Así, el responsable de la Oficina de Control Interno de la Universidad de Granada, Manuel Prados, nos ha preparado un programa que comienza con una conferencia inaugural que correrá a cargo del Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, Antonio López Hernández, que disertará sobre la divulgación de las memorias de responsabilidad social corporativa en universidades. Un tema de gran actualidad en el que la Universidad  debería estar en la vanguardia. El ponente está propuesto como presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Después vendrán cinco módulos sucesivos a cual más interesante, a cargo de académicos o responsables de la gestión universitaria: los modelos de contabilidad analítica para el control de eficiencia y la mejora de las transparencia, las auditorías de eficacia y eficiencia, la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el papel de los Consejos Sociales en la rendición de Cuentas o diversos aspectos de la tensión entre la contabilidad presupuestaria y patrimonial.

La conferencia de clausura correrá a cargo del Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Helio Robleda Cabezas, ex-vicerrector de la UPNA que hablará sobre la gobernanza en la universidad pública y sus implicaciones en la transparencia de su gestión.

En fin, un extraordinario programa que permite mantener al día la red y los conocimientos de los profesionales de la administración universitaria.

Se trata de un ranking tan esperado como criticado, particularmente en Europa, que consideran que sus criterios nos perjudican al primar la investigación en detrimento de la formación. Así, pondera seis criterios para medir la calidad de la enseñanza y para ello tiene en cuenta una serie de factores teóricamente objetivos: el número de premios Nobel entre profesores (20 %) y entre antiguos alumnos (el 10 %). El número de investigadores más citados en sus disciplinas (20 %), el número de publicaciones en las revistas Nature y Science (20 %) y el número de artículos indiciados en SCI (20 %) así como el número total de su plantilla de profesores (10 %).

Resultados

Como el año pasado, los Estados Unidos continúan dominando la clasificación de manera aplastante y copan 17 de 19 primeros puestos. La universidad americana de Harvard permanece desde hace siete años como número uno, y el trío de cabeza es el mismo, pero Berkeley le roba el segundo puesto a Stanford este año. Las únicas universidades británicas que se meten entre las 10 mejores son Cambridge (5º) y de Oxford (10º). Francia, por su parte, mantiene sus tres establecimientos entre los cien primeros, aunque Alemania es el segundo país con mejor clasificación, con 39 universidades en la lista, aunque muy por detrás de EEUU, que tiene un total de 154. Por su parte, Gran Bretaña ubica a 38 entre las 500 mejores, Japón a 25, Francia a 22 y España tiene diez. Tendrá muchos detractores esta lista, pero pienso que es bastante representativo de la visión que todos tenemos del mundo académico, sus recursos y su historia.

A lo largo del próximo año, la Unión Europea quiere presentar su propia “clasificación”, que será de hecho una “cartografía” por disciplinas, concebida particularmente como una ayuda a los estudiantes en la elección de su universidad. Es nuestra típica manera de afrontar el asunto. Eso y  el…

Pataleo

El ranking es acusado de ser “exclusivamente científico” y concentrarse en la investigación, ignorando la calidad de la formación. Por ello, es censurado en los países del viejo continente, en medio de la perplejidad de los promotores chinos: “No nos imaginábamos que los resultados tendrían tanta influencia“, dijo a la agencia de prensa AFP Ying Cheng, director ejecutivo del Centro de Jiaotong para las universidades de clase mundial.

Francia envió a su ministra de Enseñanza Superior el mes pasado a Shanghai para criticar su clasificación, Noruega ya mandó a su ministro el año pasado y el de Dinamarca es esperado allí el mes próximo. Decenas de Rectores de universidades también viajaron a China. Cierto es que había EXPO …

La idea de esta clasificación nació en 1998, cuando Pekín decidió dotarse de varias universidades con prestigio mundial, con el objetivo de definir los criterios para que una universidad sea considerada de rango internacional y ver cómo se ubicaban las universidades chinas. En 2004, ocho aparecían entre las mejores 500. Ahora superan la treintena.

España sólo tenía a la Universidad de Barcelona en la anterior lista TOP200 y la ha perdido, como pone de manifiesto Enric Canela.

Clasificación de las Universidades Españolas

201-300:

• Universidad Autonóma de Madrid (UAM)
• Universidad Complutense de Madrid (UCM)
• Universitat de Barcelona (UB)
• Universitat de Valencia (UV)

301-400:

• Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)
• Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
• Universitat Pompeu Fabra (UPF)

401-500

• Universidad de Granada (UGR)
• Universidade de Santiago de Compostela (USC)
• Universidad de Zaragoza (UNIZAR)

La centenaria (¡459 años!) Universidad Mayor de San Marcos (Perú) concedió el doctorado honoris causa al exrector salmantino y catedrático de Biología Celular, José Ramón Alonso, con quien comparto plataforma del blog, junto a Sevach, como podéis ver en la barra lateral. El homenajeado es gran gestor, extraordinario investigador y mejor divulgador de temas científicos, como nos muestra con regularidad en su bitácora.

En su discurso ceremonial habló sobre ciencia y humanidad:

“Nos enfrentamos como sociedad, como civilización, como cultura, incluso como especie, a unos retos enormes, difíciles, cruciales. Para alimentar a la población que existirá en el año 2050 se calcula que se necesitarían tres planetas como el nuestro, y no existen esos planetas. Se acabarán también en las próximas décadas los combustibles fósiles en los que hemos basado el desarrollo económico de los dos últimos siglos. Muchos minerales se agotarán antes del 2050 y todavía no hemos conseguido encontrar nuevos yacimientos que los sustituyan. Debemos pensar que quizá no existen. Las nuevas guerras serán por el agua, tendremos serios problemas con la seguridad alimentaria, existirán nuevos flujos migratorios que movilizarán millones de desplazados y refugiados (…)

Sentiremos de nuevo nuestra fragilidad ante los desastres naturales y nuestra imperfección ante las maldades de algunos hombres. Pero debemos pensar que somos una especie única y hemos sido capaces de las mayores atrocidades pero también responsables de progresos maravillosos, de historias únicas, de ser la especie que ejemplifica en la Biosfera, la ternura, la decencia, la inteligencia, el amor, la amistad. Una especie que cuida a sus crías y a sus mayores como ninguna otra. Una especie que hace cosas únicas, hermosas, impactantes: de puentes a enciclopedias, de Machu Picchu a la poesía de César Vallejo.”

Alonso no pierde oportunidad para generar esperanza y confianza en los investigadores. Sin embargo, los científicos reconocen que atravesamos una  época donde cada vez cuesta más trabajo encontrar gente valiosa que quiera dedicarse a la investigación. Hoy mismo lo reconocía Margarita Salas «En este momento la carrera científica es poco atractiva para los jóvenes, que no ven futuro para la carrera investigadora». Los nuevos modelos del éxito profesional parece que van por otro lado.

Debemos elogiar las iniciativas para que los ciudadanos participen en la ciencia. El portal “¿Qué reto quieres hacer realidad?” (ver canal youtube) permitió a la ciudadanía europea (107.309 votos) participar a traves de la web en la determinación de las prioridades científicas del futuro. Ganó por escaso margen la propuesta “Almacenar la electricidad de forma más eficiente” a poca distancia de “Órganos artificiales para reemplazar órganos dañados”. Y es que la ciencia ya no es cosa de científicos chiflados.

Así, leyendo este fin de semana el interesante artículo de Público sobre la ciencia hecha por “aficionados” (en realidad, no tan aficionados) conocemos que el mayor experto de España en polillas trabaja en el Metro de Madrid y el único especialista en pseudoescorpiones trabaja en un banco. “A los profesionales nos come el tiempo la burocracia, se nos va el día presentando proyectos de investigación para obtener financiación, haciendo informes”, se quejan.

El informe estudió la adecuación legal de los citados convenios, en sus elementos subjetivos, objetivos y formales, así como la tramitación del expediente administrativo, desde la fase de proyecto (informes, autorizaciones, aprobaciones, etc.) hasta la fase de ejecución, donde examinó los mecanismos de seguimiento, la ejecución de los compromisos asumidos y su acreditación mediante la comprobación material de los resultados y la justificación del gasto.

La actuación fiscalizadora se ha realizado desde la perspectiva de la Administración General del Estado (AGE), tomándose en consideración la gestión de sus órganos y, consecuentemente, las normas que afectan a la misma. No obstante, ha analizado también los convenios a la luz de la normativa aplicable a las entidades territoriales con las que se han sucrito, en especial a las CCAA y a los entes locales.

A continuación presentamos las conclusiones del apartado referido a las Universidades públicas.

Universidades públicas

En relación con los convenios celebrados entre el MMA y las Universidades Públicas, obtenemos la siguiente radiografía:

1. Frente a la heterogeneidad que caracteriza a los convenios suscritos con otras entidades, los celebrados con las universidades públicas mantienen entre sí una homogeneidad, derivada tanto de los sujetos con los que se establece la relación, como del entramado del negocio jurídico, que responde al compromiso, por parte de las universidades, de realizar unos trabajos para su posterior entrega al MMA, el cual satisface, como contraprestación, la cantidad acordada, de forma que lo que subyace en la relación convenida es un intercambio patrimonial, análogo a cualquier relación contractual. Pese a ello, estos negocios jurídicos podían ser encauzados por la vía convencional al no rebasar las cuantías establecidas en los arts. 135.1, 177.2 y 203.2 del TRLCAP, a los que se remite el art. 3.1.c del mismo.

2. En términos generales, la estructura de los convenios responde a un esquema conforme al cual se recogen el objeto, los trabajos a realizar por la universidad firmante y el presupuesto, que expresa la cantidad a satisfacer por el MMA. Asimismo, se contemplan previsiones sobre la utilización de los resultados, que quedan a disposición del MMA, sin perjuicio de los derechos de los autores en orden a su publicación. De otra parte, la mayoría de los convenios son desarrollo de lo establecido en los convenios marco previamente suscritos con las diferentes universidades.

3. Desde una perspectiva material, estos convenios se corresponden con el objeto de los contratos de consultoría y asistencia y de servicios, si bien, por su cuantía, los negocios podían ser encauzados por la vía convencional. El objeto, salvo alguna excepción (MMA 87), guarda correspondencia con las materias definidas en los convenios marco, así como con los objetivos de intervención a corto y a medio plazo que se incluyen como anexos de estos convenios. Por su parte, los trabajos a realizar están definidos con bastante precisión en el clausulado de los convenios o en anejos a éstos.

4. Existen diferencias notables en cuanto al método aplicado para determinar la aportación de la AGE, de modo que, en algunas ocasiones, se fija de forma global y a tanto alzado, mientras que en otros casos el presupuesto aparece con un nivel variable de desglose, ya sea mediante la asignación de importes parciales a las distintas actuaciones, ya mediante la desagregación por conceptos de gasto. En ocasiones, se adicionan partidas en concepto de recargo, de distinto significado e importancia cuantitativa, por aplicación de la normativa interna de algunas universidades.

Por lo general, en los casos en que la aportación se fija a tanto alzado, no consta cómo se obtiene el importe, al no definirse aspectos tales como el perfil técnico del personal que ha de desarrollar los trabajos y el tiempo de dedicación previsto, ni utilizarse tarifas o referencias a valores de mercado. Aun cuando en ninguno de los convenios sea directamente aplicable la legislación de contratos, si se pretende que la aportación del MMA no rebase el valor de mercado de los bienes o servicios convenidos, la valoración debería responder a una estructura de costes basada en precios unitarios o en honorarios por tarifas, pudiendo fijarse a tanto alzado solo si no fuera posible o conveniente la descomposición.

En los casos en los que el presupuesto está basado en precios descompuestos según la modalidad de gasto o en un sistema mixto, parte por conceptos de gasto y parte por subproyectos, el procedimiento es más apropiado a efectos de lograr una estimación razonable del presupuesto, si bien dentro de este método existen variantes, que no siempre ofrecen el mismo grado de garantía en orden a la adecuación del importe de la aportación del MMA.

De otra parte, las comprobaciones realizadas muestran que en varios convenios, junto a las cantidades correspondientes a los conceptos de gasto o a los importes de las distintas actividades, se incluyen partidas en concepto de recargos o cánones. Ahora bien, el canon en cuestión no es un concepto de coste sino de distribución de los recursos generados, con efectos internos, y no puede vincular a la AGE a la hora de convenir el importe de su aportación.

5. En su vertiente formal, el contenido de los convenios se acomoda a lo establecido en el art. 88 de la LRJ-PAC y también se hace mención a los extremos contemplados en el art. 6.2 de la misma ley, si bien han podido observarse deficiencias tales como la falta de mención de las causas de extinción distintas del transcurso del plazo de vigencia y la forma de terminar, en estos casos, las actuaciones en curso de ejecución; y la existencia de cláusulas, relativas a este último aspecto, donde se efectúan remisiones vacías de contenido. La estructura formal de los convenios se acomoda a lo que determina la Orden comunicada de 8 de febrero de 2002 y, en cuanto a su contenido, por lo general se ajustan a las previsiones recogidas en los convenios marco que desarrollan, aunque en ocasiones se apartan parcialmente de dichas previsiones, al omitirse la regulación de algunos aspectos.

6. Por regla general se cumplen los trámites establecidos para la suscripción. No obstante, hay que señalar que, al no haber seguido el MMA el criterio de aplicar a estos convenios la normativa que rige para los celebrados con las CCAA, se han omitido los trámites específicos que para éstos exigen los correspondientes preceptos de la LRJ-PAC y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, tales como la autorización de la Comisión Delegada de Política Autonómica, la publicación en el BOE, la comunicación al Senado y la inscripción en el Registro General de Convenios. En muchos expedientes falta asimismo la memoria justificativa que debe acompañarse al proyecto de convenio.

7. No consta en ninguno de los expedientes que se haya promovido concurrencia para seleccionar a la universidad con la que se había de suscribir el convenio, pese a que, al corresponder el objeto al de las consultorías o asistencias, debería haberse extremado el celo para respetar el principio de igualdad y para justificar la elección de una determinada universidad y no de otra o, incluso, de un centro no universitario de investigación. A este respecto, la justificación de la solvencia científica de la universidad suscriptora, que suele figurar en las memorias justificativas o en la parte expositiva de los instrumentos de formalización, no es suficiente, pues tal justificación no implica que no existan otras universidades o centros no universitarios de investigación con superior cualificación o que, en caso de igualdad, ofrezcan mejores condiciones. Por tanto, a falta de justificación de la elección directa de una determinada universidad, debe considerarse que no se respeta el principio de igualdad al que se remite el art. 3.2 del TRLCAP.

8. Con una única excepción, la imputación presupuestaria ha sido realizada al capítulo 6, de inversiones reales, del presupuesto del MMA, pese a que, en su mayor parte, los estudios, asistencias y trabajos de investigación realizados no reúnen las condiciones necesarias para ello, pues no son susceptibles de producir sus efectos en varios ejercicios, requisito exigible para tal imputación presupuestaria.

9. Tan sólo en 10 de los 21 convenios fiscalizados se crea un órgano mixto de seguimiento y control, si bien en nueve de aquéllos en los que el establecimiento de tal órgano no está contemplado, figura tal previsión en los acuerdos marco suscritos con las diferentes universidades, aunque, en estos casos, las funciones de los referidos órganos se ciñen al seguimiento del convenio marco. En los supuestos en que los convenios de desarrollo prevén la existencia de órganos de este tipo, sus funciones quedan restringidas a la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan presentarse durante la ejecución, siendo excepcional que tengan encomendadas otras funciones. Los convenios no incluyen reglas sobre el funcionamiento de estos órganos, aludiendo a lo sumo a la periodicidad de sus reuniones. De las actas consultadas se desprende que los mismos han cumplido las funciones que tienen asignadas, sin perjuicio de que la información contenida en aquéllas no sea suficiente para realizar una valoración fiable de las actuaciones.

10. La ejecución de los trabajos está suficientemente acreditada, constando en el expediente, entre otros documentos, los correspondientes certificados de conformidad. No obstante, y con independencia de ello, las comprobaciones realizadas han puesto de manifiesto la existencia de algunas incidencias dignas de mención, como son: el retraso en la ejecución de los trabajos, que en ocasiones se deriva de la inviabilidad de su finalización en el breve plazo previsto; los ajustes contables aplicados a algunos compromisos no cumplidos en plazo, con el fin de imputarlos al ejercicio siguiente; la existencia de discrepancias entre las actividades certificadas y lo expresado en las actas del órgano de seguimiento; y la sustitución, no prevista en el convenio, de algunas actuaciones previstas por otras que no figuraban en el texto de aquél, decidida por el órgano de seguimiento, al que no se le había conferido ninguna facultad para actuar en este sentido.

11. En relación con el régimen de pagos, se aprecia una gran heterogeneidad, pese a la similitud del objeto de los convenios. En algunos casos, se comprueba el incumplimiento de la regla del “servicio hecho”, al anticiparse pagos sin contraprestación. También es frecuente que el régimen de pagos no se acomode a la ejecución real del convenio.

Una de los causas de reintegro que contempla el articulo 37.1 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, es el incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

Hoy traemos a la bitácora una interesante Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso) de 17 de mayo de 2010 que respalda el comportamiento “de buena fe” del beneficiario que había venido justificando una subvención plurianual con diligencia, sin reparo y dentro del margen de unas amplias y ambiguas bases de concesión. Luego vinieron los auditores y, en el marco del control financiero de un Plan Anual de fiscalización, concluyeron la necesaria “corrección financiera” pidiendo al gestor que exigiese el correspondiente reintegro.

El asunto encaja dentro de lo que, en su día denominamos “regalos envenenados” porque el Ministerio intentaba (con una subvención directa) evitar la devolución de Fondos Europeos por falta de aplicación en plazo. Como es habitual, salvado el escollo inicial, los problemas vendrán después, convenientemente multiplicados.

También encontraremos en los hechos algo muy peculiar del mundo universitario: en investigación científica puede encajar casi todo.

Antecedentes

En la Sentencia (ver) se desestima una resolución del Ministerio de Educación y Ciencia, que acordó el reintegro de la cantidad de 356.189,03 € respecto de una subvención recibida por la Universidad de Zaragoza, con cargo a los fondos FEDER para la ejecución de la obra “Sede de los Departamentos físicos del ICMA”, por un importe de 2.088.517,07 €, lo que suponía una inversión elegible de 4.177.034,13 €, habiendo la universidad justificado mediante certificaciones periódicas un gasto elegible de 4.217.660,55 €.

Como consecuencia de una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se promueve por la Dirección General de Investigación del MEC el citado expediente de reintegro que termina impugnado en la Audiencia Nacional.

Estas ayudas Feder (objetivo 2) tienen como finalidad, entre otras, la creación de centros públicos de investigación en aquellas áreas que se consideren adecuadas para fortalecer el desarrollo regional, dentro de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de I+D+I, incluyendo las construcciones de reposición o de nueva planta de edificios vinculados exclusivamente a la investigación científica y técnica en Universidades, Centros Públicos de Investigación y Centros Tecnológicos. Los auditores reconocen que los documentos que contienen la solicitud y concesión de las ayudas no reflejan con detalle la naturaleza de las actuaciones a llevar a cabo en el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Zaragoza en el que desarrollan su labor cerca de 250 investigadores.

En relación con la ayuda objeto de control se reconoce en el mentado informe que no ha habido una previa Orden de convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que su objeto básico venía constituido por la reforma de la sede del ICMA, remarcándose que la concesión de Fondos FEDER sólo especificaba el importe máximo de la inversión financiable, sin detallar los proyectos o actuaciones concretas. La auditoría reconoce que todos los gastos de inversión se hallan justificados por certificaciones de obra y/o facturas procedentes de la ejecución de los contratos de obra, suministro o servicios concertados para el desarrollo del proyecto, correctamente emitidas, dentro del período elegible y referidas a infraestructuras y equipamientos destinados exclusivamente a la investigación. Sin embargo, propone el reintegro de la cantidad de 356.186,03 €, por las siguientes causas.

Ausencia de convocatoria pública

Como resultaba imposible realizar una primera selección de proyectos a través de una convocatoria pública (“dado que los plazos habrían impedido resolver a tiempo para poder certificar gastos que evitaran una pérdida de fondos europeos”) el Ministerio optó por recabar solicitudes mediante un procedimiento de invitación a los potenciales beneficiarios.

La Universidad de Zaragoza solicitó la financiación y vino ejecutando las obras, sin que en ningún momento por parte de la Administración del Estado se opusiera objeción o reparo alguno a sus justificaciones en relación con la condición de elegibles de los gastos que se estaban haciendo y que en los mismos se especificaban, por lo que invoca los principios de buena fe y confianza legítima al existir fundadas razones para entender la Universidad que las obras se estaban realizando conforme a los términos en que se había concedido la subvención litigiosa.

Así, la subvención no reflejaba con detalle la naturaleza de las actuaciones a llevar a cabo, especificando tan solo el importe máximo de la inversión financiable, sin detallar los proyectos o actuaciones concretas, pero cuyo objeto básico era la reforma de la sede de los departamentos del ICMA en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, financiado con los Fondos FEDER asignados en el DOCUP de Aragón, en cuyos ejes prioritarios figura la medida 3.5 que tiene por objetivo la creación de centros públicos de investigación en aquellas áreas que se consideren adecuadas para fortalecer el desarrollo regional, incluyéndose en esta medida las construcciones de reposición o de nueva planta de edificios vinculados exclusivamente a la investigación científica y técnica en Universidades, Centros Públicos de Investigación y Centros Tecnológicos.

Todo es investigación

Esta vinculación exclusiva a la investigación científica y técnica, en el que pone especial énfasis el auditor de la IGAE admite una interpretación no rígida en función de las propias fichas técnicas de los ejes y medidas del DOCUP. Es verdad que muchas universidades has resuelto necesidades docentes con cargo a subvenciones europeas de I+D+i, y los auditores lo saben.

Ante la ausencia de un procedimiento reglado de convocatoria pública, con unas bases reguladoras precisas a que ajustarse, “hemos de atenernos a los términos de la concesión de la subvención, cuyos términos son tan amplios que requieren ser integrados con la solicitud de la subvención, que tampoco detallaba -cual reconoce el informe de auditoría- las actuaciones pormenorizadas a llevar a cabo”.

Pues bien, ante la ausencia de una convocatoria con sus correspondientes bases reguladoras y el abierto de los términos en que se concedió la subvención que después fue sometida al riguroso control financiero por parte de la IGAE, el Tribunal sentencia:

“no parece razonable -a la hora de verificar si se cumplieron o no los términos de la concesión de la subvención- que la laxitud que presidió el acto de concesión se torne en extremo rigor al controlar financieramente el carácter elegible de ciertos gastos puestos de manifiesto en los informes periódicos de ejecución de las obras y que no merecieron entonces ninguna objeción por parte de la Administración, cuyo silencio bien pudo reafirmar a la Universidad en la convicción de que estaba actuando dentro de las condiciones en que fue otorgada la subvención de referencia”.

