqueza pero la realidad es que siempre es muy complejo configurar un programa docente que no resulte denso. En este sentido creo que hemos sido afortunados (gracias al trabajo de los organizadores) por disfrutar de cuatro grandes comunicadores, todos ellos distintos pero eficaces. Si tuviese que resumir tres características comunes: naturalidad, simplicidad y humor.

La ciudad de Toledo. Pensaba equivocado que se parecería a Ávila o a Segovia, llegué a decir que la Catedral no parecía gran cosa ¡Tremendo error! Asumo que dentro de mi equivocación, ayudado por el estupendo guía que pusieron a nuestra disposición, he podido conocer un poco de una ciudad increíble tanto por su historia como por su patrimonio artístico.

Y para acabar, mi gran descubrimiento es el personal al servicio de los OCEX con el que hemos compartimos estos dos días. Una suerte haberlos conocido.

El Premio de Integridad es un reconocimiento anual que realiza Transparencia Internacional, destacando a aquéllas personas (¡heroes!, dicen) que con su labor contribuyen en la lucha contra la corrupción.

El pasado 17 de febrero, en una ceremonia llevada a cabo en Londres, se otorgó el Premio de Integridad 2008 a dos periodistas de investigación: el inglés David Leigh (The Guardian) y el ruso Roman Shleynov (Novaya Gazeta). 

Los ganadores del año 2008 han llevado adelante im labores de investigación y han expuesto redes de corrupción en sus respectivos países, desafiando importantes obstáculos con el riesgo de enfrentar acciones legales en su contra.

Sus investigaciones demuestran, según Sion Assidon, presidente del comité encargado del Premio, que el periodismo de investigación es un camino hacia la ‘accountability’ pública”. Y agregó, “demostrar cómo la corrupción mina la accountability y el ‘estado de derecho’ –tal como Leigh y Shleynov han hecho- es indispensable para desafiar el abuso de poder que puede ejercerse para obtener beneficios y ganancias ilícitas”.

Las investigaciones de David Leigh abordan temas como el soborno extranjero y la responsabilidad que pueden asumir los países desarrollados frente a la corrupción en naciones en vías de desarrollo. También investigó casos de corrupción en los negocios y de corrupción política en el Reino Unido.

Por su parte, Roman Shleynov, se ha concentrado en investigar los nexos corruptos entre los negocios y la política, presentando a “Novaya Gazeta” como un medio de comunicación firmemente comprometido con la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, este decidido rol ha costado la vida de cuatro de sus periodistas desde el año 2000 hasta la fecha.

Los Periodistas también son noticia por haber sido una noticia mundial silenciada inexplicablemente (¡desde hace 1 mes!) en los medios españoles defensores de derechos humanos y  luchadores  contra la corrupción.

Ha sido necesario acudir a San Google para conocer que el Capitulo Chileno de TI es él único que da la noticia en castellano de los premiados en 2008 y sus antecedentes. El Capítulo Español de TI presentó al Juez Torres de candidato español 2008 y el año 2005 fue candidato Juan José Moll.

Hoy traemos a esta bitácora el extraordinario artículo de Juan Durán Alba, Profesor Titular de Derecho Constitucional  y Letrado del Tribunal Constitucional, publicado en la Revista de las Cortes velencianas (ANUARIO DE DERECHO PARLAMENTARIO Núm. 20/2008) y titulado “Vae Victis! La tramitación parlamentaria de los informes de los órganos de control externo de las cuentas públicas“.

El autor es un experto en los aspectos institucionales de las complejas relaciones entre los Órganos de Control Externo (OCEX) y su Parlamento, que desembocan en una situación de dependencia orgánica de aquéllos con respecto de éste. Algunos de los mecanismos de relación, sin embargo, pueden provocar interferencias en el proceso –e incluso en el resultado– de la fiscalización técnica. En este trabajo, Durán analiza los riesgos que pueden surgir para el resultado del control técnico en el momento de su análisis por parte del Parlamento. El modelo de control escogido, que entronca con una larga tradición constitucional de encomendar a un órgano dependiente del Parlamento, auxiliar del mismo o, si se quiere, que actúa por delegación de la Cámara, presenta algunos inconvenientes. Entre ellos, la sospecha de politización del OCEX debido a la participación del Legislativo en el proceso de designación de sus miembros y al arbitrio legal de algunas facultades de injerir en el funcionamiento del mismo.

Para evitarlo, el autor menciona una serie de «cortafuegos» preventivos, entre los que se encuentran algunos elementos integrantes del estatus de los miembros de estos órganos: rígido sistema de incompatibilidades entendidas como barreras personales de incomunicabilidad, prerrogativas personales (por ejemplo, la inamovilidad), no coincidencia temporal en la duración de los mandatos de quien designa y del designado: “Bien es cierto que esta última garantía puede quedar atenuada por la tendencia a la larga duración sin alternancia de algunas formaciones políticas en determinados territorios con el inconveniente de una posible petrificación institucional“, afirma.

Un órgano de control externo es un órgano técnico, con independencia del procedimiento de designación de sus miembros, si fundamenta su actuación en criterios técnicos, objetivos y no de discrecionalidad o de oportunidad. En algunos casos no puede sino llamarse la atención sobre los efectos que puede tener para el órgano de fiscalización la deslegitimación pública de su función por parte de algunos responsables políticos, con ataques mediáticos a través de prensa afín.

Otras veces, se intenta de atribuir a los informes de fiscalización del OCEX el carácter de “mera opinión” o”criterio” frente al que se esgrime la opinión o criterio discrepante del fiscalizado, todo ello desde un aparente plano de igualdad, como  recordaba hace unos meses Rafael Iturriaga en esta bitácora.

Es verdad que, en las sociedades contemporáneas, la auditoría operativa adquiere paulatinamente una mayor importancia que supone un cambio de perspectiva en la percepción que el fiscalizado debe tener del fiscalizador, como un instrumento de cooperación en la consecución de las «buenas prácticas» económicas consensuadas. “En este sentido pueden ser necesarias medidas de «pedagogía institucional» que podrían evitar el recurso a la deslegitimación pública desde la no aceptación de la crítica. Aún hay quien confunde la crítica a determinadas prácticas con un informe en el que se manifieste que se ha operado contra legem y, por lo tanto, ilegalmente“.

La práctica ofrece, lamentablemente, algunos ejemplos de interferencias en la labor de fiscalización de los órganos de control externo, surgiendo la duda de si es posible introducir mecanismos normativos que garanticen una mayor autonomía funcional que proteja a los resultados de la fiscalización de esos riesgos: “Posible acaso, conveniente es otra cuestión“, concluye Durán, planteando algunas interesantes propuestas:

“ir más allá del consenso inicial en la composición del órgano, que algunas normas jurídicas han tratado de formalizar extendiendo la facultad de propuesta –y el éxito de la misma– entre los distintos Grupos parlamentarios. Ese consenso debe abarcar la determinación de los objetivos cuyo cumplimiento va a fiscalizar el control operativo (no sólo dentro de la Cámara sino también buscando el acuerdo de los sujetos fiscalizados) y, desde el punto de vista parlamentario, el acuerdo sobre los sujetos específicos objeto defiscalización, que no deben ser objeto de controversia política”.

En fin: un completo artículo, de interés para todos aquellos que pertenencen al mundo del control externo.

“Edgar Morin (izquierda) y Rafael Alberto Pérez, en la clausura del VI Encuentro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación”.

Organizado por FISEC y la Universidad de Málaga, los días 24 al 26 de septiembre 2008, se celebró el VI Encuentro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. Acudieron congresistas de 11 países de la Comunidad de Estados Iberoamericanos, Francia, Alemania, Rusia, e Italia.

Una vez precisadas en el anterior Encuentro los siete grandes cambios que introduce la Nueva Teoría Estratégica FISEC ha dedicado esta reunión a profundizar en la primera de esas transformaciones: “el cambio del paradigma central. De la fragmentación a la complejidad”. A tal fin, tres conferenciantes distinguidos, Edgar Morin (complejidad), Jose Luis Sanchez (la nueva física y el caos) y Blas Lara (emergencia, procesos, fluido) explicaron el significado de cada cambio para que, en las mesas posteriores, los diferentes expertos pudiesen analizar sus consecuencias para la estrategia y la comunicación.

Los participantes mostraron su satisfacción por este nuevo formato y por la calidad de intervenciones y debates. Pudiéndose considerar este VI Encuentro como uno de los más valorados de los hasta ahora celebrados por su profundidad, claridad de las exposiciones y transdisciplinaridad. Se debe destacar así mismo el hecho de que 11 de los 19 ponentes lo eran por primera vez.

De las ponencias y debates, de las que quiero dejar constancia en esta bitácora, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

Introducción

La complejidad del mundo real reclama un pensamiento también complejo. El pensamiento complejo es esencialmente interactivo, dinámico, no-dualista y sí, en cambio, multidimensional. Es un pensamiento que relativiza. Su campo de estudio y su territorio de intervención son las intersecciones. Sus preocupaciones son dos: el cambio y la relación entre los todos y sus partes. En la medida en que la evolución de la vida, la mente y la sociedad es un caso de la cuestión general sobre la interacción de las partes para la formación de un todo, se abre una vía para trasladar el nuevo paradigma al mundo de las ciencias sociales y, más en concreto, al de la organización, la comunicación y la estrategia.

Extrapolar los paradigmas de la física a las ciencias sociales y al tipo de fenómenos que éstas estudian tiene pues pleno sentido, la física ha sido siempre el modelo para las otras ciencias, y, de hecho, es una tarea que ya se está llevando a cabo en muchos campos, pero exige rigor y cautela.

La física cuántica forma hoy parte de la cultura humana, ya que ha trascendido el ámbito de los laboratorios de investigación. Básicamente, viene a decir que la materia en sus niveles más básicos no tiene forma definida, ni ocupa un lugar concreto en el espacio. Se comporta a veces como onda, a veces como partícula, siendo imposible determinar su posición salvo mediante probabilidades.

La característica fundamental de este universo cuántico es por tanto la incertidumbre y la imprevisibilidad. Allí, las partículas ocasionalmente se comunican entre sí sin mediar entre ellas tiempo o espacio, lo que significa que en la práctica se comportan como si fueran una sola (la llamada interconexión profunda) .Asimismo, la física cuántica plantea que el observador forma parte inseparable de la realidad que pretende conocer y describir, poniendo fin a la noción de espacio que había propuesto tradicionalmente la física.

La física cuántica cuestiona el concepto lineal de tiempo, abriendo nuevas posibilidades a las aproximaciones al futuro que son necesarias para adoptar las mejores decisiones en el presente. La física cuántica no puede avanzar en solitario, ya que necesita el apoyo de otras disciplinas (la nueva biología, la teoría de sistemas, la cibernética y las teorías de la comunicación) para articular nuevos conocimientos. La complejidad reclama la transdisiciplinariedad.

¿De qué manera puede el cambio de paradigmas incidir en la forma en que llevamos a cabo nuestras estrategias?

Lo cierto es que no es lo mismo pedir un nuevo paradigma para el management y la organización que un nuevo paradigma para la Estrategia. Los propios Prahalad y Hamel, así lo reconocían en 1995:

“Aunque son numerosas y ruidosas las voces que reclaman un nuevo paradigma organizativo, no se ha pedido también un nuevo paradigma de una nueva estrategia. Creemos sin embargo, que la forma que tiene muchas empresas de planear su estrategia está tan anticuada y es tan perniciosa como la forma que tienen de organizarse”.

Precisamente lo que se pretende desde FISEC es ver hasta qué punto la asunción de los nuevos paradigmas y su aplicación al campo específico de los estudios sobre Estrategia tiene implicaciones teóricas y prácticas. Veamos cuáles fueron las conclusiones del Encuentro al respecto:

Conclusiones

El cambio de paradigmas incide en el ámbito de las estrategias y de la comunicación porque afecta a la forma en que entendemos a las personas y sus relaciones con el entorno. Todos estos conceptos nuevos son necesarios a la hora de articular una nueva teoría estratégica, ya que sugiere:

1. Una nueva relación hombre/mundo:

Al decirnos que:

• La realidad es multidimensional, está conectada y configurada en red.
• Permite lecturas aparentemente contradictorias.
• El hombre y la sociedad no son entes tan separables como se ha pensado hasta ahora, y que podrían formar un continuo. Algo que en cierto modo ya vienen recogiendo las recientes aportaciones sobre redes sociales.

Nos debería llevar a:

• Trabajar con las interconexiones y los flujos de las redes sociales. En este contexto conectividad se convierte en un concepto clave
• Dejar de pensar en el todo como conjunto aditivo de las partes.
• Tender puentes mediante la comunicación y el diálogo y a dejar de pensar la realidad en base a categorías contrapuestas (dualidades) que se rechazan y se excluyen. A abandonar el pensamiento dicotómico disyuntivo y a buscar la armonía de lo aparentemente opuesto. La conjunción y la complementariedad. Y finalmente a trabajar con y desde las diferencias, y no tratando de anularlas.

Una nueva mirada: Esta nueva comprensión de la relación hombre/mundo transforma la propia noción de Estrategia y cambia el énfasis del problema a la oportunidad y del conflicto a la articulación. Pues al entender que los seres humanos formamos parte de la misma red que los otros individuos que nos afectan real o potencialmente, el estrategar (proceso estratégico) pasa a ser la búsqueda de mejores configuraciones para nuestra red personal, profesional, de negocios, de proyectos. Lo que no implica necesariamente el antagonismo ni la confrontación sino más bien la búsqueda de soluciones armónicas.

2. Un nuevo sentido de la incertidumbre:

• Frente al relativismo epistemológico postmoderno que desemboca en el “todo vale” el paradigma de la complejidad supone un nuevo entendimiento de la verdad que no la concibe como verdad absoluta sino como verdad concernida. Lo que hace que cualquier acción o estrategia ya no estará fundada en ninguna entidad ideal y o ámbito trascendente, sino en que resulta imprescindible para responder a la incertidumbre generada por la situación fenomenológica compleja en la que encuentra su razón de ser.
• En la medida en que la sociedad está intrínsecamente abierta a un universo de posibilidades, es el hombre (en física, el observador) al estrategar y elegir entre alternativas de acción el que concreta los universos posibles (futuribles) en una realidad material y medible.
• Todo ello nos lleva al hecho de que trabajamos en la incertidumbre, y que esta se puede estructurar, reducir, pero nunca suprimir. A aceptar que en la vida real hay muy pocas estrategias óptimas y que los problemas humanos son humanos precisamente porque carecemos del algoritmo apropiado. Como consecuencia estamos condenados a abandonar el sueño del “one best way” y asumir que estamos condenados a la hermenéusis.
• Todo ello hace que seamos protagonistas indiscutibles de la historia humana y responsables de nuestras decisiones, porque el mundo externo forma parte inseparable del mundo interior humano.
• Y, a su vez, el mundo interior humano forma parte del conocimiento del mundo y que por ello es tanto o más importante que el mundo objetivo.

Consecuencias prácticas: Reducir la incertidumbre en un mundo de conexiones no lleva inexorablemente a modificar nuestra forma de modelizar y de analizar, pasando de métodos analíticos simplistas, fragmentarios y reduccionistas a otros sistémicos. Si complejo es lo que está tejido junto, tenemos que dejar de analizar como hasta ahora, troceando la realidad y estudiando sus partes por separados para poner nuestro foco en lo que une, es decir en las interconexiones y los flujos.

