Intervengo hoy en Barcelona dentro de la Jornada de Auditoría del Sector Público. Que organiza el Colegio de Censors Jurats de Catalunya. Me toca hacer un repaso de las actuaciones de auditoría operativa en España así como presentar el estado de la cuestión en algunos países de vanguardia en las mejores prácticas. 

Suele recriminarse a los órganos españoles de control externo (OCEX) que hacen pocas auditorías de gestión. Es cierto. Son Instituciones inicialmente concebidas para fiscalizar la regularidad de la rendición pública de cuentas (¡la cuenta general!). Hasta tiempos recientes no se han planteado colaborar activamente en la mejora de la gestión en el sector público. Las razones son variadas y se relacionan con la tradición de una Administración orientada a los Inputs y al control del fraude. Era aquel auditor que tenía “corazón de feldespato”.

Sin embargo, hoy muchos son los OCEX de toda España que incorporan a los programas anuales de fiscalización informes de auditoría operativa, al amparo de una normativa que respalda sus análisis de eficacia, eficiencia y economía. Hemos comentado en el blog muchas de ellas.

Aprendiendo de los mejores

Diríamos que países de tradición anglosajona son el paraíso de las auditorías de gestión. Basta con analizar los títulos de los trabajos de la GAO norteamericana o la NAO británica para comprobar que no se parecen a nada a los nuestros.

 Baste recordar que, a mediados de la década pasada, la GAO renovó su nombre manteniendo las siglas: antes, General Accounting Office (GAO) y hoy: Government Accountability Office. No es un simple cambio estético sino muy profundo; publica algunos informes que pondrían los pelos de punta a los más leguleyos, Así, sobre temas tan delicados como la seguridad nacional o aeroportuaria. En este caso probaron que era posible superar la seguridad de varios aeropuertos norteamericanos, pasando sus controles con varios componentes de artefactos explosivos ocultos entre el “equipaje de mano”. Unos explosivos obtenidos con productos adquiridos en las tiendas locales y a través de internet, por menos de 150 dólares. Toda una auditoría de gestión aeroportuaria.

 Sin embargo, el más interesante acercamiento al mundo de la gestión lo ofrecen las extraordinarias guías de buenas prácticas que elabora la NAO inglesa (los australianos no se quedan a la zaga) en busca de una gestión eficiente. La obsesión por el ahorro –que está en todas sus actuaciones- les llegó a decir en su memoria’2011: “La NAO está completamente comprometida a impulsar la mejora sostenible de los servicios públicos y el ahorro del dinero público … El reto al que se enfrentan nuestros clientes es la entrega de productos de alta calidad con menos dinero y con menos personal. Nos enfrentamos el mismo desafío. Nuestra autoridad e influencia dependen de practicar lo que predicamos, por lo que nuestra estrategia establece los planes para reducir los costos netos de al menos un 21% en términos reales, durante los próximos tres años… Reduciremos desde la subcontratación hasta nuestros gastos en viajes …”.

El año pasado aprobaron 60 informes de value for money en temas que van desde el aumento de la capacidad de pasajeros por ferrocarril a la reforma de la estrategia contra el cáncer. Como podéis imaginar, este año la estrella es la Olimpiada 2012 que ha superado 7 auditorías desde el inicio del proyecto en 2007 y que “sigue su curso para concluir a tiempo su trabajo en el Parque Olímpico, dentro del presupuesto y con las normas exigidas”. Sin embargo, la propia NAO advierte problemas porque el coste futuro de la seguridad local se ha duplicado en el último año: la última estimación es de £ 553 millones (23.700 guardias de seguridad frente a los 10.000 estimados).

Compleja herramienta de mejora

Diríamos que la auditoría operativa es más una herramienta vinculada a la auditoría interna y a la Alta Dirección. Sin embargo, cobra mucha actualidad por la obsesión de los gobiernos en el Ahorro como nuevo paradigma de gestión, pues los gobiernos han corregido sus prioridades  recortando o eliminando muchos programas presupuestarios y se han embarcado –incluso antes de la crisis: mira esta entrada de febrero de 2007- en reformas de modernización administrativa.

Frente a la auditoría financiera, que exige una base académica de conocimientos de contabilidad y derecho –profunda, claro- la auditoría de gestión precisa formación en economía, ciencia política, sociología, estadística etc. A veces de otras materias que ni hemos soñado que utilizaríamos.

Frente a los métodos “estándar” de la auditoría de cumplimiento, cada auditoría operativa es distinta e incorpora una mayor libertad de criterio para el auditor. Pero todavía puede ser más difícil, cuando la auditoría es global.

El fenomenal Manual de Auditoría de Gestión del Tribunal de Cuentas Europeo (Ver) previene a los auditores para que tengan presente que, si llevar a cabo una auditoría de gestión “pura” constituye ya de por sí una tarea difícil, la auditoría global es todavía más compleja.

Por eso el Manual recomienda meditar cuidadosamente esas iniciativas y abordarlas sólo en aquellos casos en los que sea claramente posible obtener pruebas de auditoría suficientes, pertinentes y fiables, y emitir información clara, útil y oportuna que satisfaga tanto los objetivos de la auditoría de gestión como los de la financiera.

Algunos ejemplos en España

 Hemos comentado en esta bitácora algunas auditorías operativas como realizadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía (así, la promoción deportiva) la Sindicatura catalana ( Seguridad ciudadana) o la Audiencia de Cuentas de Canarias ( desde la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior hasta la Política Turística) el Tribunal Vasco de Cuentas (ingresos tributarios) y el Consejo de Cuentas de Castilla y León ( Abastecimiento de aguas ) o la venerable Cámara de Comptos (Universidad) por mencionar sólo algunos de los más relevantes.

El propio Tribunal de Cuentas de España ha iniciado, hace ya unos años, una variante: los informes horizontales que van del más complejo -Universidades 2003- hasta los servicios funerarios , pasando por actividades de administraciones de menor dimensión (Planificación y el Desarrollo Urbanístico de los municipios costeros de Cantabria, 2006 o el informe sobre la recogida de basuras en Aragón, 2004). También ha acometido la fiscalización operativa de una sola institución o parte de ella (así, la gestión de la Unidad de Grandes Empresas de la Agencia Tributaria).

Lo que nos faltaba. Un titular tan arrogante como el que preside este artículo, usted ya lo ha visto hablando de economía, de política, de universidad … parodiando esa original frase tantas veces repetida, desde la campaña de Clinton en USA, hace ya dos décadas. Ahora se utiliza para destacar lo esencial en determinada materia: desde la química hasta la justicia tienen su frasecita. Pero los contables también tienen su sitio en este pequeño museo. ¿Acaso es tan importante? 

Hace años, un colega me comentó asombrado que, durante una comida en La Habana con varios rectores cubanos, estos se levantaron casi sin terminar los postres. ¿Qué razón habría? Pues que el “compañero” Fidel Castro había decidido que todos los dirigentes de la revolución debían conocer de primera mano una materia “tan revolucionaria” como la contabilidad. Por desgracia, la clase estaba a punto de comenzar y nadie osaba pirar. No supongo tanta entrega para seguir este artículo.

Quería trasladarles una cuestión: ¿Se ha hecho al evaluación crítica del papel de la contabilidad y la auditoria en la actual crisis del sector público? Las modernas técnicas de contabilidad pública se basan en normas internacionalmente aceptadas y en el uso del devengo en lugar del criterio de caja. Esto les trae el recuerdo de aquel aburrido debate de Borrell frente a Aznar, pero es muy importante. Permite cálculos correctos y comparaciones adecuadas -transparencia- e impide disimular algunos elementos complejos como los pasivos futuros o los compromisos de la Colaboración Público-Privada. Por ejemplo: una prejubilación –aun haciéndola bien- supone cambiar dinero de hoy por pagos futuros. Otra: vender los propios edificios para, a continuación, alquilarlos con opción de compra: se hace caja –hoy- a costa de sucesivos desembolsos. ¿Cómo se refleja esto en los presupuestos? Mal.

Para avanzar en este sentido, las autoridades contables de Europa (International Accounting Standard Board, IASB) y Estados Unidos (Financial Accounting Standard Board, FASB) han acordado modificar el tratamiento contable de los alquileres operativos (de inmuebles, máquinas, vehículos, etc.) para equipararlos a los arrendamientos financieros o leasing. Un ejemplo: una empresa que pague 500.000 euros al año por el alquiler de un local con un contrato a cinco años habrá de incluir en su balance una deuda de 2,2 millones; esto es: el valor presente de los pagos futuros actualizado a una tasa de interés del 5%. Por aquí va el futuro.

Lo que si sabemos del pasado es que una mala praxis contable -y auditora- permitió la crisis de deuda soberana que hoy afecta a Europa. No sólo de Grecia vive la crisis, ni sólo del maquillaje presupuestario. A veces son “simples errores”. Irlanda descubrió recientemente que su deuda real era inferior en 3.600 millones de euros (2.3% del PIB) por un error contable. ¿Les parece extraño? Pues sepan que la disciplinada Alemania también “encontró” que había duplicado la deuda del conocido como banco malo, por 55.500 millones de euros. Estos errores fueron celebrados con alborozo en los respectivos ministerios de Hacienda, pero no alivian demasiado: varias ciudades alemanas se enfrentan a enormes deudas derivadas del uso de ingeniería financiera.

La Federación Internacional de Expertos Contables (IFAC) emitió un reciente documento pidiendo una mayor transparencia en la gestión financiera del sector público así como mejor rendición de cuentas y exigiendo a los gobiernos que se comprometan a varias reformas contables que incluyen: la publicación de estados financieros auditados dentro de los seis meses siguientes a finalizar el ejercicio, la utilización de presupuestos sobre base del devengo –sólo cuatro países lo usan- y proporcionar una total transparencia financiera antes de las elecciones generales. Estas si que son ideas revolucionarias.

El asunto no es tan fácil como parece. Pocos Gobiernos mantienen sus cuentas limpias en términos de auditoría. El gobierno federal USA -la entidad más grande y compleja del mundo- con un presupuesto de 3,5 billones de dólares nunca logró una opinión sin salvedades para sus cuentas anuales. El contralor mantiene un programa de atención sobre áreas del gobierno de alto riesgo por sus mayores vulnerabilidades al fraude, el despilfarro, el abuso y la mala gestión o la necesidad de una transformación para enfrentar los desafíos de economía, eficiencia y eficacia. Desde 1990 y cada dos años, la GAO ha designado más de 50 zonas de alto riesgo y, posteriormente, ha eliminado algunas debido a los progresos realizados.

En julio de 2009, añadió otra:  Reestructuración del Servicio Postal de EE.UU. para lograr una viabilidad financiera sostenible y eliminó dos gracias a los progresos realizados: el Departamento de Defensa- Programa de pagos al Personal de Seguridad y el Censo del año 2010. En 2011 se añadió la última, la Administración Federal de Petróleo y gas.

El asunto no es tan fácil como parece. Pocos gobiernos mantienen sus cuentas limpias en términos de auditoría, como bien sabe David M. Walker, ex contralor general de EEUU y Director de la GAO –equivalente a nuestro Tribunal de Cuentas– desde 1998 a 2008. Walker elabora el índice de la “salud financiera mundial” que encabezan Australia y Nueva Zelanda. El Reino Unido ocupa de un meritorio noveno puesto, España ocupa el 24, por delante de Alemania -el 25- y  USA que languidece en la posición 28, cerrando Grecia, en 34 lugar.

¿Cómo obtiene el ranking? Agregando tres componentes principales. Por una parte, midiendo los niveles actuales de deuda pública y considerado además el espacio fiscal que aun le queda. Por último, incorporando el grado de gobernanza presupuestaria, que incluye una valoración, en cada país, de la normativa financiera vigente.

En fin, aunque mejorables nuestras instituciones presupuestarias no parecen tener mucho que envidiar al resto de los Estados occidentales. Los problemas parecen ser más o menos los mismos, de ahí que los mecanismos de reforma necesaria deban ser similares. Sin embargo, los cambios no impedirán que muchos ciudadanos veamos, a veces, lo que queremos ver, a pesar de la elocuencia de las cifras, como bien saben los magos que siempre hacen sus trucos junto a una chica con vestido ajustado.

Publicado en el diario La Nueva España.

David M. Walker fue nombrado por Clinton como contralor general de EEUU y Director de la GAO –equivalente a nuestro Tribunal de Cuentas– desde 1998 a 2008. Durante esos años se hartó de clamar (mira este video subtitulado) que nuestro nivel de vida era insostenible. Walker fue un funcionario muy respetado, tanto por la Administración Clinton como por la de su sucesor, G.W. Bush, por su carácter crítico, apartidista e independiente. En la actualidad, elabora el índice de la “salud financiera” mundial que encabezan Australia y Nueva Zelanda. El Reino Unido ocupa de un meritorio noveno puesto, España ocupa el 24, Alemania el 25 y los EE.UU. languidecen en la posición 28, cerrando Grecia, en 34 lugar.  

El índice se elabora agregando tres componentes principales. Por una parte, midiendo los niveles actuales de deuda pública y considerado además -como segundo factor- el espacio fiscal que le queda. Por último, el grado de transparencia y rendición de cuentas, que se evalúa a través de la gobernanza presupuestaria, incluyendo las normas vigentes y las instituciones propias para verificarla, así como las responsabilidades en la toma de decisiones financieras. El ranking así obtenido se presenta en el cuadro que preside esta entrada y del que nos interesa, fundamentalmente, la tercera columna, como indicador del sistema de responsabilidad fiscal: la normativa, la transparencia y su exigibilidad. Instituciones fuertes y procesos que aseguren que los gobiernos mantienen un comportamiento responsable a lo largo del tiempo. Para saber más aquí.

De estas cosas y muchas más hablamos hoy en la Escuela de Posgrado en Estado de Derecho y Buen Gobierno de la venerable Universidad de Salamanca, con ocasión de la mesa redonda titulada “Nuevos instrumentos de gobernanza frente a la corrupción y la mala gestión” dentro del Máster en Corrupción y Estado de Derecho que dirige el Dr. Nicolás Rodríguez. Un punto de referencia para muchos estudiantes latinoamericanos que participaron activamente de las exposiciones.

Como el año anterior comparto cartel con José Antonio Fernández Ajenjo, de la IGAE y se añaden en esta edición Pablo García Mexía (letrado de las Cortes) y con Pilar Jiménez Rius (Letrada del Tribunal de Cuentas).

Los profesores Nicolás Rodríguez (izda) y Pilar Jimenez Ríus (dcha)

 Hoy se cumplen dos siglos de la promulgación en Cádiz de la Constitución de 1812, conocida como La Pepa. Todos los medios recogen el acontecimiento y esta página no puede menos que hacer una pequeña reseña de la efemérides; eso si: sobre los aspectos fiscalizadores. Ilustramos la entrada con un asiento del libro de contabilidad 1799-1800 de la Junta General del Principado (ver más) propiedad del Archivo Histórico de Asturias. Pinchar para ampliar la foto.

Alguna cosa debo decir antes: primero que hemos perdido mucha cantidad y calidad de los términos castellanos, de riqueza en el uso del lenguaje común. Algo que suelo percibir hablando con colegas latinoamericanos, especialmente con los colombianos, de rico vocabulario medio. En fin, miren –admiren- los requisitos para ser uno de los 40 miembros del Consejo de Estado:

Art. 232.
 Estos serán precisamente en la forma siguiente, a saber: cuatro eclesiásticos, y no más, de conocida y probada ilustración y merecimiento, de los cuales dos serán Obispos; cuatro Grandes de España, y no más, adornados de las virtudes, talento y conocimientos necesarios, y los restantes serán elegidos de entre los sujetos que más se hayan distinguido por su ilustración y conocimientos, o por sus señalados servicios en alguno de los principales ramos de la administración y gobierno del Estado. Las Cortes no podrán proponer para estas plazas a ningún individuo que sea Diputado de Cortes al tiempo de hacerse la elección. De los individuos del Consejo de Estado, doce, a lo menos, serán nacidos en las provincias de Ultramar.

Ahora que deben renovarse nuestras instituciones constitucionales, no sobraría emplear alguno de estos requisitos. No me refiero a ser obispo sino al resto de las exigencias.

Pero nada de esto era objeto de la entrada. Quería mostrar unas pinceladas referidas al control de la administración. Mi querido Ramón Muñoz, fallecido en 2009, me sermonearía por usar su detestado término (control) tan asentado entre los funcionarios de la Intervención y la auditoría. Recordemos algunos artículos de la Constitución de 1812, sobre esas relevantes funciones públicas:

Art. 313.
 Todos los años, en el mes de Diciembre, se reunirán los ciudadanos de cada pueblo para elegir a pluralidad de votos, con proporción a su vecindario, determinando número de electores que residan en el mismo pueblo y estén en el ejercicio de los derechos de ciudadano.

Art. 314.
 Los electores nombrarán en el mismo mes, a pluralidad absoluta de votos, el alcalde o alcaldes, regidores y procurador o procuradores síndicos, para que entren a ejercer sus cargos el 1º. de Enero del siguiente año.

Art. 315. 
Los alcaldes se mudarán todos los años, los regidores por mitad cada año, y lo mismo los procuradores síndicos donde haya dos: si hubiere sólo uno, se mudará todos los años.

Art. 316.
 El que hubiere ejercido cualquiera de estos cargos no podrá volver a ser elegido para ninguno de ellos sin que pasen, por lo menos, dos años, donde el vecindario lo permita.

Art. 317.
 Para ser alcalde, regidor o procurador síndico, además de ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, se requiere ser mayor de veinticinco años, con cinco, a lo menos, de vecindad y residencia en el pueblo. Las leyes determinarán las demás calidades que han de tener estos empleados.

Art. 318.
 No podrá ser alcalde, regidor ni procurador síndico ningún empleado público de nombramiento del Rey que esté en ejercicio, no entendiéndose comprendidos en esta regla los que sirvan en las milicias nacionales.

Art. 319.
 Todos los empleos municipales referidos serán carga concejil, de que nadie podrá excusarse sin causa legal.

Art. 320.
 Habrá un secretario en todo Ayuntamiento, elegido por éste a pluralidad absoluta de votos, y dotado de los fondos del común.

Y para terminar, unas perlas presupuestarias. Acostumbrados, como estamos, a opinar sobre la imagen fiel, aparece la pureza como objetivo del registro:

Art. 348.
 Para que la Tesorería general lleve su cuenta con la pureza que corresponde, el cargo y la data deberán ser intervenidos respectivamente por las Contadurías de valores y de distribución de la renta pública.

Art. 349.
 Una instrucción particular arreglará estas oficinas de manera que sirvan para los fines de su instituto.

Art. 350.
 Para el examen de todas las cuentas de caudales públicos habrá una Contaduría mayor de cuentas, que se organizará por una ley especial.

Art. 351.
 La cuenta de la Tesorería general, que comprenderá el rendimiento anual de todas las contribuciones y rentas, y su inversión, luego que reciba la aprobación final de las Cortes, se imprimirá, publicará y circulará a las Diputaciones de provincia y a los Ayuntamientos.

Art. 352.
 Del mismo modo se imprimirán, publicarán y circularán las cuentas que rindan los Secretarios del Despacho de los gastos hechos en sus respectivos ramos.

Art. 353.
 El manejo de la Hacienda pública estará siempre independiente de toda otra autoridad que aquella a la que está encomendado.

Este último artículo, cuya filosofía pervive hoy día (v.g.: intervenciones delegadas) garantiza la independencia funcional de los encargados del registro o fiscalización de los caudales. Allí estaba.

Leo en el último número de la revista Partida Doble el artículo de los profesores valencianos García Benau y Maestro Chillida titulado Hacia una norma de auditoría sobre responsabilidad del auditor ante el fraude que aborda cuestiones como el riesgo en auditoría, el escepticismo profesional y la información del fraude. 

Ninguna Norma Técnica de Auditoría (NTA) española tiene como objetivo concreto regular los fraudes en los estados financieros. Sin embargo, la próxima adopción de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) por la Comisión Europea incorpora nuevos criterios en la detección e información del fraude.

En efecto, el parágrafo 15 de la NIA 200 recuerda que el auditor deberá planear y ejecutar una auditoría con una actitud de escepticismo profesional. Esto significa que el auditor hace una evaluación crítica –“con una mentalidad cuestionante”- de la validez de la evidencia obtenida. Por lo tanto, está alerta a evidencias de auditoría que contradigan o pongan en duda la confiabilidad de los documentos y respuestas a los análisis y otra información obtenida de la administración y de los encargados del gobierno corporativo. En definitiva: cuando hace averiguaciones y ejecuta procedimientos de auditoría y se topa con una evidencia de auditoría que no es totalmente “persuasiva” no debe quedar satisfecho por la creencia de que la administración y los encargados del gobierno corporativo sean honrados y tengan integridad.

Un ejemplo

Durante los años setenta se produjo en EE UU un sonoro fraude, capitaneado por los directivos de un fondo de inversión. La estrategia fraudulenta se basaba en la adquisición de una compañía de seguros, que declaraba negocios ficticios, multiplicando sus ingresos e incrementando su cotización bursátil y por tanto el valor del fondo. Incluso vendía las pólizas a compañías reaseguradoras y hasta simulaba la «muerte» de los falsos suscriptores. Todo ello con la connivencia del centro de informática y hasta con el apoyo de su propia imprenta, donde se falseaban los certificados médicos o de fallecimiento.

El caso se incluía durante los años 90 entre el material de los seminarios del Tribunal de Cuentas como ejemplo de la desafortunada actuación de los auditores que incurrieron en seis graves errores: tenían un cierto complejo de inferioridad frente a los triunfantes directivos; cuando descubrían algún indicio acudían al presidente de la sociedad, que era el cerebro del fraude; tenían confianza ilimitada en los empleados de la compañía; no se verificaron las operaciones entre las filiales y la matriz; las operaciones de confirmación se hacían en los locales de la compañía, que les tenía pinchado el teléfono; por último, cuando se lanzaba una comprobación de los saldos, la respuesta era del 100%, en pocas horas y siempre «de conformidad» con la contabilidad.

Conviene no olvidar que la función de los auditores no es descubrir fraudes. En el caso de la aseguradora no encontraron ninguna evidencia y la estafa se descubrió por un cómplice descontento. La misión de los auditores es «emitir una opinión técnica» sobre si las cuentas de una organización representan fielmente la realidad.

Evaluación crítica de la evidencia

Esa actitud de escepticismo profesional, dice el parágrafo 23 de la NIA 240, es una actitud que incluye un estado mental inquisitivo y una evaluación crítica de la evidencia de auditoría y requiere un “cuestionamiento continuo sobre si la información y la evidencia de auditoría obtenidas sugieren que pueda existir una representación errónea de importancia relativa debida a fraude”. Así, establecen una serie de procedimientos que debe aplicar el auditor para detectar fraudes aunque no haya encontrado indicios de ello.

Entre las NTA españolas, existe una del año 2000 sobre “Errores e Irregularidades“. En ella se denomina “irregularidad” a las incorrecciones que vienen dadas por acciones intencionadas (mientras que la NIA se denomina a este concepto de manera más expresiva: “fraude”. Está claro que para el ciudadano es más claro este concepto, aunque incorpora, a priori, un cierto juicio de valor. Por el contrario, el término “error” es más aséptico y se refiere, en el contexto de esa norma técnica, a actos u omisiones no intencionados.

En la Sindicatura de la Comunidad valenciana existe una Directriz Técnica al respecto.

Pues bien, de acuerdo con las NIA´s los auditores deben realizar indagaciones a la dirección del riesgo que esta ha obtenido de que los estados financieros puedan contener incorrecciones materiales debidas a fraude, y también deberá indagar al resto de personal de la entidad y de este modo obtener información que no podría conseguir de otra manera. Benau y Maestro, en el artículo comentado destacan “la importancia del elemento de imprevisibilidad que debe introducir el auditor para dificultar que el personal de la entidad oculte información”, ya que es mucho más sencillo detectar incorrecciones cuando no esperan algunos de los procedimientos que vaya a aplicar el auditor.

El Gobierno catalán ya tiene preparada la nueva figura de “comisionado de cuentas” de las universidades públicas, que se incluirá a través de una enmienda en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos para 2012. Se trata de una figura que desembarcará en la universidad cuando el rector o el presidente del consejo social lo solicite, aunque, el Govern se reserva la potestad de enviarlo de oficio. 

La noticia que publicaba hoy el diario La Vanguardia surge en un momento de grandes recortes presupuestarios, por parte de los gobiernos locales, regionales o estatales. En las universidades- cuyo principal capítulo de gastos se encuentra en el personal- nos encontramos con las mayores dificultades para su aplicación. Llevan tres años de dificultades.

A todo ello, ahora se añade la prohibición de “reponer” las jubilaciones – ¡antes incentivadas! – que rige desde el Decreto-Ley de diciembre pasado o las dificultades de liquidez que suelen sufrir las universidades entre la primavera y el verano, antes resueltas con pólizas de crédito asequibles y hoy sin perspectivas. En fin, difícil gerenciar esta universidad en tiempos de crisis y la estrategia de la UAB me recuerda la entrega de las llaves al banco de quien no puede pagar la hipoteca. Algo así como: ¡ven tu y gestiónalo! ¿Dónde queda la autonomía universitaria?

