Leo el artículo de Ramón Roger en Cinco Días, titulado Auditoría de municipios:¿preparados? donde se achaca la culpa del actual colapso presupuestario local a la “falta de control financiero y a la escasa transparencia de las cuentas locales”. Tanto el Estado como las CCAA (“Intervención General, tribunales de cuentas, etc.”) se mostraron insuficientes para detectar la mala situación de las cuentas públicas, según el autor. 

¿Ha sido eficaz el control local?

Discrepo de la tesis subyacente en este interesante artículo. En mi opinión ha sido el desplome de los ingresos locales la causa de todos los males. El ciclo electoral –de todo signo político- generando gasto sin cobertura suficiente: he aquí el verdadero culpable.  Es cierto que ha habido algunas locuras puntuales -vinculadas a operaciones desproporcionadas- pero, en general, el control interno municipal es bastante bueno (muchos alcaldes me dirán que excesivo) y legalmente muy formalista, aunque no haya impedido la tormenta perfecta del empeoramiento en todos los indicadores financieros: más deuda, menos remanente de tesorería, más necesidad de financiación, peores plazos de cobro y de pago, con la presión fiscal subiendo.

El control externo es mejorable, estamos de acuerdo. Es lento y, en muchos casos moroso en la rendición de cuentas,  de ahí la vieja demanda a favor de una Ley de Auditoría Municipal siempre expresada por los representantes de los OCEX (ojo: sólo autonómicos) frente al Tribunal de Cuentas que sigue viendo a los auditores privados con recelo.

Mientras tanto, muchos gobiernos autonómicos encargan informes de auditoría o consultoría en relación con las finanzas regionales, su estado actual o las posibles líneas de actuación -léase recortes- para detectar áreas de mejora. Entre estos últimos, el caso de la Comunidad Valenciana:

¿Más auditoría local?

Planteado en el programa electoral del Partido Popular, que resultaría vencedor el 20-N, su contenido fue recibido con satisfacción en el reciente congreso anual de los Censores Jurados españoles. El compromiso de Rajoy era promulgar una ley de control y auditoría única para todo el sector público español y exigir “la realización de auditorías financieras, operativas y de cumplimiento a todas las corporaciones locales con más de 5.000 habitantes”.

En realidad, el programa nada dice de la participación de los auditores privados en el asunto, aunque la lógica nos conduzca por ese camino, ante la magnitud de la tarea: un millar de informes en todo el territorio nacional.

Tampoco dice el programa que esas auditorías sean simultáneas. Ni mucho menos anuales. Muchos OCEX están haciendo fiscalizaciones singulares de los ayuntamientos de población mayor de 5.000 habitantes, al menos cada cuatro o seis años. Creo que todos ellos podrían estar en condiciones de alcanzar un compromiso en tal sentido, aunque es materialmente imposible hacerlo con regularidad anual, como recuerdan siempre los OCEX.

Reino Unido: paraíso del sector privado

En el Reino Unido, tal como prometió Cámeron (ver entrada anterior) esta misma primavera se aprobará el Proyecto de ley para abolir la Comisión de Auditoría y obligar a los municipios a seleccionar a sus propios auditores externos, en un modelo similar al existente para el sector privado.

Así, las autoridades locales vendrán obligadas a convocar un concurso público cada cinco años para designar a una empresa de auditoría, con pocas restricciones en los periodos de tiempo en que los miembros de los equipos de auditoría pueden participar: el socio, siete años de trabajo, mientras que el gerente de auditoría se limita a diez años. El Ministerio sólo interviene ante incumplimientos, sancionando ante la falta de nombramiento.

Un Consejo de Información Financiera tendrá la responsabilidad general de regular el nuevo sistema, mientras que la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) elaborará un código de buenas prácticas para la auditoría local.

Para terminar, nada mejor que Dilbert, cuya opinión de los apoyos externos no es muy agradable. Pinche si quiere ampliar:

Durante el mes de agosto, se hace pública la clasificación mundial de universidades elaborada por la Universidad de las Comunicaciones de Shanghai (Jiaotong). Se trata del Top 500 del que ya hemos hablado en otras ocasiones y que, de hecho, supone el ranking más influyente para clasificar las instituciones de educación superior de todo el mundo. 

Aunque se trata de un ranking muy criticado en Europa, acusado de ser “exclusivamente científico” al concentrarse en la investigación, ignorando la calidad de la formación. Sin embargo, muchos gobiernos mundiales toman este documento como referencia de su política universitaria y alardean de su posición o presentan planes concretos para mejorarla.

Este año 2011, España ha mejorado la presencia de sus universidades, pues hemos colocado 11 entre las primeras 500 del mundo: una más que el año pasado. Los Estados Unidos continúan dominando la clasificación de manera aplastante y copan 17 de 19 primeros puestos. La universidad americana de Harvard permanece desde hace ocho años como número uno. Stanford y el MIT copan el resto del podium.

Clasificación de las Universidades Españolas

201-300:

• Universidad Autonóma de Madrid (UAM)
• Universidad Complutense de Madrid (UCM)
• Universitat de Barcelona (UB)
• Universitat de Valencia (UV)

301-400:

• Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)
• Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

401-500

• Universidad de Granada (UGR)
• Universitat Pompeu Fabra (UPF)
• Universidade de Santiago de Compostela (USC)
• Universidad de Vigo (UVIGO)
• Universidad de Zaragoza (UNIZAR)

Ya hemos comentado en esta bitácora los numerosos guiños producidos en la Ley de la Ciencia -que entrará en vigor dentro de cinco meses- cuyo texto contiene varias previsiones destinadas a facilitar los procesos de gestión de la investigación y la transferencia de conocimiento. Hoy comentamos la disposición adicional undécima que simplifica la justificación y el control financiero de las subvenciones y ayudas concedidas por la Administración General del Estado a las Universidades Públicas. 

Cuenta justificativa simplificada

La norma no hace otra cosa que recoger la petición de la Unión Europea para agilizar y simplificar los procedimientos de concesión y justificación de ayudas a la investigación científica y técnica.

Por una parte ordena la aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos de gestión para reducir o suprimir la documentación requerida y reducir los plazos y tiempos de respuesta. Una situación que en las últimas convocatorias de proyectos de investigación ya venía siendo habitual.

Por otra parte, reconduce todas las justificaciones de los proyectos de investigación hacia el procedimiento simplificado al ordenar a la Administración General del Estado promover la celebración de convenios con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con las Universidades, con el objeto de coordinar el régimen de control de los agentes públicos de investigación y posibilitar la extensión del régimen de cuenta justificativa simplificada previsto en la normativa de subvenciones, con arreglo a los siguientes requisitos:

a) Salvo que las bases reguladoras establezcan otra cosa, cuando un organismo o ente perteneciente a una Comunidad Autónoma o Universidad perciba del sector público estatal una subvención o ayuda sometida a la Ley General de Subvenciones (LGS), su justificación se realizará conforme al régimen de cuenta justificativa simplificada, sin que resulte de aplicación la cuantía máxima establecida para tal régimen en la normativa de subvenciones.

b) La entidad perceptora estará sometida a control financiero permanente del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma o Universidad.

c) La modalidad de justificación de la subvención o ayuda revestirá la forma de cuenta justificativa prevista en el artículo 30 de la LGS.

Además simplifica el ejercicio del control financiero permanente de cada entidad al ordenar que “se revisarán los sistemas y procesos de justificación empleados, así como una muestra de las cuentas justificativas presentadas ante los órganos administrativos competentes”.

Si, como consecuencia de la anterior revisión se observase una falta de concordancia entre las cuentas justificativas presentadas y los registros contables o justificantes que las acreditan, “se emitirán informes separados dirigidos a los órganos concedentes de las subvenciones o ayudas en los que se indicarán tales extremos”.

Recordemos que de acuerdo con el Reglamento de la LGS (R.D. 887/2006, de 21 de julio) la Cuenta justificativa simplificada (Artículo 75) podrá tener carácter de documento con validez jurídica en las subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros siempre que así se haya previsto en las bases reguladoras de la subvención. Ambos requisitos podrán no ser exigibles, si se aplica la Ley de la Ciencia.

La cuenta justificativa simplificada contendrá la siguiente información:

1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
3. Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
4. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

Lo más importante para el beneficiario: el órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo, “los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto seleccionados”.

Hasta este fin de semana no he podido leer la nueva Ley de la Ciencia, que publicó el 2 de junio pasado el BOE. Se trata de algo más que un parche para la ciencia, que no transforma el modelo, pero resuelve algunos viejos problemas, como reconocía El País hace unas semanas. Aunque tardará seis meses en entrar en vigor, en virtud de una extensa vacatio, es conveniente ir analizando sus muchos vericuetos.

Para los más ortodoxos de lo público, supondrá un contubernio que legitime el desembarco de los mercados en la Universidad. Por el contrario, los más proactivos exaltarán la supresión de la rígida burocracia y de las limitaciones a las puertas giratorias con las empresas.

Algo menos precarios

Uno de los blogs de la versión digital de Nature se hacía eco de esta nueva ley que recogió en el Senado un cambio no previsto, aprobándose una petición de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) para que todos los científicos, incluyendo los investigadores predoctorales tengan una relación contractual con la entidad a la que pertenecen, desterrando las becas. Los representantes de la campaña, el movimiento Por la dignidad en la investigación había enviado una carta abierta al gobierno apoyada por 2.500 científicos, que mostraba su escepticismo sobre de las bondades de esta ley, donde la concatenación de contratos no obliga a la contratación estable, como ocurre en cualquier otra ocupación laboral.

Una de las principales novedades de la nueva Ley de la Ciencia es la creación de nuevas modalidades de contrato específicos para el sector. De este modo, además del contrato predoctoral (con bonificación exlege del 30% de la cotización a la Seguridad Social) también se ha creado uno contrato de acceso, cuyo objetivo será la consolidación de los investigadores dentro del sistema de Ciencia; y un contrato de investigador distinguido, para que se pueda atraer talento de otras instituciones. Alguien ha defendido el modelo afirmando que permitirá “Fichar al Messi de los investigadores “. Por el contrario, no falta quien recuerda que aquí “primero se construye el edificio y luego se buscan los científicos”, cuando debería ser al revés.

Algunas perlas

Tiene algunas novedades de tercera generación como la previsión del artículo 37 que dispone que todos los investigadores cuya actividad haya sido financiada mayoritariamente con los Presupuestos Generales del Estado están obligados a publicar en acceso abierto una versión electrónica de los contenidos aceptados en publicaciones de investigación (“sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones”). Para su desarrollo, se encomienda a los agentes del Sistema el establecimiento de repositorios institucionales de acceso abierto.” Es una paradoja que, hoy en día, casi toda la ciencia publicada esté financiada por cuantiosos fondos públicos y necesite “pagar el peaje” de editores comerciales para su divulgación internacional.

También debe mencionarse que a partir de esta Ley, las Universidades públicas estarán integradasno sólo por Escuelas, Facultades, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación sino también por Escuelas de Doctorado cuya creación deberá ser notificada al Ministerio de Educación, a efectos de su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Estas son unidades creadas por una o varias universidades, por sí mismas o en colaboración con otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i, nacionales o extranjeras, que tienen por objeto fundamental la organización, dentro de su ámbito de gestión, del doctorado en una o varias ramas de conocimiento o con carácter interdisciplinar.

Agilizar, agilizar, agilizar ….

Para evitar cualquier indefinición en su aplicación a las universidades, destacamos dos artículos de aplicación automática:

«A los efectos previstos en el párrafo q) del artículo 4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público (LCSP) las Universidades tendrán la consideración de Organismo Publico de Investigación.»

¿Y qué dice LCSP en este punto? Pues la exclusión de los contratos de I+D del ámbito de aplicación de la Ley. Recordemos que el artículo 4 enumera los “negocios y contratos excluidos” :

1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas:

…

q) Los contratos de servicios y suministro celebrados por los Organismos Públicos de Investigación estatales y los Organismos similares de las Comunidades Autónomas que tengan por objeto prestaciones o productos necesarios para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o servicios técnicos, cuando la presentación y obtención de resultados derivados de los mismos esté ligada a retornos científicos, tecnológicos o industriales susceptibles de incorporarse al tráfico jurídico y su realización haya sido encomendada a equipos de investigación del Organismo mediante procesos de concurrencia competitiva.

Además, el artículo 36, al declarar privados muchos contratos vinculados a la I+D+i, resuelve el viejo problema de la enajenación a particulares de los resultados científicos y tecnológicos (párrafo final) y termina con la polémica de la naturaleza jurídica de los contratos de investigación del artículo 83 LOU (antes 11 LRU) que declara privados:

Artículo 36. Aplicación del derecho privado a los contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación.

Se rigen por el derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio de libertad de pactos, y podrán ser adjudicados de forma directa, los siguientes contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, suscritos por las Universidades públicas:

a)  contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades;

b)  contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación;

c) contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. No obstante, en el caso de que el receptor de los servicios sea una entidad del sector público sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público, ésta deberá ajustarse a las prescripciones de la citada ley para la celebración del correspondiente contrato.

La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá sobre el derecho privado.

Aunque, como puede leerse en el párrafo final del apartado c), se crea otro efecto colateral para las Administraciones que quieran “celebrar” con la universidad un contrato de investigación, pues “deberá ajustarse a las prescripciones de la citada LCSP“. Usar el término “celebración” parece remitir a la doctrina de los actos separables, en virtud de la cual, las fases de preparación y adjudicación del contrato se regirán por el derecho administrativo (LCSP) y la ejecución y extinción se regirán por las normas de derecho privado.

En fin, todo es poco, en el noble objetivo de facilitar la transferencia del conocimiento. Pero no faltará quien denomine a esto un cheque en blanco para esa figura del profesor-empresario, que mantiene una actividad frenética y una agotadora agenda: estudiando los resultados de sus colegas internacionales (y estos los suyos), formando becarios, dirigiendo tesis doctorales, publicando en inglés y combatiendo la envolvente burocracia de la gestión investigadora.

Empresas, empresas, empresas

La Ley Orgánica de Universidades garantiza, en ejercicio de la autonomía financiera de las universidades, la creación de fundaciones y otras personas jurídicas para la promoción y desarrollo de sus fine, con la aprobación del Consejo Social. Tanto la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible como en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación potencian esta tendencia, reconociendoles también la obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimiento que las propias Universidades.

Llegamos así al proceloso mundo de las spin-off, con o sin participación pública, ejemplo vivo de eso que el catedrático catalán Solé Parellada llama las tecnópolis, el entramado donde estudiantes y profesores conviven más en los laboratorios que en las aulas, con el proyecto como eje de enseñanza  y donde las unidades autónomas periféricas se multiplican.

Para lo más desconfiados del papel del mercado y de las empresas en el entramado universitario, el ejemplo no hace falta ir a buscarlo a EEUU. Basta con observar a los paladines del Estado de Bienestar, los escandinavos, donde su éxito se forja en esas relaciones:

Compatible compatible, compatible

Se modifican varios artículos de la Ley 53/84, de incompatibilidades que permite autorizar la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo (Artículo 4.2) de carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, “incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario”.

Además, permite al personal docente e investigador de las Universidades públicas prestar servicios en las sociedades creadas o participadas por ella (artículo 6.2). Para ello, el artículo 18 de la Ley de la Ciencia les autoriza expresamente a prestar servicios allí (sin modificar su jornada de trabajo ni su horario) mediante contrato laboral a tiempo parcial y de duración determinada.

Sin embargo, es muy importante la derogación para el PDI universitario de determinadas limitaciones de la Ley de incompatibilidades, incluidos en los arts. 12.1 b y d, a saber:

b) – Pertenecer a Consejos de empresas directamente relacionadas con la actividad del funcionario. Si el investigador está en los dos lados (universidad y spin-off universitaria) por definición, antes se violaba el precepto que del que ahora se exime.

d) – Poseer más del 10% de participación en empresas contratistas con la Administración donde presta servicios. De esta manera, no se impide al investigador ser ejecutivo en la spin-off.

Por último, se les quita a los investigadores la limitación impuesta en el art 16 de la citada Ley de incompatibilidades, que se refiere a mantener la dedicación a tiempo completo (o el factor de incompatibilidad correspondiente) y se suprime la barrera de no tener un complemento especifico superior al 30% de las Retribuciones Básicas.

No se pueden quejar los investigadores pues se han removido todos los obstáculos legales para crear y dirigir una spin-off.

Movilidad, movilidad, movilidad.

Por último, destaco la movilidad, reconocida como objetivo en el artículo 18 de la Ley de la Ciencia, pues los organismos públicos de investigación (y la Universidad, reiteremos, lo es) “promoverán la movilidad geográfica, intersectorial e interdisciplinaria, así como la movilidad entre los sectores público y privado en los términos previstos en este artículo, y reconocerán su valor como un medio para reforzar los conocimientos científicos y el desarrollo profesional del personal investigador. Este reconocimiento se llevará a cabo mediante la valoración de la movilidad en los procesos de selección y evaluación profesional en que participe dicho personal”.

Modalidades

¿En qué se traducen tan bellas palabras? La ley prevé tres concretos instrumentos de movilidad:

A) Adscripción a otros agentes públicos y fundaciones participadas, durante el tiempo necesario para la ejecución del proyecto de investigación. Para colaborar en régimen de compatibilidad dentro de un proyecto.

B) Estancias formativas en centros de reconocido prestigio, tanto en territorio nacional como en el extranjero durante un máximo de 2 años cada 5 años. “El personal investigador conservará su régimen retributivo” dice para reafirmar elegantemente que es una estancia remunerada.

C) Excedencia con una duración máxima de 5 años para quienes tengan una antigüedad mínima de cinco años. La ley reconoce que es materia de la normativa autonómica pero para evitar los habituales vacíos normativos declara que, en su defecto, será aplicación directa esta regulación. Reconoce (importantísimo) el derecho a la reserva del puesto de trabajo y a la evaluación de la actividad investigadora, en su caso. Esta excedencia presenta dos variantes, en función del destino a donde se dirige el PDI universitario:

C1) Hacia otros agentes públicos.- En régimen de contratación laboral, para “la dirección de centros de investigación e instalaciones científicas, o programas y proyectos científicos, para el desarrollo de tareas de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico, transferencia o difusión del conocimiento relacionadas con la actividad que el personal investigador viniera realizando”. Como son centros del sector público, la ley reconoce el derecho a la antigüedad y a la consolidación de grado.

C2) Hacia agentes privados de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, o a agentes internacionales o extranjeros.

Conclusión

Los profesores universitarios venían pidiendo desde hace años un tratamiento singular para implicarse en la transferencia de conocimiento. Ahora (en seis meses) eliminados todos los controles generales existentes para la función pública, ya tienen sobrados instrumentos para dar el salto al mercado. Sólo queda el espíritu emprendedor, que no es poco.

El año pasado cambió el Gobierno británico y sus nuevos titulares comenzaron un proceso para privatizar un gran número de instituciones públicas, entre las que se encuentra el órgano de fiscalización externa de los servicios locales. En este momento se está produciendo un gran debate sobre el asunto.

Los ingleses tienen dos instituciones de control externo de la actividad financiera pública: la Oficina Nacional de Auditoría – NAO- dependiendo del Parlamento británico para fiscalizar el presupuesto nacional –los escoceses, galeses o norirlandeses tienen la suya- y la Audit Commission para la auditoría legal y operativa de los 11.000 servicios públicos locales. Durante el verano pasado se anunció el cierre de esta última Institución, que será efectivo en 2012. 

Audit Commission

Creada en 1982 como principal auditor de los organismos públicos locales, se encargaba de designar auditores (pagados por el auditado) en todo el sector local, sanitario, vivienda, seguridad ciudadana, bomberos y emergencias y otros servicios públicos. Algunos de estos auditores trabajan para empresas privadas de auditoría, pero muchos eran empleados de la propia Comisión.

Hasta ahora, podía nombrar auditores de su propio personal o de las compañías de auditoría, fijando el baremo de honorarios. Parece que en el futuro no tendrá auditores propios, aunque todavía se está estudiando como se concretará la reforma. Incluso se estudia que ese antiguo personal propio pueda constituir algún tipo de sociedad mutualista para competir por los contratos, en régimen de igualdad, frente las grandes compañías auditoras.

Hay un Código de Prácticas de Auditoría de órganos de gobierno local y otro Código de Prácticas de Auditoría de los organismos de salud, que determinan la forma de llevar a cabo la auditoría, aprobados por el Parlamento al menos cada cinco años, dándoles rango legal. También realiza rigurosos controles de calidad de los informes.

Se fiscalizan los estados financieros anuales y se opina acerca del comportamiento del organismo en el uso de los recursos públicos. Los informes son públicos.

Cambio de modelo

El mes pasado, el Gobierno británico nombró los consultores financieros que van a asesorar sobre la mejor manera de externalizar la totalidad de esas auditorías y efectuarán una valoración de las diferentes opciones. Se supone que el proceso ahorrará al contribuyente cincuenta millones de libras anuales.

Sin embargo, la reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto a los responsables políticos los peligros que pueden surgir cuando las relaciones entre los auditores y los auditados son demasiado cómodas. La lección de la desaparición de Arthur Andersen, en 2002, es que la auditoría debe estar muy regulada y controlada, no sea que desaparezca el sistema entero.

Para animar tan arduo debate, hace unos días se hacía público que, entre 2008 y 2010, la Comisión había gastado 128.000 libras en agencias de reclutamiento de ejecutivos. Esto incluía £ 22.000 para contratar a un nuevo consejero delegado y £ 30.000 para reclutar un director de comunicación. Las cantidades restantes se dedicaron a buscar directores de servicios corporativos (£ 14,200 y £ 12,000), jefes de la política y la evaluación (£ 16,000 y £ 20,000) y un asesor de política financiación del gobierno local (£ 14,000).

La Comisión de Auditoría defendió la necesidad y habitualidad de esos gastos en la búsqueda de las personas adecuadas para ocupar puestos de responsabilidad de gestión: “Esos importes no son inusuales para estos servicios, que incluyen la agencia de head-hunters y la publicidad correspondiente”, dijo un portavoz.

No deja de sorprenderme que quien quiere privatizar todo proteste por el uso de consultoras. También me asombra que se critique el uso de circuitos no políticos para reclutar la Alta Dirección. En el continente estamos habituados a promocionar a antiguos compañeros de partido …

Tarjetas de crédito

Por si no estuvieran mal las cosas todavía, contestando a una pregunta parlamentaria, el órgano de control hizo públicos todos sus gastos con la tarjeta de crédito corporativa, de 2008 a 2010 y desvelando facturas de los mejores restaurantes de Londres, compra de música y entradas de cine. Más de £ 20,000 gastados por los directivos que tenían acceso a las tarjetas durante el período. El portavoz de los auditores defendió el uso de las tarjetas de crédito:

“Entre 2008 y 2010 se procesaron 8.818 transacciones a un costo promedio de £ 125. Todas las compras fueron para fines legítimos. Los pagos efectuados por las tarjetas se revisan de manera rutinaria para asegurar su correcto uso.“

Leyendo estas declaraciones parece que se hayan cambiado los papeles. Normalmente son los gestores quienes ofrecen estas explicaciones en los medios de comunicación.

Alcuino de York, en su esfuerzo por instruir al emperador Carlomagno, incluyó en una de sus epístolas el aforismo “la voz del pueblo es la voz de Dios”, aproximadamente en el año 800. Cabe preguntarse, en todo caso, si el conocimiento de un problema por la ciudadanía, determina su solución. Enunciar un problema parece más bien la primera parte del reto. Y los años y la experiencia me dicen que las dificultades más arduas se presentan en la resolución, en el acopio de energía, oficio y conocimiento que es preciso reunir para resolver de manera certera cualquier cuestión ¿Podemos decir lo mismo de la eficiencia discutida de los Tribunales de Cuentas?