Afecta, también a nuestro enfoque de la Estrategia de conflictivo a conectivo y articulador. En una sociedad que vive y teme el choque de civilizaciones la gran cuestión es saber tender puentes entre las partes en litigio; puentes entre las distintas percepciones (culturales, religiosas) que de una misma realidad hacen los grupos sociales. Saber encontrar lo que une más que lo que separa. El siglo XX necesita una Estrategia concebida como ciencia de la articulación y, para ello, hay que trabajar con una mente compleja que sea capaz de encontrar lo conjuntivo, lo que une y no lo que separa. Este realismo nos debería llevar a (1) trabajar con estrategias flexibles y (2) a montar sistemas de monitorización y de evaluación en tiempo real que acompañen a nuestras estrategias desde su inicio, para reconducir la estrategia o hacer saltar las alarmas si fuese el caso. Y (3) a tener un plan B, por si la estrategia no funciona en la realidad

3. Una nueva concepción del ser humano: de racional a relacional.

Los dos anteriores cambios conducen a una revisión de la racionalidad y de la ética de la acción, que desembocan en una nueva concepción del ser humano: el hombre relacional. Pero este cambio, uno de los más importantes que propone la Nueva Teoría Estratégica, será objeto de debate en el VII Encuentro a celebrar en 2009 en Cartagena de Indias (Colombia) organizado por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y por el Politécnico Grancolombiano a quienes los participantes agradecen su esfuerzo y les dan la bienvenida.

Acabo de participar, por primera vez en mi vida, en una videoconferencia intercontinental. Se trataba de presentar la ponencia “Experiencias internacionales en la implantación de modelos de control interno para entidades públicas. El caso español” dentro del Encuentro Internacional de Control Interno, que organizaba la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquía, que dirige el Doctor John Cardona. Mil cien congresistas escuchaban al otro lado, con el Gobernador del Estado, Luis Alfredo Ramos Botero, al frente … Toda una experiencia.

La calidad de imagen a través de Skype es alta y suficiente para un congreso internacional. El sonido no está a esa altura, así que se usa el teléfono de toda la vida. Las diapositivas se pasan desde allí, previamente enviadas y entrenadas con la ayudante, Katalina, que estuvo muy atenta a todo. En fin, nada que envidiar a los sistemas más avanzados y seguros de videoconferencia, que intentamos hasta el último momento a través de Polycom, pero los duendes hicieron de las suyas … La imagen se cortó varias veces, pero la línea telefónica estuvo a la altura. 

Así que, en zapatillas pero con corbata, desde la tranquilidad del hogar colaboramos en la causa con nuestro hermanos de Medellín. Eso sí: nos quedamos en el eterno otoño asturiano sin disfrutar de la ciudad de la eterna primavera, pero encantados de compartir mesa virtual con ilustres personalidades del mundo latinoamericano del control público. También nos ahorramos un palizón de viaje.

El encuentro buscaba promover la reflexión sobre el papel de los responsables de las oficinas de control interno de las entidades públicas, dentro de la concepción moderna del sistema integrado de gestión pública. Una de las primeras aproximaciones nos lleva al Manual de Buenas Prácticas de la ANAO australiana, con su moderno concepto de la Auditoría Interna Eficaz. Aprovecho para remitir aquí al Manual de auditoría de gestión del TCE, de interés para los asistentes a la Jornada y que explica en perfecto castellano cómo deben planificarse y ejecutarse las auditorías de gestión y cómo deben elaborarse los informes correspondientes.

Está surgiendo con fuerza un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a la estrategia y funcionamiento del departamento de auditoría interna, más orientado al futuro y priorizando sus actividades a través de un ranking de riesgos asumibles. Se trata de una evolución desde aquel órgano de control interno tradicional (vigilante) que se concentraba en auditorías de cumplimiento y regularidad, hasta el moderno concepto del auditor como consejero Independiente que pone su atención en la eficacia y eficiencia, con especial énfasis en la ayuda a esa dirección ejecutiva. Algo que ya hemos tratado en esta bitácora.

Me sorprende la cultura de mejora contínua del mundo administrativo anglosajón. Las encuestas a los ususarios son un valioso mecanismo de regeneración que puede proporcionar información cuantitativa y cualitativa en numerosos aspectos de su trabajo. En auditoría interna, esta evaluación debe suponer más que una simple recogida de datos y la comparación de las referencias. Establecerá donde se requiere una mejora de los procesos, preguntando lo que se hizo bien y lo que se hizo pobremente. Además, una aproximación más exigente requiere que un “colega” externo revise algunas auditorías previamente seleccionadas, como hemos comentado aquí.

Las encuestas pueden dirigirse de manera más o menos formal. Así, se puede usar la discusión de grupo o incluso a través de e-mail para recoger los comentarios del cliente. Una encuesta formal debería usarse a la finalización de cada plan de auditoría para evaluar su actuación. Los cuestionarios deben ser tan breves como sea posible para permitir su realización en un tiempo aceptable. Para facilitar la comparabilidad deben incluir una escala numerada de evaluación, así como preguntas subjetivas para asegurar la consistencia entre interpretación y evaluación. La probabilidad de recibir una contestación oportuna puede ser reforzada dirigiendo la encuesta a una persona particular con una nota del más alto ejecutivo. Mirad un ejemplo:

ÁREAS MÁS IMPORTANTES (PUNTOS: 1 2 3 4 5)

Apoyo de la dirección (de 1 a 5)

Es importante que nuestros “clientes” entiendan por qué emprendemos las actividades programadas cada año y ante quien somos responsables.

• He sido consultado este año por la auditoría interna en relación con los riesgos y procesos críticos en mi área.
• Tuve la oportunidad de hacer comentarios al plan estratégico y anual del trabajo de auditoría interna.

Encontrar las necesidades del Cliente (de 1 a 5)

La auditoría interna intenta programar un alcance que recoja sus necesidades empresariales y que se dirija dentro de la organización a las áreas de riesgo más altas.

• La auditoría emprendida en mi área fue útil.
• La auditoría se dirigió a los procesos y riesgos más importantes.
• Tuve la oportunidad de proporcionar sugerencias a la planificación.
• Las recomendaciones hechas en la auditoría fueron claras, constructivas y pertinentes.
• El informe de auditoría contribuirá a mi futuro trabajo en el área.

Procesos de auditoría interna (de 1 a 5)

La auditoría interna supervisa contínuamente sus propios procesos y procedimientos para asegurar que son tan eficientes y eficaces como sea posible y que causan necesariamente la mínima interrupción a sus propias actividades.

• El personal de auditoría me comunicó importantes resultados y conclusiones, que se manifiestaron durante la auditoría.
• No hubo “ninguna sorpresa” en la discusión o redacción del borrador de documento.

Recursos de auditoría interna (de 1 a 5)

Se establecen equipos de auditoría interna multi-disciplinares, con un amplio catálogo de habilidades y conocimientos para aumentar al máximo su eficacia.

• El personal de auditoría interna conoce bien mi funcionamiento.
• El personal de auditoría interna trabajó de una manera profesional.
• El lapso tiempo desde el comienzo a la conclusión del informe final fue el apropiado.
• El último informe de auditoría fue oportuno, comparado con la fecha de término del trabajo de campo.
• No hubo ninguna interrupción indebida en mi trabajo durante la auditoría.

En fin, que guardo un extraordinario recuerdo de mi visita al Metrocable de Medellín. Un ejemplo extraordinario de las Políticas Públicas contra la exclusión, que ha transformado esa ciudad y la ha convertido en una referencia mundial por su éxito en la lucha contra la marginalidad y la pobreza.

Francisco Longo y Tamyko Ysa coordinan la obra “Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI” que tenéis en bajo licencia creative commons y ¡Extraordinario! … en descarga gratuita (pdf).

Se trata de un trabajo colectivo desarrollado en el marco del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE (IDGP) y de su Grupo de Investigación en Liderazgo e Innovación en Gestión Pública (GLIGP). Su propósito central es facilitar a los directivos públicos una serie de reflexiones que les ayuden en la tarea de hacer frente a la complejidad de los escenarios en los que les ha tocado desarrollar su trabajo. La relación de los temas que se abordan muestra un panorama muy completo de los principales retos de la dirección pública contemporánea. En el diario Expansión de hoy podemos leer este artículo de Longo.

El principal reto de los gobiernos y las organizaciones del sector público es ejercer con eficacia y eficiencia el papel de alto contenido relacional que exigen los nuevos escenarios de gobernanza. Las cuestiones que plantea esta articulación no aluden solo a la eficacia o la capacidad, sino que implican también bienes y valores distintos: hacerlo en un marco de transparencia, equidad, imparcialidad y rendición de cuentas, y mantener un elevado grado de autoexigencia ética. El debate sobre la buena gobernanza afecta, en definitiva, a elementos de calidad de la democracia. Este desempeño es el único capaz de garantizar el derecho de los ciudadanos a una buena administración, que ha pasado a formar parte de los derechos colectivos propios de las democracias avanzadas.

Los autores son conscientes de que los directivos públicos se enfrentan a escenarios de creciente dificultad. Si en épocas anteriores la atribución de autoridad formal bastaba para asegurar la coordinación de los operadores ubicados bajo una jerarquía común, hoy esa garantía ha desaparecido en muchos casos. Por esta razón, la gestión pública contemporánea exige, cada vez más, un liderazgo distribuido y relacional, contingente, cotidiano y modesto. En estos contextos, la gestión pública es el escenario de diversos dilemas, algunos de los cuales aparecen transversalmente a lo largo de los capítulos que conforman el libro.

Sobre todas estas cuestiones, el libro ofrece puntos de vista procedentes de enfoques y perspectivas diferentes. Todos ellos tienen, como recuerda Alfred Vernis, un denominador común: el propósito de ayudar a los directivos públicos a entender mejor los complejos escenarios de la gobernanza en las sociedades contemporáneas. En última instancia, se trata de un compromiso emprendido desde la perspectiva de la gestión pública, en su caracterización más amplia y ambiciosa.

Felicitaciones a los autores y, sobre todo a los editores, por el precioso contenido y la generosa distribución.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN. LOS DIRECTIVOS PÚBLICOS ANTE LOS RETOS DE LA GOBERNANZA CONTEMPORÁNEA – FRANCISCO LONGO

II. EL ESTADO RELACIONAL Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS – XAVIER MENDOZA Y ALFRED VERNIS

III. VISIÓN GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO EN EUROPA: TAMAÑO, COMPETITIVIDAD Y GOBIERNO DE CALIDAD – HANS MARTENS

IV. LOS DILEMAS DEL DISEÑO ORGANIZATIVO EN LA GESTIÓN PÚBLICA – KOLDO ECHEBARRÍA

V. LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS – ALBERT SERRA

VI. LA GESTIÓN INTERORGANIZATIVA Y LOS PARTENARIADOS PÚBLICO-PRIVADOS – TAMYKO YSA, XAVIER PADRÓS Y ÁNGEL SAZ-CARRANZA

VII. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA – ENRIC COLET

VIII. LIDERAR EN EL ÁMBITO PÚBLICO – CARLOS LOSADA

IX. DIRECCIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN DEL COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES – MANEL PEIRÓ

X. LA GESTIÓN PÚBLICA COMO DISCURSO DE VALORES – FRANCISCO LONGO

XI. CONCLUSIONES – FRANCISCO LONGO

BIBLIOGRAFÍA

El miércoles 15 de octubre, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Oviedo ofreció la conferencia de Manuel Conthe, que en la foto es presentado por el Decano Francisco González (a la derecha), en una abarrotada Aula Magna.

Conthe fue director general del Tesoro y Política Financiera, desde donde impulsó la modernización y la reforma del sistema financiero español y del mercado de Deuda Pública. Más tarde, fue vicepresidente en el Banco Mundial, para el sector financiero y entre octubre de 2004 y mayo de 2007 fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El sugerente título que ofrecía su exposición era “La Función de la Independencia en las Instituciones Sociales y en el Mundo Económico“, que pretendía condensar, como él mismo avanzó, algunas de las ideas que ha ido plasmando en varios artículos de su blog, donde periódicamente encontramos referencias a los problemas de actualidad, presentados de manera amena y rigurosa. Una difícil combinación, sin duda. Por eso lo considero una referencia obligada en el mundo de la Economía. Así, en mayúscula.

Como fiel seguidor de su web, la charla resultó muy gratificante. Pudimos disfrutar en vivo de la doctrina del aguafiestas y la ilustre fregona, de la paradoja de la racionalidad o los códigos éticos garantes de la independencia. Interesante su visión de La Corona como Autoridad Política Independiente. Como nos reconoció en el pasillo: durante un encuentro en Bruselas con varios funcionarios españoles que, cohibidos, iban a hablarle de asuntos europeos, el Príncipe Felipe rompió así el hielo: “Tranquilos, que yo también soy empleado público“.

Aquella frase volvió a su cabeza durante la presidencia de la CNMV, reflexionando sobre la naturaleza de ciertos organismos administrativos, como el Banco de España o la CNMV, a los que el Legislador les otorgó una significativa autonomía respecto al Gobierno. Concluye que la Corona, lejos de ser una institución caduca, cuyo éxito en España ha sido coyuntural, puede concebirse como una Autoridad Política Independiente que se asemeja a otra innovación: las Autoridades Administrativas Independientes, con las que tiene en común la neutralidad política, la irrevocabilidad del mandato, la legitimidad democrática indirecta o el papel esencial de la auctoritas.

El sueño de Jardiel

Sobre el título de su blog (“el sueño de jardiel“) reconoció que si en tiempos de Jardiel Poncela hubieran existido los blogs, el gran humorista español no habría definido al escritor como “mamífero que escribe y al que nadie le responde”. Agradeció que la técnica haga posible ese “sueño” de un foro de diálogo y contacto permanente entre columnistas y lectores, como son los blogs.

Alimentar un blog me recuerda a aquellos indios de una tribu sudamericana que pensaban que cuando les hacían una foto se robaba algo de su alma. Creo que con cada trozo de blog, con cada entrada, Manuel Conthe nos viene dando desde hace meses un trozo de su alma, compartiendo generosamente sus pensamientos sobre los más diversos temas; aportando las citas o ejemplos más pedagógicos, buscando el equilibrio en las opiniones y en las réplicas a los comentarios. Podría decir que conozco bien a esta persona. Sin embargo, la he saludado hoy por primera vez. Una rara sensación.

Julián Valero Torrijos es profesor titular de derecho administrativo de la Universidad de Murcia. Como especialista en e-administración impartió una interesante y oportuna conferencia en las XI Jornadas de Administración Local que organizó la semana pasada el COSITAL de Tenerife.

El profesor Valero habló de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAE) y sus implicaciones en el ámbito local. Su reciente libro, El Régimen Jurídico de la e-Administración, sobre el uso de medios informáticos y telemáticos en el procedimiento administrativo común, es un apoyo imprescindible para cualquiera que quiera aproximarse al estudio del marco normativo básico de la Administración electrónica: la iniciación del procedimiento administrativo por los interesados, la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones, la notificación de los actos administrativos por medios electrónicos. Basta con ver el índice para darse cuenta que nos presenta la verdadera realidad administrativa digital.

Mucho se ha hablado y escrito de la Ley 11/2007, una oportunidad única para impulsar la modernización tecnológica municipal a fin de prestar los diversos servicios públicos de forma más eficaz y más cómoda para los ciudadanos, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones que, en gran medida, ya se encuentran generalizadas en otros ámbitos sociales y económicos.

Valero repasó las características generales de este nuevo marco normativo y su trascendencia en relación con la Administración municipal pues ha cambiado sustancialmente: el reconocimiento de derechos “electrónicos” a los ciudadanos, las transmisiones de datos con otras Administraciones Públicas, la Sede electrónica, la Publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos, el Registro electrónico, el documento administrativo electrónico y el expediente administrativo electrónico …

La LBRL contiene algunas previsiones ciertamente limitadas y fragmentarias introducidas por la reforma de la Ley 57/2003 con las que se ha tratado de poner al día la regulación inicialmente aprobada en 1985. En concreto, el artículo 70 bis apartado tercero prevé la obligación de los municipios en orden a “impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas”.

