Durante casi dos décadas, los funcionarios de las Instituciones españolas de Control Externo se reunían en unas jornadas técnicas, con exigencia preceptiva de ponencia y discusión. Era una buena manera de actualizar, con regularidad, conocimientos de forma participativa y dejando mucho material para estudio posterior. Sin una razón clara, los encuentros dejaron de realizarse desde 2004, hasta esta semana que la venerable Cámara de Comptos de Navarra, que dirige Helio Robleda, ha tomado el relevo.

Asistí por primera vez al encuentro de Las Palmas, en octubre de 1996, donde se incluía un apartado de fiscalización de Universidades. Dejé entonces constancia las principales aportaciones en la sección -Normas y Tributos- que llevábamos los lunes -Sevach y yo- en el diario Expansión. He encontrado dentro del librito de las conclusiones el recorte de prensa, convenientemente doblado, como puede verse en la imagen superior, con un Rajoy más joven.

Pude comprobar en las siguientes ediciones –Toledo’1999; Barcelona’2001 y Sevilla’2004- que el procedimiento era ejemplar y así dejé constancia en la revista Partida Doble: los funcionarios se agrupan de media docena de mesas de trabajo temáticas donde exponen sus comunicaciones moderadas por un coordinador. En torno a diez minutos por asistente, lo que obliga a tener trabajado el material. Un grupo de sabios agrupaba y resumía todas las conclusiones de las diversas áreas que eran asumidas literalmente por el comité organizador y remitidas a los parlamentos e instituciones de control.

Hasta ahí todo muy pulcro y democrático. Pero recuerdo que hubo algunas conclusiones que no eran pacíficas para los consejeros o síndicos que, sin embargo, las hacían suyas. Por ejemplo esta de 1996: “Las cuentas de todas las entidades públicas deberían ser auditadas anualmente y con anterioridad a su aprobación” que produjo un intenso debate pero sobrevivió, entre otras cosas porque es un deseo lógico pero casi imposible de llevar a la práctica.

En 2001 se concluyó lo siguiente: “Al igual que en otros sectores –vg: concursal- debería estudiarse la posibilidad de establecer un sistema de habilitación para poder ejercer la actividad profesional auditora –privada-en el ámbito de la Administración Pública, que considere criterios como la experiencia, la formación específica, etc.” Para el Tribunal de Cuentas de España, tan poco favorable a la presencia de auditores privados en el sector público, cosas así significan un retroceso.

Esta semana, la Cámara de Comptos está siendo el anfitrión del encuentro que se ha estructurado en seis áreas temáticas: tres sectores diferenciados (Entidades locales, socio-sanitario y educativo) y otros tres metodológicos (contenido jurídico de los informes, los riesgos de en época de crisis económica y cómo mejorar la realización del trabajo fiscalizador y de los informes).

En una entrada posterior presentaremos las conclusiones del Encuentro.

Arriba a la izquierda, Fermín Erviti hace de maestro de ceremonias en la inauguración. A la derecha, la mesa de fiscalización de universidades coordinada por Jesús Muruzabal. Abajo a la izquierda, Luis Ordoquí presenta a los coordinadores de las mesas que avanzaron las conclusiones. A la derecha, algunas ponencias seleccionadas para la clausura. En este caso, el Peaje sombra a cargo de Eloy Morán.

Hace unos días y coincidiendo con el inicio de la pasada campaña electoral, el Catedrático de la UB, Joaquín Solé Vilanova, calificaba la situación financiera de nuestros municipios así: “entre delicada y alarmante (o incluso catastrófica), pasando por las categorías de grave y muy grave”. En un esquemático pero contundente artículo publicado en La Vanguardia, concluía: “Para algunos ayuntamientos las medidas que adoptar van a ser muy duras. Por esta razón, lo primero que se requiere al gobierno municipal es estar convencido de que se desea solucionar el problema financiero, cualquiera que sea el coste”.

No es ninguna novedad que los informes del sector local de los OCEX, a partir del ejercicio 2006,  van presentando un empeoramiento de la situación financiera municipal, con una caída de los ingresos relacionados con la actividad urbanística, una contracción del gasto de capital (no así del gasto corriente), un aumento de la deuda con la consecuente disminución de la capacidad de endeudamiento.

Una situación difícil. Por si fuera poco, hace un mes, el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias pactaron reducir el déficit de los municipal hasta el 0,3% del PIB en el 2012 y el 0% en el 2014. ¿Es un escenario realista?

El catedrático de Economía en la Universidad de Oviedo, Javier Suárez Pandiello, entendía que la fórmula para evitar la ruina pasa por combinar buenas dosis de racionalidad, eficiencia y un control exhaustivo del gasto: ”Teniendo en cuenta las tensiones en el control del déficit público del Estado y el de las CCAA, esto sólo se arregla con ajustes fuertes en los gastos y con gestión, gestión y gestión“.

Sin embargo, queda pendiente aprobar una ley que defina las competencias y resuelva la financiación de los ayuntamientos. En una reciente entrevista, el Conselleiro Maior gallego, Luciano Fariña, reconocía que la sostenibilidad financiera está seriamente amenazada y su viabilidad futura depende del ajuste en el gasto.

Pero volvamos a los datos.

Sector local en Navarra

En el informe de la Cámara de Comptos sobre el sector local-2008, se advierte de un aumento de los gastos, disminuyendo los ingresos. Así, comparando la situación financiera del Sector Público Local entre los años 2008 y 2007 presentaba un cuadro sombrío:

• Disminución en un 23 por ciento del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Pese a este decremento, los ingresos corrientes aumentaron en un 5 por ciento.
• Aumento de los gastos de funcionamiento en un ocho por ciento, en mayor medida que los ingresos corrientes, por lo que el ahorro bruto generado en 2008 fue un 12 por ciento menos que en 2007. Esto, unido a que la carga financiera aumentó en un 11 por ciento, provocó que el ahorro neto de 2008 fuera un 23 por ciento menos que en 2007.
• Las inversiones de 2008 fueron un 22 por ciento menos que las realizadas en 2007. La disminución del excedente de recursos ordinarios supuso el aumento de otras fuentes de ingresos para financiarlas. Así, los ingresos por deuda financiera aumentaron en torno a un 30% y también se recurrió en mayor medida al remanente de tesorería para gastos generales; en 2007 se emplearon 33 millones frente a los 52,7 millones de euros en 2008.

La situación empieza a ser preocupante porque un aumento de la deuda (y por tanto de la carga financiera) con disminución de los ahorros de recursos ordinarios, limita la posibilidad de acometer inversiones no subvencionadas. Por otro lado, el mayor crecimiento del gasto corriente frente al ingreso corriente origina la disminución del ahorro bruto y neto desde el 2006 al 2008.

En definitiva: una disminución del remanente de tesorería para gastos generales dado que los ingresos de un ejercicio no son suficientes para atender los gastos del ejercicio y se recurre a ahorros generados en años anteriores

La puntilla

A esta escasez de recursos locales, la Directiva de Servicios había venido a dar al puntilla, al sustituir la exigencia de “autorización” por la Declaración Responsable/Control Posterior en muchas actividades que no comprometan intereses urbanísticos o medioambientales sustantivos, lo que trae consigo una merma en los ingresos tributarios derivados de las tasas locales.

Tras la reforma operada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que dispuso la  Reforma del TRLHL, (RDLeg 2/2004, de 5 de marzo) en la letra i) del artículo 20.4 que legitima la exigencia de tasas por el:

“Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos, así como por la realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo.”

Sin embargo, el nuevo escenario comporta una actividad municipal de distinta naturaleza (comprobación) y distinto coste, por lo que habrá de tener en cuenta que las tasas no podrán exceder el coste global de tal labor, y el principio de proporcionalidad.

A continuación incluimos una reseña de algunos cursos que se celebran en los próximos meses y relacionados con la fiscalización de los fondos públicos.

Auditoría y fiscalización de la contratación pública. Colegio de censores jurados de Cataluña.

Fecha: 7 de junio de 2011

Celebrada en: Colegio de abogados de Barcelona. Barcelona

Temario destinado al análisis de las formas de colaboración público-privada y las diversas experiencias nacionales e internacionales.

Programa

Experiencias prácticas de innovación del modelo de control de la actividad económica y financiera del sector público. Audiencia de Cuentas de Canarias

Organiza: Universidad de verano de Maspalomas. Maspalomas (Gran Canaria)

Ver reseña de la anterior edición

Programa

Matrícula: aquí a partir del 1 de junio.

IX Encuentros Técnicos de Instituciones de Control Externo. Cámara de comptos de Navarra.

Fecha: 26 y 27 de octubre de 2011

Se celebra en: Instituto Navarro de Administraciones Públicas de Pamplona

Organiza : La Cámara de Comptos de Navarra, en colaboración con el resto de instituciones de control

Programa

Metodología: 6 grupos con un máximo de 25 personas cada uno, que celebrarán tres sesiones para discutir temas de interés sobre las materias seleccionadas, durante 5 horas y media de reuniones. Para saber más: ver reseña del encuentro 2001.

Grupos: Fiscalización de: la gestión socio-sanitaria, la gestión educativa y de universidades, entidades locales, los riesgos en época de crisis económica, el contenido jurídico de los informes de fiscalización y cómo mejorar la realización del trabajo fiscalizador y de los informes.

X Jornada de Contabilidad Pública. ASEPUC

Fecha:28 de octubre de 2011

Organizada en: Departamento de Contabilidad y Gestión, Universidad de Málaga. Málaga

Plazo comunicaciones:15 de septiembre de 2011

Plazo inscripción: 10 de octubre de 2011

Responsable: Daniel Carrasco Díaz

Programa

Otros: ver programación de la fundación FIASEP

La Cámara de Comptos de Navarra aprobó ayer un interesante informe de fiscalización sobre la aplicación de la ley de dependencia en navarra (2009-2010) que analiza el importante volumen presupuestario destinado a esta política social, así como el alto número de solicitudes y beneficiarios.

Recuerdan los auditores navarros que la Dependencia constituye uno de los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar y está configurada como un sistema garantista en que las personas pasan a tener derecho a determinadas prestaciones sociales apoyadas en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad. 

Coincidiendo con la aprobación de la Ley estatal de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Ley de Dependencia), se aprueba en Navarra la Ley Foral de Servicios Sociales, que configuró un sistema de protección social garantista de derechos de los colectivos afectados. En este sentido, la normativa foral supera las previsiones de la legislación estatal al contemplar en su ámbito de aplicación no sólo a las personas valoradas como dependientes sino también al resto de personas destinatarias de los servicios sociales.

Calendario de la Dependencia

La Ley de Dependencia es una norma amplia, que contempla diversas situaciones y grados de dependencia, que regula un procedimiento y un calendario para su progresiva implantación, estableciendo un catálogo de prestaciones y definiendo un sistema de financiación de la misma. Esta ley entra en vigor en 2007 aunque está previsto su completo desarrollo en 2014, de acuerdo con el siguiente calendario:

En la actual coyuntura económica, este sistema constituye uno de los instrumentos esenciales de los poderes públicos para garantizar la protección de uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Desde un punto de vista economicista, su definitivo desarrollo e implantación requerirá la aportación de un conjunto relevante de recursos públicos, aspecto este complicado en la actual coyuntura de la economía nacional y foral.

Organización administrativa

Este progresivo desarrollo y las propias dificultades prácticas de su implantación ha exigido de las Administraciones Públicas, en general, y de la Navarra, en particular, una adaptación continua de sus estructuras organizativas, funcionales, personales y procedimentales para lograr la máxima eficacia en tal desarrollo.

Al objeto de responder lo más adecuadamente a tales exigencias, el Departamento y la ANDEP se han dotado de un manual de procedimiento que regula los trámites básicos del reconocimiento de las ayudas y servicios para la dependencia. El procedimiento diseñado, de acuerdo con la normativa estatal que lo regula, es complejo, contempla mucha documentación que hay que revisar y contrastar –tanto en fuentes internas como externas-, requiere la elaboración de cálculos y valoraciones económicas y, además, dentro de su vigencia, debe verificarse el mantenimiento de los requisitos y la evolución del grado de dependencia.

Plazos

Desde enero de 2009 hasta junio de 2010, el plazo marcado por la legislación foral para el proceso de reconocimiento, valoración y elaboración del PIA era de seis meses, sumándose otros cinco meses para empezar a percibir la ayuda o prestación; es decir, en total, once meses, aunque el derecho a la prestación económica se generaba desde el mismo momento de la presentación de la solicitud.

Con carácter general, se está cumpliendo de una manera razonable con el anterior plazo de 11 meses establecido en la Cartera de Servicios, aunque la variedad de prestaciones hace muy difícil llegar a una conclusión general.

Después de junio de 2010, el plazo de tramitación del proceso de valoración y asignación de prestaciones y ayudas se fija, por la normativa estatal, en seis meses, siendo este plazo el que marca la fecha para el derecho a las prestaciones, eliminándose la retroactividad de las prestaciones económicas y reconociéndose a la Administración el pago fraccionado de las mismas en un plazo máximo de cinco años; en Navarra, esta posibilidad de fraccionamiento ha desaparecido con la aprobación de Ley Foral 1/2011, de 15 de febrero, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.

Este plazo de seis meses exigirá de la ANDEP un mayor esfuerzo administrativo para su cumplimiento, si bien la eliminación de la retroactividad facilitará su tramitación. Además, recuerda la Cámara de Comptos que desde enero de 2011 se implantará la protección a la dependencia moderada de nivel dos.

Desde 2007 hasta junio de 2010, se han presentado un total de 31.337 solicitudes para su valoración de dependencia; de este número, un total de 29.271 solicitudes han sido resueltas y un total de 24.476 solicitudes han sido consideradas como dependientes en sus distintos grados y niveles.

En el periodo objeto de análisis, sólo tenían derecho a prestación por dependencia los valorados como dependientes severos y grandes dependientes.

De los anteriores dependientes, unos 13.100 reciben prestaciones garantizadas de dependencia: un 63 por ciento perciben prestaciones de servicios y un 37 por ciento, económicas.

A junio de 2010, se encuentran pendientes de valoración un total de 1.175 expedientes, todos ellos iniciados en 2010 –por lo que estarían dentro del plazo de los seis meses- menos dos que corresponden a 2009. Respecto a las solicitudes presentadas en 2010, ese número representa en torno al 15 por ciento.

A junio de 2010, un total de 1.584 personas que cuentan con valoración de dependencia están en tramitación, dentro de los plazos marcados, para recibir el servicio o ayuda económica determinados en el PIA correspondiente.

A partir de enero de 2011, se implantarán los servicios destinados a personas con dependencia moderada en nivel 2. En la actualidad, un total de 1.850 personas han sido valoradas en Navarra dentro de ese grado y nivel; de ellas, 586 ya estaban recibiendo prestaciones contempladas en la Cartera de Servicios.

Costes

Los sistemas presupuestarios aplicados no permiten obtener de una manera directa el gasto destinado a la protección a la dependencia definida en los términos de la ley estatal.

Este gasto directo se determina mediante la aplicación de unos coeficientes de imputación que permiten distribuir tal gasto presupuestario de forma proporcional entre el número de usuarios dependientes y no dependientes.

Así, de acuerdo con el cuadro siguiente, entre 2009 y 2010, el gasto directo en dependencia en la Comunidad Foral se ha incrementado en un 3,5 por ciento, alcanzando un importe de prácticamente 120 millones.

Estos criterios de imputación no contemplan el reparto de los costes indirectos y gastos generales.

No se ha definido un sistema de costes homogéneo en el Estado que permita identificar sus componentes y calcular el coste real de los servicios de dependencia prestados por los distintos servicios públicos.- Por ello, las cifras que aparecen en los diversos estudios o análisis sobre el gasto en la dependencia no dejan de resultar unas aproximaciones al coste en que efectivamente se incurre. Sin olvidar la importante incidencia que tal cálculo tendría en la correcta determinación de las fuentes de financiación del sistema de dependencia.

La financiación del sistema de dependencia en Navarra, como en el resto de CCAA, se efectúa mediante tres agentes: La Administración General del Estado (AGE), la Administración Foral y el beneficiario de la prestación o servicio.

Partiendo de que los diversos sistemas de seguimiento no aportan la adecuada y suficiente información sobre los costes y la financiación aplicada a la dependencia, en lo que sí están de acuerdo la práctica totalidad de los estudios analizados es que la financiación basada en aportaciones por tercios –un tercio la AGE, otro tercio la CCAA y otro tercio el usuario- no se está cumpliendo en la práctica.

Así, la AGE ha aportado al sistema de dependencia de Navarra los siguientes importes:

Por lo tanto, la estructura financiera de la dependencia en Navarra en los años 2009 y 2010 pone de manifiesto que, el Gobierno de Navarra es el principal agente financiador -con más del 60% del total-, en tanto que la aportación del Estado se mantiene, en ambos ejercicios, en torno al 18 por ciento del total.

El desfase entre el peso de financiación de los diversos agentes intervinientes se origina, en opinión del Departamento, por la desproporción existente entre el coste real de los servicios prestados y los módulos de financiación establecidos por el Estado así como por la insuficiente dotación de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado destinadas a financiar el nivel acordado.

En conclusión …

Por todo ello, esta Cámara de Comptos recomienda:

• Continuar con el proceso de mejora de los procedimientos de gestión de la protección a la dependencia.
• Estudiar la adecuación de la actual la estructura orgánica de la ANDEP a las necesidades derivadas de la aplicación integral de la ley de dependencia.
• Dotarse de un sistema de costes adecuado que soporte la cifra de gasto por dependiente en sus centros, en razón de la intensidad del servicio, y que sea oponible frente a terceros.

Lo anterior, unido a la explotación informática de las bases de datos existentes, debe permitir conocer el gasto que genera cada dependiente y sus ingresos, tanto por cuotas o deducciones como por la financiación estatal.

La Cámara de Comptos pide considerar la oportunidad de integrar todo lo anterior en un sistema contable o extracontable que refleje exclusivamente los gastos e ingresos relativos a la dependencia y cuyo saldo será expresivo del resultado que para la Hacienda Foral supone la Ley de la Dependencia.

Con frecuencia, el gestor publico que se enfrenta al informe de auditoría plantea sus alegaciones con argumentos en disculpa, defensa o justificación de las observaciones planteadas.

Como los informes van destinados al Parlamento y a la opinión pública, el gestor puede tener interés en probar (no sólo basta anunciarlo) que, en la actualidad, las deficiencias señaladas están subsanadas o se inicia el procedimiento para su arreglo.

Así, es habitual este tratamiento en materia de inventario o aplicaciones informáticas de gestión: “como se ha puesto de manifiesto al equipo fiscalizador, esta situación está subsanada con la reciente contratación de … “. A veces no es posible decir otra cosa que “se está trabajando en subsanar la carencia”. 

Pero … ¡cuidado con prometer demasiado! Los OCEX suelen hacer informes de seguimiento de recomendaciones y en algunos casos entran en el “seguimiento de las alegaciones”. Así el informe de la Universidad de Barcelona 2006-2007 incorpora el seguimiento de las promesas realizadas durante la anterior auditoría. Los resultados parecen bastante desalentadores. Ver por ejemplo la página 106 y siguientes:

Otras veces, el gestor busca resaltar la colaboración o la ausencia general de ilegalidades. Se trata un desahogo, cuyo mejor ejemplo lo encontramos en el Informe de fiscalización de RTV de Castilla La Mancha-2004, que empieza el capítulo de alegaciones (pág. 66) con esa proclama, que parece más destinada a sus colegas de los medios de información:

En el Tribunal de Cuentas Europeo encontramos un perfecto ejemplo de respeto institucional del principio contradictorio. Las respuestas de la Comisión a las observaciones del Tribunal se presentan simultáneamente en el informe. En su descripción de las constataciones y conclusiones, el TCEu tiene en cuenta la respuesta correspondiente del auditado ofreciendo su contenido en la mitad derecha de la página del informe, para que el lector tenga una valoración completa de la fiabilidad de las cuentas y de la legalidad y regularidad de las operaciones. Veámoslo:

Alegaciones que son provocaciones

Alguna vez, los gestores caen en la tentación de aprovechar el documento de alegaciones para “ajustar cuentas” con los auditores. Algunos OCEX prevén (expresa o tácitamente) la posibilidad de no publicar aquellas afirmaciones que carezcan de relación con el contenido del informe así como un cierto derecho de réplica para para rebatir en un anexo de Contestación a las alegaciones. Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en el informe Universidad Pública de Navarra 2001-2003. Allí, en la página 195 y siguientes, el Rector saliente decía lindezas (la negrita es mía) como estas:

4ª.-Finalmente, tras la lectura del Informe, cabe plantear una serie de cuestiones: ¿Quién audita a la Cámara de Comptos de Navarra? ¿Son públicos estos informes de auditoría? ¿Se presentan en rueda de prensa ante los medios de comunicación? ¿Podrían optar, el resto de organismos públicos, a ser auditados por los mismos auditores que auditan al organismo público Cámara de Comptos de Navarra? ¿Y al mismo tratamiento en la difusión de los informes de auditoría?

