La Ley General de Subvenciones (LGS) en su artículo 22.2 -que constituye normativa básica del Estado, no lo olvidemos- autoriza tres tipos de subvenciones directas:

• Las impuestas por una Ley
• Las nominativas, previstas en los presupuestos del Estado de las CCAA o de las EELL. Aquí caben tanto entidades públicas (por ejemplo, para la Universidad Pública, de acuerdo con la LOU) como privadas (así, para apoyar al equipo de futbol local, si se incluye la correspondiente partida presupuestaria).
• Las que “acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”.

Nuestra doctrina académica y profesional ha criticado -con reiteración- las dos últimas variedades, porque estas prácticas excluyen la concurrencia pública, que es un principio general que debería presidir el otorgamiento de las subvenciones. 

Sin embargo, la clase política parece haber convivido pacíficamente en este escenario de relativa opacidad. Hasta ahora. A la vista de la iniciativa legislativa tramitada en el Congreso, pueden tener las horas contadas y con ellas gran cantidad de asociaciones, fundaciones y entidades privadas; algunas de ellas imprescindibles en el ámbito cultural, social y hasta humanitario, pero que viven del dinero público con poca transparencia y ningún debate social.

Un ejemplo: las subvenciones sindicales en Cataluña

 La Sindicatura de Comptes de Cataluña acaba de hacer público el informe relativo a las subvenciones recibidas por las organizaciones sindicales de esta Comunidad. La fiscalización se ha centrado en las subvenciones recibidas por las cuarenta y seis organizaciones sindicales con diez o más representantes elegidos en Cataluña durante el ejercicio 2009, de acuerdo con la información facilitada por el Departamento de Trabajo. Para ello pidió información, no sólo a la Generalitat sino también a las corporaciones locales sobre las subvenciones otorgadas o pagadas a estas organizaciones por las propias entidades y por sus entes dependientes, como sociedades, consorcios, fundaciones, etc.

Además, se pidió información a las propias organizaciones sindicales de las subvenciones que habían recibido en cualquiera de sus divisiones territoriales, sectoriales, juveniles, durante el ejercicio fiscalizado, de los Entes indicados en el párrafo anterior.

De las conclusiones destaco una severa crítica más al procedimiento de concesión directa, que la sindicatura fundamenta en su carácter excepcional y por lo tanto “puede atentar contra el principio de igualdad y contra el derecho a la libertad sindical, dado que no se da concurrencia al resto de organizaciones sindicales”. Para ello, se apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de febrero de 1985, dictada en el marco de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra una Ley de Presupuestos Generales del Estado que preveía de forma nominativa el otorgamiento de subvenciones a las centrales sindicales más representativas.

El informe recuerda que estas subvenciones se están otorgando anualmente, en consecuencia podrían gestionarse mediante una convocatoria pública anual. Por último, la Sindicatura reprocha que su otorgamiento tampoco se hizo público posteriormente, tal como establece para las subvenciones de importe superior a 3.000 €, el artículo 18 de la LGS, pues:

“estas subvenciones no se pueden considerar nominativas; para que puedan considerarse, en los presupuestos deben quedar perfectamente identificados el objeto de la subvención, la cuantía y el beneficiario de la subvención”.

La Sindicatura catalana acaba de hacer público el informe sobre la Universidad de Lleida-Gastos de personal, 2009, por ahora, sólo disponible en catalán. Se trata de un trabajo que reproduce, en pequeña escala, muchos de los problemas que plantea la gestión del personal docente-PDI- y no docente-PAS- en todas las instituciones de educación superior de España. Aunque los titulares de la prensa sólo han destacado las disfunciones de la carga docente, el documento plantea otras muchas áreas de mejora en la gestión.

Una entrañable universidad provinciana

En el curso 2008-2009 había 7.389 estudiantes matriculados en la Universidad de Lleida, se incorporaron 2.135 alumnos nuevos y se titularon 1.253 estudiantes. En ese curso contaba con 828 PDI y 473 PAS, además de tener personal de administración y personal investigador contratado para proyectos de investigación. La tasa de abandono, sin tener en cuenta los alumnos que reingresen en otros estudios, se sitúa alrededor del 33% al cabo de cinco años de haber empezado los estudios.

Carga docente desequilibrada

Se trata de un asunto que ya hemos presentado en esta bitácora. El Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, establece que los profesores que pertenecen a cuerpos docentes universitarios (catedráticos de universidad, titulares de universidad, catedráticos de escuela universitaria y titulares de escuela universitaria) con dedicación a tiempo completo deben impartir ocho horas lectivas semanales y deben dedicar seis horas semanales a tutorías o asistencia del alumnado, excepto los titulares de escuela universitaria, que tienen una dedicación de doce horas lectivas y seis de tutorías o asistencia al alumnado. Las horas lectivas se distribuyen de acuerdo con las necesidades docentes de los departamentos, con excepción de las actividades derivadas de los contratos con entidades públicas o privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico o de cursos de especialización.

En cuanto al profesorado laboral, el convenio colectivo establece que la dedicación del PDI laboral se acordará en cada universidad con los representantes del personal y que la dedicación máxima a la docencia presencial debe ser la misma que la máxima del PDI funcionario de la misma universidad.

De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 898/1985, en cada universidad se constituirá un servicio de inspección para hacer, entre otros, el seguimiento y control general de la disciplina académica. La Universidad no ha constituido este servicio.

El Consejo de Gobierno de la Universidad, en 2008, aprobó el Documento de Política de Personal Académico que es el marco general en el que se sustenta la gestión de su profesorado y tiene como objetivos, entre otros, disponer de un registro detallado de la actividad académica del profesorado, constituir un instrumento de apoyo a la política de profesorado y constituir un instrumento complementario de planificación docente. Las actividades del profesorado se agrupan en diez categorías: actividad docente presencial, docencia reglada, doctorado, producción docente, docencia no reglada, actividades de I+D+i, extensión y cooperación, formación, gestión y otras actividades.

De acuerdo con ese Documento de Política de Personal Académico, el número de horas lectivas que tiene que impartir anualmente el profesorado a tiempo completo debe estar comprendido entre 100 y 400 horas. La dedicación mínima indicada incumple el Real Decreto 898/1985.

Para el análisis de las cargas docentes la Universidad ha facilitado las horas de docencia presencial de cada profesor para los cursos 2008-2009 así como las reducciones de docencia aplicables. Se han eliminado del análisis los profesores pertenecientes a departamentos del área de Medicina por la complejidad que presenta el cómputo de la dedicación en hospitales, así como el personal investigador y eméritos. No se han tenido en cuenta en el análisis los profesores que no han estado prestando servicios en la UdL durante todo el curso académico. A los profesores con algún tipo de reducción se ha aplicado la reducción correspondiente a las horas de docencia teóricas. La población total objeto de estudio ha sido de 364 profesores.

El resultado del análisis realizado, teniendo en consideración las reducciones que figuran en el Real Decreto 898/1985, es el siguiente (en todos los casos se hace referencia al mínimo de docencia que establece el Real Decreto 898/1985):

• 111 profesores (30,50%) han impartido la docencia que les correspondía.

• 28 profesores (7,69%) han impartido entre un 1% y un 10% menos de la docencia que les correspondía hacer.

• 98 profesores (26,92%) han impartido entre un 11% y un 30% menos de la docencia que les correspondía hacer.

• 87 profesores (23,90%) han impartido entre un 31% y un 50% menos de la docencia que les correspondía hacer.

• 40 profesores (10,99%) han impartido menos de la mitad de la docencia que les correspondía hacer. Seis de ellos han impartido menos de un 71% de la docencia que les correspondía hacer.

PLANES DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA

El Consejo Social de la UdL en sesión del 24 de julio de 2008 aprobó el Programa de incentivación de las jubilaciones anticipadas del PDI funcionario. Podían acogerse al Programa los profesores funcionarios a tiempo completo con una edad entre 60 y 69 años que cumplan los requisitos legales para solicitar la jubilación voluntaria. Los profesores que se acojan podrán optar por vinculase a la UdL como profesores eméritos mediante un contrato laboral, renovable anualmente hasta los 70 años como máximo. La percepción como profesor emérito será igual a la diferencia entre las retribuciones brutas que le correspondan al año en que se solicita la jubilación (excluidas las correspondientes a cargos académicos, a actividades del artículo 83 de la LOU y otros no consolidadas) y la pensión pública. La función y dedicación del profesorado emérito será determinada de común acuerdo entre cada profesor y el departamento correspondiente.

El artículo 48.1 de la LOU establece que las universidades podrán nombrar profesores eméritos en las condiciones previstas en esta ley. El artículo 54 bis de la LOU establece que las universidades, de acuerdo con sus Estatutos, podrán nombrar profesores eméritos entre profesores jubilados que hayan prestado servicios destacados a la Universidad. El artículo 22 del Real Decreto 898/1985, sobre régimen del profesorado universitario, establece el procedimiento a seguir para que un profesor pueda ser nombrado emérito: las universidades, previo informe de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, pueden declarar profesores eméritos aquellos profesores numerarios jubilados que hayan prestado servicios destacados a la Universidad española durante al menos diez años, la declaración de profesor emérito implicará la constitución de una relación de trabajo contractual, de carácter temporal, de acuerdo con lo establezcan los Estatutos de la Universidad, la retribución como emérito será siempre compatible con la percepción de la pensión de jubilación. El número de profesores eméritos no puede superar el 3% de la plantilla docente de la Universidad.

La disposición adicional vigésimo tercera de la LOU establece que el Gobierno del Estado, las Comunidades Autónomas y las universidades promoverán, en el marco del estudio que el Gobierno realice y envíe a las Cortes Generales sobre el acceso a la jubilación anticipada de determinados colectivos, el establecimiento de acuerdos que faciliten la reducción paulatina de actividad, a partir de los 60 años, y la jubilación voluntaria anticipada de las universidades. También prevé que el Estatuto del PDI previsto en la disposición adicional sexta de la LOU desarrollará la jubilación voluntaria. Hasta el momento actual el Estatuto del PDI no ha sido aprobado.

La normativa de profesorado emérito de la Universidad, aprobada por el Consejo de Gobierno del 27 de marzo de 2009 prevé, en realidad, dos tipos de eméritos: los que lo son una vez llegada su jubilación obligatoria y los que se han acogido al Plan de jubilación anticipada.

Teniendo en cuenta las diferencias entre los dos tipos de profesorado emérito, en opinión de la Sindicatura, el Plan aprobado por la Univesidad supone la creación de una nueva categoría de profesor emérito que no se ajusta a la normativa citada y que, de hecho , convierte en emérito de forma casi automática los profesores entre 60 y 69 años que así lo soliciten. De los 367 PDI funcionarios que estuvieron en nómina en 2009, un total de 299 cumplían la condición de tener tres quinquenios docentes. En el ejercicio 2009 había nueve profesores acogidos al Plan de jubilación voluntaria.

OBSERVACIONES GENERALES

- En el ejercicio 2009 la Universidad no tenía RPT del Personal Docente. Su elaboración se inició en ese año y fue aprobada por el Consejo Social el 4 de abril de 2011 (esta RPT no ha sido analizada).

-  El Convenio colectivo del PAS laboral establece una paga única para todo el personal en los años 2007-2010. Para el 2009 prevé el pago de 460 € consolidables. Esto hace que el incremento retributivo del PAS laboral sea superior al que establece la Ley de presupuestos de la Generalitat para 2009.

- La Universidad aprobó el presupuesto del ejercicio 2009 sin disponer previamente de la autorización del Gobierno de la Generalidad de los gastos máximos del personal, tal como prevé la normativa. Se solicitó esta autorización el 3 de diciembre de 2008, con anterioridad a la aprobación de su presupuesto para 2009.

- El Programa de incentivación de las jubilaciones anticipadas del PDI funcionario aprobado por el Consejo Social en sesión del 24 de julio de 2008 supone, de hecho, la creación de una nueva categoría de profesor emérito que no se ajusta a la normativa vigente y convierte en eméritos de forma casi automática los profesores entre 60 y 69 años que así lo soliciten.

- El Plan de jubilación parcial del PAS laboral aprobado por el Consejo Social en sesión del 4 de diciembre de 2007 prevé el abono de unas compensaciones económicas que no se ajustan a derecho ya que el convenio del PAS laboral no prevé ningún complemento que las justifique.

- Los incrementos retributivos de los complementos de puestos de trabajo en las administraciones públicas siempre deben ser justificados y responder a un cambio en las tareas asignadas. El aumento de dos grados de las retribuciones complementarias de determinados puestos de trabajo aprobado por el Acuerdo plurianual con el Comité de Empresa del PAS laboral del 26 de febrero de 2009 no se ajusta a derecho dado que no está justificado en ningún documento.

En segundo lugar se presentan las observaciones referidas a la fiscalización de los expedientes y conceptos salariales, cuyo contenido resumimos:

-  La Universidad no dispone de un sistema de control horario del personal. Esto hace que la Sindicatura no pueda concluir sobre la corrección de los importes abonados en concepto de horas extras o actividades realizadas fuera del horario habitual.

- La Universidad abona el 100% de las retribuciones durante 18 meses al PAS funcionario en situación de incapacidad temporal. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la aplicación de esta mejora en el PAS funcionario no se ajusta a derecho. Sin embargo, existe una nueva doctrina emergente a partir de la entrada en vigor del EBEP, no ratificada por la jurisprudencia, según la cual este complemento podría ser considerado como un plan de previsión complementario de los previstos en el EBEP.

- La Universidad no tiene ningún procedimiento establecido aplicable a toda la Universidad para la selección del personal a contratar con contrato de obra o servicio para proyectos de investigación o transferencia de tecnología que garantice los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. En opinión de la Sindicatura, la publicación exclusivamente en la intranet de la Universidad no permite el acceso del personal de otras universidades a los concursos y no garantiza suficientemente el principio de publicidad por su carácter restringido.

- No se dispone de ninguna normativa interna que regule la participación del PAS en actividades enmarcadas en el artículo 83 de la LOU aunque participa.

- La Universidad abona el PAS funcionario un complemento de mejora y un complemento de comedor que no son conceptos salariales incluidos en el Decreto legislativo, regulador de la función pública en Cataluña, en cumplimiento de varios acuerdos suscritos con los representantes de este personal.

Asimismo, existen otros hechos- alguno de los anteriores también- indicio de la posible existencia de responsabilidad contable, sobre los que resolverá el Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, el abono los trienios al PAS laboral de acuerdo con el último grupo de titulación-y no de acuerdo con el grupo de titulación al que pertenecía el trabajador en el momento en que se devengó el trienio- según la particular interpretación dada por la Universidad al Acuerdo de la Comisión Paritaria del 18 de febrero de 1992.

Alegaciones

La Universidad ha explicado en un comunicado del lunes pasado, que muchos de los problemas detectados no suponen un mal uso de los recursos públicos, sino que la mayoría “derivan del cumplimiento de los convenios que se aplican en todas las universidades públicas catalanas”.

El próximo Primer Ministro de Portugal acaba de anunciar su intención de crear una autoridad de control presupuestario que sea independiente del Gobierno y totalmente transparente ante los mercados. Esta nueva entidad, creada a partir del Banco de Portugal y del Tribunal de Cuentas estaría compuesta por expertos independientes (incluso extranjeros) y realizaría un control exhaustivo, tanto del Estado como de las regiones y municipios, del cumplimiento de las metas impuestas en la reducción del déficit público luso. Partiendo de un 8,6% al día de hoy, Portugal tiene que bajarlo al 5,9% este año, 4,5% en 2012 y 3% en 2013. 

La polémica solución lusa parece la respuesta obligada para calmar las dudas de EUROSTAT sobre la realidad de las cuentas públicas y la inclusión de todos los gastos realizados. También es una conclusión inevitable a la ingeniería financiera propiciada por el SEC95, que ha puesto nuestras finanzas al límite., entre el peaje sombra, la enfiteusis o el abuso de las sociedades públicas con deuda no computable. Ahora nadie sabe lo que se debe realmente, pues la contabilidad clásica no lo recoge.

Los Tribunales de Cuentas, si aportan alguna garantía, lo hacen en el ámbito interno de los Estados y eso parece poco aval a los famosos mercados. Una de las consecuencias de la globalización financiera en que vivimos es la perdida de soberanía de los Estados. En el mismo viaje van muchas instituciones, cuya credibilidad -o sencillamente cuyo “ritmo”- parece no estar acorde con es los tiempos.

Hoy, aunque nos duela, las Agencias de Calificación parecen ser las estrellas del firmamento financiero y el diseño de las nuevas instituciones giran en torno a ellas. Que los Estados o las Comunidades Autónomas tengan su propios órganos de fiscalización de la gestión pública parece no aportar suficiente garantía exterior.

De todo esto y muchas cosas más hemos hablado hoy, en la Escuela de Posgrado en Estado de Derecho y Buen Gobierno de la venerable Universidad de Salamanca, con ocasión de la mesa redonda titulada “de la ingeniería financiera a la corrupción” que sirve de clausura a los diversos máster que allí organizan, con títulos tan sugerentes como estos: Máster en Democracia y Buen Gobierno, Máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas y Máster en Corrupción y Estado de Derecho. Un punto de referencia para muchos estudiantes latinoamericanos que participaron activamente de las exposiciones.

Compartí cartel con José Antonio Fernández Ajenjo, de la IGAE, con Emmanuel Jiménez Franco, profesor titular de derecho administrativo de la USAL y con el Conselheiro brasileño Salomao Ribas Junior, miembro del Tribunal de Contas de Santa Catarina y presidente de la ATRICON.

Los oficios de presentación y moderación corrieron a cargo del Profesor de derecho procesal de la USAL, Nicolás Rodríguez.

El último caso de desacreditación institucional lo encontramos en Cataluña, que acaba de resolver la adjudicación a Deloitte, por 885.000 euros (IVA incluido) del siguiente trabajo de consultoría:

“Analizar la situación económico-financiera de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de su sector público; realizar una identificación cualitativa del nivel de reconducción de gastos comprometidos a corto plazo, y realizar una identificación de los aspectos claves que pueden afectar a la preparación de Presupuestos de años futuros”.

El informe, que deberá entregarse en un par de meses, intentará identificar, entre otros aspectos, “la recurrencia de los ingresos, los gastos comprometidos, la deuda y el análisis de operaciones significativas relativas a inversiones u operaciones extraordinarias”. Seguro que muchos os preguntáis, como yo, por la razón de no encargar su realización a la Sindicatura de Comptes.

En Cataluña, la Generalitat usó con frecuencia del sistema alemán y de las sociedades públicas de construcción de infraestructuras, como GISA, que le permitieron aumentar los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros hasta los cuarenta mil millones de euros. Así se ha financiado gran parte de las infraestructuras viarias y penitenciarias, como podéis ver en el cuadro adjunto, donde se indica el año del último pago.

Con frecuencia, el gestor publico que se enfrenta al informe de auditoría plantea sus alegaciones con argumentos en disculpa, defensa o justificación de las observaciones planteadas.

Como los informes van destinados al Parlamento y a la opinión pública, el gestor puede tener interés en probar (no sólo basta anunciarlo) que, en la actualidad, las deficiencias señaladas están subsanadas o se inicia el procedimiento para su arreglo.