Los auditores pedían la corrección de la ayuda concedida en relación con el carácter no elegible de ciertos gastos por no tener una relación exclusiva con la actividad investigadora. La Audiencia Nacional respalda el comportamiento de la Universidad de Zaragoza, pues ”todas estas partidas corresponden a gastos de los que se dio oportunamente cuenta en los reiterados informes remitidos al Ministerio en la fase de ejecución de las obras, siendo así que no se opuso reparo alguno”.

Además, durante el proceso se acredita que los gastos correspondientes a tales partidas:

“tienen una relación más o menos directa y con intensidad variable -según los casos- con la mejora de las infraestructuras precisas para el desarrollo de la actividad de investigación, sin que en función de las condiciones propias de la concesión de la subvención litigiosa pueda afirmase que alguno de tales gastos esté totalmente desvinculado del objeto de la subvención o resulte enteramente ajeno a la mejora de las infraestructuras precisas para el desarrollo de la investigación, de donde que en tales circunstancias malamente pueda aceptarse la calificación de no elegibles de tales gastos, por lo que el recurso ha de estimarse en relación con los mismos”.

Hoy, que afrontamos la crisis más profunda de la historia reciente, aprovechamos la celebración para reflexionar sobre alguna faceta europea de nuestro interés. He seleccionado un aspecto menos conocido de la actividad de la Comisión Europea: la lucha contra la burocracia de la Administración. Frente a la imagen de la Eurocracia de Bruselas, encontramos que la Dirección General de Empresa e Industria complementa su misión de promoción de la estrategia europea para el crecimiento y el empleo, la competitividad y la innovación, con la lucha frente a la burocracia. Algo así como aquel ministro brasileño de la desburocratizaçao del que ya hablamos en esta bitácora.

Dicen que la burocracia es un freno para los emprendedores y por eso la Comisión promueve multitud de acciones para combatirla. Incluso ha cuantificado su objetivo: reducirla en un 25% para el 2012.

¿Qué cargas administrativas son innecesarias?

La DG nos da un pequeño recetario. Son aquellas situaciones donde:

• los requisitos legales son tan complicados que no se comprende qué información es la exigida o cómo presentarla.
• las obligaciones de información se aplican indiscriminadamente (es decir, incluso a aquellos cuya función es irrelevante) o se relaciona con requisitos sustantivos obsoletos o modificados (por ejemplo, los requisitos en el sector del transporte por carretera de cuando se exigían permisos especiales para el transporte internacional);
• la frecuencia de notificación es excesiva en relación con el ritmo de la actividad o  no se adecua a las fechas correspondientes a las distintas obligaciones
• debe comunicarse una misma información a distintas autoridades o presentarse en diversos formatos (por ejemplo, formato electrónico y papel)

¿Cómo puedo comunicar problemas y sugerencias sobre las cargas administrativas?

La DG proporciona un cuestionario en línea para registrar los problemas y sugerencias que se presenten. Su aportación se tendrá en cuenta a la hora de establecer las medidas de reducción de las cargas administrativas y se resumirán en informes periódicos. Además, puede optar al premio anual a la mejor idea para reducir la burocracia, cuya próxima edición tendrá lugar esta semana en Praga.

En los últimos cuatro años, algunas propuestas de simplificación se han distinguido por su éxito. Esto se aplica, por ejemplo, a la creación del espacio único de pagos, la modernización del Código Aduanero, la simplificación del marco normativo y los incentivos a las PYME activas en el ámbito farmacéutico ( incluida la reducción de los costes), la simplificación de todo el marco regulador de la UE relativa a los vehículos (con la derogación de 150 directrices sobre la homologación), la revisión Intrastat, el paquete IVA, las normas comunes para la explotación de los servicios aéreos y el paquete de propuestas sobre eficiencia energética.

Burocracia e investigación científica: más laboratorio y menos despacho.

La Comisaria de Investigación, Innovación y Ciencia, Máire Geoghegan-Quinn (exconsejera del Tribunal de Cuentas Europeo) acaba de difundir diversas propuestas para reducir al mínimo las cargas administrativas en los programas de la investigación europeos sin poner en peligro el control financiero. Dijo: “Necesitamos conseguir que participen los mejores investigadores y las empresas más innovadoras y hay que facilitar que se concentren en los resultados, no en el papeleo”. No es un brindis al sol sino una amenaza real. Yo mismo, en los últimos meses, escuche a reputados investigadores universitarios que habían decidido dejar de concurrir a ayudas europeas ante las incertidumbres y dificultades administrativas que suponían. No sé si esto logrará reconducir esta situación.

Líneas de trabajo

La primera parte de la estrategia de la Comisión hará posibles mejoras dentro del marco jurídico y normativo vigente, como por ejemplo, mejores sistemas de tecnología de la información, una aplicación más coherente de las normas, sobre todo en materia de auditorías, y la mejora de la estructura y del contenido de las «convocatorias de propuestas», en función de las cuales los organismos de investigación optan a la financiación.

La segunda parte supone la modificación de las normas financieras vigentes con vistas a una simplificación más radical, aunque manteniendo un control efectivo, por ejemplo gracias a un recurso más amplio a las «metodologías de cálculo de los costes medios», por las que no hace falta que en los proyectos se contabilice por separado y laboriosamente cada pequeña partida de gasto. La Comisión también se propone permitir que los proyectos utilicen los mismos métodos contables para la financiación de la UE que los requeridos para la financiación nacional de la investigación, si bien esto exige una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo.

El sueño de los investigadores

El tercer tipo de cambio previsto para su aplicación en los futuros programas marco de investigación continene el sueño de todo investigador: la adopción del «pago en función de los resultados», lo que significa que los beneficiarios cobrarán cantidades a tanto alzado por llevar a cabo tareas científicas concretas y habrán de demostrar que las han realizado real y eficazmente, en vez de justificar las diferentes partidas de gastos.

He escuchado tantas veces esta quimera académica, que verla plasmada en la agenda de la Unión Europea, me ha dejado estupefacto. Es justo reconocer que los profesores universitarios han contribuido al retorno a nuestro país de muchos fondos de I+DT. Pero la gestión de esos proyectos es tan compleja que estaba quedando en manos de los profesores más atrevidos. José Ramón Alonso rinde hoy su tributo europeo haciendo un repaso de las razones por las que Europa no desarrolla todo su potencial investigador en las universidades. Sin duda, eliminar trabas administrativas puede ser una de las soluciones.

El pasado 26 de abril, el Consejo de Universidades (los rectores) y la Conferencia General de Política Universitaria (las CCAA) se reunieron en una sesión conjunta para debatir la última versión del “Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español” elaborado por la Comisión Mixta de financiación universitaria.

El documento de base había sido elaborado durante el año 2009 y aprobado el 15 de enero de 2010 y elevado a consulta durante un período de dos meses, enriquecido con las aportaciones obtenidas de las 17 Comunidades Autónomas, de las Sectoriales de la CRUE, de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Públicas y de 20 universidades.

Las malas noticias son que el propio documento plantea un marco financiero para el periodo 2010-2013 ajustado al Plan de Estabilidad de la Economía Española del conjunto de las Administraciones Públicas, y entiende que hasta el periodo 2015-2020 no se puede aspirar a la  consolidación de un modelo globalmente más sostenible “con el compromiso de mejoras internas en eficacia y eficiencia de la gestión”. Hablando claro: hasta mediados de la década no se podrán implantar las medidas que supongan un alivio financiero para las universidades. El Ministro Gabilondo lo justifica “porque no se puede dejar la educación al margen de la situación económica general del país”.

El deslizamiento hacia el año 2020 se presenta como coherente con la Comunicación de la Comisión “Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” [COM(2010)2020] será adoptada formalmente por el Consejo Europeo el próximo junio. Europa 2020 constituye una visión de la economía social de mercado de Europa para el Siglo XXI.

Sin embargo, el informe considera indispensable mejorar, desde ya, la transparecencia de la información mediante la elaboración y desarrollo de un sistema integrado de información universitaria que permita conocer los indicadores de calidad docente, de investigación, de transferencia y de rendición de cuentas, así como la implantación de un modelo de contabilidad analítica de las universidades públicas para conocer el coste real de sus actividades, de acuerdo con las misiones que tienen encomendadas.

Junto al documento se aprobó una declaración sobre la mejora y modernización de las universidades españolas que reconoce su importancia en el crecimiento económico sostenible basado en el conocimiento y donde también se requiere al Sistema Universitario Español un sistema de evaluación y seguimiento mediante indicadores que permitan medir el progreso anual de los objetivos.

Líneas de actuación

El Estado, las CCAA y las universidades comprometen un pacto en seis ámbitos:

- Becas y Ayudas al Estudio Universitario y Precios Públicos de Matrícula. Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico

- Equidad financiera institucional de las Comunidades Autónomas

- Recursos Humanos. Nuevo estatuto del PDI. Adaptación de los Recursos Humanos al EEES. Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Carrera docente e investigadora. Atracción de Talento.

- Adaptación de las infraestructuras universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y al Espacio Europeo de Investigación (EEI). Campus de Excelencia Internacional (CEI).

- Investigación, desarrollo tecnológico y actividades de potenciación de la Innovación. Incentivos a la mejora de la actividad científica, tecnológica e innovadora.

- Eficiencia y eficacia de la gestión de las universidades españolas. Rendición de cuentas e información pública.

y determinan un Plan de Acción (Página 99) que recoge un número determinado de medidas para cada uno de los ejes que vertebra el documento de financiación. Eso si, las relativas a la aportación suplementaria, se iniciarán para el año 2013.

Hoy traemos a la bitácora la interesante STS del 23 de Febrero del 2010 (Comunidad de Madrid vs. Universidad Carlos III) de la que ha sido ponente el Magistrado Antonio Martí García.

En ella, la Sala Tercera (Contencioso) del Tribunal Supremo anula determinadas previsiones de la Orden 4789/2004, de 28 de octubre, del Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, por la que se establece el procedimiento y requisitos para realizar los libramientos correspondientes a las transferencias nominativas para gastos de inversión de las Universidades Públicas Madrileñas.

A continuación presentamos un resumen de la Sentencia.

ANTECEDENTES

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en fecha 24 de abril de 2003 el Programa de Actuación en materia de inversiones de las Universidades Públicas para el período 2003/2006, que incluía la forma de realizar los libramientos de las cantidades asignadas a las Universidades para el ejercicio 2003, así como en los posteriores ejercicios, de acuerdo con el artículo 48.2 de la Ley 1/2004 de 31 de mayo, de la Comunidad de Madrid, de Presupuestos Generales para el año 2004 al establecer:

“2. Las transferencias de capital de carácter nominativo se adecuarán al procedimiento que se establezca en desarrollo del Programa de Actuación en materia de Inversiones de las Universidades Públicas de Madrid 2003-2006″.

El procedimiento para realizar los libramientos de las cantidades previstas en el Programa de Actuación, se establecía en dos fases; La primera, regulada en el artículo 2º, exigía que las actuaciones de obra nueva o adquisición de equipos, sean previamente autorizadas por la Dirección General de Universidades e Investigación, bien individualmente, bien de forma global en el marco de un expediente de autorización o de un Plan de Inversiones, requiriendo la certificación de que las necesidades de las obras de reposición, mantenimiento y seguridad han sido cubiertas al considerarse prioritarias y la existencia de excedente en la cuantía consignada en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para gastos de inversión.

La segunda fase, una vez autorizada la actuación, se contempla en los artículos 3º (para obra nueva) y 4º (para equipamientos), regulando el artículo 5º los libramientos de fondos para obras de reposición, mantenimiento y seguridad, y que en definitiva consiste en la remisión por la Universidad del contrato de adjudicación y otros datos del mismo, certificaciones de obra, visado de las mismas por los servicios pertinentes y tramitación del pago; tales certificaciones se sustituyen por las facturas en el caso de equipamientos.

El TSJ, donde la Universidad Carlos III había impugnado la Orden, había entrado en la cuestión de fondo: el concepto, naturaleza, contenido y alcance del Derecho Fundamental de Autonomía de las Universidades, amparado por el artículo 27.10 de la Constitución Española, ampliamente expuesto por la Jurisprudencia del TC y del TS, que se trata de un derecho Fundamental de configuración legal y que entre los elementos integrantes del mismo, se comprende la autonomía económica y financiera de las Universidades.

Así se establece en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, al precisar que “la ley reconoce expresamente la autonomía económica y financiera de las Universidades…” que entre otras cuestiones comprende la elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes (artículo 2.1 ), precisando el artículo 79 que:

1. Las Universidades públicas tendrán autonomía económica y financiera en los términos establecidos en la presente Ley. A tal efecto, se garantizará que las universidades dispongan de los recursos necesarios para un funcionamiento básico de calidad.

2. En el ejercicio de su actividad económico-financiera, las Universidades públicas se regirán por lo previsto en este Título y en la legislación financiera y presupuestaria aplicable al sector público.

El TSJ madrileño, en su sentencia de 14 de febrero de 2008, había dado la razón a la Universidad Carlos III que impugnaba la previa autorización por la Dirección General de Universidades e Investigación de las obras nuevas o adquisición de equipos sin la cual no podrían librase los fondos, estableciendo asimismo una priorización de las obras de reposición, mantenimiento y seguridad.

Aunque la Administración ha de comprobar si tales actuaciones solicitadas por las Universidades se encuentran comprendidas en las previstas en el Programa de Actuación y su coste no sobrepasa las cantidades asimismo previstas, tal comprobación, para el TSJ “supone en definitiva que una obra o adquisición de equipos ya prevista en el Programa de Actuación pueda ser denegada por la Administración, exigiendo un orden de prioridad y una justificación y evaluación de necesidad (como se aprecia del Anexo a la Orden, relativo a la Fase de autorización) que la Sala entiende no procedente una vez que las actuaciones ya han sido establecidas en el Programa de Actuación, incidiendo en la posibilidad de disponer las mismas en la forma que determine la propia Universidad elaborando al respecto sus propios Presupuestos”.

Por otra parte, el TSJ entendía que “la Universidad debe disponer de las anualidades, sin otra limitación que la comprobación por la Administración a que nos hemos referido, de tal forma que la autorización y priorización previstas en la Orden, si son susceptibles de impedir o dificultar la libre disposición por la Universidad de los fondos que para satisfacer su derecho de autonomía económico-financiera han sido establecidos en el Programa de actuación, apreciándose por ello una infracción de tal derecho”.

Sin embargo, las consideraciones anteriores no pueden extenderse a los trámites y requisitos que configuran “el seguimiento por la Administración de la utilización de los fondos librados y su ajuste a la causa determinante de su libramiento, lo que debe inscribirse en los lógicos principios y obligaciones contables y presupuestarios de comprobación de la correcta utilización de fondos públicos”.

En definitiva, el TSJ concluía la infracción del derecho de autonomía Universitaria en su vertiente económico- financiera y fallaba, el 14 de febrero de 2008, declarando la nulidad del artículo 2º de la citada Orden 4789/2004 y de la referencia que se efectúa en los artículos 3º y 4º “una vez autorizadas las actuaciones por la Dirección general de Universidades e Investigación” y la conformidad a derecho del resto del articulado de la orden.

Lesión a la autonomía financiera de la Universidad

Durante la casación, el Tribunal Supremo, la Comunidad de Madrid sostuvo que la Orden impugnada fue dictada para llenar la laguna relativa al procedimiento y a los requisitos necesarios para realizar los libramientos correspondientes a las transferencias nominativas.

Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que este motivo no puede prosperar, en unidad de doctrina y seguridad jurídica con la STS de 16 de diciembre de 2009, resolutoria del recurso de casación formulado por la Universidad Rey Juan Carlos contra la misma Orden autonómica, cuyo fundamento de derecho tercero dice:

“la Orden impugnada diseña “ex novo” un modelo o sistema que  (…) lesiona la autonomía universitaria, garantizada constitucionalmente como derecho fundamental, e infringe, por tanto, los artículos 79 y 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, que respectivamente disponen que las Universidades públicas tendrán autonomía económica y financiera y que en el marco de lo establecido por las Comunidades Autónomas podrán elaborar programaciones plurianuales que puedan conducir a la aprobación por las Comunidades Autónomas de convenios y contratos-programa que incluirán sus objetivos, financiación y la evaluación del cumplimiento de los mismos, pues (…) la misma supone en definitiva que una obra o adquisición de equipos ya prevista en el Programa de Actuación pueda ser denegada por la Administración, exigiendo una Orden de prioridad y una justificación y evaluación de necesidad“.

De ahí, al exigirse por la Norma impugnada que “no se podrán librar fondos destinados para una obra nueva o para la adquisición de equipos sin la autorización previa de la Dirección General de Universidades e Investigación, a pesar de que aquellas puedan estar comprendidas entre las contempladas en el Programa de Actuación y su coste no exceda de las cantidades inicialmente establecidas”, modifica el Programa y además condiciona su autorización a obras menores de reposición, mantenimiento y seguridad “cuya realización compete, en todos los casos, a la Universidad en base a su autonomía económico-financiera”.

El Tribunal, además de anular el precepto citado, declara la expresa imposición de costas a la Comunidad de Madrid.

Descargar STS de 23-2-2010

La Audiencia de Cuentas de Canarias hizo público en diciembre pasado sendos informes sobre la “adecuación” al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de las dos Universidades de la Comunidad Autónoma. Se trataba de evaluar los parámetros fijados en el EEES y la realidad de las Universidades de La Laguna (ULL) y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), tomando como referencia final el curso 2007-2008.

El resultado no ha sido para tirar voladores. En palabras del Presidente de la Audiencia de Cuentas durante su comparecencia parlamentaria: “a ambas universidades aún les quedaba bastante para terminar de adaptarse al Espacio Europeo “. Auque admitió que ambas instituciones eran “conocedoras de la situación”, por lo que esperó que en el curso 2010-2011 las dos universidades canarias “estén totalmente adaptadas”.

Parámetros europeos

En algunos parámetros, como el número de alumnos por aula, el objetivo de Bolonia quedaba bastante lejos, durante el curso analizado: sólo la mitad de las facultades canarias estaban dentro de los estándares recomendados.

El nivel de equipamiento tecnológico también era pobre en ese curso. Si bien todas las aulas disponían de conexión a Internet, pocas contaban con videoproyector (37% ULL y 24% ULPGC) ordenador (ninguna en ULL y 46% en ULPGC) o pizarras digitales (ninguna en ULL y 1,5% en ULPGC) y la casi inexistente tutoría on line.

Respecto del porcentaje de personal docente que utilizaba las plataformas virtuales, tan solo alcanzaba el 28,12% del total del profesorado de la ULL y 54% en ULPGC. La última pincelada la ofrecía la oferta de titulaciones en formato “on line”, que era del 3% en la ULL y del 9% en ULPGC.

Ver informes (Universidad de La Laguna + Universidad de Las Palmas)

Aulas “europeas”

Según la Audiencia de Cuentas, el espacio físico se ha dividido mediante mamparas para convertir el aula en dos, de manera que lejos de cumplir los objetivos previstos de acondicionamiento de los espacios existentes, ha generado problemas derivados de una deficiente insonorización entre las dos nuevas aulas, lo que impide que se puedan llevar a cabo las tareas docentes de manera adecuada.

Como nos recuerda José Ramón Alonso, Bolonia “supone un cambio de cultura para los universitarios y una garantía para los estudiantes que acceden a una universidad” que además incluye mecanismos de control de calidad, como la acreditación, la certificación, la evaluación y las auditorías. Por lo tanto, en el futuro, deberemos acostumbrarnos a este tipo de informes. También debemos acostumbrarnos a la competencia, con universidades de todo el mundo implantandose en España. Cada vez es más frecuente tener centros o campus en el extranjero. Y las clases medias españolas optarán por enviar a sus hijos a las pudientes universidades anglosajonas, con frecuencia al grado y con seguridad al master.

Sin embargo, alcanzar los niveles previstos no puede lograrse a coste cero.

En definitiva, se trata de un proceso que arroja luces y sombras pero que deberá estar terminado en el próximo curso académico, donde todas las titulaciones ofrecidas en la Universidad deberán estar adaptadas. Aunque, como dice Joaquín Sevilla los grandes problemas de la universidad (endogamia en la selección del profesorado, falta de financiación, exceso de burocracia, dificultad en la toma de decisiones, tendencia excesiva al gremialismo, etc.) no se van a mover un ápice con este proceso.

Para los muy cafeteros, recomiendo la comparecencia y debate del Ministro de Educación en el Congreso, el 1 de diciembre de 2009, que pasa revista al estado actual de la Universidad Española.

]]> http://fiscalizacion.es/2010/03/10/europa-empieza-en-canarias/feed/ 2 http://fiscalizacion.es/2010/03/02/quien-paga-manda/ http://fiscalizacion.es/2010/03/02/quien-paga-manda/#comments Tue, 02 Mar 2010 10:57:23 +0000 Antonio Arias Rodríguez http://fiscalizacion.es/?p=7420 El Ministerio de Educación tiene en debate público dos informes relacionados con la Universidad Pública española. Una institución que además de formar e investigar tiene depositadas las mayores esperanzas de la ciudadanía por su contribución al desarrollo económico, en una sociedad que ahora se llama “del conocimiento”.

Se abre un debate sobre cómo hacer más eficaz y eficiente nuestra Universidad y se propone reformar las estructuras del gobierno universitario, así como su financiación. Dos reflexiones que también se están produciendo en toda Europa; y no de manera pacífica.

El primero de los informes divulgados se denomina Documento de gobernanza de las universidades. El ministerio pretende “disminuir el grado de burocratización de la gestión universitaria”, una afirmación siempre sospechosa, a pesar de que se acompaña de la coletilla “actualizando los sistemas de control, seguimiento y gobernanza a los nuevos retos”.

Para su confección, el Ministro Gabilondo utilizó los servicios de la Conferencia de Rectores (CRUE, que presidió hasta su nombramiento el año pasado) y la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo, que preside Ana Patricia Botín). Ambas instituciones suelen trabajar conjuntamente en el análisis anual de la contribución de las Universidades al desarrollo económico.

El diario El Mundo recoge las declaraciones del vicepresidente de CYD, Francesc Solé Parellada: «en el fondo no hay ninguna afirmación ni niguna propuesta, vamos sacando ideas. Una manera de cambiar la universidad es cambiar la matrícula, ofrecer libertad a los universitarios. No es programático pero es un gran avance discutir, y que eso, además, lo pida la Administración ya es un compromiso».

El borrador recoge la experiencia acumulada, nacional e internacional, sobre los modelos de gobierno universitario y su reforma. Tiene una fácil lectura y merece la pena echarle una ojeada, sobre todo, los interesados en las nuevas tendencias organizativas; aunque encierra algunas incógnitas.

Así, presenta la reciente evolución de la gobernanza en las universidades con las siguientes características:

- Desregulación y autonomía creciente. Mejora en la rendición de cuentas “social” (no sólo financiera)

- Fortalecimiento de la presencia de los órganos “ejecutivos” frente a los “deliberantes”. Se habla de una mayor profesionalización de la gestión, en un mundo de académicos metidos temporalmente a administradores.