Desde los gobiernos se mira con desconfianza cierta ligereza en el control del horario del profesorado. Hay toda una línea de pensamiento político-económico que opina que nuestro actual modelo de elección del rector “genera déficit”. Designación frente a elección, ese es el dilema y la presunta tendencia. Pero ¿acaso no se genera un gran déficit todos los años en la sanidad pública? Y los médicos no eligen al Consejero de Sanidad. ¿Funcionaría aquí el modelo anglosajon? ¿Lograría una Universidad más eficaz y eficiente?¿Puede diferenciarse gobierno económico y gobierno académico?

El mes pasado conocíamos algunas de las reflexiones que se plantea en el estudio de la gobernanza del sistema universitario de Catalunya de la comisión designada por el Govern y formada por una cincuentena de personas. Como viene siendo habitual en estos informes, la falta de cultura directiva en los órganos de gobierno y dirección de la universidad es destacado como una limitación en la gestión de los campus, junto a la escasa profesionalización de los cargos universitarios y la imposibilidad de traer candidatos externos a la institución.

Todo el mundo está en esta situación, hasta los más keynesianos. Recientemente, el presidente norteamericano, ante 4000 estudiantes y profesores -ver crónica en castellano- elogiaba a la Universidad de Michigan por sus esfuerzos para reducir los costes:

“Aquí en Michigan, ustedes han hecho mucho para lograr ahorros en el presupuesto. Sabemos que es posible. Así que desde ahora en adelante, le diré al Congreso que debe dirigir la ayuda federal a las universidades que mantienen la matrícula asequible, ofrecen un buen valor y sirven bien a sus estudiantes “.

A través de la nueva página especializada en gestión universitaria, Más que Universidad, leemos un resumen de las ponencias presentadas en las XXIX Jornadas de Gerencia Universitaria, que reunió el 20 y 21 de octubre, en Almería a los equipos gerenciales de las instituciones españolas de Educación Superior. El lema de este año, como no podía ser de otra manera, es “La gestión universitaria en tiempos de crisis económica”. 

Las ponencias, como siempre, interesantes y oportunas. La conferencia de clausura a cargo de Francesc Solé parellada, cuyo contenido aun no está disponible, pero no te pierdas este video suyo en el TED, con 18 lúcidos minutos.

La crisis ha llegado en un momento de relevo generacional en la Universidad, metida en procesos de prejubilación de frágil soporte jurídico –por decirlo con generosidad porque hay gente escuchando. En medio de una reducción de plantillas, con profesores más precarios, menos gasto de mantenimiento, cierres de centros y servicios en vacaciones o reducción unilateral de subvenciones comprometidas por los gobiernos de turno.

Lo cierto es que la Universidad está cambiando. Cada vez más gerencialista, más preocupada por los costes o por el modelo de gobierno; en fin, más autocrítica con su propia eficiencia, aunque todavía con ciertas bolsas de autocomplacencia.

Pero entonces llegó la crisis … 

La Universidad española, como en todo el mundo, está afrontando una situación de grandes tensiones financieras que llegan a replantear los propios cimientos de la estructura que la sustenta. Se habla de fusiones universitarias (otros prefieren hablar de Alianzas) amparadas en el informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la EU2015. Un documento con tres capítulos principales: desarrollo de la excelencia en la docencia y la investigación (capítulo 2); apoyo más eficaz al entorno socioeconómico (capítulo 3); y, refuerzo y racionalización de la gobernanza (capítulo 4). Unas conclusiones que, en palabras de la Comisión, exigen implantar unas reformas con el necesario “apoyo bipartidista, por emplear una expresión norteamericana”. Pueden verse en la página 3 la tabla de recomendaciones, con expresión de su dificultad, coste e impacto.

Mientras tanto, los políticos escrutan el ranking de Shanghái sin entender porqué estamos tan lejos del resto de Europa. Hace unos días, el catedrático Enrique López Gónzalez publicaba una tribuna en el Diario de León -de obligada lectura- sobre este tema y titulada Good bye Universidad. Con duras y meditadas palabras reconocía que el actual modelo universitario no sirve:

“Y el debate no es si el modelo es público o privado. Los dos cobijan en sus entrañas cuantiosos intereses particulares (…) El actual modelo es un modelo burocrático ciego, insostenible”.

 Estos días también hemos podido disfrutar del número monográfico de El Cronista -del Estado Social y democrático de Derecho-la revista dirigida por Santiago Muñoz Machado. Analiza diversas áreas críticas de nuestra querida Institución, bajo el título de La Universidad en Crisis. Sus autores son algunos de los mejores conocedores de negocio universitario, hasta el punto de que no me atrevo a glosar a ninguno, para no olvidarme a nadie y hacer demasiado larga esta sencilla reflexión dominical.

Cuenta una leyenda urbana que un honrado Juez andaba a la persecución de un corrupto oficial de su Juzgado, del que sospechaba certeramente que incrementaba su estipendio con “astillas” o gratificaciones lubricantes de sentencias, autos o providencias que corrían o se detenían más de lo que les correspondían por su turno. Al leer una mañana temprana el Boletín Oficial del Estado, el buen juez se encontró destinado en un lejano Juzgado mallorquín. Le faltó tiempo para personarse en el Ministerio de Justicia, donde un funcionario que le miraba por encima de sus lentes le exhibió su instancia de participación en el último concurso de traslados. ¡Y al pie de la solicitud figuraba su firma, de su propio puño y letra! Unos días después, mientras el juez marchaba camino de su lejano puesto, el oficial corrupto invitaba a café a todos sus compañeros, celebrando la vuelta del suplemento salarial, cuando alguien oyó decir: “…y como vuelva aquí, le mando a Canarias, que está más lejos”. Moraleja: quien firma a ciegas puede acabar en las islas griegas. 

Hasta la llegada de la informática, la burocracia era tierra de ritos que descansaban sobre dos pilares: el papel y la firma. Por no hablar de nuestra veneración funcionarial por los sellos, cuyo paraíso se encontraba en los documentos contables, algunos en papel autocalcante de diversos colores. Un firmante certifica que la operación tiene crédito presupuestario, otro que todo es legal, otro ordena que se pague. Así, se iban encadenando firmas sucesivas.

Recientemente, el Tribunal de Cuentas tuvo que enjuiciar (Sentencia 5/2011) la responsabilidad contable de un Alcalde, un concejal-tesorero y una interventora por el abono de las nóminas municipales, y entre ellas a un empleado que había sido cesado. El pago, considerado indebido, se debió a la negligencia de un tercero que no había dado de baja en la plantilla al perceptor.

El Tribunal declara la responsabilidad contable de “los claveros”, de manera directa y solidaria, para poder dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos “sin fraccionar su reclamación, ya que cada uno es deudor por entero de la obligación de reparar la totalidad del daño causado”, como afirma la sentencia.

Los tres condenados firmaron la orden de pago, como consecuencia del error administrativo que favoreció el abono indebido, si bien podrían ejercer posteriores acciones administrativas o jurisdiccionales a fin de deslindar y fijar responsabilidades (distinta a la contable) de quien propició el error. Pero eso no eximió la responsabilidad inmediata de aquellos, que firmaron en barbecho.

"Firme aquí para indicar que no tiene ni idea de lo que acaba de firmar."

La sabiduría popular denomina firmar en barbecho a la habitual práctica del que rubrica un documento sin examinar su contenido. Vamos, como en la tierra “que se deja descansar” (barbecho), la Autoridad deja reposar su cerebro. Parece una práctica tan frecuente entre los cargos públicos que algunos lo justifican afirmando: “si mirásemos lo que firmamos no haríamos otra cosa”.

Por eso, quien tanto firma en barbecho aprovecha las llamadas pendientes de teléfono para decirle a su secretaria “mientras hablo vete pasándome la firma”. Todo un peligro. La auxiliar de un viejo Rector consiguió aprobar el derecho mercantil colándole a su jefe una enérgica recomendación para el catedrático de la asignatura.

A los firmantes en barbecho se les distingue porque su garabato parece un palito, que sólo los más expertos calígrafos podrán autentificar. No conozco a ningún cargo que firme con nombre y apellido, aunque seguro que lo hay. Sin embargo, con demasiada frecuencia, leen en diagonal, en apenas un instante, mientras ponen al pie del folio algo parecido a una letra. No hay tiempo para más.

En unas ocasiones, se usa la firma preimpresa o estampillada en lugar de la autógrafa que es la única que asume el contenido del acto rubricado y la responsabilidad que conlleva. En otras, los funcionarios hemos inventado una fórmula: P.O. (“por orden”) o incluso P.A. (“por ausencia”) que permiten salir del paso cuando el jefe está de vacaciones. Todas ellas son un churro jurídico, sin soporte legal o reglamentario. La vieja práctica administrativa condujo a que, ante órdenes verbales, para defenderse, los empleados hicieran constar una diligencia “de orden de...”. Es el valor de la costumbre, de la rutina, del “siempre se ha hecho así…” vital en la burocracia. Al igual que el lenguaje iniciático y simbólico ajeno a los desinformados. Escribir para esconder, no para comunicarse.

La tecnología digital nunca podrá sustituir al papel

Hoy, en los tiempos de la moderna firma electrónica, debemos evocar aquellos solemnes ordenanzas del Ministerio, con bocamangas varias veces galonadas en dorado, con porte de Almirante, cargados de portafirmas. Dos pasos por detrás del Jefe de Sección que se dirigía solemne y sin mirar atrás a despachar los expedientes con el Ilustrísimo Señor Subsecretario, a fin de explicarle sobre qué versaba cada uno de ellos. En la antefirma de cada orden delegada, tras explicar enjundiosamente la decisión con Resultandos y Considerandos, los textos acababan con la bella fórmula: “No obstante, V.I. resolverá”, anticipando que pudiera hacerlo en sentido contrario a como estuviera razonado. De igual manera que las instancias finiquitaban sumisas del siguiente modo: “Lo cual suplico del recto proceder de V.I. cuya vida guarde Dios muchos años“. Hasta que algún suplicante descuidado -o malicioso- omitió la expresión “proceder”, con el consiguiente escatológico resultado para sus intereses, claro, ante tamaño desacato.

Este artículo fue publicado en La Nueva España.

De izquierda a derecha, los profesores Fdez. Llera, Canales, Berrueta, Barahona y Dehling escuchando al doctorando Helio MIleski.

El lunes pasado, el Consejero del Tribunal de Cuentas de Rio Grande do Sul, Helio Saul Mileski, obtuvo la máxima calificación para su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, dentro de la Escuela de posgrado en Estado de Derecho y Buen Gobierno. Faltaba el director de la tesis, Pedro Nevado, que ese mismo día tomaba posesión de su cargo de Consejero de Administración Pública de la Junta de Extremadura.

Un año más se celebra en la isla de Gran Canaria el seminario que organiza la Universidad de Verano de Maspalomas, promovido por la Audiencia de Cuentas de Canarias. Rafael Medina Jáber, presidente del organismo fiscalizador participó ayer en la jornada inaugural junto al presidente del Tribunal de España, Manuel Núñez. Ambos centraron su discurso en defender a los órganos de Control Interno de la administración y a los órganos de Control Externo como los garantes de las cuentas públicas frente a quienes en estos momentos de relevo en las distintas administraciones públicas abogan por auditorías privadas. 

Así, Núñez recordó el informe del Tribunal, de octubre de 2009, que en la esfera local, “tan sólo a instancia del propio Interventor, como responsable de los  servicios y titular de las competencias de control interno, procede iniciar un expediente de contratación con este objeto”.  

Además se preguntó: ¿Sirven los Tribunales de Cuentas de hoy para dar respuesta a los problemas que la situación actual plantea? Entre las múltiples circunstancias que definen la situación actual, y a título de ejemplo, destacó las siguientes:

1º) La transformación que se está generando en la sociedad, como consecuencia de las nuevas tecnologías de la información trasciende el ámbito estrictamente técnico que pudiera caracterizarlas e irrumpe en la organización social, en los planteamientos políticos, en la producción económica, en la construcción jurídica y, por descontado, en el funcionamiento de la Administración. 2

2º) El ingente volumen de recursos públicos gestionados y una determinada cultura proclive al enriquecimiento rápido por procedimientos descontrolados o ilícitos, tal como ha puesto de relieve la crisis que padecemos.

3º) Nuestra específica organización político-administrativa. A estas preocupaciones compartidas con otros países, cabe agregar la inquietud derivada de nuestra específica organización político- administrativa y la necesidad de encontrar un sistema definitivamente asentado de la organización territorial de las Administraciones Públicas, Autonómicas y Locales, que afiance un sistema racional y transparente de financiación y de asunción de competencias, superando posicionamientos políticos a corto plazo.

4º) A estas singularidades de la organización político-administrativa, cabe agregar otras características del sector público de orden jurídico, más acentuadas en las últimas décadas, como es la progresiva tendencia a la desregulación, al abandono de un marco jurídico estricto y la elusión del control institucional. Así, la imagen inmediata que con frecuencia se transmite de multiplicación de los centros de gasto público, en ocasiones compartidos por diferentes Administraciones, de creación injustificada de entidades públicas, con un régimen de funcionamiento más laxo desde el punto de vista del control y de la asunción de responsabilidades, así como el desasosiego que origina el repaso de las numerosas medidas adoptadas para paliar la crisis actual, con efectos inciertos en el futuro funcionamiento del sistema económico y financiero, son todas referencias que vienen a resaltar la importancia de exigir decisiones y comportamientos adecuados a los responsables públicos y de potenciar y respaldar la actuación de las Instituciones de control sobre su actividad.

Rafael Medina y Juan Ramallo

¿Reformar los órganos de control?

Hoy participé en una mesa redonda, sobre reforma de los OCEX, que contaba con la presencia de Javier Medina Guijarro, consejero del Tribunal de Cuentas de España, Olayo González Soler, fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, Francisco Constela Acasuso, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (y exmiembro del Consello de Contas de Galicia) y Hubert Weber, ex presidente del Tribunal de Cuentas Europeo.

El momento es oportuno, pues se vislumbran cambios en los órganos, algunos buscando ahorros mientras otros parecen de más calado, previa evaluación de su eficiencia institucional. Los retos del futuro son la independencia, las Relaciones con los Parlamentos, la coordinación entre órganos fiscalizadores (Javier Medina habló de un “Sistema Nacional de Control“) aumentar la potestad sancionadora, un ámbito fiscalizador sin límites (Olayo recordó que aún hay áreas exentas donde no se llega, como los órganos constitucionales), ampliar el concepto de responsabilidad contable (incluyendo la normativa de contratación, por ejemplo), una moderna política de comunicación e incluso más controles para el controlador. Se propuso generalizar los informes de auditoría sobre la propia actividad de los OCEX.

En este momento, hay una creciente tendencia a sobrevalorar los informes de las agencias de calificación, que son los nuevos gurús de la ortodoxia financiera pública, aunque hay muchos motivos para tomar medidas destinadas a reducir su influencia. En tiempos de euforia, alimentan la burbuja. En momentos de colapso, la deshinchan más. Hace cuatro años las agencias calificaron instrumentos financieros avalados por las hipotecas basura en EE.UU. como activos triple A. Valoraban la deuda portuguesa y griega como si fuera alemana. Ahora, sus previsiones provocan bajadas en cascada. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, lamentó la falta de conocimientos de los economistas de esas agencias: “Nuestras instituciones conocen mejor el país (Portugal) que ellos”, dijo.

También pudimos escuchar al profesor de Economía Pública de la Universidad de Oviedo, Roberto Fernández Llera, que hizo un brillante análisis de los escenarios presupuestarios en que están inmersas las Administraciones Públicas de toda Europa.

De izquierda a derecha: Hubert Weber, Olayo G. Soler, Antonio Arias, Javier Medina y Paco Constenla

Premios Auditoría Pública

El IX Seminario concluyó con la presentación de los trabajos premiados por la revista Auditoría Pública cuyo primer premio recayó en el trabajo de Pilar Plaza Grau Auditora de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, María Mateo Fernández, Auditoria del Consello de Contas de Galicia y Consuelo Rus Lillo, Auditora de la Cámara de Cuentas de Andalucía y que lleva por título “Fiscalización Horizontal: La gestión del gasto en prótesis quirúrgicas”.

El segundo premio correspondió a Teresa Moreo Marroig, por el artículo titulado “Los convenios. Distinción entre las tres figuras jurídicas: subvención, contrato” publicado en mayo de 2010 en el número 50 de la revista. Asimismo, el tercer premio recayó en el trabajo ‘De la Función Interventora al Control Financiero Permanente: Balance de Resultados del Primer Año en Canarias’ que fue presentado por Alejando Parres García, jefe del Servicio y Gestión de Políticas de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y promotor de este magnífico blog.

A la izquierda, Teresa Moreo recibe el premio de manos del Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López Hernández. A la Derecha, el profesor Roberto Fernández Llera imparte su conferencia con Francisco Socorro a su lado.

El próximo Primer Ministro de Portugal acaba de anunciar su intención de crear una autoridad de control presupuestario que sea independiente del Gobierno y totalmente transparente ante los mercados. Esta nueva entidad, creada a partir del Banco de Portugal y del Tribunal de Cuentas estaría compuesta por expertos independientes (incluso extranjeros) y realizaría un control exhaustivo, tanto del Estado como de las regiones y municipios, del cumplimiento de las metas impuestas en la reducción del déficit público luso. Partiendo de un 8,6% al día de hoy, Portugal tiene que bajarlo al 5,9% este año, 4,5% en 2012 y 3% en 2013. 

La polémica solución lusa parece la respuesta obligada para calmar las dudas de EUROSTAT sobre la realidad de las cuentas públicas y la inclusión de todos los gastos realizados. También es una conclusión inevitable a la ingeniería financiera propiciada por el SEC95, que ha puesto nuestras finanzas al límite., entre el peaje sombra, la enfiteusis o el abuso de las sociedades públicas con deuda no computable. Ahora nadie sabe lo que se debe realmente, pues la contabilidad clásica no lo recoge.

Los Tribunales de Cuentas, si aportan alguna garantía, lo hacen en el ámbito interno de los Estados y eso parece poco aval a los famosos mercados. Una de las consecuencias de la globalización financiera en que vivimos es la perdida de soberanía de los Estados. En el mismo viaje van muchas instituciones, cuya credibilidad -o sencillamente cuyo “ritmo”- parece no estar acorde con es los tiempos.

Hoy, aunque nos duela, las Agencias de Calificación parecen ser las estrellas del firmamento financiero y el diseño de las nuevas instituciones giran en torno a ellas. Que los Estados o las Comunidades Autónomas tengan su propios órganos de fiscalización de la gestión pública parece no aportar suficiente garantía exterior.

De todo esto y muchas cosas más hemos hablado hoy, en la Escuela de Posgrado en Estado de Derecho y Buen Gobierno de la venerable Universidad de Salamanca, con ocasión de la mesa redonda titulada “de la ingeniería financiera a la corrupción” que sirve de clausura a los diversos máster que allí organizan, con títulos tan sugerentes como estos: Máster en Democracia y Buen Gobierno, Máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas y Máster en Corrupción y Estado de Derecho. Un punto de referencia para muchos estudiantes latinoamericanos que participaron activamente de las exposiciones.

Compartí cartel con José Antonio Fernández Ajenjo, de la IGAE, con Emmanuel Jiménez Franco, profesor titular de derecho administrativo de la USAL y con el Conselheiro brasileño Salomao Ribas Junior, miembro del Tribunal de Contas de Santa Catarina y presidente de la ATRICON.

Los oficios de presentación y moderación corrieron a cargo del Profesor de derecho procesal de la USAL, Nicolás Rodríguez.

El último caso de desacreditación institucional lo encontramos en Cataluña, que acaba de resolver la adjudicación a Deloitte, por 885.000 euros (IVA incluido) del siguiente trabajo de consultoría:

“Analizar la situación económico-financiera de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de su sector público; realizar una identificación cualitativa del nivel de reconducción de gastos comprometidos a corto plazo, y realizar una identificación de los aspectos claves que pueden afectar a la preparación de Presupuestos de años futuros”.

El informe, que deberá entregarse en un par de meses, intentará identificar, entre otros aspectos, “la recurrencia de los ingresos, los gastos comprometidos, la deuda y el análisis de operaciones significativas relativas a inversiones u operaciones extraordinarias”. Seguro que muchos os preguntáis, como yo, por la razón de no encargar su realización a la Sindicatura de Comptes.

En Cataluña, la Generalitat usó con frecuencia del sistema alemán y de las sociedades públicas de construcción de infraestructuras, como GISA, que le permitieron aumentar los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros hasta los cuarenta mil millones de euros. Así se ha financiado gran parte de las infraestructuras viarias y penitenciarias, como podéis ver en el cuadro adjunto, donde se indica el año del último pago.

La prensa española destaca la encuesta elaborada por Ernst & Young, que evidencia como nuestros directivos justifican el pago de sobornos cuando contribuyen al crecimiento de la empresa. Un tercio lo toleran, a diferencia de la media de la Unión Europea (UE), donde sólo el 19 % de los miembros de la dirección estarían a favor de “tomar atajos” para conseguir un negocio.

Sin embargo, el dato más decepcionante es que el 82 % de los empleados españoles desconfía de la ética de sus directivos -veinte puntos por encima de la media europea. En España, el 42 % de los encuestados considera que la corrupción se ha incrementado en los últimos dos años como consecuencia de la “precaria situación económica”.

El estudio (ver resumen en castellano) atribuye esta situación a la escasa cultura anticorrupción y antifraude de las empresas españolas: tan sólo el 49% de los encuestados reconoce que su empresa dispone de una política anticorrupción y un código de conducta, frente al 56 % de la media de la UE, en tanto que apenas el 19 % afirma haber recibido formación en éste ámbito, dato alejado del 38 % de sus colegas europeos.

Europa

En 2006, E&Y realizó su primera encuesta para conocer las percepciones de los trabajadores de las organizaciones europeas hacia los riesgos de fraude y cómo la dirección estaba respondiendo a estos retos. Desde entonces, el tamaño y el alcance de la encuesta han aumentado significativamente.

La Encuesta de Fraude Europeo 2011 refleja las opiniones de más de 2.300 entrevistados – desde la base a la alta dirección- en 25 países. Contrasta las opiniones que se encuentran en los mercados maduros de Europa -frente a los que se encuentran en desarrollo- en cuestiones como:

• Percepciones de los empleados de fraude, el soborno y la corrupción
• las respuestas de las empresas a los desafíos planteados por los riesgos de fraude
• La respuesta de los organismos reguladores para hacer cumplir la ley

Los caza-recompensas made in USA

Sin embargo, la normativa de EEUU es bastante más expeditiva. Allí, se permite a los empleados de las empresas cotizadas “aprovechar plenamente las ventajas del programa de denuncias a la SEC”. De esta manera, la Ley Dodd-Frank, aprobada el verano pasado -y creadora de Oficina de Investigación Financiera- intenta premiar a los denunciantes de grandes sociedades que conduzca a sanciones superiores al millón de dólares.

En este escenario –pensado en defensa del consumidor- un empleado, por ejemplo, podría aportar “información original”  sobre un soborno en su empresa y si, tras la investigación, los informes de la SEC descubren mayores problemas, el denunciante podría recibir una recompensa acumulando todas las infracciones detectadas: entre 10 y 30 por ciento del total de las sanciones pecuniarias impuestas.

Estos días se está debatiendo su aplicación práctica y la Cámara de Comercio de EEUU ha advertido que combatirá la norma, argumentando que se fomenta la aparición de “detectives aficionados en busca del premio gordo”. Seguiremos este interesante e intenso debate.

Cultura de prevención

El magistrado Vicente Magro Servet publica hoy en el diario jurídico La Ley un artículo titulado “Hacia la necesidad de implantación del plan de prevención jurídica en las empresas” donde, tras la aprobación el año pasado de la Ley Orgánica 5/2010 y del nuevo art. 31 bis del Código Penal -que deriva responsabilidad penal a las empresas- realiza un análisis de la exigencia legal de implantar un plan de prevención jurídica en las mismas, por las actuaciones de sus directivos y empleados, como factor mitigante o exonerador de responsabilidad de la persona jurídica.

Ante esta novedad legislativa, el autor avanza los requisitos que debería reunir este programa de prevención normativa o compliance program ya implementado en el derecho comparado con mucha eficacia. Pocos autores se han atrevido a hacerlo, destacando la propuesta que al efecto efectúa en su estudio Gómez-Jara, de entre las que destacamos:

• a) Código de conducta escrito.
• b) Supervisión de esfuerzos de cumplimiento por personal cualificado.
• c) Reforzamiento mediante sistemas efectivos de control y auditoría.
• d) Reforzamiento mediante procedimientos disciplinarios.
• e) Adopción de medidas cautelares tras detección de una infracción.
• f) Seguimiento de una formación continuada a directivos y empleados.
• g) Comunicación efectiva de los estándares y procedimientos de los códigos de conducta.