Así, es habitual este tratamiento en materia de inventario o aplicaciones informáticas de gestión: “como se ha puesto de manifiesto al equipo fiscalizador, esta situación está subsanada con la reciente contratación de … “. A veces no es posible decir otra cosa que “se está trabajando en subsanar la carencia”. 

Pero … ¡cuidado con prometer demasiado! Los OCEX suelen hacer informes de seguimiento de recomendaciones y en algunos casos entran en el “seguimiento de las alegaciones”. Así el informe de la Universidad de Barcelona 2006-2007 incorpora el seguimiento de las promesas realizadas durante la anterior auditoría. Los resultados parecen bastante desalentadores. Ver por ejemplo la página 106 y siguientes:

Otras veces, el gestor busca resaltar la colaboración o la ausencia general de ilegalidades. Se trata un desahogo, cuyo mejor ejemplo lo encontramos en el Informe de fiscalización de RTV de Castilla La Mancha-2004, que empieza el capítulo de alegaciones (pág. 66) con esa proclama, que parece más destinada a sus colegas de los medios de información:

En el Tribunal de Cuentas Europeo encontramos un perfecto ejemplo de respeto institucional del principio contradictorio. Las respuestas de la Comisión a las observaciones del Tribunal se presentan simultáneamente en el informe. En su descripción de las constataciones y conclusiones, el TCEu tiene en cuenta la respuesta correspondiente del auditado ofreciendo su contenido en la mitad derecha de la página del informe, para que el lector tenga una valoración completa de la fiabilidad de las cuentas y de la legalidad y regularidad de las operaciones. Veámoslo:

Alegaciones que son provocaciones

Alguna vez, los gestores caen en la tentación de aprovechar el documento de alegaciones para “ajustar cuentas” con los auditores. Algunos OCEX prevén (expresa o tácitamente) la posibilidad de no publicar aquellas afirmaciones que carezcan de relación con el contenido del informe así como un cierto derecho de réplica para para rebatir en un anexo de Contestación a las alegaciones. Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en el informe Universidad Pública de Navarra 2001-2003. Allí, en la página 195 y siguientes, el Rector saliente decía lindezas (la negrita es mía) como estas:

4ª.-Finalmente, tras la lectura del Informe, cabe plantear una serie de cuestiones: ¿Quién audita a la Cámara de Comptos de Navarra? ¿Son públicos estos informes de auditoría? ¿Se presentan en rueda de prensa ante los medios de comunicación? ¿Podrían optar, el resto de organismos públicos, a ser auditados por los mismos auditores que auditan al organismo público Cámara de Comptos de Navarra? ¿Y al mismo tratamiento en la difusión de los informes de auditoría?

CONCLUSION

Tanto desde mi conocimiento de los hechos y mi experiencia personal como desde mi proceder en el ejercicio de cargo público como Rector, tengo que concluir que es una lástima que la Cámara de Comptos de Navarra, además de realizar los correspondientes informes de fiscalización, no aproveche sus medios y conocimientos para contribuir y colaborar con la Universidad Pública de Navarra, y muy especialmente en sus primeras etapas de existencia, en la mejora de los aspectos económicos, de control y transparencia de sus cuentas, y de cumplimento de la normativa contable vigente. Por el contrario, lo que se propicia y genera con cada informe de auditoría es la aparición de unos titulares informativos en los medios de comunicación que dañan y deterioran de forma desproporcionada la imagen de una institución, pública y de Navarra, de la importancia y trascendencia de la Universidad Pública de Navarra para la Comunidad Foral de Navarra y, muy especialmente, para todos sus habitantes.

Por supuesto, las afirmaciones fueron combatidas con elegancia y contundencia. Destacamos la última contestación (6ª) en la página 210:

Lo que realmente daña la imagen de la Universidad Pública no son los titulares de los medios informativos ni los informes de esta Cámara de Comptos, sino la falta de decisión de sus responsables máximos para mejorar la gestión de una entidad pública tan necesaria para la sociedad navarra y que es financiada en un 85 por ciento con fondos públicos aportados por todos los navarros.

¿Qué logró el gestor con ese ataque? Nada. Seguramente era el final de un largo enfrentamiento, acrecentado durante el trabajo de campo.

La Universidad que creó la Ley de Reforma Universitaria, en 1983, supuso un cambio en el concepto tradicional que las Instituciones de Educación Superior habían tenido en España. Su mayor autonomía y cierta tendencia hacia una estructura “menos rígida” pareció dotarlas de una sustancia más empresarial. 

Aunque hay todavía mucha resistencia al cambio, las universidades más emprendedoras avanzan hacia la Universidad Tecnópolis, donde “el aula pierde su monopolio y pasa a ser un complemento de la función docente”, como suele afirmar el catedrático catalán Solé Parellada, “como entramado donde estudiantes y profesores conviven más en los laboratorios que en las aulas, con el proyecto como eje de enseñanza  y donde las unidades autónomas periféricas se multiplican. Los nuevos clientes son las Cámaras de Comercio, las PYME locales, las asociaciones de empresarios o el Ayuntamiento. En las Universidades de provincias esto suena a música celestial pero existe.

Francesc Solé

Para Francesc Solé Parellada, una tecnópolis es un sistema urbano en el espacio donde se producen sinergias para la coordinación entre los agentes que tienen diferentes funciones, como en un Parque tecnológico. Supone un estadio más evolucionado que la universidad vertical o matricial, caracterizada por incluir organizaciones de investigación y servicios que surgen por propia iniciativa de sus miembros y cubren nuevas demandas (autofinanciadas) de formación continua, ensayos, consultoría, I+D .

Desde el punto de vista administrativo, esta idea se plasma en el holding universitario, que en algunos países supone un entramado organizativo que aporta muchos recursos a la matriz universitaria. Es frecuente recordar aquí que el MIT presume de que su grupo empresarial factura más que el Reino de Dinamarca. Es la manera americana de concebir la actividad universitaria, tan admirada y a la vez denostada desde la tradicional y vieja Europa.

Un ejemplo en España puede encontrarse en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) cuya Corona UPC, según la denominación de esa Universidad, es el conjunto de entidades en que ejerce una posición de dominio mayoritario, así como otro conjunto de entidades vinculadas por motivos de diversa índole en que la Universidad no tiene una participación mayoritaria. Se trata de entidades con personalidad jurídica propia promovidas por la Universidad que realizan tareas de docencia, investigación, transferencia de resultados de la investigación y de estudio y extensión universitaria. Ver informe de la Sindicatura de Cataluña, pág. 20.

En otras ocasiones, la creación de estos Entes dependientes se enmarca en cierta euforia inicial propiciada por las propias instituciones autonómicas o estatales que, con el tiempo, deviene en una deficitaria situación a la que no son ajenos los famosos anticipos reintegrables sin interés, que no saben como devolver. Este es el caso del Parc Cientific de Barcelona, cuyo informe de fiscalización de la Sindicatura catalana, alerta sobre la viabilidad futura de la fundación (pág. 51)  en estos términos:

“La situación financiera de la Fundación es extremadamente delicada ya que tiene un patrimonio negativo … necesita una aportación de … para poder hacer frente a los compromisos adquiridos. A la vez, esta situación puede afectar la Universidad de Barcelona”.

El holding universitario

Hoy participo en las Jornadas sobre Gestión y Organización de la Ciencia que organiza la Universidad de Lleida y la Asociación para el Estudio del Derecho Universitario (AEDUN). La conferencia inaugural corrió a cargo del Vicerrector de política científica de la UPC, Xavier Gil Mur, que realizó una minuciosa, irónica y crítica exposición de los centros de investigación universitarios; su encuadramiento en los centros tecnológicos o en los parques científicos así como la necesidad de recuperar los costes indirectos de la I+D+i. Mostró algunas interesantes experiencias.

El bloque temático en que he sido encuadrado se ocupa de “la organización y gestión de los holdings universitarios”, donde presento la visión del control externo, a través de los informes de los diversos OCEX del Estado español. Una perspectiva poco fashion pero necesaria. Con frecuencia los OCEX son muy críticos con estas entidades dependientes (fundaciones y sociedades) que se aproximan a ellas como “sospechosos habituales”.

La primera razón es una cierta opacidad en su gestión (pública: no lo olvidemos) como ponía de manifiesto el informe del Tribunal de Cuentas de España sobre la Universidad española, aprobado hace un par de años y que ya evidenció como una limitación al alcance del trabajo la “falta generalizada de información sobre los Entes dependientes”.

El difuso perímetro universitario

Una de las características de nuestra legislación financiera universitaria es la falta de concreción en la determinación de la obligación de consolidar las cuentas anuales. Algo habitual en todas las Administraciones, como hemos comentado en esta bitácora. Con frecuencia nos encontramos con intencionadas dificultades para considerar como públicas algunas fundaciones que se encuentran en las llamadas “zonas grises” del dominio efectivo.

En el informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León sobre la Fundación General de la Universidad de Burgos, se indicaba que la no inclusión de las cuentas anuales de la Fundación en la Cuenta General de la Universidad de Burgos afecta a la representatividad de la misma, ya que la actividad de la Fundación es una clara manifestación de la gestión económico- financiera de dicha Universidad y en última instancia del Sector Público Autonómico.

El propio Consejo de Cuentas de Castilla y León reconocía que :

Esta no inclusión, es una consecuencia de la aplicación por parte de la Ley de Fundaciones de Castilla y León y la normativa económico financiera de la Universidad de Burgos, de la participación superior al 50% en la dotación fundacional, como único criterio para considerar una fundación como parte integrante del Sector Público Autonómico y como fundación universitaria, sin atender a otros parámetros como los de financiación mayoritaria, control en la toma de decisiones o influencia decisiva en la gestión.

Concluyendo con una recomendación para la Consejería de Hacienda que “debería emitir normas expresas que regulen la obligación y los procedimientos a utilizar, para que cada una de las Universidades Públicas de Castilla y León consolide sus cuentas con las de todas aquellas entidades dependientes con las que conforma una unidad de decisión”. Así, las cuentas consolidadas ofrecerían una información representativa del conjunto más que la derivada de las cuentas anuales individuales de cada entidad, ampliando y mejorando la información individual de cada entidad.

Por su parte, la Comunidad de Madrid (CAM) incluyó la citada obligación en la Ley 2/2008, de 22 de diciembre, dentro del artículo 49.4. De esa forma, las cuentas anuales consolidadas de las Universidades Públicas de la CAM deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Además:

Las cuentas anuales consolidadas de cada Universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.

Régimen jurídico de la contratación

La Cámara de Cuentas de Madrid tuvo ocasión de analizar la aplicación de la Legislación de contratos públicos en las fundaciones universitarias, con ocasión del informe sobre sobre la Universidad Complutense de Madrid, cuya Fundación General (FGUCM) había puesto de manifiesto en diversas ocasiones su consideración de no estar incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sector Público (LCSP).

La Cámara de Cuentas entiende que este criterio de la Fundación es erróneo, habida cuenta que el 97 % del capital fundacional de la FGUCM estaba integrado por los bienes que de la extinta Fundación del Amo pasaron a titularidad de la Universidad Complutense de Madrid y que ésta, años después, integró en la FGCUM.

En consecuencia y en virtud del artículo 3.1.h) LCSP, a cuyo tenor forman parte del sector público, “las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades”, debe considerarse que la FGUCM está sujeta a dicha Ley.

Por lo tanto, la FGUCM adoptó ninguna medida organizativa y procedimental para adecuar su contratación a la Ley 30/2007, ni aprobó instrucciones internas de contratación (artículos 175 y 176 LCSP) ni disponía durante la fiscalización de perfil de contratante (artículo 42 LCSP).

Investigación universitaria

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en su informe sobre la UPV- Ej. 2001 ya había avanzado que:

“Se debería analizar la conveniencia de mantener una entidad cuyo objeto fundacional coincide con el de la Universidad, y cuya actividad se  presta con medios de la Universidad, pero sin ningún control por parte de la  misma”.

Una afirmación bastante rigurosa que el Tribunal Vaco justificaba entendiendo que estas fundaciones permiten desarrollar tareas encomendadas a la universidad de una forma externa a la misma, lo que, si bien permite escapar a las rigideces de la institución universitaria, lleva aparejado una pérdida de control y de la información.

Subvenciones

En el informe del Tribunal de Cuentas de España sobre la Fundación Prevención de Riesgos Laborales, aprobado el 30 de noviembre de 2010, se analizó la naturaleza de las aportaciones gratuitas de fondos públicos otorgadas para la financiación de acciones de información, de asistencia técnica, de formación y de promoción que de acuerdo con lo establecido en la DA 16ª de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), se denominan entregas dinerarias sin contraprestación, concepto distinto al de “subvención”, regulado en la LGS.

A juicio del Tribunal, estas entregas dinerarias sin contraprestación cumplen todos los requisitos, desde el punto de vista objetivo, establecidos en el artículo 2 de la LGS, en la que se define el concepto de subvenciones: no existe contraprestación directa por parte de los beneficiarios, están sujetas al cumplimiento de determinados objetivos y tienen como objeto el fomento de una actividad pública:

“Sin embargo, estas entregas dinerarias sin contraprestación efectuadas por la Fundación no están sujetas a los preceptos de la mencionada Ley General de Subvenciones, a excepción de los principios de gestión e información (…)”

El Tribunal de Cuentas considera necesario que el Gobierno adopte las medidas necesarias tendentes a la aprobación del desarrollo reglamentario específico de las normas de elaboración del plan de actuación de las fundaciones.

De izquierda a derecha: Carlos Gómez Otero (U. de Santiago), Daniel Pastor Javaloyes (U de Alicante), Frederic Solá Eras (U. de Lleida y Antonio Arias

Hoy se celebró en Madrid un ciclo de conferencias para conmemorar la primera década de vida de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, desde que la presidiera por primera vez nuestro querido amigo Ramón Muñoz, fallecido hace unos meses.

El acto contó con cinco conferencias magistrales. La inaugural de Joaquín Leguina, miembro permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y primer presidente regional (1983-1995). La de clausura corrió a cargo de Manuel Núñez Pérez, presidente del Tribunal de Cuentas. Y entre ellos tres ponencias de tres presidentes de Órganos de Control Externo del Estado Español, que puede verse en la foto cortesía de la organización: de izquierda a derecha, José Ignacio Martinez Churiaque (TVCP) Joan Colóm (Sindicatura de Cataluña),Manuel Jesús González (CCMadrid- Presentador) y Antonio López Díaz (CContas-Galicia) que analizaron el estado actual y los retos de las Instituciones que presiden.

XII Premios Auditoría Pública

También tuvo lugar la entrega del premio (léase: ¡el cheque!) que todos los años concede la Revista Auditoría Pública a los tres mejores artículos del año, en este caso a 2009,  que fueron a parar a los siguientes funcionarios:

Primer Premio: REFORMA CONTABLE Y AUDITORÍA PÚBLICA
Eloy Morán Méndez (Consello de Contas de Galicia)

Segundo Premio: OPACIDAD EN LAS CUENTAS ANUALES DEL SECTOR PÚBLICO EN EL REMANENTE DE TESORERÍA Y EN GENERAL. REFLEXIONES CRÍTICAS Y PROPUESTAS
Jesús Picó Romero (Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana)

Tercer Premio: EL CONTROL DE LOS ENTES INSTRUMENTALES
José Amengual Antich (Comunidad Autónoma de las Islas Baleares)

De izquierda a derecha, los premiados: José Amengual, Jesús Picó y Eloy Morán. Foto cortesía de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Ponencia de Joan Colom

Me gustó especialmente la ponencia del Síndico Mayor de Cataluña, Joán Colom i Naval, que analiza la evolución y expectativas del control externo español – estatal y autonómico – visto desde las nacionalidades históricas. Moltes mercès, Joan por tu cortesía, que nos permite reproducirla a continuación:

Muchas gracias. Hago mía la salutación protocolaria del Presidente de la Cámara de Cuentas, con la actualización que acaba de hacer, Sras y Sres.

Quisiera comenzar mi intervención con dos observaciones preliminares.

- En primer lugar, felicitar a la Cámara de Cuentas de Madrid en ocasión de este décimo aniversario y desearle éxito y progreso  en su futuro. En instituciones como las nuestras, cinco años son el periodo de nacimiento y formación y diez el de consolidación; a partir de ahora, se entra en el desarrollo pleno y creo que esta primera década ha sentado las bases para que la Cámara cumpla plenamente su cometido y pueda afrontar los retos que se ha fijado recordando siempre la máxima de Beaumarchais de que “Sans la liberté de blâmer, il n’y a pas d’éloge flatteur!” [“¡Sin la libertad de censura no hay elogio halagador!”].

- Por otra parte, quisiera agradecer el honor de la invitación a participar en una mesa redonda en una ocasión como ésta.

Entrando realmente en materia, entendí de nuestro moderador, cuando me invitó, que pretendía sobre todo tener una visión del control externo español – central y autonómico – visto desde las nacionalidades históricas aunque también contamos seguramente entre las más periféricas y ello no lo mido en millas náuticas sino en términos sociológicos y culturales.

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña (SCC) nació en 1984 pero creo poder afirmar que con una clara conciencia de su arraigo en la tradición política de Cataluña. Una tradición que tiene sus orígenes a mediados del siglo XIII con los oidores de cuentas (consolidados tras la reforma de 1413) y el Maestro Racionalis, es decir, Maestro también de Cuentas. Tradición, por cierto, reflejada en el propio Palacio de la Generalitat que conserva en su parte antigua, junto al Patio de los Naranjos, la Sala de los Oidores de Cuentas. Asimismo, recordaré que, durante la autonomía republicana, el Estatuto atribuía el control externo al Tribunal de Cuentas de la República pero, precisamente, a mediados de los años treinta se puso en marcha el proceso de creación de un Tribunal de Cuentas de Cataluña, elaborándose un proyecto de ley cuya tramitación, en términos de procedimiento legislativo, fue suspendida por la Guerra Civil que significó, en términos fácticos, su abandono. Uno de los signos distintivos de nuestra identidad institucional sería pues esta suerte de memoria histórica.

Cuando Cataluña recuperó su autonomía, al poco restableció un órgano de control externo de su sector público, exactamente en 1984. Puede decirse que se procedió, de algún modo, a una transposición autonómica o autonomista de la normativa reguladora del Tribunal de Cuentas estatal (TCU). El hoy síndico Alejandro Pedrós fue, en su día, ponente de la ley pero no creo que me corrigiera  si afirmo que la ley catalana se inspiró en gran medida de la española.

Esquemáticamente:

- las competencias eran similares pero referidas sólo al sector público catalán, entendiendo por éste el autonómico y el local;

- se estructuraba en dos secciones (Fiscalización y Enjuiciamiento, cuyo primer síndico presidente fue, por cierto, Antoni Castells, el actual Consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat); y,

- se precisaba que su procedimiento sería regulado por una ley específica, ley que nunca se tramitó aunque puede entenderse que su función fue suplida por unas Normas de Régimen Interior aprobadas por la Mesa del Parlamento.