- Aumenta la presencia de miembros externos en los órganos de gobierno universitario, tanto por designación de los claustros como por los gobiernos. Pero, al fin y al cabo: externos con funciones de gobierno económico y -lo más importante- la facultad de nombrar (y destituir) al Rector o a los Decanos de las facultades, todos ellos candidatos con un perfil de gestión.

Hay toda una línea de pensamiento político-económico que opina que nuestro actual modelo de elección del rector “genera déficit”. Designación frente a elección, ese es el dilema y la presunta tendencia. Pero ¿acaso no se genera un gran déficit todos los años en la sanidad pública? Y los médicos no eligen al Consejero de Sanidad. ¿Funcionaría aquí el modelo anglosajon? ¿Lograría una Universidad más eficaz y eficiente?¿Puede diferenciarse gobierno económico y gobierno académico?

He sido Interventor y Gerente de Universidad. He conocido la dificultad de llegar a acuerdos con tantos sectores y grupos de interés del mundo académico, funcionarial, sindical, territorial o simplemente por escuelas de conocimiento endogámico. Este modelo universitario, es cierto, tiene sus defectos y consume casi todas sus energías en el ámbito interno, olvidando que tiene que competir con garantías en el contexto internacional.

El documento, propone establecer una serie de experiencias piloto, en diversas instituciones como laboratorio de pruebas ante el cambio de modelo de gobierno. Es verdad que no es preciso cambiar las estructuras todas las universidades a la vez.  Y en cualquier caso, cualquier modificación en la gobernanza de las universidades públicas debe contar con el consenso de las partes implicadas: diferentes colectivos de la universidad, autoridades y sociedad en general. Por otra parte: ¿sería oportuno acometer la tercera reforma universitaria de la década?

Muy relacionado con la gobernanza de las universidades estaría el tema de la financiación. El segundo de los documentos propuestos por el Ministro Gabilondo, y ya presentado en esta bitácora, es el “Documento de Reflexión sobre la mejora de las Políticas de Financiación de las Universidades” que gira sobre algunos aspectos sensibles como son las recomendaciones para la determinación de los precios públicos académicos o la política de becas. Se supone que en abril, el Ministerio debe darle su aprobación formal y alcanzar los compromisos en las tres bandas: Estado-CCAA-Universidades.

Hoy traemos a la bitácora dos experiencias de buenas prácticas para los departamentos de Auditoría Interna en el sector público. Se trata de reconocimientos de distinto alcance y procedencia, pero que tienen la virtud de evidenciar una floreciente cultura de mejora contínua en un servicio, por lo general poco innovador y menos dado a la exposición pública.

Tribunal de Cuentas Europeo

Entre junio de 2009 y septiembre de 2009, la multinacional de la Auditoría Deloitte realizó una evaluación externa de calidad interna del Servicio de Auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo. Respondía así a la petición del Jefe de Auditoría Interna, con el fin de cumplir con las Normas para la Práctica Profesional del Instituto de Auditores Internos.

Quienes trabajáis en el corazón de la Administración Pública estaréis recibiendo la noticia con cierto escepticismo. Lo sé. También cuando la evaluación la efectúan colegas de otro tribunales (“entre bomberos no se pisan la manguera”) a través de lo que se denomina Peer review.

Sin embargo, es elogiable el afán de trasladar al exterior la imagen de cumplimiento de los estándares internacionales en todo el ámbito del Tribunal, que ha dado ejemplo de su excelencia en la reciente revisión entre pares a cargo de un equipo internacional compuesto por  representantes de cuatro entidades fiscalizadoras superiores: Altos Responsables del Tribunal de Cuentas de Austria y de Portugal, así como de la  Oficina del Auditor General de Noruega y de Canadá.

Sobre la base de ese trabajo, el Servicio de Auditoría Interna ha sido certificado como conforme a las normas internacionales de auditoría interna, y, en particular, la Norma 1312 que exige realizar “evaluaciones externas al menos una vez cada cinco años por un revisor o equipo de revisión cualificado e independiente, proveniente de fuera de la organización”.

Esta certificación fue entregada al señor Helder Faria Viegas, Auditor Interna del Tribunal, el 2 de diciembre de 2009, por el Sr. Laurent Berliner, socio de Deloitte SA, como podeis ver en la foto, cortesía del Tribunal de Cuentas Europeo

Oficina de Control Interno de la Universidad de Valencia

La Oficina de Control Interno de la Universidad de Valencia ha ganado el Premio Telescopi a la Mejor Práctica en Dirección y Gestión Universitaria que concede la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria de la Universitat Politècnica de Catalunya, por sus “Auditorias de Eficacia y Eficiencia: Informes de Ejecución Presupuestaria”

La entrega formal del Premio tuvo lugar el 16 de diciembre del 2009 en la Universitat Politècnica de Catalunya en el marco de una jornada que contó con la presencia de numerosos representantes del ámbito universitario. En dicha Jornada participaron todas las componentes de la Oficina de Control Interno y el premio fue recogido por la Directora de la Oficina, Esther Escolano.

Esta práctica ya fue distinguida por el Consell Social de la Universitat de València en 2008 con el Premio Universitat-Empresa en la modalidad de Gestión Universitaria (ver reseña) y posteriormente incluida en el TELESCOPI, un observatorio de buenas prácticas universitarias que tiene como objetivo identificar y compartir experiencias exitosas realizadas por instituciones de educación superior de España, en el ámbito de la dirección y la gestión universitaria.

TELESCOPI es un Banco de Experiencias donde se recogen prácticas en Dirección y Gestión universitaria, que antes de su incorporación, pasan por un proceso de evaluación y validación por parte de un comité de expertos. El banco está pensado para funcionar como una plataforma para el benchmarking, abierto a las instituciones de educación superior de Europa y América Latina. Su objetivo es contribuir a la gestión del conocimiento en el  ámbito de la Dirección Estratégica aplicada al mundo universitario. TELESCOPI está dividido en siete áreas, siguiendo la orientación del Modelo de Excelencia de la European Foundation for Quality Management (EFQM): Estrategia, Personas, Alianzas y Recursos, Liderazgo, Procesos, Clientes y Resultados. El Observatorio también promueve a cada dos años un Premio en el que se distinguen las mejores prácticas del banco de experiencias.

Breve descripción de la práctica premiada:

Por Esther Escolano, Directora de la Oficina de Control Interno de la Universitat de València

Una de las actividades que realizamos desde la Oficina de Control Interno es, dentro de lo podrían considerarse como nuevos enfoques de la auditoria interna y su contribución a la calidad y a la modernización de las AAPP, una práctica que se enmarca dentro de lo que se conocen como auditorias de eficacia y eficiencia: los INFORMES ANUALES DE EJECUCIÖN PRESUPUESTARIA.

A través de dicha labor proporcionamos a las distintas unidades cifras relativas a los principales indicadores de la ejecución del presupuesto, datos que estimamos realmente interesantes para conocimiento de aquéllas en la medida en que no aparecen en ningún otro informe o documentación. Con carácter interno, la información proporcionada constituye una panorámica capaz de permitir apreciar la situación comparativa de los distintos departamentos o sub-unidades, su volumen de fondos ordinarios junto a aquellos destinados a la investigación, el destino de los créditos empleados, etc.

Además,  en cada uno de los Informes se proporciona información correspondiente a otra serie de unidades capaz de facilitar su ubicación tanto en el Campus correspondiente como en el conjunto de centros de tipología similar (Facultades, Escuelas, Institutos, Servicios…), un enfoque que, sin duda, permite la descripción comparativa de la unidad auditada.

Por ello, podrían destacarse como características definitorias de dichos Informes:

- Mediante los mismos se lleva a cabo un análisis integral de las principales magnitudes e indicadores de gestión presupuestaria.

-  Proporcionan información que no aparece en ningún otro informe ni    documento.

- Ofrecen una panorámica anual de origen y ocupación de recursos económicos de tota la Universitat; permiten la ubicación comparativa en el campus geográfico, y también con  las unidades de tipología similar.

Para un mejor conocimiento de los Informes de Ejecución Presupuestaria hacer clic aquí.

]]> http://fiscalizacion.es/2010/02/05/buenas-practicas/feed/ 2 http://fiscalizacion.es/2010/01/28/la-universidad-a-dos-velocidades/ http://fiscalizacion.es/2010/01/28/la-universidad-a-dos-velocidades/#comments Thu, 28 Jan 2010 13:15:46 +0000 Antonio Arias Rodríguez http://www.fiscalizacion.es/?p=7071

Durante las navidades pasadas, el diario parisino Le Figaro, encuestó a los 27 miembros del gobierno francés para conocer la principal reforma emprendida desde la llegada al poder de Sarkozy ¿Imaginan la respuesta más citada? La ley de libertades y responsabilidades de la universidad, de 2007, que concedió a estas Instituciones, con reacciones contradictorias, una amplia autonomía. Una cualidad querida y temida por igual, porque aumenta las posibilidades de éxito de las buenas ideas y de fracaso de las malas decisiones. 

Sarkozy ha señalado a la Universidad como su “prioridad absoluta”. 8.000 millones de euros en préstamos sin interés irán destinados a un número determinado de universidades seleccionadas por un jurado especial. Y 1.000 millones irán directamente  al campus de Saclay, cerca de París.

En España, durante el último año, hemos asistido a un profundo cambio en la concepción que nuestras autoridades políticas tienen del sistema universitario. Se dotó a las Universidades de autonomía (desde mediados de los años 80) pero nunca se jugó a fondo la carta de la excelencia, esto es potenciar a las que presenten mejores indicadores. Como en la bicicleta, la autonomía se aprende practicando, así que hemos aprendido bastante y ahora comenzamos a aceptar que coexistan dos tipos universidades: las excelentes y el resto.

Recuérdese la resolución de la convocatoria del campus de la Excelencia, hace unos meses, que distribuyó préstamos sin interés con gran crítica de las universidades pequeñas. La mayoría de los fondos fueron a las grandes universidades de Madrid y Cataluña (21 millones) aunque también hubo pedrea repartida entre las medianas. Un buen resumen de las críticas puede verse en este artículo.

En Europa, cuando se hace público en Ranking de Shangai, al final de cada otoño, los ministros europeos hacen promesas para que su país tenga más universidades en la siguiente entrega del Top 500.

La clasificación está ordenada de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta el número de galardonados con el Premio Nobel (10%), los ganadores de la Medalla Fields (20%), número de investigadores altamente citados en 21 temas generales (20%), número de artículos publicados en las revista científicas Science y Nature (20%), y el impacto de los trabajos académicos registrados en los índices del Science Citation Index (20%) y por último, el “tamaño” de la institución (10%).

Españoles y franceses hemos troceado las grandes instituciones universitarias (Madrid, Barcelona, Valencia …) para dar lugar a varias de mediano tamaño, que se ven perjudicadas en ese Ranking. Otro factor también existente en Francia, son los centros “nacionales” de investigación con miles de investigadores que no computan en la clasificación, porque no son personal de las universidades sino del CSIC. Sin embargo, los franceses nos sacan los colores por no tener nosotros ninguna Universidad en el top 100, mientras ellos tienen tres.

¿Cómo entrar en el codiciado top 100? Bastaría con que la Universidad de Barcelona (puesto 152 del ranking mundial)  contratara para su plantilla de profesores un par de Premios Nobel. Pero si realmente fuera posible (dudoso con la actual legislación) la crítica sindical sería feroz por su elevado sueldo y muy probablemente le costaría la reelección al Rector. En fin, que se vive mejor sin líos.

Clintón afirmaba que en tiempos de inseguridad, el pueblo prefiere personas fuertes que puedan estar equivocadas a personas débiles que puedan estar en lo cierto. La cruda realidad es que sin cambios no hay progreso, y algo tendrá que cambiar si se quiere mejorar los resultados académicos en términos de rankings, excelencias y premios.

Sobre los rankings, esperamos las conclusiones de la reunión los Miembros de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), en el “Seminario Interuniversitario: Universidad y Sociedad: Transparencia y eficiencia institucional. Rankings universitarios”, celebrado el 14 de enero de 2010, en la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía. Coordinados por Juan Hernández Armenteros, allí estuvieron todos los que habían escrito sobre el tema en los últimos años.

Potenciar la excelencia no es gratis

En el Informe de financiación presentado al Consejo de Universidades hay algunas medidas competitivas que pretenden acabar con el trato igualitario a todas las universidades. La financiación de centros de referencia internacional, por ejemplo.

Este Informe debe tener consecuencias para el esquilmado presupuesto del Estado. Empezando porque se duplicará el gasto en becas. Cierto es que el PSOE prometió en la campaña electoral del 2004 que España alcanzaría el porcentaje del 1,5 del PIB destinado a educación superior. Luego matizó que sería en dos legislaturas. De cualquier manera, lejos del 1,2% ó 1,3% en que podríamos terminar el año 2009. Un par de puntos de PIB suponen varios cientos de millones de euros.

Festividad universitaria

En fin, concluyamos recordando que en España la autonomía universitaria tiene rango de derecho fundamental, con apoyo nada menos que en una Ley Orgánica, y es exhibida con orgullo por toda Universidad, de igual modo que un hidalgo de la Edad Media mostraba una imagen honorable y socialmente incuestionada, pese a pasar hambre y penuria.

Una versión de este artículo fue publicada en el diario La Nueva España, el 28 de enero de 2010, festividad de Santo Tomás, patrono católico global de la Universidad.

A continuación realizamos un análisis de urgencia de tan valiosa contribución (digámoslo por delante) que curiosamente termina con una referencia al Acuerdo de la Comisión Mixta Congreso-Senado-Tribunal de Cuentas de 25 de noviembre de 2009 y con el que hemos cerrado la anterior entrada de esta bitácora. Así en los epígrafes 72 y 73 dice:

De la lectura del acta de la sesión mixta se desprende en general una visión negativa sobre el funcionamiento de las universidades públicas españolas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la información que en ese informe se recoge es del curso 2003-2004 y, por tanto, no están incorporadas las mejoras que el sistema universitario ha realizado, en diferentes ámbitos, en los últimos años. Sin embargo, existe una voluntad de acercamiento con el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria con el fin de avanzar en la mejora de la actual situación. El trabajo conjunto con la propia Comisión Mixta de Financiación, podría ser un punto de acuerdo.

Como siempre, la prensa ha destacado los aspectos sensibles (aunque en este informe de una importancia menor) como es el caso de las referencias las recomendaciones para la determinación de los precios públicos académicos. Pero hay en el documento un verdadero rosario de nuevas medidas “políticas” (pendiente de valorar en una memoria económica) para situar al sistema universitario español entre los diez mejores del mundo. Si se estableciese sólo la mitad de las acciones, sería recordado por los rectores como un salto histórico. Será interesante escuchar a las Comunidades Autónomas en la próxima Conferencia de Política Universitaria, que deberá debatir, enmendar y valorar el documento, que ya están estudiando y supongo que recogen sus sensibilidades porque tenían sus representantes en la comisión, tanto del PSOE como del PP.

Se supone que en marzo, el Ministerio de Educación debe darle su aprobación formal y alcanzar los compromisos en las tres bandas: Estado-CCAA-Universidades, a cambio del compromiso de mejoras internas en eficacia y eficiencia de la gestión y transparencia de la información, así como en la modernización global del sistema universitario para adecuarlo a los nuevos retos de la sociedad española inmersa en los procesos de globalización.

En definitiva, se trata de definir una propuesta de plan de acción ante un futuro “Acuerdo entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Universidades” para impulsar un nuevo marco de financiación sostenible, suficiente, equitativo y eficiente que permita el cambio y la modernización de las universidades en el horizonte del medio plazo. También pasa por contar con algunas universidades fuertes y con una potente proyección internacional.

Los próximos dos cursos deberían consolidar avances determinantes en la iniciación de estrategias de corrección de esas ineficiencias sobre seis ámbitos, que comprometen un pacto entre Estado-CCAA y Universidades.

- Equidad financiera institucional de las Comunidades Autónomas

- Recursos Humanos. Nuevo estatuto del PDI. Adaptación de los Recursos Humanos al EEES. Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Carrera docente e investigadora. Atracción de Talento.

- Adaptación de las infraestructuras universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y Espacio Europeo de Investigación (EEI). Campus de Excelencia Internacional (CEI).

- Investigación, desarrollo tecnológico y actividades de potenciación de la Innovación. Incentivos a la mejora de la actividad científica, tecnológica e innovadora.

- Eficiencia y eficacia de la gestión de las universidades españolas. Rendición de cuentas e información pública.

Nuestro sistema universitario

La comisión parte del anterior documento técnico sobre Financiación del Sistema Universitario Español que establecía un diagnostico preciso, en 2007, respecto la posición universitaria en el contexto internacional, se identificaban sus características institucionales organizativas y económicas, y se explicitaba una “visión” que es plenamente coincidente con la recogida en la “Estrategia Universidad 2015”.

Tenemos un sistema universitario excesivamente homogéneo y poco diversificado en función de las fortalezas de cada Institución. Además es difícil de medir y valorar, por las dificultades de manejar cierta información comparativa. La Comisión considera ineludible la disponibilidad pública de la información sobre los resultados institucionales en la tres misiones: educación superior, investigación y trasferencia de conocimientos e innovación.

Para ello una de sus primeras recomendaciones es la “disponibilidad pública de un sistema de información suficiente y robusto, que incorpore un panel sintético a la vez que completo de indicadores de eficacia y eficiencia”. Por supuesto, con referencias a herramientas de gestión avanzada como la planificación estratégica, los contratos?programa públicos, información de costes, contabilidad analítica información de rendición de cuentas, que incluya todas las instituciones “dependientes”.

Becas

El nuevo modelo de becas y ayudas, para grados y máster, deberá desarrollarse evolutivamente en el transcurso del período 2010-2015, superando la atomización de pequeñas ayudas de dudosa eficacia en los estudios universitarios para desarrollar una nueva estructura de becas, más simple y compacta que potencie de forma clara el concepto de beca salario.

Es escenario final tendría los siguientes instrumentos: Beca salario (7.000€) y Beca general universitaria (ambas transportables en España), Becas de movilidad (nacional/internacional, sin estar condicionado a un nivel de renta mínimo, cuando esté motivada por inexistencia de la oferta académica de proximidad), Premios asociados al rendimiento académico (becarios que superen el 100% de los créditos académicos de un curso completo y también un plus bianual para aquellos becarios que alcancen una determinada nota media) y Cobertura de precios públicos de matrícula. Además se dispondrá en el horizonte 2015 de una línea de préstamos-renta para los estudiantes que no puedan disponer de becas y para la realización de los últimos 120 créditos.

Los precios de las matrículas

Se propone implantar una nueva política de precios públicos dirigida expresamente a mejorar el rendimiento académico y a corresponsabilizar a los estudiantes en la utilización eficiente de los recursos públicos puestos a su disposición a través de las universidades públicas.

La propuesta de la Comisión consiste en establecer unos precios diferenciados por estudios que no podrán exceder del 15 por 100 de su coste medio (estudiantes que se matriculan por primera vez). A continuación, los estudiantes que repitan deberán pagar hasta el 50% y el 100% del coste medio en segunda y tercera o sucesivas matriculas, respectivamente según el tiempo máximo de permanencia fijado.

Este modelo deberá ser implantado progresivamente al despliegue de la nueva política de becas, y estar completamente vigente en el curso 2015-2016. A tal fin, durante los próximos seis años se propone un aumento anual de entre el 10% y el 15% para la segunda matrícula y de entre 15 y 30% la tercera.

Recursos Humanos

La presencia del Profesorado en el desarrollo de funciones que deberían ser desempeñadas por administradores permanentes y profesionales se considera por la Comisión como una disfunción que “está facilitando una doble ineficacia productiva que, a su vez, incide negativamente en el nivel de profesionalización que manifiestan nuestras instituciones”.

El régimen retributivo del PDI ocupa hoy, por su importancia en el conjunto de la estructura económica de gastos de las universidades públicas, un centro de atención especial. En el horizonte temporal de 2015 se incorporan algunas reivindicaciones históticas, como la corrección de los complementos de destino con el fin de alcanzar el nivel 28 para los profesores titulares de Universidad y el nivel 30 para los catedráticos de Universidad.

Investigación

En el ámbito del fomento y potenciación de la investigación, la transferencia y la innovación, la Comisión establece  medidas para afrontar tres aspectos claramente diferenciados:

El primero, la suficiente cobertura de los costes indirectos derivados de la actividad investigadora en las universidades y la consiguiente revisión de los actuales porcentajes de “overheads”. Actualmente, el importe que se concede asociado a los proyectos financiados por los planes nacionales es solamente del 19% del importe de los gastos del proyecto. Este importe no cubre los gastos inducidos por los proyectos de la investigación, cuya práctica internacional está por encima del 40%.

Por otra parte, reconoce la necesidad de desarrollar mecanismos de incentivo económico y de prestigio para que las propias universidades potencien firmemente sus unidades de investigación de excelencia. Por éltimo, es preciso incentivar la investigación de perfil institucional que priorice el carácter instrumental de los resultados.  ¿Cómo hacer esto? Aportando más dinero en fondos específicos.

El documento propone la introducción en España de un “fondo complementario de financiación de los gastos generales inducidos por la actividad de I+D+i de las universidades condicionados a resultados e indicadores”. Pendiente del estudio y discusión que sobre el documento se realice en los próximos dos meses con las Comunidades Autónomas y las propias universidades, se propone, en el horizonte 2015, la incorporación de un 16% proporcional a los ingresos proyectos públicos competitivos (europeos, estatales y autonómicos) y los contratos conseguidos por las universidades en función de los importes liquidados anualmente por cada institución y librados directamente a las mismas.

De acuerdo con la práctica internacional deberá dotarse otro fondo de financiación Estatal para “Fortalecimiento Institucional” (de 40-80 millones de euros/año en 2015) que identifique, apoye y fortalezca los centros de referencia internacional de investigación avanzada mediante la financiación de ámbitos estratégicos a largo plazo.

Nuevos complementos de investigación

Ha pasado mucho tiempo desde la creación de los sexenios del personal docente investigador. El documento propone mejorarlos en su cuantía individual, así como promover la introducción otros dos. Uno excepcional, de reconocimiento de la excelencia científica y otro para atender las actividades de transferencia e innovación. No es posible que sea mejor publicar que patentar.

Rendición de Cuentas

La Comisión aconseja la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a sus especificidades. Obviamente es una competencia autonómica donde ya hay experiencias. Además, para avanzar en los sistemas de información sobre costes incurridos y la contabilidad analítica se ha creado una Comisión integrada por el Consejo de Universidades (2 representantes) de las Comunidades Conferencia General de Política Universitaria (2) y de los ministerios de Educación (2) y Hacienda (2). Esta comisión se crea para desarrollar un modelo de referencia de Contabilidad de Costes adaptado las Universidades Públicas Españolas, así como para determinar los criterios de reparto de los costes que permitan la comparabilidad de la información fijando un conjunto de informes e indicadores estándar.

