Hoy se cumplen dos siglos de la promulgación en Cádiz de la Constitución de 1812, conocida como La Pepa. Todos los medios recogen el acontecimiento y esta página no puede menos que hacer una pequeña reseña de la efemérides; eso si: sobre los aspectos fiscalizadores. Ilustramos la entrada con un asiento del libro de contabilidad 1799-1800 de la Junta General del Principado (ver más) propiedad del Archivo Histórico de Asturias. Pinchar para ampliar la foto.

Alguna cosa debo decir antes: primero que hemos perdido mucha cantidad y calidad de los términos castellanos, de riqueza en el uso del lenguaje común. Algo que suelo percibir hablando con colegas latinoamericanos, especialmente con los colombianos, de rico vocabulario medio. En fin, miren –admiren- los requisitos para ser uno de los 40 miembros del Consejo de Estado:

Art. 232.
 Estos serán precisamente en la forma siguiente, a saber: cuatro eclesiásticos, y no más, de conocida y probada ilustración y merecimiento, de los cuales dos serán Obispos; cuatro Grandes de España, y no más, adornados de las virtudes, talento y conocimientos necesarios, y los restantes serán elegidos de entre los sujetos que más se hayan distinguido por su ilustración y conocimientos, o por sus señalados servicios en alguno de los principales ramos de la administración y gobierno del Estado. Las Cortes no podrán proponer para estas plazas a ningún individuo que sea Diputado de Cortes al tiempo de hacerse la elección. De los individuos del Consejo de Estado, doce, a lo menos, serán nacidos en las provincias de Ultramar.

Ahora que deben renovarse nuestras instituciones constitucionales, no sobraría emplear alguno de estos requisitos. No me refiero a ser obispo sino al resto de las exigencias.

Pero nada de esto era objeto de la entrada. Quería mostrar unas pinceladas referidas al control de la administración. Mi querido Ramón Muñoz, fallecido en 2009, me sermonearía por usar su detestado término (control) tan asentado entre los funcionarios de la Intervención y la auditoría. Recordemos algunos artículos de la Constitución de 1812, sobre esas relevantes funciones públicas:

Art. 313.
 Todos los años, en el mes de Diciembre, se reunirán los ciudadanos de cada pueblo para elegir a pluralidad de votos, con proporción a su vecindario, determinando número de electores que residan en el mismo pueblo y estén en el ejercicio de los derechos de ciudadano.

Art. 314.
 Los electores nombrarán en el mismo mes, a pluralidad absoluta de votos, el alcalde o alcaldes, regidores y procurador o procuradores síndicos, para que entren a ejercer sus cargos el 1º. de Enero del siguiente año.

Art. 315. 
Los alcaldes se mudarán todos los años, los regidores por mitad cada año, y lo mismo los procuradores síndicos donde haya dos: si hubiere sólo uno, se mudará todos los años.

Art. 316.
 El que hubiere ejercido cualquiera de estos cargos no podrá volver a ser elegido para ninguno de ellos sin que pasen, por lo menos, dos años, donde el vecindario lo permita.

Art. 317.
 Para ser alcalde, regidor o procurador síndico, además de ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, se requiere ser mayor de veinticinco años, con cinco, a lo menos, de vecindad y residencia en el pueblo. Las leyes determinarán las demás calidades que han de tener estos empleados.

Art. 318.
 No podrá ser alcalde, regidor ni procurador síndico ningún empleado público de nombramiento del Rey que esté en ejercicio, no entendiéndose comprendidos en esta regla los que sirvan en las milicias nacionales.

Art. 319.
 Todos los empleos municipales referidos serán carga concejil, de que nadie podrá excusarse sin causa legal.

Art. 320.
 Habrá un secretario en todo Ayuntamiento, elegido por éste a pluralidad absoluta de votos, y dotado de los fondos del común.

Y para terminar, unas perlas presupuestarias. Acostumbrados, como estamos, a opinar sobre la imagen fiel, aparece la pureza como objetivo del registro:

Art. 348.
 Para que la Tesorería general lleve su cuenta con la pureza que corresponde, el cargo y la data deberán ser intervenidos respectivamente por las Contadurías de valores y de distribución de la renta pública.

Art. 349.
 Una instrucción particular arreglará estas oficinas de manera que sirvan para los fines de su instituto.

Art. 350.
 Para el examen de todas las cuentas de caudales públicos habrá una Contaduría mayor de cuentas, que se organizará por una ley especial.

Art. 351.
 La cuenta de la Tesorería general, que comprenderá el rendimiento anual de todas las contribuciones y rentas, y su inversión, luego que reciba la aprobación final de las Cortes, se imprimirá, publicará y circulará a las Diputaciones de provincia y a los Ayuntamientos.

Art. 352.
 Del mismo modo se imprimirán, publicarán y circularán las cuentas que rindan los Secretarios del Despacho de los gastos hechos en sus respectivos ramos.

Art. 353.
 El manejo de la Hacienda pública estará siempre independiente de toda otra autoridad que aquella a la que está encomendado.

Este último artículo, cuya filosofía pervive hoy día (v.g.: intervenciones delegadas) garantiza la independencia funcional de los encargados del registro o fiscalización de los caudales. Allí estaba.

La Audiencia de Cuentas de Canarias, que preside Rafael Medina Jáber (ver foto adjunta) recibió el pasado miércoles 26 de octubre, en Pamplona, el Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y Transparencia que cada año entrega la Fundación FIASEP (Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público). Según el fallo del jurado, el órgano auditor canario ha recibido esta distinción por la “Implantación de la Norma de calidad tipo ISO 9001:2008, con la que se acredita y garantiza la calidad y eficacia de la actividad de auditoría de la Institución”.

Creados en 2009, los premios de la Fundación FIASEP tienen como finalidad el reconocimiento y la difusión de las mejores prácticas en el ámbito de la auditoría pública y la transparencia de la información hacia los ciudadanos. Junto al primer premio obtenido por la Institución parlamentaria canaria, destaca también el primer accésit obtenido por la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General del Estado  por su “Modelo de coordinación del sistema de auditorías públicas que realiza la IGAE sobre el Sistema Portuario” y el segundo accésit que recayó en la Diputación de Granada por la “Aprobación de un Reglamento de Control Interno que implanta un modelo de control integrado con desarrollo de los controles financieros y por auditorías”.

Así, la Audiencia de Cuentas de Canarias es el único órgano de control externo de las comunidades autónomas españolas que tiene implantada una norma de calidad tipo ISO 9001:2008. La implantación de esta norma de calidad acredita y garantiza la calidad y eficacia de su sistema administrativo de gestión, tanto en las vertientes interna como externa y este reconocimiento nacional, supone  acreditar de forma profesional la función de control.

En su fallo, el Jurado valora “la importante y muy significativa innovación que supone la implantación de sistemas de calidad en las actuaciones de control y auditoría, que coadyuvará directamente a que el propio sistema de control tenga, al igual que se exige para la gestión pública, una actuación eficiente y de permanente autoevaluación. Ello facilitara que se responda adecuadamente a las demandas de la sociedad para todos los entes públicos, de gestión y control, en cuanto a que sus actuaciones satisfagan los fines para los que han sido creados de forma austera, honrada y eficaz”.

Asimismo, el jurado destacó que el sistema de calidad ISO 9001 implantado desde principios del año 2010 por la Audiencia de Cuentas de Canarias supone “una práctica a emular por el resto de las instituciones y órganos de control externo e interno, y por las firmas de auditoria que actúan en el ámbito del sector público, con el objetivo de utilizar con la máxima eficiencia los recursos económicos y humanos de que disponen para emitir el mayor número de informes de auditoría, referidos a ámbitos temporales, alcances y objetivos del mayor interés general”.

Esta norma de calidad, la ISO 9001:2008, cuyo proceso de implantación aprobó el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias en sesión celebrada el 4 de febrero de 2010, cuenta con certificación externa de la Asociación española de normalización y Certificación (AENOR), desde agosto del citado ejercicio, y recientemente renovado.

Este premio otorgado por la Fundación FIASEP viene a certificar, por tanto, los esfuerzos de la Audiencia de Cuentas para fortalecer su organización administrativa y las relaciones internas y externas que desde ésta se activan, tanto con las administraciones públicas y entidades vinculadas como con los agentes colaboradores, van por el buen camino y comienzan a dar sus frutos.  Desde el punto de vista interno, esta norma de calidad contribuye a consolidar los puntos clave de actividad en esta institución de fiscalización, a la vez que se modela un sistema eficaz de gestión de la calidad en los servicios públicos, sobre todo, por la reducción de incidencias, el aumento de la productividad en el trabajo y el mayor compromiso de los empleados públicos y de las instituciones o entes fiscalizados.

Durante casi dos décadas, los funcionarios de las Instituciones españolas de Control Externo se reunían en unas jornadas técnicas, con exigencia preceptiva de ponencia y discusión. Era una buena manera de actualizar, con regularidad, conocimientos de forma participativa y dejando mucho material para estudio posterior. Sin una razón clara, los encuentros dejaron de realizarse desde 2004, hasta esta semana que la venerable Cámara de Comptos de Navarra, que dirige Helio Robleda, ha tomado el relevo.

Asistí por primera vez al encuentro de Las Palmas, en octubre de 1996, donde se incluía un apartado de fiscalización de Universidades. Dejé entonces constancia las principales aportaciones en la sección -Normas y Tributos- que llevábamos los lunes -Sevach y yo- en el diario Expansión. He encontrado dentro del librito de las conclusiones el recorte de prensa, convenientemente doblado, como puede verse en la imagen superior, con un Rajoy más joven.

Pude comprobar en las siguientes ediciones –Toledo’1999; Barcelona’2001 y Sevilla’2004- que el procedimiento era ejemplar y así dejé constancia en la revista Partida Doble: los funcionarios se agrupan de media docena de mesas de trabajo temáticas donde exponen sus comunicaciones moderadas por un coordinador. En torno a diez minutos por asistente, lo que obliga a tener trabajado el material. Un grupo de sabios agrupaba y resumía todas las conclusiones de las diversas áreas que eran asumidas literalmente por el comité organizador y remitidas a los parlamentos e instituciones de control.

Hasta ahí todo muy pulcro y democrático. Pero recuerdo que hubo algunas conclusiones que no eran pacíficas para los consejeros o síndicos que, sin embargo, las hacían suyas. Por ejemplo esta de 1996: “Las cuentas de todas las entidades públicas deberían ser auditadas anualmente y con anterioridad a su aprobación” que produjo un intenso debate pero sobrevivió, entre otras cosas porque es un deseo lógico pero casi imposible de llevar a la práctica.

En 2001 se concluyó lo siguiente: “Al igual que en otros sectores –vg: concursal- debería estudiarse la posibilidad de establecer un sistema de habilitación para poder ejercer la actividad profesional auditora –privada-en el ámbito de la Administración Pública, que considere criterios como la experiencia, la formación específica, etc.” Para el Tribunal de Cuentas de España, tan poco favorable a la presencia de auditores privados en el sector público, cosas así significan un retroceso.

Esta semana, la Cámara de Comptos está siendo el anfitrión del encuentro que se ha estructurado en seis áreas temáticas: tres sectores diferenciados (Entidades locales, socio-sanitario y educativo) y otros tres metodológicos (contenido jurídico de los informes, los riesgos de en época de crisis económica y cómo mejorar la realización del trabajo fiscalizador y de los informes).

En una entrada posterior presentaremos las conclusiones del Encuentro.

Arriba a la izquierda, Fermín Erviti hace de maestro de ceremonias en la inauguración. A la derecha, la mesa de fiscalización de universidades coordinada por Jesús Muruzabal. Abajo a la izquierda, Luis Ordoquí presenta a los coordinadores de las mesas que avanzaron las conclusiones. A la derecha, algunas ponencias seleccionadas para la clausura. En este caso, el Peaje sombra a cargo de Eloy Morán.

El viernes 23 participé en la Universidad de Verano de Maspalomas, dentro del panel “Perspectivas de futuro en la actividad de los órganos de control externo, en el escenario de crisis económica internacional”. De izquierda a derecha:

-  Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez, Síndico de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha y miembro del Comité Directivo de EURORAI

-  Hubert Weber, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo

- Moderador: Antonio Arias Rodríguez, Síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias

- Severiano José Costandrade de Aguiar, Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Tocantins y Presidente del Instituto Rui Barbosa de Brasil

-  Antonio Carlos Flores de Moraes, Consejero del Tribunal de Cuentas Municipal de Rio de Janeiro.

Pudimos abordar los retos futuros que se presentan a los tribunales de cuentas y su papel en la crisis económica actual, donde surgen algunas nuevas tareas de auditoría mientras que otras ven resaltada su importancia. El consejero Weber puso algunos ejemplos, como el grupo de trabajo de INTOSAI sobre la deuda pública, otro del Tribunal de Cuentas Europeo (TCEu) sobre las oportunidades de auditoría y los riesgos para el TCEu ligados a la actual crisis económica y financiera o incluso el reglamento por el que se crea el “Mecanismo Europeo de Estabilización” que otorga al TCEu el derecho de auditar la gestión de estas ayudas.

Uno de los primeros impactos de la crisis será la reducción de los recursos de los propios órganos de control, así como de su capacidad de respetar sus programas de trabajo. Un riesgo que deben evitar los gobiernos y sus parlamentos.

El público en general vive la crisis actual con desconfianza y percibe un mayor deterioro de la credibilidad de las instancias políticas, tanto gubernamentales como parlamentarias. En estas circunstancias, los OCEX pueden y deben ser una referencia para los ciudadanos, presentando informes objetivos basados en hechos concretos con la finalidad de contribuir a las políticas destinadas a mejorar la gestión de los fondos públicos.

Para constituir una referencia, Hubert Weber entendía que los OCEX deben optimizar su impacto incluso más que antes, respecto de:

A) las entidades auditadas,

B) los parlamentos,

C) los medios de comunicación.

A los primeros debe aportarse una crítica constructiva y unas recomendaciones concretas que puedan llevarse a la práctica sin interferir en el ámbito político pero sirviendo de impulso. Tambien cierta capacidad para anticiparse, matizó Weber. Por su parte, los parlamentos son para “un socio esencial en su función de control presupuestario”. Para ello, sugiere una buena práctica consistente en obtener la opinión de los diputados sobre sus expectativas respecto del OCEX.

Para Weber, los medios de comunicación deben constituir un extraordinario aliado del control dado que los parlamentarios por lo general están «enganchados» a ellos, lo que nos permite utilizarlos como vía de transmisión precisa, clara y objetiva de nuestros mensajes. Eso si que es todo un reto.

En mi modesta opinión, en el futuro los ciudadanos podrán acceder con gran facilidad (y en tiempo real) a mucha información sobre las cuentas públicas. No será un proceso fácil sino una conquista legislativa frente a los gobiernos, que permitirá conocer los pormenores de los gastos, de los contratos y donde la gestión 2.0 buscará a facilitar la opinión de los ciudadanos sobre esas transacciones, los comentarios críticos y los análisis políticos de iniciados. En ese momento, el papel de los OCEX será más de certificar que eso que la web pone es la documentación original, añadiendo una orientación de legalidad. Pero será el ciudadano el protagonista del análisis en la próxima década. Un análisis de sus riesgos puede verse en en este informe de la GAO norteamericana.

Ver nota de prensa de las conclusiones.

Ver todas las ponencias.

Recibo de Standard & Poor’s la nota de la nueva calificación de España cuyo texto transcribo a continuación:

- En nuestra opinión, España probablemente tenga un largo período de lento crecimiento, lo que debilitará su situación presupuestaria.