Todavía estaba la nueva institución dando sus primeros balbuceos que el gobierno español impugnó ante el Tribunal Constitucional la competencia de la Sindicatura en materia de corporaciones locales y la existencia en su seno de la Sección de Enjuiciamiento. En algo menos de cuatro años el Tribunal Constitucional emitió su sentencia que fue salomónica: la competencia sobre el mundo local catalán era concurrente, es decir, tanto del TCU como de la SCC, mientras que el enjuiciamiento era exclusivo del Tribunal estatal. Volveré sobre ello pero, en esta fase de mi intervención, quisiera adelantar un par de reflexiones:

1ª. La doctrina sobre competencias concurrentes, repetida en la sentencia sobre la Ley gallega del Concello de Contas y que evocaba los principios constitucionales de eficiencia y coordinación, llevó a la firma del llamado Pacto de Barcelona en 1989, rubricado por el Presidente del TCU (Pascual Sala) y los de los cuatro o cinco OCEX (Órgano de Control Externo) autonómicos entonces existentes (Navarra, Cataluña, Valencia, Galicia… ¿Canarias, quizás? ¡no sé si me dejo alguno!). En dicho Pacto se venían a poner negro sobre blanco unos procedimientos de cooperación y coordinación entre los dos niveles de control externo que, en cierto modo, implicaban que, como norma general, el TCU no se saltaría nunca el OCEX para realizar una fiscalización de un ente local o autonómico de su demarcación y que los entes locales presentarían sus cuentas al OCEX para que éste las remitiera al TCU. Por motivos que oficialmente ignoro, ese Pacto no se sometió nunca a votación del Pleno del TCU y tampoco al de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña; sin embargo, el documento existe y en los archivos de mi institución he visto uno de los ejemplares originales debidamente  rubricado…Así pues, el Pacto de Barcelona no pudo entrar formalmente en vigor. Sin embargo, de una manera que no sé si calificar de muy británica o de profundamente ibérica, en la práctica, su contenido esencial se ha respetado a lo largo de unos cuatro lustros con las inevitables excepciones y con el problemilla último del rendimiento telemático de las cuentas locales felizmente resuelto el año pasado.

2ª. Respecto del enjuiciamiento, digamos que se acata pero que no se comparte la doctrina. No sé si el jurista que me seguirá en el uso de la palabra ahondará en la brecha que abro pero en la literatura profesional abundan artículos que discuten la interpretación dada en su día por el Tribunal Constitucional al artículo 136 de la Constitución Española y, en particular, al término “jurisdicción” teniendo en cuenta, por ejemplo, que, en otros caos, jurisdicción no se vincula a la judicial sino al concepto de demarcación territorial o ámbito de competencia. Para no alargar esta parte y resumir con un clásico, me remito al bien conocido artículo del fallecido profesor César Albiñana García Quintana “La pretendida jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas” publicado en la revista del Ministerio “Presupuesto y Gasto Público” nº 17 (1983). Dejaré este tema aquí porque no quiero atascarme en él.

A partir de estos prolegómenos, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha ido desarrollando sus trabajos. Evidentemente, su labor es, en términos generales, análoga a la de los demás OCEX. Si acaso, puede haber alguna diferencia por el número de años que lleva funcionando y por la amplitud de su ámbito de competencias que, probablemente, sea uno de los que más abarque de España.

Para dar una idea de la complejidad de la tarea recordaré que el sector público catalán al que llamaríamos “central” comprende, además de la Administración General de la Generalidad de Cataluña, cerca de 350 entes dependientes – exactamente 325 en 2008 – entre organismos autónomos, empresas públicas, consorcios, fundaciones y demás creaciones institucionales flexibilizadoras, mientras que el sector local supera los 2.000 entes si a las cuatro diputaciones, 41 Consejos Comarcales y 946 municipios se les suma todo lo que cuelga de los mismos…En términos financieros, el perímetro de fiscalización supera con creces los 50.000 millones de  euros € y va camino de alcanzar – ¡si no lo ha hecho ya!- los 100.000 millones o, si se prefiere, los 100 millardos de €.

Esta multiplicidad de entes puede reflejar una innegable riqueza administrativa pero significa también una primera limitación práctica a nuestra labor: en efecto, a pesar de que, en los últimos años, el Parlamento ha sido generoso en sus dotaciones presupuestarias y en la Relación de Puestos de Trabajo, el control de legalidad y regularidad – en muchos casos por mera obligación legal – consume buena parte de nuestros esfuerzos y nos impide desarrollar otro tipo de controles que juzgamos importantes y deseados por los ciudadanos. Me refiero a que la Sindicatura catalana considera que la fiscalización de la buena administración de los caudales públicos no consiste sólo en verificar el cumplimiento y respeto de la normativa vigente sino que se extiende al control de la eficacia y eficiencia de la gestión pública, tanto del gasto como del ingreso. Por ello, confesaré una cierta frustración por cuanto nuestros informes son todavía, en su inmensa mayoría, fiscalizaciones de legalidad y regularidad y auditorías financieras. En descargo propio, debo señalar que tampoco los entes públicos catalanes nos facilitan demasiado ese otro tipo de controles puesto que, por ejemplo, la Generalidad sólo introdujo la presupuestación por programas en 2006 y ello de forma incompleta; y las corporaciones locales tampoco van muy por delante en este campo. Consecuencia, la Sindicatura ha fiscalizado pocos programas e, incluso, le cuesta ir más allá del control de legalidad de los mismos para proceder al análisis de su eficiencia, del logro de resultados, etc…

Así pues, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña comparte con los demás OCEX la tipología general de informes. Si quisiera remarcar algunos ámbitos relativamente  singulares, destacaría los siguientes:

a) La fiscalización de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación por cuanto se refiere a la recaudación y aplicación del recurso cameral.

b) El inicio de informes parciales o sectoriales sobre el seguimiento de las recomendaciones contenidas en informes ya tramitados por el Parlamento; habitualmente, contemplamos como prudente un plazo de unos cuatro años aunque en el informe sobre la Cuenta General se hace una relación exhaustiva de todas las recomendaciones contenidas en informes anteriores y todavía vigentes. Debo reconocer que el resultado nos ha sorprendido gratamente puesto que – si dejamos al margen la recomendación genérica de que se respete la ley y, en particular, la normativa reguladora de la contratación pública o de las subvenciones – nos da un porcentaje medio de cumplimiento y puesta práctica de las recomendaciones próximo al 70%…

c) Tradicionalmente y en base a su competencia para fiscalizar las subvenciones catalanas, la Sindicatura había emitido informes sobre las subvenciones de los procesos electorales de ámbito catalán (Parlamento, Consejo General de Aran y Cámaras Agrarias). Desde 2004, la ley le atribuye la competencia para fiscalizar esos procesos electorales.

Esto último me lleva a un tema peculiar. En 2001, los partidos con representación en el Parlamento de Cataluña firmaron un acuerdo en sede parlamentaria y con el VºBº del Presidente del Parlamento denominado Acuerdo de Transparencia. Por él, adoptaban una serie de compromisos relativos a la información que transmitirían a la Sindicatura de Cuentas en materia electoral y ordinaria, a la contención del gasto electoral y otras medidas similares. La Sindicatura aprobó en 2009 un informe sobre el cumplimiento dicho Acuerdo de Transparencia – en muchos puntos, debería decir “del incumplimiento” del Acuerdo – y señalaba algunas lagunas legales existentes para que lo pactado pudiera cumplimentarse por parte de la Sindicatura o de otras instituciones, entes u organismos.

Otra característica de la Sindicatura es su relación con el Parlamento en cuanto se refiere a la presentación de sus informes. En primer lugar, debo decir que, a diferencia, de la mayoría de OCEX españoles, la Sindicatura presenta con periodicidad mensual – habitualmente, el tercer martes de cada mes por la tarde – los últimos informes que ha aprobado y publicado. La presentación se lleva a cabo de forma individualizada en una comisión parlamentaria no legislativa especializada, la Comisión de Sindicatura de Cuentas. Tras el debate de cada informe, la Comisión puede aprobar una resolución. La reforma del Reglamento del Parlamento permite además que la Comisión convoque al fiscalizado a su reunión pero todavía no se ha hecho uso de esa innovación. Por otra parte, el informe sobre la Cuenta General tiene un tratamiento muy específico puesto que primero lo estudia una ponencia; luego, se debate en la Comisión de Sindicatura tras una presentación sumaria por el Síndico mayor y, finalmente, el Síndico mayor presenta el informe ante el pleno del Parlamento previamente al debate del proyecto de Resolución, debate que abre el Consejero de Economía y Finanzas.

Quisiera añadir en este capítulo que algunos informes de la Sindicatura han traído últimamente consecuencias más allá de los indicios de posibles responsabilidades contables que pudieran señalar para su evaluación por el TCU. Por un lado, algunos departamentos han tomado serias medidas correctoras a raíz de algún informe y, si para muestra un botón, mencionaré uno – del que fue ponente el síndico Agustí Colom, que nos acompaña hoy – el relativo al Servicio de Emergencias Médicas (Ejercicio 2006) que llevó a la destitución de la mayor parte del equipo directivo en el mes siguiente a su publicación. Pero también algunos escándalos de gran impacto mediático y social enlazaban claramente con algunos de nuestros informes que no habían traído a consecuencia. Ello ha restallado ante la opinión pública y ha exigido cierta reflexión política; me refiero  a casos como el del Palacio de la Música Catalana [con un informe de 2003 sobre el ejercicio 2002] o el del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet [con un informe del 2007 sobre el ejercicio 2003], informes que ya desvelaban importantes irregularidades, tan importantes que quizás hubieran podido llevar a anticipar la acción de los fiscales. La sacudida ha sido tal que, al margen de la puesta en marcha de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), tema cuya ampliación dejo como posible para el debate, ha aumentado considerablemente la atención prestada a nuestros informes y ha propiciado que se desencallase la reforma integral de la ley de la SCC anunciada desde 2004.

Así pues, superado el debate de admisión a trámite sin enmiendas a la totalidad, se ha pasado a su tramitación en ponencia y debería ser aprobada en mayo según la planificación del Parlamento. El proyecto de ley es eminentemente técnico y actualiza y refunde la actualmente vigente que se había convertido en un conjunto de parches. Entre las novedades, quizás destacar:

- La explicitación de las auditorías de gestión.

- La admisión de otros tipos de auditorías (medioambientales, de género…).

- La determinación del perímetro del sector público catalán, vinculado al SEC 95.

- El desarrollo de las competencias en materia electoral.

- La inclusión de la actividad ordinaria de las formaciones políticas al amparo del Art. 16.1 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP).

- El endurecimiento de los criterios de inelegibilidad de los síndicos pues el período de carencia se alarga a cuatro años y se extiende además del Interventor/a General y Director/a General de Presupuestos y Tesoro  a todos los miembros del Consejo ejecutivo, Secretarios Generales de Departamento y similares.

- Regulación del rendimiento de cuentas de las corporaciones locales con sanciones por la no presentación que alcanzan la cancelación de subvenciones y de las transferencias para remunerar los cargos públicos de los pequeños municipios.

- etc., etc…

Desde estas premisas, la Sindicatura tiene entre sus prioridades el fortalecimiento de sus relaciones con los demás OCEX españoles, sin contar con las relaciones internacionales brindadas por EURORAI.

No es proceso que se pueda precipitar pero la Conferencia de Presidentes no puede ser suficiente a medio y largo plazo. En nuestra opinión, se debería caminar hacia algún tipo de estructura permanente, ligera pero permanente, que permitiera aumentar el valor añadido de nuestros vínculos. Respetando la idiosincrasia de cada institución y a sabiendas de las diferencias del respectivo marco normativo e institucional, ha de ser posible aumentar el intercambio de experiencias. Por útiles y meritorios que sean ¡no basta el Congreso de Auditoría Pública! ¡ni tampoco el Foro Tecnológico! ¿Es posible recuperar los Encuentros Técnicos? ¿Hacerlos frecuentes? ¿Es posible alguna plataforma informática común, de intercambio o debate técnico? Creo que se debe avanzar en la línea de unos programas de formación comunes, quizás online, y foros de intercambio de experiencias. Asimismo, nuestro sistema actual no facilita en absoluto el intercambio de funcionarios ni la creación de un fondo documental informatizado común.

La Sindicatura está embarcada desde hace un par de años en la labor (ímproba) de actualizar su Manual de Auditoría y lo hace a partir del de la Cámara de Comptos de Navarra, sazonado con alguna aportación de los de otros OCEX, ¿no podríamos tener un manual base común? ¿colgado en alguna Web?

En la Sindicatura de  Cuentas de Cataluña valoramos en gran medida el reciente informe sobre prótesis quirúrgicas elaborado voluntariamente de forma coordinada con Andalucía y Galicia: nos da referencias externas, los técnicos han cooperado entre sí hasta armonizar la fiscalización, etc…Es un modelo a seguir.

Last but not least, el Estatuto de Autonomía de 2006 (EAC) – de momento, vigente y que es una ley orgánica española – establece en su artículo 80.3 que la SCC y el TCU establecerán sus relaciones de cooperación por medio de un convenio en el que se han de establecer los mecanismos de participación – se entiende de la SCC – en los procedimientos jurisdiccionales sobre responsabilidad contable. Es decir, además de las relaciones de la SCC con el TCU a través de la Conferencia de OCEX, se prevé un convenio para las relaciones bilaterales y, entre ellas, las relativas a los procedimientos de responsabilidad contable. Es cierto que ya hemos suscrito un convenio para la rendición de cuentas de las corporaciones que no se ajusta al modelo general y que salva algunos problemas institucionales que suscitaba éste pero, a todas luces, no es este convenio el contemplado por el EAC. Por prudencia, se había pospuesto pero si se prolonga el interinato deberíamos pensar en ponerlo en el telar…

Y, a todo ello, en nuestra perspectiva ¿qué papel juega el TCU? No es un secreto para nadie, nosotros nos inclinamos claramente por el modelo alemán en el que el Tribunal de Cuentas Federal participa en algunas reuniones, comisiones y actividades mientras que otras son exclusivas de los tribunales estatales (autonómicos, en la jerga española). Una estructura así permitiría canalizar mejor la realidad del estado autonómico a la Comisión Mixta y al Comité de Contacto europeo, al que el Presidente de la Conferencia de los OCEX podría asistir acompañando al Presidente del TCU a título de observador…No puedo dejar de señalar que en Alemania rige el “Trennsystem”, es decir, un sistema de separación de competencias que excluye prácticamente la posibilidad de competencias compartidas o concurrentes lo que, no hace falta subrayarlo, reduce las posibilidades de roce o conflicto competencial. No es éste el caso español; sin embargo, en mi opinión, se podría avanzar hacia él mediante un “acuerdo entre caballeros” o mejor, mediante alguna modalidad de convenio marco en el que se especificara el principio de la no realización unilateral de auditorías por parte del TCU en territorios donde haya OCEX, las formas de cooperación tipificadas, los instrumentos para implementar los mandatos de las Cortes al TCU, una cierta coordinación previa de los programas anuales de trabajo. ¡Seguro que me dejo puntos a incluir! En todo caso, seguramente, serán objeto de negociación por nuestra parte cuando se plantee el convenio previsto en nuestro Estatuto de Autonomía.

Muchas gracias!

La situación financiera de las universidades públicas es cada vez más delicada. Durante las últimas semanas hemos asistido a una sucesión de noticias que ponían de relieve tal sufrimiento presupuestario.

Por un lado tenemos a la Universidad Complutense de Madrid, que cierra durante las Navidades para ahorrar; Por otro lado, la Universidad de Barcelona cuyo Rector clamaba en rueda de prensa: “todos nos tenemos que apretar el cinturón, pero el acuerdo de financiación se ha de cumplir“, en relación al pacto firmado el año 2006 por el gobierno catalán, que se comprometía a aportar a sus universidades 50 millones de euros el año 2008, 90 millones en 2009 y 130 millones en 2010.

Otro ejemplo es la unión de los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid para leer mañana un comunicado conjunto dirigido al gobierno autonómico y a la Asamblea de Madrid contra los recortes presupuestarios llevados a cabo para el próximo ejercicio 2010. Hoy, serán los sindicatos universitarios quienes protestarán ante la Consejería de Educación.

Retroceso

El  pacto por la educación (con su política de ayudas al estudio) y el nuevo modelo de financiación, que será presentado antes de final de año por el Consejo de Universidades, se están echando de menos. Es muy difícil alcanzar la meta de gasto que el Ministerio estableció como objetivo para 2015: el 1,5% del PIB en Educación Superior. En 2008, la inversión nacional fue del 1.35% del PIB. Sin duda, la caída del PIB (el denominador) lo ha puesto más fácil, aunque los recortes paralelos de financiación traen incertidumbre al sector .

No falta quien acuse al modelo universitario de obsoleto (por autogestionario), rígido (gasto extremadamente inelástico) o ineficiente (por proclive al gasto) pero su sistema de gobierno es el que es y no va a cambiar a medio plazo; así que tenemos la Universidad que tenemos y podemos pagar. Con estos problemas estructurales, y otros aún más graves, sigue siendo un centro de excelencia social que, como suele recordar el ilustre letrado Juan Manuel del Valle, soporta las mayores barrabasadas organizativas sin perjudicar en exceso, sino incluso potenciando, el constante crecimiento de la crema de la intelectualidad.

El caso del Parque científico de Barcelona

En muchas ocasiones la deficitaria situación ha sido propiciada por las propias instituciones autonómicas o estatales y los famosos anticipos reintegrables sin interés. Este es el caso del Parc Cientific de Barcelona, cuyo informe de fiscalización acaba de hacer público la Sindicatura de Comptes catalana, que alerta sobre la viabilidad futura de la fundación (pág. 51)  en estos términos:

“La situación financiera de la Fundación es extremadamente delicada ya que tiene un patrimonio negativo … necesita una aportación de … para poder hacer frente a los compromisos adquiridos. A la vez, esta situación puede afectar la Universidad de Barcelona”.

Últimos informes de Auditoría universitaria

Los informes de auditoría todavía no recogen la actual crisis presupuestaria. Los últimos que conocemos corresponden al ejercicio 2007, cuando las restricciones financieras todavía no se habían dejado sentir.

La próxima semana se celebra en Madrid el II Curso Auditoría y control en las universidades, organizado FIASEP. Un punto de encuentro entre auditores internos y externos para presentar las principales áreas de riesgo, así como para debatir las conclusiones de los últimos informes sobre universidades. He aquí un avance.

Navarra

La Cámara de Comptos acaba de hacer público el informe sobre la Universidad Pública de Navarra, que presenta lo que podíamos simplificar como una opinión “limpia”, a pesar de ciertas omisiones formales importantes, como no adjuntar al presupuesto la relación de puestos de trabajo de todas las categorías especificando la totalidad de costes de la misma.

En relación con la gestión de la investigación científica, destaca que, en general, la contratación del personal para proyectos de investigación se ha realizado “conforme al reglamento de contratación de personal investigador, pero en la selección de colaboradores y ayudantes de proyectos de investigación, la difusión de la convocatoria y el reducido plazo establecido para la presentación de solicitudes no garantizan suficientemente el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad en la selección de personal”.

Los Comptos entienden que “la gestión y control contable de los gastos e ingresos afectos a los proyectos y contratos de investigación es adecuada”.