El último informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana describe un frágil escenario presupuestario en la Comunidad Autónoma, en un marco de crisis financiera, descenso de los ingresos y el traslado de deudas hacia ejercicios futuros. Toda la prensa del levante español se hace eco, estos días, de la preocupante situación económica (se produce un déficit de 500 millones de euros) , de la crítica situación de Ràdio Televisión Valenciana y de las empresas de ocio de la Generalitat que, un año más, volvieron a obtener pérdidas millonarias.

A continuación presentamos una análisis urgente de dos principales conclusiones del informe, sobre dos sectores estratégicos del gasto público.

Las facturas de los cajones

El presupuesto autonómico tenía facturas sanitarias pendientes de imputar al presupuesto por valor de 1.837,6 millones (más de 300.000 millones de las antiguas pesetas). Siendo un grave problema esta ausencia de consignación presupuestaria, lo peor es que supone un aumento de 428 millones, respecto al ejercicio anterior.

A 31 de diciembre de 2008 la deuda de sanidad figuraba contabilizada, con base en el acuerdo del Consell de 20 de abril de 2007, en la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” por 776,6 millones de euros, para su imputación a los ejercicios 2009 a 2016, restando por contabilizar 1.061 millones de euros, a imputar también a presupuestos de ejercicios posteriores.

Esta hipócrita situación, presente en la gran mayoría de las Comunidades Autónomas (CCAA) del Estado español, pone sobre la mesa los desequilibrios de nuestro sistema sanitario público. Diría más: parece cuestionar si podemos pagar nuestro Estado de bienestar. Y el informe parece sugerir que, con el actual nivel de ingresos públicos, ello no es posible.

Parece que la llegada del nuevo modelo de financiación autonómica ayudará a enjugar este déficit oculto en las CCAA. Cataluña se ha apresurado a aflorarlo: 2.147 millones de euros, para comenzar 2010 con el contador a cero.

Ya hemos comentado aquí, con ocasión del informe valenciano del año pasado, algunas de las razones del déficit sanitario, que en opinión de los auditores son “numerosas y complejas”. Pero uno tiene la sensación de que se va entrampando, año tras año, sin afrontar su resolución. La semana pasada, el prestigioso hacendista catalán, Guillem López Casasnovas, denunciaba que, hoy por hoy, un pacto de Estado de Sanidad es tan deseable como poco factible vista la falta de acuerdo de nuestros partidos en sacar la sanidad de la batalla partidista. Sin ir más lejos, el propio discurso navideño del Rey Juan Carlos I recordó la necesidad de consensos “tanto a la hora de gobernar como de ejercer la oposición”; y mencionó la Educación entre ellos.

Mirando al futuro

Los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores son aquellos derivados de operaciones del presupuesto de gastos cuya ejecución se proyecta en varios ejercicios. Respecto a ellos, que han tenido un incremento del 21,3%, la Sindicatura manifiesta que no se recogen al menos, 2.701,1 millones de euros, derivados de algunos contratos, convenios y acuerdos que deberán imputarse anualmente a los ejercicios futuros, previstos en los calendarios correspondientes. Desde la aparición de los peajes sombra o del sistema alemán de pago aplazado de obras, es bastante difícil evaluar los gastos plurianuales de los presupuestos.

Así, en el mes de mayo de 2008 se firmaron sendos convenios de colaboración entre la Conselleria de Educación y las universidades públicas valencianas, para la financiación del Programa Plurianual de Financiación y de determinadas infraestructuras universitarias, estableciendo como importe total de 891,1 millones de euros, en catorce anualidades, desde 2009 hasta 2022, y que deberían incluirse en el estado de compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros.

Durante años, la financiación universitaria valenciana fue un ejemplo por la cuantía, previsibilidad y transparencia de su modelo de asignación de las aportaciones para gastos corrientes y de inversión. Esto ya es historia. Como los presupuestos autonómicos no permiten financiar las infraestructuras académicas e investigadoras, se centrifuga autorizando a las universidades a formalizar el endeudamiento correspondiente, cuyas anualidades futuras serán asumidas por la Generalitat, con lo que se difiere la deuda una década.

La situación financiera de las universidades públicas es cada vez más delicada. Durante las últimas semanas hemos asistido a una sucesión de noticias que ponían de relieve tal sufrimiento presupuestario.

Por un lado tenemos a la Universidad Complutense de Madrid, que cierra durante las Navidades para ahorrar; Por otro lado, la Universidad de Barcelona cuyo Rector clamaba en rueda de prensa: “todos nos tenemos que apretar el cinturón, pero el acuerdo de financiación se ha de cumplir“, en relación al pacto firmado el año 2006 por el gobierno catalán, que se comprometía a aportar a sus universidades 50 millones de euros el año 2008, 90 millones en 2009 y 130 millones en 2010.

Otro ejemplo es la unión de los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid para leer mañana un comunicado conjunto dirigido al gobierno autonómico y a la Asamblea de Madrid contra los recortes presupuestarios llevados a cabo para el próximo ejercicio 2010. Hoy, serán los sindicatos universitarios quienes protestarán ante la Consejería de Educación.

Retroceso

El  pacto por la educación (con su política de ayudas al estudio) y el nuevo modelo de financiación, que será presentado antes de final de año por el Consejo de Universidades, se están echando de menos. Es muy difícil alcanzar la meta de gasto que el Ministerio estableció como objetivo para 2015: el 1,5% del PIB en Educación Superior. En 2008, la inversión nacional fue del 1.35% del PIB. Sin duda, la caída del PIB (el denominador) lo ha puesto más fácil, aunque los recortes paralelos de financiación traen incertidumbre al sector .

No falta quien acuse al modelo universitario de obsoleto (por autogestionario), rígido (gasto extremadamente inelástico) o ineficiente (por proclive al gasto) pero su sistema de gobierno es el que es y no va a cambiar a medio plazo; así que tenemos la Universidad que tenemos y podemos pagar. Con estos problemas estructurales, y otros aún más graves, sigue siendo un centro de excelencia social que, como suele recordar el ilustre letrado Juan Manuel del Valle, soporta las mayores barrabasadas organizativas sin perjudicar en exceso, sino incluso potenciando, el constante crecimiento de la crema de la intelectualidad.

El caso del Parque científico de Barcelona

En muchas ocasiones la deficitaria situación ha sido propiciada por las propias instituciones autonómicas o estatales y los famosos anticipos reintegrables sin interés. Este es el caso del Parc Cientific de Barcelona, cuyo informe de fiscalización acaba de hacer público la Sindicatura de Comptes catalana, que alerta sobre la viabilidad futura de la fundación (pág. 51)  en estos términos:

“La situación financiera de la Fundación es extremadamente delicada ya que tiene un patrimonio negativo … necesita una aportación de … para poder hacer frente a los compromisos adquiridos. A la vez, esta situación puede afectar la Universidad de Barcelona”.

Últimos informes de Auditoría universitaria

Los informes de auditoría todavía no recogen la actual crisis presupuestaria. Los últimos que conocemos corresponden al ejercicio 2007, cuando las restricciones financieras todavía no se habían dejado sentir.

La próxima semana se celebra en Madrid el II Curso Auditoría y control en las universidades, organizado FIASEP. Un punto de encuentro entre auditores internos y externos para presentar las principales áreas de riesgo, así como para debatir las conclusiones de los últimos informes sobre universidades. He aquí un avance.

Navarra

La Cámara de Comptos acaba de hacer público el informe sobre la Universidad Pública de Navarra, que presenta lo que podíamos simplificar como una opinión “limpia”, a pesar de ciertas omisiones formales importantes, como no adjuntar al presupuesto la relación de puestos de trabajo de todas las categorías especificando la totalidad de costes de la misma.

En relación con la gestión de la investigación científica, destaca que, en general, la contratación del personal para proyectos de investigación se ha realizado “conforme al reglamento de contratación de personal investigador, pero en la selección de colaboradores y ayudantes de proyectos de investigación, la difusión de la convocatoria y el reducido plazo establecido para la presentación de solicitudes no garantizan suficientemente el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad en la selección de personal”.

Los Comptos entienden que “la gestión y control contable de los gastos e ingresos afectos a los proyectos y contratos de investigación es adecuada”.

País Vasco

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha publicado el mes pasado el informe de fiscalización de la actividad económico financiera de la Universidad del País Vasco correspondiente al ejercicio 2007.

En opinión del Tribunal la Universidad ha cumplido, razonablemente, la normativa legal que regula su actividad económico financiera, excepto por algunas salvedades, relativas al presupuesto, a los gastos de personal y a la contratación administrativa.

Con respecto al presupuesto, el Tribunal señala la realización de modificaciones al mismo por habilitaciones de crédito para gastos con financiación afectada e incorporación de remanentes por importe de 120 millones de euros, sin la aprobación del órgano competente. No obstante, destaca la aprobación a posteriori por el Consejo Social, de 61 millones de euros correspondientes a la incorporación de remanentes, con motivo de la aprobación del Informe Económico.

En relación al personal, se señala la falta de publicación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e investigador (en el BOPV) al tener pendiente de autorización su coste por parte del Gobierno Vasco.

Los aspectos destacados en la contratación administrativa se refieren a un contrato de licitación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, al contrato de servicios para la gestión integral de proyectos donde el servicio de arquitectura y obras no ha realizado el informe preceptivo que justifique la falta de medios personales para proceder a la contratación externa.

En relación con las Cuentas Anuales, el Tribunal considera que los estados contables presupuestarios expresan adecuadamente la actividad económica del ejercicio, con las siguientes salvedades:

-No controla adecuadamente el Remanente Específico.

-Ausencia de Información sobre las inversiones comprometidas para ejercicios futuros.

Señalar, no obstante, que el Remanente para Gastos Generales vuelve a ser negativo en 2007 motivado, principalmente, por el incremento experimentado en el Remanente Específico.

Universidades de la Comunidad Valenciana

Las universidades valencianas son objeto de fiscalización anual por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana. Este año, el informe del ejercicio 2007 puso especial énfasis en las áreas de inversiones y de contratación administrativa, que fueron fiscalizadas con mayor detalle e intensidad, con las siguientes actuaciones:

- Revisión de las modificaciones presupuestarias, así como los niveles de ejecución presupuestaria y de realización.

- Evaluación del funcionamiento de los mecanismos de control interno en relación a los gastos de inversión.

- Análisis de los aspectos esenciales de la llevanza y mantenimiento del inventario de bienes del inmovilizado.

En lo que se refiere a la fiscalización de la contratación administrativa, las actuaciones realizadas comprobaron que los procesos de contratación y tramitación de los expedientes se adecuaron a la normativa vigente, que los fondos se han aplicado a los fines previstos y que la actividad económico-financiera se había realizado conforme a los principios de buena gestión, prestando especial atención a las modificaciones contractuales realizadas durante el ejercicio.

Antes de que acabe este año, el Ministerio de Educación presentará una propuesta con un nuevo modelo de financiación del sistema universitario español, “para que tanto las universidades, como las Comunidades Autónomas (CCAA) y el Estado puedan hacer una valoración del mismo”. Así lo viene reiterando el Ministro Gabilondo durante los últimos meses, en relación al grupo de trabajo del Consejo de Universidades que se encarga de elaborar este modelo.

En ese escenario, la política de becas y préstamos para el estudio debe tener un especial protagonismo, pues se trata de una genuina competencia del Estado, en un marco donde las universidades (¡y su financiación!) han sido transferidas a las CCAA.

El reciente análisis de la OCDE sobre enseñanza superior distinguió cinco grupos de países, con arreglo a su estrategia de ayudas financieras a los estudiantes universitarios . Islandia y Noruega forman el primer grupo, cuyo sistema de sostén de los estudiantes reposa exclusivamente en un mecanismo de préstamos públicos sin subvenciones. El segundo grupo – Australia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, el Reino unido y Suecia- asocia los préstamos públicos con un mecanismo de subvenciones financiadas por el Estado.

El tercer grupo – Estonia, Finlandia, Polonia y Portugal, adopta el mismo método que el segundo grupo excepto que los préstamos son concedidos por bancos privados y bonificados y\o garantizados por el Estado. El cuarto grupo de países – Chile, China y Corea propone un amplio abanico de mecanismos que asocia préstamos financiados por el Estado, por préstamos consentidos por bancos privados y subvenciones. El quinto grupo – España, Comunidad flamenca de Bélgica, Croacia, Federación Rusa, Grecia, México, la República checa y suiza no usa los préstamos para financiar las graduaciones y basa su ayuda a los estudiantes sobre las becas.

En España la actual normativa general de becas está regulada en el RD 1721/2007 y la última ejecución en el RD 922/2009.

Informe de la AEVAL

La Agencia Estatal de Evaluación y Calidad (AEVAL), organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia, publicó en mayo pasado un Diagnóstico del Sistema General de Becas. Se trata de un instrumento que responde al Plan de evaluaciones acordado por el Consejo de Ministros en 2008, que considera probado que el  Sistema General de Becas y Ayudas al Estudio está orientado a fomentar y mantener la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y cuya mayor parte (en educación post-obligatoria) se destina a la universidad.

Los expertos que elaboraron el informe coinciden en las mejoras que se han producido en materia de  derechos y cuantías, así como en el procedimiento de adjudicación de las becas. El contraste de las solicitudes con los datos de la Agencia Tributaria ha reducido el fraude en el procedimiento de la adjudicación.

Los resultados apuntan que los factores de renta tienen actualmente un peso menor en la decisión de estudiar, por lo que el papel de las becas se ver reconducido hacia la compensación del esfuerzo presupuestario, la consideración de los costes de oportunidad y hacia el concepto de equidad en los resultados cursando estudios.

Finalmente, el abandono del sistema educativo (entendido éste como dejar de estudiar y no como abandono escolar prematuro) por parte del colectivo de jóvenes de entre 18 y 24 años parece ser una cuestión de especial relevancia en el caso español, ya que dicho abandono se cifra en casi el 36%. Además, resulta especialmente preocupante el caso de los jóvenes que sólo ha completado estudios de secundaria obligatoria o de primaria, puesto que su proporción es mayor. Como veis otro caso de feminización del éxito académico. En la tabla, de abajo a arriba: mujeres (triángulo), hombres (rombo) y total (círculo).

Informe del Tribunal de Cuentas de España

El Tribunal de Cuentas de España presentó en 2004 un «Informe de fiscalización de las becas y ayudas de carácter general en el ámbito universitario» que denunciaba, por un lado, la «obsolescencia» de la normative vigente (el histórico Real Decreto de 1983 que reguló durante 20 años el sistema de becas) haciendo hincapié en la existencia de tres bases de datos «inconexas» de alumnos en el proceso de concesión o denegación de becas, dispersión de registros que limita las funciones de control y verificación, y que supone una infracción de la normativa por lo que se «debe mantener un fichero informático de beneficiarios de becas y velar por conservarla actualizada». Por ello, plantea la creación de una base general de becarios y becas que incluya incidencias, recursos y revocaciones:

El informe llamaba la atención sobre los retrasos de las universidades en el envío de sus propuestas y el elevado nivel de errores que contienen, lo que alarga más de lo debido el procedimiento de concesión. Estos errores, a juicio del tribunal, pueden subsanarse con la aplicación de algún procedimiento de validación previa. Además, se ponía el acento en la limitada información sobre el seguimiento que las universidades hacen de los becarios.

Las conclusiones apuntaban que «no se puede asegurar que el citado procedimiento se haya llevado a cabo con la debida diligencia». Y añaden que sería conveniente que la definición de los criterios sobre las valoraciones patrimoniales, que la normativa atribuye a las propias universidades, se ajustasen a unos principios generales homogéneos, previamente determinados por la Subdirección General de Becas.

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria inauguró las 27 Jornadas de Gerencia Universitaria con la Consejera de Educación de la Comunidad Autónoma de la Islas Canarias. Aunque con diplomacia, los problemas financieros institucionales salieron a la palestra y el rector no tuvo pelos en la lengua. En fin, lo habitual.

Durante este jueves y viernes (29 y 30 de octubre) se podrá seguir, en directo, el contenido de las conferencias  AQUÍ.

La presencia en el mercado editorial español de la revista SERRESPONSABLE, sobre temas de responsabilidad social, corporativa o medioambiental, nos permite reflexionar sobre la evolución de las memorias en las organizaciones públicas. La publicación trata de temas de ética corporativa o desarrollo sostenible de una manera amena y moderna, lejos de planteamientos ingenuos o utópicos, en el marco de una economía del conocimiento, de la reputación y de la imagen.

Hoy los grupos de interés no se conforman con conocer aspectos financieros de las empresas y administraciones. Exigen más y mejor información corporativa, incluyendo los costes ocultos. En España, las memorias de sostenibilidad de empresas cotizadas, cada vez más rinden cuentas no sólo a los accionistas, sino a los demás grupos de interés: clientes, empleados, proveedores, medio ambiente y sociedad.

Global Reporting Initiative

Así, en 1997 nació en Holanda la Global Reporting Initiative (GRI) para ayudar a todo tipo de organizaciones a elaborar memorias en los ámbitos medioambiental, económico y social. Para ello desarrolla y difunde pautas de informes de sustentabilidad que pudieran ser comparables y aplicables de manera global.

Toda una metodología que permite medir los avances de las organizaciones en la implantación de políticas de RSE, a través del tiempo, mediante 142 indicadores, de los cuales 96 son troncales y obligatorios. Podéis descargar la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, en castellano.

Las experiencias universitarias

Vinculada a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) encontramos un interesante blog sobre el asunto. Declara como objetivos de la Responsabilidad Social en la UNED: mejorar la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad sobre el valor que aporta la UNED, así como poner en valor y comunicar los avances en ese compromiso social y mejorar la relación con los grupos de interés (estudiantes, empleados, proveedores, administraciones públicas, financiadores, empresas …).

Su Memoria 2008 es un magnífico ejemplo a seguir.

Universidades de Andalucía

El Foro de Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas mantiene una página dedicada a la Responsabilidad Social Universitaria. Allí podremos encontrar guías, memorias y buenas prácticas sobre un asunto que tanto tiene que ver con el Buen Gobierno Corporativo.

Se declaran como objetivos de la Memoria de Responsabilidad Social Universitaria los siguientes:

Promover un modelo de responsabilidad social en las universidades andaluzas, de evaluación, control y mejora de la calidad; ambientalizar la gestión universitaria (optimización en el uso de recursos y promoción de criterios éticos, sociales y mediambientalización en los sistemas de compras); definir y fomerntar la participación de los grupos de interés (stakeholders) y la comunicación interna y externa; promover la formación superior y la investagación en materia de responsabilidad social de forma transversal en los programas formativos; promover una red andaluza integrada en redes más amplias de universidades responsables; y promover el estudio, difusión y transferencia de experiencias universitarias que aporten nuevas soluciones a problemas vinculados con la capacidad de respuesta de las universidades a su entorno.

Buenas prácticas

Entre otros ejemplos europeos, se destacan las siguientes prácticas:

Memoria de Sostenibilidad Universidad de Santiago de Compostela 2006

Promoviendo un modelo de Responsabilidad Social en la Universidad de Zaragoza

Memoria de Responsabilidad Social de la Universidad de Cádiz 2007-2008

Memoria de Responsabilidad Social de la Universidad de Almería

Memoria de Responsabilidad Social Universidad de Huelva

Durante los días 29 y 30 de octubre se celebra en la Universidad de Las Palmas las XXVII Jornadas de gerencia universitaria, que en esta edición se presentan bajo el lema de “Innovación en la Gestión y Gestión de la Innovación”. Dos días para repasar los grandes retos que tienen ante sí los responsables de la Administración Universitaria.

En palabras del Gerente de la Institución anfitriona, Conrado Domínguez: “No se trata solamente de recomendar que innoven otros, es fundamental que la propia universidad sea una institución innovadora”.

Tradicional organización desconcentrada

Aquí surge una cuestión importante: ¿Cómo lograr una sana gestión en una Institución donde el término gestor alcanza a una gran variedad de personas y donde la jerarquía nunca está clara? El Rector, elegido dentro de la Universidad, se responsabiliza de “la dirección, gobierno y gestión de la Universidad” (artículo 20 de la LOU) junto a muchos órganos unipersonales (la gran mayoría no elegidos por él) consecuencia del principio participativo: decanos y directores de departamento. La desconcentración de funciones es una característica de las Instituciones de Educación Superior en todo el mundo.

El ilustre catedrático de Matemáticas de la Universidad de Salamanca, D. Diego de Torres y Villarroel (Salamanca, 1693-1770), a mediados del siglo XVIII, se desplazó a Centro-Europa comisionado por el claustro, que también le anticipó dinero para comprar libros con destino a la biblioteca. Sin embargo, el popular académico y astrólogo (predijo la fecha y modo de fallecimiento del rey de Francia) encontró más interesante adquirir, durante su periplo, cuatro esferas del mundo, una de las cuales ven en la foto adjunta.

Dicen que, al proceder a la justificación ante algún riguroso contable castellano, éste le hizo saber que el anticipo sólo permitía adquirir libros y no este tipo de material; al ciudadano de a pie, le parece inaudita la situación, pero quienes trabajamos en el sector público tropezamos con frecuencia casos análogos. El catedrático resolvió la comprometida situación asentando en los registros oficiales la adquisición de una partida de “libros redondos”. Esta anécdota, ejemplo histórico de la facilidad para eludir controles formales por nuestros doctores, se relata a los congresistas que visitan la centenaria biblioteca de la Universidad de Salamanca al mostrarles las esferas terraqueas, que pueden ver en la foto.

No se sorprenda el lector por el relato; los científicos son parte de la materia gris de una nación y su ingenio para eludir formulismos no tiene parangón en otras administraciones. Aunque en ocasiones esos controles no son tan anecdóticos y llevan aparejada una consecuencia dramática.

El Gerente

Como responsable de los servicios económicos y administrativos de una Universidad cada día más exigente en términos de rendición de cuentas o accountability, el Gerente contribuye a la dirección estratégica de la Universidad (como miembro nato del Consejo de Gobierno y del Consejo Social). En anteriores Jornadas de Gerencia he apuntado algunas de sus características.

El Gerente debe cuidar las relaciones con todos los interlocutores internos (sindicatos y organos de representación del personal) y externos, tanto de carácter público (Consejerías, Ministerios, Administración Tributaria, Intervención General) como privado (medios de comunicación, usuarios, proveedores, entidades financieras, etc.) y, por último, prestar apoyo y asesoramiento al resto de los gestores mecionados. Y si le queda tiempo deberá promover la innovación en la gestión … Si usted cree que tiene una mala universidad, sin duda tiene un mal Gerente.

Más y más rendición de cuentas

La rendición de cuentas de las Universidades Públicas españolas presenta un fuerte énfasis en la elaboración de la información económica para la representación de la imagen fiel de la entidad. Existe un consenso en mejorar la información relativa a los servicios docentes e investigadores.