- Rebajamos pues nuestra valoración a largo plazo de los bonos del Reino de España de AA+ a AA.

- Esta predicción negativa refleja la posibilidad de otra rebaja si la situación presupuestaria de España resulta ser peor que la que anticipamos actualmente.

Justificación:

• Endeudamiento del sector privado de un 178% del PIB, que en nuestra opinión es mayor que el de la mayoría de economías similares a la española;
• Un mercado laboral inflexible (esperamos que el desempleo llegue al 21% en 2010), que creemos que es probable que ralentice la recuperación de la productividad;
• Una capacidad de exportación bastante baja –actualmente, las exportaciones de España son de sólo el 25% de su PIB– añadida a una competitividad muy erosionada debido a pasados incrementos en los costes unitarios laborales, en comparación con economías similares a la Española;
• La calidad de los activos del sistema financiero, que en nuestra opinión está bajo presión tal y como refleja la reciente revisión de nuestro Informe Nacional sobre el Riesgo del Sector Bancario (BICRA) para España, cambiando su clasificación de Grupo 3 a Grupo 2. Aunque el grado de un posible apoyo oficial para el sistema financiero español es desconocido, podemos anticipar un coste fiscal acumulado de al menos el 5% del PIB. Este coste está relacionado con las probables necesidades de financiación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB; 34.000 millones de euros) y el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (19.000 millones), que nosotros incorporamos a nuestra estimación de la carga financiera de la Administración; y
• La marcha atrás en los paquetes de estímulo fiscal iniciados en años anteriores por el Gobierno como parte de la estrategia para reducir el déficit al 3% del PIB para 2013.

Seguimos creyendo que el déficit fiscal para 2010, en líneas generales, se ajusta con el objetivo del gobierno del 9,8% del PIB. Sin embargo, a medio plazo prevemos un comportamiento más débil de los ingresos y mayores presiones de gasto de lo que el gobierno prevé, principalmente debido a nuestra visión del crecimiento económico en comparación con las estimaciones actuales del gobierno.

Como resultado, nuestra proyección de que el déficit público puede superar todavía el 5% del PIB en 2013, es significativamente superior al objetivo oficial del gobierno del 3%. En consecuencia, estimamos que la deuda pública bruta es probable que aumente por encima del 85% del PIB en 2013 y continúe su tendencia alcista hasta mediados de la década. El aumento de los costes por intereses de España, más allá de lo que consideramos en nuestro caso-base, podría, en nuestra opinión, reducir también la capacidad del gobierno para alcanzar sus objetivos presupuestarios de este año y del próximo.

Agencias de calificación

Inmediatamente, las agencias de prensa se hacen eco de las declaraciones del portavoz de la Comisión Europea, que reclamó ayer a las agencias de rating “responsabilidad” y “rigor” a la hora de valorar la deuda de los países y avisó de que seguirá “vigilando de cerca el comportamiento de los mercados financieros y de sus actores durante esta crisis”. El Ejecutivo comunitario eludió valorar la decisión de Standard & Poor’s de rebajar un peldaño la nota de la deuda a largo plazo de España (del notable “alto” al notable).

“¿Quién es Standard & Poor’s?”, se interrogó el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj. “Continuamos vigilando de cerca el comportamiento de los mercados financieros y de sus actores durante esta crisis”, señaló el portavoz sin precisar en qué consiste esta vigilancia ni qué acciones se adoptarán.

La UE ya ha aprobado nuevas normas para regular el funcionamiento de las agencias de calificación de riesgo tras cuestionar su papel durante la crisis que entrarán en vigor a finales de año. Estas reglas evitarán conflictos de intereses, mejorarán la calidad de la metodología para calcular las notas y aumentarán la transparencia, dijo Hughes.

Por su parte, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, calificó también de “un poco sorprendente” la argumentación que ha utilizado la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s para rebajar la nota. La realidad es que unos minutos después de hacerse pública la nueva calificación, la bolsa española se desplomaba un 3%. El euro caía a su nivel más bajo del último año.

Comentario brevísimo

Es el inicio de una espiral que no se sabe donde termina. Después de Grecia, Portugal y España, vendrán Francia e Italia. Es sorprendente que un asunto de esta importancia, como la calificación crediticia, esté en manos privadas. Miles de millones de dólares volatilizados tras una nota emitida por una compañía y cuya fundamentación deja mucho que desear. Pienso que no hemos aprendido nada de esta crisis. (Más)

José Amengual Antich, Vice-Interventor General de la Comunidad Autónoma de Baleares, en el artículo premiado por la revista Auditoría Pública, califica como “espectacular” el número de nuestros Entes Instrumentales, la mitad de los cuales se rige por el derecho privado.

Es aventurado generalizar una crítica fácil sobre el número de esas entidades. Sin embargo, asistimos estos días a un debate sobre los ahorros que se obtendrían con fusiones que permitan su gestión más eficiente. Vuelve a hablarse de reducir la “Administración paralela” del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales. Es el particular Big Bang del tejido empresarial público, el péndulo que mueve siempre la política patria.

Veamos cual es el estado de la cuestión en algunas Administraciones y la calidad de sus controles.

Administración del Estado

De acuerdo con el informe anual-2008 de la IGAE, había 477 entidades que conformaban el sector público estatal a 31-12-2007. De ellas, se auditaron 388 en los planes anuales de auditoría pública en el ejercicio 2008. Se trataba de 126 entidades pertenecientes al sector público administrativo, cuya auditoría realiza en su totalidad la IGAE, 224 entidades pertenecientes al sector público empresarial, auditadas mayoritariamente por firmas privadas, ya que en su mayor parte son sociedades mercantiles estatales sujetas a las disposiciones de la normativa mercantil y 38 fundaciones del sector público fundacional, cuyas cuentas audita mayoritariamente la IGAE.

En los últimos años hemos presenciado un importante crecimiento de las empresas y fundaciones públicas en CCAA y Entidades Locales. Los últimos informes de auditoría de los órganos de control externo, lo confirman. Veamos algunos.

Navarra

En la Comunidad Foral, de acuerdo con el informe de la Cámara de Comptos sobre a Cuenta General-2008, existían 39 sociedades controladas de forma mayoritaria por el Gobierno. Todas las empresas están auditadas, siendo la opinión favorable en 25 de ellas y presentando salvedades otras 10. La deuda de las empresas públicas asciende a 162 millones.

Durante los últimos años, Comptos ha venido pidiendo la reordenación de los Entes Instrumentales. En concreto en el informe correspondiente al ejercicio 2008, antes citado, recomienda (pág. 4):

Avanzar en el proceso iniciado con la aprobación de la Ley Foral de creación de la Sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra en la racionalización del sector público empresarial, considerando los principios de eficiencia, economía y eficacia en la prestación de servicios por las empresas públicas.

Andalucía

De acuerdo con la fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2008, la Comunidad contaba con los siguientes Entes Instrumentales.

Organismos autónomos y agencias.- El volumen de fondos gestionados por los OOAA y agencias de la Junta de Andalucía durante el año 2008 ascendió a 11.324 millones de euros (suma de obligaciones reconocidas por todos OOAA y agencias), lo que supone un incremento respecto al ejercicio 2007 de un 17,5%.

Entidades empresariales públicas.- El sector público empresarial de la Junta de Andalucía, a 31 de diciembre de 2008, lo conformaban 172 entidades empresariales (26 más que en el ejercicio anterior), que percibieron 3.835 millones de euros, con un aumento del 21,5% respecto a 2007. La plantilla media total fue de 21.310 trabajadores.

Fundaciones públicas.- En la Cuenta General andaluza se recogen 21 fundaciones, con plantilla media total de 4.670 empleados.

Islas Baleares

De acuerdo con el último informe de la Sindicatura de Islas Baleares, el conjunto de entidades dependientes de la Administración general, está formado por:

• 16 entes de derecho público (todos con salvedades-cuadro pág. 65)
• 11 sociedades mercantiles con participación mayoritaria (10 con salvedades- cuadro pág 66)
• 13 sociedades mercantiles con participación igual o inferior al 50%
• 13 fundaciones dependientes (4 favorables, 8 con salvedades y una denegada, cuadro pág. 69)
• 15 consorcios dependientes (2 no rindieron)
• 84 consorcios para infraestructuras y servicios (14 no rindieron

Comunidad valenciana

Las 37 fundaciones de la Generalitat valenciana presentaron, durante el ejercicio 2008, salvedades de diverso alcance (Informe, pág. 40). Sus 53 sociedades mercantiles públicas, según el informe de la Sindicatura (cuadro página 32) tenían opinión de auditoría mayoritariamente con salvedades (44 informes con salvedades, 8 sin salvedades y una sin auditoría).

No magnifiquemos las salvedades, por lo general relacionadas con incertidumbres o la ambigüedad de los criterios contables. Por eso, cada vez se depura la normativa aplicable. Veamos un ejemplo de ayer mismo.

Regulación de los aspectos contables de las empresas públicas

La importancia de las sociedades mercantiles de titularidad pública es tal que exige adaptar muchos de los criterios contables privados. El BOE de ayer publicaba la Orden EHA/733/2010 por la que se aprueban las normas sobre determinados aspectos contables de las empresas públicas, en el marco del nuevo Plan General de Contabilidad, para regular el deterioro del inmovilizado material cuando operan condicionadas por circunstancias que les impiden generar flujos de efectivo.

Las entidades que integran el sector público empresarial, Estatal, Autonómico y Local deben aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121.3 de la Ley 47/2003, de 26 de diciembre, General Presupuestaria, en el artículo 200.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las respectivas normas que regulan esta materia en el ámbito autonómico.

La elaboración de unas normas contables específicas para determinadas empresas públicas viene motivada por las especiales características de algunas entidades que forman parte del sector público empresarial, sometidas a la obligación de elaborar sus cuentas anuales de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, y por la propia necesidad de aclarar determinados conceptos del nuevo Plan que afectan de forma significativa a estas entidades.

En este sentido, si bien estos sujetos contables no han requerido aclaraciones adicionales a las suscitadas por las restantes empresas a la hora de formular sus cuentas anuales con los nuevos criterios del Plan General de Contabilidad, no es menos cierto que la aplicación práctica de las reglas del deterioro a determinados activos de ciertas empresas públicas se ha revelado como una cuestión especialmente problemática por no ajustarse, en muchos casos, a las especiales características de los activos en cuestión.

En particular, quedarán incluidas en el ámbito de aplicación de la norma las entidades especialmente creadas para la construcción y/o gestión de infraestructuras y otros activos destinados a la prestación de servicios públicos sin ánimo de lucro. Al objeto de precisar este supuesto de especial relevancia, en la norma primera se introducen las definiciones de infraestructura y servicio público.

California dedica un 11% de todo su presupuesto al sistema penitenciario. Una cantidad mayor que la que destina a educación superior. Sus 167.000 reclusos hace tiempo que rebasaron la capacidad de las cárceles de un Estado con una gran crisis fiscal, incapaz de afrontar nuevas inversiones. El proyecto de presupuesto establece que algunos presos tengan reducciones en su seguro médico, terminen las condenas en su domicilio o reduzcan sus penas si concluyen programas de rehabilitación, como indica la prensa americana.

Se trata de un sonoro ejemplo internacional de la gran crisis presupuestaria y fiscal que está afectando a todas las Administraciones Públicas lo que en España ha planteado la necesidad de tomar decisiones con recortes generalizados. Hagamos un repaso de los daños del tsunami financiero.

El escenario español

Se plantea si tenemos suficientes recursos para financiar la Ley de Dependencia que prevé una evaluación de los resultados por si fuera necesario realizar modificaciones, transcurridos los tres primeros años de su implantación. Una norma concebida en época de cierta opulencia presupuestaria, cuya memoria económica para 2007 incorporaba 400 millones de euros de previsión de gasto y en la actualidad alcanza 1.671 millones de euros.

Mientras, el Ministerio de Sanidad y las CCAA acuerdan un paquete de medidas para recortar el gasto sanitario, que incluye la reducción del gasto farmacéutico,  creación de una central de compras o establecer “criterios comunes de retribución” de las plantillas.

Además, las CCAA multiplicaron su deuda durante el año 2009 hasta alcanzar los 86.280 millones de euros, lo que supone el 8,2% del PIB, una cifra récord tras el crecimiento del 25,8% respecto al 2008, según los datos del Banco de España. Eso sin contar el problema que supone devolver los 25.000 millones de euros que las CCAA adeudan al Estado y que deben ser devueltos tras los próximos cuatro años de moratoria y como consecuencia del ajuste entre la recaudación real y los anticipos a cuenta del Gobierno, efectuados según unas previsiones optimistas.

Un escenario que afecta a las ofertas públicas de empleo en las Administraciones Públicas, con recorte y congelación de efectivos, en el mejor de los casos. Todo confluye en un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera para reducir el déficit público. En definitiva, cobra fuerza la crítica del ensanchamiento del Estado, producido en estos años de bonanza y, en la misma medida, los defensores del gasto social público como exigencia del Estado de Bienestar.

Comienza a replantearse la presencia del sector público en muchas áreas, que empiezan a considerarse un lujo que la clase media no quiere costear, como las Televisiones Autonómicas. También avanzan nuevas estrategias de reducción de los Entes Instrumentales, buscando ahorros en los gastos de gestión descentralizada de fundaciones o consorcios. En el Estado, las empresas públicas del SEPI recortarán un 4% sus gastos de personal, un 15% de los corrientes, un 13% de las inversiones y hasta un 36% de los viajes, comidas, comunicaciones, profesionales externos y utilización de coches.

En fin, que vivimos tiempos perros, como canta Miguel Ríos.

Hoy se celebró en Madrid un ciclo de conferencias para conmemorar la primera década de vida de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, desde que la presidiera por primera vez nuestro querido amigo Ramón Muñoz, fallecido hace unos meses.

El acto contó con cinco conferencias magistrales. La inaugural de Joaquín Leguina, miembro permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y primer presidente regional (1983-1995). La de clausura corrió a cargo de Manuel Núñez Pérez, presidente del Tribunal de Cuentas. Y entre ellos tres ponencias de tres presidentes de Órganos de Control Externo del Estado Español, que puede verse en la foto cortesía de la organización: de izquierda a derecha, José Ignacio Martinez Churiaque (TVCP) Joan Colóm (Sindicatura de Cataluña),Manuel Jesús González (CCMadrid- Presentador) y Antonio López Díaz (CContas-Galicia) que analizaron el estado actual y los retos de las Instituciones que presiden.

XII Premios Auditoría Pública

También tuvo lugar la entrega del premio (léase: ¡el cheque!) que todos los años concede la Revista Auditoría Pública a los tres mejores artículos del año, en este caso a 2009,  que fueron a parar a los siguientes funcionarios:

Primer Premio: REFORMA CONTABLE Y AUDITORÍA PÚBLICA
Eloy Morán Méndez (Consello de Contas de Galicia)

Segundo Premio: OPACIDAD EN LAS CUENTAS ANUALES DEL SECTOR PÚBLICO EN EL REMANENTE DE TESORERÍA Y EN GENERAL. REFLEXIONES CRÍTICAS Y PROPUESTAS
Jesús Picó Romero (Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana)

Tercer Premio: EL CONTROL DE LOS ENTES INSTRUMENTALES
José Amengual Antich (Comunidad Autónoma de las Islas Baleares)

De izquierda a derecha, los premiados: José Amengual, Jesús Picó y Eloy Morán. Foto cortesía de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Ponencia de Joan Colom

Me gustó especialmente la ponencia del Síndico Mayor de Cataluña, Joán Colom i Naval, que analiza la evolución y expectativas del control externo español – estatal y autonómico – visto desde las nacionalidades históricas. Moltes mercès, Joan por tu cortesía, que nos permite reproducirla a continuación:

Muchas gracias. Hago mía la salutación protocolaria del Presidente de la Cámara de Cuentas, con la actualización que acaba de hacer, Sras y Sres.

