La Audiencia de Cuentas de Canarias hizo público en diciembre pasado sendos informes sobre la “adecuación” al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de las dos Universidades de la Comunidad Autónoma. Se trataba de evaluar los parámetros fijados en el EEES y la realidad de las Universidades de La Laguna (ULL) y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), tomando como referencia final el curso 2007-2008.

El resultado no ha sido para tirar voladores. En palabras del Presidente de la Audiencia de Cuentas durante su comparecencia parlamentaria: “a ambas universidades aún les quedaba bastante para terminar de adaptarse al Espacio Europeo “. Auque admitió que ambas instituciones eran “conocedoras de la situación”, por lo que esperó que en el curso 2010-2011 las dos universidades canarias “estén totalmente adaptadas”.

Parámetros europeos

En algunos parámetros, como el número de alumnos por aula, el objetivo de Bolonia quedaba bastante lejos, durante el curso analizado: sólo la mitad de las facultades canarias estaban dentro de los estándares recomendados.

El nivel de equipamiento tecnológico también era pobre en ese curso. Si bien todas las aulas disponían de conexión a Internet, pocas contaban con videoproyector (37% ULL y 24% ULPGC) ordenador (ninguna en ULL y 46% en ULPGC) o pizarras digitales (ninguna en ULL y 1,5% en ULPGC) y la casi inexistente tutoría on line.

Respecto del porcentaje de personal docente que utilizaba las plataformas virtuales, tan solo alcanzaba el 28,12% del total del profesorado de la ULL y 54% en ULPGC. La última pincelada la ofrecía la oferta de titulaciones en formato “on line”, que era del 3% en la ULL y del 9% en ULPGC.

Ver informes (Universidad de La Laguna + Universidad de Las Palmas)

Aulas “europeas”

Según la Audiencia de Cuentas, el espacio físico se ha dividido mediante mamparas para convertir el aula en dos, de manera que lejos de cumplir los objetivos previstos de acondicionamiento de los espacios existentes, ha generado problemas derivados de una deficiente insonorización entre las dos nuevas aulas, lo que impide que se puedan llevar a cabo las tareas docentes de manera adecuada.

Como nos recuerda José Ramón Alonso, Bolonia “supone un cambio de cultura para los universitarios y una garantía para los estudiantes que acceden a una universidad” que además incluye mecanismos de control de calidad, como la acreditación, la certificación, la evaluación y las auditorías. Por lo tanto, en el futuro, deberemos acostumbrarnos a este tipo de informes. También debemos acostumbrarnos a la competencia, con universidades de todo el mundo implantandose en España. Cada vez es más frecuente tener centros o campus en el extranjero. Y las clases medias españolas optarán por enviar a sus hijos a las pudientes universidades anglosajonas, con frecuencia al grado y con seguridad al master.

Sin embargo, alcanzar los niveles previstos no puede lograrse a coste cero.

En definitiva, se trata de un proceso que arroja luces y sombras pero que deberá estar terminado en el próximo curso académico, donde todas las titulaciones ofrecidas en la Universidad deberán estar adaptadas. Aunque, como dice Joaquín Sevilla los grandes problemas de la universidad (endogamia en la selección del profesorado, falta de financiación, exceso de burocracia, dificultad en la toma de decisiones, tendencia excesiva al gremialismo, etc.) no se van a mover un ápice con este proceso.

Para los muy cafeteros, recomiendo la comparecencia y debate del Ministro de Educación en el Congreso, el 1 de diciembre de 2009, que pasa revista al estado actual de la Universidad Española.

]]> http://fiscalizacion.es/2010/03/10/europa-empieza-en-canarias/feed/ 1 http://fiscalizacion.es/2010/03/02/quien-paga-manda/ http://fiscalizacion.es/2010/03/02/quien-paga-manda/#comments Tue, 02 Mar 2010 10:57:23 +0000 antonio-arias http://fiscalizacion.es/?p=7420 El Ministerio de Educación tiene en debate público dos informes relacionados con la Universidad Pública española. Una institución que además de formar e investigar tiene depositadas las mayores esperanzas de la ciudadanía por su contribución al desarrollo económico, en una sociedad que ahora se llama “del conocimiento”.

Se abre un debate sobre cómo hacer más eficaz y eficiente nuestra Universidad y se propone reformar las estructuras del gobierno universitario, así como su financiación. Dos reflexiones que también se están produciendo en toda Europa; y no de manera pacífica.

