Nunca hablo de Asturias; ni lo voy a hacer como podéis deducir de la última línea de esta bitácora. Pero el titular de prensa que encabeza esta entrada es tan bueno que no puedo dejarlo pasar, aunque sólo sea de manera incidental para introducir el tema de hoy.

El asunto no es otro que los recortes presupuestarios en las Comunidades Autónomas (CCAA), generalizados para el próximo ejercicio. El diario Cinco Días ha hecho un recorrido por las distintas CCAA. Así, el Gobierno de Canarias reducirá el presupuesto en un 12,5%, una cifra muy alejada de la Comunidad Valenciana, cuyo recorte se queda en el 4,8%, el menor de todas las regiones (ver artículo). La Administración del Estado también recortará un 7,9% el gasto no financiero, por primera vez.

En las últimas semanas de este otoño presupuestario, raro ha sido el día que no encontrábamos noticias, editoriales o declaraciones en relación a los recortes, sus efectos perniciosos o beneficiosos, según la diferente sensibilidad del emisor.

El propio presidente del Tribunal de Cuentas de España, Manuel Núñez Pérez, reconocía durante un reciente homenaje, que «todos hemos contribuido» a la crisis que nos está cayendo encima por vivir por encima de nuestras posibilidades recurriendo al crédito fácil. Detrás de todo, añadió «hay una pérdida de valores» de ahí que la receta para salir de la crisis pase por «la austeridad en el gasto. No gastar más de lo que se ingresa», afirmó, además de apostar por la «transparencia en la gestión» y por el «rigor ético» en el manejo de fondos públicos. Núñez entiende que, en el futuro, el papel del Tribunal de Cuentas deberá centrarse más en la prevención de situaciones de endeudamiento en las administraciones públicas.

Así, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advertía que el principal riesgo de España en estos momentos a la hora de cumplir sus compromisos de reducción del déficit no está en la Administración central sino en las territoriales. No tardó en recordarnos que las Agencias de calificación consideran que existen importantes riesgos en las CCAA debido a la elevada inercia de su gasto corriente (crece al 9% anual desde 2003), la rigidez de las competencias autonómicas (sanidad, educación y servicios sociales) y la lentitud del crecimiento de los ingresos de las CCAA. De ahí la rebaja del rating, con perspectiva negativa, que han realizado las agencias de calificación sobre prácticamente todas las CCAA y  que ya presentamos el mes pasado.

Asimismo, el Círculo de Empresarios hacía público un documento muy crítico con las finanzas públicas españolas, pidiendo “mecanismos institucionales para garantizar la estabilidad presupuestaria, por ejemplo a través de un organismo fiscal independiente, como en el caso de EEUU”. Alguien pensará que bastaría con retocar la Ley del Tribunal de Cuentas de España para cumplir esa misión con la celeridad que demandan los tiempos.

Por último, la semana pasada, el reputado investigador, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Rafael Domenech nos proporcionaba multitud de titulares de prensa, sobre las dificultades en la financiación del déficit para una parte de las Administraciones autonómicas y locales.

Domenech, como economista jefe de BBVA Research, presentaba el último informe “Situación España” que incorporaba un análisis del grado de transparencia de las cuentas públicas autonómicas, según el cual sólo seis comunidades ofrecen una información completa y mensual, igual a la que proporciona la Administración General del Estado.

El documento alerta de la necesidad de mejorar la calidad y cantidad de información sobre la ejecución presupuestaria que se ofrece a la opinión pública en general, y a los mercados, en particular:

En ausencia de esta política proactiva de mayor información y transparencia por parte de todas las AA.PP., y no sólo por el Estado, la incertidumbre respecto a la calidad de las finanzas del conjunto de AA.PP. podría prolongarse en el tiempo lo que implicaría el mantenimiento de primas de riesgo innecesariamente elevadas para una parte de la deuda pública española.

¿Nadie habla de aumentar los ingresos públicos? Si, desde una perspectiva política, aunque es muy difícil que recuperen una parte significativa del terreno perdido en términos de porcentaje sobre PIB.

Autovías ibéricas

Nuestros vecinos de Portugal, han probado a mejorar la recaudación, que siempre ha sido su talón de Aquiles, sometiendo a peaje las antiguas autovías gratuitas. Primero han sido las del norte, fronterizas con Galicia y después el resto: Interior Norte, Beira Interior y Algarve tendrán peaje a partir del 15 de abril de 2011, lo que afectará también a los ciudadanos de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía que vivan y trabajen en zonas fronterizas. El sector hotelero está al borde del ataque de nervios.

En España, por el contrario, existen bastantes autopistas de peaje, pero su situación financiera general es crítica. La necesaria transposición del  IFRIC 12 de las Normas Internacionales de Contabilidad ponían en causa de disolución (pérdidas superiores al 50% de los fondos propios) a muchas sociedades concesionarias de autopistas de peaje, como avanzamos en su momento (ver) pues impide a las empresas amortizar en varios años los gastos financieros, teniendo que contabilizarlos en el ejercicio en que se producen.

Sin embargo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,  en el proyecto de Orden de normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria sobre los acuerdos de concesión de infraestructuras públicas, (en la actualidad, en información pública prorrogada)  permitirá diferir los gastos financieros durante toda la vida de la concesión, de manera que se aminora el fuerte impacto que estos tienen en los primeros años. Además, la Ley estatal de Presupuestos salvará de la quiebra a las concesionarias de autopistas que erán compensadas al tener menos tráfico del previsto cuando se adjudicaron.

No todo son penurias

Terminamos esta entrada con algo más alegre de cómo empezamos. Nada mejor que la intervención parlamentaria del ministro de Finanzas suizo, Hans Rudolf Merz que, a diferencia del prudente Consejero de Sanidad asturiano, no puede con la risa cuando contestaba a una pregunta de trámite, en una sesión de control donde lee una respuesta, también de trámite, que habían preparado sus aplicados y leguleyos asesores. Suiza debe ser el Paraíso (fiscal en este caso) aunque no sea “natural” como Asturias.

Gracias a los trabajos del Dr. Alex Pentland sabemos que el mensaje importa bastante menos que el mensajero. Con su equipo del MIT diseñó una plataforma tecnológica que permite medir lo que llaman “señales honestas”; pistas no verbales que utilizamos para coordinarnos, para tomar decisiones en grupo: gestos, expresiones faciales o el tono de voz que tienen la capacidad de cambiar el estado anímico, mental o el comportamiento del receptor.

Los que sabéis inglés ya habréis detectado que “honest” pertenece a esos falsos amigos y debería traducirse por sincero. Como policy no es política ni públic es público, al menos como lo conocemos en la Europa continental. Ramón Muñoz solía reírse mucho con esto y hasta me mandó una lista, que tengo por ahí, de los doscientos falsos amigos.

Pero volvamos a lo nuestro: Pentland publicó un libro con este título, que el editor español inteligentemente tradujo por “Señales Honestas” para que no pareciera una novela rosa. Y dio en el clavo porque nunca me hubiera detenido a ojear un libro con aquél título.

Pues bien, Pentland probó sus herramientas anticipando, con un 87% de acierto, quiénes serán los ganadores de un concurso de planes de negocio “Innovate 2010” en la votación de la audiencia que seguía con gran atención las ideas y el modelo de negocio de los concursantes. Predijo los resultados sin tener la más mínima idea de lo que tienen que ofrecer los diferentes candidatos, es decir, prescindiendo por completo del contenido de sus presentaciones porque, según él, el éxito en este tipo de competiciones no guarda apenas relación con la calidad de los proyectos.

El pensamiento inconsciente es, con frecuencia, más efectivo que el consciente. A veces apelamos a eso que llamamos intuición que no es otra cosa que la toma inconsciente de decisiones. Que se lo digan a los jugadores de ajedrez que son capaces, en las partidas de cinco minutos, de tomar con gran rapidez decisiones cualitativas, sin tener que analizar todas las variantes.