“Es mejor no conocer cómo se elaboran las salchichas ni, menos aún, las leyes”. La famosa frase de Bismarck representa una parte importante del problema que traigo a colación. Las democracias más eficientes, para contener la ambición ubicua de los hombres -esa que podría tildarse de enfermiza- ingeniaron procedimientos sencillos y el más importante de ellos: la separación de poderes. Otro procedimiento no menos importante consiste en introducir una suerte de casamatas dentro del entramado institucional, los llamados Tribunales de Cuentas, con la misión fiscalizadora de la rendición de cuentas.

En España, esos órganos de control, tanto en la esfera nacional como autonómica –llámense sindicaturas o cámaras de cuentas- se conforman en el caldo de las mayorías parlamentarias. Ellas deciden su composición o estructura. Y para preservar con diligencia su buen desempeño, a las nobles intenciones se añade la exigencia de una probada cualificación de las personas que ejercen temporalmente las tareas directivas, llámense consejeros o síndicos. Sin embargo, con frecuencia se afirma que esta designación “política” intoxica a las instituciones.

¿La política es un ejercicio vil que mancha a quien la cultiva? Mal haremos en desconfiar de quienes ejercen responsabilidades públicas, si lo hacen bajo principios democráticos. Si se prefería un método alternativo de designación, muchos partidos políticos que hoy denuncian en público –o en privado- la politización de nuestras instituciones fiscalizadoras deberían haber optado por un diferente método de designación. Existen alternativas, como los habituales mecanismos de elección directa por parte de los ciudadanos en EEUU o México; o los más cercanos sistemas de Francia o Alemania, donde salvo el Presidente de la Corte de Cuentas, las restantes magistraturas son designadas entre altos funcionarios, generalmente del propio Tribunal de Cuentas, según criterios de merito y capacidad, como el resto de los empleados públicos. En otras palabras: nombrar de manera permanente a los encargados, en mayor o menor medida, de fiscalizar la gestión pública que, como en la Inspección de Hacienda o en la judicatura, irían ascendiendo hasta las máximas responsabilidades.

Ninguno de los sistemas es perfecto. Todos acumulan diversas dificultades y diferentes errores. Los sistemas de cooptación (la organización nombra internamente a sus propios miembros directivos, sin influencia externa) son acusados de formar una élite conservadora y formalista que vive al margen del mundo real. Podrá decirse que los catedráticos o los cardenales se eligen de esta manera, pues es conocido el sesgo de clientelismo que propician.

Por el contrario, en EEUU muchos cargos públicos son designados a través del sufragio universal de los electores, aunque –no nos engañemos- también vinculados a los partidos. Es el caso del Auditor General de New York que, por cierto, fue obligado a dimitir hace tres años y acaba de ser condenado por delitos de corrupción. Por su parte, los síndicos mexicanos son elegidos durante las elecciones municipales, junto a los concejales. Como ejemplo de la sabiduría popular, muchos ciudadanos votan al candidato de un partido para gobernar pero en la urna de al lado votan para síndico al representante del partido rival y así tener una institución realmente motivada. Pero, estarán conmigo que no evitan la crítica de politización.

Ahora bien, nuestro actual sistema de designación ha sido decidido de manera consciente por los partidos políticos. No es una herencia histórica sino que, frente a otras opciones legítimas, son las reglas del juego que les han parecido más adecuadas.

El profesor pucelano Juan Duran, estudioso de las Instituciones parlamentarias nos recuerda que un órgano de control externo será un órgano técnico, con independencia del procedimiento de designación de sus miembros, si fundamenta su actuación en criterios técnicos, objetivos y no de discrecionalidad o de oportunidad.

No obstante, los constitucionalistas entienden que la politización de los órganos de control se evita poniendo «cortafuegos» preventivos; por ejemplo, mayorías parlamentarias más amplias para designar a sus componentes —mayorías que incluyan a la oposición—, rígidos sistemas de incompatibilidades, la inamovilidad durante el mandato que debe ser superior a la legislatura y una dirección colegiada que ayuda, a su modo, a la objetividad de la misión fiscalizadora.

Serán inevitables las críticas y las discrepancias del trabajo de las sindicaturas; en unos casos de orden técnico (interpretaciones de hechos o normas) y en otros de orden político (criterios de oportunidad de su actuación). Pero si los propios partidos políticos expresan críticas por supuesta ideologización o partidismo, quien falla no son los designados sino quienes les eligieron.

“No hay nada tan irremediable como la muerte y Hacienda”. Una frase que se hace famosa con la entrañable peliculón “¿Conoces a Joe Black?”, donde un radiante Brad Pitt interpreta a La Muerte que viene a buscar al millonario Antonhy Hopkins. Me quedo con la fuerza de esta sencilla idea sobre permanencia de las instituciones, por encima de la gestión más o menos afortunada de sus miembros. Así pues, nadie cuestionaría la legitimidad o la validez de un sistema democrático, por la gestión de un determinado presidente de gobierno.

Publicado en La Nueva España, el 22 de abril de 2011.

Antecedentes

El Primer Ministro británico acaba de anunciar que privatizará todos los servicios públicos , salvo el poder judicial y la seguridad nacional. En un artículo publicado el domingo en el Daily Telegraph, Cameron anuncia un próximo Libro Blanco que concretará su programa para que la gestión de los servicios públicos se ofrezca al mercado y al sector no lucrativo, a través de concursos que resolverán las correspondientes licitaciones.

Ahora, el lema de campaña es “del Gran Gobierno a la Gran Sociedad” y el argumento la búsqueda de la eficiencia, la eficacia y la competencia en la gestión de los servicios públicos. “Ya se trate de las tasas de supervivencia al cáncer, de los resultados escolares o de la delincuencia, en los últimos tiempos nos estamos deslizando lejos de los países comparables”, afirmó Cameron.

El debate sobre la productividad y la eficiencia del sector público es necesario. Pero no se nos debe olvidar que la administración pública también comparte otros objetivos; además de prestar servicios públicos de calidad debe ser objetiva, transparente y honesta. Véase, como ejemplo, el artículo 103 de la Constitución Española.

Estos propósitos complementarios, que imponemos a las instituciones públicas, exigen normas específicas, que en muchos casos, por comparación con el más libre sector privado inciden negativamente en nuestra eficiencia. Sin embargo, esas normas y esos procesos que nos convierten en blanco de críticas permiten ofrecer más garantías a los ciudadanos. Descubrir con mayor facilidad cuestiones no menores, como la existencia de corrupción o la legalidad de una decisión política tiene un coste.

La Administración es un contrapeso necesario a las decisiones del poder ejecutivo. O como en el caso de Bélgica, es el único peso frente a un Gobierno bloqueado. El equilibrio de desconfianzas mutuas genera un sistema indudablemente menos ágil, pero más garantista y justo. Los países que gozan de una tradicional sociedad civil más activa pueden hacer descansar una gran parte de sus mecanismos de control en procedimientos informales, y confiar en que el propio funcionamiento colectivo ejerza esa necesaria supervisión. A todos nos viene a la cabeza los transparentes impuestos nórdicos. Quizás el Reino pueda permitirse esas aventuras, aunque no debemos olvidar que España tiene una breve tradición democrática, y nuestro funcionariado ha sido lo suficientemente responsable para dar incontables ejemplos de independencia, control interno y rigor en la defensa del interés general.

Con esto no quiero decir que la función pública sea una construcción angelical exenta de las clásicas tensiones entre principal y agente. Como reconocía Francisco Longo, no hemos tenido patronales públicas capacitadas y dispuestas a defender los intereses ciudadanos: “El amateurismo de los políticos y su aversión al conflicto han caracterizado habitualmente la negociación colectiva, del lado patronal. Enfrente, cuadros sindicales altamente profesionalizados han ejercido todo el instrumental de presión a su alcance”.

En fin, que el anuncio de Cameron promete influir en las campañas electorales del resto de esos países comparables, entre ellos el nuestro. Sin embargo, puesto en una balanza, el sector privado no está para tirar cohetes. La banca comercial, sin ir más lejos, levantó con los constructores una burbuja cuyos efectos estaremos pagando durante años todos los ciudadanos. Aunque la obsesión por la eficacia y el hacer más con menos ha generado toda una cultura gerencialista en el sector público. Pero, ojo con trasladar los modelos de manera automática, que las culturas corporativas no se cambian por decreto. El gran número de suicidios de empleados en France Télécom, tras su privatización y la evolución hacia una gestión más agresivo dejó en evidencia la degradación de la convivencia en la empresa.

Veamos algún principio de management privado. El joven economista asturiano Jorge Juan Fernández, , en su libro “Las reglas del juego” (Leqtor, 2010, 300 páginas y 19 euros) presenta algunos preceptos para el funcionamiento de las modernas organizaciones y, en general, de nuestra economía del conocimiento. En el texto encontramos el Principio de Randall que dice así: los jefes competentes valoran los resultados, mientras que los jefes incompetentes valoran el esfuerzo. Aplicar estas recomendaciones en la Administración Pública, donde lo importante parecen ser los procesos, supone la típica fuente de conflictos entre la legalidad y la eficacia que los interventores discuten cada día con los gestores. Puestos a ahorrar, es mucho más barato un seguro daños que un vigilante de seguridad y nadie entendería que se sustituyesen.

Lo cierto es que los controles de eficacia escasean en el sector público, sólo la legalidad manda. Eso no significa que la simplificación no esté en todas las agendas políticas. Como ejemplo, la tendencia en la política de I+D de la Unión Europea: ante los altos costes administrativos asociados a la gestión y el control de las subvenciones de los proyectos de investigación científica surge con fuerza una corriente para financiación a tanto alzado por logro de objetivos científicos. El propio Tribunal de Cuentas Europeo ha respaldado que, en lugar del sistema actual de “pagos según los recursos empleados”, se pase a un sistema de “pagos por resultados”. La verdadera razón es que los mejores investigadores estaban empezando a desertar, hartos de la complejidad administrativa.

Quizás sea mejor que cada ciudadano valore en su fuero interno su grado de satisfacción con los servicios públicos y para ello le brindo un ejemplo universal. En España, Correos ha pasado del servicio público integrado por funcionarios con uniforme y derecho administrativo, a Sociedad de Capital público con mayoría de personal laboral y aplicación del derecho privado y donde se ofrecen todo tipo de promociones y servicios, en régimen de competencia. La clave no está en la forma jurídica de gestión sino en la capacitación de los empleados y en la existencia de una crítica ciudadanía vigilante. Ahí está el reto.

Publicado en La Nueva España.

La Cámara de Cuentas de Andalucía incluyó, dentro del Plan de Actuaciones para 2009, un informe de fiscalización sobre el análisis comparativo de la gestión desarrollada en el ejercicio 2008 por dos hospitales del sistema sanitario público de Andalucía: Hospital Costa del Sol (empresa pública) y el Hospital Virgen de Valme, organismo dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El primero,  la Empresa Pública Hospital Costa del Sol (Málaga), da cobertura a una población de 372.964 (Padrón 2008) con 348 camas y una plantilla media de 1.412 trabajadores (personal laboral: 1.283 sanitario y 129 no sanitario).

El Hospital de Virgen de Valme (Sevilla) dispone de 555 camas y una plantilla media de 2.481 personas (personal estatutario: 1.875 sanitario y 606 no sanitario). La población de cobertura atendida por el hospital es de 349.964 habitantes (Padrón 2008).

El objetivo que se planteaba en el trabajo de fiscalización era el análisis comparativo de la gestión desarrollada en el ejercicio 2008 por los dos centros hospitalarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con el fin de determinar si la diferencia de régimen jurídico y dependencia funcional, arrojaba diferencias en términos de eficacia, eficiencia, economía, equidad y calidad de las prestaciones sanitarias.

La prensa presenta como conclusión (El País) que los centros sanitarios que son empresas públicas son más económicos que los que dependen del SAS.  Se han analizado los niveles de fijación de objetivos y su grado de integración, tanto los incluidos en los contratos programa de los dos centros hospitalarios, como los objetivos internos fijados por las direcciones de los centros, así como los tiempos de respuesta para intervenciones quirúrgicas.

Principales conclusiones

La estructura organizativa de ambos centros hospitalarios es diferente, aunque pertenecen al Sistema Sanitario Público de Andalucía. Desde su creación, el Hospital Costa del Sol introduce el concepto de organización de los servicios clínicos como “Áreas Integradas de Gestión” (AIG) dependiendo orgánica y funcionalmente de la dirección y subdirección médica y agrupando especialidades asistenciales con objetivos comunes.

La organización por AIG se diferencia de la tradicional por servicios de especialidades asistenciales, en que aquellas disponen de autonomía en la gestión de sus recursos económicos y de personal.

El Hospital de Virgen de Valme, integrado en la red de centros hospitalarios dependientes del SAS, se organiza bajo la dirección unipersonal del director gerente, del que dependen la subdirección gerencia, y las direcciones médicas, enfermería, servicios generales y económico-administrativa, además de nueve subdirecciones.

En cuanto a la parte asistencial, el hospital se encuentra en un momento de transición desde la tradicional organización por servicios de especialidades, a la organización por “Unidades de Gestión Clínica”, concepto asimilable a las “Áreas integradas de Gestión” del Hospital Costa del Sol.

En ambos hospitales, la gestión por procesos se encuentra implantada en la vertiente de gestión clínica, pero no en cuanto a la gestión de recursos que en ambos centros está orientada a la dirección o gestión por objetivos.

Objetivos

Respecto a la fijación y consecución de objetivos, los dos hospitales tienen definidos sus objetivos en el contrato programa, y en ambos sistemas de gestión los profesionales se sienten implicados en su consecución.

Se han analizado los procedimientos de fijación y evaluación de objetivos en los dos centros sanitarios, comprobando el cumplimiento de los principios generales definidos en el contrato programa además del cumplimiento de los objetivos específicos por áreas establecidos por cada uno de los hospitales. En todos los casos se ha podido comprobar la negociación y aceptación expresa del trabajador. La documentación justificativa archivada en los expedientes de cada una de las direcciones, en general, está completa y contiene toda la información necesaria para que el trabajador conozca los objetivos marcados, la evaluación que le corresponde y las áreas de mejora.

Hospital Costa del Sol

Las retribuciones del personal directivo y directores de líneas de procesos del Hospital Costa del Sol se encuentran fuertemente ligadas a la consecución de los objetivos marcados en el contrato programa (40% director gerente, 35% direcciones AIG).

En términos generales, el hospital ha cumplido los objetivos fijados en el contrato programa, este hecho determina que todos los puestos directivos hayan percibido el 100% de las retribuciones en concepto de incentivo.

Hospital de Virgen de Valme

En el caso del Hospital de Virgen de Valme, que también alcanza los objetivos marcados en el contrato programa, los conceptos retributivos vinculados a la consecución son inferiores que en el Hospital Costa del Sol. En el ejercicio 2008, el porcentaje de productividad correspondiente al equipo directivo ha variado en una horquilla entre el 12 y el 15% de las retribuciones percibidas.

Eficacia y eficiencia

En cuanto a la eficacia y eficiencia, se destacan las siguientes conclusiones obtenidas de los resultados de los siguientes indicadores de actividad:

- Actividad de hospitalización

El Hospital Costa del Sol, aunque con mayor población de cobertura, presenta un número menor de ingresos en el ejercicio. La frecuentación hospitalaria es superior en el Hospital de Virgen de Valme. El indicador que mide la “estancia media” es uno de los que presenta más diferencia entre los dos hospitales. En el Hospital de Virgen de Valme la estancia media resulta un 30% superior respecto del Hospital Costa del Sol. Este resultado afecta de forma negativa al resto de indicadores (rotación, índice de utilización de estancias, etc.). El Índice Utilización de Estancias (IUE2) para los dos hospitales presenta valores por debajo del valor medio esperado, un 20% en el Hospital Costa del Sol y un 5% en el Hospital de Virgen de Valme.

- Actividad de consultas

El número total de consultas externas realizadas en el ejercicio es un 54% superior en el Hospital de Virgen de Valme a pesar de tener menor población de cobertura.

Si se considera el número de salas disponibles en un centro y otro, puede observarse una utilización de las salas muy superior en el Hospital Costa del Sol, en el que cada espacio físico es utilizado para una media de 20 consultas diarias, frente a las 13 calculadas para el Hospital de Virgen de Valme. Los factores que influyen, en la mayor utilización de los recursos disponibles en el Hospital Costa del Sol son la accesibilidad horaria de los profesionales y la ubicación más centralizada de las salas de consulta.

Ambos hospitales presentan el mismo porcentaje de consultas sucesivas (57%), lo que quiere decir que en un 43% de los casos se consigue el alta del paciente en una primera consulta.

- Actividad de urgencias

El Hospital Costa del Sol tiene una mayor población de cobertura y atiende a un número más elevado de pacientes en el servicio de urgencias. Según los resultados obtenidos, el Hospital Costa del Sol realiza una gestión del servicio de urgencias más eficiente que el Hospital de Virgen de Valme, al resolver los episodios de urgencias con un menor número de ingresos y con un porcentaje inferior que el Hospital de Virgen de Valme de traslados a otros centros.

La elevada frecuentación de urgencias tiene como consecuencia inmediata demoras en la prestación de asistencia al usuario. Por lo tanto, estos servicios son los más afectados por el número de reclamaciones. Ambos hospitales tienen un número muy similar de reclamaciones de usuarios, aunque el servicio de urgencia del Hospital Costa del Sol recibe un 137% más de reclamaciones que el Hospital de Virgen de Valme.

- Actividad quirúrgica

La actividad quirúrgica tanto programada, como urgente y la resolución de Cirugía Mayor Ambulatoria, resulta superior en el Hospital de Virgen de Valme, centro que cuenta con un número superior de quirófanos y de camas en hospitalización.

La estancia preoperatoria, en el caso de cirugía con ingreso, es superior en el Hospital de Virgen de Valme. Una disminución potencial de las estancias preoperatoria contribuiría a una disminución (potencial) de la estancia media del hospital y del IUE2.

El indicador relacionado con la calidad de la asistencia, prevalencia de enfermedades nosocomiales, ofrece resultados más favorables en el Hospital Costa del Sol.

Del análisis comparativo de las tasas de indicación quirúrgica se observa que en el Hospital de Virgen de Valme se prescribe más cirugía por 100.000 habitantes que en el Hospital Costa del Sol.

En concreto, la tasa de indicación quirúrgica en los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)“Sustitución de articulación mayor excepto rodilla”, presenta unos valores muy alejados de la media en los dos hospitales, muy por encima en el caso del Hospital de Virgen de Valme (55,6%) y muy por debajo en el Hospital Costa del Sol (-53,8%).

Según el análisis realizado, el Hospital Costa del Sol cumple los plazos de garantía establecidos en el Decreto 209/2001, del 18 de septiembre de la Consejería de Salud y en la Orden de 20 de diciembre de 2006.

En relación con el Hospital de Virgen de Valme, las incidencias detectadas en el Registro de Demanda Quirúrgica impiden confirmar los datos aportados por el sistema de Gestión de Demanda, sobre el cumplimiento de plazos de garantía quirúrgica en este centro sanitario.

Resumen económico

Respecto a las conclusiones de carácter económico, el Hospital Virgen de Valme presenta una situación deficitaria acumulada, ascendiendo el total de gastos pendiente de imputación a presupuestos al cierre del ejercicio 2008 a un importe total de 3.892.993 €. La situación financiera de la empresa pública permanece saneada, sin que se acumulen pérdidas de ejercicios anteriores. Durante el ejercicio 2008 se aprueba un expediente de modificación presupuestaria por importe de 338.300 € para cubrir el déficit de explotación del ejercicio.

Todos los indicadores calculados con relación a los gastos de personal son más favorables en el Hospital Costa del Sol, que se comporta de forma más eficiente en la relación entre la población de cobertura, así como la actividad desarrollada, y los totales de gastos de personal (personal sanitario y, sobre todo, personal no sanitario).

En los puestos de jefaturas de servicios asistenciales se produce una convergencia desde el modelo laboral al estatutario, al menos desde el punto de vista de las retribuciones. En cuanto a los puestos correspondientes a la primera línea de dirección, la retribución media en el Hospital Costa del Sol es un 19% más elevada que la recibida por los puestos homólogos en el Hospital de Virgen de Valme.

Los consumos en farmacia y material fungible relacionados con los puntos GRD, como estimación del coste de los procedimientos realizados en los centros sanitarios, resultan más favorables para el Hospital de Virgen de Valme.

Para las prótesis cardiovasculares, el indicador de consumo por puntos GRD, aunque es más favorable para el Hospital de Virgen de Valme, la diferencia no es significativa, pero el mismo indicador calculado para prótesis de trauma y osteosíntesis supone un coste por puntos un 34% superior en el Hospital Costa del Sol (763 € frente a 566 €).

El gasto total por habitante es un 58% superior en el Hospital de Virgen de Valme. A este respecto se debe tener en cuenta que no se han incluido los importes correspondientes a los gastos centralizados que asumen directamente los Servicios Centrales del SAS como centro director del organismo autónomo (inversiones centralizadas, mantenimiento de equipos informáticos, asesoría jurídica, gestión de nóminas, etc.).

La relación del total gastos de explotación con la complejidad y el coste estimado de los procesos realizados, representado por el peso y los puntos GRD, aportan resultados más favorables para el Hospital Costa del Sol, excepto para los consumos de farmacia, fungible sanitario y prótesis.

La facturación a terceros en el ejercicio 2008 ha ascendido a 642.635 € en el Hospital de Virgen de Valme y 3.784.935 € para el Hospital Costa del Sol. En el caso del Hospital de Virgen de Valme, los importes correspondientes a las facturaciones realizadas se ingresan en la Tesorería del SAS, cuenta restringida de ingresos, es decir, que el hospital no dispone directamente de los importes facturados correspondientes a la asistencia sanitaria que ha prestado. Por el contrario, los importes facturados por el Hospital Costa del Sol, sí se imputan a la tesorería propia del hospital, por lo que el centro puede determinar el destino de los fondos en el momento de su devengo.

En los últimos tres ejercicios, las inversiones en infraestructura en el Hospital Costa del Sol han sido superiores en un 34% a las realizadas en el área hospitalaria Virgen de Valme.

Calidad

En relación con la satisfacción de los usuarios se observa un alto nivel de satisfacción en ambos hospitales públicos.

La valoración por el usuario del Hospital Costa del Sol, medida a través de encuestas de satisfacción, es sensiblemente superior respecto a la del Hospital de Virgen de Valme, al ser valorado por encima de la media andaluza en un total de 15 indicadores y no presenta ninguna percepción de calidad por debajo de esta.

En contraste con los resultados de las encuestas realizadas, los cuestionarios cumplimentados al alta asignan valores de satisfacción sensiblemente superiores al Hospital de Virgen de Valme, que sólo se encuentra por debajo de la media en la valoración de la comida.

CONCLUSIÓN GENERAL

Como resultado de los análisis realizados y las conclusiones expuestas en los puntos anteriores, se puede concluir que:

- Ambos hospitales alcanzan los objetivos estratégicos definidos desde la Consejería de Salud y el SAS.

- Las diferencias fundamental es entre los dos modelos se centran en el diseño de la estructura y régimen jurídico del personal. La dirección gerencia del hospital Costa del Sol dispone de la competencia y capacidad de selección de los profesionales que entran a formar parte de la organización (relación laboral). La estructura de personal del hospital Virgen de Valme le viene impuesta a su dirección (relación estatutaria). El mantenimiento del alto coste de personal afecta de forma definitiva a la relación coste / actividad.

- La gestión económica y financiera resulta más flexible e independiente en el Hospital Costa del Sol que sin encorsetamientos presupuestarios permite a la empresa gestionar su estructura de gastos, ingresos e inversiones.

- El Hospital Costa del Sol resulta más económico y eficiente en la gestión de los recursos disponibles, con un coste total de la asistencia prestada por habitantes un 58% menor que el Hospital de Virgen de Valme.

- En los consumos de farmacia, material fungible y prótesis, la eficiencia, medida en la relación coste /complejidad, resulta favorable al Hospital de Virgen de Valme.

La calidad de la asistencia prestada en los dos hospitales se encuentra por encima de la media de los hospitales andaluces de su nivel, siendo alta en los dos centros sanitarios que cumplen los requisitos de accesibilidad exigidos por la Consejería de Salud.