CONCLUSION

Tanto desde mi conocimiento de los hechos y mi experiencia personal como desde mi proceder en el ejercicio de cargo público como Rector, tengo que concluir que es una lástima que la Cámara de Comptos de Navarra, además de realizar los correspondientes informes de fiscalización, no aproveche sus medios y conocimientos para contribuir y colaborar con la Universidad Pública de Navarra, y muy especialmente en sus primeras etapas de existencia, en la mejora de los aspectos económicos, de control y transparencia de sus cuentas, y de cumplimento de la normativa contable vigente. Por el contrario, lo que se propicia y genera con cada informe de auditoría es la aparición de unos titulares informativos en los medios de comunicación que dañan y deterioran de forma desproporcionada la imagen de una institución, pública y de Navarra, de la importancia y trascendencia de la Universidad Pública de Navarra para la Comunidad Foral de Navarra y, muy especialmente, para todos sus habitantes.

Por supuesto, las afirmaciones fueron combatidas con elegancia y contundencia. Destacamos la última contestación (6ª) en la página 210:

Lo que realmente daña la imagen de la Universidad Pública no son los titulares de los medios informativos ni los informes de esta Cámara de Comptos, sino la falta de decisión de sus responsables máximos para mejorar la gestión de una entidad pública tan necesaria para la sociedad navarra y que es financiada en un 85 por ciento con fondos públicos aportados por todos los navarros.

¿Qué logró el gestor con ese ataque? Nada. Seguramente era el final de un largo enfrentamiento, acrecentado durante el trabajo de campo.

A mi izquierda, los popes de la contabilidad local: los profesores Andres Navarro, Helio Robleda, Belen González, Dionísio Buendía, Antonio López, Daniel Carrasco, Ramón Ortigosa (IGAE) y Carlos Prieto (FEMP).

Esta semana se celebra en Gijón el habitual seminario de gestión pública local, que ya va por su decimosexta edición. El programa, con doscientos inscritos, incorporaba ayer una Jornada de presentación del Proyecto FEMP: Metodología del cálculo de costes y elaboración de indicadores para la comparablidad de los servicios locales.

La FEMP ha puesto en marcha, con este proyecto, una relevante experiencia para ayudar a los ayuntamientos a implantar un sistema de costes e indicadores que les sea útil para mejorar la gestión de los servicios municipales. Se trata de un hito en el marco de las buenas prácticas de gestión pública, que se están comenzando a desarrollar a nivel internacional.

La mesa que estuvo integrada por Helio Robleda Cabezas, Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra; Antonio López Díaz, Catedrático de Contabilidad de la Universidad de Oviedo y Carlos Prieto Martín, Secretario de la Comisión de Hacienda de la FEMP, presentó las características del proyecto, navegando a través de la página. Para cacharrear un poquito podéis pinchar aquí, seleccionado abajo “entrar como visitante”.

Se trata de un arduo trabajo que debe permitir sustentar los análisis del coste y rendimiento de los servicios en las grandes ciudades, así como las memorias de gestión del nuevo PGCP y fundamentar el cálculo de las tasas correspondientes a los servicios prestados a los ciudadanos y cada vez más judicializados.

Directiva de servicios

Especial interés presentaba la mesa final sobre “La incidencia de la directiva de servicios en las ordenanzas fiscales” moderada por el Director Financiero del Ayuntamiento de Gijón, Francisco Blanco (en la foto, en el centro) y a cargo de Roberto F. Llera (Universidad de Oviedo, a la izquierda) y Carlos García (Ayuntamiénto de Leganés, a la derecha).

Los ponentes realizaron un análisis económico de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que se traduce en España en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley paraguas) y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley ómnibus) que se deben concretar en Leyes autonómicas, Reglamentos, Ordenanzas municipales aunque también en ordenanzas fiscales.

El profesor Fernández Llera recordó que desaparece la obligación de solicitar algunas licencias municipales y, en consecuencia, se modifican las tasas relacionadas con ellas (Tasa por control posterior de la apertura de establecimiento comunicada-mediante declaración responsable o comunicación previa) siendo previsible una merma recaudatoria. Ya sabemos que cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la citada Ley 17/2009 rige lacomunicación previa o a declaración responsable, así como el sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

Carlos García insistió en que la Entidades Locales están obligadas a adaptar su normativa a la Directiva de Servicios, pese a que la adaptación estatal y autonómica no se ha producido. Ello implica el desarrollo de todo un proceso de control a posteriori de las actividades. “Hay que realizar tanto comprobación como inspección” afirmó. La segunda es una manifestación de la actividad de policía o sancionadora y sólo la primera devenga tasa. Recordó que debe extremarse el cuidado en su cálculo, pues el control jurisdiccional de los fundamentos económicos de la tasa es severo, pues su cuantía no puede superar el coste del servicio o la actividad.

Las consecuencias de la aplicación de la Directiva de Servicios suscitan enorme interés. En una extraordinaria ponencia del Magistrado David Ordóñez, que se acaba de celebrar en el seminario, se insistía en que toda actividad económica está permitida salvo que haya una prohibición expresa. Y concluía reflexionando:

“Pero es que cualquier régimen de autorización queda ahora bajo sospecha y, por ejemplo, en los procedimientos de autorización, salvo que se justifique expresamente, los efectos del silencio deben ser por regla general positivos. Asimismo, se impone el principio de simplificación y de facilidad de modo que es la Administración la que debe poner a disposición de los ciudadanos y de las empresas toda la información sobre aquellos supuestos excepcionales en que sea precisa una autorización. En fin, el nuevo régimen de la Directiva de servicios pone de manifiesto la necesidad de aplicar intensamente el principio de colaboración entre las Administraciones, de las españolas entre sí y respecto de las demás Administraciones europeas.

No hay duda de que durante un tiempo importante, desde el 28 de diciembre de 2009, el régimen local español ha quedado en parte muy disminuido y los riesgos de incumplimientos o de pérdidas de ingresos son muy reales a falta de una apropiada cobertura normativa, que deriva de la legislación estatal básica, de la legislación autonómica de desarrollo y de la propia regulación reglamentaria local.

En suma y aun cuando la aventura ha resultado estimulante el paraguas se ha quedado escaso y no ha impedido que nos empapemos y el ómnibus ha cargado con más de lo que podía soportar, por lo que no es extraño que el viaje haya sido menos provechoso de lo que debiera haber sido. Una aventura estimulante que aún no ha terminado y cuyos medios, desde el paraguas hasta el ómnibus, han sido menos efectivos de lo que hubiera sido deseable. Obviamente, parece que no hay duda de que en el España de las Autonomías nunca llueve a gusto de todos y no todos quieren ir al mismo sitio y en el mismo medio de transporte”.

David Ordóñez, en el centro

Los grupos políticos navarros mantienen desde hace años un intenso debate sobre la inclusión -o no- dentro de la información periódica sobre endeudamiento que debe remitir el Gobierno al Parlamento foral. En abril pasado, se llegó a una fórmula de compromiso: decidieron, de manera unánime, pedir a la Cámara de Comptos la elaboración de un informe de fiscalización sobre los aspectos financieros, económicos y de amortización de los denominados “peajes en la sombra” que en estos momentos se están pagando con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra y que ya había sido objeto de otro informe singular.

Pues bien, la Cámara de Comptos de Navarra acaba de publicar ese informe, donde analiza la figura del Peaje Sombra en la Comunidad Foral y llega a una solución algo salomónica. Formalmente no computa pero es una deuda como un pino de grande y debe tenerse bien presente, porque hay que pagarla en el futuro y, además la normativa puede cambiar. Veámoslo.

¿Que es es peaje sombra?

Mediante el llamado peaje en la sombra, la Administración adjudica a una empresa privada la construcción, y normalmente la gestión y mantenimiento de una infraestructura, y le retribuye mediante un canon anual en función del uso de la infraestructura.

Esta herramienta se ha utilizado con profusión en la construcción de vías de comunicación y en el sector sanitario, normalmente para proyectos que requieren un importante gasto de capital, su período de amortización es dilatado y el principal comprador de los servicios es la Administración.

Se trata de un modelo de Colaboración Público Privada surgido como forma de eludir los compromisos de endeudamiento y déficit vinculados a la normativa de estabilidad presupuestaria nacional y – sobre todo- comunitario, a través del Sistema Europeo de Cuentas -SEC95. En la elaboración de esta normativa juega un papel esencial la “Oficina Estadística de la Unión Europea” (EUROSTAT) y en España, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que es la encargada de elaborar las cuentas públicas, siguiendo los criterios de contabilidad nacional.

Las actuales directrices de EUROSTAT señalan que no debe computar a efectos de déficit si la empresa privada asume el riesgo de construcción y uno de los otros dos riesgos (disponibilidad y demanda), como hemos presentado en otra entrada de esta bitácora.

El análisis de los auditores

En el caso de la Autovía del Camino, que es la única terminada, el Gobierno Foral pagó en 2009 un total de 37,57 millones, un 17% más de previsto, debido a un mayor tráfico. En los tres años de funcionamiento (desde 2007) el Ejecutivo ha abonado 18 millones más de los que se habían calculado en un principio, lo que reporta en beneficio para la empresa gestora, cuando no preveía beneficio alguno hasta el quinto año de funcionamiento de la autovía.

El Ministerio de Economía y Hacienda ya consideró que las actuaciones vigentes en Navarra financiadas mediante peaje en la sombra cumplían los requisitos señalados por EUROSTAT para no computar como deuda a efectos de lo señalado en el SEC 95. Sin embargo, la Cámara de Comptos avanza que los proyectos de modificación de las normas contables, todavía no aprobadas en el ámbito estatal, “están contemplando un cambio en la consideración del peaje en la sombra, al entenderlo como un arrendamiento financiero y, por tanto, con efectos en el déficit y la deuda pública”.

Lo mejor de todo lo encontramos en la página 17, párrafo de abajo del todo, con el que concluimos:

En el fondo, el peaje en la sombra, aunque cumpla los requisitos establecidos por EUROSTAT, no deja de ser una operación de “ingeniería financiero-contable” autorizada para facilitar la actividad inversora de las administraciones públicas en una época de restricciones presupuestarias.

A mediados de 2009, la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra adoptó el acuerdo de solicitar un informe de asesoramiento a la Cámara de Comptos. Dimos cuenta del reto en esta bitácora, que pretendía los siguientes objetivos:

1º. Completar la rendición de cuentas de la Universidad Pública a la sociedad navarra con información relevante sobre el desempeño de la actividad realizada, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos bajo su control y la transparencia. 

2º. Analizar la evolución de la gestión económica de la Universidad Pública de Navarra.

3º. Establecer líneas de mejora para la optimización de los recursos y la gestión de la Universidad.

4º. Proponer actuaciones para la adaptación a los nuevos retos de futuro, fundamentalmente el convenio de financiación con el Gobierno de Navarra y la incidencia del proceso de Bolonia.

Diríase que se trataba de una auditoria de gestión de toda la Universidad española, debido al carácter uniforme de la institución en el Estado, de la normativa y de la prestación del servicio público de la educación superior.

La página web de la Cámara de Comptos acaba de hacer público el informe. Para apreciar la magnitud del alcance, basta ver el desglose del análisis efectuado, en 431 páginas:

1. El Espacio Europeo de Educación Superior y la UPNa
2. Estructura de gestión de la UPNa
3. Modelos de financiación
4. Sistema de costes
5. Evolución de las principales magnitudes presupuestarias y económicas
6. Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios
7. Alumnos y asignaturas
8. Investigación
9. Inversiones
10. Campus
11. Fundación Universidad-Sociedad
12. Encuestas, estudios, planes e informes sobre la UPNa
13. Ranking de Universidades

Es imposible resumir su exhaustivo contenido en unos pocos folios. Si usted tiene mucha prisa, puede imprimir las 87 primeras.

En su metodología, debemos destacar el carácter innovador, abarcando los aspectos financieros y no financieros. Desde las plantillas al análisis de la gestión de la investigación, de las encuestas de calidad percibida por los alumnos, sus tasas de éxito o fracaso o la opinión de los empresarios navarros sobre los titulados. Una herramienta fundamental para los gestores universitarios y los parlamentarios navarros. También un ejemplo de por donde deben discurrir las cosas en la rendición de cuentas universitaria, por mucho que se diga-no lo olvidemos- que es un informe de asesoramiento.

Durante los días 23 y 24 de septiembre, la Universidad de Granada acoge la edición correspondiente a este año 2010 de las Jornadas de Auditoría y Control de las Universidades. Se trata de una foro donde los funcionarios del área económica de las Universidades Públicas españolas pasan revista a los principales temas de la gestión financiera del sector.

Así, el responsable de la Oficina de Control Interno de la Universidad de Granada, Manuel Prados, nos ha preparado un programa que comienza con una conferencia inaugural que correrá a cargo del Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, Antonio López Hernández, que disertará sobre la divulgación de las memorias de responsabilidad social corporativa en universidades. Un tema de gran actualidad en el que la Universidad  debería estar en la vanguardia. El ponente está propuesto como presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Después vendrán cinco módulos sucesivos a cual más interesante, a cargo de académicos o responsables de la gestión universitaria: los modelos de contabilidad analítica para el control de eficiencia y la mejora de las transparencia, las auditorías de eficacia y eficiencia, la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el papel de los Consejos Sociales en la rendición de Cuentas o diversos aspectos de la tensión entre la contabilidad presupuestaria y patrimonial.

La conferencia de clausura correrá a cargo del Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Helio Robleda Cabezas, ex-vicerrector de la UPNA que hablará sobre la gobernanza en la universidad pública y sus implicaciones en la transparencia de su gestión.

En fin, un extraordinario programa que permite mantener al día la red y los conocimientos de los profesionales de la administración universitaria.

José Amengual Antich, Vice-Interventor General de la Comunidad Autónoma de Baleares, en el artículo premiado por la revista Auditoría Pública, califica como “espectacular” el número de nuestros Entes Instrumentales, la mitad de los cuales se rige por el derecho privado.

Es aventurado generalizar una crítica fácil sobre el número de esas entidades. Sin embargo, asistimos estos días a un debate sobre los ahorros que se obtendrían con fusiones que permitan su gestión más eficiente. Vuelve a hablarse de reducir la “Administración paralela” del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales. Es el particular Big Bang del tejido empresarial público, el péndulo que mueve siempre la política patria.

Veamos cual es el estado de la cuestión en algunas Administraciones y la calidad de sus controles.

Administración del Estado

De acuerdo con el informe anual-2008 de la IGAE, había 477 entidades que conformaban el sector público estatal a 31-12-2007. De ellas, se auditaron 388 en los planes anuales de auditoría pública en el ejercicio 2008. Se trataba de 126 entidades pertenecientes al sector público administrativo, cuya auditoría realiza en su totalidad la IGAE, 224 entidades pertenecientes al sector público empresarial, auditadas mayoritariamente por firmas privadas, ya que en su mayor parte son sociedades mercantiles estatales sujetas a las disposiciones de la normativa mercantil y 38 fundaciones del sector público fundacional, cuyas cuentas audita mayoritariamente la IGAE.

En los últimos años hemos presenciado un importante crecimiento de las empresas y fundaciones públicas en CCAA y Entidades Locales. Los últimos informes de auditoría de los órganos de control externo, lo confirman. Veamos algunos.

Navarra

En la Comunidad Foral, de acuerdo con el informe de la Cámara de Comptos sobre a Cuenta General-2008, existían 39 sociedades controladas de forma mayoritaria por el Gobierno. Todas las empresas están auditadas, siendo la opinión favorable en 25 de ellas y presentando salvedades otras 10. La deuda de las empresas públicas asciende a 162 millones.

Durante los últimos años, Comptos ha venido pidiendo la reordenación de los Entes Instrumentales. En concreto en el informe correspondiente al ejercicio 2008, antes citado, recomienda (pág. 4):

Avanzar en el proceso iniciado con la aprobación de la Ley Foral de creación de la Sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra en la racionalización del sector público empresarial, considerando los principios de eficiencia, economía y eficacia en la prestación de servicios por las empresas públicas.

Andalucía

De acuerdo con la fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2008, la Comunidad contaba con los siguientes Entes Instrumentales.

Organismos autónomos y agencias.- El volumen de fondos gestionados por los OOAA y agencias de la Junta de Andalucía durante el año 2008 ascendió a 11.324 millones de euros (suma de obligaciones reconocidas por todos OOAA y agencias), lo que supone un incremento respecto al ejercicio 2007 de un 17,5%.

Entidades empresariales públicas.- El sector público empresarial de la Junta de Andalucía, a 31 de diciembre de 2008, lo conformaban 172 entidades empresariales (26 más que en el ejercicio anterior), que percibieron 3.835 millones de euros, con un aumento del 21,5% respecto a 2007. La plantilla media total fue de 21.310 trabajadores.

Fundaciones públicas.- En la Cuenta General andaluza se recogen 21 fundaciones, con plantilla media total de 4.670 empleados.

Islas Baleares

De acuerdo con el último informe de la Sindicatura de Islas Baleares, el conjunto de entidades dependientes de la Administración general, está formado por:

• 16 entes de derecho público (todos con salvedades-cuadro pág. 65)
• 11 sociedades mercantiles con participación mayoritaria (10 con salvedades- cuadro pág 66)
• 13 sociedades mercantiles con participación igual o inferior al 50%
• 13 fundaciones dependientes (4 favorables, 8 con salvedades y una denegada, cuadro pág. 69)
• 15 consorcios dependientes (2 no rindieron)
• 84 consorcios para infraestructuras y servicios (14 no rindieron

Comunidad valenciana

Las 37 fundaciones de la Generalitat valenciana presentaron, durante el ejercicio 2008, salvedades de diverso alcance (Informe, pág. 40). Sus 53 sociedades mercantiles públicas, según el informe de la Sindicatura (cuadro página 32) tenían opinión de auditoría mayoritariamente con salvedades (44 informes con salvedades, 8 sin salvedades y una sin auditoría).

No magnifiquemos las salvedades, por lo general relacionadas con incertidumbres o la ambigüedad de los criterios contables. Por eso, cada vez se depura la normativa aplicable. Veamos un ejemplo de ayer mismo.

Regulación de los aspectos contables de las empresas públicas

La importancia de las sociedades mercantiles de titularidad pública es tal que exige adaptar muchos de los criterios contables privados. El BOE de ayer publicaba la Orden EHA/733/2010 por la que se aprueban las normas sobre determinados aspectos contables de las empresas públicas, en el marco del nuevo Plan General de Contabilidad, para regular el deterioro del inmovilizado material cuando operan condicionadas por circunstancias que les impiden generar flujos de efectivo.

Las entidades que integran el sector público empresarial, Estatal, Autonómico y Local deben aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121.3 de la Ley 47/2003, de 26 de diciembre, General Presupuestaria, en el artículo 200.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las respectivas normas que regulan esta materia en el ámbito autonómico.

La elaboración de unas normas contables específicas para determinadas empresas públicas viene motivada por las especiales características de algunas entidades que forman parte del sector público empresarial, sometidas a la obligación de elaborar sus cuentas anuales de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, y por la propia necesidad de aclarar determinados conceptos del nuevo Plan que afectan de forma significativa a estas entidades.

En este sentido, si bien estos sujetos contables no han requerido aclaraciones adicionales a las suscitadas por las restantes empresas a la hora de formular sus cuentas anuales con los nuevos criterios del Plan General de Contabilidad, no es menos cierto que la aplicación práctica de las reglas del deterioro a determinados activos de ciertas empresas públicas se ha revelado como una cuestión especialmente problemática por no ajustarse, en muchos casos, a las especiales características de los activos en cuestión.

En particular, quedarán incluidas en el ámbito de aplicación de la norma las entidades especialmente creadas para la construcción y/o gestión de infraestructuras y otros activos destinados a la prestación de servicios públicos sin ánimo de lucro. Al objeto de precisar este supuesto de especial relevancia, en la norma primera se introducen las definiciones de infraestructura y servicio público.

El senador independiente Navarro, Patxi Tuñón, es uno de los 56 senadores que acceden al escaño nombrados por las comunidades autónomas. Se trata de una designación que generó un gran consenso: tres cuartas partes de la Cámara foral. Pero no es un senador al uso. Suele hablarse de su trabajo como un “senador bajo contrato” pues, dada la gran pluralidad de las fuerzas parlamentarias navarras, debieron ponerse de acuerdo en un candidato neutral. Así, sólo responde ante la mayoría del Parlamento de Navarra, no ante ningún partido. Ya sé lo que estáis pensando: quizás así debería ser siempre …

Patxi conoce muy bien el mundo del control externo, pues fue presidente de la Cámara de Comptos de Navarra durante la década de los noventa. En su actividad parlamentaria, forma parte, entre otras, de la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas y de la Comisión de suplicatorios.

Por su interés, reproducimos a continuación el contenido del artículo publicado el pasado sábado en el diario Noticias de Navarra. sobre los riesgos de una cierta resignación ante el fenómeno de la corrupción.

La corrupción, alto riesgo para la democracia.

Por Francisco Javier Tuñón San Martín

El pasado mes de febrero tuvimos en el Senado un debate sobre la corrupción, consecuencia de una moción de la senadora María Caballero, tema que considero de la máxima importancia para la salud democrática de este país.