En fin, que estamos ante una disciplina nueva y emergente que intenta entender a las personas en el contexto de sus redes sociales en lugar de considerarlas como individuos aislados. Y su primera conclusión es que gran parte de la conducta humana es automática o está determinada por procesos inconscientes.

Se trata de un factor muy importante en las organizaciones, tanto en los ámbitos de gestión como del control. En España, Luis Barrio ha trabajado en los últimos años, la línea de la auditoría emocional, analizando su influencia sobre los aspectos esenciales del control interno, la necesidad de trabajar en colaboración y cooperación, con la capacidad de negociación en la resolución de conflictos y la gestión del cambio.

Los directivos sobreviven en las organizaciones con un adecuado equilibrio de conocimientos y habilidades. Conocimientos técnicos vs. habilidades relacionales, ha sido siempre el dilema, que últimamente vienen ganando estas últimas. Nos recuerda Jorge Juan Fernández que con el tiempo perderán peso los conocimientos concretos, en una sociedad con exceso de información. Incluso apunta los cinco saberes críticos para las próximas décadas.

La actual crisis se ha llevado muchas instituciones por delante y, al parecer, también algunos dogmas económicos y políticos. La vieja Europa, que apostaba por el Estado de Bienestar, ahora recorta sus gastos con unas tijeras dignas de un neoliberal; mientras tanto, los Estados Unidos apuestan por aumentar el gasto público y, por tanto, su déficit.

¿Acaso se han terminado las ideologías? ¿Qué postura es la acertada? ¿Es Obama un comunista, como dicen los exaltados del Partido del Té? ¿Estamos desmantelando nuestras conquistas sociales en Europa? No nos pongamos melodramáticos en domingo:  ¿Ganará España el Mundial de Fútbol?

El diario Público abre hoy con el titular “El estado del bienestar está en peligro” y nos previene ante el retroceso que “nos conducirá a un Estado del bienestar mínimo para los más pobres y todo lo demás, privado”. Por otra parte, el diario Expansión presenta la situación de adelgazamiento del sector público en toda Europa, en un cuidado artículo donde queda clara esa tendencia imparable.

En ese marco, llega el Tribunal de Cuentas de Francia y toma partido …

Degradación sin precedentes de las cuentas públicas francesas

El Tribunal de Cuentas de Francia publica el 23 de junio pasado su informe anual sobre la “situación y las perspectivas de las finanzas públicas”, con vistas al debate de orientación presupuestaria que se celebrará 6 de julio en la Asamblea Nacional. Sus conclusiones se sitúan en la misma línea de los informes precedentes, que habían alertado sobre la inquietante degradación de las cuentas públicas y subrayado la necesidad de tomar medidas para un enderezamiento que “cuanto más tardío, será más costoso”.

Así, el Tribunal previene sobre el déficit público de Francia, que representa el 7,5% del PIB en 2009 “por encima de la media europea y muy lejos del déficit alemán” (3,3% del PIB) y cuyos dos tercios suponen un peligroso déficit estructural (un 5%).

El auditor entiende que es esencial promover “una fuerte recuperación de las finanzas públicas en 2011 para estabilizar la deuda pública y evitar el efecto bola de nieve de los intereses”.

Sobre las previsiones macroeconómicas oficiales, las describe como “optimistas” (crecimiento del 2,5% del PIB anual desde 2011 hasta 2013) y considera más realista un crecimiento cercano al 1,8% a lo largo de los próximos años. Para llegar a un déficit del 3% del PIB en 2013 y el equilibrio presupuestario en 2016, recomienda realizar un esfuerzo en “las prioridades de gasto” afirmando que es necesario avanzar en la contención de la nómina pública, de las prestaciones sociales y la intervención estatal.”

En cuanto a las Administraciones locales, el Tribunal declaró que “a pesar de las incertidumbres derivadas de la reforma de su fiscalidad, es necesario un retorno al equilibrio de las cuentas públicas locales, a ser posible sin aumentar los impuestos”. Este objetivo, para el Tribunal, requiere una contención de los gastos de personal, una gestión más eficiente de los municipios y sus Entes instrumentales, una reorientación de las autoridades locales sobre sus competencias obligatorias.

El Tribunal señala ciertas pistas donde hacer economías: los gastos fiscales, que aumentaron el 8,5 % anual desde el 2004, y cuyo coste podría ser reducido por 10 Md€; la evolución de las remuneraciones en la administración pública y los gastos sociales.

“El coste de la inacción sería superior al de una reducción rápida de los déficit”, llega a afirmar, reclamando una reacción a la vez rápida, fuerte y continua para consolidar la credibilidad de Francia. En definitiva, tal reducción “es necesaria para asegurar la confianza de los agentes económicos, evitar los comportamientos especulativos que dificultan el crecimiento, y permitir que el Estado conserve una cierta capacidad de intervención”.

La postura contraria

Lo alternativa viene siendo defendida por una corriente económica, cuya cabeza visible es el Premio Nobel Paul Krugman. Así en su tribuna semanal de El País, hoy habla muy clarito:

Pero si al final tenemos que subir los impuestos y recortar el gasto, ¿no deberíamos empezar ya? No, no debemos. Ahora mismo tenemos una economía enormemente deprimida, y esa economía deprimida está infligiendo daños a largo plazo. Cada año que transcurre con una tasa de paro extremadamente alta, aumenta la probabilidad de que muchos parados de larga duración nunca se reincorporen a la fuerza laboral y se conviertan permanentemente en ciudadanos de segunda categoría. Cada año que hay cinco veces más gente buscando trabajo que ofertas de empleo, a cientos de miles de estadounidenses que terminan sus estudios se les niega la posibilidad de iniciar sus vidas laborales. Y cada mes que pasa nos vamos acercando a una trampa deflacionista similar a la japonesa.

En momentos así, la tacañería no solo resulta cruel, sino que pone en peligro el futuro del país. Y ni siquiera es demasiado útil para reducir la carga de nuestra deuda futura, porque racanear con el gasto ahora amenaza la recuperación económica y, con ella, la esperanza de que aumenten los ingresos.

De modo que este no es buen momento para la austeridad fiscal …

No obstante, vivimos en la Europa del euro y no se nos ha dado opción. Como recuerda hoy el diario El Mundo, la inauguración de la cumbre del G20, este fin de semana en Toronto, ha  estado influiída por una disputa entre Europa y Estados Unidos sobre si los países ricos deberían concentrarse en recortar sus déficits o en estimular el crecimiento económico. El Secretario del Tesoro estadounidense entendía que se saldrá de la crisis a velocidades diferentes, si bien, “es muy importante que Grecia o España se muevan con mucha rapidez para demostrar a los mercados que tienen la voluntad de actuar“.

California dedica un 11% de todo su presupuesto al sistema penitenciario. Una cantidad mayor que la que destina a educación superior. Sus 167.000 reclusos hace tiempo que rebasaron la capacidad de las cárceles de un Estado con una gran crisis fiscal, incapaz de afrontar nuevas inversiones. El proyecto de presupuesto establece que algunos presos tengan reducciones en su seguro médico, terminen las condenas en su domicilio o reduzcan sus penas si concluyen programas de rehabilitación, como indica la prensa americana.

Se trata de un sonoro ejemplo internacional de la gran crisis presupuestaria y fiscal que está afectando a todas las Administraciones Públicas lo que en España ha planteado la necesidad de tomar decisiones con recortes generalizados. Hagamos un repaso de los daños del tsunami financiero.