El primero de los informes divulgados se denomina Documento de gobernanza de las universidades. El ministerio pretende “disminuir el grado de burocratización de la gestión universitaria”, una afirmación siempre sospechosa, a pesar de que se acompaña de la coletilla “actualizando los sistemas de control, seguimiento y gobernanza a los nuevos retos”.

Para su confección, el Ministro Gabilondo utilizó los servicios de la Conferencia de Rectores (CRUE, que presidió hasta su nombramiento el año pasado) y la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo, que preside Ana Patricia Botín). Ambas instituciones suelen trabajar conjuntamente en el análisis anual de la contribución de las Universidades al desarrollo económico.

El diario El Mundo recoge las declaraciones del vicepresidente de CYD, Francesc Solé Parellada: «en el fondo no hay ninguna afirmación ni niguna propuesta, vamos sacando ideas. Una manera de cambiar la universidad es cambiar la matrícula, ofrecer libertad a los universitarios. No es programático pero es un gran avance discutir, y que eso, además, lo pida la Administración ya es un compromiso».

El borrador recoge la experiencia acumulada, nacional e internacional, sobre los modelos de gobierno universitario y su reforma. Tiene una fácil lectura y merece la pena echarle una ojeada, sobre todo, los interesados en las nuevas tendencias organizativas; aunque encierra algunas incógnitas.

Así, presenta la reciente evolución de la gobernanza en las universidades con las siguientes características:

- Desregulación y autonomía creciente. Mejora en la rendición de cuentas “social” (no sólo financiera)

- Fortalecimiento de la presencia de los órganos “ejecutivos” frente a los “deliberantes”. Se habla de una mayor profesionalización de la gestión, en un mundo de académicos metidos temporalmente a administradores.

- Aumenta la presencia de miembros externos en los órganos de gobierno universitario, tanto por designación de los claustros como por los gobiernos. Pero, al fin y al cabo: externos con funciones de gobierno económico y -lo más importante- la facultad de nombrar (y destituir) al Rector o a los Decanos de las facultades, todos ellos candidatos con un perfil de gestión.

Hay toda una línea de pensamiento político-económico que opina que nuestro actual modelo de elección del rector “genera déficit”. Designación frente a elección, ese es el dilema y la presunta tendencia. Pero ¿acaso no se genera un gran déficit todos los años en la sanidad pública? Y los médicos no eligen al Consejero de Sanidad. ¿Funcionaría aquí el modelo anglosajon? ¿Lograría una Universidad más eficaz y eficiente?¿Puede diferenciarse gobierno económico y gobierno académico?

He sido Interventor y Gerente de Universidad. He conocido la dificultad de llegar a acuerdos con tantos sectores y grupos de interés del mundo académico, funcionarial, sindical, territorial o simplemente por escuelas de conocimiento endogámico. Este modelo universitario, es cierto, tiene sus defectos y consume casi todas sus energías en el ámbito interno, olvidando que tiene que competir con garantías en el contexto internacional.

El documento, propone establecer una serie de experiencias piloto, en diversas instituciones como laboratorio de pruebas ante el cambio de modelo de gobierno. Es verdad que no es preciso cambiar las estructuras todas las universidades a la vez.  Y en cualquier caso, cualquier modificación en la gobernanza de las universidades públicas debe contar con el consenso de las partes implicadas: diferentes colectivos de la universidad, autoridades y sociedad en general. Por otra parte: ¿sería oportuno acometer la tercera reforma universitaria de la década?

Muy relacionado con la gobernanza de las universidades estaría el tema de la financiación. El segundo de los documentos propuestos por el Ministro Gabilondo, y ya presentado en esta bitácora, es el “Documento de Reflexión sobre la mejora de las Políticas de Financiación de las Universidades” que gira sobre algunos aspectos sensibles como son las recomendaciones para la determinación de los precios públicos académicos o la política de becas. Se supone que en abril, el Ministerio debe darle su aprobación formal y alcanzar los compromisos en las tres bandas: Estado-CCAA-Universidades.

Hoy traemos a la bitácora dos experiencias de buenas prácticas para los departamentos de Auditoría Interna en el sector público. Se trata de reconocimientos de distinto alcance y procedencia, pero que tienen la virtud de evidenciar una floreciente cultura de mejora contínua en un servicio, por lo general poco innovador y menos dado a la exposición pública.

Tribunal de Cuentas Europeo

Entre junio de 2009 y septiembre de 2009, la multinacional de la Auditoría Deloitte realizó una evaluación externa de calidad interna del Servicio de Auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo. Respondía así a la petición del Jefe de Auditoría Interna, con el fin de cumplir con las Normas para la Práctica Profesional del Instituto de Auditores Internos.