A éstas añade Vicente Magro las siguientes:

• h) Un programa específico diferente de formación y prevención para directivos y para empleados, a fin de fijar marcos de prevención distintos porque distintas son sus vías de actuación y posibilidades de actuación delictiva.
• i) Formación específica obligatoria en los tipos penales que a la empresa le genera responsabilidad antes expuestos en el listado.
• j) En las grandes empresas debería designarse un nuevo puesto de trabajo denominado «director de implementación de los planes de cumplimiento normativo», lo que haría más evidente el cumplimiento de esta obligación empresarial.
• k) Estar en condiciones de acreditar el cumplimiento de la ejecución de regulares prácticas de evaluación interna de la revisión de sus propios programas de cumplimiento normativo; programas de cumplimiento que deberían ser obligatorios en su seguimiento por estos, no voluntarios:

“ya que en este último caso podría decirse como alegato de que no se exonerase a la empresa de responsabilidad por la Fiscalía que una cosa es que el programa esté implantado y otra que el programa se ejecute, ya que siendo voluntario no se acreditaría su ejecución, y tampoco la revisión y actualización de sus contenidos”.

• l) Las grandes empresas deberían designar “una persona encargada de conocer qué está pasando en la empresa a alguna persona, directivo o empleado, o a las operaciones que se llevan a cabo”. Es el director de detección de posibles fallos de importancia en la conducta de directivos y/o empleados.
• m) Sistema de evaluación de riesgos o risk assessment.
• n) Documentación adecuada del programa de cumplimiento normativo, lo que conlleva que éste debe estar escrito y en poder de directivos y empleados.

Y algunos otros más. Como colofón, os recomiendo que veáis “Cuestión de principios”, una deliciosa  película argentina sobre el papel de la ética en el mundo de los negocios, que os hará reflexionar sobre el asunto.

Alcuino de York, en su esfuerzo por instruir al emperador Carlomagno, incluyó en una de sus epístolas el aforismo “la voz del pueblo es la voz de Dios”, aproximadamente en el año 800. Cabe preguntarse, en todo caso, si el conocimiento de un problema por la ciudadanía, determina su solución. Enunciar un problema parece más bien la primera parte del reto. Y los años y la experiencia me dicen que las dificultades más arduas se presentan en la resolución, en el acopio de energía, oficio y conocimiento que es preciso reunir para resolver de manera certera cualquier cuestión ¿Podemos decir lo mismo de la eficiencia discutida de los Tribunales de Cuentas?

“Es mejor no conocer cómo se elaboran las salchichas ni, menos aún, las leyes”. La famosa frase de Bismarck representa una parte importante del problema que traigo a colación. Las democracias más eficientes, para contener la ambición ubicua de los hombres -esa que podría tildarse de enfermiza- ingeniaron procedimientos sencillos y el más importante de ellos: la separación de poderes. Otro procedimiento no menos importante consiste en introducir una suerte de casamatas dentro del entramado institucional, los llamados Tribunales de Cuentas, con la misión fiscalizadora de la rendición de cuentas.

En España, esos órganos de control, tanto en la esfera nacional como autonómica –llámense sindicaturas o cámaras de cuentas- se conforman en el caldo de las mayorías parlamentarias. Ellas deciden su composición o estructura. Y para preservar con diligencia su buen desempeño, a las nobles intenciones se añade la exigencia de una probada cualificación de las personas que ejercen temporalmente las tareas directivas, llámense consejeros o síndicos. Sin embargo, con frecuencia se afirma que esta designación “política” intoxica a las instituciones.

¿La política es un ejercicio vil que mancha a quien la cultiva? Mal haremos en desconfiar de quienes ejercen responsabilidades públicas, si lo hacen bajo principios democráticos. Si se prefería un método alternativo de designación, muchos partidos políticos que hoy denuncian en público –o en privado- la politización de nuestras instituciones fiscalizadoras deberían haber optado por un diferente método de designación. Existen alternativas, como los habituales mecanismos de elección directa por parte de los ciudadanos en EEUU o México; o los más cercanos sistemas de Francia o Alemania, donde salvo el Presidente de la Corte de Cuentas, las restantes magistraturas son designadas entre altos funcionarios, generalmente del propio Tribunal de Cuentas, según criterios de merito y capacidad, como el resto de los empleados públicos. En otras palabras: nombrar de manera permanente a los encargados, en mayor o menor medida, de fiscalizar la gestión pública que, como en la Inspección de Hacienda o en la judicatura, irían ascendiendo hasta las máximas responsabilidades.

Ninguno de los sistemas es perfecto. Todos acumulan diversas dificultades y diferentes errores. Los sistemas de cooptación (la organización nombra internamente a sus propios miembros directivos, sin influencia externa) son acusados de formar una élite conservadora y formalista que vive al margen del mundo real. Podrá decirse que los catedráticos o los cardenales se eligen de esta manera, pues es conocido el sesgo de clientelismo que propician.

Por el contrario, en EEUU muchos cargos públicos son designados a través del sufragio universal de los electores, aunque –no nos engañemos- también vinculados a los partidos. Es el caso del Auditor General de New York que, por cierto, fue obligado a dimitir hace tres años y acaba de ser condenado por delitos de corrupción. Por su parte, los síndicos mexicanos son elegidos durante las elecciones municipales, junto a los concejales. Como ejemplo de la sabiduría popular, muchos ciudadanos votan al candidato de un partido para gobernar pero en la urna de al lado votan para síndico al representante del partido rival y así tener una institución realmente motivada. Pero, estarán conmigo que no evitan la crítica de politización.

Ahora bien, nuestro actual sistema de designación ha sido decidido de manera consciente por los partidos políticos. No es una herencia histórica sino que, frente a otras opciones legítimas, son las reglas del juego que les han parecido más adecuadas.

El profesor pucelano Juan Duran, estudioso de las Instituciones parlamentarias nos recuerda que un órgano de control externo será un órgano técnico, con independencia del procedimiento de designación de sus miembros, si fundamenta su actuación en criterios técnicos, objetivos y no de discrecionalidad o de oportunidad.

No obstante, los constitucionalistas entienden que la politización de los órganos de control se evita poniendo «cortafuegos» preventivos; por ejemplo, mayorías parlamentarias más amplias para designar a sus componentes —mayorías que incluyan a la oposición—, rígidos sistemas de incompatibilidades, la inamovilidad durante el mandato que debe ser superior a la legislatura y una dirección colegiada que ayuda, a su modo, a la objetividad de la misión fiscalizadora.

Serán inevitables las críticas y las discrepancias del trabajo de las sindicaturas; en unos casos de orden técnico (interpretaciones de hechos o normas) y en otros de orden político (criterios de oportunidad de su actuación). Pero si los propios partidos políticos expresan críticas por supuesta ideologización o partidismo, quien falla no son los designados sino quienes les eligieron.

“No hay nada tan irremediable como la muerte y Hacienda”. Una frase que se hace famosa con la entrañable peliculón “¿Conoces a Joe Black?”, donde un radiante Brad Pitt interpreta a La Muerte que viene a buscar al millonario Antonhy Hopkins. Me quedo con la fuerza de esta sencilla idea sobre permanencia de las instituciones, por encima de la gestión más o menos afortunada de sus miembros. Así pues, nadie cuestionaría la legitimidad o la validez de un sistema democrático, por la gestión de un determinado presidente de gobierno.

Publicado en La Nueva España, el 22 de abril de 2011.

Antecedentes

La Universidad que creó la Ley de Reforma Universitaria, en 1983, supuso un cambio en el concepto tradicional que las Instituciones de Educación Superior habían tenido en España. Su mayor autonomía y cierta tendencia hacia una estructura “menos rígida” pareció dotarlas de una sustancia más empresarial. 

Aunque hay todavía mucha resistencia al cambio, las universidades más emprendedoras avanzan hacia la Universidad Tecnópolis, donde “el aula pierde su monopolio y pasa a ser un complemento de la función docente”, como suele afirmar el catedrático catalán Solé Parellada, “como entramado donde estudiantes y profesores conviven más en los laboratorios que en las aulas, con el proyecto como eje de enseñanza  y donde las unidades autónomas periféricas se multiplican. Los nuevos clientes son las Cámaras de Comercio, las PYME locales, las asociaciones de empresarios o el Ayuntamiento. En las Universidades de provincias esto suena a música celestial pero existe.

Francesc Solé

Para Francesc Solé Parellada, una tecnópolis es un sistema urbano en el espacio donde se producen sinergias para la coordinación entre los agentes que tienen diferentes funciones, como en un Parque tecnológico. Supone un estadio más evolucionado que la universidad vertical o matricial, caracterizada por incluir organizaciones de investigación y servicios que surgen por propia iniciativa de sus miembros y cubren nuevas demandas (autofinanciadas) de formación continua, ensayos, consultoría, I+D .

Desde el punto de vista administrativo, esta idea se plasma en el holding universitario, que en algunos países supone un entramado organizativo que aporta muchos recursos a la matriz universitaria. Es frecuente recordar aquí que el MIT presume de que su grupo empresarial factura más que el Reino de Dinamarca. Es la manera americana de concebir la actividad universitaria, tan admirada y a la vez denostada desde la tradicional y vieja Europa.

Un ejemplo en España puede encontrarse en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) cuya Corona UPC, según la denominación de esa Universidad, es el conjunto de entidades en que ejerce una posición de dominio mayoritario, así como otro conjunto de entidades vinculadas por motivos de diversa índole en que la Universidad no tiene una participación mayoritaria. Se trata de entidades con personalidad jurídica propia promovidas por la Universidad que realizan tareas de docencia, investigación, transferencia de resultados de la investigación y de estudio y extensión universitaria. Ver informe de la Sindicatura de Cataluña, pág. 20.

En otras ocasiones, la creación de estos Entes dependientes se enmarca en cierta euforia inicial propiciada por las propias instituciones autonómicas o estatales que, con el tiempo, deviene en una deficitaria situación a la que no son ajenos los famosos anticipos reintegrables sin interés, que no saben como devolver. Este es el caso del Parc Cientific de Barcelona, cuyo informe de fiscalización de la Sindicatura catalana, alerta sobre la viabilidad futura de la fundación (pág. 51)  en estos términos:

“La situación financiera de la Fundación es extremadamente delicada ya que tiene un patrimonio negativo … necesita una aportación de … para poder hacer frente a los compromisos adquiridos. A la vez, esta situación puede afectar la Universidad de Barcelona”.

El holding universitario

Hoy participo en las Jornadas sobre Gestión y Organización de la Ciencia que organiza la Universidad de Lleida y la Asociación para el Estudio del Derecho Universitario (AEDUN). La conferencia inaugural corrió a cargo del Vicerrector de política científica de la UPC, Xavier Gil Mur, que realizó una minuciosa, irónica y crítica exposición de los centros de investigación universitarios; su encuadramiento en los centros tecnológicos o en los parques científicos así como la necesidad de recuperar los costes indirectos de la I+D+i. Mostró algunas interesantes experiencias.

El bloque temático en que he sido encuadrado se ocupa de “la organización y gestión de los holdings universitarios”, donde presento la visión del control externo, a través de los informes de los diversos OCEX del Estado español. Una perspectiva poco fashion pero necesaria. Con frecuencia los OCEX son muy críticos con estas entidades dependientes (fundaciones y sociedades) que se aproximan a ellas como “sospechosos habituales”.

La primera razón es una cierta opacidad en su gestión (pública: no lo olvidemos) como ponía de manifiesto el informe del Tribunal de Cuentas de España sobre la Universidad española, aprobado hace un par de años y que ya evidenció como una limitación al alcance del trabajo la “falta generalizada de información sobre los Entes dependientes”.

El difuso perímetro universitario

Una de las características de nuestra legislación financiera universitaria es la falta de concreción en la determinación de la obligación de consolidar las cuentas anuales. Algo habitual en todas las Administraciones, como hemos comentado en esta bitácora. Con frecuencia nos encontramos con intencionadas dificultades para considerar como públicas algunas fundaciones que se encuentran en las llamadas “zonas grises” del dominio efectivo.

En el informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León sobre la Fundación General de la Universidad de Burgos, se indicaba que la no inclusión de las cuentas anuales de la Fundación en la Cuenta General de la Universidad de Burgos afecta a la representatividad de la misma, ya que la actividad de la Fundación es una clara manifestación de la gestión económico- financiera de dicha Universidad y en última instancia del Sector Público Autonómico.

El propio Consejo de Cuentas de Castilla y León reconocía que :

Esta no inclusión, es una consecuencia de la aplicación por parte de la Ley de Fundaciones de Castilla y León y la normativa económico financiera de la Universidad de Burgos, de la participación superior al 50% en la dotación fundacional, como único criterio para considerar una fundación como parte integrante del Sector Público Autonómico y como fundación universitaria, sin atender a otros parámetros como los de financiación mayoritaria, control en la toma de decisiones o influencia decisiva en la gestión.

Concluyendo con una recomendación para la Consejería de Hacienda que “debería emitir normas expresas que regulen la obligación y los procedimientos a utilizar, para que cada una de las Universidades Públicas de Castilla y León consolide sus cuentas con las de todas aquellas entidades dependientes con las que conforma una unidad de decisión”. Así, las cuentas consolidadas ofrecerían una información representativa del conjunto más que la derivada de las cuentas anuales individuales de cada entidad, ampliando y mejorando la información individual de cada entidad.

Por su parte, la Comunidad de Madrid (CAM) incluyó la citada obligación en la Ley 2/2008, de 22 de diciembre, dentro del artículo 49.4. De esa forma, las cuentas anuales consolidadas de las Universidades Públicas de la CAM deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Además:

Las cuentas anuales consolidadas de cada Universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.

Régimen jurídico de la contratación

La Cámara de Cuentas de Madrid tuvo ocasión de analizar la aplicación de la Legislación de contratos públicos en las fundaciones universitarias, con ocasión del informe sobre sobre la Universidad Complutense de Madrid, cuya Fundación General (FGUCM) había puesto de manifiesto en diversas ocasiones su consideración de no estar incluida en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sector Público (LCSP).

La Cámara de Cuentas entiende que este criterio de la Fundación es erróneo, habida cuenta que el 97 % del capital fundacional de la FGUCM estaba integrado por los bienes que de la extinta Fundación del Amo pasaron a titularidad de la Universidad Complutense de Madrid y que ésta, años después, integró en la FGCUM.

En consecuencia y en virtud del artículo 3.1.h) LCSP, a cuyo tenor forman parte del sector público, “las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades”, debe considerarse que la FGUCM está sujeta a dicha Ley.

Por lo tanto, la FGUCM adoptó ninguna medida organizativa y procedimental para adecuar su contratación a la Ley 30/2007, ni aprobó instrucciones internas de contratación (artículos 175 y 176 LCSP) ni disponía durante la fiscalización de perfil de contratante (artículo 42 LCSP).

Investigación universitaria

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en su informe sobre la UPV- Ej. 2001 ya había avanzado que:

“Se debería analizar la conveniencia de mantener una entidad cuyo objeto fundacional coincide con el de la Universidad, y cuya actividad se  presta con medios de la Universidad, pero sin ningún control por parte de la  misma”.

Una afirmación bastante rigurosa que el Tribunal Vaco justificaba entendiendo que estas fundaciones permiten desarrollar tareas encomendadas a la universidad de una forma externa a la misma, lo que, si bien permite escapar a las rigideces de la institución universitaria, lleva aparejado una pérdida de control y de la información.

Subvenciones

En el informe del Tribunal de Cuentas de España sobre la Fundación Prevención de Riesgos Laborales, aprobado el 30 de noviembre de 2010, se analizó la naturaleza de las aportaciones gratuitas de fondos públicos otorgadas para la financiación de acciones de información, de asistencia técnica, de formación y de promoción que de acuerdo con lo establecido en la DA 16ª de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), se denominan entregas dinerarias sin contraprestación, concepto distinto al de “subvención”, regulado en la LGS.

A juicio del Tribunal, estas entregas dinerarias sin contraprestación cumplen todos los requisitos, desde el punto de vista objetivo, establecidos en el artículo 2 de la LGS, en la que se define el concepto de subvenciones: no existe contraprestación directa por parte de los beneficiarios, están sujetas al cumplimiento de determinados objetivos y tienen como objeto el fomento de una actividad pública:

“Sin embargo, estas entregas dinerarias sin contraprestación efectuadas por la Fundación no están sujetas a los preceptos de la mencionada Ley General de Subvenciones, a excepción de los principios de gestión e información (…)”

El Tribunal de Cuentas considera necesario que el Gobierno adopte las medidas necesarias tendentes a la aprobación del desarrollo reglamentario específico de las normas de elaboración del plan de actuación de las fundaciones.

De izquierda a derecha: Carlos Gómez Otero (U. de Santiago), Daniel Pastor Javaloyes (U de Alicante), Frederic Solá Eras (U. de Lleida y Antonio Arias

EUROSAI (Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa) es uno de los Grupos Regionales de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Constituida en 1990 con 30 miembros (las EFS de 29 Estados europeos y el Tribunal de Cuentas Europeo), en la actualidad su número de miembros asciende a 50 entidades (las de 49 Estados europeos y el Tribunal de Cuentas Europeo).

Ayer, EUROSAI celebró en Madrid su 36ª reunión del comité directivo que analizarán el Plan estratégico de EUROSAI para los próximos ejercicios, presentarán los informes de actividades de los grupos de trabajo sobre ‘Tecnologías de la Información’, ‘Auditoría Medioambiental’, ‘Fiscalización de Fondos destinados a Catástrofes y Desastres’ y ‘Guía de buenas prácticas sobre calidad de la auditoría’ y estudiarán las nuevas iniciativas en cumplimiento de sus objetivos.

La inauguración corrió a cargo del Presidente del Congreso, José Bono, que destacó la necesidad de que los presidentes de los tribunales de cuentas de los diferentes países trabajen desde sus distintas ideas “por la autonomía, pese a que ésta pueda costarles su reelección“. Sobre la actividad política, Bono nos dejo otra de sus frases célebres, en relación con los gestores públicos:

“Los ciudadanos ya no exigen profetas del dogma, sino ingenieros de la eficacia. Y quien no es eficaz ni es de derechas ni de izquierdas, sino un inútil”.

Después intervino Manuel Núñez Pérez, presidente del Tribunal de Cuentas de España, en su calidad de Secretario General de EUROSAI. Presentamos a continuación su exposición.

XXXVI REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DE EUROSAI

-. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados, D. José   Bono,

-. Sr. Presidente de EUROSAI, Jaci Jezierski,

-. Sres. Miembros de Pleno del Tribunal de Cuentas y del Parlamento de España,

-. Estimados colegas de EUROSAI,

-. Queridos amigos,

Es un gran honor y una satisfacción para mí tener la ocasión de dirigirme a ustedes en el Acto de Apertura de la XXXVI Trigésimo sexta Reunión del Comité Directivo de EUROSAI. Y hacerlo en este solemne Palacio, en la misma ciudad y prácticamente en la misma fecha que, hace veinte años, en 1990, vio nacer a nuestra Organización.

Deseo agradecer muy sinceramente la presencia entre nosotros y la inestimable disponibilidad desde el primer momento para acoger nuestra Reunión en esta Cámara al Presidente del Congreso de los Diputados, Excmo. Sr. D. José Bono que, a la relevancia del Cargo hoy ejercido, presenta un extraordinario inventario de trabajos y aportaciones en la conquista de nuestras libertades democráticas y en la consolidación del Estado Democrático y de Derecho y suma otras muchas responsabilidades asumidas en el ámbito del Gobierno Nacional y en el desarrollo y consolidación de los Gobiernos Territoriales. Su colaboración ha propiciado que nos encontremos en la sede del Parlamento que, por las especiales relaciones que esta Institución mantiene con las entidades fiscalizadoras superiores, y por la legitimidad que le otorga la representación que ostenta, nos ofrece un marco privilegiado para la celebración de este encuentro.

Quiero expresarles también a todos ustedes el más profundo reconocimiento por participar en esta reunión anual, en la que tendremos ocasión de examinar nuestra actividad a la luz de los mandatos que hemos recibido del Congreso de EUROSAI, podremos analizar los retos que la gestión y el control nos ofrecen, y proponer e impulsar iniciativas que contribuyan a fortalecer el control externo a nivel europeo.

Mucho ha evolucionado desde hace veinte años el entorno económico-financiero. Se demandan a los Estados nuevas fórmulas de gestión que permitan obtener mayor eficacia y eficiencia, mayor transparencia y rigor técnico, mayor asunción de responsabilidades y economía en la actuación. Todo ello, en un mundo abierto e interconectado por la globalización.

En este entorno, el control externo de la actividad económico-financiera pública se erige en tarea clave para garantizar gestiones sólidas, transparentes y eficaces, y para contribuir a la promoción del buen gobierno. Para llevar a cabo esta función adecuadamente es preciso contar con entidades independientes, de alta cualificación técnica y modernas, que actúen bajo estrictos códigos éticos, apliquen normas de auditoría y sigan estrategias y procedimientos ajustados a estándares internacionales de vanguardia.

La fiscalización y las entidades que la desarrollan deben evolucionar con la propia gestión, atendiendo a las necesidades y demandas de la sociedad. Una función fiscalizadora eficiente no puede constituir un fin en sí misma y finalizar en el mero examen de la gestión pública, sino que debe aspirar a promover la mejora de ésta mediante propuestas que la guíen por senderos de responsabilidad, ética, eficacia, y voluntad de servicio a los ciudadanos.

El control externo, para ser eficiente, debe ejercer el papel de “alerta” que le corresponde, y evaluar el impacto sobre las finanzas públicas y la ejecución de las políticas, anticipar riesgos, y sugerir mejoras en los sistemas, en las organizaciones y en la actividad de gestión. Esta función debe, asimismo, contribuir técnicamente, a través de los informes y recomendaciones que emiten las entidades fiscalizadoras superiores, a impulsar el proceso de creación de las normas apoyando dichas mejoras, y a promover las propias transformaciones del sector público. Ha de garantizarse, asimismo, que las instituciones fiscalizadoras gocen del máximo respeto institucional y de la credibilidad, impacto y consideración pública de su función y de sus resultados.

Es fundamental mantener siempre vivo el diálogo con los ciudadanos, los poderes públicos, los gobiernos, los parlamentos, en un continuo proceso de retroalimentación que permita a las entidades fiscalizadoras ajustarse a las demandas y responder a las necesidades y prioridades reales. Es esencial que analicemos el valor añadido que aportamos a la sociedad en términos de contribución a la mejora de la gestión y al buen gobierno.

EUROSAI, como Organización, no se ha mantenido al margen de estos procesos ni es ajena a estos principios. Es el Grupo Regional de INTOSAI más joven, pero su número de miembros se ha incrementado en dos terceras partes desde su constitución, y su actuación ha evolucionado para hacerse más compleja, especializada y diversificada, en el entorno de una comunidad internacional en permanente cambio y desarrollo. Una vez llegada a su madurez, EUROSAI cuenta con sólidos pilares que la sustentan y líneas directrices que marcan su camino.

Nuestra Organización ha hecho un especial esfuerzo en los últimos años por promover la formación, atendiendo a las prioridades de cada una de las regiones europeas; y por fomentar los intercambios de información y experiencias. Se ha intensificado la cooperación entre sus miembros, con INTOSAI y sus Grupos Regionales, así como con otros socios con los que comparte intereses comunes, buscando un enriquecimiento mutuo. EUROSAI ha procurado apoyar y contribuir a la cualificación organizativa y técnica de las entidades fiscalizadoras superiores en la ejecución de sus funciones, al fortalecimiento en su independencia, y a la mejora permanente y desarrollo del control externo en Europa.

Utilizando el lenguaje de la contabilidad que nos resulta tan familiar, podemos decir que EUROSAI tiene ya muchas anotaciones en su “haber”, que avalan su actuación. Pero también tiene importantes perspectivas por delante. Hay apuntes en el “debe”, que todavía han de encontrar su contrapartida en el “haber”. Son muchas las tareas y retos que tenemos que afrontar y, sin duda, la colaboración es una herramienta esencial para hacerlo.

Aun cuando nuestros sistemas y procedimientos difieren, somos conscientes de que tenemos muchos puntos en común; que compartimos tareas, misiones, expectativas, limitaciones y proyectos. También sabemos que, conjuntamente, se puede conseguir mucho más que de manera individual; y ese es, precisamente, el propósito que nos reúne.

Sólo de este modo, EUROSAI representará un valor añadido para cada uno de sus miembros, y contribuirá, en su ejercicio, al proyecto global de INTOSAI, haciendo así efectivo su lema: “Experientia mutua ómnibus prodest”. Pues, como señalaba el economista John Stuart Mill: “No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación”.

Muchas gracias,

La Cámara de Cuentas de Andalucía incluyó, dentro del Plan de Actuaciones para 2009, un informe de fiscalización sobre el análisis comparativo de la gestión desarrollada en el ejercicio 2008 por dos hospitales del sistema sanitario público de Andalucía: Hospital Costa del Sol (empresa pública) y el Hospital Virgen de Valme, organismo dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El primero,  la Empresa Pública Hospital Costa del Sol (Málaga), da cobertura a una población de 372.964 (Padrón 2008) con 348 camas y una plantilla media de 1.412 trabajadores (personal laboral: 1.283 sanitario y 129 no sanitario).