El escenario español

Se plantea si tenemos suficientes recursos para financiar la Ley de Dependencia que prevé una evaluación de los resultados por si fuera necesario realizar modificaciones, transcurridos los tres primeros años de su implantación. Una norma concebida en época de cierta opulencia presupuestaria, cuya memoria económica para 2007 incorporaba 400 millones de euros de previsión de gasto y en la actualidad alcanza 1.671 millones de euros.

Mientras, el Ministerio de Sanidad y las CCAA acuerdan un paquete de medidas para recortar el gasto sanitario, que incluye la reducción del gasto farmacéutico,  creación de una central de compras o establecer “criterios comunes de retribución” de las plantillas.

Además, las CCAA multiplicaron su deuda durante el año 2009 hasta alcanzar los 86.280 millones de euros, lo que supone el 8,2% del PIB, una cifra récord tras el crecimiento del 25,8% respecto al 2008, según los datos del Banco de España. Eso sin contar el problema que supone devolver los 25.000 millones de euros que las CCAA adeudan al Estado y que deben ser devueltos tras los próximos cuatro años de moratoria y como consecuencia del ajuste entre la recaudación real y los anticipos a cuenta del Gobierno, efectuados según unas previsiones optimistas.

Un escenario que afecta a las ofertas públicas de empleo en las Administraciones Públicas, con recorte y congelación de efectivos, en el mejor de los casos. Todo confluye en un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera para reducir el déficit público. En definitiva, cobra fuerza la crítica del ensanchamiento del Estado, producido en estos años de bonanza y, en la misma medida, los defensores del gasto social público como exigencia del Estado de Bienestar.

Comienza a replantearse la presencia del sector público en muchas áreas, que empiezan a considerarse un lujo que la clase media no quiere costear, como las Televisiones Autonómicas. También avanzan nuevas estrategias de reducción de los Entes Instrumentales, buscando ahorros en los gastos de gestión descentralizada de fundaciones o consorcios. En el Estado, las empresas públicas del SEPI recortarán un 4% sus gastos de personal, un 15% de los corrientes, un 13% de las inversiones y hasta un 36% de los viajes, comidas, comunicaciones, profesionales externos y utilización de coches.

En fin, que vivimos tiempos perros, como canta Miguel Ríos.

Foto de Paco Bellido en Ginebra; Silla rota de 12 metros, obra de Daniel Benet.

Cuenta Vicenç Navarro que la metáfora de las cuatro patas de la silla, sosteniendo el Estado del Bienestar, surgió en una conversación con Josep Borrell, cuando era candidato a la Presidencia del Gobierno de España, en el año 2000. Junto a la mesa en que preparaban el programa electoral había una silla, apartada con una pata rota.

“Le indiqué al Sr. Borrell que nuestro estado del bienestar era como aquella silla: es decir tenía tres patas. Teníamos el derecho de acceso a los servicios sanitarios, el derecho a la educación y casi el derecho a las pensiones (con el establecimiento de las pensiones no contributivas). Pero nos faltaba la cuarta pata: el derecho de acceso a los servicios de ayuda a las familias. De ahí que utilizando el símil de la silla a la cual le faltaba la cuarta pata, utilice la expresión de que nos faltaba el cuarto pilar del bienestar”

La evolución sufrida por esa silla del bienestar durante esta última década plantea un escenario con incógnitas sobre la sostenibilidad en todos los pilares que la soportan. No se trata de ser pesimista sino de plantear sin tapujos la situación. Asistimos a grandes amenazas a las patas correspondientes a Pensiones (debate sobre sostenibilidad y el retraso en edad de jubilación) Sanidad (con enormes gastos sin partida presupuestaria en todos los programas autonómicos de salud o el debate del copago) y Educación (con la Universidad atravesando grandes problemas financieros en todas las CCAA, de todo signo político). Ahora, nos quedamos con la última pata.

La ley de Dependencia, ¿sostenible?

La conocida popularmente como Ley de la Dependencia, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, surge en un momento de cierta suficiencia (¿euforia?) presupuestaria en el Estado español. Su aplicación generó muchas expectativas y hoy muchas voces indican que es administrativamente complicada y financieramente insostenible.

De acuerdo con el estudio realizado por Irene Albarrán (UCIII) y Pablo Alonso (UAH) para la revista «Estudios de Economía», del que se hace eco hoy el diario La Nueva España, para el 2020 el número de dependientes con derecho a ayudas será ligeramente superior al millón de personas.

Antes (durante 2015) cuando se supone que estará funcionando a pleno rendimiento el sistema español de dependencia, su coste se acercará a los 20.000 millones de euros, importe muy superior a los 4.426 millones que esperan aportar las AA.PP. Así lo dicen:

Las estimaciones indican que los fondos que aporten tanto el Estado como las CC.AA. no llegarían a cubrir ni el 30% del coste estimado, es más: en el mejor de los casos sería equivalente a cubrir únicamente la atención de los grandes dependientes. Esto supone que los niveles de aportación del beneficiario deberían ser extremadamente altos (…) En resumen, el objetivo de lograr una atención de calidad para estas personas y lograr que el sistema sea el cuarto pilar del sistema de bienestar, supone un esfuerzo económico mucho mayor del inicialmente previsto por las autoridades económicas españolas, lo cual debería abrir el debate sobre la manera más adecuada de financiar estos servicios.

El Tribunal de Cuentas informará

La situación actual requiere poner sobre la mesa una información contrastada e independiente. El Tribunal de Cuentas de España acaba de hacer público su programa de trabajo para el ejercicio 2010. Incluye una fiscalización sobre “gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia”.

Se trata de un informe horizontal, que afecta a un conjunto de Entidades públicas y donde será necesaria la coordinación de los OCEX autonómicos, que irán incluyendo ese trabajo en sus propios programas. Algunos ya lo han hecho, como la Cámara de Comptos de Navarra (“aplicación en Navarra de la Ley de Dependencia”) y sin duda, el resto se sumarán para el año 2011.

Algunos datos sobre la dependencia

En la actualidad, la aplicación de la ley de la Dependencia supone un 0,6% del PIB, aunque se estima que para el año 2015 representará el 1,5% del PIB.

El modelo de financiación que prevé esa ley es el de tres tercios iguales: el Estado, las CCAA y los beneficiarios de la prestación. Sin embargo, la aportación del usuario, hoy por hoy  es mínima: en torno al 10% de media. Sobre la aportación del Estado hay discrepancias en función de cómo se valoran las infraestructuras ya existentes, pero a través de las dos vías utilizadas oscila entre el 20% y el 24% del coste. Las CCAA deben asumir el déficit generado, que representa una media del 60% del servicio.

La ciudadanía está perpleja con las cifras. Los gestores también. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con representación en toda España, es temida por sus informes periódicos y sufre muchas presiones por los datos que aportan en su valioso Observatorio de la Dependencia. Entre sus últimos trabajos (ver resumen de conclusiones en PDF) se concluye que, en el momento actual, el problema de financiación de la Ley no es tanto una cuestión de volumen total de recursos, como de criterios de distribución de la financiación estatal a las CCAA: “las diferencias entre Comunidades Autónomas son abismales; así, mientras algunas Comunidades participan con un porcentaje próximo o incluso superior al 50 % del coste real de las prestaciones económicas y servicios que proporcionan a sus ciudadanos, otras apenas llegan al 10 % (Murcia y Baleares), incluso una Comunidad, Canarias, no solo no realiza aportación alguna, sino que podría estar generando ingresos extraordinarios por la aportación estatal”.

El Observatorio de la Dependencia realiza las siguientes valoraciones de las CCAA, en su IV Dictamen, correspondiente a diciembre 2009:

La Agencia de Evaluación interviene

La Agencia Española de Evaluación de la Calidad y de las Políticas Públicas (AEVAL) realizó, el año pasado, un certero análisis de los dos primeros años de funcionamiento de la Ley de dependencia: 2007 y 2008. Así, entiende que la Administración del Estado  ha contribuido “de manera decisiva” al arranque del sistema, regulando en plazo y forma la normativa básica y garantizando la creación y el funcionamiento del Consejo Territorial (CT) así como unas condiciones básicas y el contenido común que permita el ejercicio del derecho en condiciones de igualdad.