Indicó que una de las principales novedades de la LAE radica, según su Exposición de Motivos, en que el servicio al ciudadano en la sociedad de la información exige “consagrar su derecho a comunicarse con las Administraciones por medios electrónicos”, de manera que “la contrapartida de ese derecho es la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse”, lo que constituye el eje central de la Ley según se dice expresamente. En este sentido, la nueva regulación —artículo 6— reconoce de forma expresa en primer lugar que todos los derechos que con carácter general atribuye el artículo 35 LRJAP a los ciudadanos podrán ejercerse electrónicamente, añadiendo a dicho catálogo los siguientes: “obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos”. Asimismo, atribuye a los ciudadanos derechos de corte electrónico, algunos de ellos ciertamente novedosos como sucede con el pago electrónico, la elección del soporte de la actuación administrativa, no aportar documentos que ya tenga cualquier Administración…

El efectivo reconocimiento de estos derechos supone que los Ayuntamientos deben poner en marcha las actuaciones necesarias para su plena satisfacción teniendo como horizonte el final del año 2009. Pero recordó que, en el caso de las Entidades Locales, el reconocimiento de estos derechos se condiciona a que así “lo permitan sus disponibilidades presupuestarias”, expresión que podría pensarse que nos remite a una decisión enteramente discrecional por parte de cada Municipio que, en definitiva, podría decidir priorizar presupuestariamente otros objetivos y actuaciones. Ahora bien, no puede perderse de vista que se trata de derechos reconocidos legalmente y que, además, el legislador ha hecho una llamada especial a las Diputaciones Provinciales.

Para el ponente, una de las principales novedades que reconoce la LAE es el derecho de los ciudadanos a no presentar documentos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas (artículo 6.2.b); derecho que supone un importante avance por cuanto ya no se refiere a la Administración actuante como hacía el artículo 35.f) de la Ley 30/1992: “Se trata, precisamente de una de las principales exigencias para el pleno aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la Administración electrónica ya, si el intercambio de datos con otras Administraciones Públicas y, en general, de la información necesaria para el ejercicio de las competencias municipales se realiza a través de herramientas como el correo electrónico será necesario esperar a que el destinatario de la comunicación los reciba, localice el objeto de la petición recibida y, por último, los transmita”, afirmó.

Ahora bien, el pleno respeto de las exigencias en materia de protección de datos le obliga a resaltar que “con carácter previo al diseño de las aplicaciones y de los procesos técnicos de interconexión ha de garantizarse que la información sólo sea accesible cuando se dé alguno de los supuestos que previamente haya sido autorizado por el órgano competente de la Administración en cuyo poder se encuentre la información —en este caso, la municipal—, tanto por lo que se refiere a los sujetos que podrán obtener los datos y, en especial, a la finalidad que justifica el acceso”.
Sede electrónica

Otra de las novedades de la LAE sobre las que incidió Valero fue el establecimiento de “un exigente régimen jurídico para el sitio web de las Administraciones Públicas” que, según el artículo 10, pasará a tener la denominación de sede electrónica. En el caso de la Administración municipal se trata de una versión tecnológicamente avanzada de las oficinas administrativas tradicionales, servidas por personal administrativo y a las cuales pueden dirigirse presencialmente —o incluso a través de otros medios como el teléfono— los ciudadanos para obtener información o realizar actuaciones administrativas.

Con esa regulación Valero entiende que “se ha pretendido afrontar una práctica muy extendida, especialmente en el ámbito local, que consiste en poner en marcha el sitio web municipal y olvidarse de su actualización y mantenimiento, llegando incluso en muchas ocasiones a desvincularse la propia Corporación de la corrección de la información que ofrece o del buen funcionamiento de los servicios. Más aún, a veces sucede que la propia configuración técnica y/o el diseño del sitio web exigen la utilización de una determinada aplicación o sistema operativo, dificultan —cuando no impiden— el acceso de colectivos con minusvalías o, incluso, no son infrecuentes los casos en que se suplanta la página web municipal o se utiliza un nombre de dominio que pudiera llevar a confusión”.

¿Que no tenéis ganas de leer? Pues os recomiendo ver esta amena conferencia suya (en youtube) sobre la citada Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Esto es universidad 2.0 ….

El miércoles pasado, acompañé al catedrático leonés Enrique López que tenia una cita en el Campus de Gijón con una treintena de estudiantes de ingeniería para hablar sobre sistemas expertos. Se trataba del curso de verano que dirige David de la Fuente, destacado profesor que lidera en la Universidad de Oviedo el grupo de investigación sobre Ingeniería de la organización.

Presencié su intervención, que estuvo lejos de ser una conferencia al uso. Enrique sentó a los alumnos en los ordenadores de un aula de informática y pidió que cacharrearan con los materiales de la página Sicodinet. Es el sistema de enseñanza-aprendizaje, que me recuerda el modelo de los nuevos museos donde todo se puede ver, tocar y usar. 

Los sistemas expertos imitan las actividades de un humano para resolver problemas y pertenecen al campo de la Inteligencia Artificial. Permiten la comunicación entre objetos, sin mediación humana. En palabras de Enrique: “el jersey habla con la lavadora y le dice: ¡Ojo, soy de lana!”. El coche (ya no sólo en la Fórmula I) adecua la frenada de cada rueda en función de la velocidad y el ángulo de la curva, o aparca solo …

Estos sistemas inteligentes adquieren cada día mayor importancia, en un entorno que se vuelve más y más competitivo, donde el manejo de mucha información en poco tiempo es fundamental en cualquier tipo de organización. Las grandes superficies los usan para vender o reponer el stock, que siguen por radiofrecuencia. Los bancos para vender productos financieros en función del uso de mi tarjeta de crédito. Y Google para ofrecerme cursos de contabilidad o fiscal porque lee el contenido privado de los correos electrónicos de mi gmail, donde esas palabras aparecen con frecuencia.

Los alumnos manifestaron interés por algunos sistemas experimentales, construidos por asistentes a ediciones anteriores y basados en temas cotidianos: “ranking de rebajas” o incluso un “ranking del tapeo” para decidir donde comprar bien o tomar el vermú. Hacer el mapa de las variables que influyen en la creación de una opinión experta tiene más enjundia de lo que parece.

La realidad nos presenta muchos sistemas expertos. Sin ir más lejos, en la prensa de hoy encontré un par de ellos. Así, en el diario Cinco Días encuentro la noticia de que Nielsen anunciaba el lanzamiento en España de BuzzMetrics, una herramienta destinada a medir, de manera cualitativa, las opiniones y contenidos generados por los internautas a través de blogs y otras comunidades sociales. Un verdadero sistema experto para moverse en la blogosfera. España será el cuarto país en el que se distribuye la aplicación, tras EE UU, Reino Unido y Alemania. Posteriormente se lanzará en Italia, Francia o Brasil.

Por su parte, en el suplemento de Ciencia del diario El Mundo descubro que el prestigioso Massachussetts Institute of Technology (MIT) presenta un impresionante detector de mentiras políticas. Así, analiza, por ejemplo, el recurso a grandes generalidades vagas, sin precisar detalles o introducir matices; el recurso a la primera persona plural en vez del yo; y la invocación de palabras con un alto contenido emocional, como ‘odio’ y ‘enemigos’. Vamos: un sistema experto intenta sustituir la sabiduría del abuelo, en una sociedad que los prejubiló por millares.

Y para terminar, la edición dominical del diario El País publica un interesante artículo titulado “Máquinas con rostro humano” dedicado a las aplicaciones de la lógica borrosa a la ingeniería. Se trata del soft computing, que ha logrado notables avances permitiendo a las máquinas aprender a manejar conceptos difusos, muy al estilo humano.

Hoy nos hacemos eco de un ejemplo de gasto de papel y horas de los ciudadanos totalmente indigno por la Agencia Tributaria. El BOE de ayer publica seis suplementos de notificaciones y citaciones edictales para quien no ha recibido una de las dos notificaciones que obliga a hacer el reglamento de correos. Son miles de nombres, causas, asuntos, expedientes ¿colocados al buen tuntún? Parecen estar ordenadas por el NIF (supongo) y no por un sencillo orden alfabético en el que cada cual pueda encontrarse con facilidad.

¡Qué derroche de horror, cuánta locura! (parafraseo a Ana Belén). O sea, o se lo lee uno todo, y sin dormirse, o no pilla. Y mientras tanto van corriendo esos intereses tributarios tan por encima de los del mercado.

El desorden tiene su rentabilidad para la Agencia Trituraria. Quizá en sus computadoras falta la función de ordenar alfabéticamente, y prefieren hacerlo Penibéticamente. En cualquier caso, debe quedar claro, al español medio, el orden que se sigue en tan grueso listado de morosos.

Ya está bien que tengamos que hacer un trabajo 2.0 autoliquidando IRPF, ITPyAJD o IVA, como para que nos lo pongan tan difícil. Alguien debía criticar tan torvo asunto. Me gustaría ver la cara que pone el moroso cuando un día sea cazado y le digan: “Usted fue notificado a través del BOE”.

Hace casi un año, el bueno de Sevach dedicaba una entrada de su bitácora a comentar estas prácticas, que encierran una ficción de “notificación”, por ser puramente formal: “ya que no hay ser humano capaz de examinar día a día todos y cada uno de los Boletines Oficiales, línea a línea, por si alguna Administración Pública le inserta para una notificación de una sanción, un tributo o cualquier otro acto de gravamen. De ahí, que el Tribunal Constitucional afirma en esta reciente Sentencia que la Administración ha de agotar el esfuerzo en identificar el domicilio real del interesado”.

El Tribunal de Cuentas de España dejó constancia de algunas (pocas, es cierto) debilidades en la Agencia Tributaria en un informe, fundamentalmente relativas al elevado número de notificaciones que no llegaban a culminar y la falta de reacción de la AEAT frente a estos contribuyentes presuntamente ilocalizables, así como frente al elevado número de contribuyentes que no atendían los requerimientos cursados. Consideró significativo el porcentaje de cartas y requerimientos improcedentes (a contribuyentes no obligados o que habían cumplido en plazo) y la falta de seguimiento en campañas posteriores de incumplimientos no solventados.

La radiodifusión y la televisión suponen un servicio público esencial cuya gestión puede llevarse a cabo a través de un modelo tanto público como privado.

La gran mayoría de las Comunidades Autónomas (CCAA) han creado sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público para la prestación directa de ese servicio, sin perjuicio de su convivencia con otras televisiones privadas de ámbito autonómico o local.

Esas compañías integran el correspondiente sector público de las CCAA y por tanto, están dentro del perímetro de fiscalización de los correspondientes Órganos de Control Externo, a pesar de lo cual, con frecuencia se impregnan de los “usos” del sector privado, olvidando las exigencias que les impone aquella cualidad.

Acaban de hacerse público dos informes de auditoría sobre televisiones autonómicas, que han tenido cierta repercusión mediática en sus respectivas regiones. El primero fiscaliza el Grupo Radio Televisión de Castilla La Mancha y el segundo la empresa pública de Andalucía Canal Sur Televisión, S.A.

La Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha efectúa, además, un análisis comparativo de la actividad desarrollada durante el ejercicio 2004, por las cadenas de televisión autonómicas, obteniendo interesantes ratios en función de numerosos datos relevantes, que se refieren a los principales inputs necesarios para llevar a cabo su actividad y a los outputs obtenidos durante el periodo. Pincha en el cuadro siguiente:

El primero de los ratios, que el informe denomina “austeridad”, mide el gasto de personal por empleado. Castilla La Mancha es la más austera (porqué no … ¡cicatera!) con 34.234€ y la Comunidad Valenciana la que menos, con 66.152€. Sorprende que sea tan generosa esta última televisión, con un enorme déficit acumulado (739 millones de euros) como denuncia la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana (pág. 560 del informe 2006).

La “eficiencia” relaciona costes (inputs) reales con resultados (outputs) reales, es decir, los resultados obtenidos y los recursos que se han tenido que utilizar para su consecución. Un indicador de eficiencia es el Gasto por Televidente calculado como el cociente de Gastos de las actividades ordinarias entre la audiencia. La Televisión de Castilla La Mancha, con 238 €, junto con la televisión vasca y la valenciana son las que mayor gasto ordinario por televidente obtenido realizaron, con un 42% por encima de la media.

El informe presenta un panorama nacional del sector con otros ratios, aportando datos de audiencia y horas de emisión.

Grupo Radio Televisión de Castilla La Mancha

El contenido central del informe observa algunas debilidades de control interno por la falta de una unidad de control interno, que se considera conveniente por el volumen de operaciones y complejidad organizativa, recomendando su creación para que el sistema de control interno del grupo RTVCM cubra con seguridad suficiente el cumplimiento de la normativa (leyes, políticas, planes y procedimientos), la salvaguarda de activos, la fiabilidad e integridad de la información, la utilización económica y eficiente de los recursos, y el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para las operaciones o programas.

Personal

En el grupo RTVCM trabajaban 410 personas: 43 directivos, 233 contratados indefinidos y 134 contratados temporales. Tras el análisis de una muestra de expedientes de personal, los auditores deducen las siguientes observaciones:

- No se han desarrollado las pruebas de selección de personal previstas en la Ley de creación, donde se determina que el ingreso con carácter fijo sólo se podrá hacer mediante las oportunas pruebas de admisión, establecidas y convocadas por el Director General de acuerdo con el Consejo de Administración y con arreglo a los principios básicos definidos por la legislación estatal. Una crítica similar puede encontrarse en el fitado informa de la Sindicatura valenciana. En su lugar, RTVCM realiza contratos indefinidos con cláusula de no fijo, tras realizar una selección por una empresa especializada.

- La cuantificación del complemento de “Presentación, edición de programas y coordinación de equipos” se regula de forma discrecional en el Convenio Colectivo, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, sin que dichas circunstancias se objetiven en modo alguno. Se ha comprobado el abono de cantidades en base a este complemento, a personal directivo excluido de convenio, sin que conste motivación respecto de los cálculos que concretan la cuantía abonada. Este asunto ha sido objeto de polémica en los medios de comunicación: (ver)

- Las retribuciones del personal directivo no fueron autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, tal como prescribe la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. (ver)

Canal Sur Televisión, S.A.

En el siguiente informe mencionado, la Cámara de Cuentas de Andalucía concluye que los estados financieros de la televisión autonómica correspondiente al ejercicio 2006, expresan, con salvedades, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial. Sin embargo, menciona ciertas debilidades:

1. En el organigrama existe un departamento de Control Interno y Auditoría, dependiente de la dirección general, pero no cuenta con un plan anual de auditoría interna, aprobado por el Consejo de Administración, que concrete las actuaciones a efectuar al margen del control financiero permanente de la Intervención.

2. La empresa no realiza inventarios rotativos de su inmovilizado para contrastar la información de los registros informáticos y contables. Los activos de la empresa no son identificados físicamente para su localización en el módulo de inventario.

3. A todos los trabajadores que han recibido remuneraciones en concepto de productividad, se les abona el porcentaje máximo previsto en el convenio colectivo para este concepto, sin que se observe en los expedientes documentación justificativa de la valoración del trabajador en cuanto a su mayor formación y calidad del trabajo desarrollado.

4. Se incumple la legislación en la contratación pública de servicios que tienen por objeto la “Producción, preproducción, colaboración a la producción, trabajos preparatorios y aportaciones a la producción”.

5. En los expedientes de adquisición o cesión de derechos no se justifica documentalmente la imposibilidad de promover la concurrencia.