En una primera valoración a El País, la Consejería de Salud contestaba que las diferencias económicas entre los dos centros pueden deberse a otras causas además del régimen jurídico, como son el hecho de que el Valme tenga hasta dos sedes hospitalarias y tres centros de especialidades, así como que el centro sevillano ofrece servicios más complejos y tecnológicos y su población tiene un perfil “más rural” y con un alto índice de enfermedades crónicas.

La Universidad española, como la europea, afronta en los últimos años un imparable proceso de acercamiento al mercado en múltiples frentes y con diversa velocidad de crucero. Desde el gerencialismo de sus directivos, la gestión competitiva de la docencia o la investigación, en un marco de caida de alumnos, de subvenciones y restricciones financieras. Una tendencia clara aunque no pacífica en el mundo académico, en el habitual marco de la lucha generacional. 

Esta evolución, que se va imponiendo paulatinamente, tiene como detractores a respetados y venerables académicos que ven en estas ideas el fin de un romántico ideal de servicio público que, sencillamente, desapareció con la llegada de la Universidad de masas y la globalización.

El eminente profesor González Navarro, en un entrañable artículo (“La universidad en la que yo creo”, en descarga libre) escrito en la Revista de Administración Pública, en homenaje a su colega Alejandro Nieto, expresa sus convicciones sobre la Universidad y su cotidiano quehacer: “una especie de confesión pública de mi credo universitario, «desde la última vuelta del camino»” dice al jubilarse. Entre ellas, la crítica a ese gerencialismo: “sólo quienes miran la Universidad con ojos de mercader pueden creer que aquélla es una empresa cuyo cliente es el alumno”. El ilustre administrativista califica estas ideas de disparate que asocia a la decadencia y muerte de nuestra cultura occidental concluyendo “si los mercaderes de una y otra obediencia se adueñan de la Universidad y la ponen a su servicio tendríamos que certificar la defunción de esa Universidad en la que yo creo y sigo creyendo”.

El escenario no es nuevo, aunque a España ha llegado con casi un siglo de retraso. Lo denunciaba, en 1918, el sociólogo institucionalista, Thorstein Veblen, acusando a los rectores nortemericanos de tenderos:

“Es una pauta no escrita y de la que pocas veces se habla, pero que subyace bajo la política académica universitaria, que las distintas universidades compiten por el comercio de educación vendible, más o menos de la misma manera que los establecimientos rivales en el comercio minorista compiten por sus clientes” (The Higher Learning in America:  A Memorandum on The Conduct of Universities by Businessmen).

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Nuestra universidad reformada se caracteriza por la condición participativa y plural de sus órganos de decisión, la inmediatez de su gestión, su amplia desconcentración de funciones para hacer frente a un entorno globalizado marcado por la competición, el dinamismo y la incertidumbre.

La Universidad es una organización que obtiene una producción conjunta, un output múltiple e inseparable: docencia e investigación Una empresa de servicios multiproducto caracterizada por la intangibilidad de la prestación, por la simultaneidad de prestación y consumo así como por la heterogeneidad de las demandas de sus usuarios/clientes.

Se acepta como premisa que la docencia es la función principal de las universidades. En la actualidad y dentro de lo que se denomina la “educación de masas”, las universidades dedican la gran mayoría de sus recursos a los programas docentes. Sin embargo, uno de los mayores problemas que tiene la enseñanza superior en Europa es el gran número de alumnos fallidos. Además, está la incapacidad de las universidades para atraer buenos estudiantes y un cierto desinterés por ofrecer un servicio atractivo. El problema se ha intentado corregir mediante los modelos de financiación basados en resultados.

El sistema universitario español se cimienta en torno a la idea de no introducir diferencias entre los estudiantes, que -además- se matriculan en el centro más cercano al domicilio familiar. Con ello tampoco se crean demasiadas diferencias de calidad entre universidades, impidiendo que ninguna destaque en especial ante la indiferencia, salvo raras excepciones, por el producto universitario final: el graduado. Es verdad que algunas universidades (pocas) llevan a cabo iniciativas innovadoras: licenciaturas en inglés, dobles titulaciones, implantación de campus en el extranjero o estudios compartidos con otras universidades europeas o norteamericanas.

En nuestro ordenamiento jurídico, la investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador de las Universidades (artículo 40.1 de la LOU) al que se permite dedicar gran parte de la jornada laboral. En todos los países occidentales la investigación se va sistematizando, convirtiendo sus universidades en más competitivas, más orientadas en lo comercial y más estratégicas. Introducen prácticas y valores de gestión que chocan con las estructuras tradicionales. Los nuevos clientes son las Cámaras de Comercio, las PYME locales, las asociaciones de empresarios, el Ayuntamiento…

Resulta muy difícil impregnar de una cultura del coste a las actividades universitarias, tradicionalmente acostumbradas a la financiación pública, de precios subvencionados y centradas en el corto plazo. Sin embargo, un amplio sector ciudadano opina que la única solución viable a largo plazo para las universidades es la dirección de las mismas como empresas reales del mundo comercial: considerar al alumno como un cliente y recoger un superávit en todo el trabajo que llevan a cabo. Algo muy dificil en una organización tan poco proactiva y que -además- es una Administración Pública.

Desde el año 2003, durante el mes de agosto se hace pública la clasificación mundial de universidades elaborada por la Universidad de las Comunicaciones de Shanghai (Jiaotong). Se trata del Top 500 del que ya hemos hablado en otras ocasiones y que, de hecho, supone el ranking más influyente para clasificar las instituciones de educación superior de todo el mundo.

Se trata de un ranking tan esperado como criticado, particularmente en Europa, que consideran que sus criterios nos perjudican al primar la investigación en detrimento de la formación. Así, pondera seis criterios para medir la calidad de la enseñanza y para ello tiene en cuenta una serie de factores teóricamente objetivos: el número de premios Nobel entre profesores (20 %) y entre antiguos alumnos (el 10 %). El número de investigadores más citados en sus disciplinas (20 %), el número de publicaciones en las revistas Nature y Science (20 %) y el número de artículos indiciados en SCI (20 %) así como el número total de su plantilla de profesores (10 %).

Resultados

Como el año pasado, los Estados Unidos continúan dominando la clasificación de manera aplastante y copan 17 de 19 primeros puestos. La universidad americana de Harvard permanece desde hace siete años como número uno, y el trío de cabeza es el mismo, pero Berkeley le roba el segundo puesto a Stanford este año. Las únicas universidades británicas que se meten entre las 10 mejores son Cambridge (5º) y de Oxford (10º). Francia, por su parte, mantiene sus tres establecimientos entre los cien primeros, aunque Alemania es el segundo país con mejor clasificación, con 39 universidades en la lista, aunque muy por detrás de EEUU, que tiene un total de 154. Por su parte, Gran Bretaña ubica a 38 entre las 500 mejores, Japón a 25, Francia a 22 y España tiene diez. Tendrá muchos detractores esta lista, pero pienso que es bastante representativo de la visión que todos tenemos del mundo académico, sus recursos y su historia.

A lo largo del próximo año, la Unión Europea quiere presentar su propia “clasificación”, que será de hecho una “cartografía” por disciplinas, concebida particularmente como una ayuda a los estudiantes en la elección de su universidad. Es nuestra típica manera de afrontar el asunto. Eso y  el…

Pataleo

El ranking es acusado de ser “exclusivamente científico” y concentrarse en la investigación, ignorando la calidad de la formación. Por ello, es censurado en los países del viejo continente, en medio de la perplejidad de los promotores chinos: “No nos imaginábamos que los resultados tendrían tanta influencia“, dijo a la agencia de prensa AFP Ying Cheng, director ejecutivo del Centro de Jiaotong para las universidades de clase mundial.

Francia envió a su ministra de Enseñanza Superior el mes pasado a Shanghai para criticar su clasificación, Noruega ya mandó a su ministro el año pasado y el de Dinamarca es esperado allí el mes próximo. Decenas de Rectores de universidades también viajaron a China. Cierto es que había EXPO …

La idea de esta clasificación nació en 1998, cuando Pekín decidió dotarse de varias universidades con prestigio mundial, con el objetivo de definir los criterios para que una universidad sea considerada de rango internacional y ver cómo se ubicaban las universidades chinas. En 2004, ocho aparecían entre las mejores 500. Ahora superan la treintena.

España sólo tenía a la Universidad de Barcelona en la anterior lista TOP200 y la ha perdido, como pone de manifiesto Enric Canela.

Clasificación de las Universidades Españolas

201-300:

• Universidad Autonóma de Madrid (UAM)
• Universidad Complutense de Madrid (UCM)
• Universitat de Barcelona (UB)
• Universitat de Valencia (UV)

301-400:

• Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)
• Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
• Universitat Pompeu Fabra (UPF)

401-500

• Universidad de Granada (UGR)
• Universidade de Santiago de Compostela (USC)
• Universidad de Zaragoza (UNIZAR)

La Audiencia de Cuentas de Canarias hizo público en diciembre pasado sendos informes sobre la “adecuación” al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de las dos Universidades de la Comunidad Autónoma. Se trataba de evaluar los parámetros fijados en el EEES y la realidad de las Universidades de La Laguna (ULL) y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), tomando como referencia final el curso 2007-2008.

El resultado no ha sido para tirar voladores. En palabras del Presidente de la Audiencia de Cuentas durante su comparecencia parlamentaria: “a ambas universidades aún les quedaba bastante para terminar de adaptarse al Espacio Europeo “. Auque admitió que ambas instituciones eran “conocedoras de la situación”, por lo que esperó que en el curso 2010-2011 las dos universidades canarias “estén totalmente adaptadas”.

Parámetros europeos

En algunos parámetros, como el número de alumnos por aula, el objetivo de Bolonia quedaba bastante lejos, durante el curso analizado: sólo la mitad de las facultades canarias estaban dentro de los estándares recomendados.

El nivel de equipamiento tecnológico también era pobre en ese curso. Si bien todas las aulas disponían de conexión a Internet, pocas contaban con videoproyector (37% ULL y 24% ULPGC) ordenador (ninguna en ULL y 46% en ULPGC) o pizarras digitales (ninguna en ULL y 1,5% en ULPGC) y la casi inexistente tutoría on line.

Respecto del porcentaje de personal docente que utilizaba las plataformas virtuales, tan solo alcanzaba el 28,12% del total del profesorado de la ULL y 54% en ULPGC. La última pincelada la ofrecía la oferta de titulaciones en formato “on line”, que era del 3% en la ULL y del 9% en ULPGC.

Ver informes (Universidad de La Laguna + Universidad de Las Palmas)

Aulas “europeas”

Según la Audiencia de Cuentas, el espacio físico se ha dividido mediante mamparas para convertir el aula en dos, de manera que lejos de cumplir los objetivos previstos de acondicionamiento de los espacios existentes, ha generado problemas derivados de una deficiente insonorización entre las dos nuevas aulas, lo que impide que se puedan llevar a cabo las tareas docentes de manera adecuada.

Como nos recuerda José Ramón Alonso, Bolonia “supone un cambio de cultura para los universitarios y una garantía para los estudiantes que acceden a una universidad” que además incluye mecanismos de control de calidad, como la acreditación, la certificación, la evaluación y las auditorías. Por lo tanto, en el futuro, deberemos acostumbrarnos a este tipo de informes. También debemos acostumbrarnos a la competencia, con universidades de todo el mundo implantandose en España. Cada vez es más frecuente tener centros o campus en el extranjero. Y las clases medias españolas optarán por enviar a sus hijos a las pudientes universidades anglosajonas, con frecuencia al grado y con seguridad al master.

Sin embargo, alcanzar los niveles previstos no puede lograrse a coste cero.

En definitiva, se trata de un proceso que arroja luces y sombras pero que deberá estar terminado en el próximo curso académico, donde todas las titulaciones ofrecidas en la Universidad deberán estar adaptadas. Aunque, como dice Joaquín Sevilla los grandes problemas de la universidad (endogamia en la selección del profesorado, falta de financiación, exceso de burocracia, dificultad en la toma de decisiones, tendencia excesiva al gremialismo, etc.) no se van a mover un ápice con este proceso.

Para los muy cafeteros, recomiendo la comparecencia y debate del Ministro de Educación en el Congreso, el 1 de diciembre de 2009, que pasa revista al estado actual de la Universidad Española.

Foto de Paco Bellido en Ginebra; Silla rota de 12 metros, obra de Daniel Benet.

Cuenta Vicenç Navarro que la metáfora de las cuatro patas de la silla, sosteniendo el Estado del Bienestar, surgió en una conversación con Josep Borrell, cuando era candidato a la Presidencia del Gobierno de España, en el año 2000. Junto a la mesa en que preparaban el programa electoral había una silla, apartada con una pata rota.

“Le indiqué al Sr. Borrell que nuestro estado del bienestar era como aquella silla: es decir tenía tres patas. Teníamos el derecho de acceso a los servicios sanitarios, el derecho a la educación y casi el derecho a las pensiones (con el establecimiento de las pensiones no contributivas). Pero nos faltaba la cuarta pata: el derecho de acceso a los servicios de ayuda a las familias. De ahí que utilizando el símil de la silla a la cual le faltaba la cuarta pata, utilice la expresión de que nos faltaba el cuarto pilar del bienestar”

La evolución sufrida por esa silla del bienestar durante esta última década plantea un escenario con incógnitas sobre la sostenibilidad en todos los pilares que la soportan. No se trata de ser pesimista sino de plantear sin tapujos la situación. Asistimos a grandes amenazas a las patas correspondientes a Pensiones (debate sobre sostenibilidad y el retraso en edad de jubilación) Sanidad (con enormes gastos sin partida presupuestaria en todos los programas autonómicos de salud o el debate del copago) y Educación (con la Universidad atravesando grandes problemas financieros en todas las CCAA, de todo signo político). Ahora, nos quedamos con la última pata.

La ley de Dependencia, ¿sostenible?

La conocida popularmente como Ley de la Dependencia, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, surge en un momento de cierta suficiencia (¿euforia?) presupuestaria en el Estado español. Su aplicación generó muchas expectativas y hoy muchas voces indican que es administrativamente complicada y financieramente insostenible.

De acuerdo con el estudio realizado por Irene Albarrán (UCIII) y Pablo Alonso (UAH) para la revista «Estudios de Economía», del que se hace eco hoy el diario La Nueva España, para el 2020 el número de dependientes con derecho a ayudas será ligeramente superior al millón de personas.

Antes (durante 2015) cuando se supone que estará funcionando a pleno rendimiento el sistema español de dependencia, su coste se acercará a los 20.000 millones de euros, importe muy superior a los 4.426 millones que esperan aportar las AA.PP. Así lo dicen:

Las estimaciones indican que los fondos que aporten tanto el Estado como las CC.AA. no llegarían a cubrir ni el 30% del coste estimado, es más: en el mejor de los casos sería equivalente a cubrir únicamente la atención de los grandes dependientes. Esto supone que los niveles de aportación del beneficiario deberían ser extremadamente altos (…) En resumen, el objetivo de lograr una atención de calidad para estas personas y lograr que el sistema sea el cuarto pilar del sistema de bienestar, supone un esfuerzo económico mucho mayor del inicialmente previsto por las autoridades económicas españolas, lo cual debería abrir el debate sobre la manera más adecuada de financiar estos servicios.

El Tribunal de Cuentas informará

La situación actual requiere poner sobre la mesa una información contrastada e independiente. El Tribunal de Cuentas de España acaba de hacer público su programa de trabajo para el ejercicio 2010. Incluye una fiscalización sobre “gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia”.

Se trata de un informe horizontal, que afecta a un conjunto de Entidades públicas y donde será necesaria la coordinación de los OCEX autonómicos, que irán incluyendo ese trabajo en sus propios programas. Algunos ya lo han hecho, como la Cámara de Comptos de Navarra (“aplicación en Navarra de la Ley de Dependencia”) y sin duda, el resto se sumarán para el año 2011.

Algunos datos sobre la dependencia

En la actualidad, la aplicación de la ley de la Dependencia supone un 0,6% del PIB, aunque se estima que para el año 2015 representará el 1,5% del PIB.

El modelo de financiación que prevé esa ley es el de tres tercios iguales: el Estado, las CCAA y los beneficiarios de la prestación. Sin embargo, la aportación del usuario, hoy por hoy  es mínima: en torno al 10% de media. Sobre la aportación del Estado hay discrepancias en función de cómo se valoran las infraestructuras ya existentes, pero a través de las dos vías utilizadas oscila entre el 20% y el 24% del coste. Las CCAA deben asumir el déficit generado, que representa una media del 60% del servicio.

La ciudadanía está perpleja con las cifras. Los gestores también. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con representación en toda España, es temida por sus informes periódicos y sufre muchas presiones por los datos que aportan en su valioso Observatorio de la Dependencia. Entre sus últimos trabajos (ver resumen de conclusiones en PDF) se concluye que, en el momento actual, el problema de financiación de la Ley no es tanto una cuestión de volumen total de recursos, como de criterios de distribución de la financiación estatal a las CCAA: “las diferencias entre Comunidades Autónomas son abismales; así, mientras algunas Comunidades participan con un porcentaje próximo o incluso superior al 50 % del coste real de las prestaciones económicas y servicios que proporcionan a sus ciudadanos, otras apenas llegan al 10 % (Murcia y Baleares), incluso una Comunidad, Canarias, no solo no realiza aportación alguna, sino que podría estar generando ingresos extraordinarios por la aportación estatal”.

El Observatorio de la Dependencia realiza las siguientes valoraciones de las CCAA, en su IV Dictamen, correspondiente a diciembre 2009:

La Agencia de Evaluación interviene

La Agencia Española de Evaluación de la Calidad y de las Políticas Públicas (AEVAL) realizó, el año pasado, un certero análisis de los dos primeros años de funcionamiento de la Ley de dependencia: 2007 y 2008. Así, entiende que la Administración del Estado  ha contribuido “de manera decisiva” al arranque del sistema, regulando en plazo y forma la normativa básica y garantizando la creación y el funcionamiento del Consejo Territorial (CT) así como unas condiciones básicas y el contenido común que permita el ejercicio del derecho en condiciones de igualdad.

Sin embargo, opina que el CT está aún lejos de ser el elemento de gobierno innovador que pretende establecer la Ley, capaz de canalizar eficazmente la necesaria cooperación de todas las Administraciones Públicas debido a carencias y problemas que, al menos en parte, serían reflejo de insuficiencias en el papel que el Estado ha jugado en el mismo. Recomienda dotarle de los medios necesarios para cumplir plenamente con las funciones que le otorga la Ley. El Tribunal de Cuentas no será tan generoso en la apreciación cuando le toque evaluar la aportación financiera del Estado.

Conclusiones de la AEVAL

La cuestión de los procedimientos de reconocimiento del derecho a las ayudas permite afirmar a la AEVAL que sus datos muestran periodos de resolución del procedimiento, en muchas CCAA, que van más allá de los seis meses.

En el aspecto financiero, denuncia que no se habían definido una serie de elementos que condicionan el coste y la sostenibilidad del sistema. Así, si bien se estableció un catálogo de servicios, no se detalló con suficiente precisión los elementos que componen cada uno de dichos servicios, la intensidad de éstos, la incidencia de la cofinanciación a cargo de los usuarios o los distintos umbrales de calidad.

Esos aspectos son esenciales para conocer el coste del sistema y, en base a ello, la contribución financiera de las distintas administraciones. La ausencia de información fiable, una vez más, hace que “en esta fase temprana de aplicación de la Ley, no se disponga de datos que permitan calibrar con rigor el incremento de la red de servicios de forma paralela a la entrada en el sistema de nuevos beneficiarios no atendidos y la suficiencia de dicha infraestructura”.

Hoy traemos a la bitácora dos experiencias de buenas prácticas para los departamentos de Auditoría Interna en el sector público. Se trata de reconocimientos de distinto alcance y procedencia, pero que tienen la virtud de evidenciar una floreciente cultura de mejora contínua en un servicio, por lo general poco innovador y menos dado a la exposición pública.

Tribunal de Cuentas Europeo

Entre junio de 2009 y septiembre de 2009, la multinacional de la Auditoría Deloitte realizó una evaluación externa de calidad interna del Servicio de Auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo. Respondía así a la petición del Jefe de Auditoría Interna, con el fin de cumplir con las Normas para la Práctica Profesional del Instituto de Auditores Internos.

Quienes trabajáis en el corazón de la Administración Pública estaréis recibiendo la noticia con cierto escepticismo. Lo sé. También cuando la evaluación la efectúan colegas de otro tribunales (“entre bomberos no se pisan la manguera”) a través de lo que se denomina Peer review.

Sin embargo, es elogiable el afán de trasladar al exterior la imagen de cumplimiento de los estándares internacionales en todo el ámbito del Tribunal, que ha dado ejemplo de su excelencia en la reciente revisión entre pares a cargo de un equipo internacional compuesto por  representantes de cuatro entidades fiscalizadoras superiores: Altos Responsables del Tribunal de Cuentas de Austria y de Portugal, así como de la  Oficina del Auditor General de Noruega y de Canadá.

Sobre la base de ese trabajo, el Servicio de Auditoría Interna ha sido certificado como conforme a las normas internacionales de auditoría interna, y, en particular, la Norma 1312 que exige realizar “evaluaciones externas al menos una vez cada cinco años por un revisor o equipo de revisión cualificado e independiente, proveniente de fuera de la organización”.

Esta certificación fue entregada al señor Helder Faria Viegas, Auditor Interna del Tribunal, el 2 de diciembre de 2009, por el Sr. Laurent Berliner, socio de Deloitte SA, como podeis ver en la foto, cortesía del Tribunal de Cuentas Europeo

Oficina de Control Interno de la Universidad de Valencia

La Oficina de Control Interno de la Universidad de Valencia ha ganado el Premio Telescopi a la Mejor Práctica en Dirección y Gestión Universitaria que concede la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria de la Universitat Politècnica de Catalunya, por sus “Auditorias de Eficacia y Eficiencia: Informes de Ejecución Presupuestaria”

La entrega formal del Premio tuvo lugar el 16 de diciembre del 2009 en la Universitat Politècnica de Catalunya en el marco de una jornada que contó con la presencia de numerosos representantes del ámbito universitario. En dicha Jornada participaron todas las componentes de la Oficina de Control Interno y el premio fue recogido por la Directora de la Oficina, Esther Escolano.

Esta práctica ya fue distinguida por el Consell Social de la Universitat de València en 2008 con el Premio Universitat-Empresa en la modalidad de Gestión Universitaria (ver reseña) y posteriormente incluida en el TELESCOPI, un observatorio de buenas prácticas universitarias que tiene como objetivo identificar y compartir experiencias exitosas realizadas por instituciones de educación superior de España, en el ámbito de la dirección y la gestión universitaria.

TELESCOPI es un Banco de Experiencias donde se recogen prácticas en Dirección y Gestión universitaria, que antes de su incorporación, pasan por un proceso de evaluación y validación por parte de un comité de expertos. El banco está pensado para funcionar como una plataforma para el benchmarking, abierto a las instituciones de educación superior de Europa y América Latina. Su objetivo es contribuir a la gestión del conocimiento en el  ámbito de la Dirección Estratégica aplicada al mundo universitario. TELESCOPI está dividido en siete áreas, siguiendo la orientación del Modelo de Excelencia de la European Foundation for Quality Management (EFQM): Estrategia, Personas, Alianzas y Recursos, Liderazgo, Procesos, Clientes y Resultados. El Observatorio también promueve a cada dos años un Premio en el que se distinguen las mejores prácticas del banco de experiencias.

Breve descripción de la práctica premiada:

Por Esther Escolano, Directora de la Oficina de Control Interno de la Universitat de València

Una de las actividades que realizamos desde la Oficina de Control Interno es, dentro de lo podrían considerarse como nuevos enfoques de la auditoria interna y su contribución a la calidad y a la modernización de las AAPP, una práctica que se enmarca dentro de lo que se conocen como auditorias de eficacia y eficiencia: los INFORMES ANUALES DE EJECUCIÖN PRESUPUESTARIA.