En esta época de confusión, donde los valores se tambalean, la corrupción es un mal endémico de la sociedad que se manifiesta en el sector privado y en el sector público. La democracia española tan joven y, por tanto, tan vulnerable, ha ido tejiendo un entramado institucional y normativo tendente a la buena gestión y control de los fondos públicos. Disponemos de órganos de control interno (la Intervención) y de órganos de control externo, el Tribunal de Cuentas y 12 Órganos de Control Externo de las comunidades autónomas, en Navarra la Cámara de Comptos; de órganos judiciales especializados y de un corpus normativo que hace que nuestras leyes persigan los delitos de corrupción.

Sin embargo, se tiene la sensación de que la corrupción persiste avivada en los últimos años por casos de gran prominencia pública (urbanismo, caso Gürtel) que se suceden. Parece que la sociedad no ha reaccionado en la medida que cabría esperar y, por lo tanto, podemos estar tranquilos, no hagamos más de lo necesario mientras existan temas más importantes como la crisis económica y el paro. Pero, cuidado, este análisis no se puede hacer desde la política partidista (aparentemente no se castiga a los partidos involucrados en casos de corrupción), porque la percepción de los ciudadanos sobre los partidos políticos/políticos se presenta cada vez más como un problema.

Creo que debemos dar más importancia a este tema porque afecta a la esencia de la democracia, porque afecta a la confianza de los ciudadanos en los políticos, porque afecta al funcionamiento de la sociedad. La honestidad y la decencia forman parte del hacer político y de la función pública, todos debemos comprometernos a respetar estas reglas sagradas; de lo contrario, debemos salir rápidamente de la esfera pública.

Actualmente hay 800 imputados en delitos relacionados con la corrupción en España entre políticos, funcionarios y empresarios, y España ocupa el puesto 32 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2009 de Transparency International; dentro de la Europa Occidental superamos a Portugal, Italia y Grecia, pero estamos por debajo de los restantes países de esta órbita y también de otros países del Este como Estonia o Eslovenia y países latinoamericanos como Chile o Uruguay.

Por lo tanto, también tenemos que cambiar la imagen de este país, España no puede convivir con la corrupción, porque si este sentimiento cala profundamente en la sociedad, es difícil extirparlo.

Un primer mensaje a transmitir a nuestros políticos es que no todo vale y tampoco que vale todo hasta que los Tribunales digan lo contrario. Por ahí vamos por el mal camino. Dice Emilio Sánchez Ulled, presidente de la Unión Progresista de Fiscales y fiscal anticorrupción de Barcelona: “Existe una confusión por la que los dirigentes políticos vinculan el principio de responsabilidad política al principio de presunción de inocencia penal”.

Objetivamente existen varias áreas de mayor riesgo, como son la financiación de los partidos políticos; la contratación, especialmente de las Obras Públicas; las subvenciones y el urbanismo.

Si una democracia no establece los mecanismos de control orgánico, control interno y control externo, normativo y parlamentario o político, habrá muchas más posibilidades de que haya corrupción. Si aceptamos líneas de sombra, opacidad o poca transparencia en la gestión y control de los fondos públicos, estaremos creando el caldo de cultivo idóneo para que las prácticas irregulares puedan desembocar en prácticas de corrupción. Siempre es mejor que reforcemos los mecanismos preventivos que los ex post.

Es necesario explicar de qué viven los partidos políticos, deben ser los primeros interesados en explicar sus cuentas, los mecanismos de control sobre sus actividades y su sistema de financiación, sin esperar los informes del Tribunal de Cuentas. El principio de transparencia es básico en las cuentas de los partidos políticos porque son la base del funcionamiento democrático. No se pueden admitir compromisos de no verificar fuentes de financiación ajenas a cambio de que no se indague en las propias. Repasemos algunas materias problemáticas.

¿Qué vamos a decir de las obras públicas? Que durante muchos años han sido han sido propicias a las corruptelas, especialmente en los años 90, donde la discrecionalidad daba paso a la arbitrariedad y a la trama de comisiones para adjudicar contratos.

¿Qué vamos a decir del urbanismo, que ha puesto en manos de los Ayuntamientos la potestad de recalificar terrenos y convertir el suelo no urbanizable en urbanizable, o realizar convenios de colaboración urbanística sin ningún tipo de control? Todo ello en un contexto de ausencia de autonomía financiera de las entidades locales, donde la construcción ha sido su principal fuente de financiación; de un urbanismo salvaje; y de una falta de control externo de los Ayuntamientos.

¿Qué vamos a decir de la facturación de servicios inexistentes o inútiles? ¿O de la creación de sociedades pantalla, para desviación de dinero, justificar una subvención o hinchar costes de una actuación pública? ¿O del desvío de dinero a entidades públicas, vinculadas a formaciones políticas?

¿Qué vamos a decir del sistema de subvenciones que, en muchos, casos, provoca una red de clientelismo ligada a intereses partidistas o redes de fraude?

¿Qué vamos a decir de lo que Emilio Sánchez Ulled llama “corrupción de alto nivel”, con una utilización ilícita de las potestades, la información (privilegiada) y los recursos públicos para aplicar a finalidades de particulares, individuales o corporativas, propias o ajenas, siempre en perjuicio del interés general?

Hay dos artículos que les quiero recomendar. Uno de Víctor Lapuente Giné, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), ¿Por qué hay tanta corrupción en España? (El País, 27/3/2009). Dice: “La principal causa es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones”. El otro de Javier Cercas, escritor que con el título Yo me bajo en la próxima (El País Semanal, diciembre de 2009) decía: “Vivimos en una democracia que propicia o tolera la corrupción permanente de los políticos”. Reflexiones dignas de tener en cuenta.

Desde la necesaria dignificación de la política y de la función pública, mantengo la honestidad de la mayoría de los cargos electos y de los funcionarios públicos, pero considero que no hay que dar oportunidades a los que consideran la política como una fuente de negocio o de tráfico de influencias para sus intereses particulares.

Si bajamos la guardia y somos permisivos con estas prácticas, estaremos socavando la democracia que, no olvidemos, hay que alimentarla todos los días.

Foto de Paco Bellido en Ginebra; Silla rota de 12 metros, obra de Daniel Benet.

Cuenta Vicenç Navarro que la metáfora de las cuatro patas de la silla, sosteniendo el Estado del Bienestar, surgió en una conversación con Josep Borrell, cuando era candidato a la Presidencia del Gobierno de España, en el año 2000. Junto a la mesa en que preparaban el programa electoral había una silla, apartada con una pata rota.

“Le indiqué al Sr. Borrell que nuestro estado del bienestar era como aquella silla: es decir tenía tres patas. Teníamos el derecho de acceso a los servicios sanitarios, el derecho a la educación y casi el derecho a las pensiones (con el establecimiento de las pensiones no contributivas). Pero nos faltaba la cuarta pata: el derecho de acceso a los servicios de ayuda a las familias. De ahí que utilizando el símil de la silla a la cual le faltaba la cuarta pata, utilice la expresión de que nos faltaba el cuarto pilar del bienestar”

La evolución sufrida por esa silla del bienestar durante esta última década plantea un escenario con incógnitas sobre la sostenibilidad en todos los pilares que la soportan. No se trata de ser pesimista sino de plantear sin tapujos la situación. Asistimos a grandes amenazas a las patas correspondientes a Pensiones (debate sobre sostenibilidad y el retraso en edad de jubilación) Sanidad (con enormes gastos sin partida presupuestaria en todos los programas autonómicos de salud o el debate del copago) y Educación (con la Universidad atravesando grandes problemas financieros en todas las CCAA, de todo signo político). Ahora, nos quedamos con la última pata.

La ley de Dependencia, ¿sostenible?

La conocida popularmente como Ley de la Dependencia, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, surge en un momento de cierta suficiencia (¿euforia?) presupuestaria en el Estado español. Su aplicación generó muchas expectativas y hoy muchas voces indican que es administrativamente complicada y financieramente insostenible.

De acuerdo con el estudio realizado por Irene Albarrán (UCIII) y Pablo Alonso (UAH) para la revista «Estudios de Economía», del que se hace eco hoy el diario La Nueva España, para el 2020 el número de dependientes con derecho a ayudas será ligeramente superior al millón de personas.

Antes (durante 2015) cuando se supone que estará funcionando a pleno rendimiento el sistema español de dependencia, su coste se acercará a los 20.000 millones de euros, importe muy superior a los 4.426 millones que esperan aportar las AA.PP. Así lo dicen:

Las estimaciones indican que los fondos que aporten tanto el Estado como las CC.AA. no llegarían a cubrir ni el 30% del coste estimado, es más: en el mejor de los casos sería equivalente a cubrir únicamente la atención de los grandes dependientes. Esto supone que los niveles de aportación del beneficiario deberían ser extremadamente altos (…) En resumen, el objetivo de lograr una atención de calidad para estas personas y lograr que el sistema sea el cuarto pilar del sistema de bienestar, supone un esfuerzo económico mucho mayor del inicialmente previsto por las autoridades económicas españolas, lo cual debería abrir el debate sobre la manera más adecuada de financiar estos servicios.

El Tribunal de Cuentas informará

La situación actual requiere poner sobre la mesa una información contrastada e independiente. El Tribunal de Cuentas de España acaba de hacer público su programa de trabajo para el ejercicio 2010. Incluye una fiscalización sobre “gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia”.

Se trata de un informe horizontal, que afecta a un conjunto de Entidades públicas y donde será necesaria la coordinación de los OCEX autonómicos, que irán incluyendo ese trabajo en sus propios programas. Algunos ya lo han hecho, como la Cámara de Comptos de Navarra (“aplicación en Navarra de la Ley de Dependencia”) y sin duda, el resto se sumarán para el año 2011.

Algunos datos sobre la dependencia

En la actualidad, la aplicación de la ley de la Dependencia supone un 0,6% del PIB, aunque se estima que para el año 2015 representará el 1,5% del PIB.

El modelo de financiación que prevé esa ley es el de tres tercios iguales: el Estado, las CCAA y los beneficiarios de la prestación. Sin embargo, la aportación del usuario, hoy por hoy  es mínima: en torno al 10% de media. Sobre la aportación del Estado hay discrepancias en función de cómo se valoran las infraestructuras ya existentes, pero a través de las dos vías utilizadas oscila entre el 20% y el 24% del coste. Las CCAA deben asumir el déficit generado, que representa una media del 60% del servicio.

La ciudadanía está perpleja con las cifras. Los gestores también. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con representación en toda España, es temida por sus informes periódicos y sufre muchas presiones por los datos que aportan en su valioso Observatorio de la Dependencia. Entre sus últimos trabajos (ver resumen de conclusiones en PDF) se concluye que, en el momento actual, el problema de financiación de la Ley no es tanto una cuestión de volumen total de recursos, como de criterios de distribución de la financiación estatal a las CCAA: “las diferencias entre Comunidades Autónomas son abismales; así, mientras algunas Comunidades participan con un porcentaje próximo o incluso superior al 50 % del coste real de las prestaciones económicas y servicios que proporcionan a sus ciudadanos, otras apenas llegan al 10 % (Murcia y Baleares), incluso una Comunidad, Canarias, no solo no realiza aportación alguna, sino que podría estar generando ingresos extraordinarios por la aportación estatal”.

El Observatorio de la Dependencia realiza las siguientes valoraciones de las CCAA, en su IV Dictamen, correspondiente a diciembre 2009:

La Agencia de Evaluación interviene

La Agencia Española de Evaluación de la Calidad y de las Políticas Públicas (AEVAL) realizó, el año pasado, un certero análisis de los dos primeros años de funcionamiento de la Ley de dependencia: 2007 y 2008. Así, entiende que la Administración del Estado  ha contribuido “de manera decisiva” al arranque del sistema, regulando en plazo y forma la normativa básica y garantizando la creación y el funcionamiento del Consejo Territorial (CT) así como unas condiciones básicas y el contenido común que permita el ejercicio del derecho en condiciones de igualdad.

Sin embargo, opina que el CT está aún lejos de ser el elemento de gobierno innovador que pretende establecer la Ley, capaz de canalizar eficazmente la necesaria cooperación de todas las Administraciones Públicas debido a carencias y problemas que, al menos en parte, serían reflejo de insuficiencias en el papel que el Estado ha jugado en el mismo. Recomienda dotarle de los medios necesarios para cumplir plenamente con las funciones que le otorga la Ley. El Tribunal de Cuentas no será tan generoso en la apreciación cuando le toque evaluar la aportación financiera del Estado.

Conclusiones de la AEVAL

La cuestión de los procedimientos de reconocimiento del derecho a las ayudas permite afirmar a la AEVAL que sus datos muestran periodos de resolución del procedimiento, en muchas CCAA, que van más allá de los seis meses.

En el aspecto financiero, denuncia que no se habían definido una serie de elementos que condicionan el coste y la sostenibilidad del sistema. Así, si bien se estableció un catálogo de servicios, no se detalló con suficiente precisión los elementos que componen cada uno de dichos servicios, la intensidad de éstos, la incidencia de la cofinanciación a cargo de los usuarios o los distintos umbrales de calidad.

Esos aspectos son esenciales para conocer el coste del sistema y, en base a ello, la contribución financiera de las distintas administraciones. La ausencia de información fiable, una vez más, hace que “en esta fase temprana de aplicación de la Ley, no se disponga de datos que permitan calibrar con rigor el incremento de la red de servicios de forma paralela a la entrada en el sistema de nuevos beneficiarios no atendidos y la suficiencia de dicha infraestructura”.

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) tiene más de 30 años de historia como institución profesional española emisora de Principios y Normas de Contabilidad generalmente aceptados y de pronunciamientos y estudios sobre buenas prácticas en gestión empresarial.

AECA emite documentos técnicos, organiza congresos y publica libros y edita ocho revistas, entre la que destaca la Revista Española de Financiación y Contabilidad. Está presente en Facebook y youtube. También integra diez Comisiones de Estudio compuestas por profesionales de prestigio, procedentes de la Universidad, la empresa, las firmas nacionales e internacionales de auditoría o consultoría, así como por técnicos de la Administración.

(Próximo congreso: XIV Encuentro AECA “Innovación y responsabilidad: desafios y soluciones“. Coimbra, Portugal, 23 y 24 de septiembre de 2010)

En la actualidad se encuentran en funcionamiento las siguientes Comisiones:

Principios Contables

Contabilidad y Nuevas Tecnologías

Contabilidad de Gestión

Organización y Sistemas

Responsabilidad Social Corporativa

Valoración y Financiación de Empresas

Contabilidad de Cooperativas

Historia de la Contabilidad

Entidades sin Fines de Lucro

Contabilidad y Administración del Sector Público

La Comisión de Sector Público

Su Presidente es Vicente Montesinos Julve, catedrático de contabilidad de la Universidad de Valencia (y exSindico Mayor de la Comunidad Valenciana) con la Secretaría de Carlos Cubillo Rodríguez, Director Técnico en la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

Durante la primavera pasada, la Comisión aprobó un interesante documento  Los Ingresos de las Administraciones Públicas del que fueron ponentes Francisco Bastida Albadalejo (Universidad de Murcia) Bernardino Benito López (Universidad de Murcia) y Eugenia Zugaza Salazar, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Con anterioridad aprobaron tres completos trabajos:

Los Gastos de las Administraciones Públicas.- Ponente del Documento: Inmaculada Lucuix, Universidad de Sevilla; Encarnación Villegas Periñan, Cámara de Cuentas de Andalucía; Juan Millán Santana, Cámara de Cuentas de Andalucía y Javier Zorzona Boy, Universidad Complutense de Madrid.

Inmovilizado no Financiero de las Administraciones Públicas.- Ponentes: D. Antonio López Hernández (Universidad de Granada) y Ignacio Cabeza del Salvador (Cámara de Comptos de Navarra).

Marco Conceptual para la Información Financiera de las Administraciones Públicas.- Ponentes: D. Vicente Pina y Lourdes Torres Pradas, ambos de la Universidad de Zaragoza

En la actualidad están en marcha otros temas de importancia significativa en el sector público, como la Colaboración Público-Privada o el Endeudamiento, que deberán aprobarse a lo largo de este año. Os dejo la foto de la Comisión de la que www.fiscalizacion.es también forma parte.

Hace ya tres años que los Presidentes de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas fijaron, en la Declaración de Pamplona, los principales criterios de sus programas de fiscalización:

… creemos recomendable priorizar las áreas más importantes desde el punto de vista presupuestario, como salud o educación, sin olvidar otras relacionadas con el bienestar social y, por supuesto, prestando especial atención a las consideradas “áreas de riesgo”, como subvenciones, contratación pública o urbanismo.

Los representantes de las Instituciones de control del Estado Español declaraban la necesidad de potenciar las auditorías urbanísticas en el marco del análisis del sector local: “Dicho objetivo, no obstante, exige una adecuada formación de los auditores públicos teniendo en cuenta que el riesgo en este tipo de auditorías está principalmente en lo que queda fuera de la documentación y las cuentas analizadas”. Concluían, en fin, que estas nuevas facetas de la fiscalización exijan la “incorporación de profesionales que no sean auditores financieros” como(arquitectos, ingenieros, técnicos medioambientales, urbanistas, etc.

Después, dentro de las Conclusiones del III Congreso Nacional de Auditoría Pública se reconoció que “ las auditorías urbanísticas constituyen una herramienta eficaz para garantizar tanto el cumplimiento de legalidad como la transparencia de la gestión urbanística”, recomendando muy especialmente fiscalizar los convenios urbanísticos. Así, la Cámara de Comptos de Navarra acaba de publicar una auditoría de los Convenios urbanísticos en la comarca de Pamplona (2005-2008) que ya fue comentada en esta bitácora y con alguna frecuencia en la Revista Auditoría Pública.

Los aspectos contables del urbanismo también fueron tratados en esta bitácora con ocasión del informe “horizontal” del TCu sobre el Patrimonio Municipal del Suelo y en la correspondiente para los informes de Andalucía y la Comunidad valenciana. Mientras se va haciendo este camino, los auditores van incluyendo en sus programas anuales de fiscalización muchos aspectos relacionados con el urbanismo.

Galicia: pocos medios, pero haberlos haylos

En Galicia, el Consello de Contas aprobó el año pasado un informe sobre la capacidad, la organización y las actividades que a las Entidades Locales les asigna la legislación sobre disciplina urbanística (ejercicios 2005 y 2006) y que evidenciaba el gran número de municipios sin un plan general de Ordenación adaptado Ley gallega (del año 2002) o la insuficiencia de medios personales para el procesamiento y el seguimiento de las licencias solicitadas y concedidas.

En un interesante repaso a las responsabilidades urbanísticas de los ayuntamientos gallegos, el Consello de Contas constató que, por ejemplo, sólo en dos de los 56 ayuntamientos estudiados se cumplía la obligación de regular mediante Ordenanza, el deber de inspección periódica de los edificios y estructuras para determinar su estado de conservación.

Y, respecto a la protección de la legalidad urbanística y sus sanciones, echaba en falta personal con formación específica (técnica y jurídica) que pueden realizar las correspondientes tareas de información y asesoramiento a los funcionarios municipales para instruir los expedientes por infracciones administrativas.

Andalucía y la adaptación de los PGOU

En este escenario, la Cámara de Cuentas de Andalucía había incluido en sus planes de trabajo un informe sobre la FISCALIZACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE 50.000 HABITANTES A LA LEY 7/2002 (LOUA), que fue aprobado durante el pasado mes de noviembre.

Su objetivo era analizar el cumplimiento de las previsiones de la citada Ley andaluza 7/2002 de Ordenación Urbanística, que establecía un plazo de cuatro años para que los planes generales de urbanismo, vigentes en el momento de su promulgación, se adaptasen a sus determinaciones. Una vez transcurrido ese plazo (es decir, el 20 de enero de 2007), los que no se hayan adaptado conservarán su vigencia y ejecutividad, pero no podrán modificarse en aspectos que afecten a la ordenación estructural o a las dotaciones o equipamientos. Además intentaría, en la medida de lo posible, determinar el coste que para los ayuntamientos conlleva este proceso de adaptación.

Adaptación

La adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística puede efectuarse de manera total o parcial. En el primer caso (total) se debe revisar el plan general y sustituirlo por uno nuevo (por ello, se suele denominar revisión-adaptación). El procedimiento es análogo al de la formulación de plan y conlleva el cumplimiento de distintos trámites que se dilatan bastante en el tiempo: acuerdo inicial, avance, aprobación inicial, aprobación provisional y, por último, aprobación definitiva por el titular de la Consejería de la Junta de Andalucía con competencias en urbanismo.

En el segundo caso (parcial) es suficiente con que la adaptación incida sobre las determinaciones que configuran la ordenación estructural del municipio. Con la intención de facilitar esta adaptación parcial, así como obtener suelo para atender a las necesidades de viviendas protegidas, la Junta de Andalucía ha dictado el Decreto 11/2008, de 22 de enero, que regula un procedimiento que simplifica y agiliza los trámites y, además, otorga a los ayuntamientos la competencia para su aprobación definitiva.

I. Tramitación administrativa de la adaptación

De los 28 municipios auditados de más de 50.000 habitantes, 16 tienen su planeamiento adaptado de manera total o parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Los 12 restantes han iniciado el procedimiento de adaptación; bien mediante su revisión-adaptación o bien de manera parcial.

