Mejorar nuestro lenguaje administrativo

Castro-y-Henriquez

La semana pasada asistí, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (ICAO), a una interesante conferencia de la catedrática de la Universidad de Vigo, María do Carmo Henríquez, sobre el lenguaje judicial y administrativo. En la foto, presentada por Fernando Castro, Director del Centro de Estudios del ICAO.

El tema es trasladable a otros ámbitos, como el económico o el tecnológico, aunque el mundo del derecho tiene muchas peculiaridades que la filóloga gallega lleva años estudiando y publicando. Es, sin duda, la mayor especialista en el asunto.

Entre el público se encontraba el magistrado David Ordoñez, que ha compartido con la conferenciante alguna de sus últimas publicaciones en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia (marzo, 2014) con el título “Términos y argumentación en la jurisprudencia administrativa del Tribunal Supremo”.

Los funcionarios en general y los auditores, en particular, ejecutan gran parte de su trabajo escribiendo. Los informes son el producto natural de muchos colectivos profesionales, como los secretarios o interventores, estos con su “reparo escrito”. En fin, que todos somos interesados en este asunto del lenguaje jurídico.

De la documentación en descarga libre me gustaría destacar las siguientes obras:

Mejorar la redacción

libro-de-estilo-Andalucía Por su importancia en el ámbito de los informes de auditoría, también debemos destacar el Manual de estilo de la Cámara de Cuentas de Andalucía.Una herramienta destinada a obtener informes más claros o sencillos y cuya lectura periódica es muy recomendable.

La modernización del lenguaje jurídico dio lugar hace un lustro a una comisión del Ministerio de Justicia (ver portal ) que elaboró un interesante y sucinto documento con recomendaciones para hacerlo más claro y comprensible al ciudadano. A los profesionales nos recuerda aspectos elementales pero nunca suficientemente repetidos:

  • Párrafos demasiado grandes y concatenación excesiva de oraciones subordinadas.
  • Abuso de las construcciones pasivas: “el Pleno aprobó” mejor que “se aprobó por el Pleno”.
  • Abuso de gerundios. Debemos evitar el gerundio especificativo (Una ley condenando la violencia de género) o de posterioridad (Lo denunció un policía teniendo que comparecer ante el juez).

Que disfrutéis de los documentos.

El control de la gestión del agua y los OCEX

Empujando la gota

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha aprobado esta semana el informe de Fiscalización de la Captación y Distribución del Agua por las Entidades Locales en el año 2012, en el que se analiza el modelo de gestión, precios y debilidades del sistema y se plantean una serie de recomendaciones para mejorar el uso de los recursos y la gestión de los costes para cabildos y ayuntamientos.

Esta fiscalización, dada la importancia de los recursos hídricos en el Archipiélago, tiene continuidad en las fiscalizaciones sobre el Saneamiento del Agua por parte de las Entidades Locales del ejercicio 2013 y sobre el Uso Agrícola del Agua por parte de las Entidades Locales, también del ejercicio 2013 y actualmente en curso del trabajo de campo.

Captación y Distribución del Agua Canarias El informe pone de manifiesto que el gasto por habitante del servicio osciló entre los 55,7 y los 246,4 euros, así como que la gestión del servicio, en un 56,6% de los ayuntamientos se presta de manera directa por la propia entidad local, y que en un 40,8% se realiza de manera indirecta, empleando alguna  formas previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, utilizándose otros tipos de gestión en el 2,6% restante.

El precio medio del agua comprada en Canarias fue de 0,61 euros el metro cúbico, oscilando por islas entre 0,22 euros de la Palma y los 1,85 euros de Fuerteventura. En lo que respecta al agua facturada, el precio medio fue de 1,61 euros el metro cúbico, con diferencias que fluctúan entre los 0,87 euros y 2,03 euros según la isla.

En total, el agua propia y el agua comprada en Canarias a lo largo del periodo objeto de estudio ascendieron, respectivamente, a 75 y a 124 millones de metros cúbicos, con lo que el servicio de abastecimiento de agua potable en Canarias tiene un volumen total de casi 200 millones de metros cúbicos y el agua facturada sumó 135 millones de metros cúbicos. La diferencia entre el agua adquirida y la facturada se debe a las mermas o pérdidas en la red de agua, al agua almacenada en los depósitos al final del ejercicio y al agua no facturada.

También se indica en el trabajo que en 2012 dos tercios de los servicios de abastecimiento de agua fueron deficitarios. Por ello, la Audiencia de Cuentas de Canarias recomienda la puesta en marcha de acciones tendentes a promover una gestión que evite las pérdidas en la red y el agua no facturada, así como la implementación de tarifas de consumo progresivas y una mejor racionalización de los recursos disponibles.

Con el fin de fomentar un consumo racional, se recomienda diferenciar los tipos de consumo del agua, en aquellas entidades que no diferencian la contraprestación del servicio de agua entre diferentes tipos. Por otro lado, en el caso […]

Universidades de Andalucía, 2011

Universidades Andalucia 2011 La Cámara de Cuentas de Andalucía ha publicado el pasado mes de abril el informe de Fiscalización de las cuentas rendidas por las Universidades Públicas de Andalucía correspondiente al ejercicio 2011. El trabajo, supone un buen resumen de los problemas de rendición de cuentas de las universidades. Presentamos a continuación un esquema de sus principales conclusiones.

Conclusiones

La Cámara llama la atención (parágrafo 169) sobre cierta desidia de los gestores públicos hacia los requerimientos de los auditores que da lugar, con demasiada frecuencia, a carencias, demoras y errores en la aportación de la documentación y en la elaboración de la información solicitada, lo que “evidencia la necesidad de una mayor concienciación por parte de las entidades fiscalizadas de la obligación de rendición de cuentas, que implica la obligación de atender con el máximo detalle, exactitud y en el plazo previsto los requerimientos que se hacen desde este órgano de fiscalización”.

Ambigüedad normativa financiera

En este apartado, la Cámara de Cuentas pone de manifiesto “la ausencia de regulación en cuanto al plazo que ha de cumplir la Consejería para depositar en el órgano de fiscalización de la Comunidad Autónoma las cuentas recibidas de las universidades, transcurriendo en los últimos años más de dos meses desde la fecha de recepción por la citada Consejería.

El asunto de la indefinición de la regulación financiera de las universidades lleva denunciándose en múltiples foros y resurge ahora en este informe que apunta los siguientes aspectos:

  • Tanto la LOU como la legislación autonómica encomiendan a la Consejería de Hacienda la elaboración de un plan general de contabilidad adaptado a las universidades. Hasta la fecha no se ha llevado a cabo dicha encomienda lo que ha originado que las universidades, a excepción de la UGR, estén actuando con planes derogados a esperas de la aprobación del plan contable para universidades.
  • Ninguna universidad tiene implantada la contabilidad analítica.
  • Con mayor o menor rigurosidad, bien por falta de adaptación a la normativa de aplicación o por omisión de contenido, en general las universidades no cumplen estrictamente con los diversos detalles, estados, cuadros o informes que deben constituir las cuentas anuales.
  • Como debilidad se señala la Intervención o el Servicio de Control Interno cuya “falta de homogeneidad y uniformidad de criterio sobre quién o qué figura, categoría, puesto, regulación, funciones y responsabilidad, alcance, dependencia, etc debe ser la encargada del control interno de la universidad, circunstancias que da muestra de una voluntad más formal que de garantía por la existencia de tal servicio o departamento”.
  • Sólo cuatro Universidades someten todas sus cuentas anuales a auditoría, haciéndolo las demás exclusivamente de los estados presupuestarios.
  • Se observan diversos aspectos en los procedimientos de gestión relativas a las áreas de contabilidad, personal, supervisión, intervención, ingresos, tesorería, etc. que, si bien en unos casos afectan de forma aislada en otros ocurre de manera más extensa, cuestionan los procedimientos seguidos y no ofrecen las garantías suficientes para confiar en el control […]

Las patologías del procedimiento negociado

La Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de aprobar el informe de fiscalización de la Cuenta General, Contratación Pública y Fondos de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2012. Un extenso y profundo trabajo de 500 páginas (más otras 300 de anexos) que realiza un examen y comprobación de la Cuenta General de la Administración General de la Junta de Andalucía, las agencias, las entidades empresariales, las fundaciones, los consorcios y los fondos carentes de personalidad jurídica. También analiza una muestra de los contratos sometidos a los procedimientos establecidos en el TRLCSP, en relación a su preparación, adjudicación y formalización. Este apartado suele ser un buen indicador de los aspectos a mejorar en los procesos de contratación. 

Hoy queremos sintetizar las principales recomendaciones de la Cámara en relación con el Procedimiento Negociado, páginas 485 y siguientes. Entendemos que hay cuatro apartados principales que siguen año tras año presentes en los informes y deben ser objeto de reflexión.

Unas necesidades permanentes

Cuenta General Andalucia 2012

 Al analizar los Pliegos de Prescripciones Técnicas, la Cámara observa que el contenido de los servicios y las prestaciones a las que obedece el objeto de estos contratos “corresponde a tareas que están referidas a puestos de trabajo pertenecientes a la Agencia, y que, tal como se expresa en los propios expedientes, son inherentes, forman parte y son necesarias para el desarrollo de las competencias de la entidad”. Esta crítica viene repitiéndose durante los últimos años años.

Los auditores observan igualmente que muchas de las necesidades que se pretender cubrir con dichos contratos no han tenido carácter coyuntural, cualidad que ha de ser inherente al contrato de servicio. Por el contrario, esas prestaciones han tenido carácter recurrente y han perdurado en el tiempo, al tratarse de funciones de gestión ordinaria de la competencia de la Agencia.

Además, al coincidir el objeto de algunos de estos expedientes, y ser sucesivos en el tiempo advierte que “la suma de los valores de los contratos en cuestión, si se incluyeran los periodos de prórrogas, superaría el límite fijado legalmente para la tramitación de los procedimientos negociados sin publicidad”, lo que no ocurre considerando individualmente cada uno de los importes individuales de los contratos. A tal efecto, la Cámara recuerda que, conforme al artículo 88.5 de la LCSP, en los contratos de servicios que tengan carácter de periodicidad o de contratos que se deban renovar en un periodo de tiempo determinado, se tomará como base para el cálculo del valor estimado el valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio precedente o durante los 12 meses siguientes. Y que la elección del método para calcular el valor estimado no podrá efectuarse con la intención de sustraer el contrato a la aplicación de las normas de adjudicación que correspondan.

Tampoco obedece a una situación coyuntural surgida sino a funciones de gestión ordinaria de la competencia de […]

El principio de la buena administración en contratación

 La Cámara de Cuentas de Madrid suele recriminar el abuso de la contratación menor o negociada por ser contrario al principio de buena administración que proclama el artículo 25 TRLCSP. Así entre los últimos, el Informe de Fiscalización de la Contratación en el Sector Público Madrileño. Ejercicio 2011, incluye serias censuras a Instituciones por determinados usos del procedimiento negociado. Algunas presentan una naturaleza que intuimos en la frontera de la corrupción pura y dura (pág. 51: “No ha promovido una concurrencia suficiente, al invitar a empresas que comparten órganos de administración y dirección”); otros reproches son más doctrinales aunque pueden traer consecuencias. Veamoslas.

X Encuentros Técnicos de los OCEX

Los días 23 y 24 de mayo se celebran en Sevilla los X Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo. Se trata de la reunión que los funcionarios de estas Instituciones celebran cada dos años, con ponencia incluida. Hace unos años glosaba aquí los antecedentes, anécdotas, conclusiones y principales características de anteriores Jornadas. Estas actividades permiten que auditores, letrados o informáticos intercambien experiencias y conocimientos, además de realizar eso que ahora llaman Networking. Cumple 25 años la Cámara de Cuentas de Andalucía que preside el catedrático granadino de Contabilidad, Antonio López Hernández. Con este motivo, los altos funcionarios del OCEx se han comprometido en la organización del evento para sus compañeros de profesión en otras Comunidades. El sistema de trabajo es simple pero exigente: los asistentes se distribuyen obligatoriamente en seis grupos o mesas, cada una de las cuales está coordinada por un moderador que además propondrá las conclusiones de su área. Los asistentes envían previamente su ponencia y la presentan con el consiguiente debate durante unos veinte minutos. Total, dos mañana de duro trabajo. Además, y esto es lo más importante para los lectores: todo el material está a disposición del público interesado, en las siguientes direcciones: 

Descubriendo la auditoría

Hoy se ha celebrado en Barcelona la IV Jornada de Auditoría del Sector Público, con el sugerente título AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL: NUEVOS RETOS. Un encuentro promovido por el Col.legi de Censors de Catalunya que preside Daniel Faura. Se trata de un foro de los profesionales de la auditoría que en Cataluña tienen una especial tradición de colaboración con el sector público; quizás más que en otras CCAA del Estado. Fue quizás la autoridad de Ferran Termes, que fue vicepresidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y Síndico durante diecisiete años (de ellos, once como Síndic Major en la etapa de consolidación). Así, en el informe relativo a la Cuenta General de las Corporaciones Locales de Cataluña (1994) abrió un debate vivo sobre la propia incapacidad institucional “claramente insuficiente para llevar a cabo el control externo de la actividad financiera municipal de forma adecuada” dado el elevado número de entidades a fiscalizar. La polémica todavía dura y ya hemos tenido ocasión de presentar en esta bitácora la demanda de muchas organizaciones públicas y privadas, para avanzar hacia una ley de auditoría municipal.