El Hospital de Virgen de Valme (Sevilla) dispone de 555 camas y una plantilla media de 2.481 personas (personal estatutario: 1.875 sanitario y 606 no sanitario). La población de cobertura atendida por el hospital es de 349.964 habitantes (Padrón 2008).

El objetivo que se planteaba en el trabajo de fiscalización era el análisis comparativo de la gestión desarrollada en el ejercicio 2008 por los dos centros hospitalarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con el fin de determinar si la diferencia de régimen jurídico y dependencia funcional, arrojaba diferencias en términos de eficacia, eficiencia, economía, equidad y calidad de las prestaciones sanitarias.

La prensa presenta como conclusión (El País) que los centros sanitarios que son empresas públicas son más económicos que los que dependen del SAS.  Se han analizado los niveles de fijación de objetivos y su grado de integración, tanto los incluidos en los contratos programa de los dos centros hospitalarios, como los objetivos internos fijados por las direcciones de los centros, así como los tiempos de respuesta para intervenciones quirúrgicas.

Principales conclusiones

La estructura organizativa de ambos centros hospitalarios es diferente, aunque pertenecen al Sistema Sanitario Público de Andalucía. Desde su creación, el Hospital Costa del Sol introduce el concepto de organización de los servicios clínicos como “Áreas Integradas de Gestión” (AIG) dependiendo orgánica y funcionalmente de la dirección y subdirección médica y agrupando especialidades asistenciales con objetivos comunes.

La organización por AIG se diferencia de la tradicional por servicios de especialidades asistenciales, en que aquellas disponen de autonomía en la gestión de sus recursos económicos y de personal.

El Hospital de Virgen de Valme, integrado en la red de centros hospitalarios dependientes del SAS, se organiza bajo la dirección unipersonal del director gerente, del que dependen la subdirección gerencia, y las direcciones médicas, enfermería, servicios generales y económico-administrativa, además de nueve subdirecciones.

En cuanto a la parte asistencial, el hospital se encuentra en un momento de transición desde la tradicional organización por servicios de especialidades, a la organización por “Unidades de Gestión Clínica”, concepto asimilable a las “Áreas integradas de Gestión” del Hospital Costa del Sol.

En ambos hospitales, la gestión por procesos se encuentra implantada en la vertiente de gestión clínica, pero no en cuanto a la gestión de recursos que en ambos centros está orientada a la dirección o gestión por objetivos.

Objetivos

Respecto a la fijación y consecución de objetivos, los dos hospitales tienen definidos sus objetivos en el contrato programa, y en ambos sistemas de gestión los profesionales se sienten implicados en su consecución.

Se han analizado los procedimientos de fijación y evaluación de objetivos en los dos centros sanitarios, comprobando el cumplimiento de los principios generales definidos en el contrato programa además del cumplimiento de los objetivos específicos por áreas establecidos por cada uno de los hospitales. En todos los casos se ha podido comprobar la negociación y aceptación expresa del trabajador. La documentación justificativa archivada en los expedientes de cada una de las direcciones, en general, está completa y contiene toda la información necesaria para que el trabajador conozca los objetivos marcados, la evaluación que le corresponde y las áreas de mejora.

Hospital Costa del Sol

Las retribuciones del personal directivo y directores de líneas de procesos del Hospital Costa del Sol se encuentran fuertemente ligadas a la consecución de los objetivos marcados en el contrato programa (40% director gerente, 35% direcciones AIG).

En términos generales, el hospital ha cumplido los objetivos fijados en el contrato programa, este hecho determina que todos los puestos directivos hayan percibido el 100% de las retribuciones en concepto de incentivo.

Hospital de Virgen de Valme

En el caso del Hospital de Virgen de Valme, que también alcanza los objetivos marcados en el contrato programa, los conceptos retributivos vinculados a la consecución son inferiores que en el Hospital Costa del Sol. En el ejercicio 2008, el porcentaje de productividad correspondiente al equipo directivo ha variado en una horquilla entre el 12 y el 15% de las retribuciones percibidas.

Eficacia y eficiencia

En cuanto a la eficacia y eficiencia, se destacan las siguientes conclusiones obtenidas de los resultados de los siguientes indicadores de actividad:

- Actividad de hospitalización

El Hospital Costa del Sol, aunque con mayor población de cobertura, presenta un número menor de ingresos en el ejercicio. La frecuentación hospitalaria es superior en el Hospital de Virgen de Valme. El indicador que mide la “estancia media” es uno de los que presenta más diferencia entre los dos hospitales. En el Hospital de Virgen de Valme la estancia media resulta un 30% superior respecto del Hospital Costa del Sol. Este resultado afecta de forma negativa al resto de indicadores (rotación, índice de utilización de estancias, etc.). El Índice Utilización de Estancias (IUE2) para los dos hospitales presenta valores por debajo del valor medio esperado, un 20% en el Hospital Costa del Sol y un 5% en el Hospital de Virgen de Valme.

- Actividad de consultas

El número total de consultas externas realizadas en el ejercicio es un 54% superior en el Hospital de Virgen de Valme a pesar de tener menor población de cobertura.

Si se considera el número de salas disponibles en un centro y otro, puede observarse una utilización de las salas muy superior en el Hospital Costa del Sol, en el que cada espacio físico es utilizado para una media de 20 consultas diarias, frente a las 13 calculadas para el Hospital de Virgen de Valme. Los factores que influyen, en la mayor utilización de los recursos disponibles en el Hospital Costa del Sol son la accesibilidad horaria de los profesionales y la ubicación más centralizada de las salas de consulta.

Ambos hospitales presentan el mismo porcentaje de consultas sucesivas (57%), lo que quiere decir que en un 43% de los casos se consigue el alta del paciente en una primera consulta.

- Actividad de urgencias

El Hospital Costa del Sol tiene una mayor población de cobertura y atiende a un número más elevado de pacientes en el servicio de urgencias. Según los resultados obtenidos, el Hospital Costa del Sol realiza una gestión del servicio de urgencias más eficiente que el Hospital de Virgen de Valme, al resolver los episodios de urgencias con un menor número de ingresos y con un porcentaje inferior que el Hospital de Virgen de Valme de traslados a otros centros.

La elevada frecuentación de urgencias tiene como consecuencia inmediata demoras en la prestación de asistencia al usuario. Por lo tanto, estos servicios son los más afectados por el número de reclamaciones. Ambos hospitales tienen un número muy similar de reclamaciones de usuarios, aunque el servicio de urgencia del Hospital Costa del Sol recibe un 137% más de reclamaciones que el Hospital de Virgen de Valme.

- Actividad quirúrgica

La actividad quirúrgica tanto programada, como urgente y la resolución de Cirugía Mayor Ambulatoria, resulta superior en el Hospital de Virgen de Valme, centro que cuenta con un número superior de quirófanos y de camas en hospitalización.

La estancia preoperatoria, en el caso de cirugía con ingreso, es superior en el Hospital de Virgen de Valme. Una disminución potencial de las estancias preoperatoria contribuiría a una disminución (potencial) de la estancia media del hospital y del IUE2.

El indicador relacionado con la calidad de la asistencia, prevalencia de enfermedades nosocomiales, ofrece resultados más favorables en el Hospital Costa del Sol.

Del análisis comparativo de las tasas de indicación quirúrgica se observa que en el Hospital de Virgen de Valme se prescribe más cirugía por 100.000 habitantes que en el Hospital Costa del Sol.

En concreto, la tasa de indicación quirúrgica en los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)“Sustitución de articulación mayor excepto rodilla”, presenta unos valores muy alejados de la media en los dos hospitales, muy por encima en el caso del Hospital de Virgen de Valme (55,6%) y muy por debajo en el Hospital Costa del Sol (-53,8%).

Según el análisis realizado, el Hospital Costa del Sol cumple los plazos de garantía establecidos en el Decreto 209/2001, del 18 de septiembre de la Consejería de Salud y en la Orden de 20 de diciembre de 2006.

En relación con el Hospital de Virgen de Valme, las incidencias detectadas en el Registro de Demanda Quirúrgica impiden confirmar los datos aportados por el sistema de Gestión de Demanda, sobre el cumplimiento de plazos de garantía quirúrgica en este centro sanitario.

Resumen económico

Respecto a las conclusiones de carácter económico, el Hospital Virgen de Valme presenta una situación deficitaria acumulada, ascendiendo el total de gastos pendiente de imputación a presupuestos al cierre del ejercicio 2008 a un importe total de 3.892.993 €. La situación financiera de la empresa pública permanece saneada, sin que se acumulen pérdidas de ejercicios anteriores. Durante el ejercicio 2008 se aprueba un expediente de modificación presupuestaria por importe de 338.300 € para cubrir el déficit de explotación del ejercicio.

Todos los indicadores calculados con relación a los gastos de personal son más favorables en el Hospital Costa del Sol, que se comporta de forma más eficiente en la relación entre la población de cobertura, así como la actividad desarrollada, y los totales de gastos de personal (personal sanitario y, sobre todo, personal no sanitario).

En los puestos de jefaturas de servicios asistenciales se produce una convergencia desde el modelo laboral al estatutario, al menos desde el punto de vista de las retribuciones. En cuanto a los puestos correspondientes a la primera línea de dirección, la retribución media en el Hospital Costa del Sol es un 19% más elevada que la recibida por los puestos homólogos en el Hospital de Virgen de Valme.

Los consumos en farmacia y material fungible relacionados con los puntos GRD, como estimación del coste de los procedimientos realizados en los centros sanitarios, resultan más favorables para el Hospital de Virgen de Valme.

Para las prótesis cardiovasculares, el indicador de consumo por puntos GRD, aunque es más favorable para el Hospital de Virgen de Valme, la diferencia no es significativa, pero el mismo indicador calculado para prótesis de trauma y osteosíntesis supone un coste por puntos un 34% superior en el Hospital Costa del Sol (763 € frente a 566 €).

El gasto total por habitante es un 58% superior en el Hospital de Virgen de Valme. A este respecto se debe tener en cuenta que no se han incluido los importes correspondientes a los gastos centralizados que asumen directamente los Servicios Centrales del SAS como centro director del organismo autónomo (inversiones centralizadas, mantenimiento de equipos informáticos, asesoría jurídica, gestión de nóminas, etc.).

La relación del total gastos de explotación con la complejidad y el coste estimado de los procesos realizados, representado por el peso y los puntos GRD, aportan resultados más favorables para el Hospital Costa del Sol, excepto para los consumos de farmacia, fungible sanitario y prótesis.

La facturación a terceros en el ejercicio 2008 ha ascendido a 642.635 € en el Hospital de Virgen de Valme y 3.784.935 € para el Hospital Costa del Sol. En el caso del Hospital de Virgen de Valme, los importes correspondientes a las facturaciones realizadas se ingresan en la Tesorería del SAS, cuenta restringida de ingresos, es decir, que el hospital no dispone directamente de los importes facturados correspondientes a la asistencia sanitaria que ha prestado. Por el contrario, los importes facturados por el Hospital Costa del Sol, sí se imputan a la tesorería propia del hospital, por lo que el centro puede determinar el destino de los fondos en el momento de su devengo.

En los últimos tres ejercicios, las inversiones en infraestructura en el Hospital Costa del Sol han sido superiores en un 34% a las realizadas en el área hospitalaria Virgen de Valme.

Calidad

En relación con la satisfacción de los usuarios se observa un alto nivel de satisfacción en ambos hospitales públicos.

La valoración por el usuario del Hospital Costa del Sol, medida a través de encuestas de satisfacción, es sensiblemente superior respecto a la del Hospital de Virgen de Valme, al ser valorado por encima de la media andaluza en un total de 15 indicadores y no presenta ninguna percepción de calidad por debajo de esta.

En contraste con los resultados de las encuestas realizadas, los cuestionarios cumplimentados al alta asignan valores de satisfacción sensiblemente superiores al Hospital de Virgen de Valme, que sólo se encuentra por debajo de la media en la valoración de la comida.

CONCLUSIÓN GENERAL

Como resultado de los análisis realizados y las conclusiones expuestas en los puntos anteriores, se puede concluir que:

- Ambos hospitales alcanzan los objetivos estratégicos definidos desde la Consejería de Salud y el SAS.

- Las diferencias fundamental es entre los dos modelos se centran en el diseño de la estructura y régimen jurídico del personal. La dirección gerencia del hospital Costa del Sol dispone de la competencia y capacidad de selección de los profesionales que entran a formar parte de la organización (relación laboral). La estructura de personal del hospital Virgen de Valme le viene impuesta a su dirección (relación estatutaria). El mantenimiento del alto coste de personal afecta de forma definitiva a la relación coste / actividad.

- La gestión económica y financiera resulta más flexible e independiente en el Hospital Costa del Sol que sin encorsetamientos presupuestarios permite a la empresa gestionar su estructura de gastos, ingresos e inversiones.

- El Hospital Costa del Sol resulta más económico y eficiente en la gestión de los recursos disponibles, con un coste total de la asistencia prestada por habitantes un 58% menor que el Hospital de Virgen de Valme.

- En los consumos de farmacia, material fungible y prótesis, la eficiencia, medida en la relación coste /complejidad, resulta favorable al Hospital de Virgen de Valme.

La calidad de la asistencia prestada en los dos hospitales se encuentra por encima de la media de los hospitales andaluces de su nivel, siendo alta en los dos centros sanitarios que cumplen los requisitos de accesibilidad exigidos por la Consejería de Salud.

En una primera valoración a El País, la Consejería de Salud contestaba que las diferencias económicas entre los dos centros pueden deberse a otras causas además del régimen jurídico, como son el hecho de que el Valme tenga hasta dos sedes hospitalarias y tres centros de especialidades, así como que el centro sevillano ofrece servicios más complejos y tecnológicos y su población tiene un perfil “más rural” y con un alto índice de enfermedades crónicas.

A mi izquierda, los popes de la contabilidad local: los profesores Andres Navarro, Helio Robleda, Belen González, Dionísio Buendía, Antonio López, Daniel Carrasco, Ramón Ortigosa (IGAE) y Carlos Prieto (FEMP).

Esta semana se celebra en Gijón el habitual seminario de gestión pública local, que ya va por su decimosexta edición. El programa, con doscientos inscritos, incorporaba ayer una Jornada de presentación del Proyecto FEMP: Metodología del cálculo de costes y elaboración de indicadores para la comparablidad de los servicios locales.

La FEMP ha puesto en marcha, con este proyecto, una relevante experiencia para ayudar a los ayuntamientos a implantar un sistema de costes e indicadores que les sea útil para mejorar la gestión de los servicios municipales. Se trata de un hito en el marco de las buenas prácticas de gestión pública, que se están comenzando a desarrollar a nivel internacional.

La mesa que estuvo integrada por Helio Robleda Cabezas, Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra; Antonio López Díaz, Catedrático de Contabilidad de la Universidad de Oviedo y Carlos Prieto Martín, Secretario de la Comisión de Hacienda de la FEMP, presentó las características del proyecto, navegando a través de la página. Para cacharrear un poquito podéis pinchar aquí, seleccionado abajo “entrar como visitante”.

Se trata de un arduo trabajo que debe permitir sustentar los análisis del coste y rendimiento de los servicios en las grandes ciudades, así como las memorias de gestión del nuevo PGCP y fundamentar el cálculo de las tasas correspondientes a los servicios prestados a los ciudadanos y cada vez más judicializados.

Directiva de servicios

Especial interés presentaba la mesa final sobre “La incidencia de la directiva de servicios en las ordenanzas fiscales” moderada por el Director Financiero del Ayuntamiento de Gijón, Francisco Blanco (en la foto, en el centro) y a cargo de Roberto F. Llera (Universidad de Oviedo, a la izquierda) y Carlos García (Ayuntamiénto de Leganés, a la derecha).

Los ponentes realizaron un análisis económico de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que se traduce en España en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley paraguas) y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley ómnibus) que se deben concretar en Leyes autonómicas, Reglamentos, Ordenanzas municipales aunque también en ordenanzas fiscales.

El profesor Fernández Llera recordó que desaparece la obligación de solicitar algunas licencias municipales y, en consecuencia, se modifican las tasas relacionadas con ellas (Tasa por control posterior de la apertura de establecimiento comunicada-mediante declaración responsable o comunicación previa) siendo previsible una merma recaudatoria. Ya sabemos que cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la citada Ley 17/2009 rige lacomunicación previa o a declaración responsable, así como el sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.

Carlos García insistió en que la Entidades Locales están obligadas a adaptar su normativa a la Directiva de Servicios, pese a que la adaptación estatal y autonómica no se ha producido. Ello implica el desarrollo de todo un proceso de control a posteriori de las actividades. “Hay que realizar tanto comprobación como inspección” afirmó. La segunda es una manifestación de la actividad de policía o sancionadora y sólo la primera devenga tasa. Recordó que debe extremarse el cuidado en su cálculo, pues el control jurisdiccional de los fundamentos económicos de la tasa es severo, pues su cuantía no puede superar el coste del servicio o la actividad.

Las consecuencias de la aplicación de la Directiva de Servicios suscitan enorme interés. En una extraordinaria ponencia del Magistrado David Ordóñez, que se acaba de celebrar en el seminario, se insistía en que toda actividad económica está permitida salvo que haya una prohibición expresa. Y concluía reflexionando:

“Pero es que cualquier régimen de autorización queda ahora bajo sospecha y, por ejemplo, en los procedimientos de autorización, salvo que se justifique expresamente, los efectos del silencio deben ser por regla general positivos. Asimismo, se impone el principio de simplificación y de facilidad de modo que es la Administración la que debe poner a disposición de los ciudadanos y de las empresas toda la información sobre aquellos supuestos excepcionales en que sea precisa una autorización. En fin, el nuevo régimen de la Directiva de servicios pone de manifiesto la necesidad de aplicar intensamente el principio de colaboración entre las Administraciones, de las españolas entre sí y respecto de las demás Administraciones europeas.

No hay duda de que durante un tiempo importante, desde el 28 de diciembre de 2009, el régimen local español ha quedado en parte muy disminuido y los riesgos de incumplimientos o de pérdidas de ingresos son muy reales a falta de una apropiada cobertura normativa, que deriva de la legislación estatal básica, de la legislación autonómica de desarrollo y de la propia regulación reglamentaria local.

En suma y aun cuando la aventura ha resultado estimulante el paraguas se ha quedado escaso y no ha impedido que nos empapemos y el ómnibus ha cargado con más de lo que podía soportar, por lo que no es extraño que el viaje haya sido menos provechoso de lo que debiera haber sido. Una aventura estimulante que aún no ha terminado y cuyos medios, desde el paraguas hasta el ómnibus, han sido menos efectivos de lo que hubiera sido deseable. Obviamente, parece que no hay duda de que en el España de las Autonomías nunca llueve a gusto de todos y no todos quieren ir al mismo sitio y en el mismo medio de transporte”.

David Ordóñez, en el centro

Gracias a los trabajos del Dr. Alex Pentland sabemos que el mensaje importa bastante menos que el mensajero. Con su equipo del MIT diseñó una plataforma tecnológica que permite medir lo que llaman “señales honestas”; pistas no verbales que utilizamos para coordinarnos, para tomar decisiones en grupo: gestos, expresiones faciales o el tono de voz que tienen la capacidad de cambiar el estado anímico, mental o el comportamiento del receptor.

Los que sabéis inglés ya habréis detectado que “honest” pertenece a esos falsos amigos y debería traducirse por sincero. Como policy no es política ni públic es público, al menos como lo conocemos en la Europa continental. Ramón Muñoz solía reírse mucho con esto y hasta me mandó una lista, que tengo por ahí, de los doscientos falsos amigos.

Pero volvamos a lo nuestro: Pentland publicó un libro con este título, que el editor español inteligentemente tradujo por “Señales Honestas” para que no pareciera una novela rosa. Y dio en el clavo porque nunca me hubiera detenido a ojear un libro con aquél título.

Pues bien, Pentland probó sus herramientas anticipando, con un 87% de acierto, quiénes serán los ganadores de un concurso de planes de negocio “Innovate 2010” en la votación de la audiencia que seguía con gran atención las ideas y el modelo de negocio de los concursantes. Predijo los resultados sin tener la más mínima idea de lo que tienen que ofrecer los diferentes candidatos, es decir, prescindiendo por completo del contenido de sus presentaciones porque, según él, el éxito en este tipo de competiciones no guarda apenas relación con la calidad de los proyectos.

El pensamiento inconsciente es, con frecuencia, más efectivo que el consciente. A veces apelamos a eso que llamamos intuición que no es otra cosa que la toma inconsciente de decisiones. Que se lo digan a los jugadores de ajedrez que son capaces, en las partidas de cinco minutos, de tomar con gran rapidez decisiones cualitativas, sin tener que analizar todas las variantes.

En fin, que estamos ante una disciplina nueva y emergente que intenta entender a las personas en el contexto de sus redes sociales en lugar de considerarlas como individuos aislados. Y su primera conclusión es que gran parte de la conducta humana es automática o está determinada por procesos inconscientes.

Se trata de un factor muy importante en las organizaciones, tanto en los ámbitos de gestión como del control. En España, Luis Barrio ha trabajado en los últimos años, la línea de la auditoría emocional, analizando su influencia sobre los aspectos esenciales del control interno, la necesidad de trabajar en colaboración y cooperación, con la capacidad de negociación en la resolución de conflictos y la gestión del cambio.

Los directivos sobreviven en las organizaciones con un adecuado equilibrio de conocimientos y habilidades. Conocimientos técnicos vs. habilidades relacionales, ha sido siempre el dilema, que últimamente vienen ganando estas últimas. Nos recuerda Jorge Juan Fernández que con el tiempo perderán peso los conocimientos concretos, en una sociedad con exceso de información. Incluso apunta los cinco saberes críticos para las próximas décadas.

Antonio López Hernández, en su conferencia

Las memorias de sostenibilidad son informes voluntarios que pretenden comunicar a todos los Grupos de Interés tanto los compromisos de la organización respecto del Desarrollo Sostenible, como sus logros, detallando los resultados de las actuaciones en los ámbitos Económico, Medioambiental y Social, en lo que se conoce como “triple cuenta de resultados”. Esta es la definición que el catedrático granadino, Antonio López Hernández, presentó hoy. en su conferencia inaugural de las jornadas de control de las Universidades Públicas españolas, que se celebran en la Universidad de Granada, hoy y mañana. 

De manera análoga al sector empresarial, algunas organizaciones del sector público tratan de ir más allá del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, con la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparente con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones.

De las reflexiones del ponente  destaco las siguientes:

- La memoria de responsabilidad social (RS) no debe ser un publirreportaje sino una rendición de cuentas clara de todos los aspectos relevantes para los grupos de interés.

- La memoria RS es un instrumento de información y comunicación. Por desgracia, la universidad hace muchas cosas que no se comunican.

- La memoria RS es una herramienta de mejora de la gestión, puesto que facilita un conocimiento mayor y más sistemático de la organización.

- Es un elemento esencial para la credibilidad de la institución y la confianza de los grupos de interés y de la sociedad.

Entre las dificultades de realización, Antonio López mencionaba:

- Coste de elaboración de las memorias en un marco de recursos limitados

- La formación en los cuadros del sector público

- El coste de la verificación externa de la información.

- La escasa disponibilidad de la información, especialmente de los indicadores.

Estructura de una memoria tipo

El ponente propone la siguiente estructura:

DECLARACIÓN DEL MÁXIMO RESPONSABLE

PERFIL ORGANIZATIVO

RECURSOS (Oferta Formativa, Recursos Humanos, Recursos Materiales y Tecnológicos, Información Económica)

COMPROMISO CON EL ALUMNADO (Evolución Demanda Formativa, C. Desarrollo Profesional, C. Innovación Docente, C. Competencias y Valores, C. Integración, C. Participación e Implicación, C. Movilidad, C. Rendimiento Proceso Formativo, I. Satisfacción)

COMPROMISO CON EL PERSONAL (C. Formación, C. Asignación Eficiente de Recursos, C. Igualdad, C. Carrera Profesional, C. Conciliación Vida Laboral y Familiar, C. Acción Social, C. Mejora del Clima Laboral, C. Mejora de la Salud)

COMPROMISO SOCIAL (C. Inserción de los titulados, C. Proyección de la Cultura, C. Deporte, C. Sociedad Civil Organizada, C. Valores Sociales, C. Cooperación al Desarrollo, C. Mayores, Opinión de la Sociedad)

COMPROMISO AMBIENTAL (Política y Gestión Medioambiental, C. Reducción Consumo Energético, C. Reducción Consumo de Agua, Gestión de residuos, C. Reducción de la Contaminación Acústica, C. Reducción de la Contaminación, Atmosférica, Sensibilización e Investigación Ambiental, Cumplimiento de la Normativa, Espacios Naturales)

COMPROMISO CON EL SECTOR EMPRESARIAL Y LAS INSTITUCIONES (C. Colaboración Empresarial, C. Transferencia de Conocimientos e, Investigación)

COMPROMISO CON LA MEJORA CONTÍNUA (C.Atención de sugerencias y resolución de Conflictos, C. Evaluación)

No todo va a ser estudiar .....