En todo caso, se debe tener en cuenta que el procedimiento de revisión-adaptación es complejo y laborioso, y el cumplimiento de todos los trámites previstos en la normativa urbanística y sectorial conlleva que se prolongue excesivamente en el tiempo. Así, el tiempo medio que transcurre desde que se aprueba un plan general de urbanismo hasta que se revisa y se sustituye por uno nuevo se sitúa, como mínimo, en 12 años, de manera que los planes están más tiempo redactándose y revisándose que en ejecución.

Por eso, la Cámara de Cuentas recomienda a los ayuntamientos que inicien con la suficiente antelación el procedimiento de revisión de sus planes generales de urbanismo para evitar, en la medida de lo posible, el excesivo retraso en su aprobación.

Por otro lado, también sugiere reformar las legislaciones sectoriales con la finalidad de intentar que los informes preceptivos, así como los vinculantes, que deben emitir otras Administraciones Públicas (medioambiente, carreteras, costas, patrimonio histórico…) no dilaten en exceso el procedimiento de revisión.

Todas estas circunstancias conlleva que los planes generales de urbanismo de los municipios de Andalucía sean bastante antiguos. El 27% de los instrumentos de planeamiento general tenían más de 18 años, el 50% entre 18 y 9 años y el 23% restante, menos de esa cifra.

Esa excesiva antigüedad supone que, en muchos aspectos, el planeamiento quede obsoleto  y que, para seguir urbanizando el municipio, las propias Corporaciones se vean en la necesidad de suscribir convenios urbanísticos para facilitar la modificación puntual del plan antiguo.

Coste de la adaptación y fuentes de financiación

Se ha intentado conocer el coste que supone para las Corporaciones locales la adaptación de su planeamiento general a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. No obstante, la información obtenida no es comparable, pues en unos supuestos se han computado los gastos contabilizados por la Entidad y en otros, solo los correspondientes a los contratos suscritos con empresas externas. Así, por ejemplo, Sevilla constituyó una oficina técnica para la revisión-adaptación cuyo coste ha ascendido a 7.431.997€ y, por el contrario, los gastos reconocidos por el ayuntamiento de Linares se sitúan en 275.000€, correspondientes al importe del contrato suscrito con una empresa externa para la revisión-adaptación.

Esta situación se produce porque, sólo 3 ayuntamientos han creado un proyecto de gasto específico para controlar los imputados a la revisión-adaptación, mientras que otro ha incluido en la información facilitada tanto los costes directos como indirectos.

Para la Cámara de Cuentas, las Entidades locales deben establecer sistemas contables que les permitan conocer, en cada momento, el coste real que supone la revisión de sus planeamiento general, creando proyectos de gasto que garanticen el control y seguimiento de los mismos.

Los gastos asumidos por los ayuntamientos para la revisión del planeamiento se han financiado, en principio, con recursos propios de la Entidades locales respectivas. Dos han recurrido a operaciones de crédito para financiar los trabajos necesarios para la adaptación del planeamiento general.

Para la Cámara, es significativo que sólo 4 de los 28 municipios auditados hayan obtenido ayudas de la Comunidad Autónoma para la revisión de su planeamiento general. En todo caso, esta situación ha cambiado con la última Orden de 8 de julio de 2008, pues de los 23 municipios de más de 50.000 habitantes que, en ese momento, todavía no se había adaptado, 11 han solicitado subvenciones.

Por último, se debe reseñar que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, tras su reforma de 11 de noviembre de 2005, ha establecido que las cantidades anticipadas que se obtengan como consecuencia de un convenio urbanístico de planeamiento, deben ser consideradas como depósitos constituidos ante la caja de la Administración, sin que se pueda disponer de ellas hasta que se apruebe el correspondiente instrumento de planeamiento o se delimite la unidad de ejecución (art. 30.3.3ª LOUA).

Desde la entrada en vigor de la reforma, han obtenido cantidades anticipadas por convenios urbanísticos, al menos cinco municipios. Estas cantidades deben contabilizarse como operaciones no presupuestarias y sólo, una vez aprobado el instrumento de planeamiento o delimitada la unidad de ejecución, se podrán imputar al correspondiente presupuesto.

En tal sentido, se recomienda a las entidades locales que incorporen en las Bases de Ejecución del presupuesto los límites previstos en la legislación urbanística y especifiquen la cuenta o cuentas no presupuestarias en las que se deberán contabilizar estas operaciones (por ejemplo, “depósitos de convenios urbanísticos” u otra similar), así como la obligación de depositar las cantidades recibidas en cuentas diferenciadas, que no se podrán utilizar hasta que se apruebe el instrumento de planeamiento o se delimite la unidad de ejecución.

La situación financiera de las universidades públicas es cada vez más delicada. Durante las últimas semanas hemos asistido a una sucesión de noticias que ponían de relieve tal sufrimiento presupuestario.

Por un lado tenemos a la Universidad Complutense de Madrid, que cierra durante las Navidades para ahorrar; Por otro lado, la Universidad de Barcelona cuyo Rector clamaba en rueda de prensa: “todos nos tenemos que apretar el cinturón, pero el acuerdo de financiación se ha de cumplir“, en relación al pacto firmado el año 2006 por el gobierno catalán, que se comprometía a aportar a sus universidades 50 millones de euros el año 2008, 90 millones en 2009 y 130 millones en 2010.

Otro ejemplo es la unión de los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid para leer mañana un comunicado conjunto dirigido al gobierno autonómico y a la Asamblea de Madrid contra los recortes presupuestarios llevados a cabo para el próximo ejercicio 2010. Hoy, serán los sindicatos universitarios quienes protestarán ante la Consejería de Educación.

Retroceso

El  pacto por la educación (con su política de ayudas al estudio) y el nuevo modelo de financiación, que será presentado antes de final de año por el Consejo de Universidades, se están echando de menos. Es muy difícil alcanzar la meta de gasto que el Ministerio estableció como objetivo para 2015: el 1,5% del PIB en Educación Superior. En 2008, la inversión nacional fue del 1.35% del PIB. Sin duda, la caída del PIB (el denominador) lo ha puesto más fácil, aunque los recortes paralelos de financiación traen incertidumbre al sector .

No falta quien acuse al modelo universitario de obsoleto (por autogestionario), rígido (gasto extremadamente inelástico) o ineficiente (por proclive al gasto) pero su sistema de gobierno es el que es y no va a cambiar a medio plazo; así que tenemos la Universidad que tenemos y podemos pagar. Con estos problemas estructurales, y otros aún más graves, sigue siendo un centro de excelencia social que, como suele recordar el ilustre letrado Juan Manuel del Valle, soporta las mayores barrabasadas organizativas sin perjudicar en exceso, sino incluso potenciando, el constante crecimiento de la crema de la intelectualidad.

El caso del Parque científico de Barcelona

En muchas ocasiones la deficitaria situación ha sido propiciada por las propias instituciones autonómicas o estatales y los famosos anticipos reintegrables sin interés. Este es el caso del Parc Cientific de Barcelona, cuyo informe de fiscalización acaba de hacer público la Sindicatura de Comptes catalana, que alerta sobre la viabilidad futura de la fundación (pág. 51)  en estos términos:

“La situación financiera de la Fundación es extremadamente delicada ya que tiene un patrimonio negativo … necesita una aportación de … para poder hacer frente a los compromisos adquiridos. A la vez, esta situación puede afectar la Universidad de Barcelona”.

Últimos informes de Auditoría universitaria

Los informes de auditoría todavía no recogen la actual crisis presupuestaria. Los últimos que conocemos corresponden al ejercicio 2007, cuando las restricciones financieras todavía no se habían dejado sentir.

La próxima semana se celebra en Madrid el II Curso Auditoría y control en las universidades, organizado FIASEP. Un punto de encuentro entre auditores internos y externos para presentar las principales áreas de riesgo, así como para debatir las conclusiones de los últimos informes sobre universidades. He aquí un avance.

Navarra

La Cámara de Comptos acaba de hacer público el informe sobre la Universidad Pública de Navarra, que presenta lo que podíamos simplificar como una opinión “limpia”, a pesar de ciertas omisiones formales importantes, como no adjuntar al presupuesto la relación de puestos de trabajo de todas las categorías especificando la totalidad de costes de la misma.

En relación con la gestión de la investigación científica, destaca que, en general, la contratación del personal para proyectos de investigación se ha realizado “conforme al reglamento de contratación de personal investigador, pero en la selección de colaboradores y ayudantes de proyectos de investigación, la difusión de la convocatoria y el reducido plazo establecido para la presentación de solicitudes no garantizan suficientemente el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad en la selección de personal”.

Los Comptos entienden que “la gestión y control contable de los gastos e ingresos afectos a los proyectos y contratos de investigación es adecuada”.

País Vasco

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha publicado el mes pasado el informe de fiscalización de la actividad económico financiera de la Universidad del País Vasco correspondiente al ejercicio 2007.

En opinión del Tribunal la Universidad ha cumplido, razonablemente, la normativa legal que regula su actividad económico financiera, excepto por algunas salvedades, relativas al presupuesto, a los gastos de personal y a la contratación administrativa.

Con respecto al presupuesto, el Tribunal señala la realización de modificaciones al mismo por habilitaciones de crédito para gastos con financiación afectada e incorporación de remanentes por importe de 120 millones de euros, sin la aprobación del órgano competente. No obstante, destaca la aprobación a posteriori por el Consejo Social, de 61 millones de euros correspondientes a la incorporación de remanentes, con motivo de la aprobación del Informe Económico.

En relación al personal, se señala la falta de publicación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e investigador (en el BOPV) al tener pendiente de autorización su coste por parte del Gobierno Vasco.

Los aspectos destacados en la contratación administrativa se refieren a un contrato de licitación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, al contrato de servicios para la gestión integral de proyectos donde el servicio de arquitectura y obras no ha realizado el informe preceptivo que justifique la falta de medios personales para proceder a la contratación externa.

En relación con las Cuentas Anuales, el Tribunal considera que los estados contables presupuestarios expresan adecuadamente la actividad económica del ejercicio, con las siguientes salvedades:

-No controla adecuadamente el Remanente Específico.

-Ausencia de Información sobre las inversiones comprometidas para ejercicios futuros.

Señalar, no obstante, que el Remanente para Gastos Generales vuelve a ser negativo en 2007 motivado, principalmente, por el incremento experimentado en el Remanente Específico.

Universidades de la Comunidad Valenciana

Las universidades valencianas son objeto de fiscalización anual por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana. Este año, el informe del ejercicio 2007 puso especial énfasis en las áreas de inversiones y de contratación administrativa, que fueron fiscalizadas con mayor detalle e intensidad, con las siguientes actuaciones:

- Revisión de las modificaciones presupuestarias, así como los niveles de ejecución presupuestaria y de realización.

- Evaluación del funcionamiento de los mecanismos de control interno en relación a los gastos de inversión.

- Análisis de los aspectos esenciales de la llevanza y mantenimiento del inventario de bienes del inmovilizado.

En lo que se refiere a la fiscalización de la contratación administrativa, las actuaciones realizadas comprobaron que los procesos de contratación y tramitación de los expedientes se adecuaron a la normativa vigente, que los fondos se han aplicado a los fines previstos y que la actividad económico-financiera se había realizado conforme a los principios de buena gestión, prestando especial atención a las modificaciones contractuales realizadas durante el ejercicio.

Toda la prensa rezuma crítica sobre los escándalos de corrupción que han dejado perplejo al personal estos días …  meses … años. El diario El País en su editorial de ayer concluía: “Con los partidos en manos de una oligarquía profesional sin escrúpulos, el Estado se convierte en un objeto de rapiña y la política, en un negocio”. El Mundo, por su parte, se atrevía a formular un “decálogo para que los corruptos no nos sigan saqueando” que, entre otras, recomienda disminuir la discrecionalidad de las actuaciones de los ayuntamientos y aumentar los controles.

Los convenios urbanísticos con particulares son una manifestación de la participación privada en el desarrollo de la actividad urbanística. Se trata de una figura polémica porque ha sido la fuente de escape para la legalidad urbanística y de frecuentes escándalos. En el caso de Marbella, fueron las herramientas favoritas del gilismo.

Por eso, los auditores públicos los consideran como un área de alto riesgo por su importancia económica así como la alta discrecionalidad observada en dicha gestión, con insuficientes controles y donde, con todo merecimiento, se hace imprescindible la máxima transparencia.

Dentro de las Conclusiones del III Congreso Nacional de Auditoría Pública se reconoce que “ las auditorías urbanísticas constituyen una herramienta eficaz para garantizar tanto el cumplimiento de legalidad como la transparencia de la gestión urbanística”, recomendando muy especialmente fiscalizar los convenios urbanísticos.

Fiscalizando los convenios urbanísticos

La Cámara de Comptos, el órgano de control externo más veterano del Estado Español, acaba de presentar una interesante y oportuna fiscalización de regularidad sobre “los convenios urbanísticos entre particulares y los ayuntamientos de la Comarca de Pamplona (2005 a 2008)”.

La Comarca de Pamplona, situada en el centro de la Comunidad Foral, gravita alrededor de la ciudad de Pamplona y cuenta con 28 municipios y una población en torno a los 330.000 habitantes.

La Ley urbanística Navarra distingue los convenios urbanísticos según su objeto en Convenios de planeamiento (para la aprobación, modificación o revisión del planeamiento), Convenios de ejecución (sobre los términos y condiciones de la gestión y ejecución del planeamiento en vigor) y mixtos, si incluyen ambas características.

Conclusiones

En el periodo fiscalizado (2005 a 2008), las entidades locales de la Comarca habían firmado un total de 114 convenios urbanísticos con particulares, que les han reportado unos ingresos en torno a los 32,5 millones de euros –importe que representa el 2 por ciento del total de los ingresos presupuestarios del periodo-.De este importe, se destacan los siguientes tipos:

- Convenios de enajenación directa de parcelas del patrimonio municipal de suelo a entidades sin ánimo de lucro. Las administraciones locales han aportado prácticamente 32.000 m2 para la promoción de viviendas protegidas, ingresando por este concepto en torno a 23 millones de euros.

- Por la monetarización de la cesión obligatoria del 10 por ciento de los aprovechamientos urbanísticos han ingresado un importe aproximado a los 4 millones de euros.

Sobre el cumplimiento de legalidad en su tramitación y ejecución, esta Cámara observó las siguientes excepciones o salvedades:

- No siempre se justifica adecuadamente la necesidad e interés público/social que se persigue con el convenio; es decir, en qué se beneficia la sociedad con la actuación convenida. Justificación necesaria, además, cuando la mayoría de los convenios inician su tramitación a instancia de los particulares interesados.

- En operaciones complejas convenidas no constan estudios económicos rigurosos sobre el coste/beneficio que conlleva la actuación. Ello dificulta el análisis del necesario y preceptivo equilibrio de contraprestaciones que derivan de los convenios.

- Se aprecia claramente una política comarcal de opción por la monetarización de la cesión obligatoria del 10 por ciento de los aprovechamientos frente a la posibilidad de obtener suelo. Al respecto conviene recordar que la normativa foral señala esta opción como excepcional y siempre que se justifique adecuadamente.

- No siempre se justifican y respaldan suficientemente los informes técnicos de valoración de los aprovechamientos urbanísticos.

- Se utiliza inapropiadamente la figura del convenio urbanístico para adjudicar determinadas obras de urbanización, vulnerándose los principios de concurrencia y publicidad que exige la normativa de contratación pública.

- En los convenios que contienen pactos que afectan a bienes o derechos patrimoniales municipales, no siempre se formaliza el correspondiente expediente administrativo con los requisitos y documentos que establece la legislación aplicable a este tipo de operaciones.

- Sobre los aspectos procedimentales de los convenios, la Cámara destaca las deficiencias en la gestión del Archivo y Registro de Convenios –instrumento fundamental para el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia y del Registro del Patrimonio Municipal del Suelo –figura con importantes finalidades en la gestión del suelo-.

Un informe sobre la corrupción urbanística

Relacionado con este asunto, debemos mencionar este Informe, de la Fundación Alternativas, que analiza el alcance de la corrupción urbanística en España, al tiempo, aporta un conjunto de propuestas técnicas para cambiar el actual estado de cosas.

El Informe consta de 2 volúmenes: El primero de ellos (188 páginas) incluye un conjunto de investigaciones sobre la materia así como un listado de propuestas, destiladas en diversos grupos de trabajo, para erradicar las irregularidades y actos de corrupción urbanística en el territorio del Estado. A estos efectos, ha contado con un equipo de sociólogos que ha trabajado con 35 expertos pertenecientes a 13 colectivos profesionales así como a un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, el segundo volumen (344 páginas) es un análisis sistemático de toda la información publicada sobre urbanismo y corrupción en los últimos 7 años de la democracia española. Este conjunto de estudios ha sido elaborado por un equipo de 20 periodistas de todas las Comunidades Autónomas del Estado.

En la elaboración han participado más de 50 expertos y profesionales, entre registradores, notarios, jueces, promotores inmobiliarios, abogados inmobiliarios, economistas, arquitectos urbanistas, responsables políticos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, funcionarios relacionados con urbanismo, representantes de organizaciones ecologistas y ciudadanas, sociólogos, juristas, geógrafos y periodistas.

Durante los días 29 y 30 de octubre se celebra en la Universidad de Las Palmas las XXVII Jornadas de gerencia universitaria, que en esta edición se presentan bajo el lema de “Innovación en la Gestión y Gestión de la Innovación”. Dos días para repasar los grandes retos que tienen ante sí los responsables de la Administración Universitaria.

En palabras del Gerente de la Institución anfitriona, Conrado Domínguez: “No se trata solamente de recomendar que innoven otros, es fundamental que la propia universidad sea una institución innovadora”.

Tradicional organización desconcentrada

Aquí surge una cuestión importante: ¿Cómo lograr una sana gestión en una Institución donde el término gestor alcanza a una gran variedad de personas y donde la jerarquía nunca está clara? El Rector, elegido dentro de la Universidad, se responsabiliza de “la dirección, gobierno y gestión de la Universidad” (artículo 20 de la LOU) junto a muchos órganos unipersonales (la gran mayoría no elegidos por él) consecuencia del principio participativo: decanos y directores de departamento. La desconcentración de funciones es una característica de las Instituciones de Educación Superior en todo el mundo.

El ilustre catedrático de Matemáticas de la Universidad de Salamanca, D. Diego de Torres y Villarroel (Salamanca, 1693-1770), a mediados del siglo XVIII, se desplazó a Centro-Europa comisionado por el claustro, que también le anticipó dinero para comprar libros con destino a la biblioteca. Sin embargo, el popular académico y astrólogo (predijo la fecha y modo de fallecimiento del rey de Francia) encontró más interesante adquirir, durante su periplo, cuatro esferas del mundo, una de las cuales ven en la foto adjunta.

Dicen que, al proceder a la justificación ante algún riguroso contable castellano, éste le hizo saber que el anticipo sólo permitía adquirir libros y no este tipo de material; al ciudadano de a pie, le parece inaudita la situación, pero quienes trabajamos en el sector público tropezamos con frecuencia casos análogos. El catedrático resolvió la comprometida situación asentando en los registros oficiales la adquisición de una partida de “libros redondos”. Esta anécdota, ejemplo histórico de la facilidad para eludir controles formales por nuestros doctores, se relata a los congresistas que visitan la centenaria biblioteca de la Universidad de Salamanca al mostrarles las esferas terraqueas, que pueden ver en la foto.

No se sorprenda el lector por el relato; los científicos son parte de la materia gris de una nación y su ingenio para eludir formulismos no tiene parangón en otras administraciones. Aunque en ocasiones esos controles no son tan anecdóticos y llevan aparejada una consecuencia dramática.

El Gerente

Como responsable de los servicios económicos y administrativos de una Universidad cada día más exigente en términos de rendición de cuentas o accountability, el Gerente contribuye a la dirección estratégica de la Universidad (como miembro nato del Consejo de Gobierno y del Consejo Social). En anteriores Jornadas de Gerencia he apuntado algunas de sus características.

El Gerente debe cuidar las relaciones con todos los interlocutores internos (sindicatos y organos de representación del personal) y externos, tanto de carácter público (Consejerías, Ministerios, Administración Tributaria, Intervención General) como privado (medios de comunicación, usuarios, proveedores, entidades financieras, etc.) y, por último, prestar apoyo y asesoramiento al resto de los gestores mecionados. Y si le queda tiempo deberá promover la innovación en la gestión … Si usted cree que tiene una mala universidad, sin duda tiene un mal Gerente.

Más y más rendición de cuentas

La rendición de cuentas de las Universidades Públicas españolas presenta un fuerte énfasis en la elaboración de la información económica para la representación de la imagen fiel de la entidad. Existe un consenso en mejorar la información relativa a los servicios docentes e investigadores.

El profesor de la Universidad de Zaragoza, Emilio Martín en un reciente libro que hemos comentado aquí, presentó un análisis académico de las carencias de información en las cuentas anuales Universidades públicas. El propio Tribunal de Cuentas, en un amplio informe sobre las Universidades, presentado aquí en su momento, puso de relieve la ausencia de contabilidad analítica. A pesar de las dificultades hizo un encomiable esfuerzo para calcular una estimación.