País Vasco

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha publicado el mes pasado el informe de fiscalización de la actividad económico financiera de la Universidad del País Vasco correspondiente al ejercicio 2007.

En opinión del Tribunal la Universidad ha cumplido, razonablemente, la normativa legal que regula su actividad económico financiera, excepto por algunas salvedades, relativas al presupuesto, a los gastos de personal y a la contratación administrativa.

Con respecto al presupuesto, el Tribunal señala la realización de modificaciones al mismo por habilitaciones de crédito para gastos con financiación afectada e incorporación de remanentes por importe de 120 millones de euros, sin la aprobación del órgano competente. No obstante, destaca la aprobación a posteriori por el Consejo Social, de 61 millones de euros correspondientes a la incorporación de remanentes, con motivo de la aprobación del Informe Económico.

En relación al personal, se señala la falta de publicación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e investigador (en el BOPV) al tener pendiente de autorización su coste por parte del Gobierno Vasco.

Los aspectos destacados en la contratación administrativa se refieren a un contrato de licitación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, al contrato de servicios para la gestión integral de proyectos donde el servicio de arquitectura y obras no ha realizado el informe preceptivo que justifique la falta de medios personales para proceder a la contratación externa.

En relación con las Cuentas Anuales, el Tribunal considera que los estados contables presupuestarios expresan adecuadamente la actividad económica del ejercicio, con las siguientes salvedades:

-No controla adecuadamente el Remanente Específico.

-Ausencia de Información sobre las inversiones comprometidas para ejercicios futuros.

Señalar, no obstante, que el Remanente para Gastos Generales vuelve a ser negativo en 2007 motivado, principalmente, por el incremento experimentado en el Remanente Específico.

Universidades de la Comunidad Valenciana

Las universidades valencianas son objeto de fiscalización anual por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana. Este año, el informe del ejercicio 2007 puso especial énfasis en las áreas de inversiones y de contratación administrativa, que fueron fiscalizadas con mayor detalle e intensidad, con las siguientes actuaciones:

- Revisión de las modificaciones presupuestarias, así como los niveles de ejecución presupuestaria y de realización.

- Evaluación del funcionamiento de los mecanismos de control interno en relación a los gastos de inversión.

- Análisis de los aspectos esenciales de la llevanza y mantenimiento del inventario de bienes del inmovilizado.

En lo que se refiere a la fiscalización de la contratación administrativa, las actuaciones realizadas comprobaron que los procesos de contratación y tramitación de los expedientes se adecuaron a la normativa vigente, que los fondos se han aplicado a los fines previstos y que la actividad económico-financiera se había realizado conforme a los principios de buena gestión, prestando especial atención a las modificaciones contractuales realizadas durante el ejercicio.

Le hemos cogido el gusto a los titulares cinematográficos. El de hoy, nos viene que ni pintado para acompañar una entrada porque pillo se dice de la “persona pícara que no tiene crianza ni buenos modales” según la RAE, que también admite su uso coloquial como adjetivo que significa sagaz o astuto. Pero, vamos al grano.

El 26 de febrero de 2001, los principales partidos catalanes se comprometieron en un “Acuerdo de transparencia y autolimitación de gastos electorales y de financiación de partidos”. El documento contenía 10 medidas, firmadas con gran solemnidad en el Parlament por Convergència Democrática de Catalunya (CDC), Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Partit Popular (PP), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).

La Sindicatura de Comptes catalana, en un informe aprobado el 29 de septiembre pasado y del que ha sido ponente el Sindico Mayor Joan Colom, acaba de evaluar el cumplimiento entre los años 2003 y 2006 de seis de esas promesas pactadas. Se trata de aquellas cuyo cumplimiento era responsabilidad directa de los partidos catalanes.

El diario El País califica el resultado de tal análisis como suspenso generalizado.  Por supuesto, ninguna formación alcanza el aprobado que, pongamos significaría alcanzar el objetivo previsto en la mitad de las medidas propuestas.

El informe viene en un momento muy oportuno, cuando se está elaborando la futura Ley de la Sindicatura que permitirá al avanzar no sólo en la fiscalización de los partidos políticos catalanes sino que prevé medidas drásticas para los ayuntamientos que no presenten sus cuentas anuales, como sanciones económicas de hasta 50.000 euros y la imposibilidad de cobrar subvenciones.

Todo ello en un marco precedido por los sucesos de la Operación Pretoria que obliga a las Instituciones catalanas ha tomar la iniciativa contra la corrupción a través de medidas que, cuando se concreten, deberán dar más transparencia a los procesos administrativos de la obra pública y a la financiación de los partidos políticos, que además presentarán listas por distritos en las elecciones autonómicas.

El informe

En el primer punto del Acuerdo de transparencia se autolimitaban los gastos electorales mediante una reducción de la propaganda directa o indirectamente destinada a promover el voto. A tal efecto, en los cinco días siguientes a la convocatoria de elecciones se debía constituir por las formaciones parlamentarias un grupo de trabajo que nunca fue constituido. Sin embargo, de manera global, estos gastos de publicidad se han mantenido.

El segundo punto pactado establecía que cinco días antes del inicio de la campaña, las formaciones políticas debían enviar a la Sindicatura un presupuesto detallado de ingresos y gastos electorales. En 2003, únicamente la coalición ICV presentó el presupuesot corresponente. Para el proceso electoral de 2006, únicamente ICV y CiU presentaron la documentación en plazo. ERC y PSC, fuera de plazo, mientras que el PP y Ciutadans nunca presentaron la documentación. De todas ellas sólo CiU incluyó completa la información relativa a ingresos públicos, privados y endeudamiento previstos.

El punto tercero establecía que dentro de los cien días posteriores a las elecciones, las formaciones concurrentes debían presentar ante la Sindicatura una liquidación detallada del presupuesto electoral, con indicación nominal de las aportaciones recibidas y de las cantidades efectivamente financiadas con preéstamos y las condiciones de estos. La coalición ICV fue la única formación que en 2003 cumplió en plazo este acuerdo. En 2006, CiU y ERC fueron las únicas que presentaron la contabilidad, aunque fuera de plazo. El artículo 133 de la LOREG permite su presentación en 125 dias

Según el punto cuarto del Acuerdo, la Sindicatura podría realizar las comprobaciones necesarias, ejerciendo una competencia más amplia de la establecida en los atículos 133 y 134 de la LOREG. El punto quinto iba dirigido a un cambio normativo en financiación que fue atendido en la ley orgànica 8/2007, del 4 de julio. Ambos no es necesario evaluarlos.

El punto sexto establecía que, todos los años, dentro de los seis meses posteriores al cierre del ejercicio, las formaciones presentarían ante la sindicatura una contabilidad del ejercicio anterior, detallada y documentada, con identificación de las distintas aportaciones. Todas cumplieron, pero en diverso grado. En 2003, sólo PSC y ICV en plazo. En 2004, CpC, EUiA, PP yUDC fuera de plazo. En 2005, CpC, CDC y CiU fuera de plazo. En 2006, CpC, PP y UDC fuera de plazo.

El punto séptimo del Acuerdo establecía que de toda la documentación enviada al Tribunal de Cuentas de España, se libraría copia a la Sindicatura. Ninguna formación cumplió este apartado.

El punto octavo estableció que los partidos políticos comunicarían a la Sindicatura el nombre de las fundaciones y entidades a las que les den apoyo económico o que ejecuten funciones y actividades en coordinación con ellas. En ese caso, la contabilidad de esas fundaciones o entidades estaría sujeta al mismo control que los partidos políticos.

En la mayoría de los casos, los estados financieros de la fundaciones vinculadas a partidos políticos fueron presentados fuera del plazo de seis meses, previsto en el Acuerdo. No se ha recibido ningún estado financiero de sociedades mercantiles vinculadas directa o indirectamente a formaciones políticas.

Adicionalmente, el concepto de vinculación entre las formaciones políticas y sus fundaciones no está definido en la normativa que regula los partidos políticos y su financiación, ni en la normativa reguladora de les fundaciones.

El punto noveno establece que la Sindicatura organizará un registro público de la documentación que aporten los partidos políticos en cumplimiento del Acuerdo. Debería darse una cobertura legal adecuada al alcance y características del mencionado registro y su posible transparencia.

El punto décimo establece que mientras el Estado no legisle con carácter general sobre el régimen tributario de las aportaciones a partidos, los firmantes se comprometían a impulsar mediadas legislativas para establecer la deducción fiscal de las cuotas de los afiliados en el tramo autonómico del IRPF. La Ley orgánica 8/2007, del 4 de julio, de alguna manera, ha venido a regular este escenario tributario.

Seminario internacional “La auditoría pública medioambiental: retos y oportunidades para los órganos de control externo”.

Manuel Lagarón Comba

Madrid, 19 de octubre de 2009

Organizado por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, en el marco de su XXV aniversario, y con la colaboración de EURORAI (Organización Europea de Instituciones Regionales de Auditoría), ha tenido lugar en Barcelona, el pasado 16 de octubre, el Seminario internacional “La auditoría pública medioambiental: retos y oportunidades para los órganos de control externo”.

El acto, al que asistieron 121 representantes de los órganos regionales de control externo (OCEX) de 14 países, así como del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, estuvo precedido de una conferencia impartida por Don Joan Martínez Alier, Catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona, que desarrolló el tema Los costes medioambientales en las inversiones públicas y privadas.

El Seminario continuó con la primera sesión, en la que ponentes del Tribunal de Cuentas Europeo y de OCEX del Reino Unido, Austria y Rusia, presentaron los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de sus respectivos informes de auditoría medioambiental que detallamos a continuación:

- Informe del TCE sobre el Programa LIFE 2000-2006

- Estudio llevado a cabo por la Audit Scotland sobre la mejora de la eficacia energética en los entes públicos en Escocia

- Auditoría de la gestión de residuos en Tirol

- Auditoría del cierre de las minas de carbón en el Oblast de Rostov

En la segunda sesión, los representantes de OCEX de Alemania y España, y de la Oficina Estatal de Auditoría de Hungría, presentaron los correspondientes a:

- La aplicación de la Directiva marco europea del agua en Baden-Wurtemberg, tomando como ejemplo la gestión ecológica del agua

- La fiscalización del programa “Actuaciones para la mejora de los ecosistemas acuáticos y fluviales” de la Agencia Catalana del Agua

- La fiscalización del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid

- La gestión de los recursos hídricos y las tareas de evacuación de aguas pluviales por parte de las entidades locales en Hungría

En la tercera sesión, los representantes de OCEX de Reino Unido y Francia, y de la Oficina del Auditor General de Noruega, presentaron los correspondientes a:

- La metodología empleada por la Audit Commission para las auditorías de la gestión de los recursos naturales

- La evaluación de la gestión de los residuos domésticos a nivel local en Francia: guía de auditoría e indicadores esenciales

- Las auditorías medioambientales en Europa

En conclusión, el Seminario fue muy productivo para todos los participantes, en tanto en cuanto supuso un verdadero intercambio de ideas y experiencias en el ámbito de la auditoría medioambiental pública, tanto por parte de los órganos regionales de control externo como del Tribunal de Cuentas Europeo, de la Oficina del Auditor General de Noruega y de la Oficina Estatal de Auditoría de Hungría.

La adecuada participación de los ponentes y la oportuna intervención de los moderadores hicieron que el evento adquiriese un elevado nivel propio de su categoría internacional, lo que ha permitido determinar cuáles pueden ser los desafíos en un futuro inmediato.

Cabe destacar también la correcta organización llevada a cabo por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y la amable actitud de sus responsables, quienes hospedaron un evento que será recordado por su buena realización.

Felicidades a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña en su XXV aniversario.

Foto: Sindicatura de Comptes de Catalunya

Ayer, Transparency International presentó el Informe Global de la Corrupción 2009, que este año lleva el subtítulo “La corrupción y el sector privado”. El documento presenta la opinión de más de 75 expertos que analizan la magnitud, el alcance y las devastadoras consecuencias de la corrupción. Se complementa asimismo con 46 detallados informes de país, así como las mejores prácticas y las recomendaciones.

El acto (ver reseña en Youtube) tuvo lugar en la sede de la Fundación Ortega y Gasset, y contó con la presencia de Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional-España y D.Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política.

Corrupción 2009

El Informe documenta numerosos casos de gerentes, accionistas mayoritarios y otros actores de sociedades mercantiles que abusan de su poder para beneficio propio, perjudicando así a propietarios, inversores, empleados y a la sociedad en general. Tan sólo en los países en vías de desarrollo (y en transición) las compañías que actúan en colusión con políticos y funcionarios corruptos habrían pagado sobornos cercanos a 40.000 millones de dólares por año, según el TI.

El Informe también señala que la mitad de los ejecutivos de empresas internacionales encuestados estimaron que la corrupción elevaba al menos un 10% el coste de los proyectos. Un coste que, en definitiva acaban pagando los ciudadanos. Los casi 300 cárteles privados internacionales descubiertos entre 1990 y 2005 aplicaron a sus consumidores sobreprecios por 300.000 millones de dólares.

Lobbys e influencia política

Otro de los problemas que aborda el Informe es el modo en que el fuerte poder económico de algunas compañías y sectores comerciales les otorga una influencia desproporcionada e indebida sobre el proceso de adopción de decisiones políticas. La falta de regulación de este tipo de influencia fomenta el surgimiento de sistemas cleptocráticos y paraliza el crecimiento, como nos recuerda el mural de la Biblioteca del Congreso titulado Corrupt Legislation y firmado en 1896 por Elihu Vedder:

Las iniciativas de lobby a menudo carecen de transparencia y no se encuadran en el sistema de controles y contrapesos del que dependen las compañías para sus decisiones estratégicas. Por ejemplo, durante 2008, un tercio de las compañías incluidas en el índice Standard & Poor´s 100 exigieron que su Junta Directiva controlara los gastos con fines políticos.

El traspaso entre el sector público y el privado (puertas giratorias o revolving doors) supone otra práctica documentada en el Informe, que facilita los procesos de contratación pública fraudulentos, en los que la oferta no competitiva y la falta de transparencia generan enormes derroches y bienes y servicios poco confiables.

La cantidad y variedad de formas en que se manifiesta la corrupción en el sector privado superan ampliamente en número a las pocas empresas que efectivamente ponen en práctica sistemas destinados a prevenir el abuso de poder con fines económicos ilícitos. Según el Informe, si bien casi el 90% de las 200 principales compañías mundiales han adoptado códigos de prácticas empresariales, menos de la mitad afirmaron supervisar su cumplimiento.

En una reciente entrevista, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, David Martínez Madero, prometía actuar en materia de Urbanismo y contratación administrativa, un área clásica de la corrupción donde la prevención es el marco natural de trabajo. Además afirmó que promovería “la investigación de incompatibilidades de letrados o diputados, siempre colaborando con los mecanismos de control del Parlament“. Una nueva línea de trabajo, en efecto.

Indice de Percepción de la Corrupción 2008

El informe incluye, en la página 237, el ranking de Estados según percepción de la corrupción, desde el 10 (máxima honradez) al cero patatero (máxima corrupción) que conviene recordar.

Sobre el caso de España, hablaremos en una próxima entrada.

La presentación al Parlamento catalán del informe sobre la gestión de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD) desata una cierta polémica, con importante seguimiento en la prensa.

La Sindicatura de Comptes de Catalunya pone sobre la mesa la transparencia de las ayudas a la cooperación y los modos de gestión en la lucha contra la pobreza del tercer mundo, que ya hemos tratado en esta bitácora.

El informe de la Síndicatura

La ACCD es una entidad de derecho público sometida al derecho privado que tiene por objeto ejecutar y gestionar la política de cooperación al desarrollo de la Generalitat. En el ejercicio fiscalizado (2007) la Agencia gestionaba un presupuesto de 52,1 millones de euros y concedió un total de 36,6 millones en subvenciones.

Los medios de comunicación aprovechan la ocasión para hacer ajustes de cuentas según las propias sensibildades de su línea editorial. Así, el ABC titula “Solidaridad con visa oro” para denunciar que “manejaban 29 tarjetas de crédito para ponerse moraos a costa de los contribuyentes y de los pobres, pagando el pueblo”. La Vanguardia califica los hechos de escándalo, resumiendo las críticas en varios apartados:

“subvenciones con criterios poco claros, pagos duplicados a la Seguridad Social, un uso excesivo de tarjetas de crédito cuya titularidad -en dos casos- recaía en personas que estaban en excedencia, cobros irregulares de adelantos, comidas de trabajo que generaban facturas y dietas simultáneamente … “

La Sindicatura critica que, de un total de 12.000 euros que se destinaron en el ejercicio 2007 a comidas y partidas protocolarias, más de 2.300 euros correspondían a los almuerzos de Consejo de Dirección, que solía realizar sus reuniones en la hora de comer, lo que para El Mundo mostraba cada vez las manos más sucias:

“no parece de recibo que no encontraran mejor momento para celebrar su reunión semanal que la hora de la comida y que para «conciliar» horarios celebraran el encuentro en un restaurante comiendo a cuenta del Erario público”.

Para El País, la peor de las irregularidades detectadas se encuentra en el poco control de las subvenciones porque en dos convocatorias de subvención “no hay coherencia entre las puntuaciones de las juntas de valoración y las resoluciones de la concesión”.

Subvenciones a ONG’s

El informe recomienda a la ACCD incrementar y mejorar los controles instaurados en relación con las subvenciones concedidas, pues detectó casos en que se otorgan “con una puntuación baja, de acuerdo con los criterios de las bases reguladoras, y se deniegan otros que tienen una puntuación muy superior” por lo que debe ajustar la valoración de las subvenciones a lo que establecen estrictamente las bases reguladoras.

En las subvenciones directas o concedidas mediante convenios, la Sindicatura observa que el documento justificativo de la imposibilidad de promover la concurrencia no suele estar suficientemente motivado. Por otra parte, el control de la justificación de las subvenciones se realizaba, generalmente, mediante la entrega de una memoria explicativa de las actividades subvencionadas y un informe económico con una relación detallada de los ingresos y gastos financiados por la Agencia.

Para la Sindicatura, “hay que potenciar el control de las subvenciones exigiendo la presentación de los documentos justificativos correspondientes (facturas, recibos, etc.) y su revisión”. La queja general de las ONG’s suele referirse a la dificultad de encontrar estos justificantes en el tercer mundo. Arturo Pérez Reverte nos criticaba duramente por esta burocracia, como hemos tenido ocasión de presentar en otra entrada de esta bitácora. Pero es lo que hay.

Europa también fiscaliza las ayudas a ONG’s

Las ONG’s son cada vez más importantes en la cooperación al desarrollo. La política comunitaria, que refleja el consenso internacional, las implica cada vez más en la ejecución de los programas y proyectos europeos que benefician directamente a los menos favorecidos.

En Europa, los fondos de desarrollo asignados a las ONG’s han venido incrementándose gradualmente a lo largo de la última década, llegando a representar en 2007 un 10 % aproximado de la ayuda combinada del presupuesto general y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) a los países en desarrollo.