Quisiera comenzar mi intervención con dos observaciones preliminares.

- En primer lugar, felicitar a la Cámara de Cuentas de Madrid en ocasión de este décimo aniversario y desearle éxito y progreso  en su futuro. En instituciones como las nuestras, cinco años son el periodo de nacimiento y formación y diez el de consolidación; a partir de ahora, se entra en el desarrollo pleno y creo que esta primera década ha sentado las bases para que la Cámara cumpla plenamente su cometido y pueda afrontar los retos que se ha fijado recordando siempre la máxima de Beaumarchais de que “Sans la liberté de blâmer, il n’y a pas d’éloge flatteur!” [“¡Sin la libertad de censura no hay elogio halagador!”].

- Por otra parte, quisiera agradecer el honor de la invitación a participar en una mesa redonda en una ocasión como ésta.

Entrando realmente en materia, entendí de nuestro moderador, cuando me invitó, que pretendía sobre todo tener una visión del control externo español – central y autonómico – visto desde las nacionalidades históricas aunque también contamos seguramente entre las más periféricas y ello no lo mido en millas náuticas sino en términos sociológicos y culturales.

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña (SCC) nació en 1984 pero creo poder afirmar que con una clara conciencia de su arraigo en la tradición política de Cataluña. Una tradición que tiene sus orígenes a mediados del siglo XIII con los oidores de cuentas (consolidados tras la reforma de 1413) y el Maestro Racionalis, es decir, Maestro también de Cuentas. Tradición, por cierto, reflejada en el propio Palacio de la Generalitat que conserva en su parte antigua, junto al Patio de los Naranjos, la Sala de los Oidores de Cuentas. Asimismo, recordaré que, durante la autonomía republicana, el Estatuto atribuía el control externo al Tribunal de Cuentas de la República pero, precisamente, a mediados de los años treinta se puso en marcha el proceso de creación de un Tribunal de Cuentas de Cataluña, elaborándose un proyecto de ley cuya tramitación, en términos de procedimiento legislativo, fue suspendida por la Guerra Civil que significó, en términos fácticos, su abandono. Uno de los signos distintivos de nuestra identidad institucional sería pues esta suerte de memoria histórica.

Cuando Cataluña recuperó su autonomía, al poco restableció un órgano de control externo de su sector público, exactamente en 1984. Puede decirse que se procedió, de algún modo, a una transposición autonómica o autonomista de la normativa reguladora del Tribunal de Cuentas estatal (TCU). El hoy síndico Alejandro Pedrós fue, en su día, ponente de la ley pero no creo que me corrigiera  si afirmo que la ley catalana se inspiró en gran medida de la española.

Esquemáticamente:

- las competencias eran similares pero referidas sólo al sector público catalán, entendiendo por éste el autonómico y el local;

- se estructuraba en dos secciones (Fiscalización y Enjuiciamiento, cuyo primer síndico presidente fue, por cierto, Antoni Castells, el actual Consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat); y,

- se precisaba que su procedimiento sería regulado por una ley específica, ley que nunca se tramitó aunque puede entenderse que su función fue suplida por unas Normas de Régimen Interior aprobadas por la Mesa del Parlamento.

Todavía estaba la nueva institución dando sus primeros balbuceos que el gobierno español impugnó ante el Tribunal Constitucional la competencia de la Sindicatura en materia de corporaciones locales y la existencia en su seno de la Sección de Enjuiciamiento. En algo menos de cuatro años el Tribunal Constitucional emitió su sentencia que fue salomónica: la competencia sobre el mundo local catalán era concurrente, es decir, tanto del TCU como de la SCC, mientras que el enjuiciamiento era exclusivo del Tribunal estatal. Volveré sobre ello pero, en esta fase de mi intervención, quisiera adelantar un par de reflexiones:

1ª. La doctrina sobre competencias concurrentes, repetida en la sentencia sobre la Ley gallega del Concello de Contas y que evocaba los principios constitucionales de eficiencia y coordinación, llevó a la firma del llamado Pacto de Barcelona en 1989, rubricado por el Presidente del TCU (Pascual Sala) y los de los cuatro o cinco OCEX (Órgano de Control Externo) autonómicos entonces existentes (Navarra, Cataluña, Valencia, Galicia… ¿Canarias, quizás? ¡no sé si me dejo alguno!). En dicho Pacto se venían a poner negro sobre blanco unos procedimientos de cooperación y coordinación entre los dos niveles de control externo que, en cierto modo, implicaban que, como norma general, el TCU no se saltaría nunca el OCEX para realizar una fiscalización de un ente local o autonómico de su demarcación y que los entes locales presentarían sus cuentas al OCEX para que éste las remitiera al TCU. Por motivos que oficialmente ignoro, ese Pacto no se sometió nunca a votación del Pleno del TCU y tampoco al de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña; sin embargo, el documento existe y en los archivos de mi institución he visto uno de los ejemplares originales debidamente  rubricado…Así pues, el Pacto de Barcelona no pudo entrar formalmente en vigor. Sin embargo, de una manera que no sé si calificar de muy británica o de profundamente ibérica, en la práctica, su contenido esencial se ha respetado a lo largo de unos cuatro lustros con las inevitables excepciones y con el problemilla último del rendimiento telemático de las cuentas locales felizmente resuelto el año pasado.

2ª. Respecto del enjuiciamiento, digamos que se acata pero que no se comparte la doctrina. No sé si el jurista que me seguirá en el uso de la palabra ahondará en la brecha que abro pero en la literatura profesional abundan artículos que discuten la interpretación dada en su día por el Tribunal Constitucional al artículo 136 de la Constitución Española y, en particular, al término “jurisdicción” teniendo en cuenta, por ejemplo, que, en otros caos, jurisdicción no se vincula a la judicial sino al concepto de demarcación territorial o ámbito de competencia. Para no alargar esta parte y resumir con un clásico, me remito al bien conocido artículo del fallecido profesor César Albiñana García Quintana “La pretendida jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas” publicado en la revista del Ministerio “Presupuesto y Gasto Público” nº 17 (1983). Dejaré este tema aquí porque no quiero atascarme en él.

A partir de estos prolegómenos, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha ido desarrollando sus trabajos. Evidentemente, su labor es, en términos generales, análoga a la de los demás OCEX. Si acaso, puede haber alguna diferencia por el número de años que lleva funcionando y por la amplitud de su ámbito de competencias que, probablemente, sea uno de los que más abarque de España.

Para dar una idea de la complejidad de la tarea recordaré que el sector público catalán al que llamaríamos “central” comprende, además de la Administración General de la Generalidad de Cataluña, cerca de 350 entes dependientes – exactamente 325 en 2008 – entre organismos autónomos, empresas públicas, consorcios, fundaciones y demás creaciones institucionales flexibilizadoras, mientras que el sector local supera los 2.000 entes si a las cuatro diputaciones, 41 Consejos Comarcales y 946 municipios se les suma todo lo que cuelga de los mismos…En términos financieros, el perímetro de fiscalización supera con creces los 50.000 millones de  euros € y va camino de alcanzar – ¡si no lo ha hecho ya!- los 100.000 millones o, si se prefiere, los 100 millardos de €.

Esta multiplicidad de entes puede reflejar una innegable riqueza administrativa pero significa también una primera limitación práctica a nuestra labor: en efecto, a pesar de que, en los últimos años, el Parlamento ha sido generoso en sus dotaciones presupuestarias y en la Relación de Puestos de Trabajo, el control de legalidad y regularidad – en muchos casos por mera obligación legal – consume buena parte de nuestros esfuerzos y nos impide desarrollar otro tipo de controles que juzgamos importantes y deseados por los ciudadanos. Me refiero a que la Sindicatura catalana considera que la fiscalización de la buena administración de los caudales públicos no consiste sólo en verificar el cumplimiento y respeto de la normativa vigente sino que se extiende al control de la eficacia y eficiencia de la gestión pública, tanto del gasto como del ingreso. Por ello, confesaré una cierta frustración por cuanto nuestros informes son todavía, en su inmensa mayoría, fiscalizaciones de legalidad y regularidad y auditorías financieras. En descargo propio, debo señalar que tampoco los entes públicos catalanes nos facilitan demasiado ese otro tipo de controles puesto que, por ejemplo, la Generalidad sólo introdujo la presupuestación por programas en 2006 y ello de forma incompleta; y las corporaciones locales tampoco van muy por delante en este campo. Consecuencia, la Sindicatura ha fiscalizado pocos programas e, incluso, le cuesta ir más allá del control de legalidad de los mismos para proceder al análisis de su eficiencia, del logro de resultados, etc…

Así pues, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña comparte con los demás OCEX la tipología general de informes. Si quisiera remarcar algunos ámbitos relativamente  singulares, destacaría los siguientes:

a) La fiscalización de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación por cuanto se refiere a la recaudación y aplicación del recurso cameral.

b) El inicio de informes parciales o sectoriales sobre el seguimiento de las recomendaciones contenidas en informes ya tramitados por el Parlamento; habitualmente, contemplamos como prudente un plazo de unos cuatro años aunque en el informe sobre la Cuenta General se hace una relación exhaustiva de todas las recomendaciones contenidas en informes anteriores y todavía vigentes. Debo reconocer que el resultado nos ha sorprendido gratamente puesto que – si dejamos al margen la recomendación genérica de que se respete la ley y, en particular, la normativa reguladora de la contratación pública o de las subvenciones – nos da un porcentaje medio de cumplimiento y puesta práctica de las recomendaciones próximo al 70%…

c) Tradicionalmente y en base a su competencia para fiscalizar las subvenciones catalanas, la Sindicatura había emitido informes sobre las subvenciones de los procesos electorales de ámbito catalán (Parlamento, Consejo General de Aran y Cámaras Agrarias). Desde 2004, la ley le atribuye la competencia para fiscalizar esos procesos electorales.

Esto último me lleva a un tema peculiar. En 2001, los partidos con representación en el Parlamento de Cataluña firmaron un acuerdo en sede parlamentaria y con el VºBº del Presidente del Parlamento denominado Acuerdo de Transparencia. Por él, adoptaban una serie de compromisos relativos a la información que transmitirían a la Sindicatura de Cuentas en materia electoral y ordinaria, a la contención del gasto electoral y otras medidas similares. La Sindicatura aprobó en 2009 un informe sobre el cumplimiento dicho Acuerdo de Transparencia – en muchos puntos, debería decir “del incumplimiento” del Acuerdo – y señalaba algunas lagunas legales existentes para que lo pactado pudiera cumplimentarse por parte de la Sindicatura o de otras instituciones, entes u organismos.

Otra característica de la Sindicatura es su relación con el Parlamento en cuanto se refiere a la presentación de sus informes. En primer lugar, debo decir que, a diferencia, de la mayoría de OCEX españoles, la Sindicatura presenta con periodicidad mensual – habitualmente, el tercer martes de cada mes por la tarde – los últimos informes que ha aprobado y publicado. La presentación se lleva a cabo de forma individualizada en una comisión parlamentaria no legislativa especializada, la Comisión de Sindicatura de Cuentas. Tras el debate de cada informe, la Comisión puede aprobar una resolución. La reforma del Reglamento del Parlamento permite además que la Comisión convoque al fiscalizado a su reunión pero todavía no se ha hecho uso de esa innovación. Por otra parte, el informe sobre la Cuenta General tiene un tratamiento muy específico puesto que primero lo estudia una ponencia; luego, se debate en la Comisión de Sindicatura tras una presentación sumaria por el Síndico mayor y, finalmente, el Síndico mayor presenta el informe ante el pleno del Parlamento previamente al debate del proyecto de Resolución, debate que abre el Consejero de Economía y Finanzas.

Quisiera añadir en este capítulo que algunos informes de la Sindicatura han traído últimamente consecuencias más allá de los indicios de posibles responsabilidades contables que pudieran señalar para su evaluación por el TCU. Por un lado, algunos departamentos han tomado serias medidas correctoras a raíz de algún informe y, si para muestra un botón, mencionaré uno – del que fue ponente el síndico Agustí Colom, que nos acompaña hoy – el relativo al Servicio de Emergencias Médicas (Ejercicio 2006) que llevó a la destitución de la mayor parte del equipo directivo en el mes siguiente a su publicación. Pero también algunos escándalos de gran impacto mediático y social enlazaban claramente con algunos de nuestros informes que no habían traído a consecuencia. Ello ha restallado ante la opinión pública y ha exigido cierta reflexión política; me refiero  a casos como el del Palacio de la Música Catalana [con un informe de 2003 sobre el ejercicio 2002] o el del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet [con un informe del 2007 sobre el ejercicio 2003], informes que ya desvelaban importantes irregularidades, tan importantes que quizás hubieran podido llevar a anticipar la acción de los fiscales. La sacudida ha sido tal que, al margen de la puesta en marcha de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), tema cuya ampliación dejo como posible para el debate, ha aumentado considerablemente la atención prestada a nuestros informes y ha propiciado que se desencallase la reforma integral de la ley de la SCC anunciada desde 2004.

Así pues, superado el debate de admisión a trámite sin enmiendas a la totalidad, se ha pasado a su tramitación en ponencia y debería ser aprobada en mayo según la planificación del Parlamento. El proyecto de ley es eminentemente técnico y actualiza y refunde la actualmente vigente que se había convertido en un conjunto de parches. Entre las novedades, quizás destacar:

- La explicitación de las auditorías de gestión.

- La admisión de otros tipos de auditorías (medioambientales, de género…).

- La determinación del perímetro del sector público catalán, vinculado al SEC 95.

- El desarrollo de las competencias en materia electoral.

- La inclusión de la actividad ordinaria de las formaciones políticas al amparo del Art. 16.1 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP).

- El endurecimiento de los criterios de inelegibilidad de los síndicos pues el período de carencia se alarga a cuatro años y se extiende además del Interventor/a General y Director/a General de Presupuestos y Tesoro  a todos los miembros del Consejo ejecutivo, Secretarios Generales de Departamento y similares.

- Regulación del rendimiento de cuentas de las corporaciones locales con sanciones por la no presentación que alcanzan la cancelación de subvenciones y de las transferencias para remunerar los cargos públicos de los pequeños municipios.

- etc., etc…

Desde estas premisas, la Sindicatura tiene entre sus prioridades el fortalecimiento de sus relaciones con los demás OCEX españoles, sin contar con las relaciones internacionales brindadas por EURORAI.

No es proceso que se pueda precipitar pero la Conferencia de Presidentes no puede ser suficiente a medio y largo plazo. En nuestra opinión, se debería caminar hacia algún tipo de estructura permanente, ligera pero permanente, que permitiera aumentar el valor añadido de nuestros vínculos. Respetando la idiosincrasia de cada institución y a sabiendas de las diferencias del respectivo marco normativo e institucional, ha de ser posible aumentar el intercambio de experiencias. Por útiles y meritorios que sean ¡no basta el Congreso de Auditoría Pública! ¡ni tampoco el Foro Tecnológico! ¿Es posible recuperar los Encuentros Técnicos? ¿Hacerlos frecuentes? ¿Es posible alguna plataforma informática común, de intercambio o debate técnico? Creo que se debe avanzar en la línea de unos programas de formación comunes, quizás online, y foros de intercambio de experiencias. Asimismo, nuestro sistema actual no facilita en absoluto el intercambio de funcionarios ni la creación de un fondo documental informatizado común.