A través de dicha labor proporcionamos a las distintas unidades cifras relativas a los principales indicadores de la ejecución del presupuesto, datos que estimamos realmente interesantes para conocimiento de aquéllas en la medida en que no aparecen en ningún otro informe o documentación. Con carácter interno, la información proporcionada constituye una panorámica capaz de permitir apreciar la situación comparativa de los distintos departamentos o sub-unidades, su volumen de fondos ordinarios junto a aquellos destinados a la investigación, el destino de los créditos empleados, etc.

Además,  en cada uno de los Informes se proporciona información correspondiente a otra serie de unidades capaz de facilitar su ubicación tanto en el Campus correspondiente como en el conjunto de centros de tipología similar (Facultades, Escuelas, Institutos, Servicios…), un enfoque que, sin duda, permite la descripción comparativa de la unidad auditada.

Por ello, podrían destacarse como características definitorias de dichos Informes:

- Mediante los mismos se lleva a cabo un análisis integral de las principales magnitudes e indicadores de gestión presupuestaria.

-  Proporcionan información que no aparece en ningún otro informe ni    documento.

- Ofrecen una panorámica anual de origen y ocupación de recursos económicos de tota la Universitat; permiten la ubicación comparativa en el campus geográfico, y también con  las unidades de tipología similar.

Para un mejor conocimiento de los Informes de Ejecución Presupuestaria hacer clic aquí.

El titular del diario Cinco Días nos recuerda que el 78% de las grandes empresas españolas cuenta con un comité de auditoría y una dirección de auditoría interna. Además, el tamaño de estos departamentos ha crecido de forma importante en los cuatro últimos años.

Estas conclusiones se obtienen del III Estudio sobre la Situación de la Auditoría Interna en España realizado por KPMG y el Instituto de Auditores Internos para analizar diversos aspectos de esa profesión en nuestras organizaciones.  En la realización de este estudio se confeccionó un cuestionario que fue cumplimentado por 121 directivos de organizaciones de todos los sectores de actividad y de diferentes tamaños, que permitió estudiar la evolución de la Auditoría Interna con respecto a ediciones anteriores (2001 y 2004), así como anticipar las tendencias previsibles de acuerdo con las necesidades de las organizaciones y la legislación.

En las sociedades cotizadas, para cumplir con la Ley Financiera, todas disponen de un Comité de Auditoría y un 94% con auditor interno. Muchas de las no cotizadas cuentan también con ambos departamentos. La recomendación 47 del Código Unificado anima a que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión del comité de auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno. Ya hemos hablado aquí del creciente papel de estos Comités en las Sociedades de interés Público, en la reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Crecimiento espectacular

Entre 2004 y 2008 el tamaño de las direcciones de auditoría interna ha crecido en un 65%, pasando de 17 a 28 auditores de media. Este dato sin embargo, varía de forma significativa en función del tamaño de las organizaciones – siendo de 60 auditores para más de 4000 empleados y de 14 en las de menos de 1000-. También ha crecido más del 36% el ratio de auditores internos sobre el número total de empleados -pasa del 0,22% al 0,30%-.

Entre los resultados del informe destaca que la gran mayoría de las direcciones de auditoría interna dependen jerárquica y funcionalmente de los órganos de gobierno o los máximos ejecutivos. Pero los autores del informe señalan que “resulta llamativo” que esto aún no sea una realidad en el 18% de las participantes en el estudio o que no dependa funcionalmente del comité de auditoría en el 22% de las empresas cotizadas en España.

El informe también refleja que la comunicación del auditor interno resulta ser bastante fluida con los órganos de los que depende. La gran mayoría de los departamentos de auditoría se reúne con sus superiores jerárquicos una media superior a las cinco veces al año. Sin embargo, sólo un 39% de los departamentos tenían implantado un programa de garantía de calidad.

La celebración en la Universidad de Cádiz, durante el 1 y 2 de octubre próximo, de las Jornadas sobre Aspectos actuales de la Auditoría Interna en el sector público, nos permitirá  debatir y, sobre todo, homenajear a Luis Barrio Tato (ver foto adjunta) que durante estas dos décadas fue director del área de auditoría interna de la Universidad de Cádiz. Luis se jubila y quiere hacerlo impulsando este seminario, donde abordaremos un enfoque integrador de la función de Auditoria Interna, desde la perspectiva del Informe COSO, y de los sistemas de gestión de calidad, el modelo EFQM, las cartas de servicios, etc.

Esto supone una visión moderna de la función de auditoría interna, que ya hemos avanzado en otra ocasión. El siguiente cuadro resume muy bien la evolución producida durante las últimas décadas:

Esta función, que siempre ha defendido y divulgado Luis Barrio, supone la consideración del Auditor Interno del sector público no como un “perro guardián” sino como consejero independiente, inmerso en una cultura de mejora continua, que debe perfeccionar sus procesos a través del benchmarking y de revisiones entre colegas, aspirando a que sus procesos estén de acuerdo con la mejor práctica.

Este esquema de trabajo debe emplear una orientación hacia las necesidades del cliente y realizar periódicamente una encuesta formal entre los “usuarios” del departamento. Como puede observarse, se trata de una evolución del modelo Interventor, y corresponde al selecto club de las organizaciones maduras y con un elevado ambiente ético.

Quizás por esto, Luis Barrio ha defendido para la Administración Pública un modelo de informe sobre control interno con un contenido similar al de las sociedades cotizadas, centrado en la estructura de la administración de la entidad, el control de riesgos y el gobierno corporativo, como puede verse en este artículo de Auditoría Pública nº 46. Asimismo, ha trabajado durante los últimos años en una innovadora linea de investigación: los aspectos psicológicos de la auditoría. Ver, por ejemplo, El factor emocional en auditoría en Auditoría Pública nº 44.

Algunas Administraciones Públicas han comenzado a aplicar los modernos criterios de calidad en la gestión. En la práctica, esto significa para los servicios públicos, entre otras cosas, normalizar y describir procedimientos administrativos y responsabilidades,

En principio, exige contar con Cartas de Servicios, donde los distintos órganos y unidades de la Administración informan a los ciudadanos sobre las condiciones en que se prestan los distintos servicios, los derechos del ciudadano y los compromisos de calidad adquiridos en relación con su prestación.

La importancia del asunto en la moderna rendición de cuentas hizo que en el III Forum Brasil-España de Derecho Administrativo, los Tribunales de Cuentas brasileños dedicasen un apartado al estudio del control de la calidad en los servicios públicos en ambos países. Presentamos un buen ejemplo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.Cartas de Servicios

Las Cartas de Servicios fueron inauguradas, en el Estado por el Real Decreto 1259/1999, para que los ciudadanos conocieran los servicios que prestan las organizaciones públicas y la calidad que tenían derecho a percibir. Suponen un cambio de cultura organizativa en la Administración, para conseguir la simplificación de procedimientos y la agilización de trámites.

Desde una perspectiva estratégica, son una nueva forma de conocer la prestación de los servicios públicos, con una redacción clara, breve y sencilla, y en unos términos que resulten fácilmente inteligibles para el ciudadano que pueden exigir que éstos se ofrezcan adaptados a sus necesidades y expectativas. Si quereis ver mi ejemplo favorito, es éste.

Fiscalización de las cartas de servicios en Andalucía

La Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de hacer público un informe de titulado fiscalización de las Cartas de Servicios ofrecidas por la Administración de la Junta de Andalucía. El documento analiza las 263 Cartas publicadas, de las que 214 corresponden a unidades de la Junta de Andalucía y 49 a las universidades andaluzas, que también han adoptado esta metodología.

La Junta de Andalucía realiza el seguimiento de las Cartas de acuerdo con la versión para el Sector Público del modelo EFQM, comprobando los niveles de calidad establecidos en ellas y estableciendo planes de mejora en los casos que sea necesario.

El examen efectuado consistió en corroborar que la Carta de Servicios se basaba en los siguientes elementos:

- una definición de compromisos que puedan cuantificarse

- un despliegue de un cuadro de mando de indicadores

- la aplicación de una herramienta de seguimiento

- una planificación e implantación de actividades de mejora

- la identificación de procesos y servicios

- la identificación de estándares de servicios

- la identificación del grado de cumplimiento de los compromisos

- la medición sistemática de las necesidades de los ciudadanos

- la medición del grado de satisfacción de los usuarios.

Principales conclusiones

La elaboración de una Carta de Servicios requiere un estudio previo suficientemente profundo en el que se identifiquen los procesos estratégicos y el análisis y mejora de tales procesos. El informe evidencia una urgente elaboración de las Cartas que carecen de dicho examen.

El número de compromisos e indicadores que figuran en las Cartas es, en muchos casos, superior a los que pueden y deben ser asumidos por la correspondiente unidad administrativa, por lo que su incumplimiento desvirtúa los resultados de la gestión de tales unidades.

Para la Cámara andaluza, no todos los indicadores que figuran en las Cartas de Servicios se refieren a la calidad de dichos servicios y muchos de ellos son indicadores de actividad.

La asunción de una Carta de Servicios y, en general, la política de mejora de los servicios públicos, requiere la adecuada formación del personal que los gestiona. En las Delegaciones Provinciales se evidencian las carencias de formación sobre políticas de calidad y específicamente sobre las Cartas de Servicios.

El conocimiento exacto de la calidad de los servicios prestados y la mejora de los mismos, requiere la fijación de unos estándares de calidad para conocer la situación de hecho y los objetivos que se pretenden; por ello la fijación de indicadores sin el acompañamiento de sus adecuados estándares, sustraen utilidad a tales indicadores o los invalidan. En concreto se  recomienda que cada uno de los indicadores que figuran en las Cartas de Servicios, lo hagan acompañados de su correspondiente estándar de calidad.

La monitorización de los indicadores resulta imprescindible para objetivar los resultados de la gestión y evitar sesgos en la evaluación de la calidad. En este sentido, la Cámara de Cuentas de Andalucía recomienda una mayor y mejor dotación de equipos informáticos y software para todos aquellos procesos de los que se deriven indicadores de calidad.

El domingo pasado, la prensa brasileña recogía las declaraciones del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, críticando la excesivafiscalización sobre las obras y acciones del gobierno de Brasil.

Para Lula, este país fue construido para no funcionar. Hay una máquina de fiscalización mucho más eficiente que la máquina de ejecución, agrego. Sólo basta ver cuanto gana un ingeniero del gobierno y cuánto gana un auditor del Tribunal de Cuentas para vigilar el camino que hará el ingeniero, dijo Lula, poniendo en práctica su enorme talento político.

El diario Folha S.Paulo recuerda que el salario mensual de un auditor del TC  es de 12.000 reales (4.400 euros) mientras que el salario del ingeniero asciende a 4.300 reales (unos 1.600€). Las afirmaciones de Lula son parte de una campaña del Gobierno para redefinir la forma de actuar de los tribunales de cuentas, en todos los niveles de la nación.

El sistema de control brasileño es bastante peculiar, con algunas potestades desconocidas en Europa. El año pasado, por ejemplo,  el TC  de Brasil ejecutó 124 medidas cautelares, como forma de suspender licitaciones o bloquear obras en las que consideraba que había irregularidades graves.

Forum brasileiro de controle da Administraçao Pública

Como el año pasado, aprovecho mis vacaciones aceptando la invitación de los Tribunales de Cuentas de Brasil para participar en el Forum de Control que se celebra en Río de Janeiro, el 2 y 3 de julio, con la asistencia de doscientos funcionarios del sector. El evento, que ya está en su sexta edición, es también el III encuentro Brasil-España de Derecho Administrativo. En aquella hablé de Auditoría Operativa en Europa y en ésta, de la Calidad en la Administración.

Esta actividad está organizada por el Tribunal de Cuentas del municipio de Río de Janeiro (que incluye la dirección científica por el consejero Antonio Carlos Flores de Moraes) y la Asociación de Tribunales brasileños  de los Estados (ATRICON), los municipios (ABRACOM) y la imprescindible ejecución logística de la Editorial Forum, la principal editora de temas de derecho público en América latina, con más de trescientos títulos sobre gestión y control público en los últimos cinco años.

Los Tribunales de Cuentas europeos emiten una opinión, mediante técnicas de auditoría, sobre la fiabilidad de información financiera que contienen las cuentas públicas. Los Parlamentos (y la opinión pública) valoran políticamente esos informes y salvo que de ellos se concluya malversación o falta de justificación de fondos, no se inician procesos de responsabilidad contable.

En Brasil, las cuentas públicas deben ser aprobadas por los Tribunales de Cuentas de cada Estado (las del Gobierno federal, por el Tribunal de Cuentas de la Unión) y para ello, instruyen un expediente de tipo judicial, con importante intervención del ministerio fiscal, y concluyen con un pronunciamiento expreso, como las sentencias. El gestor que no ve aprobadas sus cuentas por el Tribunal no puede ser candidato en ningún tipo de elecciones, lo que supone un importante acicate para el cumplimiento de la legalidad financiera. Saber más.

El cliente misterioso

La auditoría operativa propicia el empleo de nuevos y variados métodos de trabajo. Continúa desarrollándose, en gran parte, el análisis de documentos o las evidencias obtenidas en entrevistas. Sin embargo, cada vez es más frecuente realizar encuestas entre usuarios y prestadores de servicios públicos. En la NAO británica es frecuente la contratación de empresas de estudios de mercado, para confeccionar y realizar cuestionarios (telefónicos, postales, etc) para obtener los puntos de vista de los usuarios acerca de museos, embajadas, educación o transportes. Un ejemplo muy citado fue el estudio que hizo sobre el tratamiento de las denuncias en la policía de Londres

El seminario tuvo ocasión de reflexionar sobre la necesaria imaginación para realizar el trabajo de campo de las auditorías operativas. Así, la metodología expuesta en la conferencia sobre la Evaluación de la Política Turística de las Administraciones Públicas Canarias, de Rafael Medina Jáber, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que incluía la utilización de la técnica del cliente misterioso, que despertó gran interés. Se trataba de contrastar si los municipios disponen de servicios para atender las quejas y reclamaciones de los visitantes. El cliente misterioso es una técnica cualitativa que consiste en observar y evaluar a las empresas a través de un comprador misterioso y permite comprobar cómo se reciben y gestionan las quejas de los turistas.

La propia GAO, que realiza gran cantidad de trabajos de auditoría operativa y que cambió su nombre para incluir la palabra Accountability, utilizó técnicas mucho más arriesgadas para comprobar que la seguridad de los aeropuertos norteamericanos, como ya comentamos aquí.

El 7 de abril de cada año, el mundo celebra el Día Mundial de la Salud. Tal y como nos recuerda la ONU, ese día, en todos los rincones del planeta, cientos de eventos conmemoran “la importancia de la salud para una vida productiva y feliz“.

De acuerdo con el Barómetro Sanitario español, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el sistema sanitario funciona bien o bastante bien para 7 de cada 10 ciudadanos, manteniendo un alto nivel de satisfacción general como puede observarse en esta presentación. Los españoles siguen prefiriendo recurrir a la sanidad pública frente a la privada, pero menos que hace cuatro años.

Sin embargo, esta ocasión merece recordar los grandes retos a los que se enfrenta nuestro sistema sanitario. Para abordar el asunto podemos analizar algunas publicaciones en descarga libre del Círculo de la Sanidad.

La primera de ellas hace referencia al modelo de gestión que se estudia en la obra Sanidades autonómicas: ¿solución o problema? En ella, Juan del Llano realiza un minucioso y riguroso análisis de la descentralización autonómica. Cuenta con la colaboración de María Jesús Montero Cuadrado, consejera de Salud de la Junta de Andalucía y de Francisco Javier Álvarez Guisasola, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León (y ex-rector vallisoletano), que han realizado sendos comentarios críticos al excelente trabajo de base de Del Llano.

Además, tenemos la brillante obra del año 2007: “Mitos y paradojas de la sanidad en España. Una visión crítica” que realiza un análisis de los cinco mitos y las cinco paradojas que en su momento fueron seleccionados por los miembros del Círculo de la Sanidad:

MITOS

Primer mito. “ LA SANIDAD ES INCOMPATIBLE CON EL MERCADO Y CON EL BENEFICIO”.

Segundo mito. “ESPAÑA POSEE EL SEXTO MEJOR SISTEMA SANITARIO DEL MUNDO”.

Tercer mito. “EL GASTO SANITARIO ESPAÑOL ES EL MÁS REDUCIDO DE EUROPA”.

Cuarto mito. “ EL NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS POR HABITANTE ES SIMILAR EN ESPAÑA AL DE OTROS PAÍSES”.

Quinto mito. “EL COPAGO FARMACÉUTICO NO ES EFICAZ”.

PARADOJAS

Primera paradoja. “ EL AUMENTO DEL GASTO SANITARIO NO CONDUCE SIEMPRE A MEJORES NIVELES DE SALUD”.

Segunda paradoja. “LAS URGENCIAS NO SON MUY URGENTES”.

Tercera paradoja. “A MAYOR EFICIENCIA HOSPITALARIA, MAYOR GASTO”.

Cuarta paradoja. “AL BAJAR LOS PRECIOS CRECE EL GASTO FARMACÉUTICO”.

Quinta paradoja. “LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS PREFIEREN LA ASISTENCIA PRIVADA”.

Que el Tribunal de Cuentas Europeo es una institución “de excelencia” no es ninguna novedad. Ya hemos presentado en esta bitácora su extraordinario Manual de Auditoría de Gestión (en castellano) como un ejemplo de las mejores prácticas.

Ahora, la Entidad que dirige Vitor Caldeira se suma a las organizaciones que realizan Peer Review (revisión de colegas) para comprobar que cuentan con un sistema de control de calidad que garantiza que, tanto la organización como su personal, cumplen con las normas profesionales y los requisitos legales aplicables.

El Yelow book norteamericano, como ya comentamos en otra entrada, indica que el incumplimiento por la organización auditora del requisito de revisión externa por pares, cada tres años, es tan importante que supone el incumplimiento de un principio de auditoria generalmente aceptado.

Por eso, las organizaciones de auditoría externa deben hacer públicos esos informes de revisión externa por pares, cosa que la GAO presenta  con regularidad en su web, donde se localiza con facilidad el documento que elaboró el Auditor General de Canadá. En el caso de los auditores internos, exige trasladar una copia de dicho informe a los encargados del gobierno corporativo.

El informe

La revisión entre pares del Tribunal de Cuentas Europeo se llevó a cabo por un equipo internacional compuesto por  representantes de cuatro entidades fiscalizadoras superiores: Altos Responsables del Tribunal de Cuentas de Austria y de Portugal, así como de la  Oficina del Auditor General de Noruega y de Canadá. Esta última, lo dirigió.

Los objetivos específicos de la revisión se establecieron en un Memorando entre el Tribunal y los miembros del equipo externo y pretendían responder a las siguientes cuestiones (¡de gran enjundia!) :

1. La planificación y ejecución de las auditorías

- La planificación, la metodología, el control de calidad y el aseguramiento de la calidad en los procesos … ¿ garantizan que todas las auditorías se realizan de conformidad con las políticas y procedimientos del Tribunal, así como las normas internacionales y las buenas prácticas profesionales?

- ¿Están esos procesos adecuadamente diseñados y funcionan según lo previsto?

2. Presentación de los informes

- ¿Los informes realizan una presentación apropiada de los hechos y de los resultados de auditoría, en forma clara y concisa?

- ¿Los interesados encuentran los informes pertinentes y útiles para sus procesos de toma de decisiones? (Los grupos de interesados: Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo de Economía y Finanzas, los medios de comunicación y el público en general)

3. Apoyo general para la auditoría

- En los procesos de auditoría, los recursos del Tribunal, incluida la utilización de los recursos y herramientas de TIC … ¿son utilizados en forma eficiente y efectiva para maximizar la productividad, el apoyo a la selección de los temas relevantes y la publicación oportuna de los informes?

- La gestión de los recursos humanos del Tribunal y los sistemas de formación y mantenimiento profesional … ¿emplean el conjunto de habilidades necesarias, incluidas las competencias para obtener informes de auditoría que cumplan con los estándares profesionales?

- ¿Existen políticas y procedimientos apropiados para garantizar la adecuada gestión del conocimiento, para facilitar la transferencia de conocimientos entre los profesionales?

Conclusiones

Los evaluadores concluyen que el marco de gestión del Tribunal está adecuadamente diseñado, en conformidad con las normas internacionales de auditoría. También apuntó una serie de oportunidades que debe aplicar para fortalecer aún más sus prácticas.

Menudo año que hemos escogido para iniciar la aplicación de la reforma contable del sector privado, teóricamente centrada en la protección del mercado y de los inversores. En especial, la obligación de valorar por su valor razonable los instrumentos financieros que las empresas adquieren con la intención de negociar con ellos. Aprovecho para recomendar a todos los interesados en temas contables el blog de David Ballester (“Reformando lo contable“).

Una constante de las grandes crisis empresariales es la manipulación de la contabilidad (Enron, Parmalat, o Gescartera) para que las cuentas no avisen de los problemas. La crisis financiera e inmobiliaria que nos asola sacará a flote, sin duda, algunas malas prácticas contables (no necesariamente ilegales) y veremos lo que dicen los auditores. Por lo pronto, sólo el 22% de las compañías inmobiliarias presentaron salvedades a sus Cuentas Anuales del ejercicio 2007.

Para el ejercicio 2008, acaba de aprobarse un Decreto Ley que, ante el alborozo del sector inmobiliario, modifica el concepto de Neto Patrimonial y suspende temporalmente la obligatoriedad de disolver una compañía ante un acusado desequilibrio patrimonial. Una decisión ciertamente criticable por nuestra mejor doctrina pero que, como recuerda, hoy, el editorial de Cinco Días: “Si es temporal, salva la vida a miles de empresas, el empleo a sus plantillas y el capital a sus acreedores”.

Transparencia y confianza van siempre unidas. El papel de los auditores en la transparencia es muy relevante. El fraude de Madoff va a suponer otro punto de inflexión, sobre todo para el supervisor del supervisor. En España, en los últimos años, han venido aumentando los controles de las corporaciones representativas y del Ministerio de Hacienda (ICAC) sobre la profesión auditora. Algunos profesionales, ejercientes individuales, confiesan abiertamente que tal situación les hace replantearse su continuidad en la profesión, que sólo podrán soportar las grandes firmas.

Las Normas Técnicas de Auditoría privada son muy exigentes. A ellas se suma la reciente recomendación (no vinculante) de la Comisión Europea, que sugiere la puesta en marcha de sistemas de inspección independientes sobre el trabajo de los auditores que revisan las cuentas de las entidades de interés público, «para mejorar su calidad».

El propio presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, tuvo ocasión, durante el XVII Congreso (ver portal) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, de aplaudir el riguroso desarrollo de los procedimientos que avalan el juicio profesional del auditor al fundamentar su opinión en unos requisitos de capacitación, formación continuada, independencia en su actuación y calidad reclamada a sus informes, como resultado del cumplimiento de las normas técnicas convenidas, que la normativa vigente contempla.

Durante el citado Congreso tuvo especial protagonismo la sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo civil, en Pleno) sobre responsabilidad extracontractual de auditores por negligencia, que exime a estos profesionales del delito del cliente, revocando y dejando sin efecto la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2000, que había servido de base a toda una serie de reclamaciones contra los auditores.

Por cierto, que la última reforma (sobre la renovación de los auditores) llevada a cabo a través de una disposición adicional en Ley de calidad del Aire (!!) no es un ejemplo de la mejor técnica legislativa. Presentamos a continuación algunas de las últimas sentencias sobre cumplimiento de las Normas Técnicas de Auditoría.

Tribunales y Normas Técnicas

Estos controles están dando lugar a variada jurisprudencia. Como ejemplo, esta sentencia que recoge una infracción de la lex artis por parte de una importante auditora que no aplicó correctamente las Normas Técnicas de Auditoría.

