Reforma universitaria

Cinco Dias- rector

El titular que nos ofrecía el diario Cinco Días la semana pasada reflejaba las declaraciones de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, para quien es necesario favorecer la movilidad con el fin de recorrer completamente el camino de todo el proceso innovador, tal y como se está implementando en la Unión Europea: “El día en el que consigamos que un directivo de una gran empresa sea, por ejemplo, rector de una universidad o al revés, habremos conseguido muchísimo para la I+D+i española”.  Continue reading Reforma universitaria

Jornadas de los servicios jurídicos de los OCEX sobre la Administración Instrumental. Conclusiones de las ponencias.

fotografia

La Cámara de Cuentas de Andalucía celebró en Sevilla, el pasado 16 de octubre, las primeras Jornadas de los servicios jurídicos de los Órganos de Control Externo. El tema central fue la Administración Instrumental. En la inauguración, el presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Felipe García Ortiz (en la foto, a la derecha) se refirió a “la proliferación en los últimos tiempos de entidades e instrumentos jurídicos caracterizados por la tan reiteradamente citada huida del derecho administrativo y su mayor proximidad a sistemas privados de gestión. Estos nuevos instrumentos y entidades, cuya existencia puede justificarse en la medida que supongan una mejora en la eficacia y eficiencia en el uso de los fondos públicos y en la satisfacción de los intereses generales, requieren un replanteamiento de los mecanismos tradicionales de control, especialmente en lo relativo al ejercicio de la fiscalización por los OCEX”.  Continue reading Jornadas de los servicios jurídicos de los OCEX sobre la Administración Instrumental. Conclusiones de las ponencias.

Puertas giratorias y órganos de control

Con-contralores

Durante la reciente estancia en Medellín, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Antioquia que dirige John Cardona Arteaga (en la foto presentando) convocó una reunión de trabajo con los Contralores territoriales de Colombia, un total de 63, precedida de una exposición en la que acompañé al Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas de España, Olayo Gonzalez Soler.

Contralores contra la corrupción.  Continue reading Puertas giratorias y órganos de control

Mejorar nuestro lenguaje administrativo

Castro-y-Henriquez

La semana pasada asistí, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (ICAO), a una interesante conferencia de la catedrática de la Universidad de Vigo, María do Carmo Henríquez, sobre el lenguaje judicial y administrativo. En la foto, presentada por Fernando Castro, Director del Centro de Estudios del ICAO.

El tema es trasladable a otros ámbitos, como el económico o el tecnológico, aunque el mundo del derecho tiene muchas peculiaridades que la filóloga gallega lleva años estudiando y publicando. Es, sin duda, la mayor especialista en el asunto.

Entre el público se encontraba el magistrado David Ordoñez, que ha compartido con la conferenciante alguna de sus últimas publicaciones en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia (marzo, 2014) con el título “Términos y argumentación en la jurisprudencia administrativa del Tribunal Supremo”.

Los funcionarios en general y los auditores, en particular, ejecutan gran parte de su trabajo escribiendo. Los informes son el producto natural de muchos colectivos profesionales, como los secretarios o interventores, estos con su “reparo escrito”. En fin, que todos somos interesados en este asunto del lenguaje jurídico.

De la documentación en descarga libre me gustaría destacar las siguientes obras:

Mejorar la redacción

libro-de-estilo-Andalucía Por su importancia en el ámbito de los informes de auditoría, también debemos destacar el Manual de estilo de la Cámara de Cuentas de Andalucía.Una herramienta destinada a obtener informes más claros o sencillos y cuya lectura periódica es muy recomendable.

La modernización del lenguaje jurídico dio lugar hace un lustro a una comisión del Ministerio de Justicia (ver portal ) que elaboró un interesante y sucinto documento con recomendaciones para hacerlo más claro y comprensible al ciudadano. A los profesionales nos recuerda aspectos elementales pero nunca suficientemente repetidos:

  • Párrafos demasiado grandes y concatenación excesiva de oraciones subordinadas.
  • Abuso de las construcciones pasivas: “el Pleno aprobó” mejor que “se aprobó por el Pleno”.
  • Abuso de gerundios. Debemos evitar el gerundio especificativo (Una ley condenando la violencia de género) o de posterioridad (Lo denunció un policía teniendo que comparecer ante el juez).