Quienes trabajáis en el corazón de la Administración Pública estaréis recibiendo la noticia con cierto escepticismo. Lo sé. También cuando la evaluación la efectúan colegas de otro tribunales (“entre bomberos no se pisan la manguera”) a través de lo que se denomina Peer review.

Sin embargo, es elogiable el afán de trasladar al exterior la imagen de cumplimiento de los estándares internacionales en todo el ámbito del Tribunal, que ha dado ejemplo de su excelencia en la reciente revisión entre pares a cargo de un equipo internacional compuesto por  representantes de cuatro entidades fiscalizadoras superiores: Altos Responsables del Tribunal de Cuentas de Austria y de Portugal, así como de la  Oficina del Auditor General de Noruega y de Canadá.

Sobre la base de ese trabajo, el Servicio de Auditoría Interna ha sido certificado como conforme a las normas internacionales de auditoría interna, y, en particular, la Norma 1312 que exige realizar “evaluaciones externas al menos una vez cada cinco años por un revisor o equipo de revisión cualificado e independiente, proveniente de fuera de la organización”.

Esta certificación fue entregada al señor Helder Faria Viegas, Auditor Interna del Tribunal, el 2 de diciembre de 2009, por el Sr. Laurent Berliner, socio de Deloitte SA, como podeis ver en la foto, cortesía del Tribunal de Cuentas Europeo

Oficina de Control Interno de la Universidad de Valencia

La Oficina de Control Interno de la Universidad de Valencia ha ganado el Premio Telescopi a la Mejor Práctica en Dirección y Gestión Universitaria que concede la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria de la Universitat Politècnica de Catalunya, por sus “Auditorias de Eficacia y Eficiencia: Informes de Ejecución Presupuestaria”

La entrega formal del Premio tuvo lugar el 16 de diciembre del 2009 en la Universitat Politècnica de Catalunya en el marco de una jornada que contó con la presencia de numerosos representantes del ámbito universitario. En dicha Jornada participaron todas las componentes de la Oficina de Control Interno y el premio fue recogido por la Directora de la Oficina, Esther Escolano.

Esta práctica ya fue distinguida por el Consell Social de la Universitat de València en 2008 con el Premio Universitat-Empresa en la modalidad de Gestión Universitaria (ver reseña) y posteriormente incluida en el TELESCOPI, un observatorio de buenas prácticas universitarias que tiene como objetivo identificar y compartir experiencias exitosas realizadas por instituciones de educación superior de España, en el ámbito de la dirección y la gestión universitaria.

TELESCOPI es un Banco de Experiencias donde se recogen prácticas en Dirección y Gestión universitaria, que antes de su incorporación, pasan por un proceso de evaluación y validación por parte de un comité de expertos. El banco está pensado para funcionar como una plataforma para el benchmarking, abierto a las instituciones de educación superior de Europa y América Latina. Su objetivo es contribuir a la gestión del conocimiento en el  ámbito de la Dirección Estratégica aplicada al mundo universitario. TELESCOPI está dividido en siete áreas, siguiendo la orientación del Modelo de Excelencia de la European Foundation for Quality Management (EFQM): Estrategia, Personas, Alianzas y Recursos, Liderazgo, Procesos, Clientes y Resultados. El Observatorio también promueve a cada dos años un Premio en el que se distinguen las mejores prácticas del banco de experiencias.

Breve descripción de la práctica premiada:

Por Esther Escolano, Directora de la Oficina de Control Interno de la Universitat de València

Una de las actividades que realizamos desde la Oficina de Control Interno es, dentro de lo podrían considerarse como nuevos enfoques de la auditoria interna y su contribución a la calidad y a la modernización de las AAPP, una práctica que se enmarca dentro de lo que se conocen como auditorias de eficacia y eficiencia: los INFORMES ANUALES DE EJECUCIÖN PRESUPUESTARIA.

A través de dicha labor proporcionamos a las distintas unidades cifras relativas a los principales indicadores de la ejecución del presupuesto, datos que estimamos realmente interesantes para conocimiento de aquéllas en la medida en que no aparecen en ningún otro informe o documentación. Con carácter interno, la información proporcionada constituye una panorámica capaz de permitir apreciar la situación comparativa de los distintos departamentos o sub-unidades, su volumen de fondos ordinarios junto a aquellos destinados a la investigación, el destino de los créditos empleados, etc.