Un servicio caro

La Gaceta de los Negocios ha realizado un análisis del coste y audiencia de las televisiones públicas autonómicas, cuyo resumen se presenta en el cuadro siguiente:

Más de la mitad del presupuesto de 2008 de estas televisiones corre a cargo de las arcas públicas. Los 16 canales autonómicos gastarán 1.800 millones de euros cuando acabe el año, de los que algo más de 1.000 serán soportados por la administración autonómica. El resto provendrá de la publicidad.Ver artículo.

José Ginés Mora Ruiz es el director del Centro de Estudios en Gestión de la Educación Superior de la Universidad Politécnica de Valencia. Es un gran divulgador y un controvertido conferenciante al que no asusta dar titulares de prensa como el que preside la entrada de hoy.

Es uno de nuestros principales investigadores sobre equidad y eficiencia del sistema educativo español, donde mantiene una destacada línea de trabajo sobre competencias y empleo de los graduados universitarios.

En el último número de la Revista de Educación publica un interesante artículo (descargar pdf) que realiza un análisis del «éxito laboral» en la incorporación de los titulados universitarios europeos al mercado de trabajo basándose tanto en concepciones tradicionales sobre el éxito como en otras consideraciones más adecuadas a la realidad actual. A través de los datos obtenidos de una macro-encuesta realizada en trece países europeos a 33.616 titulados universitarios en el curso 1999-00, cinco años después de su graduación, pone en evidencia la necesidad de informar mejor a la sociedad sobre el mercado laboral europeo, al tiempo que se ofrece pistas para lograr un mayor ajuste entre dicho mercado y la oferta académica en términos de expectativas y compromiso de los titulados.

Siempre se han considerado como exitosas las carreras profesionales que incluían el desempeño de algún cargo bien remunerado y en una posición elevada en la jerarquía de la organización. Sin embargo, cada vez más individuos con este perfil no se encuentran satisfechos con su situación laboral. Algunos autores denuncian frecuente pérdida de sentido del trabajo que algunos profesionales realizan, e incluso frustración y estrés, poniendo en duda la relación entre el éxito personal de los empleados y el éxito en la empresa.

Este «éxito laboral» tiene una dimensión objetiva que suele medirse a través de indicadores cuantificables, como el salario y la posición jerárquica de la organización, la movilidad laboral, el tipo de contrato, el ajuste entre la educación recibida y el empleo. Por otro lado, ese éxito suele tener una dimensión subjetiva, que utiliza como indicador más adecuado la «satisfacción laboral».

Partiendo de una concepción amplia del éxito laboral, Ginés Mora identifica y cuantificarlas diferentes dimensiones del éxito entre los graduados universitarios de reciente incorporación al mercado laboral en diversos países europeos, analizando las percepciones de los graduados en relación a distintos aspectos del trabajo.

En la encuesta se pedía a los graduados que indicaran el grado de importancia que tiene, en una escala de uno a cinco, cada uno de estos aspectos: Autonomía en el trabajo; Estabilidad laboral; Oportunidad de aprender cosas nuevas; Ingresos elevados; Afrontar nuevos retos; Buenas perspectivas profesionales; Tener tiempo para actividades de ocio; Reconocimiento/prestigio social; Oportunidad de hacer algo útil para la sociedad; y Facilidad para combinar trabajo y familia.

Conclusiones

No deja de sorprender que nuestro recientes titulados otorgan las valoraciones más altas a «Oportunidad de aprender cosas nuevas», «Autonomía en el trabajo» y «Estabilidad laboral», mientras que valoran menos «Reconocimiento y prestigio social», «Ingresos elevados» y «Oportunidad de hacer algo útil para la sociedad». Hay algunas diferencia por países, como puede verse en la tabla siguiente:

Véase que los españoles valoramos sobre todo la estabilidad y la conciliación, mientras que alemanes y austriacos la autonomía en el trabajo.

Hay tres apartados que merecen una reflexión: tener ingresos elevados, la disponibilidad de tiempo libre al margen del trabajo y la estabilidad laboral. Unas valoraciones que son diferentes según el país. Sin embargo, las relaciones entre « tener un empleo que proporcione ingresos elevados» y el «salario mensual» son bastante débiles en toda Europa, aunque positivas, porque crece en la medida que lo hace el salario del titulado. El dinero genera adicción.

Respecto a la disponibilidad de tiempo, son precisamente las personas con una jornada laboral con menor número de horas (por tanto, se supone con mayor tiempo libre), las que mayor importancia dan a un empleo con este aspecto. El ocio también genera adicción (¡Creo que tenemos un problema!).

Por último, el interés por tener un empleo estable crece en la medida que lo hace el salario que actualmente tiene el titulado. Ya lo decía Maslow. Sin embargo, estos días también ha sido noticia que los universitarios españoles son los peor pagados de la OCDE: en EE UU, Portugal o Reino Unido los universitarios cobran el doble.

La película The Insider es una película dirigida por Michael Mann en 1999. Fue distribuida en España con el título de El Dilema y en Latinoamérica como El Informante.

Si consulta cualquier reseña cinematográfica verá que el argumento está basado en un caso real: una de las principales tabacaleras del mundo fue demandada por la justicia americana por añadir sustancias aditivas al tabaco que incrementaban el poder adictivo del mismo.

En la película, Al Pacino da vida al director del programa 60 Minutos del canal CBS, que destapa todo el tema gracias a un confidente y antiguo bioquímico que había trabajado en la tabacalera Brown & Williamson llamado Jeffrey Wigand, al que da vida Russell Crowe, que deslumbra con una interpretación que le debió haber dado el Oscar para el que fue nominado y que luego no mereció por “Gladiator”.

Sin embargo, la principal virtud de la película se encuentra en mostrar el funcionamiento y las políticas de empresa de los medios de comunicación, de la prensa y las televisiones; de la confrontación entre su línea editorial y sus propios intereses financieros.

También trata de abogados, en la doble vertiente procesal (juicio contra las tabacaleras) y civil (contrato de confidencialidad del honesto científico) que pasa a ser una prueba definitiva en el proceso. Ahí vemos el dilema del científico informante que es objeto de una extrema presión y un ataque mediático para desprestigiarle: pierde su cómoda posición profesional y social; el asunto le cuesta el divorcio y se degrada su salud física y psíquica. Algo que puede ocurrir también a un probo auditor.

Gracias Kike por recordarme estos días una de las mejores películas de esa década ¿Porqué no triunfó clamorosamente? Es un thriller de despachos donde los medios de comunicación no quedan demasiado bien, un crescendo en suspense que requiere un cierto nivel intelectual para seguirla durante dos horas y media y valorar todas sus maravillosas facetas. Un cóctel de científicos, políticos, abogados y periodistas.

¿Termina bien? Véala: no revelaré el final.

Estos días me veo en medio de una polémica, con cierto interés para los lectores de la bitácora. Nunca ha sido mi intención utilizar este medio para asuntos de “casquería fina” en las miserias locales. Pienso que mi blog es una herramienta profesional para orientar informaciones técnicas y discutir entre colegas.

Pero debéis conocer algo más del autor de esta bitácora, por si estimais oportuno no volver a visitarla.

El asunto que hoy nos trae y del que soy protagonista tiene relación con los planes de trabajo de las instituciones de control y la independencia con que se planean y ejecutan. Debe leerse en este orden cronológico:

PP e IU impiden que la Sindicatura fiscalice a los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés

El PSOE ve «connivencia» entre dos de los tres síndicos de cuentas y el grupo parlamentario del PP

El PSOE pide al PP que «cese en su manipulación burda» de la Sindicatura

Izquierda Unida afirma, en un comunicado, que el problema de la Sindicatura es su falta de recursos y la compleja situación interna

Llegados a este punto no me quedó otro remedio que saltar a la arena:

«Si la Sindicatura de Cuentas tuviese medios no habría problemas para fiscalizarlo todo»

Como veis no omito aquellos artículos que me dan estopa. Ah! la foto no tiene nada que ver, pero es que ayer pasé el día en el monte intentando comprender al viejo maqui ….

Hace trece años, durante un seminario que organizaba la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, el inquieto Antonio Arias coincidió con el director del diario Expansión. A la hora de la pausa del café, que es la ocasión en que se mete en lios, sugirió al periodista que debía tener una página diaria dedicada en exclusiva a la Administración. El avispado director rebotó el envite al entonces Interventor de la Universidad de Oviedo: Bueno … ¿y si la haces tu?

Rechazado el órdago, por razones obvias, al llegar a casa pidió ayuda a su amigo José Ramón Chaves, entonces Jefe de la asesoría jurídica de la Universidad de Salamanca. Decidieron que, al menos una vez a la semana podían publicar conjuntamente sobre temas relativos al sector público. Entonces no había blogs, pero la generosidad de aquella iniciativa les iba a marcar en el futuro, cuando la tecnología les permitiese volar solos.

Todos los viernes enviaban un artículo con dos o tres folios sobre temas de actualidad que se publicaba el lunes. La colaboración duró los años 1995, 1996 y 1997 y finalizó poco antes de nombrar a José Ramón Chaves, Director General de Universidades del Gobierno asturiano.

Todavía recuerdan algunos titulares sorprendentes para un árido asunto tratado y no hay reunión con amigos universitarios que no salga a relucir, entre bromas, la etapa periodística de estos funcionarios.

El asunto viene a cuento porque el diario Expansión acaba de inaugurar un magnífico portal dedicado a la Función Pública. El destino ha querido que la primera semana dedicase el espacio de blog-invitado a Chaves y la segunda a Arias. La coincidencia es casual (¿serendipia?) pero ambos quieren expresar su agradecimiento al medio y han vuelto a escribir juntos esta entrada, como hace trece años.

P. D.: Rajoy también era más joven ….

A continuación presentamos una profunda reflexión sobre el alcance, impulso y necesidad de la política evaluación en el sector público por los Órganos de Control Externo. Toda una declaración de intenciones, llena de autocrítica institucional. Creo que no tiene desperdicio.

Su autor, Rafael Medina Jáber es Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canaria.

El proyecto AVANCE

Las instituciones dedicadas al control de los fondos públicos, como el resto de instituciones democráticas, tienen el reto permanente de modernizarse y adaptarse a las nuevas situaciones para que esta labor sea cada día más eficaz. Ello representa una exigencia de gestión permanente del cambio.

La ciudadanía demanda cada vez más y mejores servicios a una Administración –sea local, autonómica o del Estado- que dispone de una capacidad económica siempre limitada. Por otra parte, la sociedad actual no solamente exige que el dinero público se utilice respetando la ley y que las cuentas de las administraciones reflejen adecuadamente la actividad económico-financiera llevada a cabo, sino que también reclama que la utilización de esos fondos públicos esté basada en criterios de eficacia, eficiencia y economía.

La Audiencia de Cuentas, al igual que el resto de Órganos de Control Externo del Estado español, ha centrado sus actuaciones, en sus dos décadas de existencia, en las fiscalizaciones de regularidad y ha descuidado las actuaciones operativas, por diversas razones, la mayoría ajenas a las propia Institución de control.

Las Instituciones de control deben contribuir a la mejora de la gestión de las Entidades a las que fiscalizan, con el fin de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos. Por ello, se ha creado un Proyecto que persigue la búsqueda de la calidad, en un doble sentido: por un lado, propiciar la calidad de la gestión de las Entidades públicas y de los servicios que las mismas prestan y, por otro, mejorar la gestión de la propia Institución, aumentando el rendimiento y la calidad de los trabajos que realiza.

En la corta historia de la Audiencia de Cuentas de Canarias, se han sentado las bases para poder ejercer la función de control externo orientada, fundamentalmente, hacia la fiscalización de la legalidad y la regularidad contable. Este asentamiento constituye hoy en día el cimiento sólido para la construcción de un sistema de control, en permanente actualización. Los representantes parlamentarios, los gestores públicos y la ciudadanía, esperan que esta institución, además de emitir opinión sobre el cumplimiento de la legalidad y regularidad contable, se pronuncie sobre la calidad de los servicios y políticas públicas. Hoy en día, el control de legalidad, teniendo una importancia capital, resulta insuficiente para asegurar una óptima utilización de los recursos públicos.

SITUACION DE PARTIDA. RETICENCIAS AL CAMBIO

El discurso político defiende la evaluación de los resultados de la gestión pública como el modelo de control hacia el que se ha de evolucionar. Sin embargo, en la práctica se ha avanzado poco en esta materia.

En el ámbito de los empleados públicos, es más fácil centrar el trabajo en revisar papeles y requisitos formales, que orientar la gestión y el control hacia la evaluación de resultados. La cultura y tradición de la legalidad están tan fuertemente arraigadas, que los empleados públicos centran todos sus esfuerzos en superar, sin reparos, el trámite de fiscalización de la Intervención, quedando relegado el interés por atender las necesidades de los ciudadanos con eficacia y eficiencia.

Los únicos procedimientos de control que se han regulado reglamentariamente, de forma prolija, son los referidos al control de legalidad y de regularidad contable (reglamentos de la función interventora, instrucciones de contabilidad, Plan General de Contabilidad Pública, Reglas de vinculación y clasificación de los gastos presupuestarios, etc.). Sin embargo no existen normas reglamentarias referidas a asegurar el cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia, así como sus procedimientos de control.

EXCUSAS HABITUALES.

Es frecuente escuchar entre los gestores públicos y los órganos de control la excusa de que no se pueden evaluar los resultados de la gestión, porque los presupuestos no establecen objetivos e indicadores aptos para la evaluación. No es cierto que para poder emitir una opinión sobre la calidad de un servicio público su presupuesto deba establecer objetivos e indicadores. Será más complicado, pero no imposible de realizar.

Existen ejemplos reales que prueban esta cuestión.

Para evaluar la gestión pública no es imprescindible contar con una contabilidad analítica. Es frecuente que se argumente que como es muy difícil la implantación de la contabilidad de costes en el sector público, no se puede evaluar a la gestión.

Ha operado en el sector público una invasión de métodos de control y gestión del sector privado que no tiene cabida en la gestión pública.

LOS METODOS PRIVADOS NO PUEDEN APLICARSE AL SECTOR PUBLICO, SIN MAS

Las experiencias, habidas en el sector público, de utilización de técnicas propias de las empresas privadas, no siempre han resultado satisfactorias. La contabilidad de costes, por ejemplo, es una técnica muy útil en la empresa privada, pero supone tal esfuerzo de implantación en el sector público, que no se compensa con la información obtenida. El reparto de los costes indirectos entre la multiplicidad de productos públicos, exige un componente de subjetividad tan elevado, que invalida el resultado final. No existe un producto final único y concreto. Las políticas y servicios públicos configuran un conjunto diverso y variado de productos finales.

REBAJAR LAS PRETENSIONES

En muchas ocasiones, la imposibilidad de aplicar íntegramente las prescripciones técnicas impide la culminación de los trabajos. Es preciso asumir unos objetivos más humildes, para iniciar el camino por la senda del cambio del modelo de gestión pública.

Un cambio cultural de esta dimensión no se consigue en poco tiempo. Una gran parte de la maquinaria pública no desea avanzar en el camino de la gestión pública orientada a la evaluación de resultados. Finalmente, debe desconfiarse de la importación generalizada de métodos de la empresa privada.