En el ámbito del Control Interno, las Universidades tienen unidades de auditoría interna integradas en el rectorado. La nueva legislación de las Universidades canarias, como desde la década pasada la Universidad de Oviedo, han hecho depender al Interventor del órgano de supervisión financiera, que nada gusta a los Rectores: el Consejo Social, donde los académicos son minoría por mandato legal. El fin último es garantizar la independencia de la fiscalización, pero también evitar un agujero presupuestario; una posibilidad cada día más probable.

En definitiva, una Universidad navegando en un mar de tensiones presupuestarias, donde la rigidez del gasto impide cualquier decisión económica razonable y efectiva. El presupuesto para 2010 va a ser un ejercicio de imaginación que pondrá a prueba las relaciones entre Universidades y los gobiernos regionales, que no podrán obviar el inicio oficial del Espacio Europeo de Educación Superior.

¿Un modelo obsoleto?

Rafael Puyol, que fue Rector de la Universidad Complutense entre 1995 y 2003, solía calificar la estructura de toma de decisiones universitaria como “orgánicamente confusa, técnicamente ineficiente” resaltando que diluye las responsabilidades y consume más energías de las razonables. No podemos pedirle más claridad a quien conoce tan bien la Universidad.

La clase política también lo sabe. Por eso, en junio pasado, los grupos mayoritarios del Parlamento navarro solicitaron a la Cámara de Comptos la realización de un informe realmente complejo: una auditoría operativa sobre el funcionamiento de la Institución Universitaria que permita “valorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos por parte de la UPNA” y aborde el análisis del modelo de gestión económica así como los costes de las titulaciones, la oferta y demanda de titulaciones y su financiación durante la década. “Ahí es nada”: un trabajo que pondrá a prueba a los acreditados auditores públicos navarros.

Con cierta frecuencia, reaparece el debate sobre el sistema de gobierno universitario. La propia Ministra Garmendia se despachaba hace un año con un titular de prensa esa guisa, reconociendo que el modelo de gobierno “estaba obsoleto”. Hasta la Directora de Universidades del Gobierno asturiano, pidió ir replanteando a medio plazo el modelo de elección de el Rector, al menos como reflexión colectiva. No es raro en una Institución que cultiva la crítica como esencia de su misión.

La Universidad Pública Española, por su naturaleza de Administración Pública independiente vinculada a las CCAA, ostenta potestades y responsabilidades, como la transparencia, la objetividad, la imparcialidad, el sometimiento al procedimiento administrativo o al derecho.

No han faltado voces pidiendo alterar su régimen jurídico transformándolas en fundaciones de iniciativa pública. De hecho, las nuevas universidades on-line tienen esta naturaleza. El asunto tiene su enjundia por el distinto rigor de todos sus controles. Así, la Sindicatura valenciana debió aclarar al parlamento regional que la gestión de Universidad Internacional Valenciana (VIU), tenía un nivel de fiscalización muy inferior al del resto de universidades públicas a pesar de financiarse con recursos de la Generalitat. La razón: es una fundación y como tal, no es fiscalizada todos los años ni con el mismo alcance que las Universidades Públicas.

Una valoración desde el otro lado

He pedido a antiguos colegas gestores (ahora fuera de la universidad) cual su valoración global de estos aspectos, desde su experiencia actual. Para casi todos la comparación es favorable. Así, Xavier Marcet, ex-directivo de la UPC y actual consultor, la universidad, en general,  “resuelve con mayor agilidad que administraciones convencionales pero sus procesos de decisión son sinuosos  y su tempo administrativo lento”. En su opinión, la gestión económica debe ser reflejo de una institución abierta, resolutiva, eficaz y a la vez transparente. “Creo -me dice-que la universidad debería proponerse liderar los procesos de administración electrónica en general incluyendo por descontado todo lo relativo a la gestión económica”. ¿Cómo hacerlo? “No encerrándose, abriendo la mente, no usando la ley de contratos siempre como excusa para no innovar, arriesgando a favor de la transparencia“.

Para Andreu Alcover, Ex-gerente de la Universidad de Isla Baleares y hoy Teniente-alcalde (Hacienda, Función Pública e innovación) en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, la comparación de la gestión universitaria con otras Administraciones “Es muy positiva. Muy importante es el grado de descentralización conseguido, entre otros motivos, por presiones del PDI para poder gestionar de manera más directa sus propios proyectos”. Sin embargo, a diferencia de otras Entidades públicas, cree que hay muchos controles a posteriori: “Es el precio de la autonomía universitaria: Consejo Social, Tribunal de Cuentas, Ocex, Auditorías …”. Cree que las divergencias en materia presupuestaria que tienen las universidades entre sí –”unas con contabilidad analítica y otras no, unas más centralizadas que otras, unas con intervención y otras no, etc”.- son una prueba de la capacidad de adaptación e innovación que tiene la Universidad Española en la gestión que en otras administraciones no sucede.

Rafael Zorrilla, que fue gerente de la Universidad Carlos III de Madrid y hoy dirigiendo SEPES, la gestión universitaria ha ido evolucionando muy positivamente: “hoy existe información en la mayoría de las universidades. Esta es quizás una de las contribuciones mas importantes que los gerentes y gestores: que se conozcan, a tiempo, los datos económicos básicos de la institución. Todo el trabajo que se haga en esta líneas es poco. La información nos hará …. ¡Responsables!” Añade: “Si has trabajado siempre en la universidad no valoras la enorme autonomía de gestión, por ejemplo, en RRHH, en gestión de tesorería o inmuebles

En su opinión, la existencia de sistemas de financiación en las distintas CCAA apoyados en indicadores ha supuesto un avance trascendental. El control del equilibrio presupuestario por la Intervención General de las CCAA se ha generalizado en los últimos años y parece que ya no existen déficits ocultos. Sin embargo, considera “decepcionante el papel de los tribunales de cuentas“.

El creciente desarrollo del sector público instrumental es un hecho incontestable, tanto en la Administración del Estado, como en la autonómica y local. Son Entidades con personalidad jurídica propia que suelen tener encomendadas funciones o tareas de esa Administración Pública.

Se trata de un fenómeno de diversificación estructural (por lo general, a través de la forma mercantil o fundacional) caracterizado, en la práctica, por la gran variedad de sus fines y sectores de actividad. La doctrina más prudente suele criticar su uso exagerado y desordenado, así como la ruptura que suponen en los tradicionales esquemas conceptuales para distinguir lo público de lo privado.

El reciente informe del Consello de Contas ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta conocida “huída del derecho administrativo” en la Comunidad Autónoma de Galicia, con frecuencia denominados chiringuitos por su opacidad.

Galicia

El Consello entiende que la Cuenta General debería incluir la totalidad de empresas y fundaciones del sector público autonómico en el marco de un proceso de integración de la totalidad de entidades públicas objeto de control, que contribuya al adecuado cumplimiento de su rendición de cuentas.

En ese sentido, el Consello sugiere que la Intervención General debe presentar, como documentación complementaria de la Cuenta General, un resumen del plan de auditorías realizado y comentarios sobre los últimos ejercicios. Por supuesto, recomienda a todas las entidades integrantes del sector público autonómico la generalización del informe de auditoría externa para contar con una opinión cualificada y profesional sobre las cuentas anuales.

De la lectura del informe, sorprende el gran número de Entidades (así: 58 fundaciones de iniciativa pública) creadas en Galicia, que se deducen del siguiente cuadro, donde se retrata magníficamente la situación nacional:

La prensa destaca, por su mayor sensibilidad ante la opinión pública, el elevado número de contratos de alta dirección (86) de los responsables del sector público que hace al Consello de Contas instar en sus recomendaciones un “mayor control sobre las autorizaciones” de este tipo de relaciones laborales.

El informe de fiscalización asegura que, de los 244 millones adjudicados por empresas y entes públicos en 2006, el 20,8% fueron realizados sin que mediara licitación alguna. En fin, que se está produciendo un intenso debate mediático y parlamentario sobre la continuidad de estas formas de gestión.

Navarra

El reciente informe de la Cámara de Comptos de Navarra sobre la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2007 también  recomendó “racionalizar el sector empresarial y fundacional” de la Administración foral y que el Gobierno de Navarra lleve a cabo una reorganización del entramado empresarial público al existir empresas con objetivos coincidentes. En ese sentido, el Parlamento aprobó hace unos meses una Ley foral de reorganización del sector público al crear la Corporación Pública Empresarial de Navarra.

Además, el informe resume así (pág. 29)  la opinión de las auditorías realizadas en las empresas públicas:

- 24 empresas presentan opinión favorable.

- En 7 empresas la opinión es favorable con salvedades.

- En una, el auditor deniega la opinión,

Conocer este tipo de radiografías del sector empresarial contribuye a aportar a la ciudadanía un interesante factor de transparencia sobre la gestión financiera de los Entes Instrumentales.

Un buen ejemplo lo tenemos en el ámbito de la Administración del Estado. La Ley 47/2003, General Presupuestaria,  establece que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) debe remitir  anualmente al Consejo de Ministros, un informe general con los resultados más significativos de la ejecución del plan anual de control financiero permanente y  del plan anual de auditorías de cada ejercicio, con un resumen de las auditorías de cuentas realizadas, en el que se reflejarán las salvedades contenidas en dichos informes.

Entidades del Estado

El Estado ha inventariado un total de 467 entidades que conforman el sector público estatal, a 31-12-2006 . De ellas se han auditado 389, que comprenden la totalidad de las entidades obligadas legalmente, además de otras sociedades mercantiles y fundaciones del sector público estatal no obligadas, pero que se han incluido en los planes anuales de auditoría pública durante el ejercicio 2007. El desglose por sectores de las entidades auditadas es el siguiente:

- 121 entidades pertenecientes al sector público administrativo, cuya auditoría realiza en su totalidad la IGAE.

- 230 entidades pertenecientes al sector público empresarial, auditadas mayoritariamente por  auditores privados, ya que en su mayor parte son sociedades mercantiles estatales sujetas a las disposiciones de la normativa mercantil.

- 38 fundaciones del sector público fundacional cuyas cuentas audita mayoritariamente la IGAE.

El siguiente cuadro representa muy bien la opinión de esas auditorías en cada uno de los tipos del subsector administrativo:

(**) No está incluida en el total de entidades ni se incluye información sobre la entidad estatal de derecho público “Centro Nacional de Inteligencia” debido a la clasificación que recibe la información procedente de esta entidad en su normativa reguladora.

Como se observa en el cuadro anterior, la mitad de las opiniones emitidas en el ejercicio 2006 tienen “salvedades”, lo que significa que existen circunstancias que afectan a la imagen fiel del patrimonio y los resultados que las cuentas deben mostrar. Este porcentaje es inferior al del ejercicio anterior, que era del 59 %, y se incrementa, por tanto, el número de entidades con informe favorable.

Sector empresarial

Como se observa en el cuadro siguiente, el 48% de las opiniones emitidas en el ejercicio 2006 incluyen “salvedades”; un porcentaje ligeramente inferior al del ejercicio anterior, que era de un 54%. La mayoría de las salvedades responden, al igual que en el ejercicio anterior, al hecho de que algunas Autoridades Portuarias han aplicado para la contabilización de los bienes destinados al uso general el criterio de mantenerlos en una cuenta del activo, que es distinto del establecido por la IGAE al respecto, darlos de baja del balance, lo que ha dado lugar a salvedades en los correspondientes informes de auditoría:

Los grupos mayoritarios del Parlamento navarro han solicitado a la Cámara de Comptos la realización de un informe realmente complejo. Se trata de una auditoría operativa sobre el funcionamiento de la Institución Universitaria. El encargo busca rendir cuentas a la sociedad navarra sobre la “idoneidad de la gestión efectuada” desde el ejercicio 2000 hasta la actualidad, así como servir de “punto de partida para futuros cambios en la financiación por el Gobierno de Navarra o para la aplicación  del Espacio Europeo de Educación Superior”.

Para ello deberá analizar el modelo de financiación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), comparándolo con otras universidades españolas y extranjeras, y su sistema de gobierno. Para ello, tendrá que informar sobre la posición de la UPNA en todos los estudios de rankings de universidades publicados y realizar una encuesta sobre la satisfacción del mercado laboral con la formación y la investigación de la UPNA.

El estudio solicitado intentará “valorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos por parte de la UPNA” y se compondrá de los siguientes apartados:

análisis del modelo de gestión económica del centro académico; análisis de los costes de las titulaciones en el curso 2008-2009; análisis de los gastos en 2008 de los grupos de investigación, el equipamiento docente de los departamentos, el gasto corriente de las unidades funcionales de gasto no afectas, el equipamiento informático, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios (se controlará las retribuciones, indemnizaciones y horas de actividad de ambos sectores, y se les comparará con el PDI y el PAS de otras universidades) y transferencia de conocimiento; y un análisis de evolución de los indicadores de asignación de recursos a departamentos y centros de 2002 a 2008, la oferta y demanda de titulaciones y matriculación de las mismas entre los cursos 2001-2002 y 2008-2009, y los gastos por capítulos económicos y su financiación de los años 2000 a 2008.

Un informe muy ambicioso.

Rafael Puyol, que fue Rector de la Universidad Complutense entre 1995 y 2004, presentaba (diario ABC, 28 de abril de 2001) las tribulaciones de los equipos rectorales y su limitado margen de maniobra, en una organización descrita de la siguiente manera:

“Una estructura de toma de decisiones que es orgánicamente confusa y técnicamente ineficiente. Esa estructura hace inviable el rigor en la selección del profesorado, convierte en retórica bien intencionada la planificación estratégica, obliga a sacrificar lo importante por lo urgente, diluye las responsabilidades y consume más energías de las razonables”.

El Informe Bricall, en esos mismo años, realizaba un diagnóstico poco favorable de la organización universitaria, donde “prima sobre todo el debate y falta el rigor, la eficacia y la adecuada definición de órganos y funciones“.

Nuestra Universidad Pública está organizada en torno al concepto de Administración Pública y, como tal, con potestades y privilegios, pero también con enormes condicionantes, como la transparencia, la objetividad, la imparcialidad, el sometimiento a los intereses generales, al procedimiento administrativo, al derecho presupuestario o al control judicial de su actuación y de los fines que la justifican.

Pudo haberse optado por caracterizar las universidades como sociedades públicas o fundaciones, según la legislación laboral, mercantil y civil, pero no se hizo. Por el contrario, se configuró como una Administración independiente, vinculada a las Comunidades Autónomas, servida mayoritariamente por funcionarios públicos, puesta al servicio de la enseñanza y la investigación y con un marcado carácter burocrático, es verdad, lo que hace muy difícil promover la responsabilidad personal, la toma de decisiones y en definitiva con enormes dificultades para la gestión del cambio.

Cuando los Órganos de Control Externo se acercan a la Universidad Pública el aspecto que más extrañeza les produce es esa intrincada organización, con un modelo de gestión participativo “que se convierte en cuasi asambleario, por la gran cantidad de órganos de dirección y por el escaso margen de maniobra”, afirmaba la propia Cámara de Comptos en la década pasada, en que llegó a concluir:

“A nuestro entender, el marco que regula la institución no es el más adecuado para efectuar una moderna gestión de la actividad universitaria que tenga como guía los principios de eficacia, eficiencia y economía“. (Informe de Fiscalización sobre las Cuentas Generales de Navarra del ejercicio 1996. Apartado 3.3.4.1.BOPN de 20.2.98)

Otra de las experiencias de la Cámara de Comptos, también por encargo de su Parlamento, fue la denominada Auditoría Docente Externa de la UPNA, de su personal universitario y recursos. El informe (BOPN de 15-1-1998) y se pronunciaba sobre criterios de plantillas y sus departamentos (estructura, alumnos por profesor, grupo y asignatura, dedicación docente, etc.), costes y ratios (profesor/alumno por titulación, departamento y sus costes), equipamiento (gastos por áreas, aprovechamiento de infraestructuras) y previsiones de desarrollo y nuevas titulaciones (costes de implantación). En el apartado de profesorado (cumplimiento de la dedicación, incompatibilidades) decía esto, en una época donde todavía seguía creciendo el alumnado:

“La carga media general se sitúa cercana al máximo, si bien hay diferencias notorias entre los departamentos. Existe un primer bloque de departamentos en los que incluso la carga docente supera la capacidad (…) Hay un segundo bloque cercano al máximo y un tercero en el que la carga se sitúa por debajo del 80% de la capacidad docente…” (apartado VII.II.D).

En fin, que el más veterano Órgano de Control Externo de nuestro país tiene ante si un nuevo reto, que no dudo acometerá con el rigor y la independencia que le caracteriza. Por lo pronto, la decisión parlamentaria ha generado gran recelo entre los universitarios, como podéis ver en el magnífico blog de Joaquín Sevilla, cuya entrada os avanzo que se titula: Requiem por la autonomía universitaria“. Estaremos atentos.

Las leyes de estabilidad presupuestaria se remiten a las definiciones del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95) como herramienta de cómputo del logro de los objetivos presupuestarios. La implantación en las Administraciones Públicas de estos criterios pone de manifiesto aquel endeudamiento existente y que en ocasiones no tienen reflejo presupuestario, con el peligro que supone no lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Para sortear estas dificultades, fueron surgiendo toda una miscelánea europea y multitud de situaciones de contabilidad creativa o ingeniería financiera para transformar la información contable, con comportamientos inducidos, tolerados, cuando no pactados.

Así, los casos del lease-back del gobierno austriaco en sus edificios culturales o la enajenación por la Comunidad de Madrid del derecho de uso de sus embalses a la sociedad privada que gestionaba el abastecimiento de agua potable. En ambos casos, para el pago a la Administración titular del dominio, las citadas sociedades debieron endeudarse en una importante cuantía. Sus ingresos eran mayoritariamente privados, así que ese endeudamiento inicialmente no computaba, como prevé el SEC 95. Luego, la doctrina europea ha ido evolucionando …. 

Otro efecto de estos procesos es que hayan reaparecido algunas viejas figuras del Código Civil, como la encomienda de gestión y la enfiteusis.

En la encomienda de gestión, la Administración concierta, mediante la figura regulada en el Código Civil (arts. 1709 y ss), con una sociedad mercantil mayoritariamente participada por la misma un contrato de mandato para la realización de infraestructuras. El capital social suele ser compartido con una Entidad de Crédito que, además prestará la financiación de esas inversiones sin más activo de garantía que el contrato-programa o convenio que las subvencionará a través de las futuras transferencias de capital de la Administración matriz.

La Cámara de Comptos, en su reciente Informe sobre el Sector Local en Navarra, ha criticado (pág. 14) un cierto modelo de gestión del urbanismo municipal: “creando sociedades públicas cuyo capital lo aporta íntegramente el ayuntamiento. Posteriormente, esta empresa pública crea con un empresario una sociedad mixta en la que la empresa pública participa con más del 50 por ciento del capital”. La actividad de desarrollo urbanístico a realizar va pasando del ayuntamiento a la sociedad pública y de ésta a la sociedad mixta, resultando finalmente adjudicataria de la construcción el socio privado de la sociedad mixta.

Resucitan los dinosaurios

En la enfiteusis (Código Civil, arts. 1605 y ss.) la citada sociedad comprometida a la ejecución de una infraestructura, cede a la Administración su dominio útil, a cambio de percibir un canon periódico a lo largo de un plazo (la enfiteusis pura es perpetua) que permita recuperar el coste de la obra, con algún  beneficio.

En el informe sobre la Cuenta General 2006 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya volvemos a encontrar esta vieja figura, de la que se hace eco el artículo del diario Expansión. En la página 193 del informe se incluye el siguiente cuadro, en miles de euros, relativo a los censos enfitéuticos vigentes a 31-12-2006:

Para la sindicatura catalana, el asunto es claro: esta figura debe computar a los efectos del objetivo de endeudamiento pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que a pesar de la corrección, cumple la Generalitat.

Ya hemos dedicado alguna entrada de esta bitácora a las declaraciones de responsables municipales sobre las dificultades que esperan a los ayuntamientos. Sin embargo, las declaraciones del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, anteayer en Pamplona, proporcionan a la prensa un jugoso titular al afirmar que “los ayuntamientos están cercanos a la quiebra técnica“.

El regidor aragonés presentó un escenario bastante pesimista al señalar que, en cuanto a financiación municipal, “nadie quiere coger el toro por los cuernos“. Entiende que los ayuntamientos están en una situación “particularmente negativa, ya que, además de la crisis mundial, padecen una “crisis estructural”.

Según expuso, “este año se ha resuelto el tema por el Fondo Local, que por cierto es una paradoja notable, porque cuando hay crisis económica, es necesaria una gestión ágil y entonces se acuerdan de los ayuntamientos. Tenemos mayor capacidad de gestión y agilidad a la hora de hacer las cosas”, defendió Belloch mientras presagiaba que 2010 será todavía un año “peor, porque la crisis no ha tocado suelo o techo y veremos si se reproduce o no otro fondo local“. Para no perder la moral concluyó: “Pase lo que pase tenemos que ser capaces de gestionar aún mejor y más eficiente, tenemos que hacer más con menos”, dijo.

En esta situación, casi todos los periódicos suelen presentar titulares como el de arriba, del diario Expansión. Más infrecuente es encontrar referencias de grandes ciudades o capitales de provincia. Así, el digital Peatom, refiriéndose al Ayuntamiento de León, afirmaba:

Si a una financiación local insuficiente se le añade una gestión manirrota, la resolución del problema se aleja en el tiempo. El Fondo Local recientemente creado por el Gobierno está destinado a crear trabajo, obra civil, básicamente, y en nada contribuye a sanear las cuentas municipales.