El profesor de la Universidad de Zaragoza, Emilio Martín en un reciente libro que hemos comentado aquí, presentó un análisis académico de las carencias de información en las cuentas anuales Universidades públicas. El propio Tribunal de Cuentas, en un amplio informe sobre las Universidades, presentado aquí en su momento, puso de relieve la ausencia de contabilidad analítica. A pesar de las dificultades hizo un encomiable esfuerzo para calcular una estimación.

En el ámbito del Control Interno, las Universidades tienen unidades de auditoría interna integradas en el rectorado. La nueva legislación de las Universidades canarias, como desde la década pasada la Universidad de Oviedo, han hecho depender al Interventor del órgano de supervisión financiera, que nada gusta a los Rectores: el Consejo Social, donde los académicos son minoría por mandato legal. El fin último es garantizar la independencia de la fiscalización, pero también evitar un agujero presupuestario; una posibilidad cada día más probable.

En definitiva, una Universidad navegando en un mar de tensiones presupuestarias, donde la rigidez del gasto impide cualquier decisión económica razonable y efectiva. El presupuesto para 2010 va a ser un ejercicio de imaginación que pondrá a prueba las relaciones entre Universidades y los gobiernos regionales, que no podrán obviar el inicio oficial del Espacio Europeo de Educación Superior.

¿Un modelo obsoleto?

Rafael Puyol, que fue Rector de la Universidad Complutense entre 1995 y 2003, solía calificar la estructura de toma de decisiones universitaria como “orgánicamente confusa, técnicamente ineficiente” resaltando que diluye las responsabilidades y consume más energías de las razonables. No podemos pedirle más claridad a quien conoce tan bien la Universidad.

La clase política también lo sabe. Por eso, en junio pasado, los grupos mayoritarios del Parlamento navarro solicitaron a la Cámara de Comptos la realización de un informe realmente complejo: una auditoría operativa sobre el funcionamiento de la Institución Universitaria que permita “valorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos por parte de la UPNA” y aborde el análisis del modelo de gestión económica así como los costes de las titulaciones, la oferta y demanda de titulaciones y su financiación durante la década. “Ahí es nada”: un trabajo que pondrá a prueba a los acreditados auditores públicos navarros.

Con cierta frecuencia, reaparece el debate sobre el sistema de gobierno universitario. La propia Ministra Garmendia se despachaba hace un año con un titular de prensa esa guisa, reconociendo que el modelo de gobierno “estaba obsoleto”. Hasta la Directora de Universidades del Gobierno asturiano, pidió ir replanteando a medio plazo el modelo de elección de el Rector, al menos como reflexión colectiva. No es raro en una Institución que cultiva la crítica como esencia de su misión.

La Universidad Pública Española, por su naturaleza de Administración Pública independiente vinculada a las CCAA, ostenta potestades y responsabilidades, como la transparencia, la objetividad, la imparcialidad, el sometimiento al procedimiento administrativo o al derecho.

No han faltado voces pidiendo alterar su régimen jurídico transformándolas en fundaciones de iniciativa pública. De hecho, las nuevas universidades on-line tienen esta naturaleza. El asunto tiene su enjundia por el distinto rigor de todos sus controles. Así, la Sindicatura valenciana debió aclarar al parlamento regional que la gestión de Universidad Internacional Valenciana (VIU), tenía un nivel de fiscalización muy inferior al del resto de universidades públicas a pesar de financiarse con recursos de la Generalitat. La razón: es una fundación y como tal, no es fiscalizada todos los años ni con el mismo alcance que las Universidades Públicas.

Una valoración desde el otro lado

He pedido a antiguos colegas gestores (ahora fuera de la universidad) cual su valoración global de estos aspectos, desde su experiencia actual. Para casi todos la comparación es favorable. Así, Xavier Marcet, ex-directivo de la UPC y actual consultor, la universidad, en general,  “resuelve con mayor agilidad que administraciones convencionales pero sus procesos de decisión son sinuosos  y su tempo administrativo lento”. En su opinión, la gestión económica debe ser reflejo de una institución abierta, resolutiva, eficaz y a la vez transparente. “Creo -me dice-que la universidad debería proponerse liderar los procesos de administración electrónica en general incluyendo por descontado todo lo relativo a la gestión económica”. ¿Cómo hacerlo? “No encerrándose, abriendo la mente, no usando la ley de contratos siempre como excusa para no innovar, arriesgando a favor de la transparencia“.

Para Andreu Alcover, Ex-gerente de la Universidad de Isla Baleares y hoy Teniente-alcalde (Hacienda, Función Pública e innovación) en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, la comparación de la gestión universitaria con otras Administraciones “Es muy positiva. Muy importante es el grado de descentralización conseguido, entre otros motivos, por presiones del PDI para poder gestionar de manera más directa sus propios proyectos”. Sin embargo, a diferencia de otras Entidades públicas, cree que hay muchos controles a posteriori: “Es el precio de la autonomía universitaria: Consejo Social, Tribunal de Cuentas, Ocex, Auditorías …”. Cree que las divergencias en materia presupuestaria que tienen las universidades entre sí –”unas con contabilidad analítica y otras no, unas más centralizadas que otras, unas con intervención y otras no, etc”.- son una prueba de la capacidad de adaptación e innovación que tiene la Universidad Española en la gestión que en otras administraciones no sucede.

Rafael Zorrilla, que fue gerente de la Universidad Carlos III de Madrid y hoy dirigiendo SEPES, la gestión universitaria ha ido evolucionando muy positivamente: “hoy existe información en la mayoría de las universidades. Esta es quizás una de las contribuciones mas importantes que los gerentes y gestores: que se conozcan, a tiempo, los datos económicos básicos de la institución. Todo el trabajo que se haga en esta líneas es poco. La información nos hará …. ¡Responsables!” Añade: “Si has trabajado siempre en la universidad no valoras la enorme autonomía de gestión, por ejemplo, en RRHH, en gestión de tesorería o inmuebles

En su opinión, la existencia de sistemas de financiación en las distintas CCAA apoyados en indicadores ha supuesto un avance trascendental. El control del equilibrio presupuestario por la Intervención General de las CCAA se ha generalizado en los últimos años y parece que ya no existen déficits ocultos. Sin embargo, considera “decepcionante el papel de los tribunales de cuentas“.

El trabajo se organiza en cuatro capítulos, el primero de los cuales aborda el tema de la financiación universitaria tomando como referencia los principios de suficiencia, eficiencia y equidad financiera.

En el Capítulo II, se lleva a cabo un estudio empírico con objeto de evaluar la rendición de cuentas de las universidades públicas españolas y del Reino Unido a través de la información financiera publicada en sus cuentas anuales. Para ello, se analiza el grado de implantación de la contabilidad por devengo en cada país, así como el grado de homogeneidad y comparabilidad en la presentación de la información.

El Capítulo III se centra en las evaluaciones externas llevadas a cabo por organismos nacionales e internacionales con objeto de fomentar la transparencia y la calidad del sistema, mientras que el Capítulo IV hace referencia a los procesos de evaluación desarrollados internamente por las propias instituciones para medir la eficiencia en la ejecución de las actividades, así como para detectar las posibles fortalezas y debilidades de la institución.

Fruto de sus investigaciones, Emilio Martín había publicado un interesante trabajo titulado La rendición de cuentas en las universidades públicas españolas: un analisis de la información revelada en los estados financieros, donde el autor estudia las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, de nuestra muestra de 39 universidades, evidenciando un fuerte énfasis en la elaboración de la información presupuestaria sin atender las necesidades de los distintos usuarios potenciales de la información.

Para el autor, sus contenidos presentaron carencias de información en determinados aspectos como la amortización del inmovilizado, la contabilización de las provisiones o la periodificación de ingresos y gastos que son relevantes para la representación de la imagen fiel de la entidad sobre la base contable de devengo. En particular, es en el documento de memoria a las cuentas anuales donde el autor encontró que la cantidad de información revelada es menor y con una mayor diversidad de contenidos que añaden poca información relevante para el usuario.

Ranking de transparencia

Además, elaboró un Índice para medir en detalle el grado de cumplimiento del contenido de las cuentas anuales elaboradas por las universidades españolas con los requisitos para la información financiera establecidos por las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) emitidas por la Federación Internacional de Contables (IFAC). En concreto la IPSAS Nº1.

Los resultados observados fluctúan dentro de un amplio rango de valores, circunstancia que pone de manifiesto las diferencias existentes en el ámbito de rendición de cuentas de las distintas universidades y que da lugar a un ranking para el año 2003, que se expresa en la siguiente tabla:

Tanto el PGCP como las normas internacionales de contabilidad para el sector público recomiendan la inclusión en las cuentas anuales de información útil para evaluar el desempeño de la entidad en función de sus costes, eficiencia y logros. Sin embargo, las universidades españolas no suelen incluir en sus estados financieros ningún tipo de información relativa a los servicios docentes e investigadores, y cuando lo hacen, la información se limita una descripción general del número de estudiantes, composición de las plantillas o sobre la distribución de recursos entre los diferentes programas de investigación.

Además, para el autor, raramente ofrecen información sobre el grado de aprendizaje de los estudiantes, la tasa de fracaso escolar, el acceso al mercado laboral de los titulados, los proyectos de investigación y publicaciones científicas más relevantes desarrolladas por el personal académico de la universidad o algún tipo de análisis riguroso de los costes del servicio.

Los claveros fueron los primeros elementos históricos del control interno, como bien saben los Ayuntamientos españoles. Una forma sencilla y práctica para garantizar la regularidad del gasto público era que el acceso a los caudales se hiciera con el consenso de otros responsables, que guardaban su propia llave de la caja fuerte, de tal suerte que se necesitaban su uso simultáneo (tres por lo general) para acceder al dinero allí depositado. Es el caso del Arca de los caudales de la venerable Universidad de Salamanca, con tres claveros y un blindaje a prueba de cualquier bandido.

He querido hacer este pequeño recordatorio histórico para iniciar una entrada dedicada al control interno en la Universidad Pública Española, que por su naturaleza de Administración Pública está sometida a unos especiales procesos de control interno. No han faltado voces pidiendo alterar su régimen jurídico transformándolas en fundaciones. El asunto tiene su enjundia por el distinto rigor de sus controles, como queda patente en esta noticia:

Así, Rafael Termes (director) en el Libro Blanco sobre el Papel del Estado en la Economía.  (1996- pág. 481) sugería reformar las Universidades Públicas (y sus órganos de gobierno: reducirlos en número, potenciar sus órganos de gestión propiamente dichos) y transformarlas en fundaciones, regidas por la legislación laboral, mercantil y civil.

Sin embargo, la Universidad pública española se configuró como una Administración independiente, vinculada a las Comunidades Autónomas, servida mayoritariamente por funcionarios públicos, puesta al servicio de la enseñanza y la investigación y con un marcado carácter burocrático.

En consecuencia, una de las servidumbres de la actual naturaleza jurídico-administrativa de las Universidades es su régimen económico financiero, del que ya hemos hablado en esta bitácora.

Universidad de Cádiz. Foto: El Rector, Diego Sales Márquez (Izquierda) y Luis Barrio Tato (Auditor Interno, que se jubila hoy, como denota su sonrisa contenida.

En Cádiz, este jueves y viernes asistiremos a una reunión sobre Auditoría y control interno, organizada por la FIASEP y la Universidad de Cádiz. Se trata de revisar las principales áreas de riesgo con los funcionarios encargados de Gastos de Personal, Investigación y Desarrollo, Finanzas y Tributos. Tanto interventores como auditores o gestores de las respectivas funciones públicas.

Uno de los aspectos discutidos en el entramado presupuestario de las universidades públicas es la dependencia del órgano de control interno, que ya hemos presentado en la bitácora. Hay una gran mayoría de Universidades que prefiere los sistemas de auditoría interna de influencia anglosajona (ver) frente al sistema tradicional de Intervención con fiscalización previa, aunque sea limitada.

También hemos analizado el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), sobre las Cartas de Servicios en la Junta de Andalucía y del que ya dimos cuenta en la bitácora. Su metodología fue presentada por el Auditor de la CCA, Enrique González Pol (a la derecha en la foto, con Luis Barrio).

Novedades legislativas

La nueva Ley canaria 5/2009 modifica aspectos relevantes de su sistema universitario como el régimen, competencias, composición y funcionamiento de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas Canarias. En ese sentido, la Exposición de Motivos declara como objetivo establecer mecanismos más eficaces para facilitar las tareas de supervisión a los Consejos Sociales de las Universidades Canarias. Para ello, incorpora en la ley la dependencia orgánica y funcional del órgano de control económico interno o de intervención, a los propios Consejos Sociales. Esta medida complementa la ya existente relativa a la propuesta de nombramiento por el Rector de los responsables de estos órganos.

Además, incorpora dos previsiones respecto del personal adscrito a la Intervención o a la unidad responsable de control interno que desempeñará sus funciones con autonomía respecto de los órganos cuya actividad está sujeta a su control. El interventor o el responsable del control interno, además de los informes a emitir en el ejercicio de sus funciones, anualmente elaborará una memoria de su gestión, que será elevada al pleno del Consejo Social para su informe.

Por último, cuando se mantengan discrepancias con reparos planteados por el órgano de fiscalización interna, corresponderá con carácter general al rector resolverlas.

La rectora de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) Imma Tubella en un brillante artículo del diario El País afirmaba:

Ocurre que los jóvenes, acostumbrados a vivir en un entorno digital no aceptan, ni en la universidad ni en su vida en general, la pasividad. Han crecido con Internet y son activos, colaboradores, interactivos y multitarea, y en entornos más maduros, como el norteamericano, abandonan las aulas, pero no los estudios. Buscan y encuentran modos alternativos de acceso al conocimiento organizando sus propias comunidades de aprendizaje.

Y apunta un ejemplo. El astrofísico del MIT, Walter Lewin, tiene en YouTube vídeos de sus clases, con el aula casi vacía, pero que han sido vistos por varios cientos de miles de personas y las emisiones de sus cursos por Internet son seguidas por millones de estudiantes. Por ejemplo, éste:

El comentario me ha hecho recordar El diccionario del Siglo XXI de Jaques Attali que anticipa un futuro de autoeducación y la EDUVERSIÓN, que alimentará una potente industria de contenidos para las grandes marcas universitarias mundiales y donde se impondrá una nueva categoría de maestros: los matriceros (fabricantes de soportes lógicos para cursos) los controladores (que dirigen a los alumnos y reconocen sus esfuerzos mediante un diploma) y los tutores (ayudan, consuelan y atienden).

En fin, que la universidad del futuro tendrá más en común con Hollywood que con la Salamanca cervantina. Sus contenidos impulsarán toda una economía de las distracción y se parecerán al programa Redes.

Dos modelos

En este escenario de incesantes avances en la tecnología de las comunicaciones, comienzan a constituirse lo que podríamos llamar las universidades mundiales on line que presenta dos grandes modelos. Por un lado, la denominada Universidad del Pueblo. Por el otro lado, la propuesta OCW Consortium, que reúne a unos cientos de universidades de todo el mundo, con el prestigioso MIT, que liberan el contenido de sus currículos en todas las carreras profesionales y posgrados de forma gratuita y on line.

En el primer bloque destacan los modelos colaborativos como la P2PU (Universidad Peer to Peer) que está dirigida y gobernada por voluntarios ¿Ha oido usted hablar del emule y las descargas libres? Claro que si. Pues es el mismo fenómeno imparable de la colaboración, sólo que en lugar de música o cine, se comparte con generosidad tiempo y saber. En lugar de alimentar un blog, ofreces educación de alta calidad con muy bajo coste.

Actualmente la P2PU se encuentra en una fase piloto. Programa “cursos” de 6 semanas sobre variados temas universitarios, por supuesto organizados por un voluntario, aportando el plan de estudios, los materiales y un calendario. El aprendizaje se lleva a cabo en pequeños grupos de 8-14 estudiantes, si bien P2PU difumina los límites entre los estudiantes y profesores. El objetivo final es llegar a ser una plataforma donde cualquier persona pueda utilizar P2PU para organizar, diseñar y ofrecer cursos ¿No le recuerda a las plataformas gratuitas usadas para mantener un blog? En España, ya hay quien dobla la apuesta.

Por suerte, cuentan con el apoyo de la Fundación Hewlett y de la Fundación Shuttleworth para cubrir algunos gastos básicos y la Universidad de California en Irvine se ha ofrecido generosamente para incubar y ayudar con el apoyo administrativo y jurídico. Además, Barack Obama ha nombrado como subsecretario de Educación a una defensora de la educación abierta (Martha Kanter)

En definitiva, se trata de nuevas empresas financiadas por capital riesgo que ha apoyado un modelo de negocio que ha surgido con emprendedores, profesores y estudiantes que ofrecen por igual una clase estructurada como un juego de rol y un título universitario por poco dinero. ¿La solución para África? La Universidad tradicional mantiene el monopolio de la certificación de los conocimientos y eso puede valer más que el conocimiento mismo.

Por otra parte, la Universidad del Pueblo acaba de iniciar sus primeras clases con 300 estudiantes de 100 países. Aún debe obtener la acreditación USA, pero planea ofrecer una licenciatura en Administración de Empresas y en Ciencias de la Computación, utilizando los programas abiertos y a profesores voluntarios. El coste de una licenciatura de cuatro años ascenderá a 4.000 dólares. Los estudiantes se reúnen en línea y también con un tutor individual; un facilitador voluntario para cada curso ayuda a que el proceso avance.

El Modelo MIT

En el segundo bloque esta el MIT, que desde el año 2001 permite el acceso libre y gratuito a los materiales de todos sus cursos oficiales. Hoy, tiene publicados 1900 cursos (de grado y posgrado) y sin embargo, licenciarse allí todavía cuesta unos 180.000 dólares. Como un apartamento en España.

Recuerda Enrique Dans que en este tipo de centros se aprende de tu entorno, de tus compañeros de clase, del debate, de la discusión: los materiales no tienen sentido sin este proceso, o incluso directamente no existen. Y eso es precisamente lo que lleva a que alguien supuestamente inteligente y en su sano juicio quiera pagar esas matrículas. Gigaom lo presenta así:

Cada clase comienza con una llamada “en frío” donde todos corren el riesgo de ser invitados a la apertura del caso. Si usted falla en la presentación, su grado sufre de manera significativa y también lo hace su reputación – un gran incentivo para hacer su trabajo cada noche. Presentado el caso, se inicia un debate donde los estudiantes son premiados no sólo por sus inteligentes argumentos, sino por ofrecer opiniones diferentes. Este debate estimula el cerebro de los participantes de una manera que la conferencia, leer o ver un vídeo, simplemente no lo hace. En términos muy generales, esta es una de las cosas que diferencia “estar en el aula” frente a “ver videos en línea” del MIT.

Hemos pasado de la escasez de conocimientos a la abundancia inimaginable, sobre todo de textos en inglés. La utilización por las universidades del régimen de OpenCourseWare supone una herramienta fundamental para distribuir conocimiento y documentación, en una moderna extensión universitaria 2.0. El MIT calcula que sus materiales cuestan una media de 10.000 dólares por curso, que no es poco.

Conclusión

Hay quien entiende, como el profesor David Wiley de la Universidad Brigham Young, que las universidades tradicionales se encuentran en el lado equivocado de la historia, junto con las cadenas de periódicos y las tiendas de discos y concluye: “si las universidades no pueden innovar y adaptarse a estos cambios, serán irrelevantes para el año 2020“. Si para entonces la inmensa mayoría de los materiales están disponibles gratuitamente … ¿Qué le quedará a la Universidad? Aparte de examinar, claro. Hay quien denomina este escenario el imperio de la inercia, o como recordaba el catedrático leonés Enrique López: «porque a cualquiera que tiene, le será dado, y tendrá más; pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado» citando el versículo 13, capítulo 19, del Evangelio según San Mateo.

Una versión de esta entrada fue publicada en el diario La Nueva España.

El titular del diario Cinco Días nos recuerda que el 78% de las grandes empresas españolas cuenta con un comité de auditoría y una dirección de auditoría interna. Además, el tamaño de estos departamentos ha crecido de forma importante en los cuatro últimos años.

Estas conclusiones se obtienen del III Estudio sobre la Situación de la Auditoría Interna en España realizado por KPMG y el Instituto de Auditores Internos para analizar diversos aspectos de esa profesión en nuestras organizaciones.  En la realización de este estudio se confeccionó un cuestionario que fue cumplimentado por 121 directivos de organizaciones de todos los sectores de actividad y de diferentes tamaños, que permitió estudiar la evolución de la Auditoría Interna con respecto a ediciones anteriores (2001 y 2004), así como anticipar las tendencias previsibles de acuerdo con las necesidades de las organizaciones y la legislación.

En las sociedades cotizadas, para cumplir con la Ley Financiera, todas disponen de un Comité de Auditoría y un 94% con auditor interno. Muchas de las no cotizadas cuentan también con ambos departamentos. La recomendación 47 del Código Unificado anima a que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión del comité de auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno. Ya hemos hablado aquí del creciente papel de estos Comités en las Sociedades de interés Público, en la reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Crecimiento espectacular

Entre 2004 y 2008 el tamaño de las direcciones de auditoría interna ha crecido en un 65%, pasando de 17 a 28 auditores de media. Este dato sin embargo, varía de forma significativa en función del tamaño de las organizaciones – siendo de 60 auditores para más de 4000 empleados y de 14 en las de menos de 1000-. También ha crecido más del 36% el ratio de auditores internos sobre el número total de empleados -pasa del 0,22% al 0,30%-.

Entre los resultados del informe destaca que la gran mayoría de las direcciones de auditoría interna dependen jerárquica y funcionalmente de los órganos de gobierno o los máximos ejecutivos. Pero los autores del informe señalan que “resulta llamativo” que esto aún no sea una realidad en el 18% de las participantes en el estudio o que no dependa funcionalmente del comité de auditoría en el 22% de las empresas cotizadas en España.

El informe también refleja que la comunicación del auditor interno resulta ser bastante fluida con los órganos de los que depende. La gran mayoría de los departamentos de auditoría se reúne con sus superiores jerárquicos una media superior a las cinco veces al año. Sin embargo, sólo un 39% de los departamentos tenían implantado un programa de garantía de calidad.

La celebración en la Universidad de Cádiz, durante el 1 y 2 de octubre próximo, de las Jornadas sobre Aspectos actuales de la Auditoría Interna en el sector público, nos permitirá  debatir y, sobre todo, homenajear a Luis Barrio Tato (ver foto adjunta) que durante estas dos décadas fue director del área de auditoría interna de la Universidad de Cádiz. Luis se jubila y quiere hacerlo impulsando este seminario, donde abordaremos un enfoque integrador de la función de Auditoria Interna, desde la perspectiva del Informe COSO, y de los sistemas de gestión de calidad, el modelo EFQM, las cartas de servicios, etc.

Esto supone una visión moderna de la función de auditoría interna, que ya hemos avanzado en otra ocasión. El siguiente cuadro resume muy bien la evolución producida durante las últimas décadas:

Esta función, que siempre ha defendido y divulgado Luis Barrio, supone la consideración del Auditor Interno del sector público no como un “perro guardián” sino como consejero independiente, inmerso en una cultura de mejora continua, que debe perfeccionar sus procesos a través del benchmarking y de revisiones entre colegas, aspirando a que sus procesos estén de acuerdo con la mejor práctica.