Sin embargo, opina que el CT está aún lejos de ser el elemento de gobierno innovador que pretende establecer la Ley, capaz de canalizar eficazmente la necesaria cooperación de todas las Administraciones Públicas debido a carencias y problemas que, al menos en parte, serían reflejo de insuficiencias en el papel que el Estado ha jugado en el mismo. Recomienda dotarle de los medios necesarios para cumplir plenamente con las funciones que le otorga la Ley. El Tribunal de Cuentas no será tan generoso en la apreciación cuando le toque evaluar la aportación financiera del Estado.

Conclusiones de la AEVAL

La cuestión de los procedimientos de reconocimiento del derecho a las ayudas permite afirmar a la AEVAL que sus datos muestran periodos de resolución del procedimiento, en muchas CCAA, que van más allá de los seis meses.

En el aspecto financiero, denuncia que no se habían definido una serie de elementos que condicionan el coste y la sostenibilidad del sistema. Así, si bien se estableció un catálogo de servicios, no se detalló con suficiente precisión los elementos que componen cada uno de dichos servicios, la intensidad de éstos, la incidencia de la cofinanciación a cargo de los usuarios o los distintos umbrales de calidad.

Esos aspectos son esenciales para conocer el coste del sistema y, en base a ello, la contribución financiera de las distintas administraciones. La ausencia de información fiable, una vez más, hace que “en esta fase temprana de aplicación de la Ley, no se disponga de datos que permitan calibrar con rigor el incremento de la red de servicios de forma paralela a la entrada en el sistema de nuevos beneficiarios no atendidos y la suficiencia de dicha infraestructura”.

El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias aprobó, en su sesión de 14 de octubre de 2009, un pionero Informe sobre la Evaluación de la Gestión del Gasto de las Administraciones Públicas Canarias en el Sector del Turismo, ejercicios 2004-2007.

La política pública turística mueve un elevado volumen de recursos financieros, organizativos y humanos de las distintas administraciones públicas de Canarias. Afecta no sólo al Gobierno autónomo y a los cabildos insulares, sino también a los ayuntamientos “turísticos”, que son aquellos (14) con plazas turísticas superiores al 40% de su población.

Puede que los guardianes de la ortodoxia fiscalizadora critiquen la simple existencia de un informe como éste. Nada más injusto. Baste decir que la actividad turística supone para las Islas Canarias un tercio del empleo y el 28% del PIB canario. Su efecto multiplicador hace que por cada 100 empleos generados en la rama turística se creen 46 puestos en otros sectores.

El turista ya no es lo que era

El sector turístico, se caracteriza por ser especialmente sensible a las variaciones macroeconómicas y a los cambios de comportamiento de determinadas industrias o consumidores: por ejemplo, un incremento del precio del petróleo puede llevar a un menor número de turistas, especialmente en los trayectos de media-larga distancia.

Por tanto, la Audiencia de Cuentas entiende que no sería correcto relacionar determinados resultados del presente informe con la gestión pública, dado que entran en juego muchos más factores que la propia actuación de las Administraciones Públicas.

Entre 2004 y 2007, el número de turistas globales ha aumentado de forma constante, registrando un crecimiento interanual medio de 4,1%. En la actualidad, el turismo extranjero es el principal componente de la demanda turística (50,8%). Sin embargo, en lo que respecta al gasto, el desembolso medio de los turistas nacionales es superior al de los extranjeros tanto en el total (122,33€ vs. 101,96€) como el realizado en destino.

Por otro lado, los hábitos turísticos también han vivido cambios que afectan a aspectos esenciales como la edad media de los visitantes, la manera de reservar alojamiento y vuelo o la creciente demanda de servicios complementarios.

Durante los últimos años ha aumentado el número de turistas mayores de 60 años debido principalmente a la mayor capacidad adquisitiva de este grupo de edad y al progresivo envejecimiento de la población europea. Al mismo tiempo, los niveles de exigencia de los turistas que deciden su destino vacacional afectan a otros factores como la oferta de servicios complementarios culturales, deportivos (turismo de golf y de buceo) o ambientales (parques nacionales, zonas de recreo).

Por último, se percibe que los viajes son cada vez más cortos, por lo que los turistas realizan un mayor número de viajes al año a costa de una reducción de la estancia media. En este sentido, la Audiencia de Cuentas recuerda que una de las mayores amenazas, a medio y largo plazo, para la industria turística canaria es la aparición de destinos competidores más económicos.

El principal cambio ha sido la aparición de nuevos canales de comercialización basados en las tecnologías de la información. Así, las reservas hoteleras vía Internet aumentan a un ritmo del 40% anual y ya el 15% de las ventas se realizan a través de la red, accediendo directamente a la oferta de bienes y servicios turísticos sin intermediarios, y teniendo la posibilidad de gestionar gran parte o la totalidad de los trámites desde casa y más baratos, incluido el viaje en avión en compañías de bajo coste.

Conclusiones

El propio informe declara que intenta reflejar, más que un juicio de evaluación, un análisis de la política turística desarrollada en el periodo analizado, planteando a las Administraciones Públicas un modelo de evaluación de dicho sector.

Es la primera vez que la Audiencia de Cuentas de Canarias ejecuta una actuación de evaluación de políticas públicas, no existiendo una metodología de trabajo generalmente aceptada.

Escasa predisposición hacia la cultura de la evaluación

La Audiencia de Cuentas no puede obviar que “la cultura imperante está absolutamente impregnada de la visión tradicional de cumplimiento de la legalidad formal”. Por eso, la importancia de iniciativas como esta en el camino del control de evaluación de las políticas y servicios públicos, “que está en franca desventaja respecto a las técnicas tradicionales de control de legalidad formal, auditoría financiera o regularidad contable”.

De esta experiencia se obtendrá un conocimiento básico para ir estableciendo una metodología de evaluación y un sistema de información corporativo que permita sustentar los juicios de valor que persigue la evaluación e impulsará a las administraciones públicas en el cumplimiento de los requerimientos que las normas presupuestarias les exigen, proporcionando al Parlamento respectivo información relevante para la definición y aprobación de las políticas públicas.

Datos: pocos y malos

Una primera conclusión de la fiscalización llevada a cabo constata que la planificación, coordinación, adquisición y distribución de información entre los diferentes agentes que operan en el Sector son insuficientes o inexistentes, lo que hace imposible una adecuada evaluación.

En efecto, el Gobierno de Canarias no disponía, en el periodo 2004-2007, de un plan estratégico turístico aprobado a largo plazo, a semejanza de otros destinos competidores como el Turquía 21 (Turquía) o el Plan Azur (Marruecos).

En contados casos, se establecen indicadores, y cuando se establecen, éstos no se evalúan periódicamente y no se fijan valores meta que permitan medir el grado de eficacia sobre las acciones planificadas inicialmente. Adicionalmente, el Gobierno de Canarias dispone del Sistema Informático Turístico, TURIDATA; una herramienta que no tiene un uso estratégico, sino informativo y que cuenta con carencias, como la ausencia de los datos de la isla de Tenerife.

Para la Audiencia, esto “genera un problema en la homogeneidad de datos, que al ser recabados y gestionados en base a diversas metodologías, no pueden ser comparados ni unificados”.

Además, en determinadas ocasiones, se puede acceder a la información de una zona turística, pero no se dispone de la de otra zona (Ej.: Fuerteventura dispone de datos sobre el número de turistas internacionales que recibe, pero La Gomera y El Hierro no).