En fin, que son demasiados frentes abiertos para una política legislativa sobre gestión pública. No faltará quien piense que habría que rehacer también la Ley Orgánica de Tribunal de Cuentas y adecuarla a las nuevas realidades …

Actualizar el modelo de administración local

Esta misma semana se hacía público el Informe sobre el Sector Local en Navarra, donde la Cámara de Comptos reitera que el problema no es en sí el número de entidades, sino que siga sin actualizarse el modelo de Administración Local que debe conciliar, a su vez, las actuales exigencias y demandas de los ciudadanos con una gestión pública racional:

Recomendamos la aplicación con carácter prioritario y urgente de las medidas legislativas y administrativas precisas para racionalizar la actual situación de la Administración Local de Navarra, que pueda dar respuesta eficaz y eficiente a las necesidades de los ciudadanos en el siglo XXI y cuente con los recursos financieros para conseguir este fin.

Además, la Cámara de Comptos critica (pág. 14) que el modelo de gestión del urbanismo municipal: “están creando sociedades públicas cuyo capital lo aporta íntegramente el ayuntamiento. Posteriormente, esta empresa pública crea con un empresario una sociedad mixta en la que la empresa pública participa con más del 50 por ciento del capital“. La actividad de desarrollo urbanístico a realizar va pasando del ayuntamiento a la sociedad pública y de ésta a la sociedad mixta, resultando finalmente adjudicataria de la construcción el socio privado de la sociedad mixta. Muy clarito hablan los comptos.

Arnold no sólo quiebra huesos.

Pero volvamos a la crisis. Como consuelo (eso de que “en todos lados cuecen fabes”) tenemos la noticia que publicaba ayer El País, según la cual, el Estado de California manda a casa a los funcionarios dos días sin cobrar. Lo que recuerda que los funcionarios deberíamos ser los primeros interesados en una política presupuestaria saneada:

Que tiene su continuidad en el diario Expansión, con esta noticia:

Durante los días 1 y 2 de octubre se celebró en Pamplona el III Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público. Una reunión que aglutina a los profesionales del mundo de la auditoría en España. Tiene la virtud (y el reto) de incorporar tanto a los auditores ejercientes en el sector privado como en la función publica, tanto en el ámbito interno (interventores y auditores internos) como externos (OCEX). En total asistieron 450 congresistas. Todo un éxito de organización.

El lema del congreso, “Hacia la transparencia en la gestión pública“, sirvió a las diferentes personalidades que participaron para incidir en la necesidad de avanzar en ese sentido. Como subrayó el anfitrión de los actos, el presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Luis Muñoz Garde, “la opacidad es una de las características de las instituciones no democráticas”. Los expertos han coincidido durante todo el congreso en la necesidad de colaborar para que la gestión pública sea “mejor, más transparente y eficiente para beneficio de los ciudadanos”, tal y como ha señalado Alejandro Martínez, presidente de la Fundación FIASEP, organizadora del evento. Al respecto, Efrén Álvarez, presidente del Registro de Economistas Auditores, apuntó que el nivel de exigencia de control externo para las empresas es adecuado, pero es inferior en el sector público, ha planteado la necesidad de que la legislación española se modifique “para cubrir el déficit de transparencia del sector público”. En este sentido, ha señalado también que los ayuntamientos, a partir de un determinado tamaño, deberían que presentar auditorías anuales en el proceso de rendición de cuentas al OCEX correspondiente.

Por su parte, Rafael Cámara, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, destacó la labor que realizan los profesionales de este sector, poniendo de manifiesto su deseo de que este congreso sea un punto de encuentro para avanzar, sobre todo, en un momento en el que los ciudadanos confían en que los auditores estén “a la altura” de lo que se espera de ellos. Asimismo, solicitó una colaboración “más intensa” entre los profesionales del control de las
cuentas públicas y los auditores para “ofrecer a la sociedad un mejor servicio, aportando la transparencia necesaria de la información financiera”.

El Síndico Major de Cataluña, Joan Colom, destacó que la auditoría pública española se está aproximando ya a la actividad que desarrollan otros países europeos, en los que se está aplicando un control sobre la eficiencia del gasto público. “En España se ha hecho mucho el control sobre la legalidad de las operaciones, que eso es necesario, pero también se está avanzando en el campo del control de eficacia y eficiencia, porque el ciudadano cada día demanda más que se cumpla la ley y que se gaste lo mejor posible, de manera más económica, más ahorrativa y con más eficacia”, argumentó.

En cuanto estén disponibles para su descarga las conferencias, ponencias o comunicaciones, que ha sido distribuidas en formato digital a través del correspondiente CD institucional, avisaremos oportunamente de la dirección web. Ver conclusiones.

Dicen que el talento más difícil de encontrar es el que permite reconocer y atraer a los talentosos. La organización del III Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público tuvo una idea genial para inaugurar, anteayer en Pamplona, la reunión bianual de los profesionales del mundo del control público. Comprometió al físico navarro Pedro Miguel Etxenike para ofrecer una conferencia en la que reclamó a los poderes públicos que apuesten por la investigación y se preocupen por crear un caldo de cultivo para que florezca la ciencia. Y lo hizo encandilando a la selecta audiencia. 

Antes de comenzar, Pedro Miguel Etxenike advirtió de que hay estudios que afirman que una audiencia no puede mantener su atención más de 15 minutos. Aunque el conferenciante sea brillante. Y añadió que a partir de ese momento el público se concentra en “salvajes fantasías”, así que por lo menos, bromeó, “vais a pasar un buen rato”. Sin embargo, el físico Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, desmontó ayer las predicciones lanzadas en estos informes. Su intervención enganchó a los 450 congresistas que abarrotaban la sala. Se rieron, aplaudieron con entusiasmo y disfrutaron con un científico que supo transmitir sus conocimientos a una audiencia que, como él mismo definió, “es distinguida pero no especializada”.

Tras una presentación “hiperbólica, aunque no seré yo quien se queje”, tal y como reconoció el físico navarro, y que corrió a cargo del presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Manuel J. González, Etxenike destinó 46 minutos a ensalzar a la ciencia, “la obra cultural colectiva más importante de la humanidad”. Ciencia significa “avanzar”, aseguró el físico navarra, y “es una aventura intelectual y humana”. Por todo ello, el prestigioso científico lanzó un mensaje alto y claro dirigido especialmente a las Administraciones Públicas pero sin olvidar a las universidades.

“La burocracia mata el comportamiento creativo. Los poderes públicos se preocupan por marcar objetivos a la ciencia, pero más rentable que los objetivos es la creación de un caldo de cultivo para que se desarrolle”, aseguró Etxenike, que reclamó una apuesta clara por aumentar la inversión en investigación. Es importante, afirmó, que “se convenzan de lo útil del conocer”.
El triunfo de la ciencia y la tecnología

Durante el pasado siglo XX el mundo avanzó en lo desconocido. Se dedicó a pensar. Así lo afirmó ayer Etxenike que entre otros hitos, como el desarrollo en los derechos de la mujer, el avance de los fundamentalismos o el fracaso del comunismo y nazismo, destacó el triunfo de la ciencia y la tecnología. “Se trata de aplicar el conocimiento científico para mejorar la vida humana”, señaló el físico, que advirtió de que los grandes problemas de este siglo “van a necesitar más ciencia”.

El científico aprovechó su intervención para recordar los que, en su opinión, son los tres grandes descubrimientos: el átomo, el gen y el bit. “La física cuántica fue la revolución conceptual del siglo XX y está presente en el descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN”, explicó Etxenike, que añadió que “con Darwin descubrimos que todos tenemos el mismo origen y con el descubrimiento del ADN sabemos que compartimos la transmisión genética. El secreto de la vida”.

Es posible, entonces, la capacidad de modificarse a sí mismo. Y Etxenike ofreció algunas reglas para vivir más, 500 ó 600 años. “Comer menos, pasar mucha hambre, pasar mucho frío y prescindir de las gónadas y células sexuales. Los resultados quizá no sean extrapolables al ser humano pero lo que sí sé es que de esta forma la vida se os iba a hacer muy larga “, bromeó.

Cuando lo pequeño entró en el reino de lo útil

Su conferencia llevó por título El reto de lo pequeño y Etxenike aseguró que “lo pequeño es diferente”. Y es que después de miles de años buscando lo grande, porque “era lo eficiente”, y dejando a lo diminuto el papel de “hermosas curiosidades”, a mediados del siglo pasado llegó la electrónica y con ella “lo pequeño entró en el reino de lo útil”. La nanotecnología es el futuro. Y Etxenike expuso un ejemplo con el cáncer de mama. “Hemos probado en ratones que si introducimos partículas nanométricas en un tumor éstas ponen la energía específicamente y el tumor se funde sólo”, explicó. Las aplicaciones pueden ser infinitas, “pero no se pueden prever”.

Ahora bien, de lo que no tiene duda Etxenike es de la necesidad de que los Gobiernos den más apoyo a la investigación universitaria, “que forma cabezas, forma personal y crea un clima de excelencia”. Pero no sólo con fondos sino dando un buen trato a los investigadores. “Se habla mucho de personas, pero no veo que se lleve a la práctica”, indicó Etxenike, y añadió “son la clave de todo porque las ideas surgen de lo pequeño, de la mente”. El físico aseguró que cada vez hay más robo de ideas, la ética “brilla por su ausencia”. Pero a un científico “nunca le podrá quitar el momento del descubrimiento”.

Pero, ¿qué define la ciencia? El progreso, “aprender al lado de gigantes”, el trabajo de todos los que no fueron entendidos y la creatividad. “Hay que hacer ciencia haciendo. La capacidad creativa es un activo, hay que dar confianza y tomar riesgos razonables”, indicó Etxenike, ya que “el mayor riesgo es no arriesgarse”. Y lanzó un último mensaje a los poderes públicos: “La riqueza de las naciones se debe cada vez más a la riqueza de las nociones“.

Por Manuel Lagarón Comba

El 15 de junio de 2006, los máximos representantes de los órganos autonómicos de control externo del Estado español constituyeron una conferencia de presidentes al objeto de favorecer la cooperación entre estas instituciones. Unos meses después, concretamente el 19 de octubre de 2006, dichos representantes firmaron la Declaración de Pamplona, un documento consensuado sobre la situación del control de los fondos públicos en el marco de sus respectivas administraciones.

Tal documento es todo un manifiesto en el que se hace pública la intención de abordar la importante labor encomendada por los parlamentos regionales en representación de los ciudadanos. En nuestra opinión, y tras una lectura cuidadosa del documento, entendemos que éste refleja buena disposición, sentido del compromiso y visión de futuro. De hecho, lo que más nos ha interesado de él es lo siguiente:

«Otro de los nuevos ámbitos del control de los fondos públicos tiene que ver con la evaluación de las políticas públicas en relación con el desarrollo sostenible. Vivimos en una sociedad concienciada de la necesidad de hacer compatible el desarrollo con el cuidado del medio ambiente. De hecho, la teoría de la auditoría pública ha añadido la ecología a las tradicionales Es que deben marcar la actuación de los gestores públicos: eficacia, eficiencia, economía y equidad».

Al hilo de lo anterior, y con motivo de una encuesta que por escrito dirigimos a comienzos de 2001 a todos los OCEx existentes, pudimos comprobar que la Cámara de Comptos de Navarra fue la verdadera pionera en la materia, iniciando su andadura con una fiscalización de esta naturaleza concerniente a 1995, como es el análisis de la situación de los residuos sólidos urbanos de la Comunidad Foral; o el del plan de saneamiento de sus ríos, algo posterior. Por su parte, la Cámara de Cuentas de Andalucía comenzó con un programa de recuperación y protección de la calidad ambiental referido a 1997, al tiempo que la Sindicatura de Comptes de Catalunya abordó el análisis de la eficiencia y coste de los servicios locales de recogida de basuras, correspondiente a 1998. Además, posteriormente hemos comprobado que la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha se había estrenado con un atractivo informe sobre otro programa relativo a la ordenación y conservación del medio ambiente, publicado en el año 2000, aunque relativo a 1996.

Ya en la esfera nacional, el propio Tribunal de Cuentas de España había realizado un interesante trabajo de esta naturaleza en relación con una empresa de celulosa, publicado también en el año 2000 y referente al período 1996-1997.

No obstante, desde entonces hasta hoy la situación no parece haber cambiado sustancialmente. De acuerdo con una consulta que hemos realizado a los listados de informes que cada una de estas instituciones ha consignado en sus respectivas páginas web, en el período 2001-2007, de los doce órganos autonómicos de control, son pocos los que han llevado a cabo labores de este tipo, siendo la Cámara de Cuentas de Andalucía la que, con diferencia, mayor esfuerzo ha desarrollado al respecto. Por su parte, el Tribunal de Cuentas de España, que no es firmante de la Declaración, desde entonces ha presentando tres informes de esta índole.

Por tanto, desde aquí quisiéramos, ante todo, reconocer a los distintos órganos de control la labor realizada hasta el momento en esta materia, si bien debemos animarles a que, dentro de sus respectivas competencias, sigan emprendiendo trabajos relacionados con la evaluación de políticas públicas medioambientales. Esto es extensible a las entidades que dentro de su contorno gestionen el patrimonio medioambiental; o, incluso, de la gestión medioambiental de cualquiera de sus instituciones públicas, independientemente del cometido que tengan asignado.

Para ello conviene tener en cuenta lo que, de forma perspicaz, la propia Declaración de Pamplona establece: «Evaluar esas políticas medioambientales y relacionarlas con la ordenación del territorio, urbanismo, infraestructuras, etc., es una de las vías de futuro para la fiscalización del sector público».

Estos días se han dado a conocer importantes iniciativas de formación para quienes necesitan especializarse en la gestión y el contról público.

Así, dentro de las actividades a desarrollar durante el próximo curso académico, encontramos el Master en Auditoría Pública, organizado conjuntamente por la Cámara de Cuentas de Andalucía, la Consejería de Economía y Hacienda y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) cuyo tríptico podeis descargar aquí. El curso, con una duración de 500 horas presenciales, está homologado por el Instituto Andaluz de Administración Pública.

Otra interesante iniciativa la promueve el Departamento de Estudios Jurídicos del Estado de la Universidad de Alicante. Se trata del Master en Gestión y Direción de Organizaciones Públicas, con sus variantes para el SectorPúblico y para la Administración Local. El curso semipresencial está reconocido por el INAP y por el Instituto Valenciano de Administración Pública. Más información en su página web.

Aprovecho para recordar que el mes de octubre comienzará con la celebración en Pamplona del Tercer Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público, bajo el lema “Hacia la transparencia en la gestión pública”. Podéis descargar sus características aquí. La organización corre a cargo de la Cámara de Comptos de Navarra y la fundación FIASEP. Las ponencias de la anterior edición pueden descargarse aquí.

Unos días después, el 8, 9 y 10 de octubre de 2008, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Santa Cruz de Tenerife organiza en el Centro de Exposiciones y Congresos de Puerto de la Cruz, las XI Jornadas sobre Administración Local. Descargar programa aquí y las ponencias del año anterior aquí.

Para finalizar, debemos reseñar que Administraciones en red promueve un interesante wikicalendario de “Eventos de interés para las administraciones públicas” que pronto será referencia obligada para nuestras actividadesformativas.

Hoy participo en el VIII Encuentro de Fundaciones Universitarias, en Zaragoza. Se trata del periódico seminario organizado por la Asociación Española de Fundaciones (ver ponencias de la anterior edición) que tiene entre sus alicientes, la brillante coincidencia con la EXPO.

Comparto ponencia con la letrada de la Universidad de Burgos, Ana Caro para hablar de Fiscalización de Fundaciones Universitarias. Resultados, conclusiones y recomendaciones. En este sentido, podemos concluir que la mayoría de los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas (CCAA) mantienen grandes reticencias hacia la proliferación de fundaciones públicas, en general, y muy particularmente hacia las universitarias. 

Esta es la razón del título de esta entrada. Unos ejemplos de esta desconfianza nos servirán de muestra. La primera, la encontramos en los informes del Consello de Contas de Galicia que, con ocasión de la auditoría de las universidades públicas, se manifestó así:

La Institución no debe acudir a sociedades y fundaciones instrumentales para la realización de los servicios que corresponden a los órganos administrativos, evitando utilizarlas como simples intermediarias en la externalización de trabajos (Informe de Fiscalización de la Universidad de Vigo-2003, epígrafe 5.4).

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el informe correspondiente a la Universidad Pública de los ejercicios 2000-01, nos presenta otro ejemplo al afirmar que “se debería analizar la conveniencia de mantener una entidad cuyo objeto fundacional coincide con el de la Universidad, y cuya actividad se presta con medios de la Universidad, pero sin ningún control por parte de la misma”. En el informe de la UPV de los ejercicios 98-99 había afirmado que su actividad “debe restringirse a los mínimos indispensables”.

Fundaciones públicas

Bajo cierta perspectiva, toda fundación siempre es pública, pues la normativa la sustrae a los lazos privados (vg: el “protectorado”). La normativa, en general, confunde titularidad con iniciativa, calificando de pública aquella fundación que se constituya con sotación mayoritaria pública. Sin embargo, quedan muchos cabos sueltos que deberia anudar la normativa autonómica.

Miguel Ángel Consuegra, en un brillante artículo de nuestra revista Auditoría Pública, hace un análisis de la normativa de las CCAA que sustenta la constitución de este tipo de Entidades Instrumentales, concluyendo que habrá de existir en cada caso, “la necesaria previsión normativa en el ámbito organizatorio autonómico para que se pueda utilizar la figura de la fundación para gestionar servicios de su competencia”.

El artículo 46 de la Ley 50/2002 de Fundaciones trata tres cuestiones que, sin ser de aplicación directa a las fundaciones públicas de las CCAA, se consideran como criterios generales de buena gestión pública. El citado artículo dice que la selección del personal deberá realizarse con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria; que su contratación se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad; y que los mismos principios se tendrán en cuenta cuando la actividad exclusiva de la fundación sea la disposición dineraria de fondos que provengan del sector público estatal.

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el artículo 3 amplía el ámbito subjetivo de aplicación de esa Ley, pues considera que forman parte del sector público (letra f) … las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

Con estas normas, la huida del derecho administrativo se va limitando en la gran mayoría de los ámbitos de actividad.

Fundaciones universitarias

El Tribunal de Cuentas de España, en el macro-informe sobre la Universidad española, que ya hemos comentado con ocasión de su aprobación, recordaba que el objeto social de muchos de los entes dependientes no se corresponde estrictamente con los fines universitarios. Sin embargo, reconoce que el uso de la figura de la fundación permite “desarrollar tareas encomendadas a la universidad de una forma externa a la misma, lo que, si bien permite escapar a las rigideces de la institución universitaria, lleva aparejado una pérdida de control y de la información” (pág. 65).

La mitad de los entes dependientes directamente adoptan la forma de fundación, para la realización de funciones básicas de la universidad, como la investigación o la cooperación con empresas para la integración en el mercado de trabajo de nuevos titulados. Sin embargo, entiende (pág. 65) que ello implica una cierta “externalización” de los fines básicos de la universidad con la consecuente pérdida de control:

Se observa que muchas de las fundaciones tienen su domicilio social en la universidad utilizando sus servicios y suministros sin contrapartida económica alguna. Asimismo, aunque en la dotación fundacional no figure la universidad, es habitual la realización de transferencias desde ésta al ente vinculado.

La Cámara de Comptos de Navarra, en el Informe sobre la Fundación Universidad-Sociedad 2005 censura la no aprobación de las Cuentas Anuales por el Consejo Social, revisando los procedimientos de acceso del personal, según merito, capacidad y publicidad. También analiza el Contrato-programa que liga Universidad y Fundación, la estructura del mismo, la indefinición de algunos de sus objetivos e indicadores, así como la inaplicación de mecanismos de seguimiento y control con exigencias de ciertos requisitos formales.

¿Qué ocurre con aquellas fundaciones cuya participación universitaria no es mayoritaria?

La escasa regulación en la LOU, sólo hace referencia a las fundaciones en su art. 84, en los términos siguientes:

“Para la promoción y desarrollo de sus fines, las universidades, con la aprobación del Consejo Social podrán crear, por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, empresas, fundaciones u otras personas jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable.

La dotación funcional o la aportación al capital social y cualesquiera otras aportaciones a las entidades que prevé el párrafo anterior, con cargo a los presupuestos de la universidad, quedarán sometidas a las normas que, a tal fin, establezca la Comunidad Autónoma.

Las entidades en las que las universidades tengan participación mayoritaria en su capital o fondo patrimonial equivalente quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimiento que las propias universidades”.

De la lectura del artículo se colige que la condición de dependencia estricta reduciría los entes dependientes a aquellos en los que la universidad ejerce una posición dominante, entendida ésta como la participación en más del 50 % en el capital o dotación fundacional.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas amplia el análisis del citado informe a aquellos Entes en los que la posición dominante la ejerce la universidad mediante el control en la toma de decisiones a través de mayoría en el número de patronos, votos, etc.