La Sindicatura está embarcada desde hace un par de años en la labor (ímproba) de actualizar su Manual de Auditoría y lo hace a partir del de la Cámara de Comptos de Navarra, sazonado con alguna aportación de los de otros OCEX, ¿no podríamos tener un manual base común? ¿colgado en alguna Web?

En la Sindicatura de  Cuentas de Cataluña valoramos en gran medida el reciente informe sobre prótesis quirúrgicas elaborado voluntariamente de forma coordinada con Andalucía y Galicia: nos da referencias externas, los técnicos han cooperado entre sí hasta armonizar la fiscalización, etc…Es un modelo a seguir.

Last but not least, el Estatuto de Autonomía de 2006 (EAC) – de momento, vigente y que es una ley orgánica española – establece en su artículo 80.3 que la SCC y el TCU establecerán sus relaciones de cooperación por medio de un convenio en el que se han de establecer los mecanismos de participación – se entiende de la SCC – en los procedimientos jurisdiccionales sobre responsabilidad contable. Es decir, además de las relaciones de la SCC con el TCU a través de la Conferencia de OCEX, se prevé un convenio para las relaciones bilaterales y, entre ellas, las relativas a los procedimientos de responsabilidad contable. Es cierto que ya hemos suscrito un convenio para la rendición de cuentas de las corporaciones que no se ajusta al modelo general y que salva algunos problemas institucionales que suscitaba éste pero, a todas luces, no es este convenio el contemplado por el EAC. Por prudencia, se había pospuesto pero si se prolonga el interinato deberíamos pensar en ponerlo en el telar…

Y, a todo ello, en nuestra perspectiva ¿qué papel juega el TCU? No es un secreto para nadie, nosotros nos inclinamos claramente por el modelo alemán en el que el Tribunal de Cuentas Federal participa en algunas reuniones, comisiones y actividades mientras que otras son exclusivas de los tribunales estatales (autonómicos, en la jerga española). Una estructura así permitiría canalizar mejor la realidad del estado autonómico a la Comisión Mixta y al Comité de Contacto europeo, al que el Presidente de la Conferencia de los OCEX podría asistir acompañando al Presidente del TCU a título de observador…No puedo dejar de señalar que en Alemania rige el “Trennsystem”, es decir, un sistema de separación de competencias que excluye prácticamente la posibilidad de competencias compartidas o concurrentes lo que, no hace falta subrayarlo, reduce las posibilidades de roce o conflicto competencial. No es éste el caso español; sin embargo, en mi opinión, se podría avanzar hacia él mediante un “acuerdo entre caballeros” o mejor, mediante alguna modalidad de convenio marco en el que se especificara el principio de la no realización unilateral de auditorías por parte del TCU en territorios donde haya OCEX, las formas de cooperación tipificadas, los instrumentos para implementar los mandatos de las Cortes al TCU, una cierta coordinación previa de los programas anuales de trabajo. ¡Seguro que me dejo puntos a incluir! En todo caso, seguramente, serán objeto de negociación por nuestra parte cuando se plantee el convenio previsto en nuestro Estatuto de Autonomía.

Muchas gracias!

El último día del año que acaba de terminar alumbró un nuevo órgano de Control Externo del Estado español. Se aprobaba, por unanimidad y en lectura única, la Proposición de Ley de la Cámara de Cuentas de Aragón, promovida por todos los partidos con representación en el Parlamento aragonés.

El Texto consensuado deroga la antigua ley 10/2001, de 18 de junio, de creación de la Cámara de Cuentas de Aragón, que establecía un órgano unipersonal (que nunca comenzó su andadura) para fiscalizar el sector público de la Comunidad Autónoma. Tras la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007, se configura la Cámara de Cuentas de Aragón como un órgano colegiado, integrado por tres miembros, lo que  justificó, en la práctica, paralizar el inicio de su actividad.

La citada Ley está estructurada en cinco Títulos, con un total de treinta y dos artículos y diez disposiciones finales, que conciben la Cámara de Cuentas como un órgano técnico al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público de Aragón. Exponemos a continuación sus principales características.

Órgano técnico de fiscalización

Este tipo Instituciones depende directamente del parlamento respectivo y ejerce sus funciones por delegación de este, actuando a través del programa anual de fiscalización, cuyo resultado más importante se plasma en los informes definitivos que deberán ser remitidos al citado Parlamento, al Tribunal de Cuentas y ser objeto de publicación oficial.

Integran el sector público de Aragón, la Administración y los organismos públicos de la Comunidad Autónoma, sus entidades locales y organismos públicos, así como los organismos, consorcios, empresas, fundaciones, asociaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que las entidades integrantes del sector público “participen, directa o indirectamente, mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o en la constitución de sus recursos propios, o financien mayoritariamente sus actividades, o tengan capacidad de nombramiento de más de la mitad de los miembros de los órganos de dirección, administración o control”.

La principal función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas es el examen y la comprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón, que habrá de presentarse antes del treinta de junio inmediato posterior al ejercicio económico a que se refiera, mientras que las Cuentas de las Corporaciones locales tienen hasta el quince de octubre. Las restantes entidades, organismos o empresas se presentarán en el plazo que sea señalado por la Cámara de Cuentas en el programa anual de fiscalización.

Como en órganos similares, la emisión del informe definitivo de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón debe realizarse en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que se haya presentado.

La iniciativa en el ejercicio de la función fiscalizadora corresponde al Pleno de las Cortes de Aragón y a la propia Cámara de Cuentas.

Composición

La Cámara de Cuentas se compone de tres miembros, que elegirán entre ellos un Presidente y un secretario, en los términos que determine su Reglamento. Se ha optado por el modelo colegiado puro, que evite la designación externa del presidente.

Las Cortes, por mayoría de tres quintos, designarán para un periodo de seis años (reelegibles) los miembros de la Cámara entre licenciados o graduados universitarios con más de diez años de experiencia profesional “relacionada con el ámbito funcional de la misma”. Donde más ha afinado el legislador ha sido en las incompatibilidades que has sido definidas de una manera menos genérica que en otras legislaciones autonómicas, donde quedaban apartados quienes gestionen o manejen caudales públicos regionales. En la práctica esto excluía a todo aquel funcionariado regional de perfil económico y reducía las candidaturas a los profesionales del sector privado o a los profesores universitarios.

Así, en Aragón, se reduce la inelegibilidad a determinados cargos políticos y no a todos: no podrán ser designados miembros de la Cámara de Cuentas quienes, en los dos años inmediatamente anteriores, hayan desempeñado el cargo de miembro del Gobierno de Aragón o Viceconsejero, Interventor General, Director General de Presupuestos o Director General de Tributos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Todo ellos sin perjuicio de la abstención en la fiscalización de actos o expedientes en los que, por cualquier cargo o actividad, los miembros hayan intervenido con anterioridad a su designación.

Al Consejo de la Cámara de Cuentas corresponde las principales funciones de fiscalización, al aprobar el programa anual (“sometido a la consideración de las Cortes de Aragón”), las memorias y los informes, el proyecto de presupuesto (“conformando un Servicio de la Sección destinada a las Cortes de Aragón”) o las directrices técnicas a que deban sujetarse los procedimientos de fiscalización, así como las demás funciones no atribuidas a los otros órganos de la Cámara de Cuentas.

El Presidente, por su parte, además de convocar y presidir el Consejo, tiene las funciones representativas,  de dirección de los servicios, ejerce la jefatura superior de personal y asigna a los miembros las fiscalizaciones que apruebe el Consejo.

Otro órgano clave: el auditor.

Una característica peculiar de la Cámara de Cuentas es que podrá designar libremente los Auditores (en el número que reglamentariamente se determine) no necesariamente funcionarios (de serlo, pasarán a la situación administrativa de servicios especiales) y a quienes corresponderá “realizar el control de cuentas y de la gestión económica del sector público de Aragón, proponiendo al Consejo de la Cámara de Cuentas, para su estudio y elaboración, los informes de fiscalización y las conclusiones a que llegasen en el ejercicio de la actuación fiscalizadora”.

Se trata de una figura intermedia entre el consejero y los técnicos, pues goza de las características de ambos. La Ley les exige idéntica formación y régimen de incompatibilidades al previsto para los miembros de la Cámara de Cuentas aunque su experiencia es más abierta: “haber desempeñado actividades profesionales relacionadas con el ámbito funcional de la Cámara de Cuentas”.

Los Auditores podrán ser cesados libremente por la Cámara de Cuentas (se supone que por el Consejo, aunque el Reglamento debe matizarlo) y, en todo caso, cesarán cuando finalice el mandato de los miembros de la Cámara de Cuentas.

Tarea inmediata

La ley entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

A partir de ahí, aparecen tres hitos importantes. En plazo de tres meses: la elección y nombramiento de los miembros de la Cámara de Cuentas. No es una tarea fácil lograr ese consenso parlamentario con mayoría tan reforzada. Tras esto, En el plazo de otros tres meses, el Consejo elevará el proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento a las Cortes de Aragón para su aprobación. Tendrá un año para aprobar su relación de puestos de trabajo y seleccionar al personal técnico y a los auditores.

Las primeras cuentas del sector público de Aragón que se fiscalicen por la Cámara de Cuentas serán las del ejercicio económico en el que quede efectivamente constituida. Si todo va bien, será la correspondiente a este ejercicio 2010.

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Hace unos días, coincidí con un buen amigo, profesor universitario de contabilidad, participando en un seminario sobre control financiero. Durante el café, hablamos de sus últimos proyectos y me hizo saber que estaba emigrando hacia otras áreas de la economía, que ahora le parecían más interesantes.

¿Cómo? La contabilidad es demasiado estática, me dijo. “Ahora estoy enganchado a los experimentos de preferencias declaradas (EPD)”. Por ejemplo, le interesaba, más que los complejos modelos econométricos, saber si el nivel moral o las corruptelas tienen relación con la posición social o económica de cada quisque y así orientar la toma de decisiones públicas. Para ello, diseñaron un proyecto de investigación que incluía a los camareros del bar de la facultad que, ante los pagos devolvía los cambios muy generosamente, para saber el perfil de los comportamientos honrados. También estudiaban el nivel de aceptación de ofertas de empleo por el mismo sueldo que la prestación de desempleo.

El asunto me hizo recordar la película “El experimento” basada en un hecho real acontecido durante 1971 en la Universidad de Stanford para estudiar la respuesta humana a la cautividad, en particular a las circunstancias reales de la vida en prisión y los efectos de los roles sociales impuestos en la conducta.

Se reclutaron voluntarios que desempeñarían los roles de guardias y prisioneros en una prisión ficticia. Sin embargo, el experimento se les fue pronto de las manos y se canceló en la primera semana.

Hay todo un mundo por descubrir en la economía del comportamiento humano, incluso cuando actúa en forma lógica. He aquí un buen ejemplo:

Psiconomía

El reciente libro de Javier Ruiz, Psiconomía (Aguilar, 199 páginas, septiembre de 2009 y 17 euros) nos habla de una nueva disciplina que quiere ser más realista al incorporar a la economía los mecanismos irracionales en la decisión humana (ver blog).

Veamos unos ejemplos que se mencionan en el texto. La Universidad de Stanford probó que, quienes creen estar bebiendo un vino de 45 dólares experimentaban más placer que quienes creían beber uno de 5 dólares. Conclusión: encarecer un producto mejora la satisfacción del cliente. O sea que los laboratorios farmacéuticos … ¿nos ayudan cuando encarecen sus productos? Parece que si.  La Universidad de Iowa probó que “los fármacos más caros curan más” pues los pacientes que habían pagado 2,5 dólares por sus medicinas experimentaban mejores efectos que quienes pagaban 10 centavos por ellas. Esto de la psiconomía es realmente interesante y explica los espejismos y desajustes que se producen en nuestra economía diaria.

Así, el sesgo de la confirmación, que hace que estemos más predispuestos a escuchar y aceptar aquella información que refuerza lo que pensamos y tendemos a menospreciarla si lo contradice. Eso explicaría porqué casi nadie advirtió la crisis actual. El propio Financial Times en su portada de 30-12-2008 se preguntaba “¿Por qué la crisis ha sido tan inesperada? Por que la gente ignora las predicciones que no le gustan”.

Los experimentos también previenen frente al exceso de información y su redundancia. En 1994 quince compañías fueron presentadas a analistas de tres maneras diferentes, añadiendo información redundante. El resultado fue que cuanta más información recibían menor fue su nivel de aciertos en las previsiones. No es de extrañar tanto error. La Universidad de Estocolmo logró probar, hace unos años, que lanzar una moneda al aire para tomar la decisión de comprar o vender acciones era más rentable que confiar en las previsiones de los analistas: 50% frente al 40% de aciertos en los asesores.

Premio Nobel de Economía

Estos asuntos interesan mucho a la economía. La estadounidense Elinor Ostrom acaba de ganar el Premio Nobel de Economía 2009 (compartido con Oliver E. Williamson) por sus estudios sobre el comportamiento humano en relación con las Instituciones colectivas.

¿Cómo un grupo de ciudadanos interdependientes puede organizarse y gobernarse a si mismos para obtener beneficios continuos ininterrumpidos, a pesar de la tentación del gorroneo (free-ride)? La respuesta, aquí. Bueno, no os engaño: aporta una explicación científica. El resto del mundo llevamos años buscando la respuesta.

De este, modo Ostrom ha aclarado las características centrales del autogobierno, como que la participación activa de los usuarios es esencial, y las reglas impuestas desde el exterior tienen menos legitimidad y hay mayor probabilidad de que sean violadas.

Le mereció atención especial el centenario “Tribunal de las Aguas” del levante español, que sigue manteniendo hoy día su arbitraje en los conflictos por el uso del agua de manera muy eficaz y robusta; mientras tanto, instituciones para el riego creadas por los gobiernos generan muchos conflictos y en ocasiones no funcionan en absoluto. ¿Porqué? y  ¿Porqué no existen más instituciones “espontáneas? Un tema para un Premio Nobel.

Este artículo fue publicado el 10 de diciembre en el diario La Nueva España

En 1595, sir John Trevor, presidente del Parlamento Británico, fue acusado de aceptar sobornos y fue obligado a renunciar. Durante de tres siglos de agitada vida política, ningún presidente de la Cámara de los Comunes había vuelto a dimitir de su cargo.

Hace unas semanas, Michael Martin se vio obligado a hacerlo, tras el escándalo por la indebida justificación de dietas por parte de varios diputados británicos. El cese, que tendrá efectos el 21 de junio, es consecuencia de la filtración a un diario británico de documentos que probaban el llamado flipping: la costumbre de cambiar a menudo la designación de cuál es la segunda residencia para así maximizar los gastos a cuenta del Estado. Por ejemplo, el propio Martin liquidó viajes de taxi de su mujer por unas 4.000 libras, si bien en esas prácticas participaban diputados de todos los partidos políticos.

La dimisión viene acompañada de una reforma del sistema de compensación de gastos a los parlamentarios, tanto por clarificar las limitaciones (establecer un tope de 1.250 libras mensuales para pago de alquileres o intereses de hipotecas) imponiendo una mayor transparencia (todos los gastos de viaje se harán públicos trimestralmente).