Así pues, las fuentes de información autonómicas y nacionales sobre las características, opinión y comportamiento de los turistas son insuficientes. Como ejemplo de esta insuficiencia de los sistemas de información señala “la ausencia de un dato único y fiable sobre el número de turistas y sobre el número de plazas turísticas creadas-renovadas, o la ausencia de datos sobre la satisfacción de los turistas, su número por segmento e incluso en número de turistas totales”.

Transversalidad

La Audiencia recuerda la importancia de inculcar el concepto de transversalidad en los diferentes niveles administrativos públicos, de tal manera que se creen mecanismos de coordinación que permitan integrar los distintos ámbitos del Gobierno en el sector turístico.

Si bien el sector turístico tiene en su núcleo a las actividades puramente turísticas (alojamientos, restauración, transporte, etc.), su espectro más amplio también incluye otro tipo de ámbitos más transversales pero de influencia significativa, como la seguridad, el medio ambiente, la limpieza o la educación profesional, que debería considerar la actividad turística en su planificación.

No parece existir una relación directa entre los esfuerzos promocionales y los resultados obtenidos (número de turistas) por lo que no se puede afirmar que la promoción actual esté influyendo sobre los resultados turísticos. En el periodo de estudio, las evaluaciones que se han realizado sobre los resultados de las acciones promocionales han sido escasas y apenas permiten elaborar conclusiones al respecto.

Ayuntamientos

La coordinación entre Administración Local e Insular, en materia de infraestructuras, no ha podido ser respaldada por los datos recopilados. A pesar de contar con la Comisión de Seguimiento del Plan de Infraestructuras y Calidad turística como una posible herramienta para ello, no se ha identificado ninguna administración insular que afirme utilizarla con tal fin. En esta materia, los ayuntamientos se encuentran sometidos a las directrices marcadas por el Plan Regional de Infraestructuras Turísticas y las actuaciones de mantenimiento y mejora de infraestructuras son limitadas.

Sobre la calidad de la oferta turística, los municipios son los interlocutores directos con el turista y los que mayor capacidad de influencia tienen sobre la percepción que el turista se lleva del destino. En base a ello, se ha evaluado la calidad prestada a través de los servicios públicos percibidos por el turista como la seguridad o la limpieza.

Señalar que los fondos asignados a la administración local por el Estado se calculan a partir de la población de derecho, quedando fuera del cálculo la población flotante (turistas), lo que provoca, en el caso de los municipios con elevado desarrollo de la actividad turística y con un gran volumen de población flotante, una importante diferencia entre los recursos disponibles y los necesarios.

Además, los municipios disponen de servicios para atender las quejas y reclamaciones de los visitantes. En la realización del trabajo, se comprobó que en los puntos de información turística recibían y gestionaban las quejas que los turistas pudieran tener en esta materia. No obstante, no se disponen de herramientas para gestionar la información recopilada a través de las mismas, por lo que el sistema de quejas y reclamaciones no puede ser utilizado como medio para solventar errores y problemas asociados a los servicios públicos turísticos.

Recomendaciones

De cada carencia surge la recomendación: la planificación estratégica debe ser la fuente para la planificación presupuestaria (por objetivos y resultados). Debería existir un sistema de información turística centralizado en un único organismo, que controlara y homogeneizara toda la información relacionada con la actividad turística, de tal manera que sea comparable a cualquier nivel. Actualmente, se está trabajando en FRONTUR 2009 (publicación elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos sobre los Movimientos Turísticos en Fronteras), que solucionará parte de la carencia de información detectada.

Por último, se recomienda que se profundice en un mayor consenso entre Gobierno y Cabildos en materia promocional, a través de la definición de una estrategia promocional efectiva, eje fundamental de la gestión pública turística, para poder medir adecuadamente el impacto de las acciones promocionales, así como incrementar el papel que juega la inspección turística en la normalización de la oferta, dotándola de mayores recursos y de una visión orientada a objetivos.

Antes de que acabe este año, el Ministerio de Educación presentará una propuesta con un nuevo modelo de financiación del sistema universitario español, “para que tanto las universidades, como las Comunidades Autónomas (CCAA) y el Estado puedan hacer una valoración del mismo”. Así lo viene reiterando el Ministro Gabilondo durante los últimos meses, en relación al grupo de trabajo del Consejo de Universidades que se encarga de elaborar este modelo.

En ese escenario, la política de becas y préstamos para el estudio debe tener un especial protagonismo, pues se trata de una genuina competencia del Estado, en un marco donde las universidades (¡y su financiación!) han sido transferidas a las CCAA.

El reciente análisis de la OCDE sobre enseñanza superior distinguió cinco grupos de países, con arreglo a su estrategia de ayudas financieras a los estudiantes universitarios . Islandia y Noruega forman el primer grupo, cuyo sistema de sostén de los estudiantes reposa exclusivamente en un mecanismo de préstamos públicos sin subvenciones. El segundo grupo – Australia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, el Reino unido y Suecia- asocia los préstamos públicos con un mecanismo de subvenciones financiadas por el Estado.

El tercer grupo – Estonia, Finlandia, Polonia y Portugal, adopta el mismo método que el segundo grupo excepto que los préstamos son concedidos por bancos privados y bonificados y\o garantizados por el Estado. El cuarto grupo de países – Chile, China y Corea propone un amplio abanico de mecanismos que asocia préstamos financiados por el Estado, por préstamos consentidos por bancos privados y subvenciones. El quinto grupo – España, Comunidad flamenca de Bélgica, Croacia, Federación Rusa, Grecia, México, la República checa y suiza no usa los préstamos para financiar las graduaciones y basa su ayuda a los estudiantes sobre las becas.

En España la actual normativa general de becas está regulada en el RD 1721/2007 y la última ejecución en el RD 922/2009.

Informe de la AEVAL

La Agencia Estatal de Evaluación y Calidad (AEVAL), organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia, publicó en mayo pasado un Diagnóstico del Sistema General de Becas. Se trata de un instrumento que responde al Plan de evaluaciones acordado por el Consejo de Ministros en 2008, que considera probado que el  Sistema General de Becas y Ayudas al Estudio está orientado a fomentar y mantener la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y cuya mayor parte (en educación post-obligatoria) se destina a la universidad.

Los expertos que elaboraron el informe coinciden en las mejoras que se han producido en materia de  derechos y cuantías, así como en el procedimiento de adjudicación de las becas. El contraste de las solicitudes con los datos de la Agencia Tributaria ha reducido el fraude en el procedimiento de la adjudicación.

Los resultados apuntan que los factores de renta tienen actualmente un peso menor en la decisión de estudiar, por lo que el papel de las becas se ver reconducido hacia la compensación del esfuerzo presupuestario, la consideración de los costes de oportunidad y hacia el concepto de equidad en los resultados cursando estudios.

Finalmente, el abandono del sistema educativo (entendido éste como dejar de estudiar y no como abandono escolar prematuro) por parte del colectivo de jóvenes de entre 18 y 24 años parece ser una cuestión de especial relevancia en el caso español, ya que dicho abandono se cifra en casi el 36%. Además, resulta especialmente preocupante el caso de los jóvenes que sólo ha completado estudios de secundaria obligatoria o de primaria, puesto que su proporción es mayor. Como veis otro caso de feminización del éxito académico. En la tabla, de abajo a arriba: mujeres (triángulo), hombres (rombo) y total (círculo).