La doctrina del sector privado, contenida en las Normas Internacionales de Información Financiera incluye dentro del perímetro de consolidación las entidades con control o influencia significativa. Son las Leyes autonómicas de creación de OCEX quienes pueden ampliar el ámbito subjetivo de fiscalización. Un ejemplo aislado lo tenemos en Asturias, cuya Ley 3/2003 de Sindicatura de Cuentas incluye las etidades: “con participación mayoritaria o dominio efectivo, directo o indirecto”.

Recomendación final

La dificultad de afrontar estas fiscalizaciones hace que el Tribunal de Cuentas incluya entre sus recomendaciones del informe sobre la Fundación CNIO (Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III) correspondiente a los ejercicios 98-99-00 (Pág. 62) :

A juicio de este Tribunal de Cuentas, el Gobierno debería adoptar las medidas legales oportunas para que la calificación de una fundación como estatal, dependiera no sólo de la participación mayoritaria en su dotación fundacional, sino que se contemplaran alternativamente otros parámetros fundamentales tales como la composición de su Patronato o que la financiación de su actividad se realice de forma mayoritaria con cargo a fondos públicos.

La Cámara de Comptos de Navarra acaba de hacer público el informe de fiscalización de las Cuentas Generales de Navarra correspondiente al ejercicio 2006.

Se trata de un breve documento (51 páginas) donde manifiesta una opinión favorable en la ejecución del presupuesto que refleja razonablemente la actividad desarrollada por el Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos en dicho ejercicio.

Asimismo, el balance de situación consolidado refleja la situación patrimonial, con salvedades: inventario no exhaustivo ni conciliado con la contabilidad, conciliación entre los derechos registrados en el ejercicio por la Hacienda Tributaria y los devengados en la contabilidad, así como las contingencias actuariales del sistema de pensiones del personal funcionario del Gobierno de Navarra.

Por último, la Cuenta de Resultados refleja el resultado fielmente y la Memoria contiene la información suficiente para una interpretación y comprensión general de las Cuentas Generales de Navarra.

El órgano de fiscalización navarro incorpora todos los años una perla, estudiando algún aspecto de la gestión pública navarra. Este año se ha detenido en el análisis del tiempo necesario para cubrir los puestos de trabajo.

Gestión de personal

La Administración cubre sus plazas de funcionarios mediante acceso en convocatoria pública, oposición o concurso-oposición, y, en su caso, con anterioridad, la provisión se realiza en concurso de traslado entre los funcionarios.

Los procedimientos públicos requieren unos plazos para que los ciudadanos conozcan y puedan presentarse a las plazas y, sobre todo, un tiempo para preparar las pruebas, así como los correspondientes plazos de reclamación, por lo que desde que se convoca la plaza hasta que se cubre es necesario el transcurso de un periodo de tiempo. Después, se produce la propuesta de nombramiento por el tribunal y, posteriormente, el nombramiento y la toma de posesión.

A partir de las propuestas de nombramiento publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) durante el año 2006, la Cámara efectúa un seguimiento de las fechas en que se realizó la publicación del nombramiento, de las fechas en que se publicó la correspondiente convocatoria, y en su caso, de las fechas en que se publicó el concurso de traslado.

Como resumen del trabajo realizado, han obtenido los siguientes datos:

- Provisión: el plazo medio en cubrir una plaza vacante, desde que se publica la convocatoria del correspondiente concurso de traslado hasta la publicación del nombramiento y adjudicación de vacante, fue de 690 días.

- Acceso: el plazo medio en cubrir una vacante desde la publicación de la Convocatoria de la oposición, o del concurso-oposición, hasta el nombramiento, fue de 384 días.

Como puede observarse, son los plazos habituales en el sector público. Pueden parecer muy dilatados al sector privado pero es lo que hay. Felicitaciones por la perla a los auditores navarros.

El año pasado, pudimos conocer, dentro de las Cuentas Generales 2005, el análisis de los gastos fiscales, que ya presentamos aquí. Y también el análisis de la contratación de personal temporal del Servicio Navarro de Salud (SNS) durante el año 2005.

Contratación temporal

Es indudable la complejidad de la prestación del servicio de la atención sanitaria que precisa, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, la sustitución inmediata del personal que por cualquier motivo no acude al trabajo.

Los trabajadores que prestan sus servicios en el SNS son aproximadamente 8.600; de ellos 5.100 son fijos. Para las restantes 3.500 personas a jornada completa se formalizaron 44.7l7 contratos. De ellos, 16.815 fueron contratos de un día de duración, la mitad para la sustitución de plazas ocupadas y otro 40% para contratos estructurales.

En total, se ha contratado a 5.954 personas diferentes, de los que el 35% se les había hecho un contrato, al 45% se les hizo entre 2 y 10 contratos y a 18 personas (médicos de atención primaria) se les han hecho más de 100 contratos, siendo 189 el máximo de contratos realizados a una persona.

La Cámara de Comptos entendía que, dado el número de contratos realizados para garantizar el servicio o la atención sanitaria, “debería analizarse, por una parte la incidencia de este volumen de contratación en la calidad de la prestación del servicio y, por otra, la carga de trabajo administrativo que genera y, en su caso, si hay posibilidad de establecer modelos alternativos de organización que permitan mejorar y facilitar la gestión y la calidad de la asistencia sanitaria, sin olvidarnos de la repercusión en los propios trabajadores”.

Otra perla: Responsabilidad Social Corporativa

En la última página del informe correspondiente al ejercicio 2006, la Cámara de Comptos de Navarra recomienda a la Administración Foral que:

“analice la conveniencia y oportunidad de iniciar actuaciones tendentes a favorecer o promover la responsabilidad social corporativa (RSC). Estas iniciativasestán siendo promovidas por instituciones internacionales como la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, que ha impulsado el Pacto Mundial“

Los diez principios del Pacto Mundial son:

Derechos Humanos:
1. Las empresas apoyarán y respetarán la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente dentro de su esfera de influencia.
2. Las empresas se asegurarán de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos humanos.

Trabajo:
3. Las empresas apoyarán la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva.
4. Las empresas promoverán la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.
5. Las empresas promoverán la abolición efectiva del trabajo infantil.
6. Las empresas promoverán la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.

Medio Ambiente:
7. Las empresas apoyarán el Principio de Precaución respecto de los problemas ambientales.
8. Las empresas adoptarán iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.
9. Las empresas fomentarán el desarrollo y la difusión de tecnologías ecológicamente racionales.
10. Las empresas trabajarán contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.

El informe concluye:

“Con respecto a la RSC, el papel de las administraciones públicas se puede producir en un triple ámbito:

a) Desde un punto de vista normativo, promulgando normas que la fomenten.
b) Como consumidor, fomentando estas prácticas en sus proveedores.
c) Como una “empresa”, dando ella misma ejemplo con sus prácticas.

Por ello, recomendamos que el Gobierno de Navarra analice la conveniencia, en su caso, de valorar positivamente la implantación de actuaciones de RSC en sus proveedores y dé ejemplo realizando la memoria de RSC sobre su propia organización.”

Hoy quiero comentar la interesante Sentencia del TSJ de Castilla y León, de 25-1-2008, de la que ha sido ponente José Matías Alonso Millán, relativa al Presupuesto del Ayuntamiento de Burgos del ejercicio 2006. En ella se declara la nulidad de la mayoría del contenido de su Anexo de Personal y del Anexo de Inversiones, por no contener los elementos precisos para que puedan ser suficientemente valorados. También, por incumplir la previsión de que el resultado de la enajenación de solares se incorpore al Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), como prevé la legislación urbanística.

Me queda la duda del efecto que puede tener esta sentencia sobre un presupuesto ya liquidado y posiblemente rendido. Desde un punto de vista político es un buen tirón de orejas a la mayoría gobernante.Gastos de personal no explicados

Tanto el Real Decreto Legislativo 2/2004 como el Real Decreto 500/90 (que no es derogado por aquel) prevén que al presupuesto de la entidad local habrá de unirse el Anexo de Personal, en que se relacionen y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, dándose la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el presupuesto.

Su finalidad es la de garantizar que exista crédito para pagar a todas las personas que ocupan los puestos de trabajo existentes en la Entidad local y que tienen cumplido reflejo en el presupuesto las obligaciones económicas que el Ayuntamiento tiene adquiridas con su personal.

Así, en el capítulo I del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Burgos se detallan los créditos consignados para gastos de personal pero se dejan sin valorar o se valoran de forma insuficiente y parcial los siguientes apartados:

1-Funcionarios, en que únicamente se valora el complemento especifico de cada puesto de trabajo.
2-Personal laboral, en que sólo se valora el complemento específico de cada puesto de trabajo.
3-Personal laboral fijó discontinuo.
4-Personal laboral indefinido discontinuo, que ocurre lo mismo indicado anteriormente.
5-Personal del servicio municipalizado de estación de autobuses, en que únicamente se valora el complemento especifico de cada puesto de trabajo.
6-Personal del Servicio Municipalizado de aguas de Burgos, en que no se incluyen todos los conceptos retributivos pues falta, al menos, detallar la antigüedad y la seguridad social a cargo del empleador.
7-Personal de Servicio Municipal de Deportes, en que no se incluyen todos los conceptos retributivos pues falta, al menos, detallar la seguridad social a cargo del empleador.

El Tribunal observa que el “Anexo Personal 2006″, así como la clasificación económica del “Estado de Gastos” carecen de división de las percepciones económicas en las partidas correspondientes y los complementos de la totalidad de personas al servicio de la administración, con indicación de cada una de las retribuciones básicas y de las complementarias así como los créditos destinados a conceder determinadas retribuciones reglamentarias, gastos sociales, incentivos de productividad o gratificaciones, cuotas o prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador, etc..

Así, en cuanto al apartado “plantilla de funcionarios” sólo se recoge el importe del “complemento específico” en el apartado “R.P.T. Funcionarios” , por lo que no es posible una adecuada determinación para concretar si realmente el presupuesto de gastos por estos conceptos se ajusta a la realidad de los gastos que debe soporta el Ayuntamiento.

Lo indicado respecto de la plantilla de funcionarios cabe recogerlo igualmente respecto del personal laboral, con la agravante de que respecto del personal laboral fijo discontinuo e indefinido discontinuo no se constata se haya realizado valoración alguna, ni siquiera del complemento específico.

La conclusión que se constata es una falta de motivación de parte de los gastos de personal, por falta de un desglose, cuantificación y totalización adecuado, pero no se concluye en absoluto que los mismos sean incorrectos o desajustados en el fondo.

Anexo de Inversiones

Se impugnaba también el “Anexo de Inversiones” en cuanto que su elaboración no se ha ajustado a los trámites legalmente establecidos al no contener la información mínima necesaria para un adecuado seguimiento de las inversiones.

El Tribunal estima que el acuerdo impugnado vulnera el art. 168.1 apartado d) del Real Decreto legislativo 2/2004 y el art. 18.1 del Real Decreto 500/90 en lo referente al anexo de inversiones por falta de expresión de datos esenciales que permitan el seguimiento y control del mismo.

Así, el art. 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, exige la siguiente documentación del presupuesto: memoria explicativa, Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, Anexo de personal de la entidad local, Anexo de las inversiones e informe económico- financiero.

Sin embargo, cuando se revisa el Anexo de inversiones, el mismo ha de tener un contenido “mínimo e imprescindible”, para así ser susceptible de una adecuada fiscalización y control, según el art. 13.3 y 4 del R.D. 500/90:

a) Código de identificación.
b) Denominación del proyecto.
c) Año de inicio y año de finalización previstos.
d) Importe total previsto.
e) Anualidad prevista para cada uno de los cuatro ejercicios.
f) Tipo de financiación, determinando si se financia con recursos generales o con ingresos afectados.
g) Previsible vinculación de los créditos asignados.

El Tribunal entiende que “no están debidamente explicitadas ni las inversiones a realizar, el año de inicio y año de finalización previstos, el importe total previsto, la anualidad prevista para cada uno de los cuatro ejercicios, el tipo de financiación, determinando si se financia con recursos generales o con ingresos afectados y la previsible vinculación de los créditos asignados”.

Por lo tanto, la falta de indicación y explicación de contenido mínimo exigible en el anexo de inversiones denota su falta de motivación y la imposibilidad de su control por terceros, por lo que procedió a la estimación de este motivo de impugnación.

Recuerda la sentencia, “a fin de evitar equívocos que lo que este Tribunal declara es la existencia de defectos formales que impiden el adecuado control de las inversiones presupuestadas, no que las mismas sean incorrectas, desviadas o desajustadas“.

Patrimonio Municipal del Suelo

El tercer apartado objeto de impugnación, las inversiones que se pretenden financiar con la enajenación de bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo. Este tema ya ha sido tratado en esta bitácora.

El Tribunal Supremo (así, STS 31-10-2001) ha declarado en numerosas ocasiones la “imposibilidad de que los Ayuntamientos conviertan el Patrimonio Municipal del Suelo en fuente de financiación de cualesquiera necesidades municipales”.

Recuerda el Tribunal que en el Fundamento 36° de la STC 61/1997 se reconoce de forma expresa que la norma que regula el destino de los bienes integrantes del PMS responde al concepto de norma básica directamente vinculada a la competencia exclusiva estatal para fijar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13° CE ) en relación con la vivienda (art. 47 CE ).

No se puede sostener con rigor que la norma que regula el destino de los bienes que integran una institución es básica, pero que no lo es la propia institución a la que pertenecen o que sólo es básica la norma que regula su existencia pero no la que garantiza su subsistencia vinculando el producto de la enajenación de los bienes del PMS a su conservación y ampliación, pues dicha argumentación choca con la finalidad que persigue el constituyente al reservar al Estado la definición de las bases de una determinada materia, que no es otra que la de asegurar un común denominador normativo para todas las Comunidades Autónomas, porque la naturaleza de la materia así lo exija, a partir del cual cada Comunidad, en defensa del propio interés general, podrá establecer las peculiaridades que le convengan dentro del marco de competencias que la Constitución y el Estatuto le hayan atribuido sobre aquella materia (STC 1/1982 ).

Responde la regulación al principio rector de la política y social y económica consagrado en el repetido art. 47 CE , principio que como tal ha de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (art. 53.3 CE ) y se encamina a dar respuesta al grave problema actual de la vivienda, que constituye el espacio necesario para poder desarrollar derechos fundamentales como el de la intimidad personal y familiar y el de la dignidad de la persona.

En definitiva, como se venía a decir en el Preámbulo de TRLS/1992 no es justo ni coherente con el contenido del art. 47 de la Constitución que las Entidades Locales utilicen sus terrenos para resolver sus problemas de financiación, ni para la realización de cualesquiera intereses urbanísticos, siendo de esencia de la institución -en cuanto vinculada al art. 47 CE y en el marco de un Estado social (art. 1.1 CE ) como el nuestro- que se utilice por la Administración para intervenir en el mercado de terrenos removiendo los obstáculos que impidan o dificulten que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas (art. 9.2CE ).

En la actualidad, la regulación del PMS se encuentra alojada en el artículo 33.2 (básico según la DF primera) de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo que mantiene los términos de la anterior definición, por lo que la doctrina invocada sigue siendo útil. Dice así:

Los bienes de los patrimonios públicos de suelo constituyen un patrimonio separado y los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que los integran o la sustitución por dinero (..) se destinarán a la conservación, administración y ampliación del mismo, siempre que sólo se financien gastos de capital y no se infrinja la legislación que les sea aplicable, o a los usos propios de su destino.

En el Presupuesto impugnado se preveía la venta de bienes integrantes del PMS por importe de treinta millones de euros y sólo se consignan cinco millones de euros para la adquisición de terrenos, lo que produce una importante disminución del PMS, ya que no pueden computarse los conceptos que se especifican porque no se destinan a la conservación y Administración ampliación del PMS, que esta constituido por terrenos (STS 25.10.01) que, si se enajenan -como es el caso enjuiciado- el producto ha de reinvertirse en el propio PMS y no en otras finalidades, aunque sean finalidades urbanisticas, loables y de interés público, que la Administración puede llevar a cabo a través de otros mecanismos distintos.

El incumplimiento de la obligación de reinversión de los veinticinco millones de euros hace ilegal el Presupuesto en este extremo. En concreto, aquellas inversiones recogidas en el “Cuadro Inversiones 2006″ que se habían considerado que cumplían con los requisitos de codificación (el proyecto “Recuperación márgenes Río”, el proyecto “Convenio Consejería Fomento. Compra Viviendas Realojo”, el Proyecto “Construcción Escuela Infantil”).

Matiza el Tribunal que “la ilegalidad del Presupuesto no viene dada por la enajenación de terrenos del PMS, sino por la falta de inversión de una cantidad igual, al menos, para conservación o aumento del PMS”.

El asunto del PMS es el eje central de un informe “horizontal” del Tribunal de Cuentas de España relativo al ejercicio 2004, que está cercano a su aprobación y divulgación. El consejero Álvarez de Miranda puso de manifiesto, durante una conferencia en el otoño pasado, que de la muestra de municipios analizada, (los ayuntamientos más poblados o con mayor desarrollo urbanístico ) sólo el 15% tenían formalmente constituido su patrimonio municipal de suelo, como resalta la reseña periodística arriba incluida.

Los OCEX autonómicos han realizado sus correspondientes informes regionales. Entre los últimos, no presentados en mi anterior artículo, destacan el Consejo de Cuentas de Castilla y León (14 grandes ayuntamientos, ejercicio 2004), la Cámara de Comptos de Navarra (3 grandes ayuntamientos, ejercicio 2004), Consello de Contas de Galicia (10 grandes ayuntamientos, ejercicio 2004) y Sindicatura de Islas Baleares (5 ayuntamientos, ejercicio 2004).

La Cámara de Comptos organiza un foro tecnológico sobre auditoría informática.

Los próximos 30 y 31 de enero se celebrará en Pamplona la segunda edición del Foro Tecnológico de los Órganos de Control Externo, cuyo objetivo es profundizar en las nuevas tecnologías y su aplicación al trabajo de fiscalización. Organizado por la Cámara de Comptos de Navarra, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, el foro se centrará en analizar diferentes cuestiones ligadas a la auditoría informática.

Los participantes en estas jornadas tendrán la ocasión de conocer experiencias prácticas de auditoría informática, presentadas por técnicos de instituciones y empresas públicas, entre las que figuran varios órganos de control externo, entes locales, el Gobierno de Navarra y el Banco de España.

El programa del foro concluirá con una conferencia sobre la firma electrónica, a cargo de la letrada de la Cámara de Comptos Gemma Angélica Sánchez Lerma y el técnico informático Javier Arrieta.

El objetivo del Foro Tecnológico de los Órganos de Control Externo es servir de punto de encuentro para compartir experiencias, además de conocer nuevos sistemas y productos que favorezcan un control más eficaz de los fondos públicos.

Está previsto que en esta segunda edición del foro tecnológico participen más de un centenar de técnicos de los tribunales de cuentas del Estado.

La imposición de restricciones presupuestarias y la limitación de las operaciones de crédito como fuente de financiación ha llevado a las administraciones a la búsqueda, al margen de los presupuestos, de fuentes de financiación alternativas: creación de empresas públicas, arrendamiento financiero, lease back y peaje en sombra. Como sabemos, estos instrumentos vienen precedidos de cierta experiencia británica.

Como reconocieron las Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre “La financiación del sector público y su fiscalización” en los VIII Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo (Sevilla-2004): “El objetivo es retrasar el gasto y la deuda que lo soporta. Por ello, se debe prestar atención a los presupuestos desviados hacia otro tipo de entidades que sustituyen a la administración en la prestación de los servicios”.La Cámara de Comptos de Navarra acaba de hacer público un interesante informe sobre los “gastos futuros derivados de la autovía del camino, las zonas regables del canal de Navarra y el montepío de funcionarios” cuyo título no debe despistarnos. Se trata del análisis de un instrumento de colaboración público-privada como el peaje sombra y responde a la petición parlamentaria de cuantificar los compromisos de gastos para ejercicios futuros adquiridos en estas dos infraestructuras así como en el Montepio y analizar su repercusión futura en los Presupuestos Generales de Navarra.

Adelantamos que el órgano fiscalizador cuestiona ciertas modificaciones de precios y concluye que no es posible señalar una cifra global que recoja el importe exacto de los gastos futuros en los que se va a incurrir. Respecto a las infraestructuras, el informe realiza una estimación basada en ciertas hipótesis y ejecuta complejos cálculos, de interés para los especialistas. El auditor responsable del trabajo fue Jesús Muruzabal Lerga.

El peaje sombra

En el peaje sombra el sector público encarga la construcción y mantenimiento de la infraestructura al sector privado y no realiza desembolso con cargo a sus presupuestos hasta su entrada en funcionamiento, en que deberá abonar un canon por su uso que se registrará como gasto en los presupuestos de cada ejercicio. Es un habitual sistema de financiación de las autovías.

Normalmente, este canon puede tener tres componentes: de demanda, en función del uso; de calidad, en función de la disponibilidad de las infraestructuras; de conservación, en función de los gastos de conservación y mantenimiento.

Este modo de concesión de obras públicas tiene bastantes enemigos, en especial de los partidos de la oposición parlamentaria de turno, que ven como se acometen infraestructuras con cargo a gastos corrientes.