La noticia pone sobre la mesa la ausencia de fiscalización de determinadas zonas del presupuesto público. Un asunto espinoso, que intenta justificarse porque tanto el Tribunal de Cuentas de España como las Sindicaturas de las CCAA “dependen” de los Parlamentos respectivos, a los que tendrían que fiscalizar.

Bien es cierto que esta dependencia no es otra cosa que una garantía de independencia frente al ejecutivo, pero es una buena excusa, aunque no se pueda utilizar para los Interventores autonómicos o locales, ni mucho menos de la IGAE, donde la dependencia funcional se distingue de la orgánica, si bien todos conocemos casos de presiones insoportables a través de esta última.

Las normas de los OCEX buscan un equilibrio institucional en la definición del ámbito subjetivo de fiscalización y la realidad de su tratamiento. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, como manifestación de la autonomía parlamentaria, es competencia de la Mesa de la Asamblea la incorporación de la Cuenta de ésta a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid, sobre la cual la Cámara de Cuentas emite un Informe anual, en el que se incluye el examen de la Cuenta de la Asamblea, a la que se dedica un folio (pag. 17 del informe 2007).

En la Comunidad valenciana, la Sindicatura de Comptes se dirige todos los años a las Corts para reclamar las cuentas y ofrecer sus servicios. Hasta ahora, nunca han contestado, aunque han logrado la publicación de la Cuenta General del Parlamento en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas.

Parlamento europeo

Leyendo el duro artículo de Henry Kamen en El Mundo de hoy, te queda un mal cuerpo … Permitidme reproducir este extenso párrafo:

(…) Parece que en cinco años de servicio en el Parlamento europeo, cada diputado puede, si explota el sistema correctamente, ahorrar más de un millón de euros en su propio beneficio. Los documentos oficiales de la Asamblea, por supuesto, aportan sólo información del salario básico de cada diputado. Después de las elecciones de este junio, todos los miembros recibirán un salario de 7.000 euros al mes. Eso a algunos nos puede parecer mucho dinero, pero está lejos de ser suficiente para un eurodiputado ambicioso. Por añadidura, cada diputado puede también reclamar, durante los cinco años que está en el Parlamento, una sustanciosa asignación de 117.000 euros, otra asignación para el personal de 489.000 euros, gastos de administración de 243.120 euros, gastos de viaje de 60.000 euros y una generosa pensión de casi 400.000 euros. Esas son las cifras que dio la BBC, aunque fuentes oficiales del Parlamento europeo probablemente protestarán diciendo que las cifras no son correctas. Sin embargo, he consultado un informe alemán que ofrece cifras parecidas. (…) Casi el 80% de las transacciones que deberían estar sujetas al impuesto del IVA no muestran evidencia ni de su pago ni de exención.

El propio Kamen narra como un emprendedor grupo de rodaje alemán grabó algunos parlamentarios llegando temprano por la mañana para pedir su asignación de 298 euros por la asistencia diaria, saliendo inmediatamente sin asistir a ninguna sesión.

En fin, que metidos en el siglo XXI parece difícil explicar tanta opacidad de Sus Señorías. El exministro y diputado Jordi Sevilla recordaba ayer, también en El Mundo, que todos los códigos de buen gobierno destacan la importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas “para que se pueda evaluar y juzgar la actuación de los órganos que toman decisiones”.

No se comprende porqué la ciudadanía no puede consultar todas estas cuestiones en la red, como puede hacer con los viajes del Síndico. Una apuesta: en la próxima década, será obligatorio divulgar en Internet  las percepciones públicas adicionales de todas las autoridades.

Una versión de este artículo fue publicada en LegalToday.

Hasta bien entrado el siglo XVIII, para ser conserje y encuadernador del Tribunal de Cuentas de París se exigía NO saber leer ni escribir. Así se evitaba que cayeran en la tentación saber o hablar más de la cuenta. Era época de requisitos expeditivos y no era preciso justificar ninguna de las medidas Reales.

La sociedad moderna nos regaló los medios de comunicación y la libertad de prensa. Durante los años setenta y ochenta, sesudos periodistas eran capaces de dedicar semanas a investigar y hasta mimar un tema para llegar a descubrir un Watergate, que forzaría la dimisión del presidente de la nación más poderosa del mundo. Se perfeccionaba el periodismo de investigación. Se azuzaba el ingenio. Se comprobaban las fuentes y se confirmaban las noticias.

Durante el seminario de fiscalización de 2007, en Formigal, Encarna Samitier, gran conferenciante y periodista del Heraldo de Aragón, recordó su primera experiencia como intrépida y joven reportera. Había recibido el soplo (luego hablaremos de los soplos) de que decenas de cadetes de la Escuela Militar estaban enfermos. En una capital de provincias, eso era noticia, pero había que confirmarla para sacarla en primera plana. Tras horas de estrellarse con el muro de los jefes de prensa del ejército, urdió la idea de hacerse pasar por la madre de un enfermo, llamando al médico de guardia, con algo así:

- Buenas soy la madre de Pedro Pérez y me han dicho que ha habido una intoxicación …

- ¿Cómo dice que se llana? Pues no está en la lista afectados …

con lo cual quedó comprobado el chivatazo y se apuntó la primera muesca del revolver. Después vendrían muchas más.

Hoy, gran parte de la labor de investigación periodística la hacen unos chicos con un blog o un obstinado que busca justicia o venganza. Nada hay más enérgico que un ciudadano cabreado por una injusticia. Ya hemos hablado en esta bitácora de la extraordinaria película “El dilema” donde se trata y retratan las miserias de los medios de comunicación y las presiones a un hombre honesto. También quiero recordar la reciente película “Flash of Genius” (2008) que narra la historia real de la lucha de Robert Kearns contra la industria automovilística estadounidense por la paternidad del invento del limpiaparabrisas. Y puede con ella, aunque queme su vida.

Pero volvamos al periodista que atiende tantos frentes a la vez: lo mismo a un científico que una rueda de prensa del alcalde. Incluso se habla de la muerte del periódico clásico ¿Cómo y cuando hacer periodismo de investigación? Sencillamente esperando que una filtración interesada ilumine una jornada laboral dedicada a las anécdotas. Suena crudo para los esforzados y precarios profesionales pero es así. No vean desdeño en mi afirmación, pues sin esas filtraciones el delincuente Roldán hubiese sido Ministro del Interior y quizás nunca hubiéramos conocido cuán gran chorizo era. O la gripe porcina que fue desvelada por un periódico mexicano, mientras las autoridades pensaban como taparlo (un seguidor de la bitácora me ha dado este soplo).

Por el contrario, en el museo de los horrores de las filtraciones encontramos a un miembro del gabinete de G.W. Bush que consiguió que un periódico norteamericano delatase como espía de la CIA a la esposa de un honrado diplomático que negó la existencia de Armas de destrucción masiva. Entiendo que la obligación de un periodista es asumir el reto, aun sabiendo que es utilizado en alguna venganza inconfesable.

Las más de las veces, se tiene el cuidado de matizar que la filtración viene “del entorno de fulano” porque, con frecuencia utilizan una persona intermedia o consienten la actividad de un colaborador cercano. Incluso se habla de ciertas claves profesionales para, sin descubrir al sujeto filtrante, mencionarle siempre en la información aunque sea de pasada: hay toda un libro de estilo de las filtraciones, que suelen percibir los buenos periodistas.

Así, con demasiada frecuencia, una mano mece la cuna filtrando alguna noticia a un medio afín. Con seguridad, tal generosidad será recompensada con un tratamiento de la noticia favorable a los intereses de quien revela los secretos. La ciudadanía suele atribuir la filtración al principal beneficiario de la tropelía. Pero no siempre está claro el beneficiario aunque siempre es diáfano quien es el perjudicado. Y entre ellos, la principal perjudicada es la Institución cuyo secreto se viola. En los últimos meses ha sido común ver en la prensa español sumarios declarados secretos. La Audiencia Nacional y el Juez Garzón han sido los máximos dañados en su prestigio; para mi: más que los aludidos en el caso.

En los órganos de control, estas filtraciones de informes suelen cumplir la misión de anticipar a sus lectores, en rigurosa exclusiva, un documento que en unos días estaría disponible a cualquiera. Lo más indignante se presenta cuando el fiscalizado se entera del informe por los medios.  De ahí la importancia de la política de comunicación y de los gabinetes de prensa en los Tribunales de Cuentas, que deben lidiar con los intrépidos reporteros y redactar o explicar las notas de prensa sobre los informes de fiscalización, que a nadie interesan salvo que permitan dejar en evidencia a algún personaje público. Para eso contarán con la eficaz colaboración de un político rival que se hará milagrosamente con el informe ¿Cómo?

La mayoría de las veces (yo diría todas) la filtración, al exigir la colaboración imprescindible de algún/a canalla emboscado/a, sólo sirve para desprestigiar la propia Institución fiscalizadora, deslegitimando sus informes, pasados, presentes y (esto es importante) futuros. Es la que hoy traemos a la bitácora. Nuestras actas, secretas, expuestas en la plaza pública. Es muy duro y eso explica mi silencio de estos días, que muchos ya me habéis hecho notar. Esperemos retomar el espíritu blogero.

Una versión de este artículo fue publicada en La Nueva España, el 17 de junio de 2009.

Hace unos meses, el consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas Rafael Iturriaga (que ahora ya tiene su propio blog: protagorismos)  nos dejaba una colaboración extraordinaria en esta bitácora. Queremos recordar ahora alguna reflexiones:

… la costumbre cada vez más extendida de minusvalorar los informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de un modo que, en mi modesta opinión, implica una falta de respeto institucional en toda regla. Se trata de atribuir a los informes de fiscalización del Tribunal el carácter de “mera opinión” o”criterio” frente al que se esgrime la opinión o criterio discrepante del fiscalizado, todo ello desde un aparente plano de igualdad.

Otras veces nos encontramos con un escenario más agresivo y los medios simplemente recogen lo que supone un ataque a los auditores públicos, buscando la deslegitimación pública de su función ante los ciudadanos:

¿Qué podemos hacer ante este tipo de ataques?

Los parlamentos deciden dotarse de Instituciones de Control Externo y después, cuando llegan malas noticias, algunos de sus representantes deciden atacarlas para desprestigiarlas y minusvalorar sus informes. Los medios de comunicación recogen esas críticas y, con frecuencia, dedican más espacio a ellas que al contenido de los informes.

Un órgano de control externo es un órgano técnico, con independencia del procedimiento de designación de sus miembros. Es importante dotarles de cierta apariencia de neutralidad institucional y estos ataques deberían retratar a quienes los promueven y amparan. ¿Qué opináis?

Ayer se celebró en el Parlament de Catalunya el acto institucional conmemorativo de los 25 años de la creación de la Sindicatura de Comptes. Con tal motivo, los colegas de toda España asistimos al cumpleaños de nuestro hermano mayor. Es una ocasión magnífica para volver a ver a tantas personalidades del mundo de la fiscalización.

El acto fue presidido por el presidente del Parlament, Sr. Benach, a quien flanqueaban a su izquierda los miembros de la mesa de la cámara. En el centro de la foto el President Montilla y a la derecha el Sindic Major, Sr. Colom, con los sindicos a su lado. Un acto emotivo para una sociedad que se muestra orgullosa de sus instituciones. Colom defendió la autonomía de la Sindicatura en tan relevante presencia recordandoes también que “muchas veces las recomendaciones que este organismo hace a las administraciones no son tenidas en cuenta”.

Colom reconoció que su trabajo “no resulta agradable a los fiscalizados, porque los informes acostumbran a decir que las cosas no se hacen impecablemente“, pero reclamó que se tomen en serio sus advertencias y casi se vio obligado a recordar su función: “Denunciar prácticas que huyan de la legalidad” mostrando su contrariedad por las críticas de los partidos a los informes que son contrarios a los intereses de la formación.

Toda la prensa catalana destaca la misma idea del discurso de Joan Colom: La Sindicatura de Comptes exige respeto, titular en que coinciden El Periódico, ABC o El País.

Paredes de cristal …

Visitar la sede de la Sindicatura, en el edificio que veis en la foto, nos hace recordar el aforismo de la transparencia: “la administración debe tener paredes de cristal”. En efecto, se trata de un edificio acristalado, donde la sindicatura ocupa la segunda y la quinta planta.

En la comida con que nos obsequió la Sindicatura, pude  saludar a viejos amigos auditores de esa Institución. En la foto, el primero de la derecha: os presento a Chris Nash, que fue el encargado de traducir las Normas de Auditoría de la GAO (Yelow Book, del 93) al catalán, una obra que durante los años noventa fue referencia obligada para los auditores públicos hasta la aparición en castellano de la versión de CAP.

Mañana se cumplen 25 años de la creación de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya, mediante la aprobación por el Parlament de la Ley 6/1984, de 4 de marzo. Se trata de la institución encargada de fiscalizar la gestión económica, financiera y contable del sector público catalán.

Con tal motivo celebrará un acto institucional conmemorativo, a las 12.00 horas en el Auditorio del Parlamento de Cataluña. Está previsto que asistan los representantes de las principales instituciones catalanas, así como del Tribunal de Cuentas de España y de los OCEX autonómicos.  

A las 17.00 horas, la Sindicatura ha organizado, en colaboración con el Parlamento, una mesa redonda sobre “Los retos actuales de la auditoría en el sector público“, con el objetivo de ofrecer un espacio de debate dirigido a los miembros de los órganos de control externo y los profesionales del mundo de la auditoría pública. Tendremos ocasión de comentar su contenido en esta bitácora.

En la mesa redonda intervendrán el miembro español del Tribunal de Cuentas Europeo, Juan Ramallo, el presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de España, Lluís Armet, el presidente de la Conferencia de Presidentes de los Órganos Autonómicos de Control Externo, y síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, Rafael Vicente, y el presidente de la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público (EURORAI), el suizo Christian Melly. El moderador será el diputado y presidente de la Comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlamento, Jordi Turull, y clausurará el acto el Síndico Mayor, Joan Colom.

Posición Institucional

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, dedica los artículo 80 y 81 a regular la Institución:

Artículo 80. Funciones y relaciones con el Tribunal de Cuentas.

1. La Sindicatura de Cuentas es el órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña.

2. La Sindicatura de Cuentas depende orgánicamente del Parlamento, ejerce sus funciones por delegación del mismo y con plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria, de acuerdo con las leyes.

3. La Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas deben establecer sus relaciones de cooperación mediante convenio. En este convenio deben establecerse los mecanismos de participación en los procedimientos jurisdiccionales sobre responsabilidad contable.

Artículo 81. Composición, funcionamiento y estatuto personal.

1. La Sindicatura de Cuentas está formada por Síndicos designados por el Parlamento por mayoría de tres quintas partes. Los Síndicos eligen entre ellos al Síndico o Síndica Mayor.

2. Deben regularse por ley el estatuto personal, las incompatibilidades, las causas de cese, la organización y el funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas.

Después de tres modificaciones de la ley de creación, en 1991, 2002 y 2004, la institución espera una nueva ley que clarifique su situación y que le dé competencias para fiscalizar los partidos políticos catalanes.

Oficina Antifraude

La celebración coincide en un momento en que se hace público la inminente constitución de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), aprobada por la Ley 14/2008, de 5 de noviembre de 2008. Adscrita al Parlament de Catalunya, su misión es preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma. Su director es designado por el Parlament (a propuesta del Gobierno) durante nueve años, no renovables. Sin embargo, la necesidad de alcanzar una mayoría parlamentaria reforzada (3/5) está incorporando gran dificultad en el nombramiento de los órganos unipersonales, como es el caso. estos días que se discute la idoneidad política del candidato.