Informe del Tribunal de Cuentas de España

El Tribunal de Cuentas de España presentó en 2004 un «Informe de fiscalización de las becas y ayudas de carácter general en el ámbito universitario» que denunciaba, por un lado, la «obsolescencia» de la normative vigente (el histórico Real Decreto de 1983 que reguló durante 20 años el sistema de becas) haciendo hincapié en la existencia de tres bases de datos «inconexas» de alumnos en el proceso de concesión o denegación de becas, dispersión de registros que limita las funciones de control y verificación, y que supone una infracción de la normativa por lo que se «debe mantener un fichero informático de beneficiarios de becas y velar por conservarla actualizada». Por ello, plantea la creación de una base general de becarios y becas que incluya incidencias, recursos y revocaciones:

El informe llamaba la atención sobre los retrasos de las universidades en el envío de sus propuestas y el elevado nivel de errores que contienen, lo que alarga más de lo debido el procedimiento de concesión. Estos errores, a juicio del tribunal, pueden subsanarse con la aplicación de algún procedimiento de validación previa. Además, se ponía el acento en la limitada información sobre el seguimiento que las universidades hacen de los becarios.

Las conclusiones apuntaban que «no se puede asegurar que el citado procedimiento se haya llevado a cabo con la debida diligencia». Y añaden que sería conveniente que la definición de los criterios sobre las valoraciones patrimoniales, que la normativa atribuye a las propias universidades, se ajustasen a unos principios generales homogéneos, previamente determinados por la Subdirección General de Becas.

Los grupos mayoritarios del Parlamento navarro han solicitado a la Cámara de Comptos la realización de un informe realmente complejo. Se trata de una auditoría operativa sobre el funcionamiento de la Institución Universitaria. El encargo busca rendir cuentas a la sociedad navarra sobre la “idoneidad de la gestión efectuada” desde el ejercicio 2000 hasta la actualidad, así como servir de “punto de partida para futuros cambios en la financiación por el Gobierno de Navarra o para la aplicación  del Espacio Europeo de Educación Superior”.

Para ello deberá analizar el modelo de financiación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), comparándolo con otras universidades españolas y extranjeras, y su sistema de gobierno. Para ello, tendrá que informar sobre la posición de la UPNA en todos los estudios de rankings de universidades publicados y realizar una encuesta sobre la satisfacción del mercado laboral con la formación y la investigación de la UPNA.

El estudio solicitado intentará “valorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos por parte de la UPNA” y se compondrá de los siguientes apartados:

análisis del modelo de gestión económica del centro académico; análisis de los costes de las titulaciones en el curso 2008-2009; análisis de los gastos en 2008 de los grupos de investigación, el equipamiento docente de los departamentos, el gasto corriente de las unidades funcionales de gasto no afectas, el equipamiento informático, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios (se controlará las retribuciones, indemnizaciones y horas de actividad de ambos sectores, y se les comparará con el PDI y el PAS de otras universidades) y transferencia de conocimiento; y un análisis de evolución de los indicadores de asignación de recursos a departamentos y centros de 2002 a 2008, la oferta y demanda de titulaciones y matriculación de las mismas entre los cursos 2001-2002 y 2008-2009, y los gastos por capítulos económicos y su financiación de los años 2000 a 2008.

Un informe muy ambicioso.

Rafael Puyol, que fue Rector de la Universidad Complutense entre 1995 y 2004, presentaba (diario ABC, 28 de abril de 2001) las tribulaciones de los equipos rectorales y su limitado margen de maniobra, en una organización descrita de la siguiente manera:

“Una estructura de toma de decisiones que es orgánicamente confusa y técnicamente ineficiente. Esa estructura hace inviable el rigor en la selección del profesorado, convierte en retórica bien intencionada la planificación estratégica, obliga a sacrificar lo importante por lo urgente, diluye las responsabilidades y consume más energías de las razonables”.

El Informe Bricall, en esos mismo años, realizaba un diagnóstico poco favorable de la organización universitaria, donde “prima sobre todo el debate y falta el rigor, la eficacia y la adecuada definición de órganos y funciones“.

Nuestra Universidad Pública está organizada en torno al concepto de Administración Pública y, como tal, con potestades y privilegios, pero también con enormes condicionantes, como la transparencia, la objetividad, la imparcialidad, el sometimiento a los intereses generales, al procedimiento administrativo, al derecho presupuestario o al control judicial de su actuación y de los fines que la justifican.

Pudo haberse optado por caracterizar las universidades como sociedades públicas o fundaciones, según la legislación laboral, mercantil y civil, pero no se hizo. Por el contrario, se configuró como una Administración independiente, vinculada a las Comunidades Autónomas, servida mayoritariamente por funcionarios públicos, puesta al servicio de la enseñanza y la investigación y con un marcado carácter burocrático, es verdad, lo que hace muy difícil promover la responsabilidad personal, la toma de decisiones y en definitiva con enormes dificultades para la gestión del cambio.

Cuando los Órganos de Control Externo se acercan a la Universidad Pública el aspecto que más extrañeza les produce es esa intrincada organización, con un modelo de gestión participativo “que se convierte en cuasi asambleario, por la gran cantidad de órganos de dirección y por el escaso margen de maniobra”, afirmaba la propia Cámara de Comptos en la década pasada, en que llegó a concluir:

“A nuestro entender, el marco que regula la institución no es el más adecuado para efectuar una moderna gestión de la actividad universitaria que tenga como guía los principios de eficacia, eficiencia y economía“. (Informe de Fiscalización sobre las Cuentas Generales de Navarra del ejercicio 1996. Apartado 3.3.4.1.BOPN de 20.2.98)

Otra de las experiencias de la Cámara de Comptos, también por encargo de su Parlamento, fue la denominada Auditoría Docente Externa de la UPNA, de su personal universitario y recursos. El informe (BOPN de 15-1-1998) y se pronunciaba sobre criterios de plantillas y sus departamentos (estructura, alumnos por profesor, grupo y asignatura, dedicación docente, etc.), costes y ratios (profesor/alumno por titulación, departamento y sus costes), equipamiento (gastos por áreas, aprovechamiento de infraestructuras) y previsiones de desarrollo y nuevas titulaciones (costes de implantación). En el apartado de profesorado (cumplimiento de la dedicación, incompatibilidades) decía esto, en una época donde todavía seguía creciendo el alumnado:

“La carga media general se sitúa cercana al máximo, si bien hay diferencias notorias entre los departamentos. Existe un primer bloque de departamentos en los que incluso la carga docente supera la capacidad (…) Hay un segundo bloque cercano al máximo y un tercero en el que la carga se sitúa por debajo del 80% de la capacidad docente…” (apartado VII.II.D).

En fin, que el más veterano Órgano de Control Externo de nuestro país tiene ante si un nuevo reto, que no dudo acometerá con el rigor y la independencia que le caracteriza. Por lo pronto, la decisión parlamentaria ha generado gran recelo entre los universitarios, como podéis ver en el magnífico blog de Joaquín Sevilla, cuya entrada os avanzo que se titula: Requiem por la autonomía universitaria“. Estaremos atentos.

La presentación al Parlamento catalán del informe sobre la gestión de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD) desata una cierta polémica, con importante seguimiento en la prensa.

La Sindicatura de Comptes de Catalunya pone sobre la mesa la transparencia de las ayudas a la cooperación y los modos de gestión en la lucha contra la pobreza del tercer mundo, que ya hemos tratado en esta bitácora.

El informe de la Síndicatura

La ACCD es una entidad de derecho público sometida al derecho privado que tiene por objeto ejecutar y gestionar la política de cooperación al desarrollo de la Generalitat. En el ejercicio fiscalizado (2007) la Agencia gestionaba un presupuesto de 52,1 millones de euros y concedió un total de 36,6 millones en subvenciones.