Hoy participé en Gijón en el seminario “Las Administraciones Públicas: Viejos problemas y nuevos retos” dentro del panel titulado “Corrupción, transparencia y democracia. El control de los ciudadanos sobre la política” donde compartí mesa con el magistrado José Ramón Chaves (“Sevach”) y el profesor de Ciencia Política, Fernando Jiménez Sánchez.

He hablado del decisivo papel de Internet como herramienta de transparencia y pasado revista a su aplicación en determinadas áreas de vital importancia.

En la contratación: La ley de contratos del sector público crea el Perfil de contratante para facilitar el acceso público y directo a la información sobre todos los contratos del sector público, cualquiera que sea el Órgano de Contratación. También contamos con una reciente regulación del registro de licitadores con efectos frente a todos los órganos de contratación del sector público y de acceso público a través de Internet, en la dirección electrónica http://registrodelicitadores.gob.es

En el urbanismo: La Ley del Suelo de 2007 incorpora la obligación de las administraciones públicas de poner a disposición de los ciudadanos por medios telemáticos tanto el texto en vigor de los planes urbanísticos como el anuncio de sometimiento a información pública y otros trámites relevantes para su aprobación. Su eficacia futura está por contrastar, si bien parece la estrategia política adecuada para combatir la información privilegiada y la especulación.

En rendición de cuentas a la ciudadanía tenemos actuaciones aisladas: el Plan E con su detalle en mapa de las actuaciones. Sin duda una línea a seguir en todas las Administraciones Públicas. En EEUU, el seguimiento del Plan Paulson de Inversiones, impulsado para hacer frente a la crisis económica, en todos los Estados, permite un procedimiento gráfico con mucha calidad, que marca el liderazgo en rendición de cuentas, aportando junto a los aspectos divulgativos de las obras, los informes de auditoría.

En este sentido, debemos recordar que en el Reino Unido, el nuevo gobierno Cámeron dará ejemplo con la publicación de todo el gasto público estatal y local, partida por partida. También está previsto liberar los datos en la red con los nombres, puesto que desempeña, sueldo y dietas de todos los altos cargos y funcionarios del escalafón medio y alto. Todo ello disponible en un formato abierto (“Excel mejor que pdf”) para que pueda ser reutilizado por terceros.

Zonas opacas del gasto público

Sin embargo, todavía quedan zonas opacas hasta para los tribunales de cuentas. Por ejemplo, muchos países esconden los gastos parlamentarios o de las Jefaturas del Estado. En Francia, en 2007 Sarkozy anunció que acabaría con dos siglos de opacidad en los gastos de la Presidencia de la República pidiendo al Tribunal de Cuentas que le fiscalizase con regularidad. Un político con visión debería saber que esta decisión tiene un coste, aunque muchos más beneficios. Por lo pronto, el gesto le ha costado el reembolso, el año pasado, de 14.123 euros de gastos privados. Casquería fina para la canallesca y la oposición, pero todo un excepcional ejemplo que deja en evidencia a sus colegas. También una cierta autocrítica por la transparencia de los gastos en España de Casa Real o de las Cortes Generales y parlamentos autonómicos, que la legislación financiera deja al margen de la fiscalización externa.

Por cierto, el informe de auditoría mencionado detectaba que El Elíseo no promueve la concurrencia entre los contratistas habituales. Por ejemplo: que año tras año, los mismos proveedores participen en la recepción de la fiesta nacional o que se abastezca en la misma carnicería desde 1969.

EEUU avanza pero no llega

Las auditorías de la Government Accountability Office (GAO) de EEUU dejan en evidencia la opacidad de gran parte del presupuesto norteamericano. Sin ir más lejos, en la primavera de 2010, la GAO hacía público su informe anual  sobre las cuentas públicas federales correspondientes al ejercicio 2009, concluyendo que no podía emitir una opinión sobre los estados financieros consolidados del gobierno federal debido a importantes limitaciones y, sobre todo, a la debilidad generalizada de su control interno.

Aunque, para los auditores los avances son dignos de elogio, el Departamento de Defensa sigue dominando la lista de los programas de alto riesgo designados como vulnerables al fraude y la mala administración. Así, de los 24 principales departamentos y agencias federales, cuatro relacionados con la seguridad –el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y la NASA- no recibieron una opinión limpia de sus estados financieros.

Portugal: transparencia de los planes contra la corrupción

En Portugal, desde 2008 de años existe el Consejo para la Prevención de la Corrupción, que es un órgano administrativo independiente que trabaja “con” el Tribunal de Cuentas de Portugal para la prevención de la corrupción y los delitos conexos.

Con un coste de funcionamiento mínimo, mantiene una orientación preventiva de la corrupción activa y pasiva. Todos los organismos y empresas públicas portuguesas, de ámbito estatal, regional y local, están obligadas a proporcionar la información que les sea solicitada y debieron aprobar, antes del 31-12-2009, unos “planes de prevención del riesgo de corrupción y delitos relacionados”. Se trata de una iniciativa pionera en el mundo de la gestión pública.

Además, el Consejo había determinado los puntos comunes que todos los planes deben contener. Por lo tanto, cualquiera que sea la naturaleza de la entidad, los planes deben identificar todas las áreas y departamentos con riesgos de corrupción y delitos conexos, con indicación de las medidas para prevenir y mitigar su ocurrencia, con especial atención a los mecanismos de segregación interna de tareas, la rotación de los administradores, entre otros y la definición de los principales implicados en el plan de gestión. Por último, las entidades deberán elaborar un informe anual sobre la aplicación y ejecución de los planes.

Como la transparencia es la mejor manera de luchar contra la corrupción, el Consejo para la Prevención de la Corrupción decidió, en su reunión del 7 de abril de 2010, recomendar a los órganos rectores máximos de Entidades y empresas públicas portuguesas anunciar en su respectivo sitio web, el propio plan de prevención de riesgos de la corrupción. El propio tribunal portugués, como Entidad pública que es, aprobó el suyo.

Brasil: museo virtual de la corrupción

Para terminar una experiencia brasileña que mezcla humor y crítica: una página web dedicada a los escándalos de corrupción que es verdadero museo virtual de la corrupción. Impulsado por un periódico brasileño, Diário do Comércio, el MuCo obtuvo el 9 de diciembre pasado (Día mundial contra la corrupción) el premio periodístico a la “Mejor contribución a la prensa en 2009″.

El recorrido virtual y la exposición itinerante (ver video) termina en la tienda “institucional” del museo, donde el visitante encontrará souvenirs como camisetas, aparatos de escucha, maletines e incluso sobornos virtuales. Se está trabajando para crear un Wiki a través del cual los lectores pueden enviar denuncias y comunicaciones.

Asistentes a las Jornadas

La Letrada Pilar López moderando el debate

Alejandro Nieto en su conferencia

La semana pasada participé en el Máster en Dirección y Gestión de Instituciones de Enseñanza Superior de la Universidad de Extremadura, dentro del módulo relativo a la gestión económico-presupuestaria de las universidades públicas. Una experiencia enriquecedora hablar ante un eminente grupo de profesores e investigadores preocupados por la administración universitaria. 

Las universidades son Administraciones complejas, con gran número de centros de responsabilidad y una amplia desconcentración en multitud de Unidades de Gasto asentadas en un año académico que es distinto del presupuestario.

Desde el punto de vista económico, esta gestión desconcentrada consiste en la asignación de mayor autoridad a los gestores de centros de coste para permitirles emplear los recursos con mayor libertad. Combina la cesión de una mayor autonomía de gestión con la exigencia de rendición de cuentas, así como la necesidad de una mayor dedicación de tiempo a labores de gestión por parte de los académicos.

Por eso debemos elogiar que el profesorado de la Universidad de Extremadura reciba anualmente esta formación superior en gestión universitaria, máxime cuando muchos de ellos son, han sido o serán cargos académicos, con ineludibles responsabilidades económicas. Los procesos de desconcentración de funciones (y sus gastos) favorecen la participación y está especialmente recomendada para organizaciones como las universidades: grandes y complejas, autorreguladas y con trabajadores del conocimiento, de alta cualificación profesional, para acrecentar la responsabilidad, la motivación y la productividad.

Existe consenso en la doctrina organizativa sobre las ventajas de eficacia y eficiencia, información de las prioridades, flexibilidad, ahorro de costes, innovación y rapidez del acercamiento de las decisiones tanto a los protagonista de su ejecución como a los destinatarios de las consecuencias. Pero exigen en contrapartida una amplia y permanente formación práctica.

La Universidad española, como la europea, afronta en los últimos años un imparable proceso de acercamiento al mercado en múltiples frentes y con diversa velocidad de crucero. Desde el gerencialismo de sus directivos, la gestión competitiva de la docencia o la investigación, en un marco de caida de alumnos, de subvenciones y restricciones financieras. Una tendencia clara aunque no pacífica en el mundo académico, en el habitual marco de la lucha generacional. 

Esta evolución, que se va imponiendo paulatinamente, tiene como detractores a respetados y venerables académicos que ven en estas ideas el fin de un romántico ideal de servicio público que, sencillamente, desapareció con la llegada de la Universidad de masas y la globalización.

El eminente profesor González Navarro, en un entrañable artículo (“La universidad en la que yo creo”, en descarga libre) escrito en la Revista de Administración Pública, en homenaje a su colega Alejandro Nieto, expresa sus convicciones sobre la Universidad y su cotidiano quehacer: “una especie de confesión pública de mi credo universitario, «desde la última vuelta del camino»” dice al jubilarse. Entre ellas, la crítica a ese gerencialismo: “sólo quienes miran la Universidad con ojos de mercader pueden creer que aquélla es una empresa cuyo cliente es el alumno”. El ilustre administrativista califica estas ideas de disparate que asocia a la decadencia y muerte de nuestra cultura occidental concluyendo “si los mercaderes de una y otra obediencia se adueñan de la Universidad y la ponen a su servicio tendríamos que certificar la defunción de esa Universidad en la que yo creo y sigo creyendo”.

El escenario no es nuevo, aunque a España ha llegado con casi un siglo de retraso. Lo denunciaba, en 1918, el sociólogo institucionalista, Thorstein Veblen, acusando a los rectores nortemericanos de tenderos:

“Es una pauta no escrita y de la que pocas veces se habla, pero que subyace bajo la política académica universitaria, que las distintas universidades compiten por el comercio de educación vendible, más o menos de la misma manera que los establecimientos rivales en el comercio minorista compiten por sus clientes” (The Higher Learning in America:  A Memorandum on The Conduct of Universities by Businessmen).

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Nuestra universidad reformada se caracteriza por la condición participativa y plural de sus órganos de decisión, la inmediatez de su gestión, su amplia desconcentración de funciones para hacer frente a un entorno globalizado marcado por la competición, el dinamismo y la incertidumbre.

La Universidad es una organización que obtiene una producción conjunta, un output múltiple e inseparable: docencia e investigación Una empresa de servicios multiproducto caracterizada por la intangibilidad de la prestación, por la simultaneidad de prestación y consumo así como por la heterogeneidad de las demandas de sus usuarios/clientes.

Se acepta como premisa que la docencia es la función principal de las universidades. En la actualidad y dentro de lo que se denomina la “educación de masas”, las universidades dedican la gran mayoría de sus recursos a los programas docentes. Sin embargo, uno de los mayores problemas que tiene la enseñanza superior en Europa es el gran número de alumnos fallidos. Además, está la incapacidad de las universidades para atraer buenos estudiantes y un cierto desinterés por ofrecer un servicio atractivo. El problema se ha intentado corregir mediante los modelos de financiación basados en resultados.

El sistema universitario español se cimienta en torno a la idea de no introducir diferencias entre los estudiantes, que -además- se matriculan en el centro más cercano al domicilio familiar. Con ello tampoco se crean demasiadas diferencias de calidad entre universidades, impidiendo que ninguna destaque en especial ante la indiferencia, salvo raras excepciones, por el producto universitario final: el graduado. Es verdad que algunas universidades (pocas) llevan a cabo iniciativas innovadoras: licenciaturas en inglés, dobles titulaciones, implantación de campus en el extranjero o estudios compartidos con otras universidades europeas o norteamericanas.

En nuestro ordenamiento jurídico, la investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador de las Universidades (artículo 40.1 de la LOU) al que se permite dedicar gran parte de la jornada laboral. En todos los países occidentales la investigación se va sistematizando, convirtiendo sus universidades en más competitivas, más orientadas en lo comercial y más estratégicas. Introducen prácticas y valores de gestión que chocan con las estructuras tradicionales. Los nuevos clientes son las Cámaras de Comercio, las PYME locales, las asociaciones de empresarios, el Ayuntamiento…

Resulta muy difícil impregnar de una cultura del coste a las actividades universitarias, tradicionalmente acostumbradas a la financiación pública, de precios subvencionados y centradas en el corto plazo. Sin embargo, un amplio sector ciudadano opina que la única solución viable a largo plazo para las universidades es la dirección de las mismas como empresas reales del mundo comercial: considerar al alumno como un cliente y recoger un superávit en todo el trabajo que llevan a cabo. Algo muy dificil en una organización tan poco proactiva y que -además- es una Administración Pública.

Durante el mes de agosto, hemos recibido 9.154 visitas que consultaron 15.055 páginas de esta bitácora. Procedían de 454 ciudades distintas en 50 países. Dejamos constancia de nuestro modesto ejercicio de transparencia, como todos los meses.

A mediado de agosto, el diario El País filtró un avance del contenido del anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los ciudadanos a la Información Pública, que el Gobierno pretendía aprobar días más tarde y del que no se ha vuelto a saber más. Una buena forma de dar ejemplo para un texto con un nombre tan noble.

La nueva Administración debe aprender a vivir en ese entorno de transparencia. Un requisito que dentro de poco serán tan necesario como la honestidad. Porque los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, si no pueden acceder a la información con facilidad a través de Internet, no creerán en las instituciones. No está de más recordar que este año hemos conocido que los españoles pensamos que los políticos son uno de los principales problemas del país.

Muchas Entidades simulan practicar esa transparencia pero cuando un ciudadano quiere saber lo que cobra un alto directivo o los gastos de representación de un organismo oficial, comienzan las dificultades. Se complica la información atrapándola entre vocabulario técnico, alusiones farragosas y referencias múltiples a otras páginas y documentos.

Con frecuencia se argumenta la protección de datos o la intimidad personal para poner trabas a los ciudadanos que se interesan por detalles urbanísticos o de contratación pública para impedir el acceso a la información que obra en poder de los poderes públicos. La curiosidad inicial se disipa y los ciudadanos alejan su mirada del complejo y extraordinario compartimento estanco, en que consiste la Administración española.

La primera de las reglas de Sir Humphrey para la supervivencia de la burocracia, en el libro “Si, Ministro”, es mantener el secreto administrativo: “Señor, si los ciudadanos no saben lo que está haciendo, no se darán cuenta de lo que hace mal”, aconseja el Secretario Permanente. Sin embargo, otra función pública es posible.

Para reconciliarme con la buena Administración, de vez en cuando echo un vistazo en la red a los gastos de la Auditora General de Canadá, Sheila Fraser. Una exótica curiosidad, lo reconozco. Esa institución de control da ejemplo publicando en su web corporativa los gastos protocolarios y de viaje de sus Altos Cargos. Cuando, por ejemplo, invita a un desayuno a unos parlamentarios, deja constancia pública de las características de esos gastos. Hasta los cafés convidados. Cuando Sheila viaja a una reunión profesional, con cargo a su institución, los gastos devengados también son publicados en la web: avión, dietas, alojamiento, taxi, teléfono y garaje del hotel, puede consultarse en su portal.

En la época burocrática, los tribunales de cuentas eran el órgano encargado de certificar esa transparencia. Fiscalizaban los gastos e ingresos de una Entidad emitiendo un informe al respecto. A veces se proporcionaban jugosos análisis de legalidad, anexos con datos o estados que permitían evaluar la conducta del gestor. De ahí las fuertes presiones para influenciar al intermediario y participar en su designación. Hoy, un sector de la ciudadanía entiende que esto no es suficiente y quieren conocer directamente y en tiempo real qué hacen las instituciones.

Internet aumenta el control democrático y permite ejercer un tipo de supervisión desconocida hasta ahora, una especie de vigilancia intuitiva sobre las acciones de nuestros representantes. Sin embargo, siguen siendo necesarias las instituciones de control interpuestas. La necesidad de criterios técnicos sigue estando presente en la labor fiscalizadora, ya que la complejidad y el nivel de profundidad requeridos para evaluar el gasto público, sería imposible de alcanzar de una manera eficaz sin profesionales cualificados. Aunque el ciudadano medio está cada vez más capacitado para moverse por si mismo en los laberintos administrativos y financieros.

Para terminar, debemos recordar que el nuevo gobierno británico dará ejemplo con la publicación de todo el gasto público, partida por partida. También está previsto liberar los datos en la red con los nombres, puesto que desempeña, sueldo y dietas de todos los altos cargos y funcionarios del escalafón medio y alto.

Hay algo ácrata en la red. Con todo, lo más avanzado en ese tema es la apertura pública de los registros tributarios de todos los contribuyentes noruegos, como hemos comentado aquí.

Durante los días 23 y 24 de septiembre, la Universidad de Granada acoge la edición correspondiente a este año 2010 de las Jornadas de Auditoría y Control de las Universidades. Se trata de una foro donde los funcionarios del área económica de las Universidades Públicas españolas pasan revista a los principales temas de la gestión financiera del sector.

Así, el responsable de la Oficina de Control Interno de la Universidad de Granada, Manuel Prados, nos ha preparado un programa que comienza con una conferencia inaugural que correrá a cargo del Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, Antonio López Hernández, que disertará sobre la divulgación de las memorias de responsabilidad social corporativa en universidades. Un tema de gran actualidad en el que la Universidad  debería estar en la vanguardia. El ponente está propuesto como presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Después vendrán cinco módulos sucesivos a cual más interesante, a cargo de académicos o responsables de la gestión universitaria: los modelos de contabilidad analítica para el control de eficiencia y la mejora de las transparencia, las auditorías de eficacia y eficiencia, la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el papel de los Consejos Sociales en la rendición de Cuentas o diversos aspectos de la tensión entre la contabilidad presupuestaria y patrimonial.

La conferencia de clausura correrá a cargo del Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Helio Robleda Cabezas, ex-vicerrector de la UPNA que hablará sobre la gobernanza en la universidad pública y sus implicaciones en la transparencia de su gestión.

En fin, un extraordinario programa que permite mantener al día la red y los conocimientos de los profesionales de la administración universitaria.

Hoy he participado con Sevach en una interesante jornada del curso de verano de la Universidad de Oviedo sobre Impuestos. Se trata de una colaboración desinteresada por nuestra parte y cita obligada en la actividad que todos los años dirigen los jóvenes profesores de Hacienda Pública, Francisco Delgado y Roberto F. Llera.

De los muchos temas tratados para no dormir a nuestros atentos jóvenes, quiero destacar uno que puse sobre la mesa, en relación con la transparencia y el control social de la tributación de los noruegos en el Impuesto sobre la Renta. Allí, cualquier ciudadano puede acceder a las declaraciones fiscales de sus vecinos, del panadero al alcalde. En la noticia comentada, el periodista glosa esta práctica titulando “los porno-impuestos”, pues muchos suelen mirarlo pero nadie lo reconoce.

Noruega posee una sociedad madura, cuyo Estado del Bienestar es envidiado en todo el mundo. Para sostener el alto nivel de servicios públicos, los nórdicos abrieron sus registros fiscales a cualquier interesado. Primero en papel y ahora con Internet se acreceinta el control democrático. Sus mayores usuarios son los periodistas, convertidos en verdaderos sabuesos de la inspección tributaria.

El registro puede consultarse en casi todos los medios digitales noruegos. Un ejemplo puede ser el de la corporación de medios públicos, NRK. Si se combina esta información con otras la cantidad de información llega a ser enorme; el usuario tiene acceso a una herramienta que permite descubrir dónde vive la gente, con mapas detallados y fotografías de sus casas. En este sentido, el periódico sensacionalista Dagbladet permite a sus lectores comparar su nivel de ingresos con el de sus amigos de Facebook. Y este programa también puede instalarse en iPhone.

Se dirá que en España esta información “on line” podría facilitar el trabajo a los desaprensivos o a los terroristas. Ese debate se superó en Noruega, hace tiempo. Aquí está empezando, pero coincide con un momento de baja recaudación y no vendría mal avanzar por esta senda ¿Qué opináis?

Los jóvenes asistentes estuvieron poco habladores. Uno me preguntó si realmente en la Sindicatura somos independientes. Gracias: es un buen baño de humildad asistir y tener que justificar el trabajo.

El pleno del Tribunal de Cuentas de España, en sesión 29 de abril de 2010, ha aprobado el Informe de Fiscalización de la Planificación y el Desarrollo Urbanístico de los municipios costeros de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2006.

Se trata de un informe horizontal realizado sobre los treinta y siete municipios cántabros de influencia costera y se enmarca dentro del creciente número de actuaciones de los órganos de control sobre la actividad úrbanística municipal, tanto en el ámbito económico financiero como de su conformidad con la normativa estatal, autonómica y local de aplicación.

Es un trabajo complejo que evaluó los procedimientos de control interno aplicados en la gestión de esos municipios, con el fin de determinar si eran suficientes para garantizar una correcta gestión urbanística, así como un adecuado control de los bienes y de los recursos procedentes del urbanismo. Asimismo se evaluaron las actuaciones realizadas por los ayuntamientos dirigidas a garantizar las infraestructuras necesarias para la satisfacción de la demanda de servicios públicos, analizando su oportunidad y eficacia.

Planes de ordenación

Los planes de ordenación, desde el punto de vista técnico tienen una proyección a medio y largo plazo y desde el punto de vista jurídico tienen vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión o modificación. Por ello, el ámbito temporal de la fiscalización se centró en los instrumentos vigentes en el ejercicio 2006, aun cuando su origen se remontaba a ejercicios precedentes. No obstante, la revisión del cumplimiento de legalidad y de reconocimiento presupuestario se basó exclusivamente a operaciones concretas que hayan tenido incidencia en el ejercicio 2006.

Para el Tribunal, la mayoría de ayuntamientos fiscalizados “carecen de medios para mantener estadísticas sobre usos de suelo”. Esta carencia se solventará con la implantación del primer plan estadístico de la Comunidad de Cantabria creado por la Ley 3/2008.

Para la determinación del dominio público marítimo-terrestre, y en consecuencia poder establecer los límites de las zonas indicadas y sus restricciones de uso, atendiendo a la Ley de Costas, la Administración del Estado practica los oportunos deslindes. En Cantabria, a finales de 2007 estaba deslindado el 67% de su litoral.

Asimismo el Estado, mediante otros instrumentos, y las Comunidades Autónomas, especialmente mediante instrumentos de ordenación territorial, urbanístico y medioambiental, pueden restringir las actividades que se pueden desarrollar en determinados espacios con el fin de destinarlos a usos concretos o incrementar el nivel de protección. En 2006, Cantabria tenía un índice de protección de Costa inferior a la media del territorio español (un 19,5% frente a casi un 35%) e intermedia entre las Comunidades costeras colindantes, superior a la del País Vasco (14,5%) e inferior a la de Asturias (cerca del 53%).

Conclusiones

1ª.     Tras la promulgación de la Ley cántabra 2/2001 y, especialmente tras la de la Ley 2/2004 del Plan de Ordenación del Litoral, todos los municipios costeros de Cantabria tenían la obligación de revisar su ordenamiento urbanístico para adaptarlo al contenido de las mismas. No obstante, en 2006, año al que se circunscribe esta fiscalización, solamente uno había revisado su PGOU y a octubre de 2009, solamente tres municipios disponían de PGOU adaptado.

2ª.     Todos los demás ayuntamientos costeros habían iniciado la revisión de su ordenamiento, encontrándose en diferentes momentos de su tramitación, habiendo tenido especiales dificultades para su redacción final y aprobación definitiva derivadas principalmente de:

-     Las consecuencias derivadas de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997.

-     La proliferación de instrumentos de cohesión y de protección ambiental en el ámbito de la Unión Europea y el retraso en su transposición a normativa de la Comunidad Autónoma.

-     La demora en el establecimiento de instrumentos de ordenación del territorio.

-     La existencia de determinadas sentencias sobre algunos instrumentos de planeamiento revisados.

3ª.     La revisión del ordenamiento urbanístico ha sido contratada a equipos redactores externos en todos los ayuntamientos, mediante asistencias técnicas, de cuya revisión se ha deducido principalmente:

-     Una definición del objeto del contrato muy amplia que no concretaba el trabajo exacto que tenían que desarrollar los adjudicatarios.

-     Una duración real de los contratos que, debido a las dificultades en el procedimiento, superó el máximo de cuatro años permitido por LCAP para este tipo de contratos.

-     Una dificultad para estimar el precio de licitación de los contratos.

-     La utilización de criterios de selección de los adjudicatarios que valoraban preferentemente las condiciones del equipo redactor respecto de las del trabajo a desarrollar.

-     Una ejecución de los contratos que superaba las previsiones iniciales y que obligó a realizar modificaciones y trabajos complementarios, con una elevación del coste, destacando seis ayuntamientos.