No falta quien entiende este órgano en colisión con la propia Sindicatura o el Fiscal anti-corrupción. Lo decía el propio Síndic Major, Joan Colom, hace unos meses, cuando se declaraba «seriamente preocupado» porque la OAC, en su formulación actual, no haría más que solaparse con la propia Sindicatura: «parece difícil que con la creación de otro órgano parlamentario de control, con funciones y procedimientos similares a los órganos ya existentes, se consiga un instrumento más rápido y efectivo en la lucha contra el fraude».

Son bastantes los países que cuentan con este tipo de instituciones de lucha contra el fraude. Brasil tiene, en este momento, el debate en la opinión pública.

La Universidad no está contribuyendo demasiado al análisis riguroso de la actual crisis. Con el tratamiento periodístico o blogero, la prensa ha capitalizado el debate, de marcado tinte político.

Por eso, es una buena noticia la celebración del seminario sobre “La crisis financiera: soluciones europeas” que organizó el Grupo de Investigación de Excelencia en Economía Financiera y Contabilidad de la Junta de Castilla y León. Asistí este viernes a la jornada de clausura en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León.

El catedrático Enrique López ha sido de los primeros en hacer un análisis desde la perspectiva de su disciplina contable, que hemos presentado en otra entrada de esta bitácora. Ahora que todo el mundo se apunta a gurú de las finanzas, debo confesaros que en diciembre de 2007, comentando una serie de cuatro artículos que acababa de publicar sobre las Cajas de Ahorro, me dijo textualmente “¿Crees que habrá corralito en España cuando estalle la que se está preparando?”. No lo he olvidado porque estuve muy preocupado durante días.

En la prensa leonesa, la reunión que dirigía era  presentada por Enrique con un símil muy pedagógico:

Una crisis financiera no resuelta es el equivalente económico de una bomba de neutrones. Después del estallido quedan intactos los edificios y las fábricas, la riqueza física, pero desaparece la actividad económica …

Como reconocía el Director General de Caja España en la inauguración: “tenemos muy pocos proyectos de inversión para financiar”. Aunque el Ministerio de Hacienda reclama “arrimar el hombro” a las Entidades financieras.

El catedrático de Valladolid, Valentín Azofra, presentaba una conferencia con las características de su área de conocimiento: las finanzas: alto nivel de dependencia del ladrillo, estratosférico déficit exterior y endeudamiento del sector privado. Nos olvidamos de que lo financiero era un medio para el sector real de la economía y para caricaturizarlo, puso el video de los Long John.

El catedrático de Salamanca, Julio Pindado, analizó las dificultades de las empresas para sobrevivir en esta crisis. Las empresas familiares, tan abundantes en nuestro tejido económico y social, tienen fortalezas innegables, que fueron también estudiadas en su presentación. ”Las empresas familiares están mejor preparadas para tiempos de crisis. Tienen estructuras más flexibles y están más comprometidas con la sociedad, con su tierra“.

En opinión de Pindado, las empresa familiares “están dispuestas a estar en la actividad, por ejemplo, un par de años sabiendo que no van a hacer un negocio boyante, pero tienen como consigna unos valores, tienen como consigna dejar ese negocio en mejor situación a sus hijos”. “Una multinacional no tiene estos incentivos y si vienen malos tiempos se van a otra parte donde la mano de obra es más barata”, afirmó el también Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Salamanca.

El profesor Roberto Fernández Llera, describió en su exposición la situación de las distintas Administraciones Públicas. La mayoría de las autonómicas y locales, excepto el Estado, se han excedido con mucho en los gastos realizados por encima de sus capacidades de ingresos, endeudándose para muchas generaciones, lo cual en si mismo no es malo pues estos también disfrutarán de muchas infraestructuras. La caída de la actividad y el menor ritmo de la construcción han impactado de forma directa en los ingresos públicos, que van a tener que incurrir de forma generalizada en déficit. El Ministerio de Hacienda permite a loa Ayuntamientos un déficit del 0,2% del PIB en 2008 y 2009). Aquellos que superen ese nivel estarán obligados a presentar un plan de saneamiento de sus cuentas.

Las intervenciones suscitaron un animado debate. Algunos asistentes se interesaron por quiénes han de ser las autoridades que se encarguen de sancionar a las instituciones que no cumplan los límites al endeudamiento o al déficit. Habida cuenta de la laxitud con que se ha obrado hasta ahora, También surgieron dudas sobre la posición relativa de España para superar la crisis. Si bien algunas voces alertan de las debilidades de nuestro país, algún ponente recordó que aún el Banco de España no ha tenido que intervenir ninguna entidad de depósito y que sus directivos han obrado con la responsabilidad que sería de exigir. Al final de la sesión todos salimos con la convicción de haber adquirido una mejor comprensión de las turbulencias financieras de los últimos meses

De izquierda a derecha: Valentín Azofra (UVA) Julio Pindado (USAL) Enrique López (ULE) y Roberto F. Llera (UNIOVI)

Hoy traemos a esta bitácora el extraordinario artículo de Juan Durán Alba, Profesor Titular de Derecho Constitucional  y Letrado del Tribunal Constitucional, publicado en la Revista de las Cortes velencianas (ANUARIO DE DERECHO PARLAMENTARIO Núm. 20/2008) y titulado “Vae Victis! La tramitación parlamentaria de los informes de los órganos de control externo de las cuentas públicas“.

El autor es un experto en los aspectos institucionales de las complejas relaciones entre los Órganos de Control Externo (OCEX) y su Parlamento, que desembocan en una situación de dependencia orgánica de aquéllos con respecto de éste. Algunos de los mecanismos de relación, sin embargo, pueden provocar interferencias en el proceso –e incluso en el resultado– de la fiscalización técnica. En este trabajo, Durán analiza los riesgos que pueden surgir para el resultado del control técnico en el momento de su análisis por parte del Parlamento. El modelo de control escogido, que entronca con una larga tradición constitucional de encomendar a un órgano dependiente del Parlamento, auxiliar del mismo o, si se quiere, que actúa por delegación de la Cámara, presenta algunos inconvenientes. Entre ellos, la sospecha de politización del OCEX debido a la participación del Legislativo en el proceso de designación de sus miembros y al arbitrio legal de algunas facultades de injerir en el funcionamiento del mismo.

Para evitarlo, el autor menciona una serie de «cortafuegos» preventivos, entre los que se encuentran algunos elementos integrantes del estatus de los miembros de estos órganos: rígido sistema de incompatibilidades entendidas como barreras personales de incomunicabilidad, prerrogativas personales (por ejemplo, la inamovilidad), no coincidencia temporal en la duración de los mandatos de quien designa y del designado: “Bien es cierto que esta última garantía puede quedar atenuada por la tendencia a la larga duración sin alternancia de algunas formaciones políticas en determinados territorios con el inconveniente de una posible petrificación institucional“, afirma.

Un órgano de control externo es un órgano técnico, con independencia del procedimiento de designación de sus miembros, si fundamenta su actuación en criterios técnicos, objetivos y no de discrecionalidad o de oportunidad. En algunos casos no puede sino llamarse la atención sobre los efectos que puede tener para el órgano de fiscalización la deslegitimación pública de su función por parte de algunos responsables políticos, con ataques mediáticos a través de prensa afín.

Otras veces, se intenta de atribuir a los informes de fiscalización del OCEX el carácter de “mera opinión” o”criterio” frente al que se esgrime la opinión o criterio discrepante del fiscalizado, todo ello desde un aparente plano de igualdad, como  recordaba hace unos meses Rafael Iturriaga en esta bitácora.

Es verdad que, en las sociedades contemporáneas, la auditoría operativa adquiere paulatinamente una mayor importancia que supone un cambio de perspectiva en la percepción que el fiscalizado debe tener del fiscalizador, como un instrumento de cooperación en la consecución de las «buenas prácticas» económicas consensuadas. “En este sentido pueden ser necesarias medidas de «pedagogía institucional» que podrían evitar el recurso a la deslegitimación pública desde la no aceptación de la crítica. Aún hay quien confunde la crítica a determinadas prácticas con un informe en el que se manifieste que se ha operado contra legem y, por lo tanto, ilegalmente“.

La práctica ofrece, lamentablemente, algunos ejemplos de interferencias en la labor de fiscalización de los órganos de control externo, surgiendo la duda de si es posible introducir mecanismos normativos que garanticen una mayor autonomía funcional que proteja a los resultados de la fiscalización de esos riesgos: “Posible acaso, conveniente es otra cuestión“, concluye Durán, planteando algunas interesantes propuestas:

“ir más allá del consenso inicial en la composición del órgano, que algunas normas jurídicas han tratado de formalizar extendiendo la facultad de propuesta –y el éxito de la misma– entre los distintos Grupos parlamentarios. Ese consenso debe abarcar la determinación de los objetivos cuyo cumplimiento va a fiscalizar el control operativo (no sólo dentro de la Cámara sino también buscando el acuerdo de los sujetos fiscalizados) y, desde el punto de vista parlamentario, el acuerdo sobre los sujetos específicos objeto defiscalización, que no deben ser objeto de controversia política”.

En fin: un completo artículo, de interés para todos aquellos que pertenencen al mundo del control externo.

La Editorial Lex Nova acaba de publicar el libro Pluralismo territorial y articulación del control externo de las cuentas públicas (272 páginas, septiembre de 2008) del que son directores los profesores vallisoletanos Paloma Biglino Campos -actual Directora General del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales- y Juan F. Durán Alba, en la actualidad, Letrado del Tribunal Constitucional.

Se trata de dos estudiosos de los fundamentos jurídicos del control externo, habituales conferenciantes en congresos y jornadas profesionales, que han coordinado en esta obra un selecto grupo de autores, especializados en el análisis de las Instituciones de Control Externo.

Los propios directores asumen también un capítulo del libro. Paloma Biglino tiene ponencias extraordinarias, que son referencia obligada en el estudio de la posición institucional de los Órganos de Control Externo (OCEX). Se hacía necesario actualizar y sistematizar la doctrina que ha venido surgiendo en la labor diaria de los OCEX y los Parlamentos, tras 30 años de Estado Autonómico.

En España, coexisten diversas Instituciones de Control. Por un lado, está el Tribunal de Cuentas, supremo órgano fiscalizador de las cuentas del sector público (136.1 de la CE) y por otra, existen ya en funcionamiento doce OCEX autonómicos que desarrollan su actividad fiscalizadora en el ámbito de su respectivo territorio. Sin embargo, la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas es exclusiva, sin perjuicio de la delegación en los Órganos Autonómicos para la instrucción de actuaciones previas.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 187/1988, de 17 de octubre, tuvo ocasión de pronunciarse favorablemente sobre la legalidad de estos órganos de control externo de las CC.AA., con ocasión de varios recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobierno de la Nación. En esencia, la impugnación versaba sobre dos aspectos fundamentales: de un lado la atribución de funciones de enjuiciamiento a aquellos órganos (resuelta en sentido negativo) y, de otro, la fiscalización de las Corporaciones Locales, resuelta en sentido afirmativo.

Para Paloma Biglino, no cabe ninguna duda de la supremacía del Tribunal de Cuentas, ni de su competencia a la hora de fiscalizar la actividad económica y presupuestaria de las CCAA (art. 153.d de la CE): “Cualquier cambio de esta posición debería estar acompañada, además de la reforma de los preceptos constitucionales”, dice en la Introducción.

En relación con la función fiscalizadora, existe, por tanto, la concurrencia funcional sobre un mismo sector público autonómico o local. Sin embargo, la propia CE ( art. 31.2) establece los criterios de eficiencia y economía, lo que nos lleva a los conceptos de coordinación y cooperación institucional, evitando duplicidades innecesarias, retrasos y conflictos de actuaciones. Todos ello es analizado con lucidez por los autores.

El propio Juan F. Durán (en la foto durante su ponencia en el Simposium de Mérida’2006) nos recuerda que la doctrina constitucional reconoce en toda coordinación un cierto poder de dirección, consecuencia de la posición de superioridad en que se encuentra el coordinador respecto del coordinado. Por cierto, el profesor Jorge Lozano entiende que el Tribunal de Cuentas parece tener una visión mínima de tal coordinación.

En fin, que se trata de una obra imprescindible para los estudiosos del control externo y de las relaciones jurídicas institucionales (Parlamentos, OCEX o Tribunal de Cuentas de España y de Europa) .

Índice

Paloma Biglino Campos. Catedrática de Derecho Constitucional de de la Universidad de Valladolid. I. La posición institucional de los órganos de control externo en los nuevos Estatutos de Autonomía.

Juan Fernando Durán Alba. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. II. La aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional a la articulación del control externo en el Estado autonómico.

Jorge Lozano Miralles. Prof. Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén. III. Las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos.

Felipe Alonso Murillo. Profesor Titular de Derecho Financiero de la Universidad de Valladolid. IV. Articulación del control externo de legalidad de la actividad financiera del sector público.

Gregorio Cuñado Ausín. Director Técnico del Tribunal de Cuentas de España. V. El control externo del sector público y su contribución a la mejora de la gestión pública.

Maria José de la Fuente y de la Calle. Subdirectora Técnica del Tribunal de Cuentas de España. VI. La fiscalización de los fondos comunitarios gestionados en España: Concurrencia de controles.

Luis E. Delgado del Rincón. Profesor. Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Burgos VII. La articulación de la función de enjuiciamiento contable entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos.

Ver el índice desglosado en epígrafes.

Foto: Paloma Biglino, junto al Consejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias, José Carlos Naranjo y el Consejero del Tribunal de Cuentas, Javier Medina. durante el curso de la Universidad de verano de Maspalomas (2007).

Rafael Iturriaga Nieva

Consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

La lucha establecida entre el titular del poder político y el gestor de los fondos públicos que al propio Pueblo pertenecen es un combate eterno por la transparencia, la legalidad, el control y la satisfacción eficiente de los deseos inferidos de un modo más o menos coherente a través del procedimiento electoral.

La parte representativa del sistema político, el Parlamento, busca en teoría maximizar el control del gasto y la gestión pública y para ello establece una serie de cautelas legales y de instancias y procedimientos fiscalizadores. La otra parte, la Administración (dicho sea en términos generales) tiene siempre una consideración optimista sobre sus intenciones y su capacidad por lo que en la medida de sus posibilidades (que son muchas) tiende a sacudirse el molesto escrutinio del legislador.

En principio, nada de lo dicho debería escandalizarnos. Es propio de la naturaleza humana y refleja la evidente tensión entre administrado y administrador, entre representante y representado, entre mandante y mandatario que, sin que sea necesario llegar a los límites de la estafa, siempre será una fuente de conflictos, tal y como supieron ver y resolver los propios juristas de la antigua Roma. Nada nuevo, por tanto, bajo el sol.

Si algo podríamos decir que caracteriza negativamente nuestros actuales sistemas democráticos con respecto al control del poder y de la gestión pública tiene que ver con dos fenómenos como son la crisis del parlamentarismo, por un lado y la moda de la “Nueva Gestión Pública”, por otro.

En efecto, en la democracia actual el poder parlamentario pervive como una fórmula ritual momificada en los textos constitucionales (Art.3 y 66 de la Constitución Española, por ejemplo). El poder está realmente en manos de los partidos políticos que, a su vez, tampoco cumplen satisfactoriamente con el cometido que el artículo 6 les encomienda de expresar el pluralismo y concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular sino que, a imitación del modelo norteamericano, funcionan como meras correas de transmisión de los criterios del entorno de quien ostente en cada momento su liderazgo, un “hiperliderazgo” propio de un régimen presidencialista, pero ayuno de los contrapesos inherentes a dicha forma política del Estado.