Entre las últimas, debemos mencionar la STS 15 -X- 2008 (Contencioso) que confirmó las Resoluciones del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas declarando a un auditor responsable de la comisión de una infracción grave de las tipificadas en el artículo 16.2.c) de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, por incumplimiento de las normas de auditoría, en relación con su trabajo sobre las cuentas anuales de una entidad aseguradora. Se le imponía una sanción de baja temporal por plazo de dos años en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

La sentencia de la Audiencia Nacional confirmaba la resolución pero limitaba la sanción impuesta al plazo de un año. Considera indiferente la nueva redacción del artículo 16 de la Ley de Auditoría de Cuentas , tal como fue modificada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, que pasó de tipificar como infracción grave “El incumplimiento de las normas de auditoría que puedan causar perjuicio económico a terceros o a la empresa o entidad auditada” a regularlo de la siguiente manera: “El incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe.”

En definitiva, la citada sentencia considera probado:

• Reconoce expresamente que la fecha de la carta de manifestaciones era anterior a la formulación del informe de auditoría, contrariando así la Norma Técnica de Auditoría específica, sin que la mera apreciación subjetiva del recurrente de que no le pareciera relevante esa diferencia de siete días entre ambos documentos sirva para desvirtuar el hecho objetivo de la divergencia de fechas entre dos documentos que la normativa específica exige que sean simultáneos.
• En cuanto a las “Inversiones Financieras” existe también un reconocimiento expreso del auditor de que no recibió información directa de las entidades financieras y que, pese a ello, emitió un informe con opinión favorable, en lugar de emitir un informe con salvedades, siendo así que los procedimientos alternativos que alega haber utilizado se mostraron notoriamente insuficientes, como evidencia la resolución impugnada al acreditar que le impidió detectar una minusvalía de cerca de 200 millones de pesetas, descubierta luego por la Inspección de Seguros y determinante de una ampliación de capital de la sociedad auditada.
• Respecto de la falta de evidencia en “Tesorería: Bancos” el auditor no aporta prueba alguna, ni tan siquiera formula alegación en contrario, de que las pruebas efectuadas son menos extensas que las previstas en el programa de trabajo, respecto que no queda constancia en los papeles de trabajo del procedimiento alternativo aplicado y respecto de que de la documentación aportada no se desprende que la sociedad auditada contabilizara según extracto, extremos todos ellos que llevan a la Sala a entender que también el auditor incurrió en la conducta imputada.
• Más grave es, desde el punto de vista asegurador, que el auditor no dejara constancia de la realización de las pruebas previstas en su planificación respecto de las “Provisiones Técnicas”, dada la importancia de las mismas respecto de las entidades aseguradoras. Sin que haya aportado el actor prueba alguna de que realizó las pruebas previstas en tal planificación, siendo de todo punto insuficiente la mera alegación contenida en su demanda de que no debe dudarse de que se hayan realizado tales pruebas puesto que lo que exige taxativamente el apartado 2.5.31 de las Normas Técnicas de Auditoría sobre ejecución del trabajo, las pruebas realizadas y la evidencia obtenida es que “deberá recogerse en los papeles de trabajo de auditoría como justificación y soporte del trabajo efectuado”.

En suma, el auditor recurrente incurrió, con tales conductas, en el incumplimiento de las normas de auditoría que tipificaba, como infracción grave, el artículo 16.2 c) LAC en la redacción vigente en el momento de realizar la auditoría por la que fue sancionado.

Para terminar un chiste que integra la publicación de Audihispana Grant Thornton sobre el humor en el mundo de la auditoría.

Estos también se la juegan en cada faena, pero al menos luego los aplauden.

Hace unos años leí, en el número 91 de la revista Cuenta con IGAE, un artículo del auditor Pablo Lanza Suárez que presentaba algunas herramientas automáticas de interés en la auditoría electrónica. Me impresionó conocer La Ley de Benford, según la cual, en la vida cotidiana, los números no son equiprobables.

En efecto, durante los años 30, el físico Frank Benford detectó que sus tablas de logaritmos estaban mucho más gastadas en los números bajos que en los altos. Tras arduo trabajo, comprobó empíricamente que, en los números que existen en la vida real, aquellos números que empiezan por el dígito 1 ocurren con mucha más frecuencia que el resto de números. Además, según crece este primer dígito, más improbable es que este forme parte de un número. Este hecho se puede aplicar a hechos relacionados con el mundo natural o con elementos sociales, como facturas, precios, recaudación, etc. La aplicación de esta Ley en la detección de fraudes permite encontrar aquellas distribuciones de datos económicos que pudiesen estar manipulados: ingresos diarios manipulados, gastos menores inventados … He aquí un ejemplo de como una herramienta estadística ayuda en los procesos de auditoría.

La mayoría de las normas de auditoría pública, cuando se enfrentan a la fiscalización en entorno informatizado, exigen que el auditor posea un conocimiento suficiente de ese entorno informático para planificar, dirigir, supervisar y revisar el trabajo efectuado. Si se prevé el recurso a un profesional externo que posea estos conocimientos, el auditor deberá reunir pruebas de auditoría suficientes, pertinentes y fiables para demostrar que el trabajo efectuado permite responder al objetivo de la fiscalización.

Por eso, cada vez es más frecuente que los auditores promuevan la formación en estos asuntos, como el Foro Tecnológico que promueven los OCEX para sus funcionarios todos los años.

Acabo de participar, por primera vez en mi vida, en una videoconferencia intercontinental. Se trataba de presentar la ponencia “Experiencias internacionales en la implantación de modelos de control interno para entidades públicas. El caso español” dentro del Encuentro Internacional de Control Interno, que organizaba la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquía, que dirige el Doctor John Cardona. Mil cien congresistas escuchaban al otro lado, con el Gobernador del Estado, Luis Alfredo Ramos Botero, al frente … Toda una experiencia.

La calidad de imagen a través de Skype es alta y suficiente para un congreso internacional. El sonido no está a esa altura, así que se usa el teléfono de toda la vida. Las diapositivas se pasan desde allí, previamente enviadas y entrenadas con la ayudante, Katalina, que estuvo muy atenta a todo. En fin, nada que envidiar a los sistemas más avanzados y seguros de videoconferencia, que intentamos hasta el último momento a través de Polycom, pero los duendes hicieron de las suyas … La imagen se cortó varias veces, pero la línea telefónica estuvo a la altura. 

Así que, en zapatillas pero con corbata, desde la tranquilidad del hogar colaboramos en la causa con nuestro hermanos de Medellín. Eso sí: nos quedamos en el eterno otoño asturiano sin disfrutar de la ciudad de la eterna primavera, pero encantados de compartir mesa virtual con ilustres personalidades del mundo latinoamericano del control público. También nos ahorramos un palizón de viaje.

El encuentro buscaba promover la reflexión sobre el papel de los responsables de las oficinas de control interno de las entidades públicas, dentro de la concepción moderna del sistema integrado de gestión pública. Una de las primeras aproximaciones nos lleva al Manual de Buenas Prácticas de la ANAO australiana, con su moderno concepto de la Auditoría Interna Eficaz. Aprovecho para remitir aquí al Manual de auditoría de gestión del TCE, de interés para los asistentes a la Jornada y que explica en perfecto castellano cómo deben planificarse y ejecutarse las auditorías de gestión y cómo deben elaborarse los informes correspondientes.

Está surgiendo con fuerza un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a la estrategia y funcionamiento del departamento de auditoría interna, más orientado al futuro y priorizando sus actividades a través de un ranking de riesgos asumibles. Se trata de una evolución desde aquel órgano de control interno tradicional (vigilante) que se concentraba en auditorías de cumplimiento y regularidad, hasta el moderno concepto del auditor como consejero Independiente que pone su atención en la eficacia y eficiencia, con especial énfasis en la ayuda a esa dirección ejecutiva. Algo que ya hemos tratado en esta bitácora.

Me sorprende la cultura de mejora contínua del mundo administrativo anglosajón. Las encuestas a los ususarios son un valioso mecanismo de regeneración que puede proporcionar información cuantitativa y cualitativa en numerosos aspectos de su trabajo. En auditoría interna, esta evaluación debe suponer más que una simple recogida de datos y la comparación de las referencias. Establecerá donde se requiere una mejora de los procesos, preguntando lo que se hizo bien y lo que se hizo pobremente. Además, una aproximación más exigente requiere que un “colega” externo revise algunas auditorías previamente seleccionadas, como hemos comentado aquí.

Las encuestas pueden dirigirse de manera más o menos formal. Así, se puede usar la discusión de grupo o incluso a través de e-mail para recoger los comentarios del cliente. Una encuesta formal debería usarse a la finalización de cada plan de auditoría para evaluar su actuación. Los cuestionarios deben ser tan breves como sea posible para permitir su realización en un tiempo aceptable. Para facilitar la comparabilidad deben incluir una escala numerada de evaluación, así como preguntas subjetivas para asegurar la consistencia entre interpretación y evaluación. La probabilidad de recibir una contestación oportuna puede ser reforzada dirigiendo la encuesta a una persona particular con una nota del más alto ejecutivo. Mirad un ejemplo:

ÁREAS MÁS IMPORTANTES (PUNTOS: 1 2 3 4 5)

Apoyo de la dirección (de 1 a 5)

Es importante que nuestros “clientes” entiendan por qué emprendemos las actividades programadas cada año y ante quien somos responsables.

• He sido consultado este año por la auditoría interna en relación con los riesgos y procesos críticos en mi área.
• Tuve la oportunidad de hacer comentarios al plan estratégico y anual del trabajo de auditoría interna.

Encontrar las necesidades del Cliente (de 1 a 5)

La auditoría interna intenta programar un alcance que recoja sus necesidades empresariales y que se dirija dentro de la organización a las áreas de riesgo más altas.

• La auditoría emprendida en mi área fue útil.
• La auditoría se dirigió a los procesos y riesgos más importantes.
• Tuve la oportunidad de proporcionar sugerencias a la planificación.
• Las recomendaciones hechas en la auditoría fueron claras, constructivas y pertinentes.
• El informe de auditoría contribuirá a mi futuro trabajo en el área.

Procesos de auditoría interna (de 1 a 5)

La auditoría interna supervisa contínuamente sus propios procesos y procedimientos para asegurar que son tan eficientes y eficaces como sea posible y que causan necesariamente la mínima interrupción a sus propias actividades.

• El personal de auditoría me comunicó importantes resultados y conclusiones, que se manifiestaron durante la auditoría.
• No hubo “ninguna sorpresa” en la discusión o redacción del borrador de documento.

Recursos de auditoría interna (de 1 a 5)

Se establecen equipos de auditoría interna multi-disciplinares, con un amplio catálogo de habilidades y conocimientos para aumentar al máximo su eficacia.

• El personal de auditoría interna conoce bien mi funcionamiento.
• El personal de auditoría interna trabajó de una manera profesional.
• El lapso tiempo desde el comienzo a la conclusión del informe final fue el apropiado.
• El último informe de auditoría fue oportuno, comparado con la fecha de término del trabajo de campo.
• No hubo ninguna interrupción indebida en mi trabajo durante la auditoría.

En fin, que guardo un extraordinario recuerdo de mi visita al Metrocable de Medellín. Un ejemplo extraordinario de las Políticas Públicas contra la exclusión, que ha transformado esa ciudad y la ha convertido en una referencia mundial por su éxito en la lucha contra la marginalidad y la pobreza.

El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó en su sesión de 28 de julio pasado el Informe de fiscalización de la gestión de sistemas municipales de abastecimiento de agua potable en los Ayuntamientos de las capitales de provincia correspondiente al ejercicio presupuestario 2003.

Con este trabajo se pretende ofrecer una visión general de la prestación del servicio en las grandes ciudades de la Comunidad y proporcionar a los Ayuntamientos un marco de referencia que les permita orientar sus decisiones a fin de lograr mejoras en la prestación del servicio.

El Consejo reconoce la dificultad que ha presentado la realización de un informe como este, por la falta de disponibilidad de la información requerida y la dificultad para obtener datos homogéneos y con el suficiente nivel de desagregación relativos a los datos físicos del servicio, y especialmente a los económicos. Otros OCEX han realizado trabajos similares. A destacar: la Cámara de Cuentas de Madrid (Ciclo del agua) o la Cámara de Comptos (video-informe sobre depuración de aguas).

Los objetivos concretos de esta fiscalización fueron:

1) Verificar y analizar la existencia de normas internas de procedimiento para el desarrollo de la actividad objeto de fiscalización y sistemas de seguimiento y control.

2) Analizar el precio medio del agua para uso urbano en cada uno de los Ayuntamientos de las capitales, incluyendo el gasto y consumo medio por habitante.

3) Analizar la calidad del servicio de abastecimiento de agua por los distintos Ayuntamientos o, en su caso por las empresas que prestan el servicio.

Presentamos a continuación un resumen de sus recomendaciones

Recomendaciones

1) Procedimientos.

Deben establecerse sistemas de control interno, delimitando claramente las unidades administrativas que participan en la gestión del servicio, así como las competencias que les corresponden y fijar procedimientos que definan la forma en que se llevará a cabo el control interno.

2) Seguimiento y control del servicio por los Ayuntamientos titulares en los casos de prestación indirecta.

En los casos en que el servicio se presta de forma indirecta, a través de concesión, se deben incrementar los instrumentos de control sobre las empresas concesionarias del servicio por parte de los Ayuntamientos titulares del mismo, con el fin de garantizar una adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las condiciones pactadas.

Además, los Ayuntamientos deben exigir a los concesionarios la presentación de las cuentas anuales y demás documentación demostrativa del resultado de la actividad, con el fin de poder verificar el cumplimiento del equilibrio financiero y comprobar que los ingresos obtenidos por el concesionario se ajustan a las limitaciones establecidas por el artículo 129.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

3) Contratación.

En la preparación de las contrataciones que se realicen, debe tenerse en consideración las normas vigentes, en especial la inclusión en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de criterios para la adjudicación del concurso, indicados por orden decreciente y por la ponderación que se les atribuya.

Asimismo, en las modificaciones de los contratos deben observarse los requisitos y formalidades exigidas en la legislación aplicable. Se debe conservar todo el expediente administrativo completo, desde la preparación a la ejecución, incluyendo las fases de licitación y adjudicación, durante toda la vigencia del contrato, con independencia del momento en que se realicen las actuaciones. El Consejo tiene buenas razones para recomendarlo: ninguno de los cinco Ayuntamientos que ha contratado la gestión del servicio presentó el correspondiente expediente de contratación completo, por el tiempo transcurrido desde su licitación.

4) Determinación de costes.

Se deben implantar sistemas de registro e imputación de los costes derivados del servicio de abastecimiento de agua potable, de forma que sea posible obtenerlos con el suficiente nivel de desagregación y diferenciados respecto de los correspondientes al servicio de saneamiento.

Los costes del servicio deben comprender tanto los directos, como la parte de los costes indirectos que sea atribuible al servicio. Y dentro de los costes directos se debe incluir, además de los gastos de funcionamiento, la amortización de las inversiones realizadas. Igualmente, en el caso de los ingresos se deben de imputar con un criterio económico los que corresponda a varios ejercicios

5) Tarifas por la prestación del servicio.

Las tarifas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable tienen el carácter de tasas, por lo que determinados Ayuntamientos deben adaptar su regulación en este sentido, pues su consideración como precios no es conforme a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ni a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La gestión y recaudación de las tarifas por la prestación del servicio debe realizarse de conformidad con la normativa tributaria, independientemente de la forma de prestación del servicio. Por tanto, las liquidaciones deben ser aprobadas por el Ayuntamiento en todo caso y notificarse en la forma establecida.

La estructura de las tarifas fijada por los Ayuntamientos, debe tener en cuenta las exigencias establecidas por la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, de forma que promueva una utilización eficiente del agua y una contribución adecuada de los diferentes usos a la recuperación de los costes del agua. Por tanto, se deben ir adaptando a estos requisitos, especialmente en aquellos Ayuntamientos en que se mantienen tarifas de consumo fijas o escasamente progresivas, y en los que no se diferencian los usos del agua (domésticos y no domésticos) o utilizan criterios muy restrictivos sobre la determinación del uso industrial y de servicios.

En todo caso, el establecimiento de las tarifas debe ir precedido de un estudio técnico-económico que permita determinar la totalidad de los costes del servicio, de manera que el rendimiento de las mismas no supere dichos costes.

6) Consumos municipales.

La relación entre el agua suministrada y la captada arroja una merma media en Castilla y León del 6% derivada de fugas por instalaciones y redes en mal estado, así como los propios tratamientos del agua. Esto significa un rendimiento superior en un10% a la media regional y nacional, lo que indica que las capitales de provincia analizadas tienen un buen estado de conservación de sus redes e instalaciones.

Los consumos municipales se deberían medir, con el fin de que puedan ser controlados y evitar consumos excesivos, así como ser objeto de facturación, de modo que su coste no acabe repercutiéndose al resto de los usuarios del servicio.

El consumo medio por habitante y año es 236,5 litros por habitante y día, o lo que es lo mismo: de 86.8 metros cúbicos para el conjunto de los municipios analizados, lo que es inferior a la media regional (115) y nacional (94).

7) Indicadores de gestión.

Se deben establecer indicadores de gestión que permitan efectuar evaluaciones sobre la eficacia y calidad en la prestación del servicio e introducir mejoras en la misma. Estos indicadores han de calcularse y analizarse periódicamente, a fin de que se pueda efectuar un seguimiento de la evolución a lo largo del tiempo y de los resultados obtenidos con las modificaciones introducidas en la gestión.

En todo caso, ha de tenerse en cuenta que para que este sistema de evaluación sea útil es necesario partir de información fiable, por ello es preciso implantar un sistema de información que permita obtener los datos más relevantes del servicio de forma sencilla y homogénea.

y 8.- Por último, el Consejo señala que las diferencias que se producen en los resultados obtenidos para cada uno de los municipios analizados pueden deberse en parte a las limitaciones que presenta la información analizada (que han sido expuestas reiteradamente a lo largo del Informe) o a las características del municipio, pero otra parte puede derivarse de la gestión realizada. Por ello, es recomendable que los municipios, especialmente los que presentan los valores más extremos en los diferentes indicadores analizados, revisen la información facilitada y analicen los motivos por los que sus indicadores difieren significativamente de los correspondientes al resto de los municipios.

Julián Valero Torrijos es profesor titular de derecho administrativo de la Universidad de Murcia. Como especialista en e-administración impartió una interesante y oportuna conferencia en las XI Jornadas de Administración Local que organizó la semana pasada el COSITAL de Tenerife.

El profesor Valero habló de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAE) y sus implicaciones en el ámbito local. Su reciente libro, El Régimen Jurídico de la e-Administración, sobre el uso de medios informáticos y telemáticos en el procedimiento administrativo común, es un apoyo imprescindible para cualquiera que quiera aproximarse al estudio del marco normativo básico de la Administración electrónica: la iniciación del procedimiento administrativo por los interesados, la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones, la notificación de los actos administrativos por medios electrónicos. Basta con ver el índice para darse cuenta que nos presenta la verdadera realidad administrativa digital.

Mucho se ha hablado y escrito de la Ley 11/2007, una oportunidad única para impulsar la modernización tecnológica municipal a fin de prestar los diversos servicios públicos de forma más eficaz y más cómoda para los ciudadanos, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones que, en gran medida, ya se encuentran generalizadas en otros ámbitos sociales y económicos.

Valero repasó las características generales de este nuevo marco normativo y su trascendencia en relación con la Administración municipal pues ha cambiado sustancialmente: el reconocimiento de derechos “electrónicos” a los ciudadanos, las transmisiones de datos con otras Administraciones Públicas, la Sede electrónica, la Publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos, el Registro electrónico, el documento administrativo electrónico y el expediente administrativo electrónico …

La LBRL contiene algunas previsiones ciertamente limitadas y fragmentarias introducidas por la reforma de la Ley 57/2003 con las que se ha tratado de poner al día la regulación inicialmente aprobada en 1985. En concreto, el artículo 70 bis apartado tercero prevé la obligación de los municipios en orden a “impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas”.

Indicó que una de las principales novedades de la LAE radica, según su Exposición de Motivos, en que el servicio al ciudadano en la sociedad de la información exige “consagrar su derecho a comunicarse con las Administraciones por medios electrónicos”, de manera que “la contrapartida de ese derecho es la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse”, lo que constituye el eje central de la Ley según se dice expresamente. En este sentido, la nueva regulación —artículo 6— reconoce de forma expresa en primer lugar que todos los derechos que con carácter general atribuye el artículo 35 LRJAP a los ciudadanos podrán ejercerse electrónicamente, añadiendo a dicho catálogo los siguientes: “obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos”. Asimismo, atribuye a los ciudadanos derechos de corte electrónico, algunos de ellos ciertamente novedosos como sucede con el pago electrónico, la elección del soporte de la actuación administrativa, no aportar documentos que ya tenga cualquier Administración…

El efectivo reconocimiento de estos derechos supone que los Ayuntamientos deben poner en marcha las actuaciones necesarias para su plena satisfacción teniendo como horizonte el final del año 2009. Pero recordó que, en el caso de las Entidades Locales, el reconocimiento de estos derechos se condiciona a que así “lo permitan sus disponibilidades presupuestarias”, expresión que podría pensarse que nos remite a una decisión enteramente discrecional por parte de cada Municipio que, en definitiva, podría decidir priorizar presupuestariamente otros objetivos y actuaciones. Ahora bien, no puede perderse de vista que se trata de derechos reconocidos legalmente y que, además, el legislador ha hecho una llamada especial a las Diputaciones Provinciales.

Para el ponente, una de las principales novedades que reconoce la LAE es el derecho de los ciudadanos a no presentar documentos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas (artículo 6.2.b); derecho que supone un importante avance por cuanto ya no se refiere a la Administración actuante como hacía el artículo 35.f) de la Ley 30/1992: “Se trata, precisamente de una de las principales exigencias para el pleno aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la Administración electrónica ya, si el intercambio de datos con otras Administraciones Públicas y, en general, de la información necesaria para el ejercicio de las competencias municipales se realiza a través de herramientas como el correo electrónico será necesario esperar a que el destinatario de la comunicación los reciba, localice el objeto de la petición recibida y, por último, los transmita”, afirmó.

Ahora bien, el pleno respeto de las exigencias en materia de protección de datos le obliga a resaltar que “con carácter previo al diseño de las aplicaciones y de los procesos técnicos de interconexión ha de garantizarse que la información sólo sea accesible cuando se dé alguno de los supuestos que previamente haya sido autorizado por el órgano competente de la Administración en cuyo poder se encuentre la información —en este caso, la municipal—, tanto por lo que se refiere a los sujetos que podrán obtener los datos y, en especial, a la finalidad que justifica el acceso”.
Sede electrónica

Otra de las novedades de la LAE sobre las que incidió Valero fue el establecimiento de “un exigente régimen jurídico para el sitio web de las Administraciones Públicas” que, según el artículo 10, pasará a tener la denominación de sede electrónica. En el caso de la Administración municipal se trata de una versión tecnológicamente avanzada de las oficinas administrativas tradicionales, servidas por personal administrativo y a las cuales pueden dirigirse presencialmente —o incluso a través de otros medios como el teléfono— los ciudadanos para obtener información o realizar actuaciones administrativas.

Con esa regulación Valero entiende que “se ha pretendido afrontar una práctica muy extendida, especialmente en el ámbito local, que consiste en poner en marcha el sitio web municipal y olvidarse de su actualización y mantenimiento, llegando incluso en muchas ocasiones a desvincularse la propia Corporación de la corrección de la información que ofrece o del buen funcionamiento de los servicios. Más aún, a veces sucede que la propia configuración técnica y/o el diseño del sitio web exigen la utilización de una determinada aplicación o sistema operativo, dificultan —cuando no impiden— el acceso de colectivos con minusvalías o, incluso, no son infrecuentes los casos en que se suplanta la página web municipal o se utiliza un nombre de dominio que pudiera llevar a confusión”.

¿Que no tenéis ganas de leer? Pues os recomiendo ver esta amena conferencia suya (en youtube) sobre la citada Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Esto es universidad 2.0 ….

El Tribunal de Cuentas de Francia publicaba, hace unos días, un informe “horizontal” relativo a la situación y perspectivas de los aeropuertos franceses ante los desafíos del transporte aéreo. Sus conclusiones son perfectamente trasladables a España, en un momento en que se habla de modificar el actual modelo de aeropuerto y donde la opinión pública está todavía conmocionada por el trágico accidente de Barajas.