LA FUNCION DE CONTROL DEBE SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFORMACION PARA LA GESTION

Actualmente el control no está satisfaciendo, adecuadamente, las necesidades de información de los gestores. Las recomendaciones de los órganos de control derivadas del ejercicio de la fiscalización tradicional (de legalidad), aportan poco valor añadido a los responsables de la gestión pública. Es habitual observar que los gestores crean servicios de control de gestión, en el seno de sus centros gestores, al margen del centro directivo responsable del control. El control no puede limitarse a denunciar irregularidades contables o de legalidad, que son insuficientes ante las demandas de información que precisa la gestión pública orientada a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

OBJETIVOS

AVANCE no es un proyecto más de los tantos que se impulsan, habitualmente, por las administraciones públicas, bajo los principios de la modernización y puesta al día de las instituciones. Tampoco es un simple proceso de informatización de los procedimientos de la institución, a pesar de que contempla un eje de acción en este sentido. AVANCE pretende constituirse en el motor que gestione la permanente evolución del control de la gestión pública orientado hacia la evaluación de las políticas y servicios públicos. Ello se concreta en dos grandes objetivos:

- Orientar la actividad de la Institución hacia la evaluación de las Administraciones Públicas. Sin abandonar el control de legalidad, los recursos de la institución deben ponerse al servicio de la evaluación de la gestión pública. Ha de medirse el grado de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios públicos, con el fin de ofrecer información útil a los responsables políticos para la mejora de su gestión.

- Cambiar el marco de las relaciones institucionales. Los órganos de control deben modificar su imagen ante los entes auditados y la ciudadanía. La función de control tiene como principal cometido el de colaborar con los gestores en señalar las deficiencias y correcciones que ha de asumir la gestión pública para alcanzar el máximo de eficiencia en la atención de las necesidades de los ciudadanos. Existe una concepción generalizada de la fiscalización como función sancionadora que debe evolucionar.

Esta sería la receta del cambio:

DETERMINAR UNOS EJES O LINEAS DE ACTUACION

Propongo desarrollar varias líneas de actuación, en permanente actualización:

- Propiciar un cambio normativo de la función de control externo.
- Revisar y reformar los procedimientos de la Institución de fiscalización.
- Uso intensivo de las nuevas tecnologías.
- Acción intensiva de formación.
- Incrementar la fiscalización operativa o de gestión.
- Relaciones institucionales.
- Nueva política de comunicación.

En definitiva, es preciso establecer los procesos, técnicas y métodos para que la ejecución de la función de control de la gestión económica y financiera de las administraciones públicas, evolucione hacia la evaluación de las políticas y servicios públicos.

PROPICIAR EL CAMBIO DEL MARCO LEGAL.

Toda la normativa aparecida a principios del presente siglo en materia de estabilidad presupuestaria, así como las nuevas Leyes Generales Presupuestaria y Tributaria, de nivel estatal y autonómico, unida al impulso que varios Organismos e Instituciones están dando a la cooperación internacional en todos los órdenes, aconsejan la actualización de la Ley reguladora de la Audiencia de Cuentas, que, tras casi veinte años de vigencia, ha quedado desfasada en determinados aspectos.

La función interventora tradicional debe evolucionar hacia una limitación cualitativa de la fiscalización previa, fortaleciendo el papel del control, además de garante de la legalidad y regularidad, como colaborador para mejorar la calidad de los servicios y políticas públicas, mediante la evaluación de los resultados.

Fortalecer el control, definiendo mejor los mecanismos de exigencia de responsabilidades a los gestores que infrinjan las normas e incurran en ineficiencias, y reconociendo a los que alcancen mejores valoraciones de sus resultados.

Este afán de afinar en cuanto a la determinación de responsabilidades, que no debe ser entendido en el sentido de que se pretenda convertir la función fiscalizadora en una mera actuación de acoso y derribo hacia el gestor, sino como una manera de colaboración con el gestor para la optimización de la calidad de los servicios y políticas públicas, ha llevado a la Institución a plantearse la necesidad de elaborar un Reglamento regulador del funcionamiento del Servicio Jurídico de la Institución, que garantice, a nivel interno, de la Institución, la unidad de criterio en este aspecto entre las diferentes Unidades Fiscalizadoras y poder así ir guiando la actuación de los gestores hacia la mayor eficiencia posible.
Para ejecutar esta acción se ha creado un grupo de trabajo que elaborará una nueva Ley de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

REVISION Y REFORMA DE LOS PROCEDIMIENTOS.

El proceso impulsado por el proyecto AVANCE supone una revisión permanente de las normas que regulan los procedimientos de gestión y control de la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos. Este proceso afecta, en una primera fase, a la regularización y normalización de los procedimientos internos de la Audiencia de Cuentas, consistente en simplificar trámites, regular el uso de nuevas tecnologías, la firma electrónica, etc

Así mismo, la incorporación de las nuevas tecnologías a los procedimientos de la Institución, en la doble vertiente de introducir herramientas informáticas en el desarrollo de las auditorias (Team Mate), herramienta de ayuda para el tratamiento estadístico de datos (IDEA), y en la modernización de los procesos internos, exige una nueva regulación de estos procesos.

Todo ello, va a determinar la modificación del Reglamento de la Audiencia de cuentas y de las Normas Internas de Auditoria.

USO INTENSIVO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

La introducción de las nuevas tecnologías en la práctica totalidad de los departamentos de la Audiencia de Cuentas es una obligación inexcusable en la estrategia del proyecto AVANCE.

La introducción de las nuevas tecnologías se desarrolla en dos ámbitos diferenciados:

• SISTEMA DE INFORMACION CORPORATIVO
• HERRAMIENTAS DE USO PERSONAL
• ACCIÓN INTENSIVA DE FORMACIÓN.

La formación se orienta en dos vertientes:

- Formación interna, destinada al personal de la Institución. Se han impartido cursos para el aprendizaje en el uso de las nuevas herramientas de trabajo. Se va a diseñar un plan de formación para adiestrar al personal en la realización de auditorias operativas.

- Formación externa, destinada a personal ajeno a la Institución. Tiene distintas finalidades y destinatarios: cooperación con otros órganos de control para alcanzar mayores cotas de eficacia; formación para la divulgación del trabajo de la Institución orientada a los medios de comunicación y a la ciudadanía.

INCREMENTAR LA FISCALIZACIÓN OPERATIVA O DE GESTIÓN

No se trata sólo de realizar fiscalizaciones de eficiencia o de eficacia concretas, sino de cambiar el enfoque de la actuación institucional, de tal modo que se empiece a informar sobre aspectos de gestión (evaluación de políticas y servicios públicos) desde un primer momento.

Se trata de aumentar progresivamente el peso que los aspectos de auditoria de gestión tienen en cada fiscalización y en el conjunto de las actuaciones de la Institución, mediante la introducción paulatina de aspectos de auditoria operativa en todas las fiscalizaciones programadas y la realización de determinadas actuaciones específicas de eficiencia y eficacia.

Para lograr este objetivo, se pretenden llevar a cabo las siguientes acciones:

a) Elaboración de un Programa de Actuaciones Plurianual (o Plan estratégico), en relación con la fiscalización del sector público canario, que establezca las líneas maestras y los objetivos a medio plazo de dicha fiscalización y que sirva de marco de referencia para los Programas que se aprueben anualmente, y en el que se recogerá la filosofía del proyecto.

b) Establecimiento e implantación de indicadores de gestión en el ámbito local y de Universidades.

INTENSIFICACION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES.

La Audiencia de Cuentas se propone intensificar las relaciones institucionales en una doble vertiente:

a) Con las Entidades de la Comunidad Autónoma de Canarias que generan y disponen de información que pudiera ser de utilidad para la labor actual y futura de la Institución, mediante la firma de Convenios de colaboración con las mismas.
b) Con los Entes fiscalizados, con la finalidad de orientar y actuar conjuntamente con el gestor para facilitar la asunción de las recomendaciones efectuadas en los informes de fiscalización, contribuir a la mejora de los controles internos y, en última instancia, propiciar la mejora de los servicios que prestan a los ciudadanos (cogestión).

En relación con el primer aspecto, en la línea marcada por el Tribunal de Cuentas Europeo de que, si bien los Tribunales de Cuentas Nacionales y los Regionales no forman parte, por definición, del marco de control interno, lo cierto es que debe existir un interés profesional de que dicho marco funciones eficazmente, asumiendo como tarea la de fiscalizar el funcionamiento de los sistemas de control interno, lo cual permitiría una mayor racionalización de estos sistemas y su utilización por las instituciones de control en el contexto de la fiscalización. La única vía para que esta iniciativa se desarrolle sin ningún riesgo que pueda alterar el ejercicio de las funciones en diferentes ámbitos institucionales es la de la cooperación entre las Instituciones para el ejercicio de la función de control.

Y … EL ESTABLECIMIENTO DE UNA NUEVA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN.

Se parte de la creencia de que la publicación de los resultados de las fiscalizaciones operativas que se efectúen, y de las evaluaciones comparativas y recomendaciones que incluirán los correspondientes informes, animará a las Administraciones a autoevaluarse y a tratar de mejorar su gestión.

Pienso que la comunicación hacia afuera, hacia el exterior, es esencial y vital en la implantación y en el desarrollo del Proyecto. Se han puesto los medios humanos, materiales y económicos necesarios para concretar un sistema de comunicación integral, que garantice varias cuestiones clave en la línea de lo apuntado en esta ponencia:

a) La conexión del trabajo de la Audiencia de Cuentas, de toda su labor oficial institucional, con la sociedad a la que presta el servicio, la isleña, lo que ya se hace a través de la definición de modelos de comunicación externa dirigidos desde un gabinete especializado e integrado por recursos propios y ajenos. Éste se centra en la preparación de contenidos informativos que puedan ser digeridos por cualquier persona de la calle; esto es, ajustados a una persona con conocimientos básicos.

Esta tarea, que se desarrolla con el apoyo de los medios de comunicación de masas y de plataformas de difusión colectiva como Internet, en este caso desde el sitio oficial de la Institución, persigue mantener lo más informado posible a todos los ciudadanos.

Se trata, en definitiva, de que funcione un servicio óptimo, capaz de llevar en tiempo, forma y con contenido adecuados, siempre de manera sencilla, clara, transparente y puntual, el trabajo de la Institución a todo aquel que desee conocerlo y muestre interés por él, e incluso, y esto es muy importante, de que la labor principal de la Audiencia esté en todo momento disponible en medios de acceso sencillo, como es el caso de la página Web institucional, que en breve se someterá a un proceso de modificación y mejora para cumplir con más eficacia ese servicio.

b) La mejora de los medios para la comunicación interna e interinstitucional con los ámbitos local, insular, regional, nacional e internacional es necesaria para hacer más eficaz, eficiente y sencillo el trabajo de la Audiencia de Cuentas, para consolidar el papel de esta Institución entre las entidades públicas fiscalizadas y para conseguir, poco a poco, que la marca de la Audiencia de Cuentas de Canarias cobre más fuerza.

Para ahondar en esos propósitos, las herramientas utilizadas también tienen que ver con Internet, con los sistemas interactivos que la red de redes permite y con la definición de programas de comunicación presénciales en los ámbitos técnicos y de organización interna, además de con el seguimiento de la labor participativa de tipo institucional que la Audiencia realiza dentro y fuera de Canarias.

Tres son los aspectos a comunicar: la actividad institucional, la función fiscalizadora (difusión de los informes) y el propio Proyecto.

Foto: Rafael Medina, atendiendo a los medios de comunicación durante el Seminario Internacional de Maspalomas, 2007.

El diario El Correo publica hoy un breve artículo que, por su interés para los órganos de fiscalización, reproducimos a continuación. Mandamos un abrazo a su autor, Rafael Iturriaga, ex-presidente del Tribunal Vasco de Cuentas y uno de los mejores comunicadores entre los miembros de Instituciones de control externo de España.

Rafael Iturriaga Nieva
Consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

El respeto, se ha dicho innumerables veces, es un valor fundamental para hacer posible la convivencia. Antaño, un concepto del mismo más próximo a la sumisión y a la obediencia, era el dominante. La emergencia de otros valores como la libertad, los derechos de la persona, la autonomía individual, etc. han podido traer como consecuencia un cierto decaimiento del valor del respeto, no sólo frente al poder, lo que no deja de resultar incluso higiénico, sino, lo que es muy triste, entre las personas, algo que atenta contra esos valores propios de la democracia que son la igualdad y la solidaridad.

Este poco explicable comportamiento tiene lugar también, curiosamente, en el ámbito institucional. Sin embargo, las instituciones no tienen vida ni voluntad propia. Las instituciones son, por así decirlo, personificaciones jurídicas de una voluntad política. Son creaciones del legislador para cumplir unas determinadas funciones, dotadas de unos recursos humanos y materiales y de unas características definidas, entre ellas, muy significativamente, una específica posición en el entramado jurídico-institucional.

Ningún sistema político está preparado para enfrentarse al hecho de que una institución falte al respeto a otra. Resulta algo absurdo y monstruoso, una patología jurídica y política muy seria.

El responsable público sabe, por tanto, que debe disciplinar su voluntad para que la institución que lidera ajuste su comportamiento al principio de legalidad del mismo modo en que corresponde al conductor de un automóvil hacer que su máquina circule por el carril adecuado y con sujeción a la normativa de tráfico, sea cual sea la opinión subjetiva que pueda albergar sobre lo acertado o erróneo de la misma.

Es evidente, por otra parte, que la posición jerárquica de una institución puede llevar a sus titulares, humanos al fin y al cabo, a una identificación personal de tipo emocional, ensorbeciéndose quienes ocupen puestos de una mayor relevancia institucional o desarrollando envidias o rencores en caso contrario. Es comprensible pero es un error. Como afirmaba una brillante sentencia “no estamos aquí por ser los mejores sino que somos (figuradamente) los mejores, porque estamos aquí”.

Todo lo dicho viene a cuento de la costumbre cada vez más extendida de minusvalorar los informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de un modo que, en mi modesta opinión, implica una falta de respeto institucional en toda regla. Se trata de atribuir a los informes de fiscalización del Tribunal el carácter de “mera opinión” o”criterio” frente al que se esgrime la opinión o criterio discrepante del fiscalizado, todo ello desde un aparente plano de igualdad.

Espigaré (omitiendo los nombres propios) algunos ejemplos recientes de lo que digo:

“La Diputación Foral (…) discrepa del informe; aclaró ayer a través de un comunicado que lo que hace ese organismo es emitir opiniones” (El Correo, 05/02/08)…”El Consejero (…) atribuyó las irregularidades a una disparidad de criterios con el Tribunal de Cuentas” (El País, 02/02/08)…”La Diputada (…) señaló que lo que sé es que hay una diferencia contable entre el Tribunal Vasco de Cuentas y el museo(…)” (El País, 01/02/08)

¿Y bien? ¿Podemos interpretar que la constatación de la discrepancia da por zanjada la cuestión?

El recientemente detenido delincuente Jaime Jiménez Arbe, más conocido por “El Solitario”, ha declarado ante los jueces que sus fechorías no son robos sino actos de expropiación solidaria. Es de suponer que éstos, aún aceptando el principio democrático de libertad de expresión, no darán carta de naturaleza a semejante posicionamiento haciendo prevalecer “su” propia opinión y criterio. ¿Por qué?…Porque no todas las opiniones son del mismo valor. Ni más ni menos, Y esa diferencia de valor, en nuestro caso, no deriva como decía de una intrínseca sabiduría que hubiere de corresponder a los miembros del T.V.C.P. sino sencillamente de la Ley. De la Ley que decide como se dirimen en los Estados de Derecho las controversias, siempre posibles, entre las personas, entre éstas y la administración, o entre distintas instituciones.

En el caso que nos ocupa, es la Ley del Tribunal Vasco de Cuentas (BOPV de 3 de Marzo de 1988) la que en su artículo 1 proclama que este organismo tiene el carácter de “supremo órgano fiscalizador de las actividades económico-financieras y contables del Sector Público Vasco…”

Dicho de otro modo, su opinión no es una opinión más, es la que debe prevalecer, la que debe ser acatada en el presente y cumplida en lo sucesivo.