Que disfrutéis de los documentos.

El control de la gestión del agua y los OCEX

Empujando la gota

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha aprobado esta semana el informe de Fiscalización de la Captación y Distribución del Agua por las Entidades Locales en el año 2012, en el que se analiza el modelo de gestión, precios y debilidades del sistema y se plantean una serie de recomendaciones para mejorar el uso de los recursos y la gestión de los costes para cabildos y ayuntamientos.

Esta fiscalización, dada la importancia de los recursos hídricos en el Archipiélago, tiene continuidad en las fiscalizaciones sobre el Saneamiento del Agua por parte de las Entidades Locales del ejercicio 2013 y sobre el Uso Agrícola del Agua por parte de las Entidades Locales, también del ejercicio 2013 y actualmente en curso del trabajo de campo.

Captación y Distribución del Agua Canarias El informe pone de manifiesto que el gasto por habitante del servicio osciló entre los 55,7 y los 246,4 euros, así como que la gestión del servicio, en un 56,6% de los ayuntamientos se presta de manera directa por la propia entidad local, y que en un 40,8% se realiza de manera indirecta, empleando alguna  formas previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, utilizándose otros tipos de gestión en el 2,6% restante.

El precio medio del agua comprada en Canarias fue de 0,61 euros el metro cúbico, oscilando por islas entre 0,22 euros de la Palma y los 1,85 euros de Fuerteventura. En lo que respecta al agua facturada, el precio medio fue de 1,61 euros el metro cúbico, con diferencias que fluctúan entre los 0,87 euros y 2,03 euros según la isla.

En total, el agua propia y el agua comprada en Canarias a lo largo del periodo objeto de estudio ascendieron, respectivamente, a 75 y a 124 millones de metros cúbicos, con lo que el servicio de abastecimiento de agua potable en Canarias tiene un volumen total de casi 200 millones de metros cúbicos y el agua facturada sumó 135 millones de metros cúbicos. La diferencia entre el agua adquirida y la facturada se debe a las mermas o pérdidas en la red de agua, al agua almacenada en los depósitos al final del ejercicio y al agua no facturada.

También se indica en el trabajo que en 2012 dos tercios de los servicios de abastecimiento de agua fueron deficitarios. Por ello, la Audiencia de Cuentas de Canarias recomienda la puesta en marcha de acciones tendentes a promover una gestión que evite las pérdidas en la red y el agua no facturada, así como la implementación de tarifas de consumo progresivas y una mejor racionalización de los recursos disponibles.

Con el fin de fomentar un consumo racional, se recomienda diferenciar los tipos de consumo del agua, en aquellas entidades que no diferencian la contraprestación del servicio de agua entre diferentes tipos. Por otro lado, en el caso de las entidades que diferencian demasiados tipos, el informe recomienda simplificar el número de usos para hacer que las condiciones diferenciales de uso resulten más sencillas y entendibles por el cliente. También se recomienda la implantación de indicadores de gestión que periódicamente permitan conocer la evolución del servicio con el fin de introducir todas las mejoras posibles en el mismo.

En relación a la naturaleza jurídica de los ingresos procedentes del servicio público de abastecimiento domiciliario de aguas, se recomienda que la contraprestación, cuando la gestión del servicio sea directamente por la Administración, tenga la naturaleza de tasa, mientras que si quien gestiona el servicio es una sociedad privada municipal o una empresa privada, se realice mediante contrato administrativo de gestión, dicha contraprestación se convierta en un ingreso de Derecho privado (tarifa), y por tanto, pueda ser reconducida al ámbito de los precios privados.

Otros informe españoles. La Cámara de Cuentas de Madrid

Ciclo del agua en Madrid Uno de los principales antecedentes de este trabajo fue acometido por la Cámara de Cuentas de Madrid en 2005 con el “Informe de fiscalización del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid” que intentó marcar una línea de trabajo, distinta de la tradicional fiscalización abriendo nuevos caminos, con inmensas posibilidades de actuación al control externo.El trabajo, que no ha recibido la atención merecida, no sólo utiliza criterios financieros, de costes y precios, sino que abunda en aspectos ambientales. Así, de las conclusiones generales nos gustaría destacar (3.5.2) que “En general, la calidad del agua de consumo en la Comunidad de Madrid puede considerarse como buena, situándose los valores medios dentro de los límites establecidos por la normativa aplicable”.