Por ello, el Tribunal de Cuentas Europeo aprobó una fiscalización (Informe Especial nº 4/2009) sobre la participación de las ONG’s en la cooperación al desarrollo, buscando averiguar si se garantiza de manera satisfactoria que éstas participen en el proceso de cooperación al desarrollo y cuenten con sistemas de gestión eficaces para garantizar que sus actividades son pertinentes y conducen a los resultados esperados.

En lo que se refiere a la eficacia de su participación en el proceso de cooperación al desarrollo, el Tribunal constató que, pese a los intentos de la Comisión, dicha participación fue “limitada y no llega a constituir el diálogo permanente y estructurado que prevén la legislación comunitaria y las propias directrices de la Comisión”. Una forma elegante de reconocer el fracaso.

Con respecto a los sistemas de gestión de la Comisión, por lo general garantizan que los proyectos ejecutados por las ONG’s son pertinentes y permiten obtener los resultados esperados, pero el procedimiento de convocatoria de propuestas no siempre posibilita que se ultime a tiempo la concepción del proyecto,  ni disponen de la orientación necesaria sobre la aplicación práctica de las normas financieras y las perspectivas de sostenibilidad son escasas debido, en parte a la breve duración de los proyectos.

El Tribunal detecta que los programas para Asia y Latinoamérica “no lograron su máximo potencial, porque los procedimientos de gestión provocaron retrasos que empeoraron sus perspectivas de eficacia y sostenibilidad“. En fin, otra elegancia del TCE.

Del informe me atrevo a destacar una cierta crítica a todas las partes: “Los programas se enfrentan también a la contradicción inherente que resulta de apoyar el desarrollo de las capacidades de las ONG’s más necesitadas a través de un procedimiento (convocatorias de propuestas) concebido para seleccionar a las ONG’s más capaces“.

El 26 Mayo pasado, la Comisión Mixta Congreso-Senado-Tribunal de Cuentas pidió el establecimiento de un régimen sancionador que penalice tanto a las formaciones políticas como a los contratistas y los donantes que las financien, ante vulneración de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos.

La citada resolución surge tras el análisis y debate con el Presidente del Tribunal en la sesión del 29 de abril de 2009 del informe de la institución fiscalizadora sobre las elecciones municipales de 2007, que constataba que más de la mitad de los partidos que acudieron a esos comicios locales no rindieron después cuentas sobre su contabilidad electoral, lo que les invalida para recibir subvenciones. En concreto, la ley obligaba a presentar esa contabilidad a 1.656 formaciones, de las que 890 no la presentaron, a pesar de su oportuno requerimiento. En su mayoría se trataba de formaciones de pequeña implantación que, generalmente, sólo concurrieron en un municipio.

Mas sanciones

El Parlamento entiende que, en caso de que los partidos reciban aportaciones de personas físicas por encima del límite establecido en la ley, se les aplique una reducción de la subvención electoral “no inferior a 10 veces la cantidad excedida”. Asimismo, entendían Sus Señorías que, si un partido utiliza recursos que no han sido fehacientemente justificados o acomete gastos no autorizados, debe reducírsele la subvención al menos por esa misma cuantía no justificada, más una penalización por igual cantidad.

Para cerrar el circulo infractor, piden un castigo para los proveedores de los partidos que no faciliten la información de sus contratos al Tribunal de Cuentas. Para ello, nada mejor que inhabilitar a esas empresas para contratar con la Administración sin perjuicio de un régimen sancionador específico (multas) para quien además facilite información fraudulenta.

Por último, el Parlamento apunta también a los donantes de los partidos políticos y piden sanciones para aquellas personas físicas que no declaren sus aportaciones a las distintas formaciones.

En este sentido, la Comisión Mixta aprobó una resolución para que se regulen las consecuencias jurídicas a las que tendrán que hacer frente las formaciones que no rindan cuentas de su participación electoral, así como los mecanismos de “formación, información y flexibilización” para que aquellas de ámbito local remitan al órgano fiscalizador toda la información necesaria.

Partidos

Por otro lado, la Comisión también debatió y votó las propuestas relativas al último informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad ordinaria de los partidos, referido al ejercicio 2005. En ellas, se insta a las formaciones políticas a revisar las condiciones de las deudas contraídas con las entidades de crédito, ya vencidas, pero pendientes de pago, y a que registren en sus estados financieros las obligaciones que pudieran derivarse de dichas operaciones.

Para todo ello, el Parlamento demandó que el Tribunal de Cuentas, tal y como prevé la Ley de Financiación de Partidos, presente, previa consulta con las formaciones políticas del arco parlamentario, un Plan específico de cuentas.

En la actualidad, tras la reforma de la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, hay normas específicas para las aportaciones privadas a las Fundaciones y Asociaciones vinculadas orgánicamente a los partidos políticos. Las someten a las mismas condiciones que las donaciones a los partidos pero elevando el límite a 150.000 € por persona y año y exigiendo escritura pública cuando superen los 120.000 € y procedan de personas jurídicas

Un aspecto a considerar en el futuro es la relación entre los partidos y sus fundaciones que ha sido criticado por la propia Sindicatura de Cataluña, en recientes informes.

El Greco

Esta misma semana, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha aprobado un interesante documento relativo a España que se centra en la criminalización de la corrupción y la transparencia en la financiación de los partidos políticos.

Tras la visita que los expertos del GRECO realizaron a España el 22 y 23 de septiembre de 2008, este organismo realiza multiples recomendaciones, algunas coincidentes con la resolución de las Cortes Generales. Así, se pide la garantía de que los préstamos concedidos a los partidos políticos “no se utilicen para esquivar la reglamentación aplicable” a la propia financiación.

De este modo, el sistema de sanción “debe asegurar la disciplina financiera” de los partidos, reforzando su sistema de control interno y solicita “definir claramente” las infracciones a las disposiciones relativas a la financiación de los partidos y “poner en marcha sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias” de estas infracciones, para lo cual se recomienda “ampliar su abanico y su alcance”. Además se aconseja definir un formato común para la contabilidad y los informes de los partidos, tanto a nivel nacional como local, reforzar el sistema de auditoría interna y dotar de mayores medios al Tribunal de Cuentas.

El informe de 58 páginas reconoce los esfuerzos desarrollados con la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre la financiación de los partidos políticos. A lo largo del primer semestre de 2011, el GRECO tiene previsto evaluar la puesta en marcha de las recomendaciones realizadas.

La Sindicatura de Comptes de Catalunya acaba de publicar el informe agregado sobre las Universidades catalanas correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007 y el curso académico 2006-2007. Se trata de un trabajo de obtención de indicadores que permitan evaluar la situación del sistema universitario de Cataluña y presentar ciertas comparaciones entre sus integrantes.

Reconoce la Sindicatura que los valores obtenidos de cada universidad adolecen de falta de uniformidad, por las grandes diferencias entre los modelos organizativos, contables y de gestión de las Instituciones respectivas. Así, la ausencia de criterios comunes de contabilización para los grupos consolidados del holding universitario o de contabilidad analítica, plantea grandes dificultades de comparación.

Permitidme que seleccione los siguientes indicadores para la reflexión:

Indicadores académicos más relevantes

Número de alumnos a tiempo completo por profesor: 9.55

Número de alumnas de nuevo ingreso: el 55,14% del total

Tasa de rendimiento (créditos superados/matriculados): 69%

Tasa de éxito (créditos superados/presentados): 85%

Titulados en relación con el nuevo ingreso 51,14%. Sin embargo, se graduaron en 2006- 2007 el 44% de los que se matricularon en 2001-2002.

Indicadores financieros más relevantes

Los gastos de personal representan el 59,4% del total del presupuesto universitario. Crecen a un ritmo del 12,51% en 2006 y del 11,27% en 2007.

Las tres universidades grandes (UB, UAB y UPC) tenían remanentes genéricos negativos, por un importe global de 176 millones de euros.

El coste medio corriente por alumno equivalente es de 8.311€, de los cuales el precio sufragado por la matricula sólo financia un 15,78%.

El coste medio de obtener un licenciado es de 31.491€

Algunas reflexiones

En muchos casos, las universidades son la mayor empresa de la ciudad o de la Comunidad, tanto por el número de empleados o de clientes como por la cuantía de su patrimonio o presupuesto anual. Esta dimensión se encara con una estructura organizativa desmotivada y poco profesionalizada en su nivel ejecutivo.

Los Órganos de Control Externo han llamado la atención sobre determinados aspectos de nuestra gestión, como las debilidades del control interno, la excesiva descentralización y desconcentración, las cuantiosas inversiones sin estrategia de futuro, la complejidad de la gestión.

La Universidad está en un período crítico en el que los cambios en las políticas públicas en el marco de la enorme crisis por la que atravesamos, unido al ritmo de los avances tecnológicos y científicos, están alterando de una forma acusada el entorno. El descenso de la natalidad y la pugna por obtener financiación adicional requerirá nuevas respuestas organizativas y financieras por parte de las universidades.

Existe una estrecha relación entre calidad y gasto universitario. Las mejores instituciones son las que tienen mayores presupuestos por alumno; esto está claro. Sus indicadores de gestión son comparados con periodicidad y son objeto de multitud de análisis, gracias al Informe del Observatorio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas que dirige Juan Hernández Armenteros.

En la enseñanza universitaria, concluyó en los años 90 el primer proceso de reforma de los planes de estudio que, en opinión mayoritaria, fueron elaborados sin estudios previos, para “consumo interno”, sin reducir su carga docente, ni tampoco las necesidades financieras que conllevan. La actual reforma para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior es, ante todo, una oportunidad de innovación y de búsqueda de la excelencia. Por desgracias, la crisis afectará negativamente a su implantación.

Lo que era insólito hace unos años no lo es ahora: los equipos rectorales y los gobiernos empiezan a inquietarse ante las altas tasas de retraso y abandono de los estudiantes que producen fugas hacia otras universidades o CCAA. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada cifra en 3.300 millones de euros la factura anual del fracaso en la universidad española.

Por último, una consecuencia del mercado es el habitual menosprecio que la clase política dirigente siente hacia la intelectualidad académica o el relativo abandono de las humanidades que, como alerta Ignacio Ramonet “amenaza con la desaparición de todo lo que es un aspecto del saber que no tiene valor mecánico porque no tienen valor práctico en el mercado de trabajo”. Se generaliza la iniciativa de los profesores de algunas Facultades y Escuelas, que rivalizan en sus visitas periódicas a los bachilleres, presentándoles las excelencias de su titulación.

En septiembre pasado nuestros queridos hermanos portugueses aprobaron la Ley de creación del Consejo de Prevención de la Corrupción. Se trata de un órgano administrativo independiente que “trabaja CON el Tribunal de Cuentas” y tiene por objeto desarrollar “una actividad de alcance nacional en la prevención de la corrupción y los delitos relacionados”.

Los portugueses han optado por dar una orientación más preventiva a su recién creada Institución y eludiendo interferir con otros órganos del Estado, como el Ministerio Público, en cuyo conocimiento debe poner los hechos susceptibles de infracción penal.

Se trata de una aplicación de la Convención de la ONU contra la corrupción, cuyo artículo 6º prescribe que cada miembro tiene la obligación de establecer un órgano u órganos para la prevención de la corrupción con plena independencia y los medios necesarios para cumplir sus responsabilidades.

Para ello, se ha constituido de una comisión muy reducida de apenas 8 miembros, que podéis ver en la foto superior (cortesía del Tribunal de Contas) presidida por el propio Presidente del Tribunal, Guilherme d’Oliveira Martins con una Secretaría asumida por el Director General del mismo Tribunal de Contas, el Conselheiro José F.F. Tavares.

La acción de este Consejo debe centrarse en la recogida y tratamiento de información sobre la prevención y detección de la corrupción activa y pasiva, en el seguimiento y la aplicación de las medidas administrativas adoptadas por el gobierno y el sector público empresarial para prevenir y de la lucha contra los delitos relacionados con la corrupción.

Además, en colaboración con las autoridades competentes promoverán la adopción de códigos de conducta y buenas prácticas y el fomento de la formación de los funcionarios de la Administración Pública. Por último, el Consejo deberá remitir a la Asamblea de la República y al Gobierno, un informe anual que identifique las áreas de riesgo en relación con la corrupción en el gobierno y el sector público y las empresas que contengan recomendaciones de medidas legislativas y/o administrativas.

Guía de riesgos

El primer paso que ha dado el Consejo ha sido la realización de un macro-cuestionario que deberán cumplimentar y rendir en formato electrónico todas las Administraciones Públicas de Portugal durante este mes y que permitirá evaluar la contratación y los beneficios fiscales. Igualmente se acaba de aprobar otro para las empresas municipales.

Oficinas antifraude

Ya hemos comentado en esta bitácora la discusión institucional que precedió a la creación de la Oficina Antifraude de Cataluña por la Ley 14/2008, por su difícil encaje entre los órganos de control y las fiscalías, por no mencionar la actividad jurisdiccional del Tribunal de Cuentas de España. Adscrita al Parlament, su misión es preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma mediante una actividad asesora, preventiva y de formular propuestas y recomendaciones pero también investigadora de posibles casos concretos de uso o destino ilegales de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público.

El asunto vuelve a estar de actualidad porque esta semana se ha conocido la Sentencia que condena por prevaricación y malversación de fondos públicos (a cuatro años y medio de cárcel y seis de inhabilitación) a un Alto Cargo de la Generalitat que durante 1994 y 1995 encargó y pagó 46.158 euros por ocho estudios de derecho laboral que, según el tribunal, no tuvieron ninguna utilidad “ni ningún interés”. Se trataba de “meras copias de publicaciones de años anteriores existentes en el mercado y en las bibliotecas”, que no tenían autor ni bibliografía, y en los que en algún caso se citaba una normativa laboral derogada o incorrecta.

Intentaremos presentar la sentencia en esta bitácora cuando esté disponible.

Ardor guerrero …

Como despedida quería presentaros el himno de los miembros de la Asociación de las Entidades de Control Externo de Latinoamérica y el Caribe (OLACEFS). Espero que seáis indulgentes.

HIMNO DE LA OLACEFS

Somos hermanos americanos

fiscalizamos la probidad,

somos latinos, americanos

y controlamos con seriedad.

Del Río Grande a Magallanes

Con el Caribe en parcialidad,

España y Portugal son adherentes

Constituimos una hermandad.

Contribuimos con nuestro esfuerzo

Cuidando el patrimonio estatal,

a que se haga un debido uso

en todo un período anual.

Legalidad es lo que queremos

evitando irregularidad,

preparamos los funcionarios

ampliando su capacidad.

Nuestra querida organización

desde su antigua fundación,

ha tenido preocupación

por hacer grande la Región.

Es nuestro orgullo se servidores

de nuestras patrias como nación,

queremos ser muy emprendedores

con sacrificio y abnegación.

Somos hermanos americanos

fiscalizamos la probidad,

somos latinos, americanos

y controlamos con seriedad.

Del Río Grande a Magallanes

Con el Caribe en parcialidad,

España y Portugal son adherentes

Constituimos una hermandad.

Ayer se celebró en el Parlament de Catalunya el acto institucional conmemorativo de los 25 años de la creación de la Sindicatura de Comptes. Con tal motivo, los colegas de toda España asistimos al cumpleaños de nuestro hermano mayor. Es una ocasión magnífica para volver a ver a tantas personalidades del mundo de la fiscalización.

El acto fue presidido por el presidente del Parlament, Sr. Benach, a quien flanqueaban a su izquierda los miembros de la mesa de la cámara. En el centro de la foto el President Montilla y a la derecha el Sindic Major, Sr. Colom, con los sindicos a su lado. Un acto emotivo para una sociedad que se muestra orgullosa de sus instituciones. Colom defendió la autonomía de la Sindicatura en tan relevante presencia recordandoes también que “muchas veces las recomendaciones que este organismo hace a las administraciones no son tenidas en cuenta”.

Colom reconoció que su trabajo “no resulta agradable a los fiscalizados, porque los informes acostumbran a decir que las cosas no se hacen impecablemente“, pero reclamó que se tomen en serio sus advertencias y casi se vio obligado a recordar su función: “Denunciar prácticas que huyan de la legalidad” mostrando su contrariedad por las críticas de los partidos a los informes que son contrarios a los intereses de la formación.

Toda la prensa catalana destaca la misma idea del discurso de Joan Colom: La Sindicatura de Comptes exige respeto, titular en que coinciden El Periódico, ABC o El País.

Paredes de cristal …

Visitar la sede de la Sindicatura, en el edificio que veis en la foto, nos hace recordar el aforismo de la transparencia: “la administración debe tener paredes de cristal”. En efecto, se trata de un edificio acristalado, donde la sindicatura ocupa la segunda y la quinta planta.

En la comida con que nos obsequió la Sindicatura, pude  saludar a viejos amigos auditores de esa Institución. En la foto, el primero de la derecha: os presento a Chris Nash, que fue el encargado de traducir las Normas de Auditoría de la GAO (Yelow Book, del 93) al catalán, una obra que durante los años noventa fue referencia obligada para los auditores públicos hasta la aparición en castellano de la versión de CAP.

Mañana se cumplen 25 años de la creación de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya, mediante la aprobación por el Parlament de la Ley 6/1984, de 4 de marzo. Se trata de la institución encargada de fiscalizar la gestión económica, financiera y contable del sector público catalán.

Con tal motivo celebrará un acto institucional conmemorativo, a las 12.00 horas en el Auditorio del Parlamento de Cataluña. Está previsto que asistan los representantes de las principales instituciones catalanas, así como del Tribunal de Cuentas de España y de los OCEX autonómicos.  

A las 17.00 horas, la Sindicatura ha organizado, en colaboración con el Parlamento, una mesa redonda sobre “Los retos actuales de la auditoría en el sector público“, con el objetivo de ofrecer un espacio de debate dirigido a los miembros de los órganos de control externo y los profesionales del mundo de la auditoría pública. Tendremos ocasión de comentar su contenido en esta bitácora.

En la mesa redonda intervendrán el miembro español del Tribunal de Cuentas Europeo, Juan Ramallo, el presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de España, Lluís Armet, el presidente de la Conferencia de Presidentes de los Órganos Autonómicos de Control Externo, y síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, Rafael Vicente, y el presidente de la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público (EURORAI), el suizo Christian Melly. El moderador será el diputado y presidente de la Comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlamento, Jordi Turull, y clausurará el acto el Síndico Mayor, Joan Colom.

Posición Institucional

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, dedica los artículo 80 y 81 a regular la Institución:

Artículo 80. Funciones y relaciones con el Tribunal de Cuentas.

1. La Sindicatura de Cuentas es el órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña.

2. La Sindicatura de Cuentas depende orgánicamente del Parlamento, ejerce sus funciones por delegación del mismo y con plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria, de acuerdo con las leyes.

3. La Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas deben establecer sus relaciones de cooperación mediante convenio. En este convenio deben establecerse los mecanismos de participación en los procedimientos jurisdiccionales sobre responsabilidad contable.

Artículo 81. Composición, funcionamiento y estatuto personal.

1. La Sindicatura de Cuentas está formada por Síndicos designados por el Parlamento por mayoría de tres quintas partes. Los Síndicos eligen entre ellos al Síndico o Síndica Mayor.

