Categoría: Medio Ambiente

Manuel Lagarón Comba
Tribunal de Cuentas de España

Con frecuencia, tanto los administradores, como los controladores de la actividad pública solemos confundir los términos objetivo e indicador. Tal confusión trae consigo dificultades a la hora de establecer los parámetros adecuados de gestión por parte de quienes tienen a su cargo la ejecución de una política puesta en marcha por un gobierno, y de quienes debemos participar de su control y evaluación.

Hace algunos años tuvimos la oportunidad de asistir a un curso de verano que tuvo lugar en una localidad próxima a Madrid. Una de las ponencias se titulaba Los indicadores en la auditoría de gestión, y fue defendida magistralmente por una autoridad en esta materia, quien también preside una de las entidades superiores de fiscalización más representativas del área EUROSAI.

La charla, que fue dictada en inglés, vino acompañada del oportuno documento traducido al idioma español. Precisamente, en uno de los apartados, el cual estaba dedicado al diseño de los indicadores de realización; y, concretamente, en relación con la materia medioambiental, se mostraba un ejemplo de lo que sería un indicador mal diseñado:

«Indicador: “Mejorar la calidad del aire” medida en función del número de días en que los niveles especificados de calidad del aire se cumplen. Normas relativas a ocho contaminantes, entre ellos:
• Monóxido de carbono 11,6 mg/m3: promedio de 8 horas para fines de 2003.
• Benceno: 16,25µg/m3: media anual consecutiva para fines de 2003».

Pues bien, es cierto que el indicador no está bien diseñado, por cuanto que, entre otras cosas, si se lee cuidadosamente, se observará que no es fácil su comprensión. De hecho, cualquier gestor, controlador o usuario tendría dificultades para aplicarlo a sus fines respectivos. Pero es que, además, entendemos que no se trata de un indicador, sino más bien de un objetivo o meta a cumplir, condicionado a un procedimiento de medición, y al cual se le han asociado unas unidades de medida.

Por tanto, nos hemos atrevido a redactar con más precisión el ejemplo anterior y a proponerlo como una alternativa, con la esperanza de recibir el comentario de quienes tengan la amable curiosidad de acceder a este foro.

Directriz o estrategia: Mejorar la calidad del aire

Objetivo: Conseguir que los niveles de ocho gases contaminantes no superen los siguientes límites para fines de 2003, entre ellos:
Monóxido de Carbono: 11,6 mg/m3
Benceno: 16,25 µg/m3

Indicador de realización: Niveles de CO y de C6 H6, medidos en promedios mensuales respecto de las muestras tomadas a lo largo de ocho horas diarias, entre las 12:00 a.m. y las 20:00.

Unidad de medida: mg/m3 y µg/m3, respectivamente

De este modo, entendemos que queda mejor establecido el objetivo, que es la meta a cumplir por los gestores que están a cargo de la ejecución de la política medioambiental correspondiente, y que, como se puede ver, es mesurable y está referido a un plazo. Lo mismo ocurre con el indicador, que es el instrumento de evaluación del que se valen dichos gestores para comprobar el cumplimiento del objetivo establecido en la política. Y, por último, la unidad de medida, que es la magnitud que estos utilizan, a su vez, para aplicar el indicador, y que servirá para evaluar el cumplimiento del objetivo.

El enfoque “vertical” y el enfoque “horizontal” de la fiscalización medioambiental: ventajas e inconvenientes

Manuel Lagarón Comba
Tribunal de Cuentas de España

En nuestro anterior comentario hicimos una breve descripción de lo que, en principio, podría denominarse enfoque vertical y enfoque horizontal de la fiscalización medioambiental (FMA).

A través del primero, se evalúa el área medioambiental de cualquier entidad pública, tal y como haya sido configurada por los gestores de ésta. A través del segundo, se evalúan los aspectos medioambientales de todas y cada una de las parcelas de gestión que integran dicha entidad (gastos, ingresos, inversiones, recursos humanos, almacenes, medio ambiente, etc.), tal y como los determine el auditor. Ambos enfoques plantean ciertas ventajas e inconvenientes, algunos de los cuales trataremos de exponer a continuación.

Por ejemplo, un inconveniente del enfoque vertical es que la entidad pública podría, sin proponérselo, condicionar el ámbito y el alcance de la fiscalización a emprender, pues al ser ella la gestora de su propio sistema de gestión medioambiental (SGM), su política y su programa medioambientales; y, por tanto, de los objetivos medioambientales, es también ella la que delimitaría involuntariamente el campo de actuación del controlador, y éste tendría una tendencia natural a no salirse de esa delimitación. Esto, que en sentido estricto sería un cierto error de procedimiento, en la práctica se presenta como la alternativa más eficiente, pues la fiscalización queda circunscrita sólo al área medioambiental, que es una más de las que conforman la entidad a revisar.

En el horizontal, el auditor ha de establecer, de las distintas parcelas de gestión, los aspectos medioambientales que le afecten y componer de ese modo el campo medioambiental a fiscalizar. Ello supone un esfuerzo extra para aquél, pues ha de determinar por sí mismo tales aspectos, y con absoluta independencia de los gestores públicos. Así, y tras conocer, por ejemplo, las condiciones de salubridad de determinado colectivo de trabajadores de una empresa pública del sector químico, el controlador podría apreciar contingencias medioambientales que el propio SGM de la empresa no habría previsto como tal.

Aun a riesgo de equivocarnos, somos partidarios del enfoque vertical de la FMA; especialmente al comienzo de su práctica, ya que es más eficiente y se aborda con mayor facilidad. No obstante, todos los aspectos que no estén contemplados previamente en el SGM de la entidad pública, probablemente pasen desapercibidos al control, y eso supone asumir riesgos de fiscalización. En el horizontal emplearemos mucho más tiempo en verificar todos los aspectos que consideremos medioambientales, pero seremos más certeros a la hora de cumplir los objetivos. No obstante, no debemos olvidar que este segundo enfoque sería irrenunciable en el caso de que observemos el medio ambiente como un principio más del ejercicio de la fiscalización, tal como la legalidad, la eficacia y la eficiencia; y eso es, sin duda, materia de otro debate.

Fiscalización medioambiental o aplicación del principio medioambiental a la fiscalización: esa es la cuestión
Manuel Lagarón Comba
Tribunal de Cuentas de España

En nuestra anterior entrega dejamos apuntada la que podría ser una reflexión objeto de debate. Nos referimos a si, al hablar de fiscalización medioambiental, debemos hacer mención al tipo de fiscalización a desarrollar en el área medioambiental de cualquier entidad pública, como si se tratara de una especialidad; o si, en realidad, debiéramos hacer alusión a lo que es la aplicación del criterio o principio medioambiental como otro más a la hora de llevar a cabo la fiscalización integral de dicha entidad. El asunto quizá no sea importante en términos teóricos, pero en la práctica sí que podría alcanzar cierta relevancia.

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Foto: Playa de Pormenande- El Franco (Asturias).

Parece que el verano, que disfrutamos en este hemisferio, es la estación en la que muchos ciudadanos “redescubren” el medio ambiente. La estacional escapada a la playa o al monte nos hace recordarlo. Sin embargo, cada día más, los auditores lo tienen muy presente en su trabajo. Manuel Lagarón Comba, funcionario del Tribunal de Cuentas de España y autor de relevantes artículos sobre el tema, nos envía una breve reflexión, acerca de la actitud del auditor público ante la práctica en España de la fiscalización medioambiental.

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