Asimismo, el informe calcula unas pérdidas sobre el agua suministrada de 37 litros por hab. Y día que supone el 13,3 % de la dotación total por habitante y día, que es de 279 litros.

Cámara de cuentas de Andalucía

Captura de pantalla 2014-06-19 10.31.43 La fiscalización madrileña encuentra un claro antecedente en el Informe realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, “El Suministro de Agua en Andalucía: coste y calidad del servicio. 1999-2000” que realizó un análisis económico del precio medio del agua para uso urbano así como sobre la calidad del servicio, la situación de la depuración de aguas residuales, las medidas de ahorro y propuestas alternativas que fomenten el uso eficiente del agua.

El OCEX de Andalucía aporta otro interesante Informe de Fiscalización horizontal del Medio Ambiente en determinados ayuntamientos que ha contado con dos actuaciones diferenciadas. En primer lugar, se han seleccionado de manera aleatoria los 15 ayuntamientos de tamaño medio-grande, donde se analizaron aspectos organizativos y del gasto, con el análisis de determinadas áreas directamente relacionados con el medio ambiente: residuos, ciclo del agua, contaminación atmosférica, protección ambiental, conservación de la biodiversidad, movilidad y transporte, población y territorio, energía y participación ciudadana.

Castilla y León

Agua Castilla y Leon En el Consejo de Cuentas de Castilla y León se ha acometido la fiscalización de la gestión de sistemas municipales de abastecimiento de agua potable en los Ayuntamientos de las capitales de provincia. En él se ofrece una visión general de la prestación del servicio en las grandes ciudades de la Comunidad y busca proporcionar a los Ayuntamientos un marco de referencia que les permita orientar sus decisiones a fin de lograr mejoras en la prestación del servicio.

Recuerdan los auditores que los costes del servicio deben comprender tanto los directos (incluyendo no sólo los gastos de funcionamiento sino la amortización de las inversiones realizadas) como la parte de los costes indirectos que sea atribuible al servicio. En todo caso, el establecimiento de las tarifas debe ir precedido de un estudio técnico-económico que permita determinar la totalidad de los costes del servicio, de manera que el rendimiento de las mismas no supere dichos costes.

Universidades de Andalucía, 2011

Universidades Andalucia 2011 La Cámara de Cuentas de Andalucía ha publicado el pasado mes de abril el informe de Fiscalización de las cuentas rendidas por las Universidades Públicas de Andalucía correspondiente al ejercicio 2011. El trabajo, supone un buen resumen de los problemas de rendición de cuentas de las universidades. Presentamos a continuación un esquema de sus principales conclusiones.

Conclusiones

La Cámara llama la atención (parágrafo 169) sobre cierta desidia de los gestores públicos hacia los requerimientos de los auditores que da lugar, con demasiada frecuencia, a carencias, demoras y errores en la aportación de la documentación y en la elaboración de la información solicitada, lo que “evidencia la necesidad de una mayor concienciación por parte de las entidades fiscalizadas de la obligación de rendición de cuentas, que implica la obligación de atender con el máximo detalle, exactitud y en el plazo previsto los requerimientos que se hacen desde este órgano de fiscalización”.

Ambigüedad normativa financiera

En este apartado, la Cámara de Cuentas pone de manifiesto “la ausencia de regulación en cuanto al plazo que ha de cumplir la Consejería para depositar en el órgano de fiscalización de la Comunidad Autónoma las cuentas recibidas de las universidades, transcurriendo en los últimos años más de dos meses desde la fecha de recepción por la citada Consejería”.

El asunto de la indefinición de la regulación financiera de las universidades lleva denunciándose en múltiples foros y resurge ahora en este informe que apunta los siguientes aspectos:

  • Tanto la LOU como la legislación autonómica encomiendan a la Consejería de Hacienda la elaboración de un plan general de contabilidad adaptado a las universidades. Hasta la fecha no se ha llevado a cabo dicha encomienda lo que ha originado que las universidades, a excepción de la UGR, estén actuando con planes derogados a esperas de la aprobación del plan contable para universidades.
  • Ninguna universidad tiene implantada la contabilidad analítica.
  • Con mayor o menor rigurosidad, bien por falta de adaptación a la normativa de aplicación o por omisión de contenido, en general las universidades no cumplen estrictamente con los diversos detalles, estados, cuadros o informes que deben constituir las cuentas anuales.
  • Como debilidad se señala la Intervención o el Servicio de Control Interno cuya “falta de homogeneidad y uniformidad de criterio sobre quién o qué figura, categoría, puesto, regulación, funciones y responsabilidad, alcance, dependencia, etc debe ser la encargada del control interno de la universidad, circunstancias que da muestra de una voluntad más formal que de garantía por la existencia de tal servicio o departamento”.
  • Sólo cuatro Universidades someten todas sus cuentas anuales a auditoría, haciéndolo las demás exclusivamente de los estados presupuestarios.
  • Se observan diversos aspectos en los procedimientos de gestión relativas a las áreas de contabilidad, personal, supervisión, intervención, ingresos, tesorería, etc. que, si bien en unos casos afectan de forma aislada en otros ocurre de manera más extensa, cuestionan los procedimientos seguidos y no ofrecen las garantías suficientes para confiar en el control interno existente.
  • De acuerdo con el artículo 82 de la LOU, la Comunidad Autónoma establecerá las normas y procedimientos para el desarrollo y ejecución del presupuesto de las universidades. En relación con este mandato los auditores censuran que, “hasta la fecha, la Junta de Andalucía no ha emitido normativa alguna que regule la ejecución de dichos presupuestos, siendo en su caso cada universidad quienes independientemente las elaboran y aprueban cada año, careciendo de uniformidad y homogeneidad entre ellas, además de omitirse materias de suma relevancia”.
  • Un elevado número de expedientes de modificación del presupuesto, susceptibles entre ellos de ser aprobados por el Rector o el Consejo de Gobierno, son aprobados con posterioridad al cierre del ejercicio (últimos días de junio del ejercicio siguiente disponerse del crédito suficiente y para lo cual se requiere, previamente, su habilitación mediante la aprobación de una modificación de presupuesto.
  • Por lo general, las cuentas anuales y más concretamente las liquidaciones del presupuesto no ofrecen la información suficiente y detallada de la financiación del elevado número de modificaciones, según el tipo de que se trate, con el nivel de desglose por capítulo, artículo y concepto del presupuesto de ingresos.

Algunos indicadores:

  • El grado de ejecución para el presupuesto agregado de ingresos de las universidades públicas en el ejercicio 2011 del 94,4%.
  • El grado de cumplimiento o de recaudación de los derechos reconocidos, al cierre de cada ejercicio, alcanzaron valores de 61,8% en 2011.
  • El “Periodo medio de cobro de corriente” para el ejercicio 2011 alcanza un valor de 139,3 días. En cuanto al “Periodo medio de cobro de anteriores”, referido a los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados, al cierre del ejercicio 2011 adquiere el valor de 53,9 días.

El eterno problema de las matrículas

Respecto a los ingresos por “Tasas y precios públicos” la Cámara constata que aún persisten universidades que reconocen los derechos de este capítulo del presupuesto de ingresos en el momento de cobro, y no en función de la corriente real de bienes y servicios que ellos representan, coincidente con el momento que jurídicamente son exigibles. Este hecho implica el incumplimiento del principio de devengo. Todas las universidades confirman haber reconocido y liquidado, en el ejercicio 2011, ingresos del ejercicio académico anterior e incluso anteriores y que determinados derechos de 2011 son reconocidos en el ejercicio siguiente.

Esta actitud que tiene consecuencias sobre la liquidación del presupuesto corriente y también sobre la liquidación de presupuestos cerrados, muestra una diferencia sobre el “Resultado presupuestario” agregado correspondiente al ejercicio 2011 por importe de 8,26 M€ y, por idénticas razones, en el “Remanente de tesorería” agregado por valor de 22,03 M€.

En este sentido, el procedimiento seguido conlleva a que las cifras que arrojan las magnitudes de resultado (“Resultado presupuestario”, “Saldo presupuestario del ejercicio”, “Superávit o déficit de financiación del ejercicio” y “Remanente de tesorería”) de las liquidaciones de presupuestos del ejercicio, difieran de la realidad de los hechos acaecidos y revelen una salvedad sobre la razonabilidad de los ingresos registrados y la aplicación de los principios contables. Por ellorecomienda un mayor rigor en la aplicación de los principios contables aplicables, en aras de expresar la imagen fiel de los hechos acontecidos, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados “con el fin de que hechos de estas características no cuestionen la razonabilidad de la información y de las cuentas anuales, permitiendo además que la información de las cuentas rendidas por las universidades sea homogénea entre ellas”.