Este esquema de trabajo debe emplear una orientación hacia las necesidades del cliente y realizar periódicamente una encuesta formal entre los “usuarios” del departamento. Como puede observarse, se trata de una evolución del modelo Interventor, y corresponde al selecto club de las organizaciones maduras y con un elevado ambiente ético.

Quizás por esto, Luis Barrio ha defendido para la Administración Pública un modelo de informe sobre control interno con un contenido similar al de las sociedades cotizadas, centrado en la estructura de la administración de la entidad, el control de riesgos y el gobierno corporativo, como puede verse en este artículo de Auditoría Pública nº 46. Asimismo, ha trabajado durante los últimos años en una innovadora linea de investigación: los aspectos psicológicos de la auditoría. Ver, por ejemplo, El factor emocional en auditoría en Auditoría Pública nº 44.

A finales de la década pasada, muchos gestores públicos recibían, cerca de las navidades, algunos generosos sobresaltos desde el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) cuya llamada telefónica venía a decirnos “si tenéis infraestructuras cuyos proyectos podáis comprometer antes de fin de año, tenéis a vuestra disposición este chorro de millones. Pero quiero un fax de confirmación inmediatamente …”.

Pudiera parecer que nadie eludiría ese reto, pero no es así. Se trataba de un regalo envenenado, sólo ofrecido a los más virtuosos administradores, que tiene su origen en alguna Entidad retrasada o incapaz de tramitar esas subvenciones. Entonces las llamadas autoridades de gestión prefieren, antes de perder un euro: primero que quede en otro proyecto del territorio de la correspondiente Comunidad Autónoma y, si esto es imposible, en otra Institución española.

Comenzaba entonces una carrera de obstáculos, ingenio y atajos de alto riesgo e inspiración.

Si el lector no está iniciado en estas peripecias pensará que esto es una exageración o que estamos en manos de aficionados. Es verdad en ambos casos.

Otros recordarán que se negaron a estos trapicheos porque el riesgo suele ser excesivo o por imposibilidad de encontrar el mísero 20% de cofinanciación. Además, dentro de un par de años, una auditoría propondrá el reintegro de la subvención por omitir algún trámite esencial, pero nadie recordará que se preparó el asunto en horas, con espíritu patrio.

La realidad es que bastantes gerentes estudiaban bien pros y contras o la calidad del proyecto a enviar. Se rebuscaba en el fondo de armario administrativo. Por ejemplo: adquirir un gran equipo científico, de fabricación exclusiva en EEUU, que permitía eludir la licitación. ¿Se necesitaba? Ah! Las necesidades públicas son infinitas.

Fondos europeos pendientes

Los tres principales instrumentos financieros de la política de cohesión de la UE son el FEDER, el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión.

España es el segundo perceptor de Fondos de Cohesión de toda la Unión Europea, sólo superado por Polonia. En el actual marco presupuestario, denominado Perspectivas Financieras, que abarca de 2007 a 2013, España recibirá 35.200 millones de las arcas comunitarias. Durante el ejercicio 2007, el primer ejercicio de ese marco presupuestario, la Comisión Europea asignó a España 6.300 millones de euros.

Según el portavoz de Política Regional de la Comisión, Dennis Abbott, a principios del 2009, Bruselas había realizado «una estimación» del dinero del 2007 pendiente de liquidar, que evaluó entre los 800 y los 1.000 millones de euros, de acuerdo con los datos proporcionados por las CCAA y por el Gobierno de España, que disponen hasta finales de este año para presentar los proyectos susceptibles de recibir esa financiación, pero teme que el plazo expire, por lo que ha pedido, infructuosamente, una prórroga.

En Bruselas advierten de que la Comisión no puede autorizar los pagos si los informes no demuestran que se han cumplido todos los requisitos legales. «Es una cuestión técnica, no política», recuerda Abbott a la Voz de Galicia, y alerta de que el Tribunal de Cuentas puede propiciar la devolución de cualquier cantidad que no haya sido gestionada según establecen las normas y directrices europeas. Precisamente, en su último informe de fiscalización sobre la ejecución del presupuesto comunitario, el Tribunal de Cuentas calificó de «ineficaces» varios de los mecanismos de control de los fondos de I+D.

La comisaria de Política Regional, Danuta Hubner, estaba promoviendo (pasó a ser eurodiputada) una simplificación de los procedimientos que, sin embargo no afectarán a los fondos en liza, como recordaba La Vanguardia:

Los retrasos en la ejecución de las ayudas se deben a que España no ha dado suficientes garantías a Bruselas de que las administraciones implicadas en los proyectos tienen sistemas de control financiero adecuados para asegurar que no hay irregularidades en el uso de los fondos, un aspecto en el que la normativa comunitaria se ha endurecido.

Aunque desde esa Comisaría se destaca que “España ha sido siempre un ejemplo para el resto de países en cuanto a la presentación de proyectos para recibir la cofinanciación comunitaria últimamente el ritmo de presentación de las solicitudes, entre las que figuran algunos de envergadura, ha bajado considerablemente”.

Imagino cuantos correos se estarán a cruzando ya (buscando proyectos desesperadamente) y cuantos regalos envenenados se estarán fraguando para sustituir a toda velocidad (más madera) aquellos que por diversas causas, Bruselas ya ha dicho que no serán financiables.

Galicia

El Cosello de Contas de Galicia acaba de hacer público el informe sobre los fondos europeos-2006 que pone de manifiesto su escasa ejecución. La prensa destaca las críticas hacia los sistemas de control aplicados por diferentes departamentos encargados de la ejecución de las ayudas.

Los propios controles de la Xunta muestran incidencias en la ejecución de los proyectos que dan lugar a rectificaciones en el 12,2% de los casos para los fondos Feder; del 5,8% si se trata del Feoga; del 28,8% al revisar el Fondo Social Europeo; y del 6,2% para los Fondos de Cohesión. En los fondos Feder, el Consello señala que las irregularidades detectadas, un total de diez casos, suponen más del 12% del importe de los proyectos revisados. En el Feoga fueron quince los supuestos de irregularidad, casi el 6% del total, mientras que los informes de verificación del Fondo de Cohesión se destaparon once casos, el 6,2%.

Hoy se clausura en la localidad de La Seo d`Urgell, el Curso de Verano organizado por la Universidad de Lleida, con el título “El PDI laboral de las Universidades Públicas: aspectos legales y negociación colectiva”, 20 a 22 de julio, con la coordinación de la profesora Ana Romero.

El Curso que se encuadra en el Proyecto I+D “El personal laboral de las universidades españolas: condiciones de empleo y trabajo del PDI”, gestionado por los profesores Ana M. Romero y Josep Moreno, de la Universidad de Lleida, y Ana Rosa Argüelles y Luis Fernández, de la Universidad de Oviedo. Una magnífica ocasión para que nuestra amiga Ana Caro nos presente algunas reflexiones sobre este nuevo colectivo de empleados públicos.

La proclamación del principio de laboralidad del PDI de las Universidades públicas, instaurado por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) y consolidado por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de modificación de la LOU (LOMLOU), ha conllevado que el análisis del régimen jurídico de aplicación a este nuevo colectivo haya generado varios foros de debate: Jaén, año 2003, Burgos, año 2004, Jaca, año 2006 y en estos días de verano, La Seo d`Urgell. Este programa está disponible en la Web de AEDUN, www.aedun.es y en la Web dedicada al personal docente e investigador laboral, www.pdilaboral.es

En concreto, en esta ocasión se ha pretendido aproximación al marco legal de la negociación colectiva del PDI laboral de las Universidades Públicas, siendo abordarlo, como es lógico, desde la toma en consideración de las peculiaridades de la configuración y el ejercicio de este derecho de autotutela, la negociación colectiva, como mecanismo de autonormación. Mecanismo que se ha visto influenciado por el cómo de la generación de este nuevo colectivo y de la conformando de su régimen jurídico, enmarcado todo ello en los hechos concretos que se han sucedido para consolidarlo, esto es, cómo la apuesta del legislador se ha constituido en una realidad.

Entre otras cuestiones, durante los días 20 a 22 de julio, los extremos jurídicos sobre los que se reflexionó abarcarán distintos aspectos de carácter práctico. En concreto, los debates giraron en torno a : El presente y futuro del personal docente e investigador laboral (Juan Manuel del Valle), el marco legal de la negociación colectiva de este profesorado en régimen laboral (Ana Caro), la clasificación profesional y la carrera académica (Josep Moreno), la organización de la actividad docente e investigadora y el contenido de la prestación (Luis Fernández), la conciliación de la vida personal y laboral del PDI laboral y su reflejo en los Convenios Colectivos (Ana Rosa Argüelles), protección de la salud laboral (Miguel Ángel Purcalla) y las condiciones económicas (Ana M. Romero), sin olvidar la valoración de la realidad negociadora a través del ejemplo práctico de las Universidades Catalanas (Sergi Fillet y Joan R. Rosell) y la determinación de posibles caminos para el futuro negociador (Carolina Martínez).

Fruto de estas jornadas de reflexión la Universidad de Lleida publicará las Actas, cuyo texto previo ya ha supuesto una edición de más de doscientas páginas, instrumento que ha de servir, como guía, a los gestores públicos, a los interlocutores sociales y los propios miembros del colectivo del PDI laboral.

Como ejemplo, podemos referir que uno de los primeros extremos que ha quedado expuesto en la sesión de inicio es la evidencia de que el PDI laboral vino a poner el contrapunto al hasta ahora único colectivo de empleados públicos del ámbito de la docencia e investigación universitarias: el PDI funcionario; colectivo constituido por los Cuerpos Docentes Nacionales. Pudiendo afirmar que ha aportado al mundo universitario de la docencia y la investigación, esa visión de dicotomía que pervive, desde hace años, en el resto de Administraciones Públicas, -incluida la propia Administración Universitaria- entre empleados públicos bajo regímenes diferenciados, el administrativo y el laboral.

Pero es obvio que si muchos son los aspectos abordables en relación a la conformación y efectos del régimen jurídico del PDI laboral, en este análisis veraniego se centraron en uno de los principales efectos de la laboralización del PDI en la gestión de los intereses profesionales, cual es el paso de la gestión unilateral a la gestión colectiva, barajando la influencia de las singularidades de este colectivo de docentes e investigadores y las particularidades del propio centro de trabajo donde se desarrolla su labor: las Universidades Públicas. Estos elementos, conexionados, han dado lugar a ciertas singularidades en cuanto al hecho mismo del ejercicio del derecho a la negociación colectiva, que a lo largo de este Curso de Verano pudieron deducirse convenientemente.

En la fotografía, que refleja la sesión iniciaria del Curso, aparecen, de izquierda a derecha: la Coordinadora del Curso, Ana Romero, y los Ponentes, Juan Manuel del Valle y Ana Caro.

Algunas Administraciones Públicas han comenzado a aplicar los modernos criterios de calidad en la gestión. En la práctica, esto significa para los servicios públicos, entre otras cosas, normalizar y describir procedimientos administrativos y responsabilidades,

En principio, exige contar con Cartas de Servicios, donde los distintos órganos y unidades de la Administración informan a los ciudadanos sobre las condiciones en que se prestan los distintos servicios, los derechos del ciudadano y los compromisos de calidad adquiridos en relación con su prestación.

La importancia del asunto en la moderna rendición de cuentas hizo que en el III Forum Brasil-España de Derecho Administrativo, los Tribunales de Cuentas brasileños dedicasen un apartado al estudio del control de la calidad en los servicios públicos en ambos países. Presentamos un buen ejemplo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.Cartas de Servicios

Las Cartas de Servicios fueron inauguradas, en el Estado por el Real Decreto 1259/1999, para que los ciudadanos conocieran los servicios que prestan las organizaciones públicas y la calidad que tenían derecho a percibir. Suponen un cambio de cultura organizativa en la Administración, para conseguir la simplificación de procedimientos y la agilización de trámites.

Desde una perspectiva estratégica, son una nueva forma de conocer la prestación de los servicios públicos, con una redacción clara, breve y sencilla, y en unos términos que resulten fácilmente inteligibles para el ciudadano que pueden exigir que éstos se ofrezcan adaptados a sus necesidades y expectativas. Si quereis ver mi ejemplo favorito, es éste.

Fiscalización de las cartas de servicios en Andalucía

La Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de hacer público un informe de titulado fiscalización de las Cartas de Servicios ofrecidas por la Administración de la Junta de Andalucía. El documento analiza las 263 Cartas publicadas, de las que 214 corresponden a unidades de la Junta de Andalucía y 49 a las universidades andaluzas, que también han adoptado esta metodología.

La Junta de Andalucía realiza el seguimiento de las Cartas de acuerdo con la versión para el Sector Público del modelo EFQM, comprobando los niveles de calidad establecidos en ellas y estableciendo planes de mejora en los casos que sea necesario.

El examen efectuado consistió en corroborar que la Carta de Servicios se basaba en los siguientes elementos:

- una definición de compromisos que puedan cuantificarse

- un despliegue de un cuadro de mando de indicadores

- la aplicación de una herramienta de seguimiento

- una planificación e implantación de actividades de mejora

- la identificación de procesos y servicios

- la identificación de estándares de servicios

- la identificación del grado de cumplimiento de los compromisos

- la medición sistemática de las necesidades de los ciudadanos

- la medición del grado de satisfacción de los usuarios.

Principales conclusiones

La elaboración de una Carta de Servicios requiere un estudio previo suficientemente profundo en el que se identifiquen los procesos estratégicos y el análisis y mejora de tales procesos. El informe evidencia una urgente elaboración de las Cartas que carecen de dicho examen.

El número de compromisos e indicadores que figuran en las Cartas es, en muchos casos, superior a los que pueden y deben ser asumidos por la correspondiente unidad administrativa, por lo que su incumplimiento desvirtúa los resultados de la gestión de tales unidades.

Para la Cámara andaluza, no todos los indicadores que figuran en las Cartas de Servicios se refieren a la calidad de dichos servicios y muchos de ellos son indicadores de actividad.

La asunción de una Carta de Servicios y, en general, la política de mejora de los servicios públicos, requiere la adecuada formación del personal que los gestiona. En las Delegaciones Provinciales se evidencian las carencias de formación sobre políticas de calidad y específicamente sobre las Cartas de Servicios.

El conocimiento exacto de la calidad de los servicios prestados y la mejora de los mismos, requiere la fijación de unos estándares de calidad para conocer la situación de hecho y los objetivos que se pretenden; por ello la fijación de indicadores sin el acompañamiento de sus adecuados estándares, sustraen utilidad a tales indicadores o los invalidan. En concreto se  recomienda que cada uno de los indicadores que figuran en las Cartas de Servicios, lo hagan acompañados de su correspondiente estándar de calidad.

La monitorización de los indicadores resulta imprescindible para objetivar los resultados de la gestión y evitar sesgos en la evaluación de la calidad. En este sentido, la Cámara de Cuentas de Andalucía recomienda una mayor y mejor dotación de equipos informáticos y software para todos aquellos procesos de los que se deriven indicadores de calidad.

]]> http://fiscalizacion.es/2009/07/06/calidad-de-los-servicios/feed/ 0 http://fiscalizacion.es/2009/06/16/eficacia-y-eficiencia-en-la-universidad/ http://fiscalizacion.es/2009/06/16/eficacia-y-eficiencia-en-la-universidad/#comments Tue, 16 Jun 2009 16:20:38 +0000 Antonio Arias Rodríguez http://www.fiscalizacion.es/?p=3869

Los grupos mayoritarios del Parlamento navarro han solicitado a la Cámara de Comptos la realización de un informe realmente complejo. Se trata de una auditoría operativa sobre el funcionamiento de la Institución Universitaria. El encargo busca rendir cuentas a la sociedad navarra sobre la “idoneidad de la gestión efectuada” desde el ejercicio 2000 hasta la actualidad, así como servir de “punto de partida para futuros cambios en la financiación por el Gobierno de Navarra o para la aplicación  del Espacio Europeo de Educación Superior”.

Para ello deberá analizar el modelo de financiación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), comparándolo con otras universidades españolas y extranjeras, y su sistema de gobierno. Para ello, tendrá que informar sobre la posición de la UPNA en todos los estudios de rankings de universidades publicados y realizar una encuesta sobre la satisfacción del mercado laboral con la formación y la investigación de la UPNA.

El estudio solicitado intentará “valorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos por parte de la UPNA” y se compondrá de los siguientes apartados:

análisis del modelo de gestión económica del centro académico; análisis de los costes de las titulaciones en el curso 2008-2009; análisis de los gastos en 2008 de los grupos de investigación, el equipamiento docente de los departamentos, el gasto corriente de las unidades funcionales de gasto no afectas, el equipamiento informático, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios (se controlará las retribuciones, indemnizaciones y horas de actividad de ambos sectores, y se les comparará con el PDI y el PAS de otras universidades) y transferencia de conocimiento; y un análisis de evolución de los indicadores de asignación de recursos a departamentos y centros de 2002 a 2008, la oferta y demanda de titulaciones y matriculación de las mismas entre los cursos 2001-2002 y 2008-2009, y los gastos por capítulos económicos y su financiación de los años 2000 a 2008.

Un informe muy ambicioso.

Rafael Puyol, que fue Rector de la Universidad Complutense entre 1995 y 2004, presentaba (diario ABC, 28 de abril de 2001) las tribulaciones de los equipos rectorales y su limitado margen de maniobra, en una organización descrita de la siguiente manera:

“Una estructura de toma de decisiones que es orgánicamente confusa y técnicamente ineficiente. Esa estructura hace inviable el rigor en la selección del profesorado, convierte en retórica bien intencionada la planificación estratégica, obliga a sacrificar lo importante por lo urgente, diluye las responsabilidades y consume más energías de las razonables”.

El Informe Bricall, en esos mismo años, realizaba un diagnóstico poco favorable de la organización universitaria, donde “prima sobre todo el debate y falta el rigor, la eficacia y la adecuada definición de órganos y funciones“.

Nuestra Universidad Pública está organizada en torno al concepto de Administración Pública y, como tal, con potestades y privilegios, pero también con enormes condicionantes, como la transparencia, la objetividad, la imparcialidad, el sometimiento a los intereses generales, al procedimiento administrativo, al derecho presupuestario o al control judicial de su actuación y de los fines que la justifican.

Pudo haberse optado por caracterizar las universidades como sociedades públicas o fundaciones, según la legislación laboral, mercantil y civil, pero no se hizo. Por el contrario, se configuró como una Administración independiente, vinculada a las Comunidades Autónomas, servida mayoritariamente por funcionarios públicos, puesta al servicio de la enseñanza y la investigación y con un marcado carácter burocrático, es verdad, lo que hace muy difícil promover la responsabilidad personal, la toma de decisiones y en definitiva con enormes dificultades para la gestión del cambio.

Cuando los Órganos de Control Externo se acercan a la Universidad Pública el aspecto que más extrañeza les produce es esa intrincada organización, con un modelo de gestión participativo “que se convierte en cuasi asambleario, por la gran cantidad de órganos de dirección y por el escaso margen de maniobra”, afirmaba la propia Cámara de Comptos en la década pasada, en que llegó a concluir:

“A nuestro entender, el marco que regula la institución no es el más adecuado para efectuar una moderna gestión de la actividad universitaria que tenga como guía los principios de eficacia, eficiencia y economía“. (Informe de Fiscalización sobre las Cuentas Generales de Navarra del ejercicio 1996. Apartado 3.3.4.1.BOPN de 20.2.98)

Otra de las experiencias de la Cámara de Comptos, también por encargo de su Parlamento, fue la denominada Auditoría Docente Externa de la UPNA, de su personal universitario y recursos. El informe (BOPN de 15-1-1998) y se pronunciaba sobre criterios de plantillas y sus departamentos (estructura, alumnos por profesor, grupo y asignatura, dedicación docente, etc.), costes y ratios (profesor/alumno por titulación, departamento y sus costes), equipamiento (gastos por áreas, aprovechamiento de infraestructuras) y previsiones de desarrollo y nuevas titulaciones (costes de implantación). En el apartado de profesorado (cumplimiento de la dedicación, incompatibilidades) decía esto, en una época donde todavía seguía creciendo el alumnado:

“La carga media general se sitúa cercana al máximo, si bien hay diferencias notorias entre los departamentos. Existe un primer bloque de departamentos en los que incluso la carga docente supera la capacidad (…) Hay un segundo bloque cercano al máximo y un tercero en el que la carga se sitúa por debajo del 80% de la capacidad docente…” (apartado VII.II.D).

En fin, que el más veterano Órgano de Control Externo de nuestro país tiene ante si un nuevo reto, que no dudo acometerá con el rigor y la independencia que le caracteriza. Por lo pronto, la decisión parlamentaria ha generado gran recelo entre los universitarios, como podéis ver en el magnífico blog de Joaquín Sevilla, cuya entrada os avanzo que se titula: Requiem por la autonomía universitaria“. Estaremos atentos.

La Sindicatura de Comptes de Catalunya acaba de publicar el informe agregado sobre las Universidades catalanas correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007 y el curso académico 2006-2007.

Se trata de un trabajo de obtención de indicadores que permitan evaluar la situación del sistema universitario de Cataluña y presentar ciertas comparaciones entre sus integrantes.

Reconoce la Sindicatura que los valores obtenidos de cada universidad adolecen de falta de uniformidad, por las grandes diferencias entre los modelos organizativos, contables y de gestión de las Instituciones respectivas. Así, la ausencia de criterios comunes de contabilización para los grupos consolidados del holding universitario o de contabilidad analítica, plantea grandes dificultades de comparación.

Permitidme que seleccione los siguientes indicadores para la reflexión:

Indicadores académicos más relevantes

Número de alumnos a tiempo completo por profesor: 9.55

Número de alumnas de nuevo ingreso: el 55,14% del total

Tasa de rendimiento (créditos superados/matriculados): 69%

Tasa de éxito (créditos superados/presentados): 85%

Titulados en relación con el nuevo ingreso 51,14%. Sin embargo, se graduaron en 2006- 2007 el 44% de los que se matricularon en 2001-2002.

Indicadores financieros más relevantes

Los gastos de personal representan el 59,4% del total del presupuesto universitario. Crecen a un ritmo del 12,51% en 2006 y del 11,27% en 2007.

Las tres universidades grandes (UB, UAB y UPC) tenían remanentes genéricos negativos, por un importe global de 176 millones de euros.

El coste medio corriente por alumno equivalente es de 8.311€, de los cuales el precio sufragado por la matricula sólo financia un 15,78%.

El coste medio de obtener un licenciado es de 31.491€

Algunas reflexiones

En muchos casos, las universidades son la mayor empresa de la ciudad o de la Comunidad, tanto por el número de empleados o de clientes como por la cuantía de su patrimonio o presupuesto anual. Esta dimensión se encara con una estructura organizativa desmotivada y poco profesionalizada en su nivel ejecutivo.