La gestión de 154 aeropuertos locales de Francia ha sido descentralizada por aplicación de una ley de 2004. A los anteriores debemos sumar las transformaciones profundas y estatutarias de “Aeropuertos de París” y otros doce grandes aeropuertos regionales como consecuencia de una ley de 2005. Por eso, este informe temático presenta el primer balance de las transformaciones del escenario aeroportuario francés.

Resumimos a continuación un resumen de sus principales conclusiones:

1.- Las situaciones económicas y financieras son muy distintas, según las tres categorías que segmentan el sector aeroportuario:

a) La inmensa mayoría de los aeropuertos locales están en déficit crónico y aseguran la continuidad de su actividad esencialmente gracias a las subvenciones regionales, que alcanzan a veces importes muy significativos y conducen a interrogarse sobre la pertinencia de la conservación de ciertas plataformas.

b) Los grandes aeropuertos regionales quedaron en propiedad del Estado y apenas alcanzan el equilibrio financiero, aunque el número de pasajeros recibidos debería permitirles dar beneficios.

c) En cambio, Aeropuertos de París presenta unos resultados positivos. Las subidas en los cánones cobrados, la importancia del tráfico debido al atractivo de la región parisina y al papel de plataforma de correspondencias de Air France-KLM explican ampliamente esta situación.

2.- La calidad del servicio es insuficiente en Aeropuertos de París a pesar de ciertas mejoras. Quedan puntos negros como la circulación en las terminales, la información a los pasajeros, la gestión de las colas, las condiciones de transporte de los pasajeros entre los aviones y las terminales, particularmente.

Las subidas autorizadas por el Estado sobre los cánones pagados por los pasajeros no tuvieron como contrapartida una mejora suficiente de la calidad de servicio. A este respecto, el anexo de “calidad” del Contrato de Regulación Económica firmado por Aeropuertos de París con el Estado parece insuficiente, pues la ley de 2005 confía a aquella la misión de coordinar la acción de los diferentes agentes (compañías aéreas, subcontratistas, servicios del Estado). Las modalidades de puesta en ejecución de esta crucial dimensión de la gestión aeroportuaria está aun por definir.

3.- La incidencia de las compañías de bajo coste representa una oportunidad pero también un recurso frágil, particularmente para ciertos pequeños aeropuertos cuya supervivencia depende de ellos.

Estos aeropuertos se disputan los nuevos tráficos a veces a costa de inversiones importantes sin garantía de continuidad en los servicios.

4.- La implantación de las infraestructuras aeroportuarias sobre el territorio francés no es racional. El Estado no realizó los ajustes necesarios cuando mantenía lo esencial de los medios de acción. Ahora, transferida la propiedad de los aeropuertos más pequeños, corresponderá a las regiones tomar decisiones estructurales teniendo como base un análisis profundo y fiable de las ventajas y de los costes de la conservación en actividad de plataformas crónicamente deficitarias.

5.- Los problemas vinculados al respeto del medio ambiente (y a los ruidos en particular) constituyen el principal límite al desarrollo de los aeropuertos en la ciudad y sus suburbios. Sus efectos se agravan por el insuficiente control de la urbanización de las zonas aledañas.

Deben intensificarse los esfuerzos para reducir estos daños. Además, el régimen de ayudas a la insonorización debería ser simplificado y dotado de financiación suficiente.

6.- La saturación del aeropuerto parisino Charles de Gaulle podría alcanzarse entre 2020 y 2030. A pesar de las numerosas incertidumbres que subsisten sobre este plazo, el futuro de esta plataforma todavía no ha sido objeto de una estrategia clara.

En su informe, El Tribunal de Cuentas formula varias recomendaciones precisas para remediar estas dificultades y contribuir a la realización de las infraestructuras aeroportuarias francesas. Yo me quedo con Forges:

También nos llega de China el palmarés de las 503 principales universidades del mundo. Cada 15 de agosto, se hace pública la famosa clasificación elaborada por un grupo de especialistas en bibliometría de la Universidad Jiao Tong de Shanghai, en China.

No sé la razón, pero hoy ya está disponible en la red aunque “Offically published on August 15, 2008″. Tenemos nueve universidades españolas dentro de las quinientas mejores del mundo.

Este listado incluye las mayores instituciones de educación superior y están ordenadas de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta el número de galardonados con el Premio Nobel (10%), los ganadores de la Medalla Fields (20%), número de investigadores altamente citados en 21 temas generales (20%), número de artículos publicados en las revista científicas Science y Nature (20%), y el impacto de los trabajos académicos registrados en los indices del Science Citation Index (20%) y por último, el “tamaño” de la institución.

Entre las diez primeras universdiades del mundo, ocho son norteamericanas (entre ellas Harvard, Stanford y Berkeley) y dos británicas (Cambridge y Oxford). España no tiene ninguna Universidad en el TOP’100, mientras que Francia cuenta con tres centros parisinos entre las cien primeras.

Nuestra mejor clasificada es la Universidad de Barcelona, en el puesto 152-200, seguida de Autonoma de Madrid y Complutense, en el intervalo 201-302. El tercer escalón lo presentan la Universidad Autónoma de Barcelona, Valencia y la Politécnica de Valencia, en el intervalo 303-401. El último peldaño de honor es el intervalo 402-503, donde encontramos a las Universidades de Granada, Sevilla y Zaragoza.

Medallero

Por países, el medallero aparece encabezado por USA con 159 Universidades, seguido a mucha distancia del Reino Unido con 42 y Alemania con 40. Luego merecen destacarse: Japón (31), Francia (23), Italia (22), Canadá (21) o China (18). Sorprende la gran presencia de los pequeños países nórdicos en este tipo de rankings, donde justifican sobradamente la gran inversión pública que sus gobiernos realizan en la educación superior y la investigación científica. Así, es admirable el liderazgo de Suecia y sus 11 Instituciones. Le siguen Finlandia (6), Noruega y Dinamarca con 4 cada una. Con un PIB menor que el de España, el conjunto de los países escandinavos presentan nueve universidades clasificadas antes que la primera española, siete de ellas entre las 100 mejores del mundo.

La cara y la cruz del denostado palmarés: continúa “desaparecida” la Universidad rusa, un país asolado por las mafias y la corrupción, con sólo dos Instituciones en el palmarés: las Universidades estatales de Moscú y San Petersburgo. Brasil, por su parte, mantiene seis Universidades en este top’500, demostrando su fuerza de nueva potencia emergente.

Otra cosa: descendiendo el análisis por debajo de las naciones destaca California, una de las economías mas competitivas del mundo, que (¿causa o efecto?) tiene cinco universidades entre las dieciocho primeras del mundo y once en el ranking de las 150.

Existe otra interesante clasificación top’100 por materias que se publica en febrero, donde España mantiene el tipo también gracias a la Facultad de medicina de la Universidad de Barcelona.

El ranking de Shanghai lleva camino de convertirse en el más respetado ranking internacional en materia de universitaria, aunque objeto de muchas críticas, por su escoramiento anglosajón, pero son una muestra de la competición global del conocimiento.

Un interesante análisis aplicado al caso europeo, aunque relativo al año pasado, podeis encontrarlo en el artículo de Domingo Docampo en el último número de la Revista de Educación sobre la clasificación del año pasado. Los resultados están en parte relacionados con la afiliación de relevantes investigadores a instituciones separadas de las universidades (CNRS de Francia y CSIC de España), lo que evita el cómputo de sus publicaciones en esta clasificación.

El informe confirma la excelencia de los sistemas universitarios del Reino Unido y los EE UU. Francia y Alemania, los dos grandes países continentales, parecen disfrutar en la clasificación todavía de una cierta renta derivada de su historia pero están hoy día a cierta distancia de su brillante pasado. Holanda, con la mitad del PIB español, presenta seis universidades clasificadas antes que la primera española, dos de ellas entre las 100 mejores del mundo.

En la realidad española, las propias instituciones son las mayores enemigas de estos indicadores, pero no hay otros. Sin embargo, para un sector de nuestra mejor doctrina gestora, una de las causas de nuestro retraso en el palmarés mundial se encuentra en el anquilosado modelo de gobierno universitario.

Francia se pone las pilas

La ministra francesa de Ciencia, Valerie Pécresse, reconoce la noticia como mala y se plantea un reto para 2012: lograr diez Universidades entre las cien primeras. En la actualidad, Francia representa un porcentaje del PIB entre 1,5 y 2 veces el español y cuenta con cinco universidades clasificadas antes que la primera española, cuatro de ellas entre las 100 primeras.

Además, durante la presidencia francesa de al UE, se ha comprometido a organizar un grupo de trabajo que proponga, en septiembre, una metodología basada en el “aseguramiento de la calidad de las Universidades Europeas” (Le Monde, 6 de agosto) que permita en noviembre obtener una clasificación más cualitativa. Estaremos atentos.

Gracias a un antiguo amigo, he conocido los avatares por los que han pasado dos jóvenes realizadoras para crear su primer largometraje. Al mismo tiempo he podido observar su fuerza y empuje para solventar todos los problemas y terminar haciendo una película con un presupuesto que se aproxima muchísimo a cero euros.

Podría parecer un milagro, pero puedo asegurar que es fruto del tesón y de la imaginación de sus dos jóvenes realizadoras.  Sus participaciones en certámenes en todo el mundo y los premios conseguidos es casi seguro que la convierten en la película con más premios por euro invertido. El próximo día 11 de julio se estrenará en Madrid, Barcelona y Valladolid y el 18 en Pamplona.

Maitena y Candela crearon la productora CRONOPIA FILMS en cuya página puede ampliarse la información sobre la película “NEVANDO VOY”, cuyo trailer os recomiendo. También tienen un interesante blog y nos han dado una lección de juventud emprendedora.

Auzolan

Aunque es una práctica que se va perdiendo en los últimos años, hasta hace muy poco era muy habitual en los pueblos de Asturias lo que llamamos sestaferia, que podemos traducir por “trabajo en común” y se refiere a trabajos necesarios para mantener las infraestructuras vecinales en que colaboraba toda la comunidad: arreglos de caminos, de edificios de uso público, etc. En Navarra esta antigua institución se denomina con el término AUZOLAN.

Como podeis imaginaros por el mínimo presupuesto manejado, nuestras jóvenes realizadoras han utilizado bastante auzolan para culminar esta interesante obra cinematográfica que narra las relaciones personales y laborales en la sección de embalaje de cadenas para la nieve de una fábrica. Los pedidos empiezan a aumentar por las fuertes nevadas que están cayendo. El encargado pide refuerzos. Alguien es trasladado de otra sección. Dos mujeres llegan de una empresa de trabajo temporal y estarán durante dos semanas.

De seis a dos, los cuatro embalan cadenas en silencio, cada uno en su mesa. La metereología anuncia temporal y el trabajo se prolonga. Sin darse cuenta, empiezan a romperse las reglas de trabajo que, poco a poco, se convertirá en un juego y esa nave fría y gris, en el lugar divertido.

Lecciones de esta experiencia

Ya hemos hablado en esta bitácora de la importancia del “nuevo renacimiento” que reformula las nociones de jerarquía, competencia y marketing, que son sustituidas por otras como cooperación, motivación y juego. Tambien de la wikinomia.

Ahora que nos acercamos a momentos económicos más difíciles parece conveniente pararnos a pensar en esta experiencia emprendedora, su efecto en el sector público y en los trabajos de fiscalización.

Es indudable que hoy se recurre a expertos, colaboradores y contratos externos para cualquier problema que surge en la gestión pública. También que, muchas veces, estos trabajos realizados por expertos externos se limitan a resumir lo que los propios empleados públicos les han dicho y su utilidad suele ser muy limitada, cuando no van directamente al archivo permanente (papelera) o adornan una preciosa balda de las estanterías del despacho del Director General.

¿Cuántas veces los empleados de la entidad tienen las mejores soluciones para resolver los problemas? ¿Y cuántas veces se les consulta? ¿Cuántas cuestiones podrían mejorarse en la actividad pública con un poco de imaginación y pocos recursos?

Estoy convencido de que todos los que nos movemos en el campo de la gestión pública podríamos citar varios casos. ¿No hay forma de fomentar estas iniciativas? Los japoneses popularizaron aquellos círculos de calidad en los que las propuestas de mejoras en la producción llevaban aparejados premios según el porcentaje del beneficio obtenido.

¿Por qué si unas jóvenes son capaces de producir una película sin dinero, no es posible hacer cosas parecidas en el sector público?

Otro tanto se podría decir de la colaboración de los ciudadanos en las actividades públicas. Hoy casi no colaboramos en lo que antes se llamaba relaciones de buena vecindad. Hoy todos somos muy cómodos y podemos llamar al técnico hasta para cambiar una bombilla.

Creo que muchas veces tenemos soluciones a muchos problemas que pueden lograrse estimulando a los empleados, haciendo que surja su creatividad, o fomentando la colaboración colectiva (en general gratuita), aunque optamos por recurrir a los expertos y abonar sus correspondientes facturas.

Estos elementos tienen mucho que ver con la eficacia, eficiencia y economía, que forman parte de los aspectos que los órganos de control tienen que analizar en su labor cotidiana. El análisis de la racionalidad del gasto es uno de los objetivos en que menos se ha avanzado entre los OCEx. Su dificultad es evidente, pero ver que se pueden hacer películas muy interesantes sin dinero, me ha sugerido esta reflexión. Nunca hubiera pensado unir el cine y la nieve con la fiscalización.

La prensa recoge la presentación ayer del informe 2007 de la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo. Una cita obligada, todos los años, que en esta edición contó con la presencia de la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y el Comisario Europeo de Educación, Ján Figel, quienes destacaron que la producción, difusión y uso del conocimiento deben ser el eje central del desarrollo económico.

El texto del Informe puede descargarse en el portal de la Fundación y contiene un análisis, por cuarto año sucesivo, de las luces y sombras del sistema universitario español. Unas universidades que cada vez son más diferentes y atienden necesidades sociales diferentes. 

El trabajo pone de manifiesto la importancia del sistema universitario, no sólo en lo que se refiere a su contribución a la creación de conocimiento y a la mejora y ampliación del capital humano, sino también en cuanto a su relevancia económica dentro del conjunto de actividades de la economía española.

Principales conclusiones

Entre sus conclusiones encontramos la constatación de la disminución del número de estudiantes cuya movilidad territorial crece muy levemente. La presencia de estudiantes extranjeros de grado es muy reducida mientras que en el doctorado y Erasmus es elevada. Respecto al rendimiento académico, sigue siendo relativamente reducido.

Impacto económico

El impacto directo del sistema universitario en la economía española es muy relevante y creciente, tanto en el PIB como en el empleo del conjunto de actividades productivas de la economía española.

La comparación actual del impacto económico de las universidades públicas con en el año 2000 y el 2004 nos indica que se ha producido un aumento del 11% y del 14% respectivamente. En cambio, el impacto en el empleo total ha supuesto una reducción del 2%.

Percepción social

Mejora en la percepción social de las tendencias en el sistema universitario e incremento de la valoración como problema de diferentes dimensiones de la relación universidad-empresa. En lo que se refiere a las tendencias detectadas en el sistema universitario español y su evolución, los expertos consultados en el Barómetro 2007 sobre la situación del sistema universitario español elaborado por la Fundación CYD, consideran que se ha producido una mejora, entre 2005 y 2006.

Las tendencias que expresan una mayor mejora relativa son la importancia que tiene para la universidad su relación con la empresa y la dotación de infraestructuras para la ciencia, la tecnología y la creación y transferencia de conocimiento, mientras que las tendencias que menos mejoran son las relativas al grado de conexión entre la docencia, la investigación y la transferencia de tecnología, la competitividad internacional de las universidades españolas y la capacidad competitiva de la economía española a nivel internacional a partir de su sistema universitario.

Graduados

La población con estudios universitarios presenta mejores indicadores en el mercado de trabajo. Continúa la tendencia a la reducción del desajuste entre demanda y oferta de empleo de alta cualificación aunque la inserción laboral de los titulados españoles se produce en peores condiciones que en otros países europeos aunque disminuyen las diferencias.

Entre los retos pendientes se destaca la adquisición de competencias actitudinales y una mayor atención de las universidades a la inserción laboral de sus titulados. Este aspecto, impensable hace unos años, empieza a serun importante factor de diferenciación institucional.

Investigación

Aumenta el gasto en I+D de las universidades españolas aunque se observa un ligero descenso de su peso en el PIB. Sigue siendo escasa la cooperación en innovaciónentre empresas y universidades. También se detecta un aumento sustancial de la transferencia de tecnología de las universidades a las empresas tanto como respuesta a la demanda empresarial como impulsada por las universidades.

Como resúmen final, hace unos meses, el Rector de la Universidad de Salamanca, lo vendía así:

Anteayer se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, por décimo año consecutivo. Su propósito era recordar que el trabajo “no tiene por qué ser una actividad miserable y sufrida, sino que también puede y debe disfrutarse”.

Este asunto me recuerda una máxima del management: «los empleados tratan a los clientes como la empresa los trata a ellos» y por ello «trabajar con alegría» suele ser un fin estratégico para los directivos.Quienes trabajamos en el sector público deberíamos celebrarlo orgullosamente cada mañana. Yo lo vengo haciendo así desde hace 23 años. Por el contrario, muchos funcionarios afrontan su jornada laboral desmotivados.

El administrativista Palomar Ortega, en una ponencia de reciente publicación, resumía las tres limitaciones intemporales del sistema de empleo público español: no permite conocer las reglas del ascenso jerárquico, ni tiene establecido un sistema de valoración (cuantitativa y cualitativa) o de compensación del trabajo realizado. Además, las expectativas de promoción económica no están establecidas y dependen de forma absoluta del ascenso, que es aleatorio.

El éxito de cualquier organización se basa en mantener a las personas en los puestos adecuados. ¿Cómo lograrlo? Una frase atribuida al mariscal Rommel clasifica básicamente a los hombres en listos o tontos, y vagos o ambiciosos. “Los tontos y ambiciosos son peligrosos, y me libro de ellos. A los tontos y vagos les asigno tareas mundanas. A los listos y ambiciosos les pongo en mi estado mayor. A los listos y vagos les hago comandantes.” El militar alemán lo tenía muy claro y podía poner en práctica su arbitraria estrategia.

En la España actual, el reciente Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) incorpora el concepto de evaluación de desempeño (cómo se trabaja) mas amplio que el clásico de evaluación de rendimiento (cuánto se trabaja) y cuya aplicación deberá ser concretada en la normativa autonómica.

La evaluación del desempeño es un instrumento dentro del sistema de gestión de los recursos humanos y como tal pretende un análisis sistemático, a través de la observación, del hacer de un individuo en su puesto de trabajo valorando su contribución a la organización y permitiendo al mismo tiempo que éste pueda conocer y mejorar aspectos relativos a su quehacer profesional.

Pues bien, La primera ley de una Comunidad que desarrolló el EBEP fue la ley 13/2007, de 27 de julio, de la función pública de Galicia (BOE n. 226 de 20/9/2007). En ella, se introducen modernos criterios de evaluación de la actividad de las administraciones públicas, para medir, además del rendimiento del personal al servicio de las administraciones públicas, el grado de calidad en la prestación de los servicios públicos, atendiendo especialmente a la proyección en la ciudadanía de las medidas de mejora y modernización.

Así el artículo 63 bis obliga a establecer sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados, según criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, aplicándose sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. En su apartado cuarto determina que la Xunta de Galicia articulará un sistema que, entre otros factores, tendrá en cuenta necesariamente:

a) El grado de satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios que se les presten.
b) La buena gestión y organización de la estructura administrativa, promoviendo la utilización por parte del personal directivo de los datos derivados de la gestión para la toma de decisiones.
c) La implicación en procesos innovadores y de buenas prácticas en pos de la excelencia.
d) La normalización y racionalización de procesos.
e) El grado de cumplimiento del Plan de normalización lingüística.

Los cinco apartados permiten afirmar que resulta voluntariosa pero sin trapío, como dirían los toreros, puesto que estamos ante factores genéricos, que no fijan valoración ponderada o preferencia de unos sobre otros, ni una mínima concreción del método y ámbito de aplicación de cada criterio. Además los conceptos “satisfacción”, “excelencia” o “buenas prácticas”, son indeterminados y con amplio margen de subjetividad en su concreción.

No obstante ser pionero tiene ese riesgo, de igual modo que la mayoría de las CCAA ( y los sindicatos) miran de soslayo lo que hace la comunidad vecina en esta materia, para plagiar sanamente lo que interese.

Por otra parte, tampoco la ley gallega expresa las consecuencias de la evaluación, ni su alcance temporal o revisión de resultados, ni lo que es lo mas importante a la vista de la sociología administrativa (“café para todos”), debería fijarse por ley que las consecuencias retributivas positivas de la evaluación del rendimiento solo alcanzarían a un determinado porcentaje, ya que no estaremos ante un incentivo sino ante una retribución fija, lo que nada incentiva, como es bien sabido.

En todo caso, pocos están preparados para percibir una parte de la retribución en función de la opinión que muestren las encuestas de satisfacción de los clientes. Vincular la retribución o la promoción a estos conceptos es bastante innovador. Los funcionarios no docentes de las Universidades andaluzas perciben un 10% del sueldo en función de objetivos de calidad. Estaremos pendientes de la evolución del modelo gallego que no tardará en ser acusado de privatizador. Cada vez serán más los empleados públicos que irán adoptando estos esquemas privados (el BBVA abona el 17% del sueldo por objetivos).

En cambio en el sector público es difícil fijar objetivos homogéneos para cada Administración e incluso dentro de cada Administración. ¿cómo fijamos el rendimiento y el nivel de satisfacción del usuario en la prestación de servicios funerarios municipales?

El conocimiento reemplaza a las materias primas como fortaleza en nuestra economía global. Se habla de la “maldición del petroleo” y la Universidad cobra un especial protagonismo, a la vez que atraviesa un período crítico. Los cambios en las políticas públicas, unido al creciente ritmo de los avances tecnológicos y científicos, están alterando de una forma acusada el entorno.

En España, el descenso de la natalidad y la pugna por obtener financiación adicional requieren nuevas respuestas organizativas y financieras por parte de las universidades. Mientras tanto, son múltiples los foros que demandan mejorar la situación financiera de la universidad española, como recoge el titular del diario Cinco Días que hoy preside esta entrada. 

La publicación periódica de ránkings universitarios nos recuerda que estamos en un competitivo mercado global. Pero pasados unos días, todo vuelve a la normalidad y la financiación de la educación superior deja de ser una prioridad. En esta bitácora solemos ocuparnos con frecuencia de los múltiples aspectos universitarios.

Por un lado, la famosa clasificación de las 500 mejores universidades del mundo. Se trata de un listado recopilado por un grupo de especialistas en bibliometría de la Universidad Jiao Tong de Shanghai, en China. Este listado incluye las mayores instituciones de educación superior del mundo y están ordenadas de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta el número de galardonados con el Premio Nobel (10%), los ganadores de la Medalla Fields (20%), número de investigadores altamente citados en 21 temas generales (20%), número de artículos publicados en las revista científicas Science y Nature (20%), y el impacto de los trabajos académicos registrados en los indices del Science Citation Index (20%) y por último, el “tamaño” de la institución.

Los resultados no son alentadores. Nuestra primera Universidad, para ellos, sería la de Barcelona, que ocupa el puesto 170 del mundo, seguida de la Complutense (248). Frente a las 23 universidades francesas, entre las 500 primeras sólo aparecen nueve universidades españolas: la Autónoma de Madrid (255), la de Valencia (393), la Autónoma de Barcelona (355); la Politécnica de Valencia (387), la de Granada (468), Sevilla (493) y Zaragoza (505). Da pena la degradada situación de Rusia, con sólo dos instituciones en el top 500, las mismas que Hungría o Grecia.

El primer país latinoamericano de la clasificación’500 es Brasil, con 5 universidades (la Universidad de Sao Paulo en el puesto 144 y la Univ. Estadual Campinas, en el top 300). En el top 200 encontramos a la UNAM de Méjico y a la Universidad de Buenos Aires.