La inadecuada aplicación de los principios contables públicos al reconocimiento de los derechos, de los capítulos 4 “Transferencias corriente” y 7 “Transferencias de capital” del presupuesto de ingresos, hacen que existan diferencias de conciliación de las obligaciones autonómicas reconocidas a favor de las universidades y los derechos reconocidos por éstas, según constan en las liquidaciones de sus presupuestos de ingresos. Estas diferencias tienen sus efectos sobre los valores obtenidos en las magnitudes de Resultados de las universidades.

Gastos de personal

En el ejercicio examinado los gastos de personal representan el 57,3% del total de gastos del ejercicio, manteniéndose prácticamente estable respecto al ejercicio anterior.

El artículo 68.1 de la LOU, al referirse al Personal Docente e Investigador (PDI), establece la necesidad de compatibilizar las funciones propias de docencia con las de investigación, en este sentido este personal disfruta del régimen retributivo del personal docente e investigador, además del derivado de la actividad investigadora que realice de acuerdo con el artículo 83 de la LOU. Sin embargo, las universidades no dispone de los procedimientos necesarios que permitan discriminar los gastos imputables a la actividad docente de los devengados de la actividad de investigadora, en particular respecto a cuales son las retribuciones devengadas por el tiempo dedicado a las funciones de investigación.

Las retribuciones del PDI por su actividad investigadora en especial las derivadas del artículo 83 de la LOU, desde siempre han venido imputándose al capitulo 6 “Inversiones reales” y a otros capítulos, en lugar del capítulo 1. Este personal asume funciones tanto docente como de investigación sin diferenciación entre ellas y la normativa de aplicación no sugiere que su dedicación a la investigación requiera o permita una distinción presupuestaria de la docente, por lo que la imputación al capítulo 6 o a otros capítulos de gastos tergiversa o desnaturaliza la información de la liquidación del presupuesto. Por ello, recomienda la modificación del criterio a partir del cual se imputa al capítulo 6 u otros esas retribuciones del PDI por actividad de investigación, con el fin de dar a conocer mejor el coste real del PDI de la universidad.

Las patologías del procedimiento negociado

Cuenta General Andalucia 2012 La Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de aprobar el informe de fiscalización de la Cuenta General, Contratación Pública y Fondos de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2012. Un extenso y profundo trabajo de 500 páginas (más otras 300 de anexos) que realiza un examen y comprobación de la Cuenta General de la Administración General de la Junta de Andalucía, las agencias, las entidades empresariales, las fundaciones, los consorcios y los fondos carentes de personalidad jurídica. También analiza una muestra de los contratos sometidos a los procedimientos establecidos en el TRLCSP, en relación a su preparación, adjudicación y formalización. Este apartado suele ser un buen indicador de los aspectos a mejorar en los procesos de contratación.

Hoy queremos sintetizar las principales recomendaciones de la Cámara en relación con el Procedimiento Negociado, páginas 485 y siguientes. Entendemos que hay cuatro apartados principales que siguen año tras año presentes en los informes y deben ser objeto de reflexión.

Unas necesidades permanentes

Al analizar los Pliegos de Prescripciones Técnicas, la Cámara observa que el contenido de los servicios y las prestaciones a las que obedece el objeto de estos contratos “corresponde a tareas que están referidas a puestos de trabajo pertenecientes a la Agencia, y que, tal como se expresa en los propios expedientes, son inherentes, forman parte y son necesarias para el desarrollo de las competencias de la entidad”. Esta crítica viene repitiéndose durante los últimos años años.

Los auditores observan igualmente que muchas de las necesidades que se pretender cubrir con dichos contratos no han tenido carácter coyuntural, cualidad que ha de ser inherente al contrato de servicio. Por el contrario, esas prestaciones han tenido carácter recurrente y han perdurado en el tiempo, al tratarse de funciones de gestión ordinaria de la competencia de la Agencia.