¿Considera, por contra, el legislador que al día de hoy una institución de esta naturaleza es innecesaria?… ¡Suprímase! ¿Entiende que su actual diseño y organización no resulta adecuada para los tiempos que corren?… ¡Refórmese! ¿Se piensa, tal vez, que somos las personas que conformamos el Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas quienes adolecemos de alguna falta de probidad o competencia que hace desmerecer nuestros informes?… ¡Sustitúyasenos! Pero lo que no puede soportar el sistema institucional sin padecer un enorme quebranto es la banalización de la función fiscalizadora, algo que nos sitúa, no nos engañemos, en la antesala del incumplimiento de sus observaciones, tal y como desgraciadamente viene ocurriendo.

Rafael Medina Jáber preside la Audiencia de Cuentas de Canarias, que es el órgano Instituciónal de fiscalización externa del sector público canario. Ofreció una conferencia durante el seminario sobre Estabilidad presupuestaria y contabilidad pública, donde pedía la redefición de este último concepto.

A partir del tradicional informe de control de legalidad y de carácter económico-financiero, referido al sector público canario, puso en evidencia la necesidad de avanzar en una concepción de la contabilidad pública como un sistema de información que dé respuesta, no solo a las exigencias formales de rendición de cuentas, registro y fiscalización, sino a las necesidades de información de los responsables políticos y de la ciudadanía, además de la necesaria para evaluar la estabilidad presupuestaria.

Reconoció que la información económica, presupuestaria y financiera es poco relevante para la adopción de decisiones en relación con la calidad de las políticas y de servicios públicos y que los responsables públicos en materia de educación, sanidad, vivienda, urbanismo, servicios sociales, etc., no utilizan este tipo de información para mejorar el grado de satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

Entonces, si el control no está satisfaciendo adecuadamente esas necesidades de información, los gestores crearán servicios de control de gestión, al margen del centro directivo responsable de Intervención, que se limitará únicamente a denunciar irregularidades contables o de legalidad no sirve a las demandas actuales de los gestores.

La contabilidad pública tradicional se ha limitado a ofrecer información financiera y de ejecución presupuestaria, basando su esencia en la unidad de cuenta monetaria. Sin embargo, los gestores públicos, los parlamentarios, los ciudadanos, demandan mucha más información que la estrictamente monetaria. La evaluación de la gestión pública exige contar con información heterogénea y variada: estadísticas, encuestas de satisfacción, informes especializados, etc.

Medina comprende que la Contabilidad Pública tiene la obligación de satisfacer estas nuevas necesidades de información de las Administraciones Públicas, evolucionando desde un sistema de unidad de cuenta hacia la multiplicidad de unidades de cuentas.

En su opinión, la influencia de los criterios y principios contables privados sobre la contabilidad pública ha sido exagerada: “el traje de la contabilidad de las empresas privadas no encaja satisfactoriamente como herramienta para la obtención de información relevante para los responsables de la gestión pública”. Por eso pidió un esfuerzo para definir criterios, principios y reglas de contabilidad que ayuden a definir este nuevo sistema de información, con multiplicidad de unidades de cuenta: una contabilidad pública multidimensional que evolucione hacia la evaluación de las políticas y los servicios públicos

¿Cómo establecer un sistema de información que soporte y gestione esta nueva orientación? Entendió que era necesario:

- Identificar los objetivos de la política o servicio a evaluar.
- Analizar el régimen jurídico del área a evaluar.
- Analizar el sistema de control interno que rige en la institución a evaluar: recursos, normativa, organización y cultura.
- Establecer acuerdos y convenios que definan los indicadores aceptados por el conjunto de los agentes públicos, para la evaluación de todos y cada uno de los servicios y políticas públicas.

Enrique López González, catedrático de contabilidad de la Universidad de León, y autor de la conferencia de calusura del seminario, hace de relator de lujo de esta entrada con el siguiente comentario:

Uno de los padres del “management” Peter Drucker menciona que “como un reloj de sol, que muestra las horas cuando el sol brilla, pero que no da información en un día nublado o de noche, la contabilidad de costes tradicional apenas mide los costes de producción”. En efecto, la eficacia de un sistema de Contabilidad de Gestión depende tanto de la validez de sus características técnicas para la entidad contable y circunstancias del entorno en que se aplica, como de la forma en que los usuarios pueden utilizar la información que el mismo proporciona.

En este sentido, quizás sea en relación con el diseño de la información contable puesta a disposición de los entes públicos donde se pueda observar de forma más patente el confusionismo generado por la falta de distinción entre sus funciones, pues la propia evolución de la Administración Pública corre pareja e incide directamente en el diseño del sistema contable.

Cuando se diseña nuestra Administración Pública, en pleno liberalismo decimonónico, se pone especial énfasis en acotar la acción del Estado bajo la cautela de un Derecho Administrativo que actúa en salvaguardia y protección de la ciudadanía frente a todo exceso de poder (avizorando con escrupulosidad la capacidad discrecional de los gestores públicos) y, por tanto, esa “Hacienda de Medios” se limitaba a ejercitar tan sólo una función de gobierno en busca de eficacia del condicionamiento, con lo cual se necesitaba contar solamente con una contabilidad que permitiese el control de legalidad, esto es, bastaría con una Contabilidad Financiera (durante mucho tiempo, una elemental contabilidad de caja) que facilitase la comprobación de que el gasto realizado estaba presupuestado, existía crédito suficiente o que en su relación se había respetado el proceso legal vigente, pero carente de interés por el proceso productivo.

El problema surge entonces con el propio devenir histórico de las Administraciones Públicas, pues con el paso a un Estado más “intervencionista” se ha seguido procesando como gubernamental el cada vez más importante proceso productivo público, donde se precisan criterios de economía, eficiencia y eficacia, tal como reza el artículo 31.2 de nuestra Constitución, no siendo suficiente entonces la Contabilidad Financiera.

De hecho, la Contabilidad Pública no se ha ocupado de forma particular de quienes adoptan decisiones, especialmente en España, donde ni los Ministros ni cualquier otro responsable de la gestión en el Sector Público disponen, por lo general, de información contable relevante y oportuna para la adopción de sus decisiones. Por ejemplo, con la información contable disponible no se ha podido calcular, hasta ahora, con cierto rigor el coste de un alumno universitario, incluso, es difícil saber el coste de una Universidad en su conjunto.

Por este motivo, la contribución aportada por D. Rafael Medina Jáber sobre las principales conclusiones y puntos para la reflexión emanadas del “Proyecto Avance” supone un verdadero hito en la historia contable pública española, que modificará, sin duda, la acepción hasta ahora conocida como “poner una pica en flandes”, propiciando el inicio de lo que podría ser denominado la “Escuela Canaria de Estudios Críticos de Gestión Pública”.

Pilar Jiménez Ríus, letrada del Tribunal de Cuentas de España (en la foto durante su conferencia en el III Simposium de fiscalización en la Universidad de Salamanca) acaba de publicar el libro titulado “El control de los fondos públicos. Propuestas de mejoras”. Un tema capital para los lectores de esta bitácora.

En su opinión con el actual Estado Democrático y de Derecho instaurado por la Constitución de 1978, los responsables públicos de nuestro país, cada uno en su respectivo nivel de responsabilidad, deberían adoptar medidas necesarias para garantizar a los ciudadanos una mejor y más transparente gestión y rendición de cuentas públicas.

Durante las etapas de la Burocracia y de la Nueva Gestión Pública, los órganos de control externo han desarrollado un papel que califica de excelente en el control del manejo de los fondos públicos. No obstante, en la nueva era de la Gobernanza, estas instituciones de control, por su larga trayectoria histórica, por su excelente reputación, por su consolidada experiencia y por la prestigiosa formación de su personal, están llamadas a realizar funciones mucho más ambiciosas que la del mero control contable y/o jurídico de los fondos públicos, funciones que han sido brillantemente expuestas en la Declaración de Pamplona, a partir de la cual, puede surgir una nueva etapa en el control de los fondos y de la gestión pública en España.

El Control de los fondos públicos. Propuestas de mejoras

Jiménez Rius, Pilar

Editorial Cívitas
ISBN 9788447028900 – 650 páginas
1ª edición, Diciembre 2007

Este trabajo se ha estructurado en dos partes bien diferenciadas. Una primera parte, bastante descriptiva, en la que se realiza un estudio comparado de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (en adelante, EFS) de los países de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Suecia y España. Estas EFS no se han seleccionado al azar o sin ningún tipo de criterio. La autora ha seleccionado estas EFS por pertenecer a modelos diferentes de EFS y por ser las más modernas en cuanto a modo de entender la misión que tienen encomendada y a los métodos y técnicas de fiscalización utilizados.

En este estudio comparado analiza aspectos de las EFS tan trascendentales como su regulación y configuración constitucional, su origen y evolución, su independencia, su diferentes funciones, los distintos tipos de fiscalizaciones que realizan, el derecho a acceder a la documentación de los entes fiscalizados, su potestad sancionadora, las relaciones con el control interno, la delimitación del ámbito fiscalizador, las relaciones entre los órganos de control externo del mismo Estado, los informes de fiscalización, el perfil y la formación del personal de las EFS y el control de las propias EFS.

La segunda parte, que tiene su origen en la primera, consiste en la exposición de una serie de conclusiones que sintetizan el mencionado estudio comparado y se cierra con la formulación de una veintena de propuestas destinadas a hacer del Tribunal de Cuentas de España, una EFS ideal para nuestro país.

Las mencionadas propuestas son así mismo aplicables a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas pues, con ciertas matizaciones, desarrollan una misión similar a la del Tribunal de Cuentas de España. Las diferencias y semejanzas entre los distintos órganos o entidades responsables del control de los fondos públicos, autonómicas, nacionales o internacionales, son evidentes, pero los problemas y dificultades a los que todas ellas deben hacer frente son también muy similares.

Como muestra, de gran interés, os presento el índice del capítulo quinto:

V. PROPUESTAS PARA LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE ESPAÑA

V.1. Necesidad de mejorar las relaciones Tribunal de Cuentas- Parlamento

V.1.1. LAS RELACIONES TRIBUNAL DE CUENTAS-PARLAMENTO
V.1.2. ¿CONVENIENCIA DE CREAR DE UNA OFICINA PRESUPUESTAIA EN EL PARLAMENTO?
V.1.3. LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS

V.2. La urgencia de regular las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.

V.2.1. LA NECESARIA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DEL CUENTAS
V.2.2 ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE RELACIONES ENTRE TRIBUNAL DE CUENTAS Y LOS OCEX DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
V.2.3. ARTICULACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO Y LOS OCEX

V.3. Ideas para la modernización de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas

V.3.1. ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS NORMAS TÉCINAS DE FISCALIZACIÓN
V.3.2. LA NECESIDAD DE DELIMITAR EL ÁMBITO SUBJETIVO FISCALIZADO
V.3.3. NECESIDD DE MEJORAR LA REGULACIÓN DE LOS TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR
V.3.4. REFORZAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COERCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE ESPAÑA
V.3.5. NECESIDAD DE IMPULSAR LAS FISCALIZACIONES OPERATIVAS
V.3.6. FISCALIZACIONES INFORMÁTICAS: UN NUEVO RETO
V.3.7. LA IMPORTANCIA DE LAS FISCALIZACIONES MEDIOAMBIENTALES
V.3.8. NECESIDAD DE COMENZAR A REALIZAR FISCALIZACIONES HORIZONTALES
V.3.9. COMENZAR A REALIZAR FISCALIZACIONES DE INGRESOS PÚBLICOS
V.3.10. SELECCIONAR LAS DENOMINADAS “AREAS DE RIESGO”
V.3.11. UNA BREVE MENCIÓN A LAS AUDITORIAS DE ESTRATEGIA
V.3.12. NECESIDAD DE UNA MÁS FLUIDA COLABORACIÓN ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZACIÓN Y LOS DEPARTAMENTOS DE ENJUICIAMIENTO

V.4. Modificaciones necesarias en la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas

V.4.1. DEFINIR CON MÁS EXHAUSTIVIDAD EL CONCEPTO JURÍDICO DE RESPONSABILIDAD
V.4.2. UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL ÚNICO
V.4.3. MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE RECURSOS
V.4.4. NECESIDAD DE MEJORAR LAS RELACIOES ENTRE EL CONTROL INTERNO Y LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

V.5. Necesidad de regular la función consultiva del Tribunal de Cuentas

V.6. Mejoras a introducir en la formación del personal al servicio del Tribunal de Cuentas y de los OCEX

V.6.1. NECESIDAD DE CREAR UNA ESCUELA DE CONTROL
V.6.2. PLANES ANUALES DE FORMACIÓN
V.6.3. EL E-LEARNING Y LAS EFS
V.6.4. LOS ENCUENTROS TÉCNICOS DE LOS OCEX
V.7. Algunas sugerencias para la modernización de los recursos humanos del Tribunal de Cuentas

V.7.1. EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES
V.7.2. CONTRATACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS
V.7.3. AUDITOR Y PERSONAL JUBILADO
V.7.4. INDEPENCIA DE LOS AUDITORES
V.7.5. CÓDIGO DE ÉTICA DE INTOSAI PARA LOS AUDITORES DEL SECTOR PÚBLICO
V.7.6. UN NUEVO ESTATUTO DEL PERSONAL DE TRIBUNAL DE CUENTAS
V.7.7. FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS PROPIOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
V.8. Necesidad de modernización de las nuevas tecnologías utilizadas en los procedimientos fiscalizadores del Tribunal de Cuentas

V.9. Los beneficios de mejorar las relaciones entre los órganos de control interno y externo

V.10. Ideas innovadoras para la redacción y presentación de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas

V.10.1. CONTENIDO DE LOS INFORMES DE FISCALICIÓN
V.10.2. LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN: UN INSTRUMENTO DE LA DEMOCRACIA
V.10.3. INFORMES DE FISCALIZACIÓN MÁS INTELIGIBLES
V.10.4 MAYOR DIFUSIÓN DE LOS INFORMES
V.10.5. LA NUEVA MEMORIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

V.11. La imprescindible cooperación y colaboración entre las EFS

V.11.1 LA COOPERACIÓN ENTRE LAS EFS: CADA DÍA MÁS IMPRESCINDIBLE
V.11.2. LA FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS
V.11.3. EJEMPLOS CONCRETOS DE COOPERACIÓN
V.11.3.1. La EFS de Rusia aprende de otras EFS
V.11.3.2. Un ejemplo peculiar
V.11.4. LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN DE INTEGRACIÓN
V.11.5. LA NECESARIA DESCENTRALIZACIÓN DEL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS
V.11. 6. CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS EUROSAI, MADEIRA 2001
V.12. La política de comunicación de las EFS en el siglo XXI

V.13 El control del Tribunal de Cuentas

V.13.1 NECESIDAD DE ESTABLECER CONTROLES DE CALIDAD
V.14. La contribución de las EFS a la reforma y mejora del sector público
V. 15 Las EFS: instrumento esencial para luchar contra la corrupción
V.16. Hacia el futuro: la razón de ser de las EFS en el siglo XXI
V.17. Las EFA, los ciudadanos y la confianza en las instituciones públicas.

Ya podéis escribir la carta o el email a los Reyes Magos. Los más impacientes pueden encargarlo en las librerías.

¿De qué hablo? Pues del próximo best-seller: “La gran guía de los blogs 2008” de Rosa JC y Paco Polo.

El capítulo titulado “Blogs y administraciones públicas” ha sido elaborado por Iñaki, nuestro faro de Administraciones en red. Esta web se ha ganado su sitio entre los principales creadores de opinión de la blogosfera. Sólo con trabajo regular e inteligentes iniciativas ha logrado un claro liderazgo en este terreno. Una prueba más de donde se puede llegar con estas herramientas.

Mientras tanto, tenéis el artículo sobre Blogs y administraciones públicas en el wiki de su página. Gracias al vanguardista Carlos Guadián por dar la noticia.

El Tribunal de Cuentas Europeo que preside D. Hubert Weber, cuya foto también preside esta entrada, tiene disponible para su descarga libre en la red un Manual de auditoría (104 páginas) de gran rigor técnico, compatible con la utilización de un lenguaje sencillo y ejemplos aclarativos. Una muestra de transparencia y colaboración con el mundo del control. Puede descargarse en pdf.

El texto explica en perfecto castellano cómo deben planificarse y ejecutarse las auditorías de gestión y cómo deben elaborarse los informes correspondientes. Este último aspecto es el que más me gusta del libro. Sirva de ejemplo la utilización del ejemplo (es un juego de palabras) incluido en el epígrafe 5.4.3 titulado “Lógica y razonamiento”de la página 92:

Los ejemplos constituyen una forma eficaz de ilustrar y de explicar de forma práctica las constataciones técnicas o teóricas (tanto positivas como negativas), lo que ayuda a un lector profano a comprender las ideas expuestas. Sin embargo, es esencial utilizarlos con moderación y precaución, ya que un lector parcial podría sacarlos fácilmente de su contexto. Dado que se analizarán con la mayor atención, los ejemplos deberán ser racionales y las constataciones tendrán que estar plenamente justificadas mediante pruebas. También deberán redactarse con claridad, limitarse al asunto de que se trate y no dar una profusión de detalles.

El manual, del que ha sido relator el Consejero portugués, Vitor Caldeira (ver comentario nº1) está basado en principios generalmente aceptados, como muestran las directrices de aplicación de las normas de auditoría del rendimiento de la INTOSAI y las buenas prácticas aplicadas actualmente en este ámbito.

El auditor General de Canadá tiene disponible este tipo de manuales en francés o inglés. Pero, el manual castellano de la conciencia financiera de la Unión Europea es sencillamente espléndido, por lo que he creido conveniente compartirlo con vosotros.

Foto: Vitor Caldeira, relator del Manual, durante una conferencia en la Universidad de Salamanca.

La Government Accountability Office (GAO) es la agencia dependiente del Congreso de Estados Unidos encargada de “seguir el dólar federal”. Como órgano nacional de control externo (existen otros para cada Estado) dirige las auditorías financieras y operativas, ayuda al Congreso en el análisis y evaluación de las políticas públicas y recoge las quejas acerca de las adjudicaciones de contratos federales.

Creada en 1921, es dirigida por el Comptroller General, designado durante 15 años (no renovables) por el Presidente de Estados Unidos, con la conformidad del Senado. Cuenta con 3.200 funcionarios, que trabajan en su sede central de Washington y en el resto de sus once oficinas regionales.

Hace dos años que la GAO cambió su nombre inicial pero mantuvo sus siglas. La Oficina, que antes era General de Contabilidad (Accounting) y ahora Government Accountability, este último término de difícil traducción, una mezcla de responsabilidad y rendición de cuentas.

Entre las principales competencias de la GAO está elaborar las normas de auditoría pública de obligado cumplimiento, no sólo para sus propios auditores, sino también para otras instituciones de auditoría públicas y privadas, de ámbito federal, estatal y local. Así, desde 1985 la GAO y el Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA) han dictado normas que proporcionan una referencia para asegurar la calidad en los trabajos de los auditores independientes cuando prestan servicios al sector público norteamericano. Las normas generales de auditoría aplicables al sector privado (GAAS) son menos rigurosas que las públicas (GAGAS). Estas normas, más conocidas como Yellow Book, acaban de ser renovadas oficialmente el 27 de julio pasado, tras un período de información pública. Afectan a las auditorías, tanto operativas como financieras, que se realicen a partir del año 2008 y contienen gran cantidad de principios que no tardan en incorporarse a la normativa del resto de las naciones.

A continuación realizamos un breve avance de los cambios introducidos respecto a la quinta versión de 2003.

Para la traducción, he contado con la inestimable ayuda obligatoria de mi hijo Antonio Arias López, estudiante de Gestión y Administración Pública, que me acompaña en la foto

1.- Marco general
El nuevo documento refuerza la importancia del papel de la auditoría como herramienta que proporciona información para la mejora del servicio público. Además clarifica las normas a través de un lenguaje estandarizado para definir el nivel de responsabilidad del auditor y para distinguir entre las exigencias de auditoría y las simples recomendaciones o explicaciones, en consonancia con otras declaraciones de principios de auditoría. También amplia las pautas para reconocer e incorporar otros principios de normas profesionales como el Instituto de Auditores Internos (en España, IAI) o la IAASB.

Los capítulos centrales desarrollan con detalle las auditorías financieras (4: trabajo de campo, y 5: presentación de informes) y las auditorías operativas (7: trabajo de campo, y 8: presentación de informes) si bien incorpora nuevas prescripciones que son muy importantes para el ejercicio profesional del auditor.

2.- Cambios relacionados con la Ética y la Independencia profesional.
El nuevo capítulo 2 está dedicado por entero a la ética profesional. Realiza una descripción de los cinco principios éticos que deben regir el trabajo de quienes se encargan de realizar auditorías para el sector público:

a. Interés público
b. Integridad
c. Objetividad
d. Uso apropiado de la información, recursos y posición pública.
e. Comportamiento profesional.

Se clarifica y racionaliza la discusión sobre la prestación de otros servicios profesionales distintos de la auditoría y su impacto en la independencia del auditor, planteando el debate y los ejemplos en tres categorías diferentes de prestación: servicios que no limitan la independencia, servicios que requieren precauciones suplementarias para no limitar la independencia y servicios que limitan la independencia, en cualquier caso.

Además, añade una guía de acciones a tomar en caso de identificar algún obstáculo para la independencia del auditor, como consecuencia de la emisión de un informe.

3.- Cambios relacionados con el juicio y la competencia profesional.
El nuevo texto hace hincapié en el importante papel del juicio profesional en todos los aspectos del proceso de auditoría y en la consideración de los riesgos.En este sentido, se amplía la descripción de la competencia profesional para enfatizar su importancia. También incorpora las exigencias de formación contínua (¡obligatoria!) que fueron implantadas por la GAO en Abril de 2005, incluyendo en su ámbito de aplicación a otros especialistas internos de la organización auditora y exigiendo, en todo caso:

- Completar 24 horas de formación continua cada 2 años, que se relacionen directamente con la auditoría pública, el entorno administrativo general, o del específico y peculiar del ente auditado.

- Realizar al menos otras 56 horas de formación contínua profesional (que sumado al anterior da un total de 80 horas en cada período de 2 años) a los encargados, en alguna medida, de la planificación, dirección, o emisión de informes y sobre materias que aumenten su destreza profesional en la realización de trabajos o informes de auditoría, con un mínimo de 20 horas cada año.

4.- Cambios relacionados con el control y garantía de la calidad.
El sistema de control de calidad debe garantizar que tanto la organización como su personal cumplan con las normas profesionales y los requisitos legales aplicables. Para ello, exige a las organizaciones auditoras seguir políticas y procedimientos en su sistema de control de calidad, que incluyan: responsabilidades de liderazgo de calidad (dentro de la organización); requisitos éticos, legales y de independencia; el procedimiento de elaboración de los informes; políticas de capacitación del personal así como el seguimiento periódico del cumplimiento efectivo de la calidad, resumiendo y difundiendo anualmente sus resultados, con identificación de las cuestiones sistémicas que necesiten mejora y sus recomendaciones de corrección.

El nuevo texto aclara que el incumplimiento por la organización auditora del requisito de revisión externa por pares cada tres años es tan importante que da como resultado el incumplimiento de un principio de auditoria generalmente aceptado (es decir, de las GAGAS).

Todas las organizaciones de auditoría externa deben hacer públicos esos informes de la revisión externa por pares, cosa que la GAO viene haciendo con regularidad en su web, donde se localiza con facilidad el documento que elaboró el Auditor General de Canadá. En el caso de los auditores internos, exige trasladar una copia de dicho informe a los encargados del gobierno corporativo.

5.- Cambios relacionados con los auditores internos.
La revisión enfatiza la importancia de la auditoría interna como parte del conjunto de la función ejecutiva, la accountability y el control interno. Enfatiza que los auditores externos deben usar el trabajo de los auditores internos al valorar si los controles internos están diseñados y operan correctamente.

El nuevo texto, como el anterior, anima a los auditores internos a usar los principios del IAI junto con las GAGAS y moderniza los criterios de independencia organizacional, incluyendo acceder e informar de los resultados de la auditoría a la Alta Dirección, pero “con alejamiento suficiente de las presiones políticas”.

Clarifica los principios de distribución de informes por el director de auditoría interna comunicando sus resultados a las partes de la organización, de tal forma que pueda asegurar que sus resultados son tenidos en consideración.

6.- Cambios relacionados con el material de guía.
Otra novedad que incorpora la sexta revisión es un apéndice para proporcionar orientación o consejo a los auditores en la implantación de las GAGAS y en el cumplimiento de legislación específica norteamericana. Este apéndice contiene información útil para intentar ayudar al auditor en interesantes áreas, como las siguientes:

- Ejemplos de deficiencias en el control interno, abusos e indicadores del riesgo de fraude.- Ejemplos de servicios distintos de la auditoría, prestados frecuentemente por las organizaciones auditoras en entidades públicas.- Orientación para establecer políticas y procedimientos en el sistema de control de calidad de organizaciones auditoras.

- Orientación para informes de revisión externa por pares: que sean útiles, difundidos y comprensibles para el público, incluyendo la descripción del proceso de revisión y cómo se aplica a la organización.

- Mención de los diferentes tipos de evidencias (A7.02) y la evaluación de su corrección en relación con los objetivos del auditor.

- Descripción de los elementos de calidad en la presentación de los informes: debe ser oportuno, completo, exacto, objetivo, convincente, claro, y conciso, desarrollando y describiendo las materias sustanciales).

En fin, un documento imprescindible para los profesionales de la fiscalización, que esperamos sea pronto traducido en su totalidad.

Las nuevas tecnologías han venido en ayuda de los Poderes del Estado. El tema es muy conocido. Brasil, por ejemplo, ha realizado con éxito todos los comicios de este siglo sustituyendo las urnas por terminales electrónicos, sin emplear papeletas electorales. Sus ciudadanos votan al número del candidato, que acompaña toda su publicidad y nadie se equivoca.

Como veis en la foto, que saqué durante mi visita al Tribunal de Cuentas de Santa Catarina, en 2004, la publicidad incorpora ya el código del candidato, tanto para los candidatos pudientes de las vallas como en las fachadas pintadas a brochazos. Y no se dan importancia. Mi joven profesor de portugués, Walter estudiante brasileño de quinto de derecho en la Universidad de Oviedo (aprovecho para mandar un saludo hasta Fortaleza) me confesaba que nunca había usado papeletas electorales.

La Ley aprobada ayer en el Congreso español, de “acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas” (descargar) eleva a la categoría de derecho el uso por los ciudadanos de estas nuevas tecnologías en sus relaciones administrativas. Su texto será básico en casi todo el articulado y por tanto obligatorio para cualquier Administración Pública. En él se recoge, en concreto, el derecho a conocer por los mismos medios el estado de tramitación de los procedimientos en que sean interesados y a obtener copias digitales de los documentos electrónicos que formen parte de esos expedientes.

Su aprobación es muy importante porque otorga a la publicación electrónica de los diarios o boletines en la Web oficial de la Administración competente, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. En concreto, concede carácter oficial y auténtico al «Boletín Oficial del Estado» en sede electrónica, cuya publicación permite la entrada en vigor de las leyes y reglamentos.

Para los ciudadanos, eleva a normal lo que en la calle ya es normal: sustituir la publicación de actos y comunicaciones en el tablón de anuncios o edictos (que nadie lee) por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente. En sentido estricto, estas afirmaciones son imprescindibles para la eficacia de muchos actos y hay que elogiar su amparo.

Pero si la valentía de acometer la reforma ha sido notable, la entrada en vigor es tímida: en las Comunidades Autónomas, así como en las Entidades Locales, será obligatoria a partir del 31 de diciembre de 2009; eso si: “siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias”. Se quiere evitar a la Administración el “yo legislo y tu pagas” creando el “cumple lo legislado … si puedes pagarlo”.

Quorum virtual

A finales del año pasado, cuando parecía que el Proyecto de Ley prosperaba, escribí un artículo titulado como esta entrada, donde reseñaba los avances del proyecto de ley de Administración electrónica que se discutía en las Cortes Generales.

Y destacaba lo verdaderamente innovador del “quorum virtual”, que hará innecesaria la presencia física en un órgano colegiado de la Administración. En efecto, la Disposición adicional primera del proyecto reconoce que estos “podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos” ¿Veremos en el futuro ordenadores en los asientos de los vocales que tengan otra tarea inaplazable? ¿Puede formarse la voluntad de un órgano con asistentes ausentes?

Sin ir más lejos, un simple teléfono móvil es un “medio electrónico” susceptible de transmitir la voluntad de un miembro. Sin embargo, parece que su uso efectivo quedará para la tercera generación, porque es imprescindible contar con unos protocolos de seguridad que sólo presentan los equipos y redes con certificado electrónico. Además, comienza a distribuirse el nuevo e-DNI que deberá facilitar estos procesos.

Para entonces, las actas que elaboren los secretarios dirán: “Presentes físicamente, 20 miembros. Ausentes pero conectados por medio electrónico: 10. Ausentes sin conexión: 5. Interviene en primer lugar el Sr. Enrique Dans, que se encuentra en viaje oficial en China y defiende la propuesta X. El presidente le agradece su participación, teniendo en cuenta la gran diferencia horaria. Reparte el documento número 1, cuyo fichero es también enviado a los miembros conectados. Da la palabra a la Sra. B, con permiso maternal, que interviene desde su domicilio …”.

En fin, una ley vanguardista, aunque de efectos a largo plazo.

El impresionante panorama de la catedral leonesa habrá inspirado más de un poema al último Premio Cervantes, al que nacieron en Oviedo. Antonio Gamoneda, además de ser uno de los grandes de la Poesía de España, no es menor lector, causa o efecto de su mimo y diario cuidado de la biblioteca de la Fundación Sierra Pambley, fundada hace más de un siglo por Giner de los Rios e instalada frente a la “Pulcra Leonina“. Desde tan apreciada atalaya ha sido testigo, sin duda, de los grandes cambios ocurridos en las bibliotecas, hoy pomposamente denominadas “centros de recursos para el aprendizaje y la investigación”.

Nuestros tiempos exigen atender los nuevos hábitos sociales de estudio, con intereses y horarios diferentes. No me refiero al nocturno uso que los estudiantes hacen de las salas de lectura durante las fechas de los exámenes, sino a los nuevos fondos bibliográficos y documentales. Son las “bibliotecas sin fronteras”, que ofrecen servicios sin necesidad de acudir a sus instalaciones y dejan de poseer grandes colecciones para distribuir información. Y nuestros serviciales bibliotecarios han pasado en unos años de ser gestores de libros a gestores de información.

La riqueza bibliotecaria futura se fundamenta más en el potencial para acceder a la documentación electrónica que en los grandes depósitos, como hasta ahora. Aquellos costosos patrimonios ya no son garantía de una oportuna prestación del servicio público. Las decenas de miles de valiosos libros del siglo XVII y XVIII, propiedad de la Universidad de Salamanca, apenas sirven para impresionar al visitante por su gran valor sentimental. Ahora la mediateca comienza a ganar la partida a la papelteca.