Otra clasificación, elaborada por Webometrics, que mide la presencia universitaria en la Red, incluye a 25 centros académicos españoles entre los 500 primeros, cifra superior a la de Francia o Italia.

Para un sector de la opinión pública, el ránking PISA demuestra que siempre son los mismos países los que encabezan en el desempeño de los alumnos: Canadá, Finlandia, Japón, Singapur y Corea del Sur. En muchos de ellos, su éxito está desligado de la inversión educativa, como nos recuerda el titular del diario Expansión.

Personalmente creo que está demostrada una estrecha relación entre calidad y gasto universitario. Las mejores instituciones son las que tienen mayores presupuestos por alumno; esto está claro. Sus indicadores de gestión son comparados con periodicidad y, en España, son objeto de multitud de análisis, gracias al Observatorio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas que dirige Juan Hernández Armenteros, durante quince años Gerente de la Universidad de Jaén. Podeis leer una reciente entrevista aquí.

Las Comunidades Autónomas han asumido la responsabilidad de la educación superior con distinto interés y con diverso grado de aceptación. Nadie podía creerse que serían simples espectadores “de pago”. Las restricciones financieras (déficit cero, estabilidad presupuestaria) llevarán consigo una mayor rivalidad en la búsqueda de fondos públicos.

El aplazamiento de la aplicación de modelos de financiación objetivos y transparentes, que introduzcan certidumbre en la programación financiera de nuestras universidades, constituye, hoy más que nunca, una dejación de responsabilidad de los gobiernos de las Comunidades Autónomas, máxime si tienen varias universidades en su territorio. Por ello, son frecuentes las refriegas entre los rectores y las Autoridades autonómicas.

En muchas regiones españolas se financia la educación superior a través de transparentes modelos, con fórmulas o contratos-programa que disciplinan el uso de los recursos universitarios y lo condicionan a una gestión eficiente y de calidad. Pero las universidades son empresas multiproducto, que realizan de manera simultánea dos actividades distintas, docencia e investigación, compartiendo gran parte de sus inputs. De hecho es muy difícil realizar una evaluación de su eficiencia. No obstante, queda por resolver el problema de la endogamia universitaria, que ayer ponía de relieve con toda su crudeza el diario El Mundo.

Pincha aquí para ver el cuadro en pantalla completa.

Pilar Jiménez Ríus suele recordar en sus publicaciones que uno de los antecedentes artísticos más remotos del control de los fondos públicos o lo que es prácticamente lo mismo, de la calidad de los gobiernos, lo encontramos en el medioevo, en concreto, en el Palazzo Pubblico (Ayuntamiento) de la ciudad de Siena. En este Palazzo se encuentra una serie de frescos que ofrecen una expresión gráfica impresionante de la calidad de gobierno. Realizadas por Ambrogio Lorenzetti entre los años 1338 y 1340, estas obras son producto de una cultural ciudadana de alto nivel, que por cierto caracterizó a la República de Siena.Por un lado, en la Alegoría del buen gobierno, vemos los símbolos del bien común, incluyendo las principales virtudes, rodeados por los representantes de la ciudadanía. El tema sigue con un par de frescos que muestran los efectos del buen gobierno en la ciudad y en la campaña: armonía, justicia y abundancia material en el comercio y la producción agrícola. Por el otro lado, en la Alegoría del mal gobierno está retratada la tiranía, con símbolos de vicios como la injusticia y el engaño. Sus efectos en la ciudad y en la campaña incluyen incendios, saqueos, y estancamiento de la vida económica.

En resumen, ya en aquella época había conciencia de lo que eran el buen gobierno y el mal gobierno. Así que cuando nos referimos a la buena gestión pública, al buen gobierno (good governance), no estamos abordando un tema tan nuevo. Más información.

El tema nos sirve de introducción para presentar la obra de Luis F. Aguilar Villanueva. Gobernanza y gestión pública. Editorial: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE), 2007. 500 páginas. Precio € 28,00.

Indice:

I. Gobernanza

II. Nueva gestión pública

III. Gestión estretégica

IV. Gestión de calidad

V. Epílogo

ANEXOS

Aguilar es investigador mejicano del Sistema Nacional de Investigadores. Ha escrito más de 100 artículos sobre teoría política y administrativa. Fue uno de los introductores de la disciplina de las Políticas Públicas en su país y en el mundo académico de lengua española a fines de los años ochenta.? Es miembro del Comité Internacional de Expertos en Administración Pública del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, 2006-2009).

Esta obra, perfectamente redactada, es una de las importantes aportaciones en español al debate intelectual sobre gobernanza y señala las condiciones del acto contemporaneo de gobernar y replantea nuestros conceptos y visiones clásicos de la gobernabilidad. Aguilar señala la relevancia actual del los principios y herramientas de la nueva gestión pública, que analiza con detalle. Particularmente, estudia cómo la gestión estratégica y la gestión de calidad son cruciales para lograr un gobierno eficaz. La noción de calidad, el ciudadano-cliente, la dirección estratégica o los contratos internos son temas que presenta con fácil lectura.

A lo largo del libro, el autor desarrolla la idea de que la dirección de la sociedad se sustenta cada vez más en los actores sociales y menos en el gobierno. Es el centro del debate mundial actual, junto al “vaciamiento del Estado”, el gerencialismo o la descentralización, que se tratan con extensión.

He quedado fascinado ante este vídeo, realizado hace unos meses entre 200 estudiantes de Kansas State University. No he podido resistirme a tratar el tema en mi bitácora, por su interés para el ciudadano y para la gestión pública.

Un reciente estudio de la Universidad Complutense confirma ese absentismo de las aulas y su influencia en las altas tasas de fracaso. Las cifras de la Facultad de Economía eran: un tercio de los matriculados no se presenta al examen, otro tercio se presenta y suspende y, tan sólo el tercio restante consigue liberar la asignatura. 

¿Qué pasa? Pregunto a un estudiante y me dice “si la clase es mala, no voy” Y es mala si el profesor repite los mismos apuntes todos los años, concluye. Otros, por el contrario, no irán a clase si los apuntes están muy bien hechos y colgados en la red. La realidad que nos muestran los estudios disponibles revela que, a medida que el curso avanza, las aulas van perdiendo alumnos. Primero los repetidores, después muchos varones (¡si!: las chicas son más constantes). Además su efecto se incrementa los viernes, hasta tal punto que en muchas facultades ese día ya no es lectivo.

Lo cierto es que hay una creciente preocupación entre el profesorado por la deserción de estudiantes. Las universidades llevan años incentivando el interés del alumno. Primero generalizaron los “cursos cero”, los planes de mejora de las titulaciones, y hasta los aprobados “por compensación” para convertir al alumno en cliente. Odiado término este (¡cliente!) en muchos ámbitos universitarios, que prefieren dirigirse a “la sociedad”.

Otra buena razón para no asistir a la facultad son las academias privadas, donde el estudiante si es el “cliente”. Debemos reconocer el gran renombre que tuvieron algunas. La historia reciente nos legó la “Universidad de Cimadevilla” donde Don Fermín preparó docenas de promociones de derecho; o la Academia Llana, donde Héctor Centeno enseñó, siempre sonriente, los secretos de la contabilidad a miles de jóvenes.

Hubo una época de alumnos libres; e incluso “libre-oyentes”. Venían de los lugares más lejanos solo a examinarse en aulas abarrotadas. Hoy, la misión de la universidad ya no es examinar sino enseñar y, sin embargo, las academias privadas continúan en casi todas las áreas científicas. En algunas asignaturas, “si no vas a la academia lo tienes claro”, escucho a un estudiante. Otro (ingeniero) reconoce que sin ella no hubiese superado ciertas materias. Algunos acuden desde primaria como forma de obligarse a dedicar algún tiempo a la asignatura, en un ambiente más familiar.

Ese mismo alumno no utiliza las tutorías académicas de la Universidad ¿Por qué? La academia conoce bien la trayectoria de exámenes de la asignatura, conoce qué tipo de preguntas “van a caer” y qué saber para aprobar. Se me dirá que cada vez más asignaturas tienen página web, clases reducidas, amenas y dialogadas. Quizás lo más importante sea que alguien te diga las páginas concretas a estudiar, con el esfuerzo justo no sea que empolles alguna más de las imprescindibles para aprobar.

Podría pensarse que las academias existen porque el sistema no funciona: son la prueba del fracaso de un profesor, cuyas explicaciones no están a la altura de los exámenes que pone. También un ejercicio de eso que los economistas llamamos coste de oportunidad. No ir a clase y pagar la academia con un objetivo claro, medible y evaluable: aprobar.

Opino que lo menos importante de la universidad son los conocimientos concretos de cada asignatura, que la mayoría de ellos se olvidan al salir del examen, y que prima lo que ahora llaman habilidades o competencias transversales, que les permitirán recuperar esos conocimientos cuando se necesiten ¿Cómo juzgar esas habilidades? No es fácil. Mientras no cambiemos la forma de evaluar, las academias seguirán preparando perfectos “examinandos”.

Hace años, existía mucha mayor comunicación entre los alumnos. Las colecciones de exámenes anteriores eran relativamente fáciles de obtener, las manías de cada profesor eran también conocidas. Por el contrario, hace unos meses pregunté a un joven economista el nombre de sus profesores de la licenciatura y no pudo decirme más de media docena.

Antes funcionaban los apuntes “con pedigrí”, prueba aceptada de que estudiando por ellos se aprobaba. Un catedrático amigo superó economía para ingenieros con los apuntes de Cristina. Siempre le estuvo agradecido, pero nunca llegó a conocerla.

En todo esto, tiene mucho que ver el bajo precio de las matrículas universitarias, que no cubren la quinta parte de un coste real financiado por todos. Los estudiantes no piran la academia que les cuesta el doble que la Universidad, por la sencilla razón de que “perciben” el pago.

Las cosas están cambiando. El master oficial puede financiarse con 50 millones anuales de euros de préstamos-renta, un verdadero cheque escolar que haría feliz al propio Milton Friedman, a devolver durante los ocho años posteriores a terminar, si se gana más de 22.000 euros anuales. En esas clases tampoco hay absentismo.

Una versión de este artículo fue publicada en el diario La Nueva España del 11-1-2008.

La Oficina Nacional de Auditoría de Australia (ANAO) en un conocido informe de hace diez años, sobre el órgano de auditoría interna de las instituciones públicas australianas, consideraba esa función como una herramienta de la dirección.

La declaración no era baladí, pues la ANAO intentaba huir de las funciones tradicionales de la auditoría interna que, en esencia, eran controles formales respecto al proceso presupuestario. Su evolución se presenta en el cuadro siguiente:

En su Manual de Buenas Prácticas de 1998, la ANAO recordaba que los gerentes, demasiado a menudo, no entienden ni aprecian el valor potencial de una función de la auditoría interna eficaz. Como consecuencia, contribuyen a su propia ineficiencia al usarla como una “escombrera” (si, han leído bien), asignándole personal de bajo rendimiento, sin relevancia o adecuación de sus habilidades, conocimientos o valores.

Es frecuente que la Alta Dirección crea que la gestión es lo importante y que el control es secundario. A lo sumo la auditoría interna es una escuela de directivos. De acuerdo con su investigación, la ANAO sugiere que los departamentos de auditoría interna, para ser eficaces, deben operar bajo los siguientes cuatro principios:

• Disfrutar del pleno apoyo de la Alta Dirección. Solemos bromear con el siguiente indicador: la influencia del órgano de control interno se mide inversamente con el tiempo que tarda en recibirte el Presidente del organismo.
• Satisfacer las necesidades de sus usuarios/clientes.
• Los recursos destinados a las actividades de la auditoría interna logran un equilibrio adecuado de experiencia y conocimientos de auditoría. Se recomienda como media del sector público un gasto en auditoría interna del 0.038% sobre el gasto total, del 0.019% sobre el activo y una dotación de empleados de 1 por cada 347.
• Trabajar con una cultura de mejora contínua. La función de la auditoría interna debe perfeccionar sus procesos a través del benchmarking y de revisiones entre colegas o como un participante en las actividades de mejora contínua de la organización. Debe tener también su propia cultura de progreso y aspirar a asegurar que sus procesos están de acuerdo con la mejor práctica. Para ello debe emplear una orientación hacia las necesidades del cliente y realizar periódicamente una encuesta formal entre los “usuarios” del departamento.

Nueva guía de la ANAO

La últimas publicación de la ANAO sobre auditoría interna es de una gran ayuda para quienes desempeñan esa tarea. Así, una Guía de Buenas Prácticas proporciona orientación sobre la realización de la mejor práctica de auditoría interna en el sector público australiano .

Como tal, la Guía incluye las cuestiones fundamentales que las entidades deben tener en cuenta en la determinación de las funciones y responsabilidades de la auditoría interna. También es útil para establecer futuras orientaciones y planes de trabajo en este área. La segunda parte de la guía incluye un modelo de carta constitutiva del departamento de auditoría interna y en la tercera parte aporta una serie de formularios, listas de verificación y otros instrumentos que permite a las entidades personalizar y ayudar en el examen y la gestión de sus funciones de auditoría interna.

Imagine que retrocede 12.000 años, cuando Europa albergaba una civilización llena de riesgos para la vida humana. Pronto este ejercicio será muy popular ante el presumible éxito durante 2008 de una película sobre ese escenario.

Existían pequeños grupos liderados por un fuerte y experto cazador, cuya principal cualidad era la autoridad que despertaba en los restantes habitantes de la cueva. Era diestro en el manejo de aquellas rudimentarias lanzas. Era valiente en los momentos más peligrosos. Nadie osaba cuestionar su autoridad y los restantes miembros de la cueva le tenían gran temor. Si alguien se desmandaba era ejemplar y aplicaba algo que popularizarían los mafiosos muchos siglos después: “Si castigas a uno enseñas a cien”.

Con la división del trabajo llegaron las modernas organizaciones. La gente convivía muchas horas en la oficina, pero como el personal tenía sus propios criterios, surgieron los conflictos. Para dulcificarlos, apareció toda una industria que movía millones de euros: la motivación. Su atractivo descansaba en una promesa: que con suficiente aliento, potenciación y autoestima, los empleados llegaran a ser leales y productivos, en beneficio tanto de sus jefes como de ellos mismos.

Sin embargo, a pesar de los variados programas de incentivos, las encuestas demostraron que la moral del trabajador había llegado a mínimos críticos. Hoy, una mayoría de los empleados afirma despreciar su carrera profesional. ¿Cómo es posible? Y, más importante, ¿qué se puede hacer?

Cuatro de cada diez españoles (un 42%) no está satisfecho con su trabajo, según el estudio Cátenon de Satisfacción Laboral y Calidad de Vida 2007. Además, tres de cada cuatro consideran que, para lograr el éxito laboral, hay que renunciar a la vida personal. Sin embargo, un 73% aceptaría que le bajaran parte de su sueldo si ello conllevara una mejora en la calidad de vida (a través del horario flexible o el teletrabajo sobre todo).

Quizás hay que desenterrar al cazador de mamuts. Quizás, esas teorías de la gestión, cada vez más complicadas, sólo sirven para ofrecer a los empleados una falsa confianza. Y lo que es peor les da delirios de grandeza cuando el secreto de un equipo de éxito es que todo el mundo haga lo que yo digo. En cuanto se levanta la mano, te hacen una canción, como la que “Mojinos escozios” dedica a los jefes.¿Será posible que alguien haya visto la luz y haya desenmascarado tanto narcisismo? Con ayuda de San Google no tardé en encontrar al subversivo gurú de los negocios, Dr E.L. Kersten autor del libro “La desesperación – El libro del arte de la desmotivación”. El buen doctor sabe que el verdadero éxito en el trabajo sólo puede lograrse cuando cada empleado conoce su sitio (¡y su sitio está por debajo de ti!) .

El sarcástico libro está lleno de consejos y técnicas para ayudarte a desmoralizar totalmente a tus compañeros de trabajo, a los restantes empleados de la oficina. Vamos: como la jungla del mamut. El propio autor define su obra como una motosierra en las piernas del proverbial escalafón, garantizando con su compra la facultad de reducir el ego y de crear una auténtica y divertida división entre trabajador y su jefe.

Así, el Doctor Kersten te recomienda que ignores a los empleados temporales, confundiendo sus nombres y subestimándoles: hacer como que no percibes sus éxitos e incluso limpiarte las manos después de saludarles. Si, es “duro”, pero los ejecutivos de éxito a veces tienen que ser crueles para ser buenos.

El arte de la desmotivación es un regalo ideal para cualquiera que tenga que tratar diariamente con los egocéntricos empleados y esta garantizado que deshumaniza el lugar de trabajo en poco tiempo. . Nada mejor que estas fechas para poner en práctica esta nueva ciencia. Veamos.

Si realiza la institucional comida de Navidad, no permita sentarse por grupos de amigos. Colóquelos por jerarquía para que se les atragante la celebración. No permita que ese empleado incomodo se disculpe otro año más de acudir al festejo. Podría servir de ejemplo al resto. Dígales a todos que se pasará lista y extienda el rumor de una reorganización. Y por supuesto, no se le ocurra regalar nada. Utilice la disculpa de los auditores, o mejor, del Interventor que pone problemas a todo. El argumento del Interventor es muy socorrido, aunque solo debe usarse en situaciones extremas.

Ocúlteles información sobre la vida corporativa. La ausencia de comunicación es otra arma fantástica para desorientar al personal. Hasta la usan los torturadores. Si usted es el único empleado que tiene toda la información además será imprescindible. Como vé: todo son ventajas para usted con el revolucionario método del Doctor Kersten. Y ¿Para la compañía? Eso es otro cantar.

Como no me gusta terminar esta entrada de una manera pesimista, os cuento una anecdota que me sucedió hace unos días, que me acerqué a una obra donde tres obreros se encontraban trabajando. Pregunté a uno de ellos: “¿qué está haciendo?”, a lo que me respondió: “estoy colocando ladrillos“. Pregunté al segundo lo mismo, y me contestó: “estoy levantando un muro“. Finalmente, me dirijí al tercero que silbaba mientras trabajaba y, ante la misma pregunta, se enderezó sonriendo y me dijo: “estoy construyendo una catedral“.

Una versión de este artículo fue publicado en el diario La Nueva España del 6-X-2007.

El Tribunal de Cuentas Europeo que preside D. Hubert Weber, cuya foto también preside esta entrada, tiene disponible para su descarga libre en la red un Manual de auditoría (104 páginas) de gran rigor técnico, compatible con la utilización de un lenguaje sencillo y ejemplos aclarativos. Una muestra de transparencia y colaboración con el mundo del control. Puede descargarse en pdf.

El texto explica en perfecto castellano cómo deben planificarse y ejecutarse las auditorías de gestión y cómo deben elaborarse los informes correspondientes. Este último aspecto es el que más me gusta del libro. Sirva de ejemplo la utilización del ejemplo (es un juego de palabras) incluido en el epígrafe 5.4.3 titulado “Lógica y razonamiento”de la página 92:

Los ejemplos constituyen una forma eficaz de ilustrar y de explicar de forma práctica las constataciones técnicas o teóricas (tanto positivas como negativas), lo que ayuda a un lector profano a comprender las ideas expuestas. Sin embargo, es esencial utilizarlos con moderación y precaución, ya que un lector parcial podría sacarlos fácilmente de su contexto. Dado que se analizarán con la mayor atención, los ejemplos deberán ser racionales y las constataciones tendrán que estar plenamente justificadas mediante pruebas. También deberán redactarse con claridad, limitarse al asunto de que se trate y no dar una profusión de detalles.

El manual, del que ha sido relator el Consejero portugués, Vitor Caldeira (ver comentario nº1) está basado en principios generalmente aceptados, como muestran las directrices de aplicación de las normas de auditoría del rendimiento de la INTOSAI y las buenas prácticas aplicadas actualmente en este ámbito.

El auditor General de Canadá tiene disponible este tipo de manuales en francés o inglés. Pero, el manual castellano de la conciencia financiera de la Unión Europea es sencillamente espléndido, por lo que he creido conveniente compartirlo con vosotros.

Foto: Vitor Caldeira, relator del Manual, durante una conferencia en la Universidad de Salamanca.

¿Por qué se evalúa un servicio universitario? En el caso andaluz, la respuesta es sencilla: el actual sistema de financiación de las Universidades de Andalucía incluye un porcentaje de la transferencia en función del cumplimiento del contrato programa que incorpora un nuevo complemento de productividad del personal por la mejora y calidad de los servicios que supondrá un aumento del salario aproximado del 10%.

Para percibirlo en 2007, los trabajadores de esos servicios universitarios deberán manifestar, por escrito, el compromiso con el desarrollo de los objetivos del Plan Estratégico de la Universidad y elaborar el mapa de procesos de la unidad, definir la misión y visión de la unidad así como establecer el plan de mejora. En 2008, ya será necesaria la evaluación externa y documentar los procesos clave, así como el seguimiento de los mismos con los correspondientes indicadores y confeccionar el catalogo de competencias de los puestos de trabajo evaluando todas las personas en el desempeño de los mismas, y obteniendo un plan de formación de las competencias no adquiridas.

En 2009, deberán haber completado la evaluación EFQM o certificado el 50% de los procesos clave, confeccionando las cartas de servicios y mejorando los resultados de los indicadores frente a 2008, iniciando una gestión por procesos. En 2010, deberán cumplir los compromisos de las cartas de servicios y obtener 300 o mas puntos según modelo EFQM (o certificar todos los procesos clave segun ISO) así como superar la evaluación del desempeño de las competencias establecidas para el puesto de trabajo.

He sido nombrado evaluador externo del servicio de gestión económica de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. La presidenta del Comité creado al efecto es Leonor González, Exvicerrectora de Calidad y actual Directora del Departamento de Economía y Empresa en la Universidad de La Rioja, el primer departamento universitario en lograr la certificación ISO. El otro miembro del comité es la coordinadora de calidad de la Universidad de Huelva, Yolanda de Paz (en la foto, a la izquierda).

Estos programas de revisiones externas, si bien corren el peligro de caer en el corporativismo y los “pactos de no agresión”, ofrecen muchas ventajas. Proporciona una perspectiva independiente y permiten participar en el feed back que se produce entre los propios miembros del equipo evaluador externo y con el servicio evaluado. Durante la visita “in situ” convives un par de días con el comité en una apretada agenda lo que permite un rico intercambio de experiencias y opiniones.

En efecto, los evaluadores se entrevistan con el comité interno, los trabajadores del servicio, sus usuarios, el resto de los departamentos y la Alta Dirección de la Organización hasta contrastar el autoinforme realizado. En las fotos podéis ver el proceso, que incluye audiencia pública a cualquier posible interesado y la visita a las instalaciones.

El proceso está muy formalizado en guías para los evaluadores que incluye puntuaciones y comentarios estandar que apoyen la redacción del informe final y dé lugar a las acciones de mejora que surjan del análisis de los puntos fuerte y débiles de la unidad evaluada.

Para la unidad evaluada, el proceso significa una importante reflexión y, aunque supone una carga de trabajo adicional para los integrantes de la comisión de autoevaluación, no cabe duda de su gran utilidad para mejorar el servicio prestado.

Por eso, debe elogiarse la iniciativa gubernamental andaluza y, sobre todo, la madurez de los sindicatos que, lejos del “café para todos” o el “dinero por nada” han apoyado este moderno y ejemplar sistema de incentivos.

Arriba: reunión con el Comité de autoevaluación. Abajo: una zona de las instalaciones. A continuación, reunión con el personal del servicio.

Leo en el Diario de Sevilla unas palabras del Rector durante la apertura del curso universitario que nos permiten afrontar un tema tan interesante como la calidad en el servicio público de la educación superior.

La Calidad, entendida como una estrategia para perseguir la mejora continua, ha sustituido a la cantidad como criterio de excelencia de las instituciones educativas. Así, empleando una serie de herramientas integradas de gestión, como la información, la planificación y la evaluación de procesos se intenta lograr un cambio de cultura (perfeccionamiento, responsabilidad social, orientación al usuario, etc.) y la modificación de las prácticas diarias de gestión de la organización. 

El concepto ha evolucionado desde una idea propia de las organizaciones industriales centrada en el producto, hasta una idea más amplia, donde entra en juego el valor de las personas y la relación entre la organización y sus clientes. Subyace la idea de satisfacción global de los usuarios y, sobre todo, con la existencia de actividades sistemáticas para conocer y dar respuesta a las necesidades de los usuarios o de la sociedad en su conjunto.

En 1992, el pleno del Consejo de Universidades acordó iniciar un programa experimental de evaluación institucional de la calidad del sistema universitario, con tres áreas: Enseñanza, Investigación y Administración Universitaria.

Su objetivo central fue ensayar metodologías que permitieran al Consejo de Universidades elaborar un programa de evaluación. Para ello se prepararon protocolos de recogida de información, guías de análisis e informes. Un total de 17 universidades expresaron su voluntad de incorporarse al proyecto.

En 1995, se estableció el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, con una duración de cinco años. Solicitaron participar un total de cuarenta universidades públicas y cuatro privadas. La metodología común giraba en torno a la titulación, articulando el proceso en dos grandes fases (autoevaluación y evaluación externa) y se orientaba a la mejora de la calidad. También se amplió a la evaluación de los servicios universitarios.

Tras la constitución de diversas Agencias de Calidad en las distintas Comunidades Autónomas y la creación de la ANECA por la Ley Orgánica de Universidades, se generalizó el proceso de evaluación. En el ámbito de Andalucía, la UCUA, la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas, aprobó un plan (2001-2006) que incluía expresamente los servicios universitarios. Dentro de esa programación participaré durante los próximos días en el Comité de Evaluación Externa del Servicio de Gestión Económica de la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla. Un tiempo que periódicamente dedico a devolver al sistema universitario una ínfima parte de lo mucho que me ha dado. Así, participé en el comité de expertos de la evaluación externa de los servicios económicos de las Universidades de Burgos (2000), de Extremadura (2001), Complutense (2002) y de Huelva (2006).

En esencia, el proceso tiene dos partes. Por un lado, la autoevaluación del departamento (autoinforme) realizado por el propio personal , una vez que ha sido debidamente formado. Por otra, la evaluación externa, realizada por pares que visitan la Universidad respectiva y confrontan el autoinforme. Con la valoración de ambos se realiza el informe final.

Autoevaluación

La autoevaluación es un instrumento de mejora que supone una reflexión de toda la unidad evaluada, haciendo una valoración de los puntos fuertes y débiles, proponiendo actuaciones que permitan mejorar el conjunto. Exige previamente la existencia de una serie de datos estadísticos de gestión (cuantitativos y cualitativos) que no suelen abundar.

Aunque no es una tarea especialmente complicada, necesita una fuerte motivación entre los participantes y voluntad para el autoanálisis y la crítica con vistas a la mejora.

La participación ayuda al personal a comprender mejor el funcionamiento de la organización, a definir su situación laboral dentro de la misma con mayor realismo y aumentar sus posibilidades de contribuir al perfeccionamiento de la organización y desarrollarse personal, emocional y profesionalmente. Las personas que colaboran en la realización de un proyecto negociado de autoevaluación resultan fortalecidas (empowerment) e incluso pueden aumentar su satisfacción laboral, toda vez que sienten que sus opiniones, necesidades y deseos son tenidos en cuenta antes de introducir las convenientes modificaciones.

Evaluación externa

La segunda fase del proceso es realizada por un Comité de Expertos Externos, en este caso nombrado por la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA) integrado por 3 personas de reconocido prestigio y competencia en las áreas evaluadas.

Después de analizar el autoinforme, realiza una visita de dos días al Servicio evaluado, se entrevista con distintos colectivos (audiencias públicas) y elabora el Informe de Evaluación Externa. Sus opiniones y juicios deben estar basadas en evidencias, consensuadas y orientadas a señalar puntos fuertes, débiles y sugerencias de mejora.

Metodología

La Guia de Autoevaluación facilitada por la UCUA se basa en el conocido Modelo de Excelencia EFQM que se divide en un conjunto de agentes responsables de la calidad (liderazgo, política y estrategia, personas, alianzas y recursos, procesos) y un conjunto de resultados relevantes (resultados en los clientes, en las personas, en la sociedad y resultados clave) que podéis ver en el cuadro adjunto.

El artículo del diario “El Economista” que hoy ilustra esta entrada, pone de relieve los intentos por ayudar a los emprendedores a crear una empresa. Según el informe Doing Business’2008 del Banco Mundial, España ocupa el puesto 38 del mundo en cuanto a facilidades y burocracia para abrir negocios: diez procedimientos distintos con una duración de 47 días, frente a los seis de Estados Unidos o Dinamarca.

La curiosa similitud entre este ranking y el elaborado por Transparencia Internacional para medir la corrupción debe hacernos reflexionar. Los mismos Estados comparten tradicionalmente los primeros y los últimos puestos de ambas listas. ¿Hay correlación entre corrupción, pobreza y burocratismo? Lo cierto es que con dos trámites se puede abrir un negocio en Australia, Canadá y Nueva Zelanda, mientras que en Guinea Ecuatorial son necesarios 20.

La publicación de estos datos comparativos inspira a los gobiernos a reformar. Desde su comienzo en octubre de 2003, la estadística del Banco Mundial ha proporcionado acicate o información sobre 113 reformas en todo el mundo. En 2006, Georgia determinó como objetivo hallarse entre los primeros 25 países y ha empleado sus indicadores como puntos de referencia en su avance. Ahora se halla en el puesto 18 en facilidad de hacer negocios, y el gobierno se ha impuesto un objetivo incluso más ambicioso.

Con frecuencia los medios de comunicación ponen de relieve las dificultades de un amplio sector de la ciudadanía para relacionarse eficazmente con la Administración. Cada vez desaparecen más trámites caducos.

Hace 25 años se suprimieron las pólizas, especie de sello adquirido en un estanco, que debían acompañar los escritos dirigidos a la Administración. Durante mi servicio militar en la oficina de reclutamiento presencié grandes colas de estudiantes para tramitar la prórroga de incorporación a filas. Podían estar varias horas esperando. Y cuando llegaban a la ventanilla, preguntaban ¿está todo? “¡Falta la póliza!”, decía el soldado-oficinista. La cara del joven palidecía hasta que un veterano se la vendía por un módico recargo. Menos más que han ido cambiando las cosas.

Hoy, aquellos comportamientos tan sumisos ante la ventanilla forman parte de una pesadilla que la historia se llevó, en el mismo paquete que el servicio militar obligatorio. Recuerdo en esa misma época que una funcionaria, durante la matrícula universitaria, se presentó ante una cola atestada de estudiantes exigiendo que se alineasen por orden alfabético. Parecía que iba a salirse con la suya cuando el revuelo alertó al Secretario de la Facultad que impuso el sentido común.

En la década de los 90, la Ley 30/1992, de Administraciones Públicas, sentó el derecho del ciudadano a no aportar documentos que ya obrasen en los archivos y registros de la Administración, aliviando así al ciudadano de la carga de aportar múltiples legajos con sus copias de forma inútil.

En la actual década, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se brindó la posibilidad de no personarse físicamente ante la Administración y de gestionar sus asuntos desde el domicilio. Así, una conocida encuesta del CIS sobre la calidad de los servicios públicos, fechada en marzo de este mismo año, destacaba las principales trabas que los ciudadanos se encuentran a la hora de acceder a aquellos: la lentitud a la hora de resolver los trámites (65%) o la excesiva burocracia (61%) por parte de quienes lo prestamos. Son tópicos que encontramos en todas las conversaciones sobre funcionarios.

El sondeo refleja también el importante esfuerzo de modernización de todas las Administraciones Públicas españolas. Se ha mejorado en la incorporación de nuevas tecnologías, en el acceso a través de Internet, en las instalaciones de las oficinas de atención al público e información al ciudadano. Sin embargo ese progreso no se reconoce en la sencillez de los procedimientos administrativos, ni en el trato al ciudadano o la rapidez en resolver las gestiones. En total, “sólo” un 27.2% valora el funcionamiento de la Administración como negativa.

Con cierta periodicidad se divulga la eliminación de algún trámite que nada aporta al procedimiento. La supresión de la fotocopia del DNI fue la penúltima. Un ejemplo reciente. El presidente Zapatero durante su intervención este fin de semana en la Fiesta del Campo de Galicia, avanzó, ante más de 13.000 agricultores y ganaderos, que el próximo Consejo de Ministros “acabará” con una “carga inútil” (sic) para los ganaderos, al suprimir el certificado veterinario, requerido por los mataderos para sacrificar sus cabezas de ganado. Reconoció las contrariedades que este trámite constituye para las exportaciones.

Este certificado, cuya exigencia está vigente desde enero de 2001, suponía a los ganaderos un pago de entre 9 y 24 euros, sin argumentos técnicos que justificaran su mantenimiento. Desde el sector se reclamaba el fin de este medida al considerar que no aportaba más garantías sanitarias a la carne consumida y suponía un coste añadido para las explotaciones de vacuno, ovino y caprino, que sólo en la provincia de Ávila logra un ahorro de 700.000 euros. Descubrimos que ese trámite era poco más que cobrar por una firma en barbecho.

Una versión de este artículo fue publicada en el diario La Nueva España, del 7-X-2007.

Vicente Pina es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Zaragoza. Durante el curso de Verano en Formigal presentó una interesante ponencia basada en el análisis de las páginas web de los principales ayuntamientos europeos. Presento aquí un sucinto resumen de su exposición, cuyo contenido detallado será publicado en los próximos meses.Comenzó el ponente recordando que el e-government se ha convertido en un elemento relevante en los programas de modernización de las democracias occidentales con objetivo de fortalecer la confianza de los ciudadanos en la Administración y obtener una mayor legitimidad. Aunque la construcción de páginas web es un elemento clave de las reformas administrativa, poco se sabe acerca de su contribución a la mejora de la rendición de cuentas de tipo financiero.

Hasta la fecha no existen estudios comparados sobre los progresos de entidades locales europeas en este respecto. Por eso, el principal objetivo de su investigación era determinar en qué medida las entidades locales están utilizando sus páginas web para divulgar información financiera, presupuestaria y de gestión. Para ello profundizó en los factores causantes de las divergencias en la calidad y cantidad de información presentada en las webs de los distintos entes locales.

El equipo de investigación dirigido por Vicente Pina analizó el contenido de 75 páginas web de la capital y las 4 ciudades más pobladas de cada país de la UE-15. En cada una de ellas estudió:

86 atributos agrupados en 3 categorías:

1. contenidos (45 elementos)
2. características cualitativas (14)
3. facilidad de uso (27).

Asignando 3 puntuaciones parciales y una puntuación final, obtenida como media ponderada, con los siguientes pesos:

1. contenidos (40%)
2. características Cualitativas (30%)
3. facilidad de uso (30%)

Como era de esperar, todas las administraciones analizadas están utilizando sus páginas web para divulgar información financiera, si bien los niveles de desarrollo varían de forma considerable. Aunque sus resultados sugieren que la expectativa de que las TIC contribuirán a una convergencia global en materia de transparencia y rendición de cuentas parece ser demasiado optimista.

Los países líderes en la implementación de las reformas del New Public Management también son los que divulgan más información y los estados financieros característicos de un sistema contable basado en el principio de devengo. En concreto, las ciudades Europeo-continentales presentan una mayor heterogeneidad en la información presentada a través de Internet.

Los ayuntamientos analizados facilitan en sus páginas web, como mucho, la información financiera que se les exige presentar en formato papel. Muy a menudo sólo se presenta un resumen de los estados financieros elaborados para cumplir con los requerimientos legales, especialmente en las ciudades del Sur de Europa y germánicas.

Por lo tanto, concluye que la transparencia en la rendición de cuentas al ciudadano de tipo financiero no parece ser un objetivo primordial de las iniciativas de e-government a nivel local en la UE. Las diferencias encontradas en su estudio no provienen únicamente de distintos usos del e-government sino de los distintos requerimientos legales vigentes en cada país. Por lo tanto, la simple utilización de las TIC no provocará una mayor convergencia en los procesos de rendición de cuentas.

Observó que los países Europeo-continentales, tradicionalmente preocupados con el cumplimiento de la legalidad en lugar de con mejoras en la transparencia, rendición de cuentas y receptividad a las necesidades ciudadanas, están incorporando nuevos estilos de rendición de cuentas, pero sin modificaciones sustanciales.

En los estilos Anglosajón y Nórdico, más preocupados con la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, la divulgación de información financiera a través de Internet encaja mejor en sus patrones de relaciones con la ciudadanía.

La investigación constató que las ciudades con un mayor grado de control externo a través de auditorías realizadas por empresas privadas muestran niveles más elevados de rendición de cuentas a través de Internet. Por lo tanto, aquellas administraciones que utilizan en mayor medida las TIC con objeto de mejorar la rendición de cuentas de tipo financiero son las que presentan un elevado grado de rendición de cuentas por medios tradicionales.
Como conclusión de conjunto, su investigación, plagada de datos numéricos y gráficas, muestra que el e-government refuerza los patrones de rendición de cuentas tradicionales, sin potenciar una mejora en la cantidad y calidad de la información contable suministrada a través de Internet.

Por lo tanto, no parece factible que las TIC vayan a conducir a una mayor convergencia en los procesos de divulgación de información financiera en el sector público a corto plazo. Hay mucho que mejorar.

Para terminar, nada mejor que este conocido chiste sobre la contabilidad (¡pública!) que suele contar Vicente Pina a sus alumnos de contabilidad, para estimular su espíritu de autocrítica y reflexión:

Un aeronauta, cuyo globo desorientado por una tormenta debe efectuar un aterrizaje en pleno campo y pregunta a un ciclista que pasa por allí dónde se encuentra. El lugareño responde “en una barquilla en medio de un campo de trigo”. El aeronauta responde: ¡usted es contable! ¿Verdad? ¡”si”, le dice el sorprendido lugareño que le pregunta: ¿Cómo lo ha sabido? “Pues por que me ha dado una información completamente exacta pero perfectamente inútil”.

La Government Accountability Office (GAO) es la agencia dependiente del Congreso de Estados Unidos encargada de “seguir el dólar federal”. Como órgano nacional de control externo (existen otros para cada Estado) dirige las auditorías financieras y operativas, ayuda al Congreso en el análisis y evaluación de las políticas públicas y recoge las quejas acerca de las adjudicaciones de contratos federales.

Creada en 1921, es dirigida por el Comptroller General, designado durante 15 años (no renovables) por el Presidente de Estados Unidos, con la conformidad del Senado. Cuenta con 3.200 funcionarios, que trabajan en su sede central de Washington y en el resto de sus once oficinas regionales.

Hace dos años que la GAO cambió su nombre inicial pero mantuvo sus siglas. La Oficina, que antes era General de Contabilidad (Accounting) y ahora Government Accountability, este último término de difícil traducción, una mezcla de responsabilidad y rendición de cuentas.

Entre las principales competencias de la GAO está elaborar las normas de auditoría pública de obligado cumplimiento, no sólo para sus propios auditores, sino también para otras instituciones de auditoría públicas y privadas, de ámbito federal, estatal y local. Así, desde 1985 la GAO y el Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA) han dictado normas que proporcionan una referencia para asegurar la calidad en los trabajos de los auditores independientes cuando prestan servicios al sector público norteamericano. Las normas generales de auditoría aplicables al sector privado (GAAS) son menos rigurosas que las públicas (GAGAS). Estas normas, más conocidas como Yellow Book, acaban de ser renovadas oficialmente el 27 de julio pasado, tras un período de información pública. Afectan a las auditorías, tanto operativas como financieras, que se realicen a partir del año 2008 y contienen gran cantidad de principios que no tardan en incorporarse a la normativa del resto de las naciones.

A continuación realizamos un breve avance de los cambios introducidos respecto a la quinta versión de 2003.

Para la traducción, he contado con la inestimable ayuda obligatoria de mi hijo Antonio Arias López, estudiante de Gestión y Administración Pública, que me acompaña en la foto

1.- Marco general
El nuevo documento refuerza la importancia del papel de la auditoría como herramienta que proporciona información para la mejora del servicio público. Además clarifica las normas a través de un lenguaje estandarizado para definir el nivel de responsabilidad del auditor y para distinguir entre las exigencias de auditoría y las simples recomendaciones o explicaciones, en consonancia con otras declaraciones de principios de auditoría. También amplia las pautas para reconocer e incorporar otros principios de normas profesionales como el Instituto de Auditores Internos (en España, IAI) o la IAASB.

Los capítulos centrales desarrollan con detalle las auditorías financieras (4: trabajo de campo, y 5: presentación de informes) y las auditorías operativas (7: trabajo de campo, y 8: presentación de informes) si bien incorpora nuevas prescripciones que son muy importantes para el ejercicio profesional del auditor.

2.- Cambios relacionados con la Ética y la Independencia profesional.
El nuevo capítulo 2 está dedicado por entero a la ética profesional. Realiza una descripción de los cinco principios éticos que deben regir el trabajo de quienes se encargan de realizar auditorías para el sector público:

a. Interés público
b. Integridad
c. Objetividad
d. Uso apropiado de la información, recursos y posición pública.
e. Comportamiento profesional.

Se clarifica y racionaliza la discusión sobre la prestación de otros servicios profesionales distintos de la auditoría y su impacto en la independencia del auditor, planteando el debate y los ejemplos en tres categorías diferentes de prestación: servicios que no limitan la independencia, servicios que requieren precauciones suplementarias para no limitar la independencia y servicios que limitan la independencia, en cualquier caso.

Además, añade una guía de acciones a tomar en caso de identificar algún obstáculo para la independencia del auditor, como consecuencia de la emisión de un informe.

3.- Cambios relacionados con el juicio y la competencia profesional.
El nuevo texto hace hincapié en el importante papel del juicio profesional en todos los aspectos del proceso de auditoría y en la consideración de los riesgos.En este sentido, se amplía la descripción de la competencia profesional para enfatizar su importancia. También incorpora las exigencias de formación contínua (¡obligatoria!) que fueron implantadas por la GAO en Abril de 2005, incluyendo en su ámbito de aplicación a otros especialistas internos de la organización auditora y exigiendo, en todo caso:

- Completar 24 horas de formación continua cada 2 años, que se relacionen directamente con la auditoría pública, el entorno administrativo general, o del específico y peculiar del ente auditado.

- Realizar al menos otras 56 horas de formación contínua profesional (que sumado al anterior da un total de 80 horas en cada período de 2 años) a los encargados, en alguna medida, de la planificación, dirección, o emisión de informes y sobre materias que aumenten su destreza profesional en la realización de trabajos o informes de auditoría, con un mínimo de 20 horas cada año.

4.- Cambios relacionados con el control y garantía de la calidad.
El sistema de control de calidad debe garantizar que tanto la organización como su personal cumplan con las normas profesionales y los requisitos legales aplicables. Para ello, exige a las organizaciones auditoras seguir políticas y procedimientos en su sistema de control de calidad, que incluyan: responsabilidades de liderazgo de calidad (dentro de la organización); requisitos éticos, legales y de independencia; el procedimiento de elaboración de los informes; políticas de capacitación del personal así como el seguimiento periódico del cumplimiento efectivo de la calidad, resumiendo y difundiendo anualmente sus resultados, con identificación de las cuestiones sistémicas que necesiten mejora y sus recomendaciones de corrección.

El nuevo texto aclara que el incumplimiento por la organización auditora del requisito de revisión externa por pares cada tres años es tan importante que da como resultado el incumplimiento de un principio de auditoria generalmente aceptado (es decir, de las GAGAS).

Todas las organizaciones de auditoría externa deben hacer públicos esos informes de la revisión externa por pares, cosa que la GAO viene haciendo con regularidad en su web, donde se localiza con facilidad el documento que elaboró el Auditor General de Canadá. En el caso de los auditores internos, exige trasladar una copia de dicho informe a los encargados del gobierno corporativo.

5.- Cambios relacionados con los auditores internos.
La revisión enfatiza la importancia de la auditoría interna como parte del conjunto de la función ejecutiva, la accountability y el control interno. Enfatiza que los auditores externos deben usar el trabajo de los auditores internos al valorar si los controles internos están diseñados y operan correctamente.

El nuevo texto, como el anterior, anima a los auditores internos a usar los principios del IAI junto con las GAGAS y moderniza los criterios de independencia organizacional, incluyendo acceder e informar de los resultados de la auditoría a la Alta Dirección, pero “con alejamiento suficiente de las presiones políticas”.

Clarifica los principios de distribución de informes por el director de auditoría interna comunicando sus resultados a las partes de la organización, de tal forma que pueda asegurar que sus resultados son tenidos en consideración.

6.- Cambios relacionados con el material de guía.
Otra novedad que incorpora la sexta revisión es un apéndice para proporcionar orientación o consejo a los auditores en la implantación de las GAGAS y en el cumplimiento de legislación específica norteamericana. Este apéndice contiene información útil para intentar ayudar al auditor en interesantes áreas, como las siguientes:

- Ejemplos de deficiencias en el control interno, abusos e indicadores del riesgo de fraude.- Ejemplos de servicios distintos de la auditoría, prestados frecuentemente por las organizaciones auditoras en entidades públicas.- Orientación para establecer políticas y procedimientos en el sistema de control de calidad de organizaciones auditoras.

- Orientación para informes de revisión externa por pares: que sean útiles, difundidos y comprensibles para el público, incluyendo la descripción del proceso de revisión y cómo se aplica a la organización.

- Mención de los diferentes tipos de evidencias (A7.02) y la evaluación de su corrección en relación con los objetivos del auditor.

- Descripción de los elementos de calidad en la presentación de los informes: debe ser oportuno, completo, exacto, objetivo, convincente, claro, y conciso, desarrollando y describiendo las materias sustanciales).

En fin, un documento imprescindible para los profesionales de la fiscalización, que esperamos sea pronto traducido en su totalidad.

En la actualidad, existen, cada vez más, multitud de rankings nacionales o internacionales de instituciones universitarias o de investigación. Estas clasificaciones se iniciaron en los Estados Unidos para diferenciar a las mejores escuelas de negocio, pasando a aplicarse también a las universidades públicas y privadas de gran parte de los países desarrollados.

Estos rankings universitarios se presentan como un procedimiento para valorar la calidad de las mismas, concepto que lejos de ser claro, conduce a cierta confusión en su medición, precisamente por lo abstracto del término. ¿Qué mide la calidad?, ¿es la docencia o es la investigación?, ¿o es una combinación equilibrada de ambas?, y si es así en ¿qué porcentajes debe asumirse?

Las profesoras de la Universidad Autónoma de Madrid, Ana Mª López García y Carmen Pérez Esparrells, en una reciente comunicación para la Asociación de Economía de la Educación (AEDE) han elaborado un indicador sintético para medir la calidad de las instituciones universitarias públicas presenciales en las diecisiete comunidades autónomas.

Para construirlo parten de una selección previa de veinticinco indicadores parciales que, a su juicio, están muy relacionados con lo que puede entenderse como calidad universitaria. Esta meditada selección de indicadores procede del informe elaborado por Juan Hernández Armenteros, “La universidad española en cifras”-2006, promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Españolas, Observatorio Universitario.

Como puede verse en el cuadro siguiente, los autores distinguen cinco grupos de indicadores con la misma ponderación en el indicador sintético final (0.20), pero dentro de cada grupo, al integrarse diferente número de indicadores parciales, las ponderaciones son diferentes (en todo caso, la suma global es 100).

Los resultados obtenidos se muestran en el ranking del gráfico que inicia este artículo, donde puede apreciase el mejor posicionamiento otorgado al promedio de las universidades ubicadas en la comunidad autónoma de Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, con valores del indicador de 117.5, 113.4 y 112.7, respectivamente. En total, siete comunidades superan el valor medio de España (100). Por el contrario, atendiendo a la información utilizada, en todo caso homogénea para todas las comunidades, estarían peor posicionadas en cuanto a la calidad universitaria las comunidades autónomas de Canarias, Extremadura y País Vasco.