Además, al coincidir el objeto de algunos de estos expedientes, y ser sucesivos en el tiempo advierte que “la suma de los valores de los contratos en cuestión, si se incluyeran los periodos de prórrogas, superaría el límite fijado legalmente para la tramitación de los procedimientos negociados sin publicidad”, lo que no ocurre considerando individualmente cada uno de los importes individuales de los contratos. A tal efecto, la Cámara recuerda que, conforme al artículo 88.5 de la LCSP, en los contratos de servicios que tengan carácter de periodicidad o de contratos que se deban renovar en un periodo de tiempo determinado, se tomará como base para el cálculo del valor estimado el valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio precedente o durante los 12 meses siguientes. Y que la elección del método para calcular el valor estimado no podrá efectuarse con la intención de sustraer el contrato a la aplicación de las normas de adjudicación que correspondan.

Tampoco obedece a una situación coyuntural surgida sino a funciones de gestión ordinaria de la competencia de la Agencia el contrato “Coordinación de exposiciones temporales” en el que la propia asesoría jurídica de la Entidad advierte que “… debe velarse especialmente porque los servicios contratados respondan no solo en el pliego sino en su ejecución a un verdadero contrato administrativo de servicios y no a una relación laboral encubierta o incluso a una cesión ilegal de trabajadores”.


Ante las situaciones expuestas cabe reiterar que una contratación de las características analizadas no debe asumir de forma permanente funciones y tareas ordinarias que deban corresponder a puestos de trabajo pertenecientes a la RPT de la Agencia, como la jurisprudencia ha señalado al apreciar en algún caso la existencia de fraude de ley en la ejecución de los contratos. 
En este sentido, reconocen los auditores la pista que ofrecen los informe de la Asesoría Jurídica que incorporan en todos los expedientes analizados la advertencia, “ad cautelam,” sobre determinadas consideraciones jurídicas para que sean tenidas en cuenta por los centros gestores para que la contratación de servicios sea lícita y no implique durante su ejecución una actuación ilícita. 
A mayor abundamiento se señala que el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha incluido en su Disposición adicional primera una serie de medidas en relación con los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración. En concreto establece que los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 de la LCSP, dictarán en sus respectivos ámbitos de competencias las instrucciones pertinentes para la correcta ejecución de los servicios externos que hubieran contratado, de manera que quede clarificada la relación entre los gestores de la Administración y el personal de la empresa contratada, evitando, en todo caso, actos que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral. A tal fin lo citados entes, organismos y entidades dictarán antes del 31 de diciembre de 2012 las instrucciones pertinentes para evitar actuaciones que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral.

Una verdadera concurrencia de licitadores

Conforme al artículo 178 de la LCSP, en el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, debiendo dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo.

El Parlamento de Andalucía instó hace tiempo al Consejo de Gobierno a solicitar ofertas en los procedimientos negociados sin publicidad al mayor número posible de empresas capacitadas para realizar la prestación, con el fin de facilitar una mayor y efectiva competitividad entre ofertantes. Sin embargo, en la práctica totalidad de los expedientes sigue cursándose invitación a las tres mínimas empresas que exige el citado artículo 178. Además, en la mitad de los contratos, dos de las tres empresas declinan la invitación recibida, por lo que el órgano de contratación cuenta en estos casos con una sola oferta (¡la adjudicataria!).

Por eso, la Cámara de Cuentas recuerda el principio de concurrencia recomienda solicitar ofertas al mayor número posible de empresas capacitadas para realizar la prestación, de forma que no se produzca simplemente un cumplimiento formal de un precepto de la Ley sino una autentica concurrencia que se traduzca en una efectiva competitividad entre oferentes. Una característica del principio de buena administración del que ya hemos hablado con ocasión de un anterior informe de la Cámara, en el Seguimiento de conclusiones y recomendaciones referidas a la contratación pública de Andalucía. Ejercicios 2008-2010.

No favorece la promoción de concurrencia el escaso plazo que se conceden a las empresas para presentar ofertas en los algunos de los contratos analizados, ni la extremada concreción con que se redactan algunos PPT analizados, en los que se describen de forma muy prolija las características técnicas de las adquisiciones objeto del contrato, actuación que limita la posible oferta de otros proveedores. Además, esta circunstancia pudiera contravenir indirectamente lo dispuesto en el artículo 117.8 de la LCSP que prohíbe la inclusión en el PPT de la mención de productos de una fabricación o procedencia determinada, especialmente la indicación de marcas, patentes, tipos o una producción determinada, con la finalidad de descartar ciertas empresas o productos.