2. Deben regularse por ley el estatuto personal, las incompatibilidades, las causas de cese, la organización y el funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas.

Después de tres modificaciones de la ley de creación, en 1991, 2002 y 2004, la institución espera una nueva ley que clarifique su situación y que le dé competencias para fiscalizar los partidos políticos catalanes.

Oficina Antifraude

La celebración coincide en un momento en que se hace público la inminente constitución de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), aprobada por la Ley 14/2008, de 5 de noviembre de 2008. Adscrita al Parlament de Catalunya, su misión es preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma. Su director es designado por el Parlament (a propuesta del Gobierno) durante nueve años, no renovables. Sin embargo, la necesidad de alcanzar una mayoría parlamentaria reforzada (3/5) está incorporando gran dificultad en el nombramiento de los órganos unipersonales, como es el caso. estos días que se discute la idoneidad política del candidato.

No falta quien entiende este órgano en colisión con la propia Sindicatura o el Fiscal anti-corrupción. Lo decía el propio Síndic Major, Joan Colom, hace unos meses, cuando se declaraba «seriamente preocupado» porque la OAC, en su formulación actual, no haría más que solaparse con la propia Sindicatura: «parece difícil que con la creación de otro órgano parlamentario de control, con funciones y procedimientos similares a los órganos ya existentes, se consiga un instrumento más rápido y efectivo en la lucha contra el fraude».

Son bastantes los países que cuentan con este tipo de instituciones de lucha contra el fraude. Brasil tiene, en este momento, el debate en la opinión pública.

Las leyes de estabilidad presupuestaria se remiten a las definiciones del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95) como herramienta de cómputo del logro de los objetivos presupuestarios. La implantación en las Administraciones Públicas de estos criterios pone de manifiesto aquel endeudamiento existente y que en ocasiones no tienen reflejo presupuestario, con el peligro que supone no lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Para sortear estas dificultades, fueron surgiendo toda una miscelánea europea y multitud de situaciones de contabilidad creativa o ingeniería financiera para transformar la información contable, con comportamientos inducidos, tolerados, cuando no pactados.

Así, los casos del lease-back del gobierno austriaco en sus edificios culturales o la enajenación por la Comunidad de Madrid del derecho de uso de sus embalses a la sociedad privada que gestionaba el abastecimiento de agua potable. En ambos casos, para el pago a la Administración titular del dominio, las citadas sociedades debieron endeudarse en una importante cuantía. Sus ingresos eran mayoritariamente privados, así que ese endeudamiento inicialmente no computaba, como prevé el SEC 95. Luego, la doctrina europea ha ido evolucionando …. 

Otro efecto de estos procesos es que hayan reaparecido algunas viejas figuras del Código Civil, como la encomienda de gestión y la enfiteusis.

En la encomienda de gestión, la Administración concierta, mediante la figura regulada en el Código Civil (arts. 1709 y ss), con una sociedad mercantil mayoritariamente participada por la misma un contrato de mandato para la realización de infraestructuras. El capital social suele ser compartido con una Entidad de Crédito que, además prestará la financiación de esas inversiones sin más activo de garantía que el contrato-programa o convenio que las subvencionará a través de las futuras transferencias de capital de la Administración matriz.

La Cámara de Comptos, en su reciente Informe sobre el Sector Local en Navarra, ha criticado (pág. 14) un cierto modelo de gestión del urbanismo municipal: “creando sociedades públicas cuyo capital lo aporta íntegramente el ayuntamiento. Posteriormente, esta empresa pública crea con un empresario una sociedad mixta en la que la empresa pública participa con más del 50 por ciento del capital”. La actividad de desarrollo urbanístico a realizar va pasando del ayuntamiento a la sociedad pública y de ésta a la sociedad mixta, resultando finalmente adjudicataria de la construcción el socio privado de la sociedad mixta.

Resucitan los dinosaurios

En la enfiteusis (Código Civil, arts. 1605 y ss.) la citada sociedad comprometida a la ejecución de una infraestructura, cede a la Administración su dominio útil, a cambio de percibir un canon periódico a lo largo de un plazo (la enfiteusis pura es perpetua) que permita recuperar el coste de la obra, con algún  beneficio.

En el informe sobre la Cuenta General 2006 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya volvemos a encontrar esta vieja figura, de la que se hace eco el artículo del diario Expansión. En la página 193 del informe se incluye el siguiente cuadro, en miles de euros, relativo a los censos enfitéuticos vigentes a 31-12-2006:

Para la sindicatura catalana, el asunto es claro: esta figura debe computar a los efectos del objetivo de endeudamiento pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que a pesar de la corrección, cumple la Generalitat.

En la actualidad, se consolida en el conjunto de los países de la OCDE una cultura de los resultados, donde el directivo público se centra y es responsable del grado de eficacia y eficiencia alcanzado al ejecutar el presupuesto. Implantada la cultura del indicador como herramienta que determina incluso una parte de la retribución de los responsables de los programas presupuestarios. Nada mejor que un chiste para desmitificar estos asuntos.

Pues bien, los indicadores son instrumentos esenciales para la gestión por objetivos, la evaluación de políticas públicas, la auditoría operativa, la calidad de los servicios y la rendición de cuentas, en general. También son una manifestación de los objetivos estratégicos de una organización a partir de su Misión.

En este sentido aumentan las políticas de medición del rendimiento, tanto en cada uno de los sectores, como en la totalidad de los servicios públicos. Inducido por el mercado, aparece el denominado Estado Evaluador (NEAVE), como forma evolucionada del Estado Benefactor, que encarna un nuevo tipo de relaciones entre Servicio Público, Sociedad y Estado basadas en el control posterior y a distancia sobre el output público. Os recomiendo este post de Santiago García con consejos para evaluado y evaluador.

Midiendo …

En las Entidades Públicas, para evaluar las actividades y las políticas, cobran especial importancia los indicadores de gestión, entendidos como aquellos que proporcionan la información necesaria para el ejercicio del control económico de la gestión en su triple vertiente de control: de eficacia, de eficiencia y de economía.

La doctrina nos recuerda que se puede ser eficaz y poco eficiente, muy eficiente pero poco eficaz y muy eficiente aunque poco económico. Rafael Puyol, Ex-rector de la UCM, solía recordar que la eficacia es hacer lo que hay que hacer y, consecuentemente, pertenece al reino de la sabiduría; mientras que la eficiencia es hacer las cosas bien y, por lo tanto, pertenece al ámbito de la técnica y de la motivación. Es decir, que en los niveles directivos la virtud se llama eficacia; y en los del funcionariado se llama eficiencia.

La aportación de un bloque de indicadores como información complementaria a los estados financieros de las Entidades Públicas, es una exigencia unánime de la doctrina, justificada por numerosos precedentes en el mundo anglosajón. Sin embargo, reclama sistemas de información con alto grado de desarrollo y transparencia.

Así, la Audit Commission publica abundantes baterías de indicadores con conclusiones como estas: “La mayoría de los ayuntamientos han hecho algunas mejoras de rendimiento. En los últimos cuatro años, tres cuartos de ellos han aumentado la cantidad de basura reciclada – en algunos casos duplicándola (..) más de la mitad de las brigadas de bomberos han mejorado sus índices (..) sin embargo, los vecinos visitan ahora menos las bibliotecas y piden prestado un diez por ciento menos de libros y otros artículos. El gasto en bibliotecas también ha caído”. Fantástico.

Un ejemplo: el programa de seguridad ciudadana de Cataluña

A partir del 2006, el presupuesto de la Generalitat de Cataluña intenta avanzar hacia un sistema de elaboración y gestión de los presupuestos más orientados a los objetivos y a los resultados. Por esta razón, pone el acento en la clasificación de los gastos por programas, que queda en el mismo nivel que las tradicionales clasificaciones orgánica y económica.

La nueva orientación de la Ley de presupuestos para 2006 da prioridad a los objetivos y a los resultados y conlleva un cambio importante en la cultura de la organización haciendo necesario fijar un proceso sistemático para definir y cuantificar los objetivos que se quieren alcanzar, y establecer mecanismos de seguimiento complementarios o adicionales a los económicos y financieros a partir del uso generalizado de indicadores de realización de resultados.

Por todo ello, y según reconoce la misma ley, los presupuestos para 2006 aún no se pueden considerar unos auténticos presupuestos por objetivos, sino sólo un paso más en el camino que debe llevar a una mejora sustancial del proceso presupuestario.

La Sindicatura de Comptes de Catalunya aprobó un informe específico sobre uno de esos programas, correspondiente a Seguridad Ciudadana, de la Dirección General de Policía. Al inicio del ejercicio, el Departamento de Interior presentó dentro de la Memoria de los programas del presupuesto de la Generalitat para 2006, unos objetivos estratégicos y operativos y una batería de indicadores.

Al final del ejercicio, elaboró un seguimiento de estos objetivos con el balance de los resultados alcanzados; respecto al programa Seguridad Ciudadana, que es el siguiente:

Tras la fiscalización realizada, y teniendo en cuenta que el ejercicio 2006 es el primer año de instauración formal de este sistema, se hacen las siguientes observaciones:

- Misión: No se define la misión del programa correctamente, ya que es sólo un detalle genérico de funciones. Cabe recordar que la misión debe incluir:

- ¿Qué  quiere conseguir el programa?
- ¿Qué problemas se quieren solucionar?
- ¿Quién sale beneficiado?

- Objetivos operativos: Algunos de los objetivos operativos contenidos en el programa no son suficientemente específicos ni medibles. Algunos de ellos son actividades, por ejemplo, el establecimiento de convenios de coordinación con las policías locales.
- Actividades: Algunas de las actividades no están ligadas a los objetivos y son una descripción de las funciones de los policías (por ejemplo: proteger la seguridad de personas y bienes).

- Indicadores: Los indicadores presentados en el programa presupuestario deberían estar relacionados con los objetivos y las actividades.

El informe concluye que los presupuestos para 2006 aún no se pueden considerar unos auténticos presupuestos por objetivos, sino sólo un paso más hacia una mejora sustancial del proceso presupuestario en la Administración general de la Generalitat de Catalunya.

En este sentido, la Sindicatura valora positivamente el inicio de esta orientación de los presupuestos de la Generalidad,  aunque el programa de seguridad ciudadana tiene carencias, como se desprende de las observaciones:

1. El programa recoge razonablemente todos los gastos que le son imputables.

2. La contabilidad analítica no recoge la totalidad de los costes del programa. Habrá que analizar en ejercicios posteriores su evolución para determinar los resultados definitivos de su implantación.

3. En general, el Departamento ha realizado la ejecución del presupuesto del programa de acuerdo con el principio de legalidad.

4. La implementación de todos los controles iniciados por la actual Dirección General de Policía -software de control de vestuario, mejora del software de control de horas, software de contabilidad de costes, cuadro de mando, etc .- podrán garantizar en ejercicios futuros una mayor eficacia de los sistemas de control interno del programa de Seguridad ciudadana.

5. La implantación formal del presupuesto por programas en su primer año, por lo que respecta al programa Seguridad ciudadana del ejercicio 2006, presenta diferentes puntos a mejorar: Algunos objetivos operativos carecen de especificado y mensurabilidad, no todas las actividades están ligadas a los objetivos y algunos son una descripción genérica de las funciones del Cuerpo de Mossos d’Esquadra (CME). La Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC) elabora periódicamente una batería suficiente de indicadores en diferentes documentos (documento de dirección por objetivos, balance estadístico de los hechos delictivos, etc.). Pero la mayoría de ellos no están integrados dentro del programa, aunque son utilizados como apoyo en la gestión.

El Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce reduce la política al conflicto de intereses disfrazados de lucha de principios. Parece que Ambrose no les tiene mucha simpatía, pues les define con palabras duras:

Político: Anguila en el fango primigenio sobre el que se erige la superestructura de la sociedad organizada. Cuando agita la cola, suele confundirse y creer que tiembla el edificio. Comparado con el estadista, padece la desventaja de estar vivo.

Hoy, hemos conocido que quien fuera vicealcalde de Pekín hasta mediados de 2006 acaba de ser condenado a muerte por un tribunal chino. La acusación no es otra que corrupción: recibir unos 770.000 euros en sobornos. Lo clásico: adjudicaciones a dedo y una amante despechada que tira de la manta. El asunto nos da pie para hablar de la fragilidad moral de algunos de nuestros ilustres próceres.

Estamos acostumbrándonos a desayunar con espectáculo preocupantes de chanchullos, como esta otra noticia. En este caso, los corruptores graban en video el soborno de sobremesa (¡con sobre incluido en la mesa!) de gran eficacia mediática y nula validez judicial, por si mismo. Ver más.

He visto varias veces este otro video, bastante difundido, donde un político norteamericano acusado de corrupción da una rueda de prensa. Está en inglés, pero se intuye bien como dice que ha trabajado mucho por los ciudadanos y la justicia americana. Al final, … bueno, no cuento el final, por si no lo conocéis. No consigo librarme de la duda sobre su culpabilidad.

Como recordaba, esta misma semana, el profesor Sosa Wagner, en un delicioso artículo de título muy expresivo: “Educación para la soga“. Es que la gente ya no se suicida. Eso era cosa de otros tiempos. En la Gran Depresión de 1929 “caían por las ventanas los directores de empresa como frutas maduras, los vendedores de sogas no daban abasto”, bromea el genial administrativista, que pronto … ¡estará metido en campaña electoral!. Cuídese de las malas compañías, maestro.

La casualidad ha querido que esta misma semana se aprobase la Ley catalana que crea la Oficina Antifraude, que se encargará de prevenir e investigar posibles casos de corrupción en las Administraciones Públicas de Cataluña. Se trata de un Ente independiente, vinculado al Parlamento catalán, ha sido criticada por su posible solapamiento con otros organismos fiscalizadores como la Sindicatura de Cuentas catalana o la Intervención de la Generalitat, por no hablar de la Administración de justicia.

Por todo esto me he quedado reflexionando sobre el asunto. Max Weber reconocía dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive “para” la política o se vive “de” la política. Quien vive “para” la política hace de ello su vida en un sentido íntimo y goza simplemente poniéndola al servicio de los demás.

La diferencia entre ambos se sitúa entonces en un nivel mucho más grosero: en el nivel económico. La política como profesión trata de convertirla en un empleo permanente y una fuente de ingresos. Por eso el padre de la moderna burocracia recomendaba a quien así viva “ser económicamente independiente de los ingresos que la política pueda proporcionarle”. La izquierda ha criticado siempre esta concepción porque dejaba tan noble oficio “en manos de la burguesía”.

Pero las modernas democracias han crecido, se han hecho muy complejas y creado grandes estructuras dentro de los partidos políticos. “Aparatos” más o menos permanentes, muy jerarquizados, vinculados a “familias”, en sentido de grupos internos. En fin, que asistimos a un cierto desaliento en el noble oficio del político, que bastante tiene con sobrevivir entre los propios correligionarios.

También decía Max Weber que el funcionario ha de desempeñar su cargo sine ira et studio, sin ira y sin prevención: “Lo que le está vedado es, pues, precisamente aquello que siempre y necesariamente tienen que hacer los políticos … Parcialidad, lucha y pasión (ira et studio) constituyen el elemento del político y sobre todo del caudillo político“. Ayer, el blog de lo público dedicaba un interesante artículo a una cualidad de los políticos: la asertividad.

Pero no olvidemos que la mayoría de los políticos dedican muchas horas a su profesión y algunos hasta logran cambiar el mundo. Véase el caso de las inversiones públicas efectuadas en la ciudad de Medellín, que tanto han mejorado la vida de sus vecinos. Ahora que estamos a dos semanas de las elecciones USA, vemos los problemas que aun persisten en la sociedad norteamericana, para algo tan sencillo como alcanzar una seguridad social. ¿Porqué? En este otro interesante video (en inglés), el anterior Contralor General de USA (GAO) tercia en la polémica poniendo sobre la mesa los problemas financieros a los que se enfrenta EEUU, en la actualidad.

Mr. Walker señala que el gobierno y los parlamentarios no están actuando como deberían y que van a endeudar a la sociedad norteamericana para siempre…. hipotecando el futuro de próximas generaciones. Dice que uno de los mayores problemas que tiene USA es el gasto en los programas de protección de la salud (medicare) y que se ha aprobado una ley mediante la cual se cubre el gasto farmacéutico que es absurda pues no hay suficiente presupuesto para llevarla a efecto. Además acaba diciendo que el gobierno federal se está gastando más dinero del que tiene y que la situación deviene insostenible.

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña acaba de hacer público su informe sobre la regularidad del gasto electoral durante los comicios celebrados en esa Comunidad Autónoma durante el año 2006. Las conclusiones de la prensa no dejan en muy buen lugar a las formaciones políticas catalanas, si bien es cierto que los incumplimientos detectados no son de igual gravedad en todos los partidos.

Debemos precisar, antes de nada, que los partidos políticos catalanes cumplieron, en general, con la normativa sobre financiación de partidos políticos durante las elecciones de 2006, pero algunas formaciones excedieron los límites en determinadas partidas de gastos, que fueron superiores a la subvención máxima para este concepto, que está establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Se trata de pagos fuera del plazo de los 90 días después de las elecciones, donativos sin indicación del DNI o domicilio or encima de la cuantía máxima permitida, gastos de mailing superiores a la subvención fijada y dificultad para identificar (y por tanto comprobar) algunos proveedores.

El informe (pendiente de traducir al castellano) podéis descargarlo en la remozada página web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya:

El objeto del informe es la regularidad de la contabilidad y la justificación de las subvenciones concedidas por la Generalitat de Catalunya para hacer frente a los gastos ocasionados por los procesos electorales, como el celebrado en 2006. Cabe destacar que la Sindicatura presidida por D. Joan Colom, que fue ponente del informe, considera una limitación al alcance del trabajo no realizar una fiscalización global de la actividad financiera de los partidos políticos, de todos sus gastos e ingresos.

Para comprobar la regularidad de todo ello, el Tribunal de Cuentas tiene la competencia exclusiva -dice la Ley Orgánica- del control externo de la actividad económica y financiera de los partidos políticos. Hace unos meses presentamos las conclusiones del informe de Fiscalización de la contabilidad anual de los partidos políticos del ejercicio 2005 (y del 2004 también).

En anteriores ocasiones hemos comentado la valiente recomendación de este órgano de la Sindicatrua Catalana para que se definan y delimiten los supuestos de vinculación entre fundaciones privadas y partidos políticos, así como que se establezcan mecanismos para su control.

La Sindicatura de Cuentas, como el resto de los Órganos de Control Externo de las CCAA, carece de competencias para proponer sanciones por infracciones de la normativa electoral ni para proponer la revocación total o parcial de las subvencionas otorgadas. La LOREG atribuye estas competencias al Tribunal de Cuentas, que podría proponer la anulación, la revocación o la reducción de la subvención y las sanciones oportunas si se dedujeran pruebas de infracción de normas electorales.

Informes relacionados: Andalucía (Nota de prensa e Informe), Asturias (Informe), Madrid (Informe),  Islas Baleares (Informe y resumen), Canarias (Informe), Galicia (Informe) Navarra (Informe) País Valenciano (Informe), Castilla-La Mancha (Informe) y Castilla y León (Informe).