Para completar el cuadro nos encontramos con que frecuentemente (El PNV resulta, hasta ahora, una excepción) el liderazgo del partido político gobernante implica el del Gobierno que ostenta la mayoría parlamentaria , lo que produce una total inversión del sistema político: El Gobierno no resulta ser ya un “servidor” de la voluntad política del Parlamento sino que pasa a convertirse en el “creador” de una voluntad política que el Parlamento debe solemnizar mediante la aprobación de las leyes impulsadas por la mayoría gubernamental.

El problema (pues todo desequilibrio de un sistema político-jurídico-institucional lo es) viene a complicarse aún más cuando constatamos que el Gobierno no elabora tampoco sus planteamientos mediante el debate de sus miembros (salvo en el caso de gobiernos de coalición con presencia de diferentes líderes en competencia los ministros son personalidades irrelevantes a efectos de la elaboración política) y ni siquiera a través de las decisiones más o menos proféticas del líder máximo, por no hablar del papel folklórico de los departamentos de estudio y elaboración ideológica de los partidos políticos, sino que resulta ser la propia Administración, la burocracia (o, para ser más exactos, la elite burocrática de la Administración) la que realmente inspira y redacta los textos que se irán convirtiendo en normas, presupuestos y decisiones de todo tipo, tal y como magistralmente nos ilustraba aquella vieja serie de la BBC titulada “Si, Ministro”.

El caso es que, aún aceptando esta realidad del dominio burocrático que, como digo, en su manifestación más excesiva termina por desnaturalizar la democracia misma, la Administración no deja de ser, sobre el papel constitucional y teórico, un fiel esclavo de la voluntad política de los ciudadanos. La Administración, proclama el artículo 103 de la Constitución Española, sirve con objetividad los intereses generales y actúa bajo los principios de legalidad plena, jerarquía, eficacia, descentralización, coordinación y a las órdenes del Gobierno que dirige la política interior y exterior del Estado.

Aquí es donde topamos con aquel segundo problema que encabezaba esta reflexión, la moda de la “Nueva Gestión Pública” fruto, también, de la importación sesgada de un modelo proclamado como dogma por los foros neoconservadores anglosajones. Se trata de que la Administración sea liberada de las hipotéticas trabas legales que dificultan su gestión eficaz. Fíjense que no hablamos de disminuir el tamaño de la Administración como hubieran planteado los viejos fisiócratas y liberales, no. Nadie está dispuesto a renunciar a la suculenta fuente de los recursos públicos en favor de un Sociedad Civil teóricamente ansiosa de gestionar privadamente lo que el ineficaz Estado de Bienestar socialdemócrata abandone.

En lo que consiste la cosa es en gestionar recursos públicos “como si” fueran privados. Dicho de otro modo, de liberar al gestor de los requisitos y condiciones que permitan el control, la transparencia, el mérito, la igualdad, la capacidad, etc.

Para alcanzar este objetivo se han aplicado distintos procedimientos y técnicas más o menos imaginativas que, en su conjunto, vienen denominándose por la doctrina como “Huída del Derecho Administrativo” y que podemos analizar más extensamente en otro momento.

Lo grave, insisto, no es la constatación de que el gestor intenta escabullirse del control de la ciudadanía que nutre con sus impuestos el erario público. Está en su naturaleza. Lo tragicómico del asunto es contemplar como el poder representativo obedece hipnotizado los dictados de las elites gestoras de lo público transmitidos a través del Gobierno a las mayorías parlamentarias y de un modo suicida procede una y otra vez a cercenar sus propias potestades dando carta de naturaleza a la destrucción del sistema parlamentario y a la volatilización del control democrático de la gestión pública.

A iniciativa de la Audiencia de Cuentas de Canarias se incluyó en el Programa de Actuaciones para 2006 un “Informe especial sobre el grado de cumplimiento de las Resoluciones del Parlamento de Canarias en relación con los informes de fiscalización”.

La actuación, que ha sido recogida en todos los medios de comunicación, no era estrictamente una fiscalización, sino una función de asesoramiento al Parlamento de Canarias, aunque exigió efectuar verificaciones propias de un procedimiento fiscalizador.

Metodología

Para verificar el cumplimiento por las correspondientes Entidades de las medidas propuestas por el Parlamento en sus Resoluciones, se efectuaron tres tipos de trabajos:

1. En primer lugar se contaba con la información disponible en la propia Audiencia de Cuentas sobre las Entidades afectadas, en las materias incluidas en las Resoluciones.

2. A continuación acudió a las Entidades afectadas, mediante escrito, para que se informara sobre la situación actual de los aspectos recogidos en las Resoluciones.

3. Por último, se comprobó in situ, en la sede de las propias Entidades, la aplicación de las medidas propuestas.

La Audiencia de Cuentas ha elevado al Parlamento de Canarias, desde su constitución hasta la fecha de finalización del trabajo de campo, un total de 1.146 informes, de los cuales 968 se refieren a informes individuales de Entidades locales hasta el ejercicio 1998, que siempre se han tratado en las Comisiones conjuntamente con el Informe General del sector local correspondiente, emitiéndose las Resoluciones conjuntas. En total, 178 informes susceptibles de disponer de Resolución

Conclusiones

En el contenido de las Resoluciones se pueden distinguir dos grupos: uno que incluye pronunciamientos de la Comisión sobre el Informe o referido a las entidades afectadas, entre los que destacan los que se refieren a la aprobación del Informe y su publicación, y otro que incluye mandatos de la Comisión a las respectivas entidades para que cumplan con determinadas medidas recogidas en el Informe, entre las que destacan las que remiten a las recomendaciones del informe de la Audiencia de Cuentas

La Audiencia constata que, en general, el personal y los responsables de las Entidades con las que se contactó desconocían la existencia de una resolución del Parlamento de Canarias relativa a su Entidad. En algunos casos, incluso desconocían la existencia del propio informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas.

El resultado final de la evaluación es que el 57,1% de las medidas han sido cumplidas en su totalidad, un 11,3% parcialmente y el 31,7 no se han cumplido.

Por lo tanto, el auditor recomienda, a fin de mejorar su grado de eficacia, que las Resoluciones que emita la Comisión recogieran un número reducido de propuestas, basadas en las recomendaciones que se consideren más relevantes del informe.

Lógicamente, la Audiencia de Cuentas considera que sería conveniente que la Comisión de Economía del Parlamento de Canarias se dirija a las entidades destinatarias de sus resoluciones, advirtiéndoles de la obligatoriedad del cumplimiento de estas propuestas incluidas en las mismas y haciendo un seguimiento de su ejecución, o encomendando dicho seguimiento a la Audiencia de Cuentas.

Juan Ventura, catedrático de Organización de Empresas, acaba de publicar un extraordinario libro: Análisis estratégico de la empresa (Paraninfo, 2008, 520 páginas. 35€) donde presenta el marco conceptual y el análisis de los problemas estratégicos de las organizaciones.

El manual, de facil lectura, presenta cada dos o tres páginas una “ventana a la realidad” con las experiencias prácticas del mundo de las organizaciones, así como noticias de la prensa económica. El asunto me ha hecho reflexionar sobre la importancia del análisis estratégico en el ámbito público.

La planificación estratégica

El concepto, de origen militar, aparece en la literatura empresarial hacia la década de los cuarenta, poniendo el acento en el desarrollo a largo plazo, proponiendo una visión de futuro en referencia a la identidad institucional.

La herramienta resurge como instrumento de la nueva gestión pública durante la primera Administración Clinton. Tras la aprobación, en los años noventa, de diversas leyes se exige a todas las Agencias Federales norteamericanas fijar sus objetivos estratégicos, sus medidas de rendimiento y auditar e informar del grado de consecución.

Este proceso implica efectuar un análisis riguroso del ambiente externo e interno de la organización evaluando sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para así formular las estrategias más adecuadas ante las circunstancias actuales y futuras. Pretende contestar tres preguntas básicas: ¿dónde estamos? (situación actual), ¿dónde queremos llegar? (objetivos deseados) y ¿cómo llegaremos? (estrategias). Es decir, es un proceso que permite unir el presente con el futuro deseado (crear futuro).

Planificación en las Instituciones de Control

En el ámbito de las instituciones de control externo, quería destacar el segundo Plan Estratégico de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana (2008-2010) que fija una serie de objetivos estratégicos, cada uno de los cuales se detallado por áreas de actuación en el documento aprobado por el Consejo de la Sindicatura el 8 de febrero pasado:

1.- Mantener y mejorar la confianza depositada en los estados financieros de las entidades públicas de la Comunidad Valenciana.

Fiscalización de la Generalitat

1.1 Fomentar la rendición de cuentas anuales de calidad

1.2 Racionalizar las fiscalizaciones

Fiscalización de las entidades locales

1.3 Aumentar el número de fiscalizaciones realizadas

1.4 Facilitar la rendición de cuentas en tiempo y forma

2.- Hacer una Sindicatura de Comptes más transparente y eficaz, maximizando la influencia de nuestros informes en la mejora de las prácticas de gestión de los entes públicos y manteniendo unas relaciones externas de alto nivel.

Comunicación y relaciones externas

2.1 Fortalecer la identidad corporativa y facilitar el conocimiento de la Sindicatura, de sus informes y actividades, ante los entes públicos y la sociedad en general

2.2 Fomentar las relaciones institucionales con el Tribunal de Cuentas de España, con los órganos autonómicos de control externo, con el Tribunal de Cuentas Europeo y con EURORAI

2.3 Fortalecer las relaciones con Les Corts, el Consell y las diputaciones provinciales

Fomentar buenas prácticas de gestión

2.4 Mejorar el grado de aceptación e implantación de las recomendaciones

2.5 Incrementar el número de auditorías operativas realizadas

3.- Llegar a ser una entidad modelo, prestadora de un servicio profesional de primer nivel, adaptada a las nuevas realidades, con un entorno de trabajo equilibrado y una metodología continuamente actualizada.

Personal y formación

3.1 Desarrollar la planificación a largo plazo de los recursos humanos de la Sindicatura y fomentar la carrera profesional

3.2 Mejorar el entorno de trabajo

3.3 Realizar acciones formativas de alto nivel

Organización

3.4 Desarrollar el Gabinete Técnico de la Sindicatura

3.5 Optimizar la participación de los Servicios Jurídicos en las fiscalizaciones

3.6 Elaborar un manual de procedimientos

3.7 Desarrollar el sistema de gestión del conocimiento

3.8 Integrar los programas anuales de actuación con el Plan Trienal

3.9 Mantener el sistema de rotación de trabajos

Tecnologías de la información

3.10 Aumentar la utilización de las tecnologías de la información en los trabajos de fiscalización y en la gestión

3.11 Potenciar la Unidad de Informática

Metodología de auditoría

3.12 Revisar y actualizar la metodología de auditoría

3.13 Establecer un sistema de control de calidad

3.14 Mejorar la eficiencia de los trabajos mediante un enfoque de auditoría basado en el análisis de riesgos

3.15 Desarrollar la auditoría de sistemas de información.

En fin, todo un ejemplo de transparencia, que confirma el liderazgo institucional de la Sindicatura valenciana.

La Sindicatura de Cuentas de Islas Baleares es la anfitriona, todo el día de hoy, de la reunión anual del EURORAI, a la que asisten un centenar de consejeros y auditores de los órganos regionales de control externo de toda Europa.

A destacar la presencia de la Oficina del Auditor General de Kosovo (Protectorado de la ONU) o la Cámara de Cuentas de Crimea. En total 52 Instituciones de 15 países.

El título del seminario es “la posición institucional de los órganos de control externo- un estudio comparativo –” con un total de 13 conferencias, de cuya publicación dejaremos constancia en su momento (ver).

La conferencia inaugural corrió a cargo del miembro español del Tribunal de Cuentas Europeo, Joan Ramallo Massanet, que habló del control externo del presupuesto comunitario.

Podéis descargar el último libro publicado , aquí.

En la foto: el Consejero Mayor del Consello de Contas de Galicia, Antonio López Díaz, catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Santiago, hablando de las funciones de los OCEX en España, donde pidió revisar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, para adaptarla a la España autonómica actual, entre otras actualizaciones.

La GAO (Government Accountability Office) de Estados Unidos nos tiene acostumbrados a elaborar informes sobre asuntos de todo tipo. Desde las posibles pandemias de gripe a la corrección de los sistemas de votación en algunos distritos de Florida (¡un poco tarde!, pensará Al Gore).

El mes pasado se produjo el relevo del Contralor General, David M. Walker que, sin agotar el mandato, deja paso a su número dos, Gene L. Dodaro, un funcionario que lleva treinta años en la GAO. Los norteamericanos están cada vez más preocupados por la difícil situación de su hacienda pública y los problemas de la sanidad, la energía, la educación, el medio ambiente, Irak, la inmigración o de sus envejecidas infraestructuras, por nombrar sólo unos pocos. Son problemas complejos y de importancia crucial, que la GAO tiene presente entre los objetivos de su Plan Estratégico.

En ese marco, la figura del Contralor (¡con un mandato de 15 años!) cobra mucha presencia pública y en sus múltiples conferencias o artículos ejerce de vanguardista conciencia financiera del régimen. Os recomiendo la Tribuna que publicaba el diario El País, el verano pasado, donde Walker criticaba la esclerosis administrativa federal con perlas como estas: “excesivamente burocrática, corta de vista, estrecha de miras, detenida en el pasado, con tendencia a aferrarse a estructuras organizativas y estrategias pasadas de moda“.

Combatiendo el terrorismo

El pasado día 17 de abril hace público un informe con el título “LUCHA CONTRA EL TERRORISMO: Los Estados Unidos carecen de un plan integral para destruir la amenaza terrorista y acabar con su refugio en Zonas Tribales de Administración Federal del Pakistán”.

Combatir la amenaza terrorista y su refugio están siendo los principales objetivos de la seguridad nacional norteamericana. Los Estados Unidos consideran un a Pakistán un aliado clave en esa guerra y le han proporcionado más de 10,5 millones de dólares para actividades de tipo militar, económico y de desarrollo. Por eso, no es de extrañar que los perros guardianes del dólar federal, realicen este informe, para comprobar cómo va la cosa.

Las autoridades entienden que las Zonas Tribales de Administración Federal (FATA), en la frontera con Afganistán, son las regiones de más atractivo para los extremistas y los terroristas que buscan un refugio seguro. Por ello, se pidió a la GAO evaluar los progresos en el cumplimiento de estos objetivos de seguridad nacional, evaluando la situación de los esfuerzos para desarrollar un plan global sobre la región. Para abordar estos objetivos, la GAO comparó los objetivos de la seguridad nacional con las evaluaciones realizadas por los organismos de EE.UU. y examinó los planes disponibles.

El informe concluye que los Estados Unidos no han cumplido sus objetivos de la seguridad nacional para destruir las amenazas terroristas y cerrarles el refugio en esa zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán. 5,8 millones de dólares fueron entregados a Pakistán para operaciones militares en esa zona, entre 2002 y 2007.