Los Órganos de Control Externo han llamado la atención sobre determinados aspectos de nuestra gestión, como las debilidades del control interno, la excesiva descentralización y desconcentración, las cuantiosas inversiones sin estrategia de futuro, la complejidad de la gestión.

La Universidad está en un período crítico en el que los cambios en las políticas públicas en el marco de la enorme crisis por la que atravesamos, unido al ritmo de los avances tecnológicos y científicos, están alterando de una forma acusada el entorno. El descenso de la natalidad y la pugna por obtener financiación adicional requerirá nuevas respuestas organizativas y financieras por parte de las universidades.

Existe una estrecha relación entre calidad y gasto universitario. Las mejores instituciones son las que tienen mayores presupuestos por alumno; esto está claro. Sus indicadores de gestión son comparados con periodicidad y son objeto de multitud de análisis, gracias al Informe del Observatorio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas que dirige Juan Hernández Armenteros.

En la enseñanza universitaria, concluyó en los años 90 el primer proceso de reforma de los planes de estudio que, en opinión mayoritaria, fueron elaborados sin estudios previos, para “consumo interno”, sin reducir su carga docente, ni tampoco las necesidades financieras que conllevan. La actual reforma para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior es, ante todo, una oportunidad de innovación y de búsqueda de la excelencia. Por desgracias, la crisis afectará negativamente a su implantación.

Lo que era insólito hace unos años no lo es ahora: los equipos rectorales y los gobiernos empiezan a inquietarse ante las altas tasas de retraso y abandono de los estudiantes que producen fugas hacia otras universidades o CCAA. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada cifra en 3.300 millones de euros la factura anual del fracaso en la universidad española.

Por último, una consecuencia del mercado es el habitual menosprecio que la clase política dirigente siente hacia la intelectualidad académica o el relativo abandono de las humanidades que, como alerta Ignacio Ramonet “amenaza con la desaparición de todo lo que es un aspecto del saber que no tiene valor mecánico porque no tienen valor práctico en el mercado de trabajo”. Se generaliza la iniciativa de los profesores de algunas Facultades y Escuelas, que rivalizan en sus visitas periódicas a los bachilleres, presentándoles las excelencias de su titulación.

Ana Caro Muñoz es letrada de  la Universidad de Burgos. Incansable emprendedora, como demuestra su impulso en la secretaria de la Asociación para el estudio del derecho universitario (AEDUN) cuyo último éxito fue la celebración en Baeza del X Curso de Régimen jurídico de las Universidades.

Brillante conferenciante y articulista habitual en los medios profesionales, hace unos meses se incorporó a la Vicesecretaría general de la UAM. Hoy será nombrada Directora General de Estudios y Régimen Jurídico de la Consejería de Educación del nuevo Gobierno vasco.

Ana es un a AMOR (Altamente Motivada, Optimista y Rigurosa) así que es un gran fichaje.

Ver entrevista en el Diario de Burgos

Ayer se inauguró en la Universidad Internacional de Andalucía (sede Baeza) el X Curso sobre Régimen Jurídico de las Universidades. Han pasado 18 años desde la celebración de primera edición en la Universidad de Oviedo y con la mayoría de edad, se ha constituido la Asociación para el Estudio del Derecho Universitario (AEDUN) que se encarga de mantener viva esta red profesional, mayoritariamente vinculada a los asesores jurídicos de las Universidades.

No he faltado a ninguna de las diez citas bienales. Este año he tenido el honor de presentar a Olayo Eduardo González Soler, Fiscal-Jefe del Tribunal de Cuentas de España (en la foto, cortesía de Ana Caro) , que realizó una brillante exposición de los problemas que plantea la exigencia de responsabilidad contable, con especial referencia a las Universidades Públicas.

La reunión constituye una magnífica ocasión para pasar revista a los principales aspectos de la gestión universitaria, presentados por relevantes académicos y profesionales del mundo jurídico. En total 107 letrados de Universidades pertenecientes a todo el territorio español se inscribieron en Baeza. La clausura (mañana) correrá a cargo del Magistrado José Ramón Chaves, impulsor del popular blog contencioso.es.

Informes

Esta semana ha sido pródiga en noticias económicas de las Universidades. Algunas ponen de relieve la particular situación de “Asfixia financiera” de alguna Institución. En Cataluña, el informe agregado del sistema universitario elaborado por la Sindicatura y correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007, considera que han de ser objeto de una atención especial los gastos de personal, recomendando que se elabore un estudio sobre las funciones que realiza el personal docente y se redacte una relación de los puestos de trabajo de todo el personal.

Además, pide que se estudie el coste económico que tiene para el sistema universitario público catalán y para la sociedad catalana el elevado porcentaje de alumnos que abandonan los estudios universitarios, así como “el significativo” porcentaje que acaban las carreras en un tiempo superior al previsto.

En este sentido, la prensa recoge con gran despliegue la presentación del Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre la contribución de las Universidades al desarrollo. En esta edición se ha vuelto a juntar a las mejores plumas del sistema universitario para realizar un diagnóstico y evaluar las tendencias. Destaca el capítulo dedicado a los rankings universitarios, que comienzan a poner de relieve algunas diferencias en un sistema bastante homogéneo.

El suplemento Campus del diario El Mundo resume el enorme tomo presentado anteayer con el siguiente titular: “La Universidad necesita flexibilizar su gestión para agilizar la toma de decisiones y rendir cuentas“.

También conocimos estos días la aparición del último número de la Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC) Publicación electrónica impulsada por la Cátedra Unesco de Universitat Oberta de Catalunya y dedicada en esta ocasión a “Internet, redes sociales y educación”.

Terminaremos la jornada con una presentación extensa de la Estrategia 2015 del Ministerio de Ciencia, a cargo del Secretario de Estado de Universidades, Màrius Rubiralta.

El Presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja recordaba, en un reciente artículo del diario Expansión, que estos órganos fueron creados hace 25 años generando grandes expectativas, por ayudar al equilibrio institucional por su reclutamiento mayoritariamente externo.

Responsabilidades económicas del órgano

Uno de los últimos actos a que asistí como Secretario del Consejo Social de la Universidad de Oviedo fue la constitución de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas españoles (ver portal) que permite la consolidación, el apoyo mutuo e intercambio de experiencias, para el eficaz ejercicio de sus relevantes funciones.

Entre sus principales responsabilidades se incluye la promoción de la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, y las relaciones entre ésta y su entorno. También la aprobación del presupuesto y las Cuentan Anuales, así como la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad, y del rendimiento de sus servicios. De estas últimas competencias hablaremos hoy.

Control interno y Consejos Sociales

De acuerdo a las normas que rigen la profesión de auditoría interna, la independencia se logra cuando los auditores pueden realizar su trabajo objetivamente, de forma que consigan emitir juicios imparciales, equilibrados y libres de interferencias. Entre las diferentes presunciones que definen este principio básico, no cabe duda que el nivel jerárquico dentro de la organización ocupa un papel esencial, así lo prevé el Instituto de Auditores Internos de España, en sus normas profesionales:

El director ejecutivo de auditoría debe responder ante un nivel jerárquico tal dentro de la organización que permita a la actividad de auditoría interna cumplir con sus responsabilidades.

La aplicación del principio de independencia a las universidades públicas españolas anima un controvertido tema pues existen diversos órganos colegiados y unipersonales con competencias cruzadas y concebidas en virtud de las premisas del modelo colegial. En todo caso, el departamento de auditoría interna ha de depender de un nivel con suficiente autoridad que posibilite el desarrollo eficaz de sus funciones, es decir, que no coarte el alcance de la auditoría, logre una adecuada objetividad en la formulación de sugerencias y permita impulsar la implantación de las recomendaciones surgidas en el proceso de auditoría.

Si entendemos la función del órgano de control interno como una actividad de revisión y consulta de la dirección (enfoque moderno de Auditoría Interna) que busca la mejora continua, puede justificarse que se sitúe orgánicamente dependiendo del Rector, especialmente si tenemos en cuenta que éste asume la máxima responsabilidad del proceso de control interno. Se argumentará que esta opción formaliza un modelo testimonial o decorativo, pues el Rector es quien resuelve los reparos y puede influir sobre el titular del órgano. Ahora bien, reconoce Dorta Velázquez que tal apreciación surge al concebir la auditoría interna como un poder negador cuya actividad básica es vigilar la actividad del Rector y no como una función de asesoramiento que apoya las funciones de éste.

Que el Rector se involucre en los problemas diarios de la Intervención supone un importante refuerzo de su posición, especialmente si tenemos en cuenta que el Rector es quien asume las máximas responsabilidades por su consideración de cuentadante. Los problemas surgirán con el Gerente o el resto de los miembros del equipo rectoral, si no aceptan esta privilegiada posición del funcionario de Intervención.

Por otra parte, la actuación del órgano de control bajo la dependencia del Consejo Social permite que éste realice su trabajo con total independencia del Rector, pudiendo expresar opiniones imparciales sobre la gestión desplegada por este órgano unipersonal. En este sentido, se manifestaba Chaves García hace muchos años, al indicar que la revitalización del control, como correlato necesario de unos poderes públicos que deben guiarse por la legalidad y eficiencia en la gestión de los intereses generales, se logra cuando se vincula de algún modo el control interno al Consejo Social, pues éste ostenta la condición de órgano de supervisión económica de la Universidad.

Hace trece años escribía mi primer artículo profesional, donde entre otras áridas reflexiones concluía que “la realidad de la Universidad española demuestra que pocas veces los consejos sociales quieren implicarse en esta importante función, convirtiendo las previsiones [estatutarias] en meras declaraciones de intenciones”. He de reconocer que ya he visto suficientes Consejos Sociales ejercer sus competencias con responsabilidad, como para rectificar mi escéptica posición.

Una alternativa utilizada por otras universidades es posicionar al órgano de control interno bajo la dependencia del Gerente, admitiendo su interés por extender los controles para proteger la responsabilidad que asume en la gestión económica y administrativa de la Universidad. Sin embargo, su destacado papel en el proceso presupuestario, las posibles discrepancias en la compleja gestión financiera universitaria y los posibles conflictos de intereses pueden constituir una seria  limitación de esta opción, pues la actividad de control genera conflictos, especialmente con los órganos de gobierno (Equipo Rectoral) o restantes gestores universitarios.

La mayoría de las Leyes autonómicas universitarias no ha querido innovar demasiado en la tarea ni en la vinculación de la Intervención con la supervisión por el Consejo Social, como hizo la Ley del Consejo Social del Principado de Asturias. Algunos Órganos de Control Externo se manifiestan partidarios de esta dependencia; dada la actual estructura organizativa de la Universidad, entienden que el encuadramiento de la unidad de control interno no puede ser otro que su adscripción al Consejo Social.

Ya hemos comentado en esta bitácora el informe horizontal sobre la Universidad pública española que aprobó el Tribunal de Cuentas de España hace justamente un año, donde podemos encontrar (pág. 58) la siguiente mesurada recomendación:

Las Unidades de Control Interno deberían mantener algún tipo de nexo con los Consejos Sociales; órgno que goza del nivel jerárquico suficiente para permitir que surtan efecto las observaciones y reparos y ello contribuya el cumplimiento eficaz de sus funciones.

En definitiva, en un escenario de pretendida estabilidad presupuestaria, se intenta utilizar estos mecanismos formales para evitar titulares como este:

Un chiste universitario que escuché a principios de esta década en Salamanca contaba que el entonces Papa Juan Pablo II había decidido jubilarse para dar ejemplo a los curas. Tras pilotar su inédita sucesión y dejar a buen recaudo el Vaticano, se puso en contacto con la Pontificia Universidad para tantear si había alguna plaza libre, que aprovechara su magisterio. Y llamó al Rector, al que recordó su pasada infalibilidad y la sabiduría sobre las asignaturas eclesiásticas.

El abrumado Rector recriminó al perplejo ex-Papa que quisiera quitarle la plaza al becario, “que estaba a punto de leer la tesis”. Claro, bien contado el chiste puede tener mucha gracia, de la que los síndicos carecemos por naturaleza. Pero es el día a día de nuestra querida Administración.

El asunto me ha venido a la cabeza al leer en el diario Cinco Días de hoy una noticia de titular atractivo que preside nuestra entrada. Merece la pena reseñarlo pues avanza el ácido contenido de una carta que Gustavo Catalán, físico y profesor de la Universidad de Cambridge, escribió el mismo día en que la Administración española le dio con la puerta en las narices. Nunca llegó a una redacción. Sin embargo, publicó este artículo en el Diario El País, donde criticaba la falta de interés por la élite científica internacional, sugiriendo un par de medidas que ayudarían a que científicos de todo el mundo puedan trabajar en España.

En vez de anunciarlas, en castellano y en el BOE … obliguen a los centros a anunciar sus ofertas de trabajo en revistas científicas internacionales y páginas web especializadas.

Además, dejen de exigir la homologación de las titulaciones extranjeras: actualmente, un hipotético doctor por la Universidad de Harvard, o el MIT, o Cambridge, no podría trabajar en España hasta conseguir el papel que lo reconoce como tal. El trámite puede durar un año. Entretanto, el científico se habrá buscado la vida en otra parte.

Los funcionarios entendemos que todas estas desagradables exigencias son razonables; no es “burocracia” y valen igual para un dentista o para un investigador. Sin embargo, algo debemos estar haciendo mal, para que ningún científico prestigioso venga a sentar escuela a España.

Pero volvamos a la oposición de Catalán. Se había enterado de la existencia de una plaza en el CSIC adecuada a su perfil. La periodista Marta Matute lo describe en el citado artículo de Cinco Días con ironía:

Rellenó la ristra de papeles que exigía la administración, pagó religiosamente las tasas y viajó a Zaragoza para ser juzgado por un tribunal independiente. Nada más empezar la oposición, llega la temida primera pregunta: ‘¿Fotocopias?’. Silencio. ‘Las fotocopias de sus artículos’. ‘Pero si todos mis artículos están publicados’. ‘Lo sabemos, los hemos leído. Algunos, incluso, son excelentes. Pero necesitamos las fotocopias. Es la ley’. ‘Mañana mismo las entrego’. ‘Pero entonces estará fuera de plazo’.

Los funcionarios vemos todo esto muy normal, pero los científicos no. Los procedimientos competitivos, con legítimos interesados a una plaza “de por vida” exigen un respeto escrupuloso de las normas. Es verdad que también podríamos perder a un Papa de profesor de Teología.

El imperio de la Inercia

Con este sugerente título podemos leer en Peatom uno de los más críticos artículos que he leído nunca sobre la Universidad española. Os pongo un poco de música del párrafo final, incitando a pecar leyéndolo:

La Universidad es una institución disparatada y un conglomerado administrativo/burocrático en fase de gangrena.  (…) La propia universidad, ha tirado la toalla. Es una institución que está pidiendo a gritos ser rescatada; que está pidiendo casi con desesperación que alguien, desde fuera, la refunde. Está desacreditada, no posee liderazgo y está ofuscada en ocultar su actividad a la sociedad, en hacerla opaca y evitar el diálogo con el cuerpo social que la sufraga. La relación coste/rendimiento la está desacreditando y después destruyendo. Es una relación insoportable. No genera liderazgo social, empresarial, artístico, tecnológico y científico y además se ofusca en no rendir cuentas.

Un texto realmente duro.

Estatuto del PDI

También hoy, el newsletter Ibercampus se hace eco de la propuesta de Estatuto de Personal Docente e Investigador (unos 100.000 profesores) que según los sindicatos mayoritarios “se presenta con una carrera profesional plagada de obstáculos, con unos sistemas de acceso y promoción que no permiten una gestión eficaz de su personal”

Para ellos, “lejos de incentivar el esfuerzo que debe hacer el profesorado para adaptarse a la nueva situación (Bolonia), propone una mayor estratificación del PDI y apuesta por la mercantilización de la universidad pública, desincentiva la dedicación a la docencia (..) y permite los contratos de obra y servicio para la actividad docente, “en clara contradicción con el discurso de la excelencia y la calidad de la universidad pública española”, señala la nota.

Nueva Ley de la Ciencia

En fin, que la Ministra Garmendia ha tenido desayunos mejores. La próxima semana presentará el borrador de futura Ley de la Ciencia, cuyas primeras filtraciones ya se han producido. Intenta crear un esquema para el desarrollo profesional de los investigadores no universitarios, así como facilitar su movilidad entre los distintos agentes. En este punto, el borrador prevé dos etapas previas (periodos de formación predoctoral y postdoctoral) y una carrera profesional articulada en grados. El primero de ellos será el grado de acceso que, junto a una figura contractual creada al efecto, adaptará al ámbito español el denominado«tenure track», una contratación laboral de cinco años con una evaluación externa al final del tercer año y cuya superación conduce a un contrato indefinido. A partir de ese momento, el investigador podrá desarrollar su carrera profesional a través de varios grados de consolidación que determinarán en cada caso las entidades contratantes, sean públicas o privadas.

Willi, nuestro faro del cantábrico, envía un correo electrónico alertando: ¡Estamos rodeados! Los portugueses no sólo miran al oeste en el mapa. Ahora intentan humillarnos anunciando en la prensa española, en la página 22 del diario El País de hoy, que admiten candidaturas a Rector procedentes de otros países. Algo muy anglosajón.

Parece toda una conspiración para dejarnos en evidencia en la sociedad del conocimiento. En España,  el proteccionismo patrio está sólo recomendado para las vacaciones en la nieve o la compra de abrigos, como sugería el Ministro Sebastián.

La Universidad da Beira Interior se creó hace 22 años y se compone de 5 Facultades – Ciencias Sociales y Humanas; Medicina; Ciencias Exactas; Artes y Letras y Ciencias de Ingeniería – que imparten más de 30 licenciaturas, cerca de 40 Grados de Master y algunas decenas de Doctorados a unos 6.000 alumnos que vienen no solo de la región sino también del resto del país o países de lengua oficial portuguesa especialmente de Brasil.

El anuncio para la presentación de candidaturas ha sido publicado en dos diarios portugueses (Público y Jornal de Notícias), uno de lengua española (El Pais) y otro de lengua inglesa (The Guardian), de conformidad con los Estatutos de la Universidad. Y como podéis ver, pueden solicitar el puesto los profesores e investigadores de esa Universidad y de otras instituciones universitarias nacionales o extranjeras, en activo.

Si le interesa, el plazo fijado termina el 3 de marzo. El proceso concluye con una audiencia pública de exposición y discusión del respectivo programa de acción, llevada a cabo ante los miembros del Consejo General, donde debe obtener una mayoría absoluta de sus 29 miembros, en votación secreta.

En España, el sistema de elección abierta para el Rector de las Universidades es un reciente debate, una vez alcanzada la autonomía universitaria en la Constitución. Uno de sus eternos defensores ha sido el profesor José-Ginés Mora, al que hemos dedicado alguna entrada en esta bitácora y que, en la actualidad, disfruta de un exilio intelectual con vocación de permanencia en el Institute of Education University of London. También nuestra Ministra Garmendia defendía la reforma del sistema de gobierno universitario, hace unos meses:

P.- Usted ha hablado de la necesidad de un modelo de gobierno para las universidades. ¿Cómo debería ser ese modelo?

R.- Si supiéramos cómo debe de ser ese modelo el problema estaba resuelto. Lo estudiaremos. Lo importante es que hay consenso en que el sistema actual de gobernanza de la universidad española no funciona. La clave es que estén gobernadas por auténticos profesionales de la gestión. Uno de los ejes será el Estatuto del personal docente investigador.

La verdad es que el personal no aguantaría otra nueva reforma en esta década, así que parece inevitable la continuidad durante esta legislatura. Y siempre nos quedará Portugal …. mi querida Beira Interior y su queso de la Serra da Estrela.

Malas, ineficientes, obsoletas, partidistas, conservadoras, ciegas (negándose a ver la realidad) inmovilistas, instaladas en la comodidad de la autoevaluación y trabajando en estructuras anticuadas y rígidas. He aquí las palabras que Nicolás Sarkozy ha utilizado en su discurso del 22 de enero de 2009, para decir ante las instituciones francesas de Educación superior e Investigación científica, lo que piensa de ellas. Y agregó: “¿No hay prisa para poner fin a este desastre?.

El Presidente de la República francesa manifestó, además, la intención de abrir otro frente al anunciar que está programada la desaparición del centro de investigación que ha ofrecido al país una buena parte de su éxito industrial: El CNRS, que se transformará en una serie de organismos de medios, además de los ya existentes. Por eso, la coordinadora de las universidades nacionales ha decidido iniciar una huelga el 2 de febrero en el que todas las Instituciones francesas de Educación Superior.

Sarkozy cree que Francia sigue a la zaga en la investigación y la enseñanza superior, a pesar de las enormes cantidades que se dedican. La razón de este fracaso, para Sarkozy, “está en su personal, instalado en la comodidad de la administración pública”. Los grupos reivindicativos no han tardado en contestar: “¿Hace falta recordar una vez más que Francia es un muy honorable en la investigación internacional, en particular a la luz de los limitados recursos destinados a ella?

Muchos universitarios han decidido “responder a la provocación presidencial“, uniéndose a la huelga y las manifestaciones por parte de los empleados de los sectores público y privado, hoy 29 de enero. También han convocado una movilización a nivel europeo en contra de la estrategia de Lisboa destinada a la construcción de un “mercado del conocimiento”, los días 18, 19 o 20 de marzo de 2009, durante el Consejo Europeo en que los Jefes de Estado y de Gobierno van a evaluar y decidir sobre la futura orientación de su coordinación en materia de enseñanza superior y la investigación;

En Francia, tras veinte años, de informe en informe, parecen conocer las causas de la enfermedad universitaria: la uniformidad de sus estructuras, la pobreza de medios, la asfixia de la investigación y la endogamia. Y para poner remedio hay una palabra clave: la autonomía. Reclamada y proclamada en 1968, se acercó tras la reforma de 1984 y se contempla en una de las primeras leyes de la era Sarkozy, que ya hemos comentado en esta bitácora: la Ley de libertades y responsabilidades de las universidades, de agosto de 2007, que era, en principio, de consenso.

I+D contra la crisis

El discurso se titulaba “Investigación: una prioridad absoluta” y comenzaba así:

En el centro de una crisis como el mundo nunca ha conocido, es para nosotros un deber presentar hoy las medidas que permitirán a Francia salir fortalecida de la prueba. La investigación y la innovación son la clave de nuestro país para salir de esta crisis sin precedentes.

Una estrategia de inacción, de nerviosismo y replegada en sí misma, está prohibida; no se trata de ideología, no es una cuestión de derecha o izquierda, es una cuestión de sentido común. No hay esperanza en esperar.

La crisis nos da una oportunidad para acelerar la modernización de estructuras obsoletas y para cambiar nuestra mentalidad. En lo que respecta a nuestro esfuerzo en investigación y la innovación, no necesito convencerles de la dimensión crítica que tendrán en el nuevo mundo está surgiendo.