La fiscalización del gasto sanitario es uno de los objetivos de los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. La presión del gasto es tan elevada que son frecuentes las liquidaciones de los presupuestos con incrementos superiores al 10%. También comienzan a oirse voces que piden la devolución de las competencias sanitarias, tanto por razones estrictamente de análisis económico como político.

En el caso de Cataluña, sus responsables autonómicos han demostrado siempre una importante capacidad de innovación en la gestión de la sanidad. También el su fiscalización. Así, la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha enviado al Parlamento, el Informe 13/2008, relativo a la “Financiación del sistema sanitario. Fondos específicos y otros recursos, ejercicios 2002-2006”. Éste informe, por ahora sólo disponible en catalán, ha sido elaborado por el Departamento que dirige el síndico Agustí Colom Cabau con el objeto declarado de fiscalizar la financiación del sistema sanitario en Cataluña durante el periodo 2002-2006, con respecto a los siguientes fondos específicos:

1) Fondo de cohesión sanitaria (financia el gasto de los pacientes desplazados de otras comunidades autónomas y del extranjero)

y 2) Fondo para el programa de ahorro en incapacidad temporal (financia la adopción de programas y medidas dirigidas al control del gasto relativo a la incapacidad temporal y a la mejora de la gestión de los servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social para estas contingencias).

Así mismo, también han sido objeto de fiscalización la Garantía de asistencia sanitaria (cláusula de garantía de evolución de los recursos aplicados a la sanidad para aquellas comunidades autónomas que tienen asumida la gestión de los servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social), los fondos derivados de las medidas acordadas en la II Conferencia de Presidentes y otras asignaciones del Estado y de la Unión Europea para la financiación de programas de sanidad.

En relación en estos fondos, se han evaluado los procedimientos administrativos y la razonabilidad de los controles internos de la administración para la verificación de las cifras que justifican el importe de los ingresos rendidos.

Por otra parte, en el Fondo de cohesión sanitaria se calculó el coste de la asistencia sanitaria prestada a Cataluña a los pacientes desplazados residentes fuera del territorio autonómico, con el fin de determinar cuál es la cobertura efectiva de éste mecanismo de financiación.

Hechos destacados del informe

En el periodo 2002-2006, el importe total distribuido en Cataluña por ingresos en concepto del Fondo de cohesión sanitaria fue de 55,37 M€, de los cuales 47,63 M€ corresponden a la compensación por desplazados de otras comunidades y 7,74 M€ a la compensación por desplazados extranjeros. Los ingresos en concepto del Fondo del programa de ahorro de la incapacidad temporal fueron de 156,66 M€ y de 144,26 M€ en concepto de Garantía de asistencia sanitaria, respectivamente.

Con respecto a las transferencias derivadas de los acuerdos de la II Conferencia de Presidentes, el importe comprometido en el periodo por el conjunto de medidas, excepto por anticipos, asciende en 139,52 M€ y en concepto de anticipos fue de 679,10 M€.

Asimismo, el Departamento de Salud ha recibido otras aportaciones específicas durante el periodo fiscalizado, destinadas a la financiación de programas, proyectos y planes en el ámbito de la sanidad pública, fruto de los compromisos adquiridos con el Estado y la Unión Europea, en el marco de la política de cohesión sanitaria y el diseño de las estrategias de salud.

El informe determina que Cataluña no ha percibido compensación con cargo en el Fondo de cohesión sanitaria para la asistencia sanitaria internacional el año 2006, de acuerdo con los criterios adoptados porla administración central en el cálculo de la mencionada compensación.

Principales observaciones y recomendaciones

La Sindicatura verificó la contabilización de las cuantías que corresponden a los recursos de la sanidad pública catalana objeto de la fiscalización, la cual ha resultado satisfactoria en general, excepto por lo que se refiere a alguna incorrección en la grabación de importes tanto en el fondo de cohesión sanitaria como en el en Fondo para el programa de incapacidad temporal.

Tamién se verificaron los importes que Cataluña ingresó en virtud de las medidas adoptadas en la II Conferencia de Presidentes, que tuvo lugar el 10 de septiembre de 2005. Al cierre del ejercicio 2006 sólo quedaban pendientes de cobro 2,95 M€ de la cuantía total comprometida para el ejercicio.

En el Fondo para el programa de ahorro de la incapacidad temporal el año 2004, Cataluña cumplió el 100% de los objetivos establecidos en el convenio, motivo por el cual le fue liquidado el importe íntegro de la dotación asignada en aquél ejercicio. En la resto de los años objeto de fiscalización las cuantías percibidas son inferiores a las inicialmente asignadas, en motivo del cumplimiento parcial de los objetivos establecidos.

Balanza para desplazados

La Sindicatura, en el trabajo de fiscalización realizado, cálculó el coste de la asistencia sanitaria prestada a los pacientes desplazados no compensada por el Estado durante el ejercicio 2006, y destaca que:

El Fondo de cohesión sanitaria se constituye como un mecanismo de compensación a las comunidades autónomas por los costes generados por éstos pacientes. No obstante, la cobertura prevista en el modelo de financiación para estos casos se ha manifestado parcial por diversos motivos: por una parte, porque no se admite a compensación la totalidad de las actividades que comprenden la asistencia sanitaria que presta la comunidad autónoma a los pacientes desplazados de otras comunidades autónomas, y de la otra, porque de la actividad de hospitalización convencional compensable no se admite a compensación el 100% del coste soportado.

En este sentido, de los 653 Grupos de Diagnóstico Relacionados aprobados para la actividad de hospitalización convencional sólo se admiten a compensación el 36% (porcentaje que pasa a ser del 28% con la nueva regulación del fondo a partir del año 2006), tomando como base el Real decreto 1247/2002, que regula el Fondo de cohesión sanitaria desde el año 2002. Al mismo tiempo, de la parte que es admitida a compensación, sólo se financia el 40% del coste (en el periodo 2002-2005) o el 80%, el año 2006.

En resumen, el año 2006, del conjunto de 8.656 contactos por pacientes desplazados de otros comunidades autónomas vistos en Cataluña, en virtud de la regulación del Fondo cohesión sanitaria vigente el Estado sólo compensó 1.747, para los cuales, deduciendo el coste correspondiente a los pacientes catalanes derivados en otros comunidades autónomas, 376 contactos, resultó una compensación neta de 13,13 M€.

La sindicatura también calculó el coste no compensado a Cataluña por la atención prestada a los pacientes desplazados de otras comunidades autónomas atendidos el año 2006 por hospitalización convencional. El número de estos pacientes no admitidos a compensación alcanzó la cifra de 6.909 contactos, para los cuales la cuantía neta no compensada, una vez deducido el coste no admitido a compensación de los pacientes catalanes derivados a otras comunidades, es de 14,39 M€. Por otra parte, dado que el importe compensado con cargo en el Fondo de cohesión sanitaria de 2006, 13,13 M€, corresponde al 80% del coste medio soportado, el coste restante no compensado del 20% es de 3,28 M€.

Así, el coste total, en términos de saldo neto, por la asistencia hospitalaria convencional prestada por Cataluña a pacientes desplazados de otros comunidades autónomas el año 2006 resulta de 30,80 M€, de forma que la parte compensada, 13,13M€, sólo representa el 42,6% del coste total de ésta asistencia.

Finalmente se pone de manifiesto que existen un conjunto de actividades asistenciales que se prestan a estos pacientes desplazados que no son admitidas a compensación, como son: la cirugía mayor ambulatoria, la prestación farmacéutica, la diálisis, el transporte sanitario medicalizado, la asistencia extrahospitalaria y la asistencia primaria, entre otros.

La universidad siempre es noticia. A veces, por lo estrambótico de algunos nombramientos, como reza el titular de La Vanguardia que preside esta entrada. Otras, porque son un elemento esencial en la sociedad del conocimiento, tanto en su función de formación como de agente del sistema de ciencia, tecnología e innovación.

En toda Europa, las reformas universitarias tienen como eje central el aumento de la autonomía y el establecimiento de objetivos. Una de nuestras debilidades (y, en menor medida, también de las europeas) es la tendencia a la uniformidad. Para quien quiera profundizar en el análisis de las diversas estructuras de gobierno universitario puede puede consultar el interesante documento de la Fundación CyD. 

Como respuesta, todos los estudios exigen replantear las relaciones con la administración y fomentar la competencia entre las universidades, diseñando estrategias de diferenciación, que a su vez refuerzan las necesidades de cambiar los modelos de gestión y sus diseños organizativos.

Estos días hemos tenido bastantes noticias sobre los aspectos financieros y organizativos de nuestras instituciones universitarias.

Libro blanco, en Cataluña

La semana pasada, la Asociación de Universidades Públicas de Cataluña presentó el Libro Blanco de la Universidad de Cataluña. A partir de ahora se abre un período de consulta pública sobre este documento. El Libro Blanco de la Universidad de Cataluña reconoce que ha inspirado bastante el modelo californiano, cuya red de universidades públicas está muy integrado sin que éstas hayan perdido un ápice de personalidad.

Todos los interesados en participar en este debate público sobre la Universidad de Cataluña pueden enviar sus comentarios, propuestas y opiniones hasta el 31 de Octubre de 2008 al siguiente correo electrónico:

llibreblanc@acup.cat

Posteriormente, desde la ACUP se elaborará y publicará un informe sobre los resultados de la consulta. Habrá que seguir este tema de cerca, porque promete ser un debate muy interesante.

Nueva Comisión de Financiación

Trasciende una cierta preocupación por la implantación del Espacio Europeo sin contar con una financiación adicional. En otra entrada hemos hablado del informe “Financiación del Sistema Universitario Español. Valoración de la situación actual. Objetivos e instrumentos para alcanzarlos”, que la Comisión creada en la anterior legislatura entregó al Secretario de Estado, el 20 de abril del año pasado ¿Se han discutido y aplicado sus conclusiones?

No. En este sentido, hace un par de semanas, el Gobierno de la Nación, las Comunidades autónomas y las Universidades acordaron crear otro grupo de trabajo, formado por 15 representantes -de la Conferencia General, del Consejo de Universidades y del Ministerio de Ciencia- para mejorar la financiación y la gestión económica de las Instituciones de Educación Superior. Sin embargo, no tendrán su reflejo hasta los Presupuestos Generales del Estado de 2010

Francia: de los mimbres a los cestos

Recientemente, nuestros vecinos del norte han dado mucho trabajo a muchos grupos de estudio en los más diversos campos de la Administración. Así, tras aprobar el año pasado una nueva Ley de reforma universitaria, acaba de hacerse público un informe del senado francés, que preconiza un sistema de financiación universitaria según criterios de logro de objetivos.

Seis senadores han sido encargados por la ministra de enseñanza superior, Valérie Pécresse, de proponer una reforma del sistema San Remo (Sistema Analítico de Reparto de Medios) vigente desde el 1994 para asignar desde el Estado los empleos y la dotación anual que se transfiere a las universidades, teniendo en cuenta particularmente el número de estudiantes matriculados y la superficie de los edificios.

El nuevo sistema contemplado por el Senado, bautizado “agradable” (SYMPA: Sistema de Reparto de Medios por la Performance y la Actividad) predica una correlación entre financiación y logros. Sugieren utilizar criterios como el índice de inserción profesional (tras seis meses y tras tres años) desde la terminación de los estudios o el nivel de sus salarios.

Asimismo, el grupo de trabajo propone vincular la financiación al número de estudiantes presentados a los exámenes y no respecto al total de los estudiantes matriculados, como prevé el sistema San Remo.

Por otra parte, el 16 de abril, Francisco d’ Aubert le remite a la Ministra Pécresse, el informe que le había encargado en noviembre de 2007, sobre “la colaboración entre los organismos de Investigación y las Universidades“. Con la nueva ley universitaria, que refuerza sus prerrogativas en materia de política científica, el objetivo enunciado repetidas veces por Nicolás Sarkozy, es que “progresivamente, la universidad sea el centro de nuestro dispositivo investigación científica”.

Durante el pasado mes de abril, comparecía ante el Parlamento de Cataluña el Sindico Mayor Joan Colom. Se trataba de presentar el Informe sobre subvenciones a fundaciones vinculadas a las formaciones políticas catalanas con representación parlamentaria en 2004. En total: un millón de euros entre seis fundaciones, contando sólo subvenciones superiores a 10.000 euros, en su mayoría, sin concurso público.

Entre sus conclusiones, la prensa destacaba que el concepto de fundación vinculada a un partido es algo que “no está definido ni en la normativa que regula los partidos políticos y su financiación, ni en la normativa aplicable a las fundaciones” (apartado 3.1 del informe).

En definitiva, recomienda que se definan y delimiten los supuestos de vinculación entre fundaciones privadas y partidos políticos, así como que se establezcan mecanismos para su control. Algo habitual. En los resultados de los últimos Informes y comparecencias parlamentarias, el Tribunal de Cuentas y los OCEX de las diversas CCAA vienen pidiendo transparencia en las relaciones que la mayoría de los partidos políticos mantienen con diversas fundaciones.

Así, se destacan las referidas a su constitución, a la concesión de préstamos o subvenciones de funcionamiento, a la adquisición de inmuebles por parte de la fundación y la posterior cesión de uso al partido, al ingreso en la fundación de las aportaciones realizadas por los cargos públicos y a la prestación de aval por parte del partido en operaciones de deuda suscritas por la fundación. En la documentación contable correspondiente al ejercicio 2005, el Tribunal de Cuentas de España detectó entregas de fondos desde Partidos a Fundaciones por un total de 1,9 millones de euros.

En la actualidad, tras la reforma de la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, hay normas específicas para las aportaciones privadas a las Fundaciones y Asociaciones vinculadas orgánicamente a los partidos políticos. Las someten a las mismas condiciones que las donaciones a los partidos pero elevando el límite a 150.000 € por persona y año y exigiendo escritura pública cuando superen los 120.000 € y procedan de personas jurídicas.

Sin embargo, no rige la prohibición de aceptar donaciones de empresas privadas que presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, lo que ha sido censurado por la doctrina más académica. En palabras del magistrado Pablo Lucas Murillo “No es preciso señalar los riesgos que comporta esta exención”.

La tramitación de la ley de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) produjo ayer algún titular de prensa, como el que sirve de inicio para este artículo.

Durante la comparecencia en el Parlament del Síndico Mayor catalán, Joan Colom destacó su apoyo a “cualquier medida que se introduzca para mejorar el uso y el control del uso de los fondos públicos”. Asimismo argumentó que la sindicatura detecta irregularidades, “pero no determina si son por negligencia o por fraude”, tarea que podría realizar la OAC basándose en el informe de la sindicatura. Cuando la sindicatura detecta responsabilidad penal en una fiscalización, el caso debe trasladarse a la Fiscalía General, no a la Oficina Antifraude.

Sin embargo, Colom reclamó que ese futuro organismo pueda controlar e investigar a los diputados, pues la redacción actual del proyecto de ley no incluye esta atribución y es “el único organismo de su tipo que no ve incluida de forma explícita su competencia para fiscalizar al Parlament y a los parlamentarios”, y pidió que se tengan “más en cuenta” los antecedentes de organismos similares ya existentes, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

El Síndico Mayor se declaró «seriamente preocupado» porque la OAC, en su formulación actual, no haría más que solaparse con la propia Sindicatura de Cuentas: «parece difícil que con la creación de otro órgano parlamentario de control, con funciones y procedimientos similares a los órganos ya existentes, se consiga un instrumento más rápido y efectivo en la lucha contra el fraude». Aunque aseguró que acatará la decisión del Parlament, en su opinión, la OAC debería depender de la Fiscalía o de la propia Administración catalana, pero no del Parlament.

LA OLAF europea

El Director de la OLAF es designado, de común acuerdo, por tres instituciones europeas: la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo. Dispone de una capacidad de recurso especial ante el Tribunal de Justicia. Cuenta con cincuenta millones de dólares de presupuesto y 350 agentes. La peculiaridad del equipo de investigadores de la OLAF radica en su carácter pluridisciplinar, que permite disponer de un enfoque global e intersectorial (en los ámbitos policial, judicial, financiero, aduanero, agrícola, etc.).

En interación con el Tribunal de Cuentas, en caso de sospecha o de descubrimiento durante los trabajos de fiscalización en las instituciones (incluido el mismo Tribunal de Cuentas), órganos u organismos sometidos al control del Tribunal, de indicios de fraude, de corrupción o de presunta actividad ilegal que pueda afectar a los intereses financieros comunitarios, el consejero responsable la fiscalización lo transmitirá inmediatamente al director de la OLAF.

Cuando la información transmitida por el Tribunal se haya obtenido a través de un informador que desee conservar su anonimato, se deberá notificar a la OLAF para que pueda realizar su investigación de forma apropiada. Esta obligación de cooperar se afirma expresamente tanto si pudiera estar implicado un funcionario, o un Consejero o un Alto Directivo del propio Tribunal de Cuentas Europeo.

Oficina británica anti-fraude

En Europa, muchos países tienen agencias especializadas en la persecución del fraude. Así, desde finales de los años 80, el Reino Unido, cuenta con una Agencia de lucha contra los grandes fraudes (The Serious Fraud Office) cuya memoria señala que recuperaron 17.5 millones de libras durante 2005.

Aunque esta institución sólo persigue fraudes que puedan generar alarma social, superiores a un millón de libras, no le impide reconocer que, a través de pequeñas corruptelas, el presupuesto sanitario pierde entre el 3 y el 8% de sus partidas. Su personal tiene carácter multidisciplinar, aglutina contables, policías, juristas y todo tipo de profesionales. Su director es nombrado por el Primer Ministro, aunque sólo responde ante el Parlamento británico.

La influencia de estas instituciones sobre los estados miembros queda de manifiesto en la actual tramitación en el Parlamento catalán de una Oficina Antifraude de Cataluña. Aquí, la discusión radicaba en su posible dependencia de la Sindicatura de Cuentas o de otras instituciones. Y dentro de estas, del Gobierno o del Parlamento. Depender del ejecutivo planteaba problemas de ejercicio frente a la autonomía local. El proyecto de Ley hizo recaer el nombramiento de su director (para un mandato de seis años) en el Parlamento, a propuesta del Gobierno catalán.

La noticia que recogía, durante la pasada semana, el diario El País hace referencia a la baja cantidad y calidad de la rendición de cuentas municipal, que ya hemos tratado en esta bitácora. Ahora, el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas Vázquez, plantea con toda crudeza el asunto de la necesaria imposición legislativa de la auditoría anual de las cuentas de los Ayuntamientos, a través de firmas privadas.

Para analizarlo con acierto, debemos remontarnos a principios de la década pasada, cuando la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Catalana, entonces presidida por Ferrán Termes i Anglés, en su informe relativo a la Cuenta General de las Corporaciones Locales (1994) expresó que su capacidad era “claramente insuficiente para llevar a cabo el control externo de la actividad financiera municipal de forma adecuada” dado el elevado número de entidades a fiscalizar.

Entonces, se pedía obligar a los ayuntamientos de determinadas dimensiones realizar una auditoría anual con un profesional cualificado, “como instrumento auxiliar para el control interno y la fiscalización externa“. En definitiva, se pretendía que estas auditorías se realizasen con unos criterios de coordinación y una normativa técnica a establecer por la Sindicatura, de acuerdo con las características propias de cada sector.