Los medios de comunicación aprovechan la ocasión para hacer ajustes de cuentas según las propias sensibildades de su línea editorial. Así, el ABC titula “Solidaridad con visa oro” para denunciar que “manejaban 29 tarjetas de crédito para ponerse moraos a costa de los contribuyentes y de los pobres, pagando el pueblo”. La Vanguardia califica los hechos de escándalo, resumiendo las críticas en varios apartados:

“subvenciones con criterios poco claros, pagos duplicados a la Seguridad Social, un uso excesivo de tarjetas de crédito cuya titularidad -en dos casos- recaía en personas que estaban en excedencia, cobros irregulares de adelantos, comidas de trabajo que generaban facturas y dietas simultáneamente … “

La Sindicatura critica que, de un total de 12.000 euros que se destinaron en el ejercicio 2007 a comidas y partidas protocolarias, más de 2.300 euros correspondían a los almuerzos de Consejo de Dirección, que solía realizar sus reuniones en la hora de comer, lo que para El Mundo mostraba cada vez las manos más sucias:

“no parece de recibo que no encontraran mejor momento para celebrar su reunión semanal que la hora de la comida y que para «conciliar» horarios celebraran el encuentro en un restaurante comiendo a cuenta del Erario público”.

Para El País, la peor de las irregularidades detectadas se encuentra en el poco control de las subvenciones porque en dos convocatorias de subvención “no hay coherencia entre las puntuaciones de las juntas de valoración y las resoluciones de la concesión”.

Subvenciones a ONG’s

El informe recomienda a la ACCD incrementar y mejorar los controles instaurados en relación con las subvenciones concedidas, pues detectó casos en que se otorgan “con una puntuación baja, de acuerdo con los criterios de las bases reguladoras, y se deniegan otros que tienen una puntuación muy superior” por lo que debe ajustar la valoración de las subvenciones a lo que establecen estrictamente las bases reguladoras.

En las subvenciones directas o concedidas mediante convenios, la Sindicatura observa que el documento justificativo de la imposibilidad de promover la concurrencia no suele estar suficientemente motivado. Por otra parte, el control de la justificación de las subvenciones se realizaba, generalmente, mediante la entrega de una memoria explicativa de las actividades subvencionadas y un informe económico con una relación detallada de los ingresos y gastos financiados por la Agencia.

Para la Sindicatura, “hay que potenciar el control de las subvenciones exigiendo la presentación de los documentos justificativos correspondientes (facturas, recibos, etc.) y su revisión”. La queja general de las ONG’s suele referirse a la dificultad de encontrar estos justificantes en el tercer mundo. Arturo Pérez Reverte nos criticaba duramente por esta burocracia, como hemos tenido ocasión de presentar en otra entrada de esta bitácora. Pero es lo que hay.

Europa también fiscaliza las ayudas a ONG’s

Las ONG’s son cada vez más importantes en la cooperación al desarrollo. La política comunitaria, que refleja el consenso internacional, las implica cada vez más en la ejecución de los programas y proyectos europeos que benefician directamente a los menos favorecidos.

En Europa, los fondos de desarrollo asignados a las ONG’s han venido incrementándose gradualmente a lo largo de la última década, llegando a representar en 2007 un 10 % aproximado de la ayuda combinada del presupuesto general y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) a los países en desarrollo.

Por ello, el Tribunal de Cuentas Europeo aprobó una fiscalización (Informe Especial nº 4/2009) sobre la participación de las ONG’s en la cooperación al desarrollo, buscando averiguar si se garantiza de manera satisfactoria que éstas participen en el proceso de cooperación al desarrollo y cuenten con sistemas de gestión eficaces para garantizar que sus actividades son pertinentes y conducen a los resultados esperados.

En lo que se refiere a la eficacia de su participación en el proceso de cooperación al desarrollo, el Tribunal constató que, pese a los intentos de la Comisión, dicha participación fue “limitada y no llega a constituir el diálogo permanente y estructurado que prevén la legislación comunitaria y las propias directrices de la Comisión”. Una forma elegante de reconocer el fracaso.

Con respecto a los sistemas de gestión de la Comisión, por lo general garantizan que los proyectos ejecutados por las ONG’s son pertinentes y permiten obtener los resultados esperados, pero el procedimiento de convocatoria de propuestas no siempre posibilita que se ultime a tiempo la concepción del proyecto,  ni disponen de la orientación necesaria sobre la aplicación práctica de las normas financieras y las perspectivas de sostenibilidad son escasas debido, en parte a la breve duración de los proyectos.

El Tribunal detecta que los programas para Asia y Latinoamérica “no lograron su máximo potencial, porque los procedimientos de gestión provocaron retrasos que empeoraron sus perspectivas de eficacia y sostenibilidad“. En fin, otra elegancia del TCE.

Del informe me atrevo a destacar una cierta crítica a todas las partes: “Los programas se enfrentan también a la contradicción inherente que resulta de apoyar el desarrollo de las capacidades de las ONG’s más necesitadas a través de un procedimiento (convocatorias de propuestas) concebido para seleccionar a las ONG’s más capaces“.

Medellín tiene una aureola de delincuencia, hoy totalmente inmerecida, reflejo de una historia reciente que aun contamina a sus visitantes con un cierto prejuicio.

Durante el panel de conferencias, que compartí el 6 de diciembre con el vicepresidente del Consejo Municipal de Medellín, Máximo Pérez Soto me recomendó visitar el metrocable y pasear por los alrededores de la estación término, en la comuna de Santo Domingo Savio.

Exclusión social

La tipología de exclusión diferencia varios tipos de prácticas. Una primera forma consiste en la separación completa de una comunidad, ya sea en deportaciones o espacios cerrados en su seno, pero separados de ésta (cárceles). Otro tipo de exclusión priva a determinadas personas y colectivos de ciertos derechos básicos y de su participación en el entramado social. Estos tres tipos de exclusión están muy presentes en la sociedad latinoamericana actual, aunque el último es el más frecuente: la exclusión social

De acuerdo con la ciencia política y la sociología, para mitigar sus efectos debe apostarse por ciertas políticas prioritarias, como las políticas activas de empleo, el incremento del acceso a la educación y formación de personas vulnerables; la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida; erradicar la pobreza infantil o asegurar una vivienda digna para todas las personas, pues algunas veces una parte importante de la población está alojada en infraviviendas que no cuentan con instalaciones tan esenciales como agua corriente, electricidad, etc.

Una opción muy eficaz para erradicar la exclusión es mejorar el acceso a servicios públicos de calidad, como los servicios de salud, servicios sociales y los transportes, etc.

Todo esto se intenta en Medellín.
Metrocable

Están muy orgullosos en el Ayuntamiento de la gran transformación e integración producida en las zonas marginales merced a audaces inversiones, entre las que destaca el Metrocable.

Medellín está flanqueada por sendas cadenas montañosas, en cuyas laderas se fueron construyendo miles de casitas (no sería justo llamarlas favelas) donde habitan las clases más desfavorecidas. No hace falta precisar que las comunicaciones eran intransitables por las grandes pendientes que deben superar, en los 400 metros de desnivel.

La inauguración en 2004 del metrocable cambió la fisonomía y la economía de estas zonas marginales. La facilidad para acceder a la parte alta de la ciudad, en tan solo ocho minutos desde la conexión con el metro, junto a la potenciación del turismo, que usa este medio como teleférico para contemplar toda la ciudad, ha cambiado radicalmente ese entorno.

Cada una de la 90 telecabinas tiene capacidad para ocho pasajeros, con una frecuencia de 12 segundos entre cada cabina, realizando un recorrido de dos kilómetros. El nuevo sistema aporta grandes beneficios para el medio ambiente de la ciudad, por su funcionamiento eléctrico, permitiendo la reducción de los accidentes y un importante ahorro en mantenimiento de la red vial.

Sorprende la cuidada limpieza de las instalaciones y las estaciones, muy superior a los estandares europeos de higiene. En fin, que las cifras de delincuencia se han reducido a cotas “europeas”. Ahora, los poderes públicos del Estado de Antioquia luchan contra la otra gran lacra: las muertes y lesiones en accidentes de tráfico, pero esa es otra guerra.