Según el Departamento de Estado, Pakistán ha desplegado 120.000 efectivos militares y paramilitares en la frontera , ayudando a capturar a cientos de presuntos operativos de Al-Qaida; estos esfuerzos costaron la vida de aproximadamente 1.400 miembros de las fuerzas de seguridad de Pakistán. Sin embargo, la GAO encontró un amplio consenso, tal como se documenta por la Inteligencia Nacional así como los funcionarios de Defensa en el Pakistán, de que Al Qaeda ha regenerado su capacidad para atacar a los Estados Unidos y ha logrado en el establecimiento de un refugio seguro en esa zona de Pakistán.

No se ha desarrollado un plan global para el cumplimiento de los objetivos de seguridad nacional de EE.UU. en la zona, como estipula la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Terrorismo (2003). Ni el Consejo Nacional de Seguridad ni otros departamentos han elaborado ese plan general que incluya todos los elementos del poder nacional: económico, diplomático, militar, de inteligencia, de asistencia para el desarrollo.

Como resultado de ello, desde 2002, la embajada de los EE.UU. en Pakistán no ha tenido ese apoyo de Washington, y los terroristas logran refugio en el zona. Termina concluyendo que:

Un plan global de lucha contra el terrorismo en esa zona fronteriza que establezca metas, objetivos, prioridades, resultados así como los hitos, precisando las medidas de la ejecución, permitiría una evaluación de los progresos y ayudaría a asegurar la rendición de cuentas de los esfuerzos de EE.UU. Como tal, creemos que la administración debe desarrollar un amplio plan usando la plena capacidad proporcionada por los Departamentos de Defensa, de Estado y otras agencias para ayudar más a Pakistán en la lucha contra el terrorismo.

Terminan el informe recomendando elaborar un Plan de uso de todos eso los elementos del poder nacional para combatir la amenaza terrorista y cerrar su refugio en la región, mejorando la rendición de cuentas, articulando una estrategia clara para la aplicación de la seguridad nacional, aclarando las funciones y responsabilidades de cada departamento para la ejecución de la meta, proporcionando orientación sobre el establecimiento de prioridades de financiación y suministro de recursos para satisfacer estos objetivos estratégicosy presentando informes periódicos al Congreso sobre los progresos y los obstáculos para la consecución de los objetivos de seguridad nacional en el Pakistán.

Bruno Ariel Rezzoagli, es un ejemplo del mundo académico globalizado. Argentino, profesor de la Universidad Católica de Santa Fe, de la Universidad Autónoma de Durango en México, doctor por la Universidad de Salamanca. Inquieto conferenciante e investigador sobre los aspectos jurídicos, económicos y políticos de la corrupción, nos envía una breve reflexión sobre el significado de la aprobación parlamentaria de las cuentas públicas.

APROBACIÓN LEGISLATIVA DE LA CUENTA DE INVERSIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
¿Se trata de aprobar o rechazar la gestión del Ejecutivo?

Dr. Bruno Ariel Rezzoagli
Profesor de Finanzas Públicas
Universidad Católica de Santa Fe
Becario Postdoctoral del CONICET

La cuenta de inversión refleja, en términos generales, la situación financiera (movimiento de fondos, disponibilidades para hacer frente a los compromisos asumidos) y económica (resultado del ejercicio: superávit o déficit) del Estado. Se trata, pues, de un documento contable, lo cual justifica que su elaboración y preparación esté a cargo de la Contaduría General de la Nación, órgano rector del sistema de contabilidad nacional.

Si al presupuesto lo conceptualizamos como el instrumento de previsión de ingresos y gastos públicos a recaudar y realizar, respectivamente, en un período futuro denominado ejercicio financiero; entonces podemos definir a la cuenta de inversión como el presupuesto ejecutado, o en otras palabras, como el estado contable que refleja los ingresos recaudados y gastos devengados al cierre del ejercicio que se trate. Muestra la ejecución de esos ingresos y gastos que oportunamente fueron previstos en el presupuesto.

Ahora bien, como todo documento contable, su fin último es proveer de información útil, oportuna y confiable. ¿A quienes? En primer término, a los legisladores, quienes representan al pueblo argentino y las distintas provincias en que se divide el territorio nacional. Recordemos que es el Congreso quien debe controlar políticamente al Ejecutivo. En segundo lugar, a los ciudadanos para que lleven a cabo el denominado control social sobre la gestión pública.

Atendiendo a ello, el Poder Ejecutivo a través del Jefe de Gabinete de Ministros remite al Poder Legislativo la Cuenta de Inversión para que éste proceda a su aprobación o rechazo, siguiendo el mismo procedimiento que la Constitución argentina establece para la elaboración y sanción de las leyes.

Llegados a este punto, conviene preguntarnos ¿En qué consiste esa aprobación o rechazo? ¿Se trata de aprobar o rechazar la gestión del Ejecutivo? ¿Consiste en legitimar la actuación gubernamental y administrativa? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de una u otra posibilidad?

No obstante, para que esa información contribuya a la toma de decisiones por parte de sus destinatarios, es imprescindible que la misma sea verdadera, es decir, que refleje la realidad financiera del sector público. Es por ello, que lo primero que hace el Congreso de la Nación es remitir, a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la Cuenta de Inversión a la Auditoría General de la Nación (AGN) –en virtud del artículo 85 de la Constitución Nacional- para que ésta la analice y emita opinión.

Sólo después de haber recibido el informe de la AGN, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas produce el dictamen, que es elevado a ambas Cámaras para la aprobación o rechazo de la Cuenta.

Es decir, se procede en forma similar que en cualquier organización empresarial privada, donde los contadores de la empresa, además de llevar permanentemente registros de las operaciones que se van realizando, elaboran al cierre de cada ejercicio financiero los denominados estados contables; para brindar información útil a los distintos usuarios o receptores de la misma. Sin embargo, para cerciorarse que dichos datos son verosímiles y cuando así lo disponga la normativa vigente, se exige que dichos estados contables estén debidamente auditados por profesionales externos e independientes.

Efectivamente, en el ámbito público la Contaduría elabora la información (Cuenta de Inversión), y la Auditoría General de la Nación (órgano de control externo), audita.

Los procedimientos más relevantes, entre otros, que aplica la Auditoría General de la Nación para la revisión de la Cuenta implican: realizar pruebas globales sobre resultados de la ejecución presupuestaria; así como evaluar si existen diferencias entre el mensaje de elevación del presupuesto, con el crédito inicial, el crédito vigente y la ejecución del gasto, con el objeto de determinar las principales razones de las diferencias, en caso de existir .

Por lo tanto, consideramos que la aprobación o rechazo de la cuenta de inversión tiene que ver con el hecho de si la misma refleja o no la realidad económico-financiera del sector público, más allá de si tal situación es buena o comprometida. Es decir, aprobar la cuenta de inversión no significa bajo ningún punto de vista aprobar la gestión pública llevada a cabo por el Poder Ejecutivo y eximir de responsabilidad a sus responsables. Tampoco su rechazo debe interpretarse como una reprobación de la gestión administrativa e implicar responsabilidades a los gestores.

Por el contrario, creemos que la aprobación o rechazo de la cuenta de inversión se relaciona con defectos (omisiones, errores, vulneración de la normativa contable) observados en la contabilidad nacional que imposibiliten tener una visión auténtica de la situación global del Estado.

Concluimos, pues, que la aprobación de la Cuenta de Inversión no implica la inexistencia de irregularidades, ni perjudica la iniciación ni la prosecución de los procedimientos dirigidos a hacer efectivas las responsabilidades que emerjan de los hechos y actos realizados por los funcionarios públicos durante el período comprendido en la cuenta aprobada, ni al cumplimiento de las decisiones que de las mismas se originen.

Miguel Ángel Cabezas de Herrera tomó ayer posesión en las Cortes castellanomanchegas, de su cargo como Síndico de Cuentas de Castilla La Mancha.

En su discurso, declaró dos importantes retos para su mandato legislativo durante los próximos seis años: fiscalizar a todas las corporaciones locales y a las empresas públicas de la región. Para lo primero, el síndico mostró su disposición a ir de la mano de la Federación de los Municipios y Provincias de la Comunidad autónoma, intentando evitar que los ayuntamientos vean a la Sindicatura de Cuentas como un enemigo, sino como «un aliado para hacer las cosas mejor».

En este sentido, pidió que los informes que emitirá la institución, que dirigirá, «no se utilicen como armas arrojadizas, especialmente en época de elecciones», sino como instrumento de control y eficiencia en el gasto público.

En cuanto a la fiscalización del sector público empresarial, Miguel Ángel Cabezas recordó que ya se vienen revisando formalmente todas sus cuentas y adelantó que dentro de muy poco se comenzarán a emitir los informes específicos de cada una de ellas.

También recordó la importancia de la Sindicatura de Cuentas en el entramado institucional de la región, pues, aunque el control del sector público de la comunidad lo realizaba el Tribunal de Cuentas hasta que se creó este organismo, su implantación significa «profundizar en el autogobierno y dar un paso importantísimo en la eficacia del control», pero también una «aproximación en el tiempo entre el ejercicio fiscalizado y la comunicación de los informes».

Hasta ahora, la Sindicatura ha realizado más de 200 informes en todas las áreas de la Administración regional, ha fiscalizado a la Universidad, a las cámaras de comercio y a los ayuntamientos que lo han solicitado, por lo que, a su juicio, se ha ganado la valoración de los ciudadanos y ya «nadie duda de su independencia y rigor, que viene avalada no por quien sea el síndico, sino por los profesionales que en ella trabajan», apuntó.

Nos consta que el Síndico electo afronta esta nueva etapa ilusionado y se comprometió a «no estar ciego nunca ante la injusticia y a poner todos los medios a su alcance para corregirla».

Asistieron a su toma de posesión, además de los cargos institucionales de la región, el presidente del Tribunal de Cuentas y los presidentes de los órganos de control externo de Navarra, Cataluña, Valencia, Galicia, País Vasco, Andalucía, Madrid, Islas Baleares, Asturias y Canarias.

Miguel Angel, amigo: te deseamos todos los éxitos en tu nuevo mandato.

Los presidentes de los Órganos Autonómicos de Contro Externo (Ocex) se reuneron en Barcelona el 11 de abril para celebrar el tercer encuentro desde su creación en 2006. También acompañaron al Sindico Mayor de Cataluña, Joan Colom, en su toma de posesión para
un segundo mandato.

La Conferencia de Presidentes de Ocex se creó el 19 de octubre de 2006 en Pamplona donde los doce presidentes firmaron una declaración en la que especificaron que su objetivo es ser ‘un medio que contribuya a una gestión cada día más transparente y eficaz’ y pidieron que sus diagnósticos y recomendaciones ‘sean útiles entre los que administran el dinero público’. Entre sus objetivos está la lucha por la ‘eficacia de la gestión pública’ y consideraron que se deben priorizar áreas como salud, educación, bienestar social o las ‘áreas de riesgo’, como subvenciones, obras públicas o urbanismo.

De acuerdo con la nota de prensa difundida el día antes de la reunión, su objetivo era abordar las relaciones con el Tribunal de Cuentas, repasando especial atención en los casos de presunta responsabilidad contables que sigue la fiscalía; y debatir sobre la implantación de sistemas de tramitación telemática de cuentas que faciliten que el máximo número de ayuntamientos envíen sus cuentas a las Sindicaturas. A tal efecto, los presidentes de los Ocex proponían la elaboración de un convenio con el Tribunal de Cuentas para regular la rendición de cuentas por parte de los entes locales.

En rueda de prensa difundida por EFE tras la conferencia, el presidente de la Cámara de Comptos de Navarra se ha referido a lo ‘crucial’ del momento actual para establecer ‘dónde está el Tribunal de Cuentas y dónde estamos nosotros’. Muñoz explicó que ‘orgánicamente dependemos de nuestros Parlamentos’, pero ‘funcionalmente somos independientes’, por lo que cabe esperar que en el futuro estos tribunales de cuentas autonómicos ‘sean autónomos y totalmente independientes’, como las Instituciones de los lander alemanes.

Recordó que ‘cuando nació el Tribunal de Cuentas de España hubo suspicacias’ ya que dicha institución ‘pretendía que las sindicaturas autonómicas fuesen sus delegaciones’ en las diferentes comunidades autónomas. En la rueda de prensa, acompañado del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Joan Colom, se calificó de ‘fundamental’ que la Sindicatura pase de ser una ‘auditoría financiera a una auditoría de gestión‘, con el objetivo de que este organismo pueda ‘medir la eficacia real de cualquier servicio público’.

Colom ha explicado que la futura pauta de trabajo de la Sindicatura de Comptes debe centrarse en los ‘estudios de fiscalización de eficiencia y eficacia de la gestión’, por lo que ‘necesitamos la capacidad técnica para diseñar indicadores que ya tienen en otros países’, agregó. En este sentido, Colom explicó que en los tribunales de cuentas de otros países ‘el cumplimiento de la legalidad y la regularidad representan sólo la rutina’ de la institución, mientras que el esfuerzo real se concentra en el control de la gestión sobre la administración pública.

Por esta razón, Colom subrayó, en alusión a las administraciones públicas, que ‘necesitamos los presupuestos por objetivos y con indicadores’ para saber ‘qué se hace con los millones y si se ha cumplido el objetivo previsto’ ya que, ha agregó, éstas son ‘el tipo de cosas que interesan a los ciudadanos‘.

El síndico mayor catalán ha afirmado que su marco legislativo de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ‘se ha ido haciendo con parches’ y ha remarcado, en cuanto a la futura ley que regulará esta institución, que debe facultar a la Sindicatura para ‘proponer sanciones’, al tiempo que debe, según ha dicho, ‘concretar la competencia para fiscalizar los procesos electorales’. Por último, pidió deslindar las tareas de la Sindicatura y la Oficina Anti-fraude.

La foto adjunta, está tomada en la Sala de Retratos del rectorado de la Universidad de Salamanca, que albergó en el año 2003, una de estas reuniones periódicas, cuando el autor de esta bitácora era Gerente de la Institución.

A RAMÓN MUÑOZ

Voy a contarles la historia
De un funcionario de altura,
Llamado Ramón Muñoz,
Que nació en Extremadura.

Ingresó en el Tribunal,
Fue contador en su día,
Ahora se hubiera llamado:
“Técnico de Auditoría”.

Al cabo de pocos años,
opositó al de Censores,
ahora su nombre ha cambiado:
Son “Letrados y Auditores”.

En tiempos de D. Servando
Trabajó en la Presidencia.
Con Sres. Sala y Pirla,
Que hoy tenemos su presencia.

El año noventa y uno,
En diciembre o en enero,
Al cambiar de nuevo el Pleno,
Le nombraron Consejero.

Pasados los nueve años
De Comunidades al frente,
La Cámara de Madrid
Le nombra su Presidente.

Finalizado el mandato,
Tras realizar su gestión,
Ahora de Consejero
Llega su jubilación.

Entre las muchas hazañas
Que Ramón ha realizado:
Que el Tribunal de las Cuentas
Constitución ha nombrado.

Y tampoco hay que olvidar,
Que antes de estar en la cima,
Su influencia fue notable
En los principios de Lima.

Es viajero infatigable,
Ameno conversador,
Amigo de sus amigos
Y polémico orador.

Y si no que le pregunten
Al Sr. Weber presente,
Del Tribunal Europeo
Es hoy día Presidente.

Sólo tiene un vicio oculto
Entre tantos parabienes:
Ver crecer su colección
De tantísimos belenes.

Hoy la familia y amigos
En esta grata ocasión,
Queremos darte homenaje
Con una gran ovación.

C. GALAN 2007

Foto: José María Fdez Pirla en su “laudatio” a Ramón.

Otras dedicatorias llegadas de Brasil: