La radiodifusión y la televisión suponen un servicio público esencial cuya gestión puede llevarse a cabo a través de un modelo tanto público como privado.
La gran mayoría de las Comunidades Autónomas (CCAA) han creado sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público para la prestación directa de ese servicio, sin perjuicio de su convivencia con otras televisiones privadas de ámbito autonómico o local.
Esas compañías integran el correspondiente sector público de las CCAA y por tanto, están dentro del perímetro de fiscalización de los correspondientes Órganos de Control Externo, a pesar de lo cual, con frecuencia se impregnan de los “usos” del sector privado, olvidando las exigencias que les impone aquella cualidad.
Acaban de hacerse público dos informes de auditoría sobre televisiones autonómicas, que han tenido cierta repercusión mediática en sus respectivas regiones. El primero fiscaliza el Grupo Radio Televisión de Castilla La Mancha y el segundo la empresa pública de Andalucía Canal Sur Televisión, S.A.
La Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha efectúa, además, un análisis comparativo de la actividad desarrollada durante el ejercicio 2004, por las cadenas de televisión autonómicas, obteniendo interesantes ratios en función de numerosos datos relevantes, que se refieren a los principales inputs necesarios para llevar a cabo su actividad y a los outputs obtenidos durante el periodo. Pincha en el cuadro siguiente: [...]
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