En 2008 se va a inaugurar el “metrocable pajarito” en la otra ladera, más social si cabe, de mayor longitud y residentes, que contribuirá a enterrar lo que quede de la imagen “dura” de la pobreza en esta ciudad.

Parque Biblioteca España

La población de Medellín se sintió muy honrada (¡los taxistas no suelen ser políticamente correctos!) por el broche de oro que puso la Corona española con la inauguración en marzo pasado de la Biblioteca España, cuyo nombre encubre un verdadero centro socio-cultural para un barrio que nadie te hubiera recomendado visitar, hace cuatro años.

Son tres edificios en forma de roca, rodeados de miradores. El diseño es del arquitecto caribeño Giancarlo Mazzanti.

Como podéis ver en las fotos, encontramos un ciento de niños trabajando con los ordenadores, “sacando” libros en préstamo, practicando artes marciales o teatro en su salón de actos. Cuando llegamos a este último sitio, encontramos un grupo de ciudadanas celebrando una fiesta “del delantal” y nos animamos a subir al estrado y felicitarles por el gran cambio realizado. Pudimos colaborar en la alegórica “suelta de mariposas” que previamente habían “cazado” los chicos.

En fin, una experiencia corta pero muy intensa, la estancia en Medellín. No quiero cerrar este artículo sin destacar otro notable instrumento de lucha contra la delincuencia. La obligación de llevar TRES distintivos identificativos de la matricula de las motos: en el casco, en el chaleco y la propia moto. Una decisión que fue bien acogida por al ciudadanía

Más

El impresionante panorama de la catedral leonesa habrá inspirado más de un poema al último Premio Cervantes, al que nacieron en Oviedo. Antonio Gamoneda, además de ser uno de los grandes de la Poesía de España, no es menor lector, causa o efecto de su mimo y diario cuidado de la biblioteca de la Fundación Sierra Pambley, fundada hace más de un siglo por Giner de los Rios e instalada frente a la “Pulcra Leonina“. Desde tan apreciada atalaya ha sido testigo, sin duda, de los grandes cambios ocurridos en las bibliotecas, hoy pomposamente denominadas “centros de recursos para el aprendizaje y la investigación”.

Nuestros tiempos exigen atender los nuevos hábitos sociales de estudio, con intereses y horarios diferentes. No me refiero al nocturno uso que los estudiantes hacen de las salas de lectura durante las fechas de los exámenes, sino a los nuevos fondos bibliográficos y documentales. Son las “bibliotecas sin fronteras”, que ofrecen servicios sin necesidad de acudir a sus instalaciones y dejan de poseer grandes colecciones para distribuir información. Y nuestros serviciales bibliotecarios han pasado en unos años de ser gestores de libros a gestores de información.

La riqueza bibliotecaria futura se fundamenta más en el potencial para acceder a la documentación electrónica que en los grandes depósitos, como hasta ahora. Aquellos costosos patrimonios ya no son garantía de una oportuna prestación del servicio público. Las decenas de miles de valiosos libros del siglo XVII y XVIII, propiedad de la Universidad de Salamanca, apenas sirven para impresionar al visitante por su gran valor sentimental. Ahora la mediateca comienza a ganar la partida a la papelteca.

Esas bibliotecas digitales utilizan licencias de uso de los recursos informáticos que permiten a los investigadores el acceso a las bases de datos y revistas electrónicas, en lugar de impresas en papel. Una universidad de tipo medio debe contratar costosas suscripciones en línea, emprender trabajos de digitalización y disponer de potentes servidores de información. Las empresas del sector de la distribución de revistas están encantadas con la creación de nuevas universidades porque requieren nuevas licencias. En las Comunidades Autónomas con varías universidades se han creado consorcios para evitar la duplicidad de gastos, estableciendo la inevitable especialización, tanto en las instalaciones como en la formación del bibliotecario.

El año pasado, el Tribunal de Cuentas de Francia reprendía a las bibliotecas universitarias por la ausencia de encuestas de satisfacción para determinar con precisión si estas responden a las exigencias y expectativas de sus usuarios. Los servicios en linea exigen también nuevas herramientas de evaluación, algunas de impacto internacional, como la promovida por el equipo de investigación de Enrique Herrera-Viedma, colaborador codo con codo de Oscar Cordón, uno de los investigadores principales del Centro de SoftComputing de Mieres. El reto es medir la calidad en las bibliotecas (incluidas las digitales) a través del grado de satisfacción de sus usuarios respecto a los servicios prestados: equipamientos, recursos o competencia del personal.

En la próxima década, nuestra herencia cultural, la mayoría de los conocimientos del mundo se habrá digitalizado y estará disponible en la red ¿El conocimiento humano a disposición de todos? Esto transforma esas obras en una suerte de bienes públicos globales; una nueva categoría cuyo uso y efectos externos va mas allá de fronteras y regiones, poblaciones o generaciones.

Cuando en 2004, el buscador americano Google anunció el proyecto de digitalización masiva de libros, el presidente de la Biblioteca Nacional de Francia alertó y encabezó a las instituciones culturales europeas frente al peligro hegemónico de una sola compañía en la difusión del saber. La Comisión Europea contraatacó promoviendo la Biblioteca Virtual Europea que se desea inaugurar en el año 2010.

Como se ve, varios proyectos de digitalización públicos y privados avanzan simultánea y concurrentemente. Ha sido necesaria la creación, el mes pasado, de la “Comisión Española sobre la digitalización” del Ministerio de Cultura, para la accesibilidad en línea del material cultural y su conservación digital. Una amplia delegación de todas las instituciones implicadas, con ausencia de alguna organización representativa de los usuarios.

Mientras tanto, Google contiuna su carrera de fondo y ya ha firmado acuerdos (dentro de un absoluto hermetismo) para digitalizar los contenidos de las bibliotecas de las universidades más importantes del mundo: Michigan, Stanford, Harvard y Oxford. A la brecha digital se le sumará la trinchera del idioma. En España, la multinacional ha elegido a la Universidad Complutense para digitalizar sus fondos bibliográficos libres de derechos de autor: 300.000 documentos en seis años.

Aquí surge un choque entre “modelos de negocio”: el clásico y caduco precio de la copia frente a los modernos enlaces gratuitos pero patrocinados. Hoy día, reproducir y transportar virtualmente obras sale casi gratis. Ya la imprenta había abaratado las copias frente a los amanuenses. Como avanza Enrique Dans, en poco tiempo, los contenidos de todos los libros podrán aparecer en una búsqueda en Google, acompañados de un enlace a la librería virtual y otro a las tiendas físicas que tienen ejemplares en mi ciudad. ¿Es una amenaza o una oportunidad? ¿Deben oponerse los editores? Y lo más importante: ¿servirá para algo que se resistan?

Por último una referencia obligada a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el filántropo proyecto en lengua castellana del Banco Santander y la Universidad de Alicante. ¿Saben cual es la obra más consultada? ¿Si?: ¡El Quijote!, con ciento sesenta mil visitas, aunque en su versión de fonoteca-online: una grabación dividida en capítulos de 15 minutos cada uno, leídos por Camilo García Casar, el doblador profesional del actor Anthony Hopkins. Escuchándole no puede evitarse la comparación entre dos locos geniales: el doctor Lecter y el ingenioso hidalgo.

Y ya que habéis llegado hasta aquí, mirad una conferencia magistral (ojo, subtitulada), ofrecida por Steve Jobs, co-fundador de Apple, en una ceremonia de graduación en Stanford. Uno de los más sencillos y profundos discursos que he escuchado: 15 minutos. A raíz del enorme interés despertado, esa Universidad implantó un archivo de lecciones magistrales online.

Este artículo fue publicado en el diario La Nueva España, del 17 de mayo de 2007.

Foto: Bilblioteca del Senado. Madrid.