Como ejemplo de buenas prácticas también cabe mencionar la actuación que se lleva a cabo en algunos expedientes fiscalizados en el IFAPA, en los que tratándose de expedientes adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad, (al tener importe inferior a 60,00m€), el anuncio de la contratación se publica en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía y se concede un plazo para que cualquier empresa interesada pueda presentar oferta, como si de un procedimiento negociado con publicidad se tratase.

Una verdadera negociación de los términos del contrato

Como su nombre indica, en el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos (artículo 169 de la LCSP) y “negociar” las condiciones del contrato con uno o varios de ellos. La negociación tendrá por objeto los aspectos económicos, las especificaciones técnicas, y la adaptación de las ofertas presentadas por los licitadores a los requisitos indicados en el PCAP, para identificar la oferta económica más ventajosa de acuerdo con los criterios determinados en los pliegos, (artículo 176 de la LCSP). 
En la generalidad de los PCAP examinados por la Cámara de Cuentas andaluza se determinan los aspectos económicos y técnicos que han de ser objeto de negociación con las empresas, pero sólo en la tercera parte de ellos se acredita su adecuado cumplimiento. Menciona el informe como buena práctica la ventaja obtenida en la negociación del contrato “Servicio de apoyo en la administración de sistemas y de bases de datos que den soporte a la implantación y a la operatividad de sistemas de información geográficos en IECA (72,31m€) cuya negociación obtiene 537 horas adicionales, un 30% de mejora con respecto a las horas mínimas exigidas en pliego.

El procedimiento para la negociación de los términos del contrato no se encuentra regulado con carácter general en la LCSP, ya que depende de distintos factores: los aspectos a negociar, el número de candidatos con los que se haya determinado negociar, el contenido de las ofertas, así como si el procedimiento se ha articulado o no en fase sucesivas. 
En cualquier caso, muchos de los pliegos analizados por los auditores ya se contempla el procedimiento que hay que seguir en la fase de negociación, que debe ser respetado por los centros gestores.

La Cámara recomienda la práctica de la negociación incluso en aquellos supuestos de exclusividad, en los que el contrato solo puede encomendarse a un empresario determinado (artículo 170.d. de la LCSP) “como medida para conseguir que la empresa, conocedora de su posición ventajosa en el mercado como única oferente, se ajuste a las condiciones exigidas por la administración contratante, y a su vez, se obtengan ventajas en las condiciones de la prestación así como en el importe económico, evitando en la negociación posiciones monopolísticas”.

La motivación de la adjudicación

La necesidad de motivar la adjudicación de los contratos también en los procedimientos negociados viene reiterándose de forma recurrente por la Cámara de Cuentas andaluza, insistiendo en que se ha de huir de expresiones tales como “la oferta cumple todos los puntos exigidos en el PPT”, o “la empresa se compromete a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos y condiciones establecidos en los pliegos”, aconsejándose acreditar precisamente esos extremos en el contrato incluso en los supuestos en que se presenta una única oferta en el expediente.

Por el contrario, una correcta actuación es la observada en algunos contratos en los que se elabora un informe técnico de valoración de las ofertas, en el que se acredita la aplicación de los criterios de adjudicación recogidos en los pliegos, (al igual que si se tratase de un procedimiento abierto), de forma que la adjudicación recaída en estos expedientes quedan debidamente motivada.

Para terminar, no dejéis de ver este espectacular video, de dos minutos y obrar en consecuencia visitando el oriente asturiano …

El principio de la buena administración en contratación

000288912 La Cámara de Cuentas de Madrid suele recriminar el abuso de la contratación menor o negociada por ser contrario al principio de buena administración que proclama el artículo 25 TRLCSP. Así entre los últimos, el Informe de Fiscalización de la Contratación en el Sector Público Madrileño. Ejercicio 2011, incluye serias censuras a Instituciones por determinados usos del procedimiento negociado. Algunas presentan una naturaleza que intuimos en la frontera de la corrupción pura y dura (pág. 51: “No ha promovido una concurrencia suficiente, al invitar a empresas que comparten órganos de administración y dirección”); otros reproches son más doctrinales aunque pueden traer consecuencias. Veamoslas.

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