4ª.     El gasto, a octubre de 2009, por todos los trabajos de revisión del ordenamiento ascendía a 8,5 millones de €. El Gobierno regional financió una parte de los contratos iniciales pero no de las modificaciones ni de los complementarios, siendo su participación de 0,8 millones de €.

5ª.     Los ayuntamientos no disponen de estadísticas o de datos agregados suficientemente fiables sobre las modificaciones puntuales a su ordenamiento o sobre los instrumentos de desarrollo, por lo que no ha sido posible conocer la superficie bruta afectada por cambios de usos ni las variaciones en edificabilidad, en su caso. Asimismo, no disponen de medios para su realización, estando previsto en el Plan Estadístico del Gobierno de Cantabria para 2009-2012 la elaboración de estadísticas sobre vivienda y sobre usos de suelo e infraestructuras, entre otras.

6ª.     En 2006, en los ayuntamientos del litoral se aprobaron definitivamente dieciocho modificaciones puntuales destinadas a facilitar infraestructuras, posibilitar la construcción de viviendas de protección oficial o para adecuarse a la normativa de protección medioambiental. En ninguna de estas modificaciones se aumentó la edificabilidad inicialmente prevista en el ordenamiento vigente.

7ª.     El suelo que en 2006 no se encontraba desarrollado o en ejecución, presumiblemente no se ejecutará con el vigente planeamiento, debiendo esperarse a que las revisiones en tramitación sean definitivamente aprobadas, salvo determinadas actuaciones aisladas en suelo urbano consolidado.

8ª.     La ejecución del planeamiento se ha visto afectada por la incidencia de los grados de protección impuestos por el Plan de Ordenación del Litoral y por los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, así como por la delimitación de sectores de grandes dimensiones superficiales en algunos planes, con un elevado número de propietarios implicados, que dificultan los acuerdos necesarios para iniciar el desarrollo. En 2006 sólo se aprobaron dos nuevos planes parciales y se modificaron otros dos previamente aprobados.

9ª.     La ejecución del planeamiento, asimismo, se ha visto limitada por diversas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia.

10ª.  Se han formalizado algunos convenios de planeamiento con la finalidad de adaptar los desarrollos aprobados a las medidas de protección ambiental o nuevos planteamientos urbanísticos, sin que en ninguno de los analizados se haya incrementado la edificabilidad del suelo en relación con la prevista en el ordenamiento vigente.

11ª.  Subsisten diversas sentencias de derribo que afectan a 597 viviendas, para cuya solución el Gobierno de Cantabria ha elaborado un Plan a fin de garantizar adecuadamente los derechos de los afectados y los posibles perjuicios a los ayuntamientos afectados.

12ª.  Ha sido una práctica de muchos ayuntamientos reservar una parte de los aprovechamientos lucrativos recibidos para su utilización en ejercicios siguientes, en tanto que en otros no se ha tenido en consideración que la utilización de estos recursos está restringida a los destinos previstos en la Ley que fundamentalmente son de orden urbanístico.

Recomendaciones

1ª.     La Comunidad Autónoma de Cantabria debe facilitar el proceso de adaptación de los ordenamientos urbanísticos, impulsando en primer lugar la aprobación de los instrumentos de ordenación territorial y de protección medioambiental que le compete. Por otra parte, debería impulsar la elaboración de las estadísticas en materia urbanística previstas en el Plan Estadístico 2009-2012.

2ª.     Los ayuntamientos deben determinar de forma más específica el objeto de los contratos de redacción del planeamiento, a fin de concretar mejor los derechos y obligaciones con los adjudicatarios. Asimismo, deberían utilizar criterios de selección más objetivos y basados en las condiciones y circunstancias del trabajo a realizar y no en las características del licitador.

3ª.     Los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes deberían controlar el Patrimonio Público de Suelo y, en especial, los recursos financieros obtenidos por sustitución de aprovechamientos o por enajenación de terrenos, a fin de utilizarlos exclusivamente para los destinos expresamente señalados.

4ª.     Los ayuntamientos deberían contabilizar adecuadamente todos los recursos que obtienen por su intervención en el urbanismo, en especial, las cesiones de terrenos a título lucrativo. Sería conveniente, asimismo, que distinguiesen conceptos presupuestarios distintos en función de los diferentes tipos de tasas.

5ª.     Los ayuntamientos deberían cuantificar las previsiones de ingresos presupuestarios de los recursos obtenidos por su gestión en el urbanismo con criterios de prudencia y con fundamentación suficiente que pruebe la viabilidad de su recaudación. En su caso, deberían mantener la correspondiente vinculación con los proyectos de gastos afectados y abstenerse de incluir créditos presupuestarios para proyectos de inversión para los que no se prevea la obtención de la financiación necesaria.

California dedica un 11% de todo su presupuesto al sistema penitenciario. Una cantidad mayor que la que destina a educación superior. Sus 167.000 reclusos hace tiempo que rebasaron la capacidad de las cárceles de un Estado con una gran crisis fiscal, incapaz de afrontar nuevas inversiones. El proyecto de presupuesto establece que algunos presos tengan reducciones en su seguro médico, terminen las condenas en su domicilio o reduzcan sus penas si concluyen programas de rehabilitación, como indica la prensa americana.

Se trata de un sonoro ejemplo internacional de la gran crisis presupuestaria y fiscal que está afectando a todas las Administraciones Públicas lo que en España ha planteado la necesidad de tomar decisiones con recortes generalizados. Hagamos un repaso de los daños del tsunami financiero.

El escenario español

Se plantea si tenemos suficientes recursos para financiar la Ley de Dependencia que prevé una evaluación de los resultados por si fuera necesario realizar modificaciones, transcurridos los tres primeros años de su implantación. Una norma concebida en época de cierta opulencia presupuestaria, cuya memoria económica para 2007 incorporaba 400 millones de euros de previsión de gasto y en la actualidad alcanza 1.671 millones de euros.

Mientras, el Ministerio de Sanidad y las CCAA acuerdan un paquete de medidas para recortar el gasto sanitario, que incluye la reducción del gasto farmacéutico,  creación de una central de compras o establecer “criterios comunes de retribución” de las plantillas.

Además, las CCAA multiplicaron su deuda durante el año 2009 hasta alcanzar los 86.280 millones de euros, lo que supone el 8,2% del PIB, una cifra récord tras el crecimiento del 25,8% respecto al 2008, según los datos del Banco de España. Eso sin contar el problema que supone devolver los 25.000 millones de euros que las CCAA adeudan al Estado y que deben ser devueltos tras los próximos cuatro años de moratoria y como consecuencia del ajuste entre la recaudación real y los anticipos a cuenta del Gobierno, efectuados según unas previsiones optimistas.

Un escenario que afecta a las ofertas públicas de empleo en las Administraciones Públicas, con recorte y congelación de efectivos, en el mejor de los casos. Todo confluye en un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera para reducir el déficit público. En definitiva, cobra fuerza la crítica del ensanchamiento del Estado, producido en estos años de bonanza y, en la misma medida, los defensores del gasto social público como exigencia del Estado de Bienestar.

Comienza a replantearse la presencia del sector público en muchas áreas, que empiezan a considerarse un lujo que la clase media no quiere costear, como las Televisiones Autonómicas. También avanzan nuevas estrategias de reducción de los Entes Instrumentales, buscando ahorros en los gastos de gestión descentralizada de fundaciones o consorcios. En el Estado, las empresas públicas del SEPI recortarán un 4% sus gastos de personal, un 15% de los corrientes, un 13% de las inversiones y hasta un 36% de los viajes, comidas, comunicaciones, profesionales externos y utilización de coches.

En fin, que vivimos tiempos perros, como canta Miguel Ríos.

La Asamblea del Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local (COSITAL) reunida con fecha 13 de marzo de 2010 en Toledo ha celebrado su congreso anual (ver ponencias) y aprobando la siguiente DECLARACIÓN:

Los ciudadanos tienen derecho a una buena administración, que responda a las exigencias de calidad y excelencia del servicio público, para lo cual se precisa contar con profesionales debidamente cualificados y suficientemente motivados, que cumplan con su labor de forma eficiente bajo el respeto a un código de conducta regulado; todo ello en línea con una consideración de la función pública que responde a los preceptos reflejados en el Tratado de Ámsterdam, que preconiza el acercamiento entre la administración, sus empleados y los ciudadanos destinatarios de los servicios públicos.

El colectivo profesional que integra a los y las Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local, cuenta desde 2005 con su propio Código Ético Profesional, aprobado en el marco de su VI Asamblea celebrada en Salamanca, en la convicción de la necesidad de un modelo de actuación profesional homólogo al de otros países europeos, en línea a su vez con los principios éticos y de conducta emanados del Código de Buena Conducta Administrativa aprobado por Resolución de 6 de septiembre de 2001 del Parlamento Europeo.

Los principios que inspiran este modelo de actuación se han trasladado al texto de reforma de los Estatutos Generales de nuestra Organización Colegial, actualmente a la espera de su aprobación por los poderes públicos, culminando así su adecuación a las modificaciones operadas en la Ley de Colegios Profesionales para su adaptación a la Directiva de Servicios, avanzando así en la consolidación de nuestra capacidad de representación y representatividad institucionales.

Por otra parte, la eficacia y la eficiencia en la actuación de los poderes públicos en el complejo entorno del siglo XXI han de obedecer ineludiblemente:

- Al aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para hacer posible el triple acercamiento antes aludido y posibilitar las relaciones interadministrativas como la reciente experiencia de aplicación del FEIL ha demostrado.

-  A una gestión racional del capital humano, que ha de estar compuesto por profesionales en permanente formación, bajo unas condiciones de selección totalmente objetivas que respeten escrupulosamente, y sin ambages de ningún tipo, los principios de mérito y capacidad y con una normativa que en todo caso debe garantizar la neutralidad y la objetividad en el ejercicio de su función.

Es en la Administración local donde esta complejidad se hace más patente, la autonomía local permite adoptar, en aras del mejor servicio a los ciudadanos, múltiples formas de gestión de las actividades públicas, que unidas al crisol de  realidades de las entidades que la componen, configuran un mapa en el que deben adecuarse las antedichas exigencias de eficacia y la eficiencia, especialmente a los pequeños y medianos municipios.

Es este el nuevo marco de ejercicio de la función pública que define nuestro entorno profesional y frente al que hemos de reiterar el compromiso de servicio a los intereses públicos de los y las Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local, manteniendo una conducta profesional que se rija en todo momento por el cumplimiento de valores éticos de actuación basados en la neutralidad política, defensa de los valores democráticos, lealtad, honestidad, honradez, imparcialidad, eficacia, eficiencia, profesionalidad, dedicación, justicia, transparencia, cumplimiento de la legalidad, respeto a los derechos humanos, orientación a la ciudadanía, colaboración, información, diálogo y resolución de conflictos, voluntad de trabajo en equipo, de adaptación a las nuevas demandas sociales y deseo de mantener una continua formación, especialmente en lo que se refiere al impulso de las nuevas tecnologías y en la aplicación del modelo de administración electrónica.

La Disposición Adicional Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público configura una nueva regulación del régimen jurídico de los y las Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local, previendo un delicado equilibrio competencial entre Comunidades Autónomas y Administración del Estado que exige sin más demora un desarrollo coordinado, pues solo así se garantizará el carácter estatal de la habilitación que el legislador ha conservado respecto del modelo anterior.

Así transcurridos más de dos años de vigencia del Estatuto Básico del Empleado Público y a pesar de la existencia de diversos Anteproyectos, solo Cataluña y Galicia han aprobado normativa de desarrollo de sus competencias sobre el colectivo, además de la Comunidad Valenciana restringida a la materia de régimen disciplinario. El Estado aún no lo ha hecho respecto de sus competencias  con excepción de la Orden por la que se aprueban los títulos académicos y programas mínimos requeridos para el acceso  si bien es conocida la previsión de modificación de la normativa básica de régimen local.

Urge afrontar tales desarrollos para que se delimite claramente nuestro espacio profesional adaptándolo a las necesidades de los gobiernos locales y de la ciudadanía.

Y urge asimismo que se hagan efectivas aquellas competencias de ejercicio directo, especialmente en materia de selección, pues su omisión materializada en un descenso del 71% en el número de plazas convocadas desde 2007,  contribuye al detrimento de la calidad de nuestras Administraciones locales y facilita la posibilidad de aparición de casos de corrupción. Los procesos selectivos deberán buscar la excelencia en la selección de los funcionarios, en lugar de la mera suficiencia de conocimientos básicos, pues solo así se garantiza el funcionamiento de la Administración y los intereses generales y el respeto de los principios de mérito, capacidad e igualdad.

Los y las Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local constituyen un activo importante en el conjunto de las Administración Pública española. No en vano el Tribunal Constitucional ha hablado de ellos como la columna vertebral de la función pública local. Es conveniente, sobre todo para los ciudadanos, que las Administraciones Públicas y en particular los gobiernos locales maximicen el uso de los recursos de que disponen.

Por ello, la Asamblea del Consejo General ACUERDA:

Primero.- Poner de manifiesto su compromiso ante los ciudadanos y ciudadanas de este país y los gobiernos locales, de orientar su actividad profesional a la consecución efectiva de la satisfacción del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a una buena administración, servida por empleados públicos debidamente cualificados, seleccionados mediante pruebas objetivas que respeten escrupulosamente, y sin ambages de ningún tipo, los principios de transparencia, mérito y capacidad;  con total profesionalidad y eficacia respetando la Ley, y que deben estar regidos por una normativa que en todo caso debe garantizar la neutralidad y la objetividad en el ejercicio de su función.

Segundo.- Efectuar un llamamiento a la Administración del Estado para que en el proyecto de Ley de nueva regulación del régimen local que se pretende abordar se reconozca expresamente que las funciones que desempeñen los y las Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local se enmarcan dentro del ámbito directivo de las Entidades Locales.

Tercero.- Manifestar a la Administración del Estado la exigencia del colectivo de Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local para que ejerza la labor de coordinación que constitucionalmente le corresponde en relación con las competencias autonómicas sobre nuestro colectivo, y para que, en ejecución del desarrollo de las competencias que le atribuye la Disposición Adicional Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público:

a) Defina de manera amplia el ejercicio de las funciones reservadas concretando las garantías mínimas en cuanto a su ejercicio.

b) Determine mediante Ley los criterios básicos para la creación, clasificación y supresión de los actuales puestos reservados, con referencia a las peculiaridades propias de los Órganos o Entidades Dependientes de una misma Corporación, las Agrupaciones de Municipios, los Servicios de Asistencia a Municipios, las Comarcas, Entidades Metropolitanas, Mancomunidades, Municipios Especiales, Entidades Locales Menores, Consorcios, etc., recuperando la figura del Secretario General del Ayuntamiento en todos los municipios.

c) Establezca con carácter general para todas las Comunidades Autónomas el porcentaje  de méritos que corresponde determinar al Estado en los concursos ordinarios de provisión de puestos reservados a la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter estatal; y las condiciones reglamentarias en que los puestos vacantes deban ser objeto de inclusión en el concurso unitario.

d) Formule la carrera profesional de los y las Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local incidiendo en la mejora de la actual promoción interna.

e) Ofrezca formalmente a las Comunidades Autónomas la posibilidad de formalizar acuerdos o convenios con el Estado, a través del Instituto Nacional de Administración Pública, o en la forma que se considere conveniente a efectos de que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, se incluyan en la oferta de empleo todas las vacantes existentes de puestos reservados a los y las Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local.

Cuarto.- Manifestar a la Administración de las distintas Comunidades Autónomas la exigencia del colectivo de Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local en orden al cumplimiento de la normativa vigente en relación con las competencias atribuidas a las mismas, y en particular que procedan a:

a) Aprobar la oferta de empleo público de los puestos que deban corresponder a los y las Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local y proceder sin demora, a través de sus órganos competentes, a la convocatoria de los procesos selectivos en número suficiente de plazas para el acceso a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, con el objetivo de cubrir las vacantes existentes en sus respectivos territorios, con el fin de cumplir el mandato legal contenido en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Prever en sus convocatorias que al menos uno de los ejercicios teóricos sea oral pues solo así se cumplirá el principio de adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público, principio que deberá respetarse en el resto de pruebas, además de incluir los temas previstos para cada Subescala en la Orden por la que se aprueban los títulos académicos y programas mínimos requeridos para el acceso.

c) Regular los procesos selectivos de manera que se establezca expresamente que el conocimiento de las lenguas oficiales en ningún caso pueda exigirse con el carácter de prueba obligatoria o eliminatoria.

d) Ejercer las acciones legales precisas para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en los concursos ordinarios de provisión de puestos de trabajo.

e) Regular el régimen disciplinario en norma con rango de Ley que atribuya en todo caso la competencia sancionadora al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma cuando se trate de faltas muy graves, y al Consejero correspondiente cuando sean graves, en garantía de los principios de neutralidad, objetividad e imparcialidad en el ejercicio de las funciones reservadas.

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El Ministerio de Educación tiene en debate público dos informes relacionados con la Universidad Pública española. Una institución que además de formar e investigar tiene depositadas las mayores esperanzas de la ciudadanía por su contribución al desarrollo económico, en una sociedad que ahora se llama “del conocimiento”.

Se abre un debate sobre cómo hacer más eficaz y eficiente nuestra Universidad y se propone reformar las estructuras del gobierno universitario, así como su financiación. Dos reflexiones que también se están produciendo en toda Europa; y no de manera pacífica.

El primero de los informes divulgados se denomina Documento de gobernanza de las universidades. El ministerio pretende “disminuir el grado de burocratización de la gestión universitaria”, una afirmación siempre sospechosa, a pesar de que se acompaña de la coletilla “actualizando los sistemas de control, seguimiento y gobernanza a los nuevos retos”.

Para su confección, el Ministro Gabilondo utilizó los servicios de la Conferencia de Rectores (CRUE, que presidió hasta su nombramiento el año pasado) y la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo, que preside Ana Patricia Botín). Ambas instituciones suelen trabajar conjuntamente en el análisis anual de la contribución de las Universidades al desarrollo económico.

El diario El Mundo recoge las declaraciones del vicepresidente de CYD, Francesc Solé Parellada: «en el fondo no hay ninguna afirmación ni niguna propuesta, vamos sacando ideas. Una manera de cambiar la universidad es cambiar la matrícula, ofrecer libertad a los universitarios. No es programático pero es un gran avance discutir, y que eso, además, lo pida la Administración ya es un compromiso».

El borrador recoge la experiencia acumulada, nacional e internacional, sobre los modelos de gobierno universitario y su reforma. Tiene una fácil lectura y merece la pena echarle una ojeada, sobre todo, los interesados en las nuevas tendencias organizativas; aunque encierra algunas incógnitas.

Así, presenta la reciente evolución de la gobernanza en las universidades con las siguientes características:

- Desregulación y autonomía creciente. Mejora en la rendición de cuentas “social” (no sólo financiera)

- Fortalecimiento de la presencia de los órganos “ejecutivos” frente a los “deliberantes”. Se habla de una mayor profesionalización de la gestión, en un mundo de académicos metidos temporalmente a administradores.

- Aumenta la presencia de miembros externos en los órganos de gobierno universitario, tanto por designación de los claustros como por los gobiernos. Pero, al fin y al cabo: externos con funciones de gobierno económico y -lo más importante- la facultad de nombrar (y destituir) al Rector o a los Decanos de las facultades, todos ellos candidatos con un perfil de gestión.

Hay toda una línea de pensamiento político-económico que opina que nuestro actual modelo de elección del rector “genera déficit”. Designación frente a elección, ese es el dilema y la presunta tendencia. Pero ¿acaso no se genera un gran déficit todos los años en la sanidad pública? Y los médicos no eligen al Consejero de Sanidad. ¿Funcionaría aquí el modelo anglosajon? ¿Lograría una Universidad más eficaz y eficiente?¿Puede diferenciarse gobierno económico y gobierno académico?

He sido Interventor y Gerente de Universidad. He conocido la dificultad de llegar a acuerdos con tantos sectores y grupos de interés del mundo académico, funcionarial, sindical, territorial o simplemente por escuelas de conocimiento endogámico. Este modelo universitario, es cierto, tiene sus defectos y consume casi todas sus energías en el ámbito interno, olvidando que tiene que competir con garantías en el contexto internacional.

El documento, propone establecer una serie de experiencias piloto, en diversas instituciones como laboratorio de pruebas ante el cambio de modelo de gobierno. Es verdad que no es preciso cambiar las estructuras todas las universidades a la vez.  Y en cualquier caso, cualquier modificación en la gobernanza de las universidades públicas debe contar con el consenso de las partes implicadas: diferentes colectivos de la universidad, autoridades y sociedad en general. Por otra parte: ¿sería oportuno acometer la tercera reforma universitaria de la década?

Muy relacionado con la gobernanza de las universidades estaría el tema de la financiación. El segundo de los documentos propuestos por el Ministro Gabilondo, y ya presentado en esta bitácora, es el “Documento de Reflexión sobre la mejora de las Políticas de Financiación de las Universidades” que gira sobre algunos aspectos sensibles como son las recomendaciones para la determinación de los precios públicos académicos o la política de becas. Se supone que en abril, el Ministerio debe darle su aprobación formal y alcanzar los compromisos en las tres bandas: Estado-CCAA-Universidades.

La Comisión mixta Congreso-Senado-Tribunal de Cuentas aprobó, el 25 de noviembre pasado, una Resolución que insta al Tribunal de Cuentas de España a repetir, al menos cada cinco años, la fiscalización del conjunto de las Universidades Públicas españolas.

El unánime acuerdo parlamentario es una de las principales conclusiones al informe horizontal realizado por el Tribunal, sobre la base del ejercicio 2003 y del que ya hemos dado cuenta en esta bitácora. Tampoco faltan voces autorizadas que manifiestan que la Universidad española rinde cuentas en muchos frentes distintos y es la única Institución nacional que presenta voluntariamente su propio informe agregado, cada dos años. 

La Comisión de las Cortes Generales, tras el debate mantenido el 28 de octubre pasado con Manuel Núñez Pérez, insta al Tribunal de Cuentas para que exija que todas las Universidades Públicas y entidades de ellas dependientes rindan cuentas en el primer semestre del ejercicio siguiente al que hacen referencia, así como a remitir la información establecida en la vigente normativa en relación con los contratos que hubieran suscrito.

Las conclusiones de la Comisión mixta Congreso-Senado-Tribunal de Cuentas valoran el citado informe como “muy útil para el conocimiento del funcionamiento de las Universidades Públicas”. Se trataba de un complejo reto que obligó a un esfuerzo de coordinación y colaboración de los OCEX que auditan a sus 47 universidades presenciales en las diversas CCAA. Un terreno siempre abonado para los conflictos institucionales y donde el Tribunal de Cuentas ejerce plenamente su papel constitucional. El senador navarro Tuñón Sanmartín reconoció que “era uno de los informes más complejos que ha tenido que realizar el Tribunal de Cuentas en los últimos años”.

El propio Núñez, en su comparecencia, entendía que este trabajo presentaba dificultades que en ocasiones no permitió ofrecer una información agregada y homogénea de la totalidad de las universidades. A los lectores interesados en el mundo del gobierno universitario le recomiendo un vistazo al Diario de Sesiones.

Así, el Diputado Adolfo González (exvicerrector sevillano) tuvo ocasión de reflexionar sobre el sistema de gobierno “De la vida universitaria a la vida parlamentaria echo mucho menos poder levantar la mano. Aquí levanta la mano quien la tiene que levantar, pero en la vida universitaria levanta la mano todo el mundo en cualquier momento”. En la organización, tuvo elogios para la Gerencia universitaria, “la duplicidad de funciones entre un cargo unipersonal y el gerente o los vicegerentes. Esto provoca disfunciones importantes, por lo que me parece muy interesante esta recomendación. Tampoco sé cómo llevarla a cabo, lo que sí sé es que desde luego hay que pensar y repensar esta relación entre el mundo gerencial y el mundo de las autoridades académicas en las universidades españolas”.

El diputado Más i Estela aprovecho para dar un revolcón a la Autonomía Universitaria: “ Muchas veces detrás de ella se esconde un yo me lo guiso yo me lo como, y no es demasiado bueno desde el punto del control del gasto público”.

El senador Tuñon pidió para el futuro que se programen más fiscalizaciones, poniendo énfasis en los procedimientos universitarios de contratación, en la gerencia, así como, “en reforzamiento de la unidad de control interno, que ya vimos en los anteriores informes y que en estos momentos se vuelve a constatar”. El presidente del Tribunal le contestó: “¿Vamos a hacer otra fiscalización horizontal? Tenemos que insistir en esta línea pero quizá sin hacer un análisis global de todos los aspectos del funcionamiento de las universidades, sino concretándonos algunos aspectos que aquí se han señalado, que pueden ir desde el control interno al sistema informático, a la rendición telemática de las cuentas, a la contratación … Los distintos informes vienen a incidir en una organización administrativa bastante deficiente, y esto es lo primero que hay que superar”.