Sin reformas no habrá más dinero

Sarkozy recordó que los gastos en investigación y desarrollo aumentaron hasta el 2,16% del PIB en 2008, tras caer a 2,12% en 2007: “Hemos inyectado 800 millones en investigación en 2008 y continuaremos inyectando más recursos, a condición de que continúen las reformas. No habrá más recursos sin una reforma. Es una condición indispensable“.

Hay partes del discurso que muestran un espíritu de reforma nunca visto en Francia. He aquí algunas píldoras:

No veo por ninguna parte que un sistema de universidades débiles, impulsadas por una Administración central quisquillosa sea un arma eficaz en la batalla por la inteligencia. Por el contrario, veo un sistema infantilizado, paralizante de la creatividad y la innovación. Esa es la razón por la que se dio autonomía a las universidades. Por otra parte, no se ha inventado nada muy original. No hay un solo ejemplo en el mundo donde las principales universidades no sean autónomas. Bueno, En Francia no ha sido hasta el 1 de enero de este año 2009 que asumieron esa autonomía. Y espero que vallamos más rápido, hacia más autonomía. Creo que las universidades deben tener la plena propiedad de su patrimonio, esto puede ser una palanca de acción muy poderosa para el ejercicio de esa autonomía.

….

En ninguna parte de los principales países, excepto entre nosotros, ocurre que las organizaciones de investigación sean operadores y agencias de medios, jugadores y arbitros de su propia acción. Esto puede ser cómodo. pero ¿Quién puede pensar que es razonable? En ninguna parte como en Francia ha multiplicado tanto las instituciones, organismos, los grupos y otros organismos microscópicos que diluyen los medios y las responsabilidades..

Nuestra organización “a la francesa” ¿da mejores resultados?  Recuerdo que sus bases fueron definidas después de la Segunda Guerra Mundial, terminada a finales de los 60 años, incluyendo una rigidez y arcaismo que han sido cuidadosamente fijadas a principios de los 80. Se pensó, en 1945; todavía tuvo un poco de pensamiento en los años 60 y se anunció que se dejó de pensar en los años 80. Estamos en 2009.

….

¿Es esto razonable? Sin duda nuestros mejores investigadores reciben prestigiosos premios: un Premio Nobel y Premio Turing del año pasado, dos Premios Nobel de este año. Tenemos áreas de excelencia y la envidia de todo el mundo en matemáticas, física e ingeniería. Sin embargo, estos investigadores y las fortalezas – me atrevería a decir- ¿no son el árbol que oculta el bosque?

¿No hay suficientes informes que describen la situación? ¿Hay que esperar? ¿Esperar a qué? ¿Esperar hasta la próxima crisis?

Vamos a simplificar la organización de los Institutos del CNRS, crear organismos internos de medios. Promoveremos una simplificación de las normas de la propiedad industrial, para desarrollar en cada universidad unas estructuras únicas que permitan a todos los que participan en la investigación y la innovación, las universidades, empresas, escuelas y organismos de investigación, sentarse alrededor de la misma mesa.

Es hora de actuar. Cualquier vacilación sería un error que sería más tarde reprochado con razón. La definición de la estrategia nacional para la investigación y la innovación van de la mano con la continuación de las reformas de nuestro sistema de educación superior y la investigación. El desarrollo de la hoja de ruta, el rumbo y el destino, no se oponen, por el contrario, a la mejora de rendimiento del motor. Creo que es obligado.

Sabemos perfectamente que decidir provocará reacciones. Eso no me sorprende. Es difícil porque no se ha hecho hasta ahora. Porque si hubiera sido fácil, ya se hubiera hecho. Así que no me molesta reconocer que habrá dificultades, lo sé. Pero las dificultades que enfrentaremos en movimiento son mucho más fáciles de superar que las enfrentadas en el callejón sin salida. La indecisión es la falta de visión de futuro.

El titular de la contraportada que presenta el diario El Economista ofrece una perspectiva bastante negativa de la investigación universitaria. Supone una crítica fácil y superficial, a la que estamos habituados.

Es cierto que sólo un 12% de las patentes españolas se obtienen en la Universidad (ver ibercampus) según el informe de la RedOTRI: “las spin-off sigue siendo una vía de transferencia de conocimiento que precisa de mayor desarrollo legislativo a nivel general y una mejor organización a nivel institucional para que pueda desarrollarse adecuadamente”.

Hoy también encontramos en la prensa otras noticias relacionadas con el mundo de la financiación de la ciencia en España. Por un lado El País, avanza que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha decidido incluir nuevas convocatorias dentro del paquete de 490 millones de euros asignados para actuaciones de I+D+i en el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo (Plan E) que incluye:

Una nueva Ley de Ciencia y Tecnología.

Tras 22 años de vigencia. El nuevo marco regulatorio quiere adaptarse a las nuevas necesidades del sistema de I+D+i: aumentar la colaboración con el sector empresarial; mejorar los mecanismos de transferencia de los resultados de la investigación; reforzar la relación con las Comunidades Autónomas y aumentar la presencia de España en el Espacio Europeo de Investigación. Además, declara la intención de “simplificar procedimientos” y, por último, regular el desarrollo profesional del personal de investigación, facilitando la movilidad.

La Estrategia Universidad 2015

Como iniciativa que busca la modernización de las universidades españolas mediante diversas medidas. Además, pretende “mejorar la gobernanza de las universidades, disminuyendo la burocratización, actualizando los sistemas de control y seguimiento y permitiendo que las universidades desarrollen plenamente su autonomía”. Los que sabemos leer entre líneas ya hemos captado el mensaje. Algo que yo interpreto como esto (por orden de aparición y colores): más poder para el rector, normas especiales de contratación administrativa de la I+D, suprimiendo definitivamente la fiscalización previa y, por último, reduciendo las competencias de los Consejos Sociales“

La Reforma de las Instituciones de Investigación Pública.

En este apartado, el Ministerio es mucho menos concreto y declara esta línea estratégica en estudio manifestando que “Se llevará a cabo una reorganización de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) españoles para homogeneizar su naturaleza jurídica y mejorar la coordinación entre sus áreas comunes de actuación, potenciando las sinergias entre ellas”. Sin embargo, hace un guiño al personal investigador y el desarrollo de sus carreras “para hacerlas más homogéneas y atractivas”.

Mientras tanto continúa el debate (ver foro) sobre el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador.

OBAMA

En víspera de un día histórico, no podemos terminar esta entrada sin hablar de Obama, por el que ya manifestamos nuestra esperanza en esta bitácora. Pues bien, Cesar Nombela expone, también hoy en Expansión, el entusiasmo que despierta el presidente electo norteamericano entre los investigadores y científicos de su país, muchos de los cuales le apoyaron en la campaña electoral. Hace unos días, Obama afirmaba que la ciencia sería una prioridad nacional.

Sin embargo, recuerda Nombela que se aproximan etapas de incertidumbre, también para la actividad de I+D en el mundo: En EEUU, “¿será posible aumentar sustancialmente el presupuesto público de I+D, en un país que soporta un enorme déficit público, sostenido gracias a la inversión externa?”

El titular del diario “El Economista”, que hoy traemos a nuestra bitácora, presenta el escenario que encontrarán Sus Señorías a la vuelta de las vacaciones parlamentarias. En el ánimo de ayudarles a recopilar suficiente lectura para estas fiestas, nos atrevemos a recomendarles dos portales cargados de ponencias sobe el asunto.

Primero, las comunicaciones de las XV Jornadas de Estudios Andaluces, tituladas La financiación autonómica: aspectos económicos, políticos, sociales y jurídicos.

Luego están las actas de los sucesivos Congresos de la Asociación de Economía de la Educación, ya se pueden descargar las ponencias del último (y las anteriores). Las XVIII Jornadas de Economía de la Educación ya están convocadas y se celebrarán en Valencia el 9 y 10 de julio de 2009. En la página web de AEDE (www.pagina-aede.org) encontrarás toda la información.

Y es que no hay nada mejor que una buena lectura para preparar las importantes decisiones que habrán de tomarse en el siguiente periodo de sesiones. Algunas están cociendose en este momento, como recuerda este artículo del diario Cinco Días avanzando que el Gobierno planea que las comunidades autónomas puedan modificar el número de tramos del IRPF sobre los que tienen competencia.

Por su parte el diario Expansión avanza que el endeudamiento autonómico aumentó en casi 6.000 millones de euros este año, según los datos del Banco de España. Una cifra que, casualmente, coincide con los más de 6.000 millones extra que el Ejecutivo prevé dar a las CCAA en la nueva financiación.

En fin, que todo parece estar prepardo para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos. Sólo me queda desearos unas felices fiestas.

Están disponibles, en la red, las ponencias de las Jornadas de Gerencia Universitaria organizadas, hace unas semanas, por la Universidad de Zaragoza. Un material valioso, no sólo para los profesionales de la gestión universitaria.

Ya son 26 ediciones celebradas. En los últimos veinte años he faltado a pocas, incluida esta, pues se trata de un foro peculiar que permite a los directivos universitarios conocerse y debatir sobre los principales asuntos de interés. Hemos tratado en otras entradas los retos de la gestión universitaria debatidos en la edición de 2006.

La reunión se produce en un momento delicado. Por un lado, tenemos el pésimo lugar que ocupamos en el ultimo ranking europeo que hemos conocido. Tamien los follones de los estudiantes contra Bolonia y está surgiendo un sector de los rectores, muy crítico con los responsables del Ministerio.

Por otra parte, el Ministerio de Innovación y Ciencia presentó el pasado 10 de noviembre el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador. El documento regula los derechos y deberes de los docentes y trata temas como la movilidad profesional, la estructura de carrera funcionarial ola evaluación de los méritos docentes, investigadores y relacionados con la gestión universitaria.

Está previsto que comience el periodo de negociaciones y antes de final de año se espera tener el texto definitivo y consensuado que, según menciona el Ministerio de Ciencia e Innovación, pretende sentar las “bases del cambio y la modernización de la Universidad en España, base de la Estrategia Universidad 2015“. Sobre la situación actual, no os perdais esta entrevista con Juan Hernández Armenteros.

A mis antiguos y sufridos colegas, les dedico este chiste de Dilbert:

Ángel Gabilondo, presidente de la conferencia de rectores españoles (CRUE), clausuró el viernes pasado, en la Universidad Politécnica de Valencia, el V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. Aprovechaba el foro para reclamar a las Administraciones el cumplimiento de los pactos de financiación. La mejora del sistema universitario y la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior irían mejor con más recursos. “Pero la financiación”, dijo, “no lo es todo”: se necesita un “cambio en la cultura universitaria“, y modernizar una forma de gestión que resulta “demasiado rígida y poco operativa”.

Durante las últimas semanas asistimos a un rosario de noticias relativas a los difíciles tiempos que vienen para los servicios públicos, como es el caso de la educación superior. Ya hemos dicho que vienen malos tiempos para la lírica. En principio, el dinero no debería ser un problema: el Congreso de los Diputados ha instado por unanimidad al Gobierno a aumentar la financiación de las universidades y a garantizar la suficiente dotación presupuestaria para costear la adaptación del sistema universitario al proceso de Bolonia.

En este marco, el rector de la Universitat Poltècnica de Catalunya (UPC), Antoni Giró, acaba de despacharse frente al Ministerio, declarando que si el Gobierno hubiera querido diseñar “peor” la estructuración del Espacio Europeo de Educación Superior, “difícilmente lo hubiera hecho peor”. Tampoco faltan voces (Joaquín Sevilla) que denuncian la estafa al proceso, desde el principio, donde los grados deberían ser de 3 años. Pero, los alumnos, ni se han enterado.

Se nota que los rectores están apurando la confección de los presupuestos universitarios. Como recuerda hoy el digital de Expansión (Función Pública) la transferencia corriente que envía la Administración Autonómica se dedica casi por entero a pagar las nóminas de los empleados públicos. Poco margen queda para las políticas de calidad o mejora contínua. La Comunidad Valenciana ha debido hacer filigranas para cuadrar el presupuesto para las Universidades, en lo que el diario El País titula “El mito del sistema mejor financiado“. Andalucía, sin embargo, crece un 11,6% en su Consejería de Ciencia.

La Ministra española de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, presenta estos días la estrategia Universidad 2015, que “pretende situar a España entre los 10 países más avanzados del mundo en educación superior universitaria, ciencia, tecnología e innovación y a nuestras universidades entre las más atractivas y competitivas de Europa, garantizando que el sistema universitario español en su conjunto, siga avanzando hacia la excelencia y se consolide en el contexto internacional”.

El problema es que la Administración del Estado no tiene competencias en materia de financiación universitaria. El lunes 10 la Ministra presentará el borrador de Estatuto del Personal Docente e Investigador que plantea la regulación de la carrera funcionarial basada en la obtención de méritos docentes, investigadores y de transferencia del conocimiento, así como las condiciones en las que los profesores o investigadores funcionarios universitarios podrán participar en la gestión y explotación de los resultados de su investigación. Tambien aspira a promover la movilidad entre el sector público y también con el sector privado. Como reconoció Garmendia en su visita a la Universidad de Oviedo: “necesitamos que profesores españoles vayan a otros países y de otros países vengan por un tiempo a impartir docencia”.

En europa, se están produciendo intentos de reforma universitaria que han movilizado a los estudiantes. Francia aprobó el año pasado una Ley de “libertad y responsabilidad de las Universidades”. Su aplicación será gradual con el objetivo final de lograr una autonomía universitaria similar a la española. Un presupuesto por el que pasen todos los gastos e ingresos universitarios (los funcionarios cobran directamente del Ministerio) y se asumirá la titularidad del patrimonio inmueble.

Pero también se habla de bloqueo de los reclutamientos: en los próximos tres años está prevista una sola contratación por cada cinco jubilaciones. Así mismo, los franceses se enfrentan a una importante reducción (20%) de sus presupuestos: hasta 2013 está prevista una supresión de 1441 millones de euros, según el colectivo Attac.org , que anticipa una degradación del número de estudiantes por profesor, el deterioro de la calidad de la enseñanza, de la investigación y de todos los servicios auxiliares, como los comedores, las bibliotecas o las residencias universitarias.

No han faltado quienes han entendido que esto significa mercantilizar la Universidad Pública. Pero Italia quería ir más allá.

Italia

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha decidido congelar el proyecto de reforma universitaria que su Gobierno pretendía presentar la próxima semana, tras las protestas estudiantiles por la nueva ley de educación.

Las manifestaciones callejeras de alumnos, padres y profesores de los colegios italianos, que llegaron, incluso, a materializarse en una huelga del sector el pasado jueves -un día después de la aprobación de la ley-, han conseguido paralizar la reforma universitaria, que el ministerio quiere llevar con más calma, después del revuelo suscitado por la ley y prefiere, por ello, no presentar un proyecto para la Universidad.

Este proyecto, promovido por la ministra de Educación, Mariastella Gelmini, pretende llevar a cabo recortes en los presupuestos universitarios, bloquear la “proliferación” de las asignaturas e, incluso, suspender los concursos públicos para los profesores. De hecho, los fondos para la financiación de la Universidad pública italiana ya han sido recortados en 700 millones de euros para 2009.

Las calles italianas, sobre todo las romanas, han sido escenario estas últimas semanas de continuas protestas de estudiantes contra la reforma, que fue aprobada el pasado miércoles y que contempla, entre otras medidas, una reducción de 87.000 empleos en la enseñanza, dutante los próximos tres años.

Hoy tenía una cita con los responsables del área de Gestión Económica de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Se trataba de realizar una jornada de trabajo con una veintena de jóvenes y bien preparadas funcionarias (¡y tres funcionarios!) que escogieron esta reunión como recompensa por el éxito en su trabajo de evaluación del servicio. Toda un reto para mi: hablarles de su quehacer diario en la tesorería, los presupuestos y la contabilidad.

Son malos tiempos para las finanzas públicas (peor están las privadas: no os perdais la entrevista con Enrique López). La Administración del Estado recaudará menos, reducirá muchas partidas inevitablemente y el asunto se irá trasladando a lo largo del 2009 a las CCAA y las corporaciones locales (ver). Todos esperan el “recorte perfecto” para el presupuesto del 2010 …. hay muchas amenazas que obligan a agudizar el ingenio.

A pesar de la pomposa declaración del Congreso, los rectores se temen lo peor y asistiremos a paulatinas sorpresas presupuestarias. Habrá que buscar más eficiencia en el gasto; aquél hacer más con menos. Perdonar la brevedad pero hago esta entrada a punto de subir al avión, de vuelta.

El intenso trabajo sólo fue interrumpido por la concentración silenciosa ante el rectorado en repulsa y solidadridad ante el atentado sufrido por los universitarios navarros, en la jornada de ayer. He estado en demasiados minutos de silencio, en los últimos años. Este ha sido bastante emocionante, con los estudiantes andaluces ciertamente sensibilizados de las penurias de sus hermanos del norte.

El lunes 13 de octubre se presentó en el Congreso de los Diputados el libro “La Universidad española en cifras”. Se trata de una esperada publicación que cada dos años promueve la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas (CRUE) con una completa información estadística del sistema universitario público español (ver mi entrada de hace dos años o mi artículo de hace cuatro años).

En esta edición, el profesor-doctor Juan Hernández Armenteros compila en un voluminoso trabajo toda la información académica, productiva y financiera de las universidades públicas españolas durante el ejercicio 2006 y el curso académico 2006-2007. Un sector que el autor conoce como pocos tras trece años al frente de la gerencia de la Universidad de Jaén.

Información financiera

Decía Gouncourt que la estadística era la primera de las ciencias inexactas. No podemos sacar conclusiones precipitadas con sólo un cuadro; el libro tiene cientos a lo largo de sus 686 páginas. Así a la pregunta de: ¿Está mi universidad bien financiada? Debemos decir: ¡depende! Si tenemos en cuenta la aportación del las Comunidades Autónomas (CCAA) en función del Producto Interior Bruto (PIB) tenemos este cuadro, que encabezan las comunidades valenciana, andaluza y madrileña.

Porcentaje de Transferencia corriente de la administración educativa/PIB

Pero si se tiene en cuenta el número de estudiantes y se pone en relación con ellos el gasto total, obtenemos otro ranking (ver cuadro siguiente), que encabeza Cantabria, Navarra y Cataluña. Ya hemos dicho en otra entrada que este indicador engloba demasiadas cosas (docencia, investigación, extensión) por lo que yo siempre he manifestado mi preferencia por la ratio de Transferencia Corriente de la Administración Educativa (TCAE- vulgo: nominativa) por estudiante, donde las medallas van a parar a Navarra y a las Comunidades valenciana y cántabra.

Como puede verse hay indicadores para todos los gustos.

Información académica

En los últimos años, el observatorio incluye interesantes datos de rendimiento académico. Debemos denunciar también que algunas Instituciones no han contestado a la estadística que el laborioso de Juan Hernández les ha requerido. Las Universidades de Málaga, León y Rey Juan Carlos no quedan en buen lugar .

Una breve comparación 2000-2006

Partimos de la base de que España ha perdido un 12% de alumnos presenciales, en lo que va de década. Pero sigue graduando la misma cantidad: en torno a 146.000 licenciados y diplomados en el curso 2006/2007, lo que es una buena señal de eficacia, en una primera lectura. Pero lo hace con un 50% más de presupuesto y un 15% más de profesores que en el año 2000, lo que se explica por el incremento de las titulaciones ofertadas y la mejora de las infraestructuras. A más edificios y más titulaciones. más grupos diferentes y por lo tanto más profesores.

¿Cómo es posible que con esas mejoras presupuestarias no salgamos del pelotón universitario mundial? Lo cierto es que, durante el sexenio mencionado, el PIB español se disparó haciendo muy difícil alcanzar el objetivo del 1.5% del PIB al final de esta legislatura. Además se calcula la necesidad de una financiación adicional para la adaptación al espacio europeo, en torno al 0,1 por ciento del PIB.

Resultados académicos

El informe distingue entre “Tasa de rendimiento” (% de créditos aprobados sobre el total de los créditos matriculados) y “Tasa de Éxito” (% de créditos aprobados sobre el total de los créditos evaluados). Con ellos se construye la tabla adjunta, por grandes áreas científicas, que confirma la queja habitual del profesorado sobre los pocos alumnos que se presentan a los exámenes.

Por eso, cuando se comparan los porcentajes de “aprobados” con los “presentados”, el éxito académico en la Universidad es alto: tres de cada cuatro superan las materias. Como es habitual, la mayor dureza se encuentra en las ingenierías con el 64,6% de éxito tras los exámenes. Pero otros muchos estudiantes ni van a clase ni serán evaluados ¿Les falta motivación?

El propio Juan Hernández llegó a proponer en múltiples foros la gratuidad de las primeras matrículas y una alta penalización en las repeticiones. Debemos recordar que, según el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Universidad pública española publicado en febrero pasado, cada crédito de ciencias experimentales, por ejemplo, “cuesta” a la Administración 277 euros, cuando el alumno paga apenas una décima parte.

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La universidad española se encuentra en un momento crítico y debemos convencer a la sociedad civil de su importante rol. Sólo contamos con nueve instituciones en el TOP’500 del ranking mundial, elaborado anualmente en Shangai. No tenemos ninguna Universidad en el TOP’100, mientras que Francia incluye tres centros parisinos. Sin embargo, creo que la universidad “media” española es bastante mejor que la francesa, donde un despacho de profesor es poco más que un lujo. Sin ir más lejos, las navidades pasadas el Gobierno francés vendió el 3% del grupo eléctrico estatal, por 5.000 millones de euros, para financiar el plan de renovación inmobiliario del sistema público universitario.

Por otra parte, Holanda (con la mitad del PIB español) presenta seis universidades clasificadas antes que la primera española, dos de ellas entre las 100 mejores del mundo. En un mercado tan competitivo, el papel de nuestra universidad es descorazonador.

Si de Universidades de excelencia se trata y de avanzar puestos en el ranking mundial no está de más recordar que la primera de la lista, la Universidad de Harvard cuenta con dos singularidades que merecen serena reflexión. Su profesorado es contratado temporal (no solo los profesores sino los directivos académicos, rector incluido y solo recibe una parte fija del sueldo (menor de lo que cobra un profesor español) y el resto puede y debe cada profesor obtener contratos y financiación para él para su equipo de discípulos. Ahí, es donde su retribución se dispara.

Como respuesta, algunos estudios (como el interesante documento de la Fundación CyD) piden replantear las relaciones con la administración y fomentar la competencia entre las universidades, diseñando estrategias de diferenciación, que a su vez refuerzan las necesidades de cambiar los modelos de gestión y sus diseños organizativos.

En fin, que es mucho más fácil triunfar en el deporte mundial que en la ciencia. Durante los próximos días iremos desentrañando los cientos de cuadros que aporta el estudio (ver artículo de Enrique López). Felicitaciones a Juan Hernández por su trabajo y a la CRUE por este ejercicio de transparencia.

Una versión de este artículo fue publicada en el diario La Nueva España, el 16 de octubre de 2008.