Se le acusa de aporta jugosos beneficios a la empresas privadas concesionarias y de ocultar un “endeudamento en la sombra” de muy difícil cuantificación. Como nos recuerda Martín Seco, la generalización de estos pasivos altera algunos conceptos clásicos según los cuales, el mejor indicador de solvencia pública era el ratio endeudamiento/PIB.

Todo esto implica que, como no se puede calcular con anterioridad la partida que hay que destinar para cada una de las concesiones (vg: no se saben cuántos coches van a utilizar la infraestructura), cada gobierno debe disponer todos los años de amplios créditos presupuestarios para hacerles frente.

Sin embargo es un sistema bastante popular porque el ciudadano no percibe su coste. No debería ser así porque rompe el principio de “quien usa, paga” pasando al “la use o no, pago por ella”. Siempre que paso por la ronda M-45, que circunvala Madrid, agradezco la generosidad de los contribuyentes de la Comunidad de Madrid, que pagan en la sombra mi desvio para evitar atascos en al capital de España.

Conclusión

El informe de la Cámara de Comptos estima las necesidades financieras en una media aproximada del 15 por ciento sobre el importe del capítulo segundo de los presupuestos (gastos en bienes corriente y servicios). Hay que hacer constar que el canon por las zonas regables del Canal de Navarra, al pagarse a través de una empresa pública, tiene habilitada su partida presupuestaria en el capítulo de transferencias. Si se aplican a los últimos presupuestos ejecutados (ejercicio 2006), el importe de estos dos cánones ascendería aproximadamente a 50 millones de euros.

Este año seleccioné para leer durante el relajo agosteño algunos artículos sobre política de gestión de intangibles y de la reputación corporativa. Ideas sencillas pero contundentes para afrontar el trabajo invernal.

Con frecuencia, obviamos la cuestión de la reputación en el sector público pues los ciudadanos no pueden elegir la Administración donde interactuar. Otras veces, por el tipo de servicio público, esto es posible (educación y sanidad, por ejemplo) e incluso en concurrencia con el sector privado.

En un momento de disminución del número de estudiantes, algunas Universidades redescubren que, gracias a su “reputación” institucional -o en determinadas áreas de conocimiento científico-, mantienen su liderazgo. En unos pocos años, la mayoría de los postgrados se estudiarán lejos de casa con el sistema de préstamos-renta -convertido en un verdadero cheque escolar- que transforma al alumno en un cliente que se matriculará en centros por su prestigio.

La reputación corporativa surge de las percepciones que sobre la Entidad tienen los diversos grupos de interés con los que se relaciona (stakeholders), tanto internos como externos. Es resultado del comportamiento desarrollado por la organización a lo largo del tiempo y describe su capacidad para distribuir valor a esos grupos. Justo Villafañe, uno de los mayores expertos nacionales del asunto, suele recordar que, frente al carácter coyuntural de la imagen aparece el concepto permanente y estructural de la reputación. Podríamos decir que la imagen positiva cristaliza con el tiempo en reputación.

En el sector privado, surgen monitores para medir y comparar la reputación de las empresas. Especial interés presentan las compañías más deseadas por los trabajadores. En EEUU, paraíso de las estadísticas, encontramos más de un centenar de rankings de reputación corporativa.

El fundamento de la reputación es la comunicación corporativa que genera confianza y credibilidad en el medio social. No es suficiente con saber: “han de saber que se sabe”. Y eso es un activo intangible que, comunicado vale mucho dinero. Un ejemplo. Cuando de quemó la Torre Windsor de Madrid quedó reducida a escombros la sede central de la firma de auditoría Deloitte y todos sus bienes tangibles. Sin embargo, la empresa salvó el tipo porque su negocio se basaba en intangibles estratégicos: la reputación, la marca, la responsabilidad o la cultura corporativa. El caso contrario es el desgraciado informe sobre Enron que se llevó por delante a sus auditores.

Frente a los medios tradicionales, los blogs ayudan a la difusión de la reputación corporativa y han ayudado a las organizaciones a escuchar con más atención a sus partidarios y detractores. La Entidad está más atenta a lo que se dice sobre ella en la Web. Sus líderes se esfuerzan en mejorar la reputación y están más pendientes de los problemas emergentes.

Gestión de la reputación

Para la gestión de la reputación es necesario formular su visión estratégica por la Alta Dirección. En este sentido destaca la declaración de la GAO (Government Accountability Office) que selecciona sus valores: “La integridad es la base de nuestra reputación, y nuestra manera de trabajar asegura ambas” destacando un trato profesional, objetivo, basado en hechos, imparcial, sin ideología, justo, y equilibrado. Aspira a prestar servicios que sean oportunos, exactos, útiles, claros y sinceros. Un verdadero decálogo para triunfar.

La siguiente etapa es evaluar la reputación propia efectuando un diagnóstico del capital reputacional de la organización. Ésta ha sido la iniciativa de la Cámara de Comptos de Navarra, en el marco de las acciones previstas para conmemorar el 25 aniversario de su restablecimiento, encargó un estudio sociológico sobre la institución. Por un lado, una encuesta dirigida a la ciudadanía para medir su grado de conocimiento y la opinión sobre su trabajo. Como complemento, se encargó otro para conocer la opinión de las personas que más directamente conocen su trabajo, es decir, parlamentarios, responsables del Gobierno y ayuntamientos, auditores privados, periodistas, etc.

La conclusión final es que la Cámara de Comptos es conocida por el 75% de los navarros aunque la mitad de la población desconoce sus funciones. Por otra parte, su merece una nota media de notable y el 90% cree que los informes sirven para mejorar la gestión pública.

Es relevante que el 25% de los entrevistados (la mitad de los que opinan) considere que los informes de la Cámara de Comptos están mediatizados por el Gobierno y los políticos. Este dato hay que unirlo a la extendida –e incorrecta- opinión de que la Cámara depende del Gobierno de Navarra, ya que así lo cree el 32% de los entrevistados.

Lo primordial es que los navarros creen que la institución y su función de control son importantes. El informe recuerda que se debe mejorar el conocimiento que la población tiene sobre sus funciones, teniendo siempre en cuenta que su carácter técnico es incompatible con un amplio conocimiento por parte de la mayor parte de la población.

Foto: Sede (siglo XVI) de la Cámara de Comptos, en Pamplona.

Actualmente, se perfila entre las Administraciones una tendencia que intenta establecer una nueva cultura de la gestión pública orientada a la obtención de resultados, que conjugue autonomía, responsabilidad y obligación de rendir cuentas, dentro de un enfoque que denominan contractual.

Sus seguidores tratan de acabar con una cultura del gasto, donde gestionar bien se confunde con aumentar los créditos presupuestarios, hasta implantar una cultura de los resultados, donde el directivo público se centra y es responsable del grado de eficacia y eficiencia alcanzado al ejecutar el presupuesto. Surge la dictadura de los indicadores.

El Estatuto del Empleado Público ha elevado a rango normativo estas intenciones, al prever en su artículo 13.3 que “el personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados”. El resto de la plantilla no está exento de incentivos, pues el preámbulo de la misma norma reconocía que las recompensas de cada empleado público han de relacionarse con la manera en que realiza sus funciones, en atención a los objetivos de la organización, “pues resulta injusto y contrario a la eficiencia que se dispense el mismo trato a todos los empleados, cualquiera que sea su rendimiento”. Sin embargo, habrá que resolver la dificultad de dar complementos de productividad al personal laboral, cuyos convenios colectivos no lo recogen.

Cualquier esquema de incentivos debe basarse en el presupuesto por programas, que relaciona sistemáticamente los gastos e ingresos con la consecución de objetivos, transformando la tradicional la rutina presupuestaria en un proceso integrado de racionalización de decisiones, de asignación de medios, de gestión por objetivos y de control de resultados.

En definitiva, una útil herramienta de gestión, conectada con los sistemas de dirección por objetivos y nexo de unión entre los planes estratégicos, los contratos-programa con la Administración financiadora y los planes de ejecución anual.

Su implantación no está exenta de dificultades. Durante la década pasada, se acuño el concepto de ineficiencia planificada para referirse a la laxitud presupuestaria y el suministro de información que más beneficie a los directivos de una Entidad Pública. Se requiere, por tanto, un gran compromiso del más alto mandatario de la Administración respectiva. Por lo general, la mayor dificultad en la implantación de estas técnicas está en la falta de credibilidad de quienes tienen que aplicarlas. La instrumentación y ejecución de los programas presupuestarios corre a cargo de un aparato administrativo, cuyo objetivo y responsabilidad están más cercanos a su cumplimiento formal, que valoran su implantación no como un deseo de mejorar la gestión, sino como un medio de ampliar el proceso de control o de recorte de gastos, la centralización de la información y del poder en los directivos encargados del presupuesto.

Existe un consenso entre los estudiosos de la gestión pública sobre las condiciones para el desarrollo de estas herramientas: una distribución clara de responsabilidades y una asignación de competencias de control de resultados que sea transparente, realista y consensuada.

Por un lado, en aquellos programas que obtengan una valoración positiva de la gestión realizada, se debería establecer algún tipo de incentivo financiero (o exigencia de responsabilidades, en caso contrario) incrementando las dotaciones futuras, para así romper la sensación actual de que los ahorros en un programa no benefician a éste, sino a otros, aún cuando hayan alcanzado peores resultados.

La Cámara de Comptos de Navarra, en su informe sobre Seguimiento de las recomendaciones emitidas en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral (1999-2002), de Junio de 2003, determinaba la siguiente Recomendación nº 46: Analizar la utilidad de la actual presupuestación por programas, centrándose, al menos, en los siguientes aspectos (Grado de dificultad: Alto):

- Validar las necesidades y eficacia de los actuales programas, es decir, justificar su mantenimiento en el Presupuesto.

- Aplicar la presupuestación por objetivos exclusivamente a las actividades productoras de bienes y servicios públicos y a las susceptibles de fijar objetivos. Los gastos derivados del resto de actividades (fundamentalmente de apoyo y de regulación) se imputarían, mediante procedimientos simplificados, a las anteriores, teniendo en cuenta, no obstante, aquellos gastos que por razones de coordinación o de economías de escala aconsejen abordar de forma centralizada.

– A estas actividades programadas se les asignaría un sistema de gestión o evaluación por objetivos, que exigiría la introducción de nuevas herramientas de gestión, de señalamiento de responsabilidades y de establecimiento de mecanismos de recompensa por rendimientos y objetivos alcanzados.

– La implantación de este sistema de evaluación debe hacerse de forma gradual, formando al personal adecuadamente y creando una unidad responsable de su implantación que diseñe los procedimientos normalizados precisos, especialmente los referidos al seguimiento de objetivos y a la información que debe incluirse en la memoria de las Cuentas Generales.

– Definir en este proceso el papel del centro gestor y de la Intervención del Gobierno.

– Adaptar la vigente normativa a los resultados de este proceso, especialmente la referida a la gestión presupuestaria-contable y a los recursos humanos.

El Catedrático de la Universidad de Alicante, Canales Aliende, en un clásico artículo, relacionaba la presupuestación por programas con la productividad de las organizaciones y los empleados públicos, como el germen de un nuevo sistema retributivo. Para lograr una mayor implicación de la totalidad de los recursos humanos adscritos al programa, los gerentes públicos, trabajando en torno a unos objetivos definidos (con o sin contrato-programa) exigen una mayor libertad de gestión.

Así, comienzan a utilizarse conceptos como los “contratos presupuestarios”, con fácil traslación a la estructura desconcentrada de la Administración, pero que exigen el mantenimiento de un adecuado (y costoso) sistema de herramientas de contabilidad de gestión. Para la descentralización en Agencias se utilizan “contratos de gestión” que es un instrumento de “gestión transparente por objetivos” y de base plurianual, cuyos elementos clave vienen constituidos por la definición de los objetivos a perseguir y los resultados a obtener (art. 11.2-a de la Ley 28/2006 de Agencias), los efectos asociados al grado de cumplimiento de esos objetivos (responsabilidad por la gestión del Director y el personal directivo) así como el montante del “complemento de productividad o concepto salarial equivalente”
Ahora bien, el mayor obstáculo sigue estando en la implantación de sistemas de retribución variable para incentivar a empleados implicados en los programas mejor administrados. En este sentido, la Cámara de Comptos de Navarra, en su informe citado sobre seguimiento de recomendaciones viene demandándolo desde los años noventa:

Recomendación nº 8: Introducir en el modelo de retribuciones de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma elementos variables determinados de acuerdo con el puesto de trabajo y con la productividad y objetivos alcanzados. Grado de dificultad: Alto.

La sanidad española está librando esta batalla. Los servicios de salud están en fase de introducción de medidas destinadas a incentivar a los profesionales sanitarios, y a promover su carrera profesional, Retribución Variable en base a objetivos, etc. También son pioneros en la introducción de medidas de racionalización del gasto farmacéutico, de suma importancia para equilibrar las cuentas públicas y en el que, además de otras medidas, ha sido tremendamente importante motivar la participación de los profesionales.

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid ha tenido lugar, el 23 de marzo, la jornada sobre “El control externo: Parlamento y opinión pública” que servia de hito para la reunión anual de miembros de Órganos de Control Externo del Estado español y para la entrega del IX Premio a los mejores artículos de la Revista “auditoría Pública”.

La presentación y organización del acto corrió a cargo de Pedro Martín, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que advirtió a los parlamentarios que los informes valoran la gestión del ejecutivo y no la gestión de Consejo de Cuentas, en alusión a la polémica creada con la presentación del primer informe de la Cuenta General de Castilla y León en agosto de 2006.

El presidente de las Cortes regionales, Fernández Santiago, pidió a los órganos autonómicos de control elaborar informes “claros y concisos”, reclamando un mayor desarrollo tecnológico para que los informes “fluyan sin límite”.

La primera de las conferencias corrió a cargo de Juan Ramallo Massanet, miembro español del Tribunal de Cuentas Europeo, que explicó, en una magnífica y clara exposición, las tensiones que vive el Tribunal de Cuentas Europeo con la Comisión Europea, e incluso con el Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Recordó que en los últimos 12 años la ejecución del presupuesto europeo había tenido una declaración de fiabilidad negativa: “la comisión Europea está molesta con el Tribunal de Cuentas”.

En este momento hay un gran debate sobre si el presupuesto europeo debe ser fiscalizado por los tribunales nacionales. Ramallo entendía que, si esto fuese así, se correría el riesgo de obtener unos informes “más favorables” sobre la gestión de los fondos europeos. Expuso la idea del presupuesto comunitario financiado a través de un impuesto europeo (vg: el impuesto ecológico), aunque valoró esta posibilidad como aún muy lejana.

El Presidente del Tribunal de Cuentas de España, Ubaldo Nieto, presentó en su conferencia algunos principios de funcionamiento de los tribunales de cuentas, el sistema de control y la auditoría como procedimiento para ejercer “de consultores del parlamento, en dirección única” y pidió agilidad en los informes. Criticó la ausencia de debate político, cuando el tribunal pide modificaciones normativas que no son atendidas y se preguntó si el modelo actual, que le lleva a comparecer ante la Comisión Mixta del Congreso y el Senado con 11 informes en el último mes, es eficaz para lograr que las auditorías externas que realiza se trasladen posteriormente a las leyes. Ejemplificó esta situación al recordar que las recomendaciones acerca de la posible solución para la deuda de Radio Televisión Española se han sucedido en el tiempo desde 1983, aunque no se han atendido hasta el pasado año.

El consejero del Tribunal de Cuentas de Portugal, José Farinha Tavares aludió a la principal característica que, en su opinión, debían tener nuestros órganos de control, que es la credibilidad . En su opinión debe obtenerse a través de la calidad del producto que ofrecen a los parlamentos y a los ciudadanos. También pidió a los representantes políticos cuidar la imagen de los tribunales y protegerlos “como la selección nacional de futbol” que no es de ningún equipo (entiéndase: partido), sino que a partir de la designación representa a todos. Una interesante comparación. Luis Muñoz Garde, presidente de la Cámara de Comptos de Navarra comenzó su conferencia recordando el artículo de Fermín Erviti, en Auditoría Pública nº 30/2003, que resumía la política de comunicación de muchos OCEX criticando que la estrategia de comunicación con frecuencia era ”sencillamente: la no estrategia”, entendiendo que el ideal sería, no estar todos los días en los medios de comunicación. Afirmó que la actitud mas positiva era establecer una relación franca con los periodistas especializados y nunca eludir las llamadas de éstos. También nos recomendó la lectura de la Conferencia de Gabriel García Márquez, de octubre de 1996: “El mejor oficio del mundo“. Entendió que los OCEX deben tener su propia imagen corporativa, distinta de la del parlamento o del gobierno y avanzó los resultados de las encuestas de opinión efectuadas entre el público en general (1200 entrevistados) y 130 personalidades navarras (políticos, auditores privados, periodistas, etc. …).

También pudimos charlar con la letrada del Tribunal de Cuentas, Pilar Jiménez Rius, que daba a conocer su próximo libro titulado “Hacia un modelo de Entidad Fiscalizadora Superior del siglo XXI” (ver más). Pilar recoge en esta publicación las principales experiencias de su estancia en la GAO estadounidense y las conclusiones de su tesis doctoral.

Foto: Ignacio Cabeza, en nombre de los premiados agradece el galardón.

Para terminar se procedió a la entrega de los premios de la revista Auditoría Pública, que fueron a parar a los siguientes:

Antonio Minguillón Roy La fiscalización en entornos informatizados. Nº 40, págs. 117-128.
Ignacio Cabeza del Salvador. Auditoría de la Gestión urbanística ¿necesidad u obligación? Nº 41.
Mª José Cuervo Arango, Mª Esperanza Díaz Fernández, Clara E. de la Fuente Ruiz, Rodrigo Núñez Muñaiz y Elsa Nieves Santos. Una visión práctica de la fiscalización externa en la contratación pública. Nº 41.

Foto: los premiados, “en capilla”.

Foto: Tribunal de Cuentas de España. Comisión de coordinación del informe sobre el conjunto de las Universidades Públicas.

Informes de auditoría de Universidades Públicas españolas. 

Cámara de comptos de Navarra

Universidad Pública de Navarra, Ejercicios 2004 y 2005

Universidad Pública de Navarra. Ejercicios 2001-2003
Convenios suscritos entre el Sector Público de Navarra y la Universidad Pública de Navarra 2001-2002
Universidad Pública de Navarra y Fundación Universidad-Sociedad, 1999-2000
Universidad Pública de Navarra, 1998

Sindicatura de Comptes de Catalunya

Agregado de Universidades Públicas, 2003
Universidad Autónoma de Barcelona, 2003
Universidad Pompeu Fabra, 2003
Universidad Rovira i Virgili, 2003
Universidad Oberta de Cataluña, 2003
Universidad Politécnica de Cataluña, 2003
Universidad de Barcelona, 2003

Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana

2007 un tomo

2006 un tomo

2005 un tomo
Introducción 2005
Universidad de Valencia 2005
Universidad Politécnica de Valencia 2005
Universidad de Alicante 2005
Universidad Jaume I 2005
Universidad Miguel Hernández 2005

2004
Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana

2003
Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana Parte I
Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana Parte II

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

Universidad del País Vasco 2007

Universidad del País Vasco 2005

Universidad del País Vasco 2003

Cámara de Cuentas de Andalucía

Universidad Internacional de Andalucía 2003

Universidad Pablo de Olavide 2003

Universidad de Sevilla 2003

Universidad de Málaga 2003

Universidad de Jaén 2003

Universidad de Granada 2003

Universidad de Huelva 2003

Universidad de Córdoba 2003

Universidad de Cádiz 2003

Universidad de Almería 2003
Fiscalización de las cuentas anuales de las Universidades Públicas de Andalucía. 2001 y 2002
Universidad de Granada. 2001
Fiscalización de los contratos científicos, técnicos y artísticos art. 11 LRU de las universidades públicas de Andalucía. 1999 y 2000

Consello de Contas de Galicia

Universidad de A Coruña, 2003

Universidad de Santiago, 2003

Universidad de Vigo, 2003

Audiencia de Cuentas de Canarias

Universidad de Las Palmas 2004-5

Universidad de La Laguna 2004-5

Universidad de La Laguna 2003
Universidad de Las Palmas 2003
Universidad de La Laguna 2002
Universidad de Las Palmas 2002

Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha
Universidad de Castilla-La Mancha 2001
Univrsidad de Castilla-La Mancha 2003
Universidad de Castila-La Mancha 2004

Universidad de Castilla-La Mancha 2005

Universidad de Castilla-La Mancha 2006

Cámara de Cuentas de Madrid

Universidad de Alcalá, 2006

Universidad Autónoma de Madrid, 2005

Convenio para el equilibrio presupuestario y contención del endeudamiento suscrito entre la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid y las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid

Informe de fiscalización de la actividad económico-financiera y de la gestión del conjunto de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid – 2003

Sindicatura de Comptes de Illes Baleares
Universidad de Islas Baleares 2004
Universidad de Islas Baleares 2005 (catalán)

Consejo de Cuentas de Castilla y León
Universidad de Burgos 2003

Universidad de Salamanca 2003

Universidad de León 2003

Universidad de Valladolid 2003

Ver: En todos lados cuecen habas

Ver: “el Control en la Universidad“.