En definitiva, la Comisión Mixta concluye pidiendo que:

“se elabore con carácter general cada cinco años un informe de fiscalización de las mismas, sin prejuicio de la realización de los informes sectoriales de las Universidades Públicas que pueda realizar con periodicidad diferente”.

Eso significaría que el próximo año tocaría una nueva fiscalización horizontal del conjunto de las universidades, en un escenario de restricción presupuestaria, con todas las consecuencias en las plantillas, el Espacio Europeo de Educación Superior o los nuevos modelos de financiación.

Peticiones al Gobierno español.

La Comisión insta al Gobierno a que:

1. El ministerio de Educación, en coordinación con las Consejerías de los Gobiernos Autonómicos competentes en Universidades, acuerden que en los modelos de financiación correspondientes a todas las universidades, le den más relevancia a la financiación asignada a actividades y resultados en cada una de las funciones. A tal efecto las universidades deberán contar con un Plan Estratégico donde la definición de objetivos, instrumentos y medios queden debidamente precisados en su desarrollo temporal. Dicho Plan recogerá igualmente las líneas institucionales de investigación que cada universidad establezca. Para ello, las universidades deben mejorar y diferenciar, de acuerdo con las competencias profesionales, la asignación de las funciones de gestión en el ámbito de la Institución.

2. Las Universidades limiten el número de entidades de ellas dependientes bajo diferentes formas jurídicas a las que resulten de estricta necesidad, de modo que la gestión pública por ellas desarrollada no pueda verse afectada por una reducción de los mecanismos de garantía y controla a los que debieran estar sometidos. Las universidades deberán rendir cuentas consolidadas de todo el grupo de entidades con las de la Institución universitaria

3. El Ministerio de Educación, en coordinación con las Comunidades Autónomas y con el Consejo de Universidades, acuerde la implantación de un Plan de Contabilidad en todas las universidades que permita un tratamiento uniforme y un análisis comparativo de la actividad desarrollada en todas las Universidades Públicas, así como la implantación de una contabilidad analítica que facilite el seguimiento y evaluación de su actividad ordinaria, su actividad docente en cada una de las especialidades académicas y de su actividad investigadora.

4. El Ministerio de Educación elabore y publique periódicamente información detallada sobre el excedente de capacidad disponible de la oferta de las enseñanzas universitarias.

5. Las Universidades, en colaboración con las Comunidades Autónomas adecuen la oferta interna a la demanda social de las enseñanzas mediante la asignación eficiente de los recursos necesarios para la provisión de los servicios docentes, teniendo, además, en cuenta la tasa de abandono de los estudios universitarios. Asimismo, las Universidades ajustarán su capacidad productiva a la realidad de su demanda y de su capacidad financiera.

6. El Ministerio de Educación, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a través de un modelo de financiación, establezca políticas de financiación diferenciadas dirigidas a mejorar los rendimientos académicos de los estudios universitarios para acercarlos a la media de los países de nuestro entorno.

7. Las Universidades elaboren con rigor sus presupuestos antes del comienzo del correspondiente ejercicio económico, incluyendo en los mismos toda su actividad docentes e investigadora, de modo que, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales sean las menos posibles, y en todo caso, debidamente justificados y acompañados de la correspondiente financiación.

8. Las Universidades mantengan permanentemente actualizado y adecuadamente valorado el inventario de bienes, tanto en propiedad como cedidos, y que los importes deducidos del mismo coincidan con los reflejados en los respectivos estados contables.

9. Las Universidades, para la eficaz materialización de las inversiones realizadas en Investigación por las Universidades Públicas, lleven a cabo una mejora de los sistemas de información correspondientes a los recursos empleados y los resultados obtenidos de la actividad investigadora.

10. Las Universidades elaboren las Relaciones de Puestos de Trabajo, diferenciando las funciones docentes e investigadoras para garantizar de esta manera las recomendaciones expuestas por el Tribunal de Cuentas.

La situación financiera de las universidades públicas es cada vez más delicada. Durante las últimas semanas hemos asistido a una sucesión de noticias que ponían de relieve tal sufrimiento presupuestario.

Por un lado tenemos a la Universidad Complutense de Madrid, que cierra durante las Navidades para ahorrar; Por otro lado, la Universidad de Barcelona cuyo Rector clamaba en rueda de prensa: “todos nos tenemos que apretar el cinturón, pero el acuerdo de financiación se ha de cumplir“, en relación al pacto firmado el año 2006 por el gobierno catalán, que se comprometía a aportar a sus universidades 50 millones de euros el año 2008, 90 millones en 2009 y 130 millones en 2010.

Otro ejemplo es la unión de los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid para leer mañana un comunicado conjunto dirigido al gobierno autonómico y a la Asamblea de Madrid contra los recortes presupuestarios llevados a cabo para el próximo ejercicio 2010. Hoy, serán los sindicatos universitarios quienes protestarán ante la Consejería de Educación.

Retroceso

El  pacto por la educación (con su política de ayudas al estudio) y el nuevo modelo de financiación, que será presentado antes de final de año por el Consejo de Universidades, se están echando de menos. Es muy difícil alcanzar la meta de gasto que el Ministerio estableció como objetivo para 2015: el 1,5% del PIB en Educación Superior. En 2008, la inversión nacional fue del 1.35% del PIB. Sin duda, la caída del PIB (el denominador) lo ha puesto más fácil, aunque los recortes paralelos de financiación traen incertidumbre al sector .

No falta quien acuse al modelo universitario de obsoleto (por autogestionario), rígido (gasto extremadamente inelástico) o ineficiente (por proclive al gasto) pero su sistema de gobierno es el que es y no va a cambiar a medio plazo; así que tenemos la Universidad que tenemos y podemos pagar. Con estos problemas estructurales, y otros aún más graves, sigue siendo un centro de excelencia social que, como suele recordar el ilustre letrado Juan Manuel del Valle, soporta las mayores barrabasadas organizativas sin perjudicar en exceso, sino incluso potenciando, el constante crecimiento de la crema de la intelectualidad.

El caso del Parque científico de Barcelona

En muchas ocasiones la deficitaria situación ha sido propiciada por las propias instituciones autonómicas o estatales y los famosos anticipos reintegrables sin interés. Este es el caso del Parc Cientific de Barcelona, cuyo informe de fiscalización acaba de hacer público la Sindicatura de Comptes catalana, que alerta sobre la viabilidad futura de la fundación (pág. 51)  en estos términos:

“La situación financiera de la Fundación es extremadamente delicada ya que tiene un patrimonio negativo … necesita una aportación de … para poder hacer frente a los compromisos adquiridos. A la vez, esta situación puede afectar la Universidad de Barcelona”.

Últimos informes de Auditoría universitaria

Los informes de auditoría todavía no recogen la actual crisis presupuestaria. Los últimos que conocemos corresponden al ejercicio 2007, cuando las restricciones financieras todavía no se habían dejado sentir.

La próxima semana se celebra en Madrid el II Curso Auditoría y control en las universidades, organizado FIASEP. Un punto de encuentro entre auditores internos y externos para presentar las principales áreas de riesgo, así como para debatir las conclusiones de los últimos informes sobre universidades. He aquí un avance.

Navarra

La Cámara de Comptos acaba de hacer público el informe sobre la Universidad Pública de Navarra, que presenta lo que podíamos simplificar como una opinión “limpia”, a pesar de ciertas omisiones formales importantes, como no adjuntar al presupuesto la relación de puestos de trabajo de todas las categorías especificando la totalidad de costes de la misma.

En relación con la gestión de la investigación científica, destaca que, en general, la contratación del personal para proyectos de investigación se ha realizado “conforme al reglamento de contratación de personal investigador, pero en la selección de colaboradores y ayudantes de proyectos de investigación, la difusión de la convocatoria y el reducido plazo establecido para la presentación de solicitudes no garantizan suficientemente el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad en la selección de personal”.

Los Comptos entienden que “la gestión y control contable de los gastos e ingresos afectos a los proyectos y contratos de investigación es adecuada”.

País Vasco

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha publicado el mes pasado el informe de fiscalización de la actividad económico financiera de la Universidad del País Vasco correspondiente al ejercicio 2007.

En opinión del Tribunal la Universidad ha cumplido, razonablemente, la normativa legal que regula su actividad económico financiera, excepto por algunas salvedades, relativas al presupuesto, a los gastos de personal y a la contratación administrativa.

Con respecto al presupuesto, el Tribunal señala la realización de modificaciones al mismo por habilitaciones de crédito para gastos con financiación afectada e incorporación de remanentes por importe de 120 millones de euros, sin la aprobación del órgano competente. No obstante, destaca la aprobación a posteriori por el Consejo Social, de 61 millones de euros correspondientes a la incorporación de remanentes, con motivo de la aprobación del Informe Económico.

En relación al personal, se señala la falta de publicación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e investigador (en el BOPV) al tener pendiente de autorización su coste por parte del Gobierno Vasco.

Los aspectos destacados en la contratación administrativa se refieren a un contrato de licitación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, al contrato de servicios para la gestión integral de proyectos donde el servicio de arquitectura y obras no ha realizado el informe preceptivo que justifique la falta de medios personales para proceder a la contratación externa.

En relación con las Cuentas Anuales, el Tribunal considera que los estados contables presupuestarios expresan adecuadamente la actividad económica del ejercicio, con las siguientes salvedades:

-No controla adecuadamente el Remanente Específico.

-Ausencia de Información sobre las inversiones comprometidas para ejercicios futuros.

Señalar, no obstante, que el Remanente para Gastos Generales vuelve a ser negativo en 2007 motivado, principalmente, por el incremento experimentado en el Remanente Específico.

Universidades de la Comunidad Valenciana

Las universidades valencianas son objeto de fiscalización anual por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana. Este año, el informe del ejercicio 2007 puso especial énfasis en las áreas de inversiones y de contratación administrativa, que fueron fiscalizadas con mayor detalle e intensidad, con las siguientes actuaciones:

- Revisión de las modificaciones presupuestarias, así como los niveles de ejecución presupuestaria y de realización.

- Evaluación del funcionamiento de los mecanismos de control interno en relación a los gastos de inversión.

- Análisis de los aspectos esenciales de la llevanza y mantenimiento del inventario de bienes del inmovilizado.

En lo que se refiere a la fiscalización de la contratación administrativa, las actuaciones realizadas comprobaron que los procesos de contratación y tramitación de los expedientes se adecuaron a la normativa vigente, que los fondos se han aplicado a los fines previstos y que la actividad económico-financiera se había realizado conforme a los principios de buena gestión, prestando especial atención a las modificaciones contractuales realizadas durante el ejercicio.

La presencia en el mercado editorial español de la revista SERRESPONSABLE, sobre temas de responsabilidad social, corporativa o medioambiental, nos permite reflexionar sobre la evolución de las memorias en las organizaciones públicas. La publicación trata de temas de ética corporativa o desarrollo sostenible de una manera amena y moderna, lejos de planteamientos ingenuos o utópicos, en el marco de una economía del conocimiento, de la reputación y de la imagen.

Hoy los grupos de interés no se conforman con conocer aspectos financieros de las empresas y administraciones. Exigen más y mejor información corporativa, incluyendo los costes ocultos. En España, las memorias de sostenibilidad de empresas cotizadas, cada vez más rinden cuentas no sólo a los accionistas, sino a los demás grupos de interés: clientes, empleados, proveedores, medio ambiente y sociedad.

Global Reporting Initiative

Así, en 1997 nació en Holanda la Global Reporting Initiative (GRI) para ayudar a todo tipo de organizaciones a elaborar memorias en los ámbitos medioambiental, económico y social. Para ello desarrolla y difunde pautas de informes de sustentabilidad que pudieran ser comparables y aplicables de manera global.

Toda una metodología que permite medir los avances de las organizaciones en la implantación de políticas de RSE, a través del tiempo, mediante 142 indicadores, de los cuales 96 son troncales y obligatorios. Podéis descargar la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, en castellano.

Las experiencias universitarias

Vinculada a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) encontramos un interesante blog sobre el asunto. Declara como objetivos de la Responsabilidad Social en la UNED: mejorar la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad sobre el valor que aporta la UNED, así como poner en valor y comunicar los avances en ese compromiso social y mejorar la relación con los grupos de interés (estudiantes, empleados, proveedores, administraciones públicas, financiadores, empresas …).

Su Memoria 2008 es un magnífico ejemplo a seguir.

Universidades de Andalucía

El Foro de Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas mantiene una página dedicada a la Responsabilidad Social Universitaria. Allí podremos encontrar guías, memorias y buenas prácticas sobre un asunto que tanto tiene que ver con el Buen Gobierno Corporativo.

Se declaran como objetivos de la Memoria de Responsabilidad Social Universitaria los siguientes:

Promover un modelo de responsabilidad social en las universidades andaluzas, de evaluación, control y mejora de la calidad; ambientalizar la gestión universitaria (optimización en el uso de recursos y promoción de criterios éticos, sociales y mediambientalización en los sistemas de compras); definir y fomerntar la participación de los grupos de interés (stakeholders) y la comunicación interna y externa; promover la formación superior y la investagación en materia de responsabilidad social de forma transversal en los programas formativos; promover una red andaluza integrada en redes más amplias de universidades responsables; y promover el estudio, difusión y transferencia de experiencias universitarias que aporten nuevas soluciones a problemas vinculados con la capacidad de respuesta de las universidades a su entorno.

Buenas prácticas

Entre otros ejemplos europeos, se destacan las siguientes prácticas:

Memoria de Sostenibilidad Universidad de Santiago de Compostela 2006

Promoviendo un modelo de Responsabilidad Social en la Universidad de Zaragoza

Memoria de Responsabilidad Social de la Universidad de Cádiz 2007-2008

Memoria de Responsabilidad Social de la Universidad de Almería

Memoria de Responsabilidad Social Universidad de Huelva

Durante los días 29 y 30 de octubre se celebra en la Universidad de Las Palmas las XXVII Jornadas de gerencia universitaria, que en esta edición se presentan bajo el lema de “Innovación en la Gestión y Gestión de la Innovación”. Dos días para repasar los grandes retos que tienen ante sí los responsables de la Administración Universitaria.

En palabras del Gerente de la Institución anfitriona, Conrado Domínguez: “No se trata solamente de recomendar que innoven otros, es fundamental que la propia universidad sea una institución innovadora”.

Tradicional organización desconcentrada

Aquí surge una cuestión importante: ¿Cómo lograr una sana gestión en una Institución donde el término gestor alcanza a una gran variedad de personas y donde la jerarquía nunca está clara? El Rector, elegido dentro de la Universidad, se responsabiliza de “la dirección, gobierno y gestión de la Universidad” (artículo 20 de la LOU) junto a muchos órganos unipersonales (la gran mayoría no elegidos por él) consecuencia del principio participativo: decanos y directores de departamento. La desconcentración de funciones es una característica de las Instituciones de Educación Superior en todo el mundo.

El ilustre catedrático de Matemáticas de la Universidad de Salamanca, D. Diego de Torres y Villarroel (Salamanca, 1693-1770), a mediados del siglo XVIII, se desplazó a Centro-Europa comisionado por el claustro, que también le anticipó dinero para comprar libros con destino a la biblioteca. Sin embargo, el popular académico y astrólogo (predijo la fecha y modo de fallecimiento del rey de Francia) encontró más interesante adquirir, durante su periplo, cuatro esferas del mundo, una de las cuales ven en la foto adjunta.

Dicen que, al proceder a la justificación ante algún riguroso contable castellano, éste le hizo saber que el anticipo sólo permitía adquirir libros y no este tipo de material; al ciudadano de a pie, le parece inaudita la situación, pero quienes trabajamos en el sector público tropezamos con frecuencia casos análogos. El catedrático resolvió la comprometida situación asentando en los registros oficiales la adquisición de una partida de “libros redondos”. Esta anécdota, ejemplo histórico de la facilidad para eludir controles formales por nuestros doctores, se relata a los congresistas que visitan la centenaria biblioteca de la Universidad de Salamanca al mostrarles las esferas terraqueas, que pueden ver en la foto.

No se sorprenda el lector por el relato; los científicos son parte de la materia gris de una nación y su ingenio para eludir formulismos no tiene parangón en otras administraciones. Aunque en ocasiones esos controles no son tan anecdóticos y llevan aparejada una consecuencia dramática.

El Gerente

Como responsable de los servicios económicos y administrativos de una Universidad cada día más exigente en términos de rendición de cuentas o accountability, el Gerente contribuye a la dirección estratégica de la Universidad (como miembro nato del Consejo de Gobierno y del Consejo Social). En anteriores Jornadas de Gerencia he apuntado algunas de sus características.

El Gerente debe cuidar las relaciones con todos los interlocutores internos (sindicatos y organos de representación del personal) y externos, tanto de carácter público (Consejerías, Ministerios, Administración Tributaria, Intervención General) como privado (medios de comunicación, usuarios, proveedores, entidades financieras, etc.) y, por último, prestar apoyo y asesoramiento al resto de los gestores mecionados. Y si le queda tiempo deberá promover la innovación en la gestión … Si usted cree que tiene una mala universidad, sin duda tiene un mal Gerente.

Más y más rendición de cuentas

La rendición de cuentas de las Universidades Públicas españolas presenta un fuerte énfasis en la elaboración de la información económica para la representación de la imagen fiel de la entidad. Existe un consenso en mejorar la información relativa a los servicios docentes e investigadores.

El profesor de la Universidad de Zaragoza, Emilio Martín en un reciente libro que hemos comentado aquí, presentó un análisis académico de las carencias de información en las cuentas anuales Universidades públicas. El propio Tribunal de Cuentas, en un amplio informe sobre las Universidades, presentado aquí en su momento, puso de relieve la ausencia de contabilidad analítica. A pesar de las dificultades hizo un encomiable esfuerzo para calcular una estimación.

En el ámbito del Control Interno, las Universidades tienen unidades de auditoría interna integradas en el rectorado. La nueva legislación de las Universidades canarias, como desde la década pasada la Universidad de Oviedo, han hecho depender al Interventor del órgano de supervisión financiera, que nada gusta a los Rectores: el Consejo Social, donde los académicos son minoría por mandato legal. El fin último es garantizar la independencia de la fiscalización, pero también evitar un agujero presupuestario; una posibilidad cada día más probable.

En definitiva, una Universidad navegando en un mar de tensiones presupuestarias, donde la rigidez del gasto impide cualquier decisión económica razonable y efectiva. El presupuesto para 2010 va a ser un ejercicio de imaginación que pondrá a prueba las relaciones entre Universidades y los gobiernos regionales, que no podrán obviar el inicio oficial del Espacio Europeo de Educación Superior.

¿Un modelo obsoleto?

Rafael Puyol, que fue Rector de la Universidad Complutense entre 1995 y 2003, solía calificar la estructura de toma de decisiones universitaria como “orgánicamente confusa, técnicamente ineficiente” resaltando que diluye las responsabilidades y consume más energías de las razonables. No podemos pedirle más claridad a quien conoce tan bien la Universidad.

La clase política también lo sabe. Por eso, en junio pasado, los grupos mayoritarios del Parlamento navarro solicitaron a la Cámara de Comptos la realización de un informe realmente complejo: una auditoría operativa sobre el funcionamiento de la Institución Universitaria que permita “valorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos por parte de la UPNA” y aborde el análisis del modelo de gestión económica así como los costes de las titulaciones, la oferta y demanda de titulaciones y su financiación durante la década. “Ahí es nada”: un trabajo que pondrá a prueba a los acreditados auditores públicos navarros.

Con cierta frecuencia, reaparece el debate sobre el sistema de gobierno universitario. La propia Ministra Garmendia se despachaba hace un año con un titular de prensa esa guisa, reconociendo que el modelo de gobierno “estaba obsoleto”. Hasta la Directora de Universidades del Gobierno asturiano, pidió ir replanteando a medio plazo el modelo de elección de el Rector, al menos como reflexión colectiva. No es raro en una Institución que cultiva la crítica como esencia de su misión.

La Universidad Pública Española, por su naturaleza de Administración Pública independiente vinculada a las CCAA, ostenta potestades y responsabilidades, como la transparencia, la objetividad, la imparcialidad, el sometimiento al procedimiento administrativo o al derecho.

No han faltado voces pidiendo alterar su régimen jurídico transformándolas en fundaciones de iniciativa pública. De hecho, las nuevas universidades on-line tienen esta naturaleza. El asunto tiene su enjundia por el distinto rigor de todos sus controles. Así, la Sindicatura valenciana debió aclarar al parlamento regional que la gestión de Universidad Internacional Valenciana (VIU), tenía un nivel de fiscalización muy inferior al del resto de universidades públicas a pesar de financiarse con recursos de la Generalitat. La razón: es una fundación y como tal, no es fiscalizada todos los años ni con el mismo alcance que las Universidades Públicas.

Una valoración desde el otro lado

He pedido a antiguos colegas gestores (ahora fuera de la universidad) cual su valoración global de estos aspectos, desde su experiencia actual. Para casi todos la comparación es favorable. Así, Xavier Marcet, ex-directivo de la UPC y actual consultor, la universidad, en general,  “resuelve con mayor agilidad que administraciones convencionales pero sus procesos de decisión son sinuosos  y su tempo administrativo lento”. En su opinión, la gestión económica debe ser reflejo de una institución abierta, resolutiva, eficaz y a la vez transparente. “Creo -me dice-que la universidad debería proponerse liderar los procesos de administración electrónica en general incluyendo por descontado todo lo relativo a la gestión económica”. ¿Cómo hacerlo? “No encerrándose, abriendo la mente, no usando la ley de contratos siempre como excusa para no innovar, arriesgando a favor de la transparencia“.

Para Andreu Alcover, Ex-gerente de la Universidad de Isla Baleares y hoy Teniente-alcalde (Hacienda, Función Pública e innovación) en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, la comparación de la gestión universitaria con otras Administraciones “Es muy positiva. Muy importante es el grado de descentralización conseguido, entre otros motivos, por presiones del PDI para poder gestionar de manera más directa sus propios proyectos”. Sin embargo, a diferencia de otras Entidades públicas, cree que hay muchos controles a posteriori: “Es el precio de la autonomía universitaria: Consejo Social, Tribunal de Cuentas, Ocex, Auditorías …”. Cree que las divergencias en materia presupuestaria que tienen las universidades entre sí –”unas con contabilidad analítica y otras no, unas más centralizadas que otras, unas con intervención y otras no, etc”.- son una prueba de la capacidad de adaptación e innovación que tiene la Universidad Española en la gestión que en otras administraciones no sucede.

Rafael Zorrilla, que fue gerente de la Universidad Carlos III de Madrid y hoy dirigiendo SEPES, la gestión universitaria ha ido evolucionando muy positivamente: “hoy existe información en la mayoría de las universidades. Esta es quizás una de las contribuciones mas importantes que los gerentes y gestores: que se conozcan, a tiempo, los datos económicos básicos de la institución. Todo el trabajo que se haga en esta líneas es poco. La información nos hará …. ¡Responsables!” Añade: “Si has trabajado siempre en la universidad no valoras la enorme autonomía de gestión, por ejemplo, en RRHH, en gestión de tesorería o inmuebles

En su opinión, la existencia de sistemas de financiación en las distintas CCAA apoyados en indicadores ha supuesto un avance trascendental. El control del equilibrio presupuestario por la Intervención General de las CCAA se ha generalizado en los últimos años y parece que ya no existen déficits ocultos. Sin embargo, considera “decepcionante el papel de los tribunales de cuentas“.

Los claveros fueron los primeros elementos históricos del control interno, como bien saben los Ayuntamientos españoles. Una forma sencilla y práctica para garantizar la regularidad del gasto público era que el acceso a los caudales se hiciera con el consenso de otros responsables, que guardaban su propia llave de la caja fuerte, de tal suerte que se necesitaban su uso simultáneo (tres por lo general) para acceder al dinero allí depositado. Es el caso del Arca de los caudales de la venerable Universidad de Salamanca, con tres claveros y un blindaje a prueba de cualquier bandido.

He querido hacer este pequeño recordatorio histórico para iniciar una entrada dedicada al control interno en la Universidad Pública Española, que por su naturaleza de Administración Pública está sometida a unos especiales procesos de control interno. No han faltado voces pidiendo alterar su régimen jurídico transformándolas en fundaciones. El asunto tiene su enjundia por el distinto rigor de sus controles, como queda patente en esta noticia:

Así, Rafael Termes (director) en el Libro Blanco sobre el Papel del Estado en la Economía.  (1996- pág. 481) sugería reformar las Universidades Públicas (y sus órganos de gobierno: reducirlos en número, potenciar sus órganos de gestión propiamente dichos) y transformarlas en fundaciones, regidas por la legislación laboral, mercantil y civil.

Sin embargo, la Universidad pública española se configuró como una Administración independiente, vinculada a las Comunidades Autónomas, servida mayoritariamente por funcionarios públicos, puesta al servicio de la enseñanza y la investigación y con un marcado carácter burocrático.

En consecuencia, una de las servidumbres de la actual naturaleza jurídico-administrativa de las Universidades es su régimen económico financiero, del que ya hemos hablado en esta bitácora.