Esas bibliotecas digitales utilizan licencias de uso de los recursos informáticos que permiten a los investigadores el acceso a las bases de datos y revistas electrónicas, en lugar de impresas en papel. Una universidad de tipo medio debe contratar costosas suscripciones en línea, emprender trabajos de digitalización y disponer de potentes servidores de información. Las empresas del sector de la distribución de revistas están encantadas con la creación de nuevas universidades porque requieren nuevas licencias. En las Comunidades Autónomas con varías universidades se han creado consorcios para evitar la duplicidad de gastos, estableciendo la inevitable especialización, tanto en las instalaciones como en la formación del bibliotecario.

El año pasado, el Tribunal de Cuentas de Francia reprendía a las bibliotecas universitarias por la ausencia de encuestas de satisfacción para determinar con precisión si estas responden a las exigencias y expectativas de sus usuarios. Los servicios en linea exigen también nuevas herramientas de evaluación, algunas de impacto internacional, como la promovida por el equipo de investigación de Enrique Herrera-Viedma, colaborador codo con codo de Oscar Cordón, uno de los investigadores principales del Centro de SoftComputing de Mieres. El reto es medir la calidad en las bibliotecas (incluidas las digitales) a través del grado de satisfacción de sus usuarios respecto a los servicios prestados: equipamientos, recursos o competencia del personal.

En la próxima década, nuestra herencia cultural, la mayoría de los conocimientos del mundo se habrá digitalizado y estará disponible en la red ¿El conocimiento humano a disposición de todos? Esto transforma esas obras en una suerte de bienes públicos globales; una nueva categoría cuyo uso y efectos externos va mas allá de fronteras y regiones, poblaciones o generaciones.

Cuando en 2004, el buscador americano Google anunció el proyecto de digitalización masiva de libros, el presidente de la Biblioteca Nacional de Francia alertó y encabezó a las instituciones culturales europeas frente al peligro hegemónico de una sola compañía en la difusión del saber. La Comisión Europea contraatacó promoviendo la Biblioteca Virtual Europea que se desea inaugurar en el año 2010.

Como se ve, varios proyectos de digitalización públicos y privados avanzan simultánea y concurrentemente. Ha sido necesaria la creación, el mes pasado, de la “Comisión Española sobre la digitalización” del Ministerio de Cultura, para la accesibilidad en línea del material cultural y su conservación digital. Una amplia delegación de todas las instituciones implicadas, con ausencia de alguna organización representativa de los usuarios.

Mientras tanto, Google contiuna su carrera de fondo y ya ha firmado acuerdos (dentro de un absoluto hermetismo) para digitalizar los contenidos de las bibliotecas de las universidades más importantes del mundo: Michigan, Stanford, Harvard y Oxford. A la brecha digital se le sumará la trinchera del idioma. En España, la multinacional ha elegido a la Universidad Complutense para digitalizar sus fondos bibliográficos libres de derechos de autor: 300.000 documentos en seis años.

Aquí surge un choque entre “modelos de negocio”: el clásico y caduco precio de la copia frente a los modernos enlaces gratuitos pero patrocinados. Hoy día, reproducir y transportar virtualmente obras sale casi gratis. Ya la imprenta había abaratado las copias frente a los amanuenses. Como avanza Enrique Dans, en poco tiempo, los contenidos de todos los libros podrán aparecer en una búsqueda en Google, acompañados de un enlace a la librería virtual y otro a las tiendas físicas que tienen ejemplares en mi ciudad. ¿Es una amenaza o una oportunidad? ¿Deben oponerse los editores? Y lo más importante: ¿servirá para algo que se resistan?

Por último una referencia obligada a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el filántropo proyecto en lengua castellana del Banco Santander y la Universidad de Alicante. ¿Saben cual es la obra más consultada? ¿Si?: ¡El Quijote!, con ciento sesenta mil visitas, aunque en su versión de fonoteca-online: una grabación dividida en capítulos de 15 minutos cada uno, leídos por Camilo García Casar, el doblador profesional del actor Anthony Hopkins. Escuchándole no puede evitarse la comparación entre dos locos geniales: el doctor Lecter y el ingenioso hidalgo.

Y ya que habéis llegado hasta aquí, mirad una conferencia magistral (ojo, subtitulada), ofrecida por Steve Jobs, co-fundador de Apple, en una ceremonia de graduación en Stanford. Uno de los más sencillos y profundos discursos que he escuchado: 15 minutos. A raíz del enorme interés despertado, esa Universidad implantó un archivo de lecciones magistrales online.

Este artículo fue publicado en el diario La Nueva España, del 17 de mayo de 2007.

Foto: Bilblioteca del Senado. Madrid.

Por Inocencio Hernández González. Consejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que cesa este mes.

El día 22 de marzo del presente año, asistiendo al IX Premio periodístico de la Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo “AUDITORÍA PÚBLICA”, el amigo Antonio Arias me pidió un artículo para su página web.

En el citado acto el Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra D. Luis Muñoz Garde, intervino en una conferencia sobre el “Control Externo: Parlamento y la Opinión Pública”, y expresó su opinión sobre la relación de los OCEX con los medios de comunicación y como debían ser los mismos.Coincidí en casi todo con el conferenciante y al hacerme unas reflexiones, decidí en ese momento que el artículo que iba a enviarle al amigo Antonio Arias, iba a tratar sobre ese tema.

Partimos de un principio elemental. La sociedad tiene el derecho, y también el deber, de conocer como es el uso de los fondos públicos, siendo el fin último, el bien común de todos.El conocimiento de todas las actividades desempeñadas por los poderes públicos, especialmente la del uso de los fondos públicos, ya que éstos pertenecen a los ciudadanos que es cierto que puede ser complicado, pero desde luego no imposible, hacer que todos sean responsables de los caudales públicos, en mayor o menor medida.

Así pues, se debe confirmar la Comunicación como una actividad de carácter colectivo donde el conjunto de la sociedad participe, ya que así podemos hablar de auténtica cultura democrática basada en la participación y la transparencia.

En el ámbito público, la Comunicación pasa así a ser doblemente necesaria y, sin olvidar que su objetivo es contribuir a la máxima eficacia de las instituciones.

La Comunicación es esencial para una sociedad que avanza, y por lo tanto lo es para sus Instituciones, por lo que adquiere un valor determinante en los órganos de control y fiscalización, por eso la función principal de los OCEX debe “hacer llegar a la opinión pública la labor que cotidianamente desempeñan y dar cumplida cuenta de su funcionamiento” . Se trata de cumplir dos objetivos:

1. El derecho del ciudadano a estar informado del destino de los fondos públicos.

2. El deber de las Instituciones públicas de rendir cuentas ante la sociedad.

El principio de una Institución se consolida con la transparencia de los intereses generales a los que sirve.
Resumiendo, la Comunicación debe basarse en la independencia, objetividad y responsabilidad.

La Comunicación contribuye a crear una verdadera cultura democrática, basada en el interés general, haciendo partícipe al ciudadano de una actividad que le afecta, y aquí radica uno de sus retos más difíciles e interesantes, el de hacer partícipes a los ciudadanos.

La Comunicación debe convertirse en un activo, que sirve para que los órganos de control sean más conocidos y valorados. La parte que tienen los OCEX para comunicarse es a través de su principal papel que viene reflejada en los informes de fiscalización.

Por lo tanto, debe sistematizarse un procedimiento para dar a conocer estos trabajos a los diferentes medios de comunicación y que la Institución sea percibida como una fuente regular de informaciones de interés, y que, por lo tanto, se conozcan y comprendan los trabajos que hace.

Para el fortalecimiento de las Instituciones en un régimen democrático debe admitirse, que aparte del control parlamentario, ejercido por la oposición, y el control externo, también debe existir un control periodístico, que llegue a la ciudadanía.

La sociedad de la Comunicación sobre la que se asienta la democracia en el S. XXI, exige una información ágil que sea igual para todos los ciudadanos que tienen un derecho fundamental a estar debidamente informados, si la información se demora, el proceso se vicia y se convierte en una trampa.

Una sociedad es tanto más democrática cuanto más capacidad tengan los ciudadanos a controlar a la Administración y de formarse un juicio cabal sobre su comportamiento. Los órganos de control ya han entrado en la era de la informática, pero les queda entrar, salvo algunas excepciones, en la era de la Comunicación.

En un momento histórico como éste marcado por el llamado fenómeno de la globalización y de las tecnologías de la información no cabe duda, que éstas pueden ayudar y mucho en el correcto funcionamiento de los Órganos de Control, ¿Cómo? Dando la posibilidad al contribuyente y ciudadano de conocer de manera directa lo que dichas instituciones estén desarrollando como actividades principales, y de saber de manera fehaciente y pormenorizada los mecanismos que se utilizan y emplean en las actividades de control a las instituciones públicas. Claro está, que el camino no ha sido ni es ni será fácil, pero no por ello imposible, el lograr mecanismos y órganos de control, adecuados a una sociedad madura y democrática que demanda buena gestión, transparencia en el uso de los caudales públicos, y para ello sin duda la comunicación debe ser un pilar fundamental.

Jena fue matrona en la sanidad pública toda su vida profesional. Ayudó a nacer a miles de niños y, entre ellos, mis hijos. En sus clases de preparación al parto instruyó a madres y padres. No admitía escaqueos de maridos y allí resoplábamos los futuros padres, también de incipiente barriga, sin comprender porqué razón solidaria debíamos hacer los mismos ejercicios que ellas. Nadie osaba discutir pues el carácter de las matronas es sobradamente conocido. Se jubiló y está construyendo su página en Internet, un “blog” de consejos y debate sobre embarazos y partos, en una prolongación del servicio público que siempre ejerció. Como Jena hay millones de personas desinteresadas que comparten y contrastan sus conocimientos en lo que se viene llamando la Web 2.0.

¿Porqué un profesional escribe un blog especializado? Para intentar transmitir el conocimiento que se tiene en una determinada materia y encontrar respuestas a las cuestiones que resultan del diálogo con sus lectores, que también son autores y lectores de otros y, por tanto, el enriquecimiento es gratuito, mutuo y diario. Esta comunicación genera una comunidad virtual, redes sociales con grupos de lectores habituales interesados en la misma materia que permite estar al día de las principales novedades o cuestiones de nuestro interés. Los blogs han cumplido ya diez años.

Hay una reflexión universitaria que dice “no se sabe de un tema hasta que se escribe sobre él”. Pues bien, estas páginas profesionales tienen la virtud de obligarte a sistematizar un conocimiento muy especializado para poder contarlo todas las semanas, con los adecuados vínculos. No es gratis; muchos prefieren dedicar sus ratos de ocio al respetable entretenimiento de leer novela. Una vez creada la página hay que alimentarla y esto necesita tiempo. No sólo requiere esfuerzo para redactar las colaboraciones, sino para investigar por el ciberespacio y poder aportar las mejores fuentes.

Permítame afirmar que, esta práctica es frecuente entre los funcionarios públicos, consecuencia de su conciencia social y como una forma de retribuir a la ciudadanía. Se me dirá que los profesionales privados no pueden compartir sus conocimientos con los competidores y bastante tienen con sobrevivir en la jungla de nuestro mercado libre que, además, paga el sueldo de ambos.

Esta ética pública, orientando y creando opinión en temas más o menos espinosos, permite generar y compartir conocimiento. En el mundo académico son conocidas las redes y los espacios de aprendizaje pertenecientes a los profesores. Quienes aspiran a la excelencia docente incluyen en sus páginas personales la bibliografía, los exámenes, los criterios de corrección y atienden las consultas. Un lujo que sus alumnos saben valorar en las encuestas. Y aquí es obligada la referencia a la experiencia de “aulanet“, una herramienta puntera en la Universidad de Oviedo promovida por el profesor Rigoberto Pérez. En la vecina Universidad de León, Cristina Mendaña y Enrique López, promotores de “sicodinet“, me revelan el gran número de entradas que se producen en la madrugada, en época de exámenes. Hay quien atasca a las cinco de la mañana en una demostración, pide aclaración y tres horas después anula la petición de auxilio porque ya lo ha resuelto.

Los autores sabemos, con una sencilla herramienta, cuándo y dónde entran o salen sus usuarios. Yo también tengo mi propia página y me asombro de los pueblos recónditos desde la que se consulta. Reconozco que aprendo tanta geografía como informática ¡Tengo un lector en San Sebastián de la Gomera!.

La utilización de un blog por parte de un funcionario para hablar de temas de su sector de actividad es un ejemplo de vocación de servicio y mejora continua, pero debe ser prudente, aunque la gran mayoría no declaran su empleo. Rafael Chamorro nos recuerda, desde New York, que la función pública, “está sometida a la dirección política, y así es como debe ser. Pero muchas veces la discrepancia, por educada y razonada que sea, no está bien vista, y menos a través de un medio tan público como puede ser Internet”. Es un ejercicio de transparencia que despierta recelos en los poderes públicos, no tanto por la forma personalizada de relacionarse con la ciudadanía, como por la posibilidad que se da a ésta de replicar con anónima vehemencia. Enrique Dans resume y rebate con maestría estos argumentos.

En efecto, las páginas se diseñan para que los lectores, con suma facilidad, dejen en un recuadro un comentario que se incorpora con o sin autorización previa del propietario. Quien se acostumbra a este sistema tan participativo y luego lee el libro de papel echa de menos poder matizar o discrepar con el autor, con efectos inmediatos. Con frecuencia, los comentarios son tan enriquecedores como los artículos.

Los usuarios no necesitan peregrinar por todas las páginas “amigas” buscando posibles nuevos temas o comentarios. Basta utilizar un instrumento denominado “sindicación” que avisa con la rapidez que se precise y en una sola pantalla, del listado de modificaciones producidas en sus páginas habituales. Pregunte al amigo “enterao” como funciona eso del RSS y a sindicarse.

Alberto e Iñaki, funcionarios del Gobierno Vasco, a los que “ciberconocí” recientemente porque alimentan una sorprendente página titulada “Administraciones en red”, afirman que para ellos esta actividad tiene “implicaciones emocionales, derivadas del hecho de sentirte miembro de una comunidad de interés, de un grupo de locos que compartimos gustos y nos lanzamos ideas a la cara, sin formalismos ni protocolos”.

Para nuestro trabajo, la principal ventaja de estas herramientas es que las noticias llegan a la “ombligosfera” antes que a ningún otro medio, con puntos de vista variados, sin cuño oficial y expresadas por quienes tienen conocimiento e interés. Comparados con otros temas, los interesados en los asuntos públicos no son muchos. Pero la lengua castellana permite encontrar miles de entusiastas en América sobre cualquier asunto. Las páginas mejicanas, sin ir más lejos, son extraordinarias, con gran preocupación por la calidad del servicio y la atención al cliente. ¿Pueden conciliarse altos índices de corrupción con la revolución tecnológica? ¿Hay dos Méjicos? ¿Se crea una nueva élite? Aquí es muy importante el programa “OLPC“, el ordenador de los 100 dólares, que permitirá el acceso a las nuevas tecnologías en regiones menos desarrolladas. Aunque Internet posibilita la democratización de la información y de los conocimientos, mientras continúe la brecha digital, estos asuntos, como el buen vino, conciernen al sector privilegiado de la población. Así, con grandes diferencias territoriales, sólo el 41% de los hogares tenía conexión a Internet, en el segundo semestre del año 2006. Por eso, si usted ha llegado hasta el final de este artículo: ¡enhorabuena! Pertenece a la parte afortunada del planeta, que le interesan estos temas.

Para terminar, otro ejemplo de los nuevos tiempos, que muestra la utilidad de los blogs para cualquier objetivo: Belén y Jésica son dos modelos argentinas. Tienen 21 y 19 años, respectivamente y están presas en Barcelona. Con la ayuda de sus padres han creado una página con el subtítulo desgarrador “Que todo el mundo sepa que somos inocentes”.

Un extracto de este artículo ha sido publicado en el diario “La Nueva España” del 9 de marzo de 2007.

El Huesped, parroquia de Morcin (Asturias).