Modelos de fiscalización

España, al igual que Francia o Alemania, ha optado por un modelo descentralizado y funcionarial en el control de la regularidad financiera y de legalidad de las Administraciones Públicas. En Europa, el énfasis del control se va desplazando hacia aspectos relacionados con los profesionales privados y la auditoría operativa, a medida que las nuevas técnicas de gestión pública han ido desarrollándose.

Las Conclusiones del V Encuentro Técnico de los Órganos de Control Externo (Las Palmas, Audiencia de Cuentas de Canarias, 2 al 4 de octubre de 1996) fueron rotundas al incluir entre sus recomendaciones que “las cuentas de TODAS las entidades públicas deberían ser auditadas anualmente y con anterioridad a su aprobación”. Como los plazos de emisión de los informes deben ser lo más cortos posible, se hace necesaria la presencia de auditores privados, bajo la tutela de los OCEX.

Como participante que fui de aquel Encuentro, puedo confesaros que la redacción de la conclusión citada no fue pacífica. Es más: aún no logro creerme que haya triunfado. Un cierto sector de los funcionarios asistentes (fundamentalmente del Tribunal de Cuentas) veía con lógica desconfianza el abrir la puerta a los auditores privados, menos exigentes en materia de legalidad.

Ya en 1994, Vicente Montesinos Julve, que fue Sindico Mayor de la Comunidad Valenciana, ponía sobre la mesa la necesidad de generalizar la práctica de la auditoría en todas las entidades de cierta dimensión, en consonancia con lo que ocurre en el sector empresarial y con las prácticas internacionales: ”no se puede entender que la auditoría anual de las Administraciones de cierta dimensión no sea obligatoria en España, cuando cualquier sociedad anónima de mediana dimensión tiene que someterse anualmente a la sana prueba de una auditoría de cuentas” (“La normalización en la auditoría del sector público” en Revista Española de Financiación y Contabilidad nº 79, pág. 437).

Es más, Montesinos propone a los OCEX que la mitad de sus trabajos sean auditorias de gestión y avanzar en la evaluación de las políticas públicas y en el nivel y calidad de prestación de los servicios públicos. En mi opinión, nada de esto será posible si no se descarga a los Auditores Institucionales de su actual trabajo en auditoría financiera.

En el mismo sentido, el Síndico de Castilla-La Mancha, Miguel Angel Cabezas, apoyaba en Oviedo, durante las Jornadas presupuestarias de 1998, la idea de Ferran Termes y lo defendía de manera contundente:

Si para las grandes corporaciones empresariales funciona un calendario razonable, que permite aprobar o rechazar las cuentas anuales en el mes de junio acompañadas de la opinión del auditor, resulta cada día más difícil de justificar que tenga que discutirse un presupuesto público sin haber analizado la ejecución del anterior y la situación financiera a la que ha conducido, y esto a partir de cifras debidamente avaladas por la opinión de un auditor cualificado para ello.

El modelo británico

En el Reino Unido, tras la promulgación de la Audit Commission Act de 1998, se encomienda a este organismo realizar auditoría sobre el Servicio Nacional de Salud y las Entidades Locales, a través de profesionales privados colegiados. El correspondiente informe de auditoría debe ser enviado inmediatamente a la Audit Commission (AC) y anunciado en uno de los periódicos de mayor circulación local. Cualquier ciudadano puede inspeccionar el informe y hacer una copia.

Podéis conocer con detalle el funcionamiento de este y otros sistemas de control externo en la reciente publicación por la Eurorai, de la segunda edición de la obra “El control externo del sector público regional en Europa. Un estudio comparativo”, que está en descarga gratuita . Mientras tanto, os apunto (pág. 108 y ss) las principales características del sistema inglés:

• La AC nombra a un auditor para cada Administración Local, con honorarios a cargo del auditado, según escalas aprobadas según tamaño y complejidad. Incluye revisión externa del trabajo realizado.

• Aprobación, cada cinco años por el Parlamento, del Código de buenas prácticas de auditoría local. La última revisión data de marzo de 2005.

• Alcance de auditoría de regularidad pero también de economía, eficacia y eficiencia, que cobran mucha importancia.

Estado de la cuestión

Por eso no hay congreso ni simposium de control en que no surja la petición para generalizar esta práctica de la auditoría externa y promulgar en las CC.AA. una Ley de Auditoría Municipal que implique la participación o colaboración de firmas de auditoría, de forma similar a la regulación actual del sector privado, donde las Sociedades de determinada cifra de negocio, activo o plantilla deben padecerla e inscribirla en el Registro Mercantil.

No puede negarse la aceptación social de la figura del auditor, como fiduciario o garante de la calidad informativa de las cuentas anuales. Cada vez son más las Entidades Públicas que conciertan el servicio de acuerdo con la legislación de contratos del Sector Público. Sin embargo, debemos recordar, como hizo el Congreso Nacional de Auditoria del Sector Público, celebrado en Sevilla en marzo de 2006, en sus conclusiones (grupo IV) que esos trabajos implican numerosas singularidades y un elevado nivel de complejidad:

“La participación de las firmas privadas de auditoría en el control de la gestión pública, exige que la dirección, supervisión y el control de calidad de los trabajos, se realicen por los Órganos Públicos de control”

Así, una parte de los Interventores de las Entidades Locales (que realizan funciones reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional) sostiene que el informe de auditoría del Ente Local está reservado al OCEX. (F. Bosch y J.M. Larrainzar. “Una vieja profesión: Interventor”. En Revista de Estudios Locales, septiembre de 1999, págs. 21-27. De los mismos autores “Auditores Privados vs. Auditores Públicos” en Revista de Estudios Locales de febrero de 1999, Págs. 26-45).

Los auditores privados, según su opinión, pueden actuar en el campo local sólo si lo hacen como coadyuvantes del órgano público de control interno (o externo). Con todo, esta interpretación comporta la exigencia de que el informe de control financiero sea firmado por el propio interventor para su validez. Tienen respaldo en algunas sentencias, como la conocida STSJ (Burgos) de 18-2-1997 que declaró nulo un acuerdo municipal de contratación de un auditoría externa privada, ya que “la fiscalización externa está reservada al Tribunal de Cuentas y el control financiero interno corresponde a los funcionarios que tengan atribuidas las funciones de intervención”.

Sin embargo, el tema no está ni mucho menos cerrado.

El titular del diario Expansión, del 31 de octubre, glosando la celebración del “día del Auditor” en Madrid, nos permite reflexionar sobre la evolución de esta figura, tanto en el sector público como en el privado. Remontándonos a principios del siglo pasado, el escritor norteamericano Elbert Hubbard describía al auditor típico así:

“un hombre más allá de la edad madura, flaco, arrugado, inteligente, frío, pasivo, reacio a comprometerse, con ojos de bacalao, cortés en el trato, pero al mismo tiempo antipático, calmado y endiabladamente como un poste de concreto o un vaciado de yeso; una petrificación humana con corazón de feldespato y sin pizca de calor de la amistad; sin entrañas, pasión o humorismo. Por fortuna nunca se reproducen y finalmente todos ellos van a parar al infierno”.

¿Queda muy lejos aquella definición? Yo creo que si. Sólo conozco a una persona que encaje en la descripción anterior. Hoy, del estereotipo sólo se mantendría la inteligencia. Hasta el género mayoritario ha cambiado consecuencia de la feminización del éxito en las exigencias académicas de las multinacionales de la auditoría.

Inicialmente, el trabajo de los auditores fue detectar fraudes. Eran profesionales solitarios como los descritos por Hubbard. Hoy dan paso a los equipos de trabajo, con tareas planificadas en función de los riesgos, con severos controles de calidad y en permanente formación. Todavía hay muchos países que centran el trabajo auditor en el fraude. Puede verse en Colombia, el Top 10 de la Infamia.

¿Hay más fraude en los países subdesarrollados? Los expertos señalan que “en número de casos sí, pero en volumen de negocio no, porque también las economías desarrolladas son más fuertes”. Dicen las estadísticas que, en los países desarrollados, cuatro de cada cinco empresas son víctimas de fraude interno. Así lo reconocen los responsables de las 900 empresas que han participado en una encuesta mundial recogida en el Informe global sobre Fraudes elaborado por la consultora de seguridad y riesgo Kroll. En los últimos tres años, el 80% de las empresas de todos los sectores reconoce haber sido víctima de algún tipo de fraude.

Mantenerse alerta

Los medios informáticos incorporan una gran facilidad para realizar multitud de trámites en masa. También presentan ciertos riesgos, que hay que evaluar y prevenir. Esta semana se hacía público un fraude millonario a la cadena de supermercados norteamericana Supervalu, que alteró la cuenta corriente de un importante proveedor, ante un simple correo electrónico, que se demostró falso. Otras veces, el propio “vigilante” comete fraude porque nadie “vigilaba al vigilante”.

En el ámbito público aparece, de vez en cuando, la noticia de algunos directivos que se organizan para repartirse un botín presupuestario. La justicia catalana, tras el informe de su Sindicatura de Cuentas, imputaba el mes pasado por malversación a tres exdirectivos de la empresa de ferrocarriles de la Generalitat que había costeado un millonario plan de pensiones exclusivo para 16 ex-directores, que les permitió repartirse 3,22 millones de euros. Así, disfrazado como «Premio a la Dedicación y Permanencia», dando la apariencia de fondo complementario de la Seguridad Social se ocultó “la verdadera naturaleza, que no era otra que la retribución dineraria en su condición de altos cargos”.

El auditor del siglo XXI

Sin embargo, la complejidad de la información financiera impulsa un nuevo auditor, garante de los estados financieros de las empresas. La misión de los auditores es «emitir una opinión técnica» sobre si las cuentas de una organización representan fielmente la realidad. Para ello realizan un análisis sistemático de las operaciones, utilizando técnicas que les llevan a comprobar su razonabilidad, teniendo en cuenta los riesgos presentes. Tanto en el sector público como en el privado, utilizan muestreos y otras técnicas estadísticas, pero sobre todo principios y normas contables. Olvidarlo acarrea fuertes sanciones.

La auditoría es necesaria para rechazar la tentación de una contabilidad creativa. De inmediato evocamos el «caso Enron», que se llevó por delante a la primera compañía energética del mundo y arrastró a sus auditores, por silenciar el empleo de una técnica tan agresiva como anticipar los ingresos futuros. Cuando Enron firmaba un contrato de suministro, registraba de un golpe los beneficios previstos, sin repartirlos a lo largo de la vida del servicio. Los auditores debieron oponerse a este maquillaje.

En España, la futura redacción del delito contable, que hoy se discute en el Congreso, impone a los auditores las mismas penas que a los administradores cuando, incumpliendo sus obligaciones y «conociendo la falsedad de las cuentas anuales», emitan informe favorable sobre ellas. Hasta ahora no figuraban entre los posibles autores del delito y pasan de avalar la fiabilidad de los estados contables a ser garantes de su veracidad. De ahí los exigentes controles de calidad de las corporaciones profesionales a sus colegiados.

Las auditorías deben ser objetivas para que el público confíe en ellas. Como la objetividad no puede observarse directamente, la confianza del ciudadano en su independencia descansa, en gran medida, en la imagen del auditor, tanto público como privado. En este sentido, es necesario que sea y parezca independiente. En el ámbito público también debe ser transparente, evitando aquellas situaciones que puedan hacer dudar a terceros.

Recientemente, Sir John Bourn, presidente de la Oficina Nacional de Auditoria del Reino Unido (NAO) fue acusado de gastar durante su mandato, un millón de dólares en 43 viajes en avión en primera clase (la mayoría con su esposa) y de aceptar invitaciones de empresas británicas susceptibles de ser contratistas. El comportamiento es relevante.

Libro de E.G. Jenny, editado en 1941.

Los presidentes de los Órganos Autonómicos de Contro Externo (Ocex) se reuneron en Barcelona el 11 de abril para celebrar el tercer encuentro desde su creación en 2006. También acompañaron al Sindico Mayor de Cataluña, Joan Colom, en su toma de posesión para
un segundo mandato.

La Conferencia de Presidentes de Ocex se creó el 19 de octubre de 2006 en Pamplona donde los doce presidentes firmaron una declaración en la que especificaron que su objetivo es ser ‘un medio que contribuya a una gestión cada día más transparente y eficaz’ y pidieron que sus diagnósticos y recomendaciones ‘sean útiles entre los que administran el dinero público’. Entre sus objetivos está la lucha por la ‘eficacia de la gestión pública’ y consideraron que se deben priorizar áreas como salud, educación, bienestar social o las ‘áreas de riesgo’, como subvenciones, obras públicas o urbanismo.

De acuerdo con la nota de prensa difundida el día antes de la reunión, su objetivo era abordar las relaciones con el Tribunal de Cuentas, repasando especial atención en los casos de presunta responsabilidad contables que sigue la fiscalía; y debatir sobre la implantación de sistemas de tramitación telemática de cuentas que faciliten que el máximo número de ayuntamientos envíen sus cuentas a las Sindicaturas. A tal efecto, los presidentes de los Ocex proponían la elaboración de un convenio con el Tribunal de Cuentas para regular la rendición de cuentas por parte de los entes locales.

En rueda de prensa difundida por EFE tras la conferencia, el presidente de la Cámara de Comptos de Navarra se ha referido a lo ‘crucial’ del momento actual para establecer ‘dónde está el Tribunal de Cuentas y dónde estamos nosotros’. Muñoz explicó que ‘orgánicamente dependemos de nuestros Parlamentos’, pero ‘funcionalmente somos independientes’, por lo que cabe esperar que en el futuro estos tribunales de cuentas autonómicos ‘sean autónomos y totalmente independientes’, como las Instituciones de los lander alemanes.

Recordó que ‘cuando nació el Tribunal de Cuentas de España hubo suspicacias’ ya que dicha institución ‘pretendía que las sindicaturas autonómicas fuesen sus delegaciones’ en las diferentes comunidades autónomas. En la rueda de prensa, acompañado del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Joan Colom, se calificó de ‘fundamental’ que la Sindicatura pase de ser una ‘auditoría financiera a una auditoría de gestión‘, con el objetivo de que este organismo pueda ‘medir la eficacia real de cualquier servicio público’.

Colom ha explicado que la futura pauta de trabajo de la Sindicatura de Comptes debe centrarse en los ‘estudios de fiscalización de eficiencia y eficacia de la gestión’, por lo que ‘necesitamos la capacidad técnica para diseñar indicadores que ya tienen en otros países’, agregó. En este sentido, Colom explicó que en los tribunales de cuentas de otros países ‘el cumplimiento de la legalidad y la regularidad representan sólo la rutina’ de la institución, mientras que el esfuerzo real se concentra en el control de la gestión sobre la administración pública.

Por esta razón, Colom subrayó, en alusión a las administraciones públicas, que ‘necesitamos los presupuestos por objetivos y con indicadores’ para saber ‘qué se hace con los millones y si se ha cumplido el objetivo previsto’ ya que, ha agregó, éstas son ‘el tipo de cosas que interesan a los ciudadanos‘.

El síndico mayor catalán ha afirmado que su marco legislativo de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ‘se ha ido haciendo con parches’ y ha remarcado, en cuanto a la futura ley que regulará esta institución, que debe facultar a la Sindicatura para ‘proponer sanciones’, al tiempo que debe, según ha dicho, ‘concretar la competencia para fiscalizar los procesos electorales’. Por último, pidió deslindar las tareas de la Sindicatura y la Oficina Anti-fraude.

La foto adjunta, está tomada en la Sala de Retratos del rectorado de la Universidad de Salamanca, que albergó en el año 2003, una de estas reuniones periódicas, cuando el autor de esta bitácora era Gerente de la Institución.

Foto: Tribunal de Cuentas de España. Comisión de coordinación del informe sobre el conjunto de las Universidades Públicas.

Informes de auditoría de Universidades Públicas españolas. 

Cámara de comptos de Navarra

Universidad Pública de Navarra, Ejercicios 2004 y 2005

Universidad Pública de Navarra. Ejercicios 2001-2003
Convenios suscritos entre el Sector Público de Navarra y la Universidad Pública de Navarra 2001-2002
Universidad Pública de Navarra y Fundación Universidad-Sociedad, 1999-2000
Universidad Pública de Navarra, 1998

Sindicatura de Comptes de Catalunya

Agregado de Universidades Públicas, 2003
Universidad Autónoma de Barcelona, 2003
Universidad Pompeu Fabra, 2003
Universidad Rovira i Virgili, 2003
Universidad Oberta de Cataluña, 2003
Universidad Politécnica de Cataluña, 2003
Universidad de Barcelona, 2003

Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana

2007 un tomo

2006 un tomo

2005 un tomo
Introducción 2005
Universidad de Valencia 2005
Universidad Politécnica de Valencia 2005
Universidad de Alicante 2005
Universidad Jaume I 2005
Universidad Miguel Hernández 2005

2004
Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana

2003
Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana Parte I
Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana Parte II

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

Universidad del País Vasco 2007

Universidad del País Vasco 2005

Universidad del País Vasco 2003

Cámara de Cuentas de Andalucía

Universidad Internacional de Andalucía 2003

Universidad Pablo de Olavide 2003

Universidad de Sevilla 2003

Universidad de Málaga 2003

Universidad de Jaén 2003

Universidad de Granada 2003

Universidad de Huelva 2003

Universidad de Córdoba 2003

Universidad de Cádiz 2003

Universidad de Almería 2003
Fiscalización de las cuentas anuales de las Universidades Públicas de Andalucía. 2001 y 2002
Universidad de Granada. 2001
Fiscalización de los contratos científicos, técnicos y artísticos art. 11 LRU de las universidades públicas de Andalucía. 1999 y 2000

Consello de Contas de Galicia

Universidad de A Coruña, 2003

Universidad de Santiago, 2003

Universidad de Vigo, 2003

Audiencia de Cuentas de Canarias

Universidad de Las Palmas 2004-5

Universidad de La Laguna 2004-5

Universidad de La Laguna 2003
Universidad de Las Palmas 2003
Universidad de La Laguna 2002
Universidad de Las Palmas 2002

Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha
Universidad de Castilla-La Mancha 2001
Univrsidad de Castilla-La Mancha 2003
Universidad de Castila-La Mancha 2004

Universidad de Castilla-La Mancha 2005

Universidad de Castilla-La Mancha 2006

Cámara de Cuentas de Madrid

Universidad de Alcalá, 2006

Universidad Autónoma de Madrid, 2005

Convenio para el equilibrio presupuestario y contención del endeudamiento suscrito entre la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid y las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid

Informe de fiscalización de la actividad económico-financiera y de la gestión del conjunto de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid – 2003

Sindicatura de Comptes de Illes Baleares
Universidad de Islas Baleares 2004
Universidad de Islas Baleares 2005 (catalán)

Consejo de Cuentas de Castilla y León
Universidad de Burgos 2003

Universidad de Salamanca 2003

Universidad de León 2003

Universidad de Valladolid 2003

Ver: En todos lados cuecen habas

Ver: “el Control en la Universidad“.