Seminario

En Cádiz, este jueves y viernes asistiremos a una reunión sobre Auditoría y control interno, organizada por la FIASEP y la Universidad de Cádiz. Se trata de revisar las principales áreas de riesgo con los funcionarios encargados de Gastos de Personal, Investigación y Desarrollo, Finanzas y Tributos. Tanto interventores como auditores o gestores de las respectivas funciones públicas.

Uno de los aspectos discutidos en el entramado presupuestario de las universidades públicas es la dependencia del órgano de control interno, que ya hemos presentado en la bitácora. Hay una gran mayoría de Universidades que prefiere los sistemas de auditoría interna de influencia anglosajona (ver) frente al sistema tradicional de Intervención con fiscalización previa, aunque sea limitada.

También hemos analizado el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), sobre las Cartas de Servicios en la Junta de Andalucía y del que ya dimos cuenta en la bitácora. Su metodología fue presentada por el Auditor de la CCA, Enrique González Pol (a la derecha en la foto, con Luis Barrio).

Novedades legislativas

La nueva Ley canaria 5/2009 modifica aspectos relevantes de su sistema universitario como el régimen, competencias, composición y funcionamiento de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas Canarias. En ese sentido, la Exposición de Motivos declara como objetivo establecer mecanismos más eficaces para facilitar las tareas de supervisión a los Consejos Sociales de las Universidades Canarias. Para ello, incorpora en la ley la dependencia orgánica y funcional del órgano de control económico interno o de intervención, a los propios Consejos Sociales. Esta medida complementa la ya existente relativa a la propuesta de nombramiento por el Rector de los responsables de estos órganos.

Además, incorpora dos previsiones respecto del personal adscrito a la Intervención o a la unidad responsable de control interno que desempeñará sus funciones con autonomía respecto de los órganos cuya actividad está sujeta a su control. El interventor o el responsable del control interno, además de los informes a emitir en el ejercicio de sus funciones, anualmente elaborará una memoria de su gestión, que será elevada al pleno del Consejo Social para su informe.

Por último, cuando se mantengan discrepancias con reparos planteados por el órgano de fiscalización interna, corresponderá con carácter general al rector resolverlas.

La corrupción supone un fenómeno complejo que incorpora dos caras de la misma moneda. Sector público y sector privado se unen en unos efectos que se extienden más allá de las propias fronteras nacionales. Casi siempre miramos al primero obviando al segundo ¿Qué hacen las empresas privadas para combatir estas prácticas?

El diario Público reconocía hace unos meses que la mayoría las empresas que cotizan en el Ibex 35 (22 firmas) no aclara si en 2008 han detectado prácticas no éticas entre sus trabajadores para obtener algún beneficio, como fraudes o sobornos, bien de funcionarios públicos, bien de empleados del sector privado.

La única firma del Ibex que reconocía la existencia de episodios de corrupción y los cuantificaba es Iberdrola, que cita cinco incidentes en 2008. Hubo un caso en España, que resolvió “siguiendo los cauces legalmente establecidos”; otro en Gran Bretaña, sobre el que se hizo “una investigación completa”, mientras en Estados Unidos “se han examinado seis incidentes relacionados con la corrupción: tres han sido desestimados y otros tres han requerido acciones disciplinarias”.

En el Reino Unido, la empresa Mabey & Johnson, dedicada a la construcción de puentes, se ha convertido en la primera en ser declarada oficialmente culpable de haber sobornado a políticos y funcionarios de Ghana, Angola, Madagascar, Mozambique, Jamaica y Bangladesh. El propio Sandam Husein estuvo en su nómina de corruptos. Parece la punta del iceberg, descubierta y perseguida por la Oficina antifraude británica, cuya web, por cierto, tiene edición en castellano.

Las Escuelas de Negocio son fundamentales para enseñar a los futuros líderes, aunque han recibido ya varios tirones de orejas por parte de la ONU, con el fin de mejorar la formación de los futuros empresarios en asuntos sociales, derechos humanos, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Como recuerda el newsletter ICN, en la inmensa mayoría de las escuelas de negocio se sigue dando por sentado que todo empresario ha de ser egoísta y oportunista, premisas en las que basan las estrategias de enseñanza:

Las cinco fuerzas de Michael Porter, constituyen un ejemplo de esto. Su modelo de estrategia competitiva basado en la competitividad feroz y el recelo hacia proveedores y clientes, está considerado como la Biblia de la estrategia corporativa en la práctica totalidad de las escuelas de negocio. Tampoco se habla lo suficiente sobre la creación de valor a largo plazo, ni sobre las dimensiones del servicio prestado a la comunidad. La ética y la responsabilidad son, en general, palabras inexistentes en los programas de estas escuelas. ?Los planes de estudios  han de ser modificados urgentemente, a través de la reinvención de conceptos como el riesgo financiero, la generación de confianza o la innovación.

Actualizar la legislación

En fin, en España queda mucho trabajo por hacer. El mes que viene será modificado el Estatuto del Diputado que acabará con la opacidad que rodea las actividades privadas de algunos diputados. Una iniciativa que fue avalada por todos los grupos antes del verano y que el PSOE anunció que desea promover con carácter urgente.

Este tipo de vasos comunicantes entre sector público y privado (puertas giratorias o revolving doors) supone otra práctica internacional documentada en el Informe sobre la corrupción 2009, que el Gobierno de Japón acaba de prohibir.  El llamado “amakudari” era una arraigada práctica que permitía a funcionarios nipones de alto rango jubilarse de forma anticipada para ocupar cargos en empresas privadas y agencias públicas.

Entre las tareas pendientes del Parlamento español, encontramos la semana pasada, en el diario Expansión, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) reconvino esta semana a España por no haber trasladado a tiempo a la legislación nacional la normativa comunitaria sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la Directiva comunitaria 2006/70. Los Estados miembros debían tomar medidas como muy tarde el 15 de diciembre de 2007.

Como complemento grotesco a la anterior entrada, hemos querido presentar nuestra particular Olimpiada de la Corrupción, con las múltiples noticias de la crónica de la actividad corrupta del año 2009. La medalla de oro la lleva el ex-responsable del aeropuerto de Pekín, que fue ejecutado durante el mes de agosto, condenado a muerte por corrupción.

Li Peiying, de 60 años y ex director general de Capital Airports Holding (CAH-gestionaba 30 aeropuertos y más de 38.000 empleados) había aceptado sobornos por valor de 3,9 millones de dólares entre 1995 y 2003. Lógicamente, no podrá recoger el trofeo, por imposibilidad material y temporal.

Plata para Taiwan

El segundo puesto se va también para el oriente. Este mes de septiembre, un tribunal de Taiwan condenó a cadena perpetua al ex presidente Chen Shui-bian (2000-2008) por corrupción. Según explicó un portavoz judicial, se trata de una pena motivada por “el grave daño que le ha hecho al país”.

Al ex presidente se le culpa de malversar 2,15 millones de euros de un fondo especial controlado por el presidente. ¿Algo más? Si, también por aceptar sobornos de al menos 6,16 millones de euros, dinero que lavó en un banco suizo. Todo muy limpio. No podrá recoger el trofeo, ni su mujer )que también está cumpliendo la perpetua) ni ninguno de sus 13 familiares y colaboradores imputados, incluido el hijo, que fueron condenados a dos años y medio de prisión, ni el joven político colaborador Ma Yung-cheng, que cumplirá 20 años de cárcel.

Bronce para el Reino Unido

Por su parte, la medalla de bronce se la otorgamos a la auditora KPMG, que descubrió en las cuentas la Agencia de Desarrollo de los Juegos Olímpicos de 2012, dependiente del Ayuntamiento de Londres, un agujero de 118 millones de euros. Han sido suspendidos dos funcionarios, que tenían entre sus competencias la adquisición de terrenos para la construcción del Parque Olímpico en Stratford, en el este de Londres.

Según publicaba en junio pasador el diario «The Times», la Agencia no había reservado entre 70 y 118 millones de euros para indemnizar a las 193 pequeñas y medianas empresas que debían abandonar los terrenos. Los contratos suscritos estipulaban una indemnización de un millón de libras por acre, pero cuatro años después todavía quedan pendientes de pago 72 reclamaciones y, al parecer, el dinero se ha evaporado. Creemos que podrán recoger el trofeo, habida cuenta de su libertad de movimientos.

Un Diploma para España

El equipo español no ha podido reeditar anteriores éxitos del choriceo y ha tenido que conformarse con un meritorio diploma que se va para Baleares:

Hoy se hace pública la noticia de la condena a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación, por malversación, del ex-concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Palma. El jurado popular consideró probado que, entre 2006 y 2007, cargó a la tarjeta de crédito prevista para gastos de representación de la Empresa Municipal de Obras Públicas, de la que era presidente, un total de 52.583 euros por gastos en clubs de alterne de Mallorca y en una casa de masajes de Madrid.

La sentencia reconoce dos circunstancias atenuantes: la devolución del dinero al Ayuntamiento y su adicción a la cocaína. Respecto a la primera de las circunstancias, el abogado del condenado hizo hincapié durante el juicio que es el “único político de España que ha devuelto el dinero“, y “de manera inmediata”, subrayó.

Podrá recoger el premio porque está en libertad bajo fianza, pero deberá darse prisa porque tiene diversas causas pendientes por delitos de abuso sexual y tráfico de drogas, así como también por malversación de fondos públicos, fraude, falsedad documental y cohecho, en relación a la construcción del castillo infantil del Parque de Sa Riera cuando era concejal de Urbanismo. Un justo diploma, si.

Ayer, Transparency International presentó el Informe Global de la Corrupción 2009, que este año lleva el subtítulo “La corrupción y el sector privado”. El documento presenta la opinión de más de 75 expertos que analizan la magnitud, el alcance y las devastadoras consecuencias de la corrupción. Se complementa asimismo con 46 detallados informes de país, así como las mejores prácticas y las recomendaciones.

El acto (ver reseña en Youtube) tuvo lugar en la sede de la Fundación Ortega y Gasset, y contó con la presencia de Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional-España y D.Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política.

Corrupción 2009

El Informe documenta numerosos casos de gerentes, accionistas mayoritarios y otros actores de sociedades mercantiles que abusan de su poder para beneficio propio, perjudicando así a propietarios, inversores, empleados y a la sociedad en general. Tan sólo en los países en vías de desarrollo (y en transición) las compañías que actúan en colusión con políticos y funcionarios corruptos habrían pagado sobornos cercanos a 40.000 millones de dólares por año, según el TI.

El Informe también señala que la mitad de los ejecutivos de empresas internacionales encuestados estimaron que la corrupción elevaba al menos un 10% el coste de los proyectos. Un coste que, en definitiva acaban pagando los ciudadanos. Los casi 300 cárteles privados internacionales descubiertos entre 1990 y 2005 aplicaron a sus consumidores sobreprecios por 300.000 millones de dólares.

Lobbys e influencia política

Otro de los problemas que aborda el Informe es el modo en que el fuerte poder económico de algunas compañías y sectores comerciales les otorga una influencia desproporcionada e indebida sobre el proceso de adopción de decisiones políticas. La falta de regulación de este tipo de influencia fomenta el surgimiento de sistemas cleptocráticos y paraliza el crecimiento, como nos recuerda el mural de la Biblioteca del Congreso titulado Corrupt Legislation y firmado en 1896 por Elihu Vedder:

Las iniciativas de lobby a menudo carecen de transparencia y no se encuadran en el sistema de controles y contrapesos del que dependen las compañías para sus decisiones estratégicas. Por ejemplo, durante 2008, un tercio de las compañías incluidas en el índice Standard & Poor´s 100 exigieron que su Junta Directiva controlara los gastos con fines políticos.

El traspaso entre el sector público y el privado (puertas giratorias o revolving doors) supone otra práctica documentada en el Informe, que facilita los procesos de contratación pública fraudulentos, en los que la oferta no competitiva y la falta de transparencia generan enormes derroches y bienes y servicios poco confiables.

La cantidad y variedad de formas en que se manifiesta la corrupción en el sector privado superan ampliamente en número a las pocas empresas que efectivamente ponen en práctica sistemas destinados a prevenir el abuso de poder con fines económicos ilícitos. Según el Informe, si bien casi el 90% de las 200 principales compañías mundiales han adoptado códigos de prácticas empresariales, menos de la mitad afirmaron supervisar su cumplimiento.

En una reciente entrevista, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, David Martínez Madero, prometía actuar en materia de Urbanismo y contratación administrativa, un área clásica de la corrupción donde la prevención es el marco natural de trabajo. Además afirmó que promovería “la investigación de incompatibilidades de letrados o diputados, siempre colaborando con los mecanismos de control del Parlament“. Una nueva línea de trabajo, en efecto.

Indice de Percepción de la Corrupción 2008

El informe incluye, en la página 237, el ranking de Estados según percepción de la corrupción, desde el 10 (máxima honradez) al cero patatero (máxima corrupción) que conviene recordar.

Sobre el caso de España, hablaremos en una próxima entrada.

El titular del diario Cinco Días nos recuerda que el 78% de las grandes empresas españolas cuenta con un comité de auditoría y una dirección de auditoría interna. Además, el tamaño de estos departamentos ha crecido de forma importante en los cuatro últimos años.

Estas conclusiones se obtienen del III Estudio sobre la Situación de la Auditoría Interna en España realizado por KPMG y el Instituto de Auditores Internos para analizar diversos aspectos de esa profesión en nuestras organizaciones.  En la realización de este estudio se confeccionó un cuestionario que fue cumplimentado por 121 directivos de organizaciones de todos los sectores de actividad y de diferentes tamaños, que permitió estudiar la evolución de la Auditoría Interna con respecto a ediciones anteriores (2001 y 2004), así como anticipar las tendencias previsibles de acuerdo con las necesidades de las organizaciones y la legislación.

En las sociedades cotizadas, para cumplir con la Ley Financiera, todas disponen de un Comité de Auditoría y un 94% con auditor interno. Muchas de las no cotizadas cuentan también con ambos departamentos. La recomendación 47 del Código Unificado anima a que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión del comité de auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno. Ya hemos hablado aquí del creciente papel de estos Comités en las Sociedades de interés Público, en la reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Crecimiento espectacular

Entre 2004 y 2008 el tamaño de las direcciones de auditoría interna ha crecido en un 65%, pasando de 17 a 28 auditores de media. Este dato sin embargo, varía de forma significativa en función del tamaño de las organizaciones – siendo de 60 auditores para más de 4000 empleados y de 14 en las de menos de 1000-. También ha crecido más del 36% el ratio de auditores internos sobre el número total de empleados -pasa del 0,22% al 0,30%-.

Entre los resultados del informe destaca que la gran mayoría de las direcciones de auditoría interna dependen jerárquica y funcionalmente de los órganos de gobierno o los máximos ejecutivos. Pero los autores del informe señalan que “resulta llamativo” que esto aún no sea una realidad en el 18% de las participantes en el estudio o que no dependa funcionalmente del comité de auditoría en el 22% de las empresas cotizadas en España.

El informe también refleja que la comunicación del auditor interno resulta ser bastante fluida con los órganos de los que depende. La gran mayoría de los departamentos de auditoría se reúne con sus superiores jerárquicos una media superior a las cinco veces al año. Sin embargo, sólo un 39% de los departamentos tenían implantado un programa de garantía de calidad.

La celebración en la Universidad de Cádiz, durante el 1 y 2 de octubre próximo, de las Jornadas sobre Aspectos actuales de la Auditoría Interna en el sector público, nos permitirá  debatir y, sobre todo, homenajear a Luis Barrio Tato (ver foto adjunta) que durante estas dos décadas fue director del área de auditoría interna de la Universidad de Cádiz. Luis se jubila y quiere hacerlo impulsando este seminario, donde abordaremos un enfoque integrador de la función de Auditoria Interna, desde la perspectiva del Informe COSO, y de los sistemas de gestión de calidad, el modelo EFQM, las cartas de servicios, etc.

Esto supone una visión moderna de la función de auditoría interna, que ya hemos avanzado en otra ocasión. El siguiente cuadro resume muy bien la evolución producida durante las últimas décadas:

Esta función, que siempre ha defendido y divulgado Luis Barrio, supone la consideración del Auditor Interno del sector público no como un “perro guardián” sino como consejero independiente, inmerso en una cultura de mejora continua, que debe perfeccionar sus procesos a través del benchmarking y de revisiones entre colegas, aspirando a que sus procesos estén de acuerdo con la mejor práctica.

Este esquema de trabajo debe emplear una orientación hacia las necesidades del cliente y realizar periódicamente una encuesta formal entre los “usuarios” del departamento. Como puede observarse, se trata de una evolución del modelo Interventor, y corresponde al selecto club de las organizaciones maduras y con un elevado ambiente ético.

Quizás por esto, Luis Barrio ha defendido para la Administración Pública un modelo de informe sobre control interno con un contenido similar al de las sociedades cotizadas, centrado en la estructura de la administración de la entidad, el control de riesgos y el gobierno corporativo, como puede verse en este artículo de Auditoría Pública nº 46. Asimismo, ha trabajado durante los últimos años en una innovadora linea de investigación: los aspectos psicológicos de la auditoría. Ver, por ejemplo, El factor emocional en auditoría en Auditoría Pública nº 44.

En 1595, sir John Trevor, presidente del Parlamento Británico, fue acusado de aceptar sobornos y fue obligado a renunciar. Durante de tres siglos de agitada vida política, ningún presidente de la Cámara de los Comunes había vuelto a dimitir de su cargo.

Hace unas semanas, Michael Martin se vio obligado a hacerlo, tras el escándalo por la indebida justificación de dietas por parte de varios diputados británicos. El cese, que tendrá efectos el 21 de junio, es consecuencia de la filtración a un diario británico de documentos que probaban el llamado flipping: la costumbre de cambiar a menudo la designación de cuál es la segunda residencia para así maximizar los gastos a cuenta del Estado. Por ejemplo, el propio Martin liquidó viajes de taxi de su mujer por unas 4.000 libras, si bien en esas prácticas participaban diputados de todos los partidos políticos.

La dimisión viene acompañada de una reforma del sistema de compensación de gastos a los parlamentarios, tanto por clarificar las limitaciones (establecer un tope de 1.250 libras mensuales para pago de alquileres o intereses de hipotecas) imponiendo una mayor transparencia (todos los gastos de viaje se harán públicos trimestralmente).

La noticia pone sobre la mesa la ausencia de fiscalización de determinadas zonas del presupuesto público. Un asunto espinoso, que intenta justificarse porque tanto el Tribunal de Cuentas de España como las Sindicaturas de las CCAA “dependen” de los Parlamentos respectivos, a los que tendrían que fiscalizar.

Bien es cierto que esta dependencia no es otra cosa que una garantía de independencia frente al ejecutivo, pero es una buena excusa, aunque no se pueda utilizar para los Interventores autonómicos o locales, ni mucho menos de la IGAE, donde la dependencia funcional se distingue de la orgánica, si bien todos conocemos casos de presiones insoportables a través de esta última.

Las normas de los OCEX buscan un equilibrio institucional en la definición del ámbito subjetivo de fiscalización y la realidad de su tratamiento. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, como manifestación de la autonomía parlamentaria, es competencia de la Mesa de la Asamblea la incorporación de la Cuenta de ésta a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid, sobre la cual la Cámara de Cuentas emite un Informe anual, en el que se incluye el examen de la Cuenta de la Asamblea, a la que se dedica un folio (pag. 17 del informe 2007).

En la Comunidad valenciana, la Sindicatura de Comptes se dirige todos los años a las Corts para reclamar las cuentas y ofrecer sus servicios. Hasta ahora, nunca han contestado, aunque han logrado la publicación de la Cuenta General del Parlamento en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas.

Parlamento europeo

Leyendo el duro artículo de Henry Kamen en El Mundo de hoy, te queda un mal cuerpo … Permitidme reproducir este extenso párrafo:

(…) Parece que en cinco años de servicio en el Parlamento europeo, cada diputado puede, si explota el sistema correctamente, ahorrar más de un millón de euros en su propio beneficio. Los documentos oficiales de la Asamblea, por supuesto, aportan sólo información del salario básico de cada diputado. Después de las elecciones de este junio, todos los miembros recibirán un salario de 7.000 euros al mes. Eso a algunos nos puede parecer mucho dinero, pero está lejos de ser suficiente para un eurodiputado ambicioso. Por añadidura, cada diputado puede también reclamar, durante los cinco años que está en el Parlamento, una sustanciosa asignación de 117.000 euros, otra asignación para el personal de 489.000 euros, gastos de administración de 243.120 euros, gastos de viaje de 60.000 euros y una generosa pensión de casi 400.000 euros. Esas son las cifras que dio la BBC, aunque fuentes oficiales del Parlamento europeo probablemente protestarán diciendo que las cifras no son correctas. Sin embargo, he consultado un informe alemán que ofrece cifras parecidas. (…) Casi el 80% de las transacciones que deberían estar sujetas al impuesto del IVA no muestran evidencia ni de su pago ni de exención.

El propio Kamen narra como un emprendedor grupo de rodaje alemán grabó algunos parlamentarios llegando temprano por la mañana para pedir su asignación de 298 euros por la asistencia diaria, saliendo inmediatamente sin asistir a ninguna sesión.

En fin, que metidos en el siglo XXI parece difícil explicar tanta opacidad de Sus Señorías. El exministro y diputado Jordi Sevilla recordaba ayer, también en El Mundo, que todos los códigos de buen gobierno destacan la importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas “para que se pueda evaluar y juzgar la actuación de los órganos que toman decisiones”.

No se comprende porqué la ciudadanía no puede consultar todas estas cuestiones en la red, como puede hacer con los viajes del Síndico. Una apuesta: en la próxima década, será obligatorio divulgar en Internet  las percepciones públicas adicionales de todas las autoridades.

Una versión de este artículo fue publicada en LegalToday.

La compañía Ernst & Young realiza periódicamente estudios sobre el fraude en las organizaciones. Acaba de publicar su última investigación, entre 2.250 empleados de grandes compañías europeas, en un total de 22 Estados. Las conclusiones son bastante pesimistas, respecto a la cultura corporativa.

La encuesta pone de manifiesto la falta de confianza generalizada de los empleados en los directivos. Así, un 29% de los preguntados en España no confía en que su compañía esté libre de tener un fraude significativo. En Europa, el buen hacer de los gestores queda en entredicho, pues alrededor del 69% pone en duda la integridad de éstos, y en países como Francia e Italia, sólo el 12% pondría la mano en el fuego por un comportamiento ético de sus directivos.

Además, los empleados españoles consienten “saltarse las normas” con prácticas irregulares para conseguir sus objetivos corporativos, dado que un 80% de nuestros trabajadores así lo manifiesta ( frente al 74% en el conjunto de Europa occidental). Entre dichos ‘atajos‘, está el soborno, que justifica el 38% cuando se trata de conseguir o mantener un negocio y, con ello, ayudar a sobrevivir a su empresa ante la crisis económica, un porcentaje por encima de la media de los países de su entorno.

El informe también se pone en entredicho la cultura de integridad y honestidad institucional a la hora de sortear prácticas corruptas. Sólo el 23% de los trabajadores españoles apuesta por que su organización actúe siempre con dicha integridad, casi la mitad que el porcentaje manifestado por los colegas de Europa occidental: un 46%.

Para ver el lado optimista, el estudio muestra que la mayoría de las empresas ha hecho un esfuerzo en los últimos años para combatir prácticas irregulares, como indica el 40% de los encuestados, que citan como medidas más habituales las auditorías (internas y externas) así como los mayores controles del gasto.

Cuando se trata de identificar a los responsables del fraude, casi tres de cada diez consultados no dudan en señalar a la dirección intermedia, mientras que una cifra similar cuelga la etiqueta de fraudulento sobre la alta dirección. En lo que hay menos duda para la mayor parte de los participantes españoles en la encuesta, más del 80%, es en señalar la responsabilidad del consejo de administración a la hora de implicarse personalmente para combatir el fraude en su empresa.

A mas crisis, mayor fraude

En cuanto a la evolución del fraude corporativo, el 64% de los empleados españoles está convencido de que éste aumentará ligera o significativamente en los próximos años (frente al 54% de media de Europa occidental) pues el clima actual de crisis económica favorece el fraude entre la alta dirección en Europa

Así, por ejemplo, la presión por sortear los ‘números rojos’ y sobrevivir en el entorno actual hace que un 13% de ellos justifique falsear las cifras de sus Cuentas Anuales. Las situaciones de crisis empresariales, como las operaciones de compraventa de negocios, las reorganizaciones o los despidos, constituyen un incentivo para que prolifere el fraude corporativo, según el 36% de los encuestados.

Fuga de datos

El diario Cinco Días de hoy se hace eco de otro estudio, en este caso del Grupo Pardelli, que reconoce el aumento de las prácticas fraudulentas en relación con el uso de información confidencial en las organizaciones: ”Los cibercriminales emplean las nuevas tecnologías para cometer los mismos tipos de fraude de antaño: la competencia desleal, el espionaje industrial, la fuga de datos o el uso indebido de los sistemas informáticos”.

La investigación señala como principales culpables de estos fraudes a los mandos intermedios, con el 27% de los robos, si bien apunta que un 12% de estas prácticas fraudulentas fue obra del personal del departamento de seguridad informática.