Además,  en cada uno de los Informes se proporciona información correspondiente a otra serie de unidades capaz de facilitar su ubicación tanto en el Campus correspondiente como en el conjunto de centros de tipología similar (Facultades, Escuelas, Institutos, Servicios…), un enfoque que, sin duda, permite la descripción comparativa de la unidad auditada.

Por ello, podrían destacarse como características definitorias de dichos Informes:

- Mediante los mismos se lleva a cabo un análisis integral de las principales magnitudes e indicadores de gestión presupuestaria.

-  Proporcionan información que no aparece en ningún otro informe ni    documento.

- Ofrecen una panorámica anual de origen y ocupación de recursos económicos de tota la Universitat; permiten la ubicación comparativa en el campus geográfico, y también con  las unidades de tipología similar.

Para un mejor conocimiento de los Informes de Ejecución Presupuestaria hacer clic aquí.

]]> http://fiscalizacion.es/2010/02/05/buenas-practicas/feed/ 2 http://fiscalizacion.es/2010/01/28/la-universidad-a-dos-velocidades/ http://fiscalizacion.es/2010/01/28/la-universidad-a-dos-velocidades/#comments Thu, 28 Jan 2010 13:15:46 +0000 antonio-arias http://www.fiscalizacion.es/?p=7071

Durante las navidades pasadas, el diario parisino Le Figaro, encuestó a los 27 miembros del gobierno francés para conocer la principal reforma emprendida desde la llegada al poder de Sarkozy ¿Imaginan la respuesta más citada? La ley de libertades y responsabilidades de la universidad, de 2007, que concedió a estas Instituciones, con reacciones contradictorias, una amplia autonomía. Una cualidad querida y temida por igual, porque aumenta las posibilidades de éxito de las buenas ideas y de fracaso de las malas decisiones. 

Sarkozy ha señalado a la Universidad como su “prioridad absoluta”. 8.000 millones de euros en préstamos sin interés irán destinados a un número determinado de universidades seleccionadas por un jurado especial. Y 1.000 millones irán directamente  al campus de Saclay, cerca de París.

En España, durante el último año, hemos asistido a un profundo cambio en la concepción que nuestras autoridades políticas tienen del sistema universitario. Se dotó a las Universidades de autonomía (desde mediados de los años 80) pero nunca se jugó a fondo la carta de la excelencia, esto es potenciar a las que presenten mejores indicadores. Como en la bicicleta, la autonomía se aprende practicando, así que hemos aprendido bastante y ahora comenzamos a aceptar que coexistan dos tipos universidades: las excelentes y el resto.

Recuérdese la resolución de la convocatoria del campus de la Excelencia, hace unos meses, que distribuyó préstamos sin interés con gran crítica de las universidades pequeñas. La mayoría de los fondos fueron a las grandes universidades de Madrid y Cataluña (21 millones) aunque también hubo pedrea repartida entre las medianas. Un buen resumen de las críticas puede verse en este artículo.

En Europa, cuando se hace público en Ranking de Shangai, al final de cada otoño, los ministros europeos hacen promesas para que su país tenga más universidades en la siguiente entrega del Top 500.

La clasificación está ordenada de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta el número de galardonados con el Premio Nobel (10%), los ganadores de la Medalla Fields (20%), número de investigadores altamente citados en 21 temas generales (20%), número de artículos publicados en las revista científicas Science y Nature (20%), y el impacto de los trabajos académicos registrados en los índices del Science Citation Index (20%) y por último, el “tamaño” de la institución (10%).

Españoles y franceses hemos troceado las grandes instituciones universitarias (Madrid, Barcelona, Valencia …) para dar lugar a varias de mediano tamaño, que se ven perjudicadas en ese Ranking. Otro factor también existente en Francia, son los centros “nacionales” de investigación con miles de investigadores que no computan en la clasificación, porque no son personal de las universidades sino del CSIC. Sin embargo, los franceses nos sacan los colores por no tener nosotros ninguna Universidad en el top 100, mientras ellos tienen tres.

¿Cómo entrar en el codiciado top 100? Bastaría con que la Universidad de Barcelona (puesto 152 del ranking mundial)  contratara para su plantilla de profesores un par de Premios Nobel. Pero si realmente fuera posible (dudoso con la actual legislación) la crítica sindical sería feroz por su elevado sueldo y muy probablemente le costaría la reelección al Rector. En fin, que se vive mejor sin líos.

Clintón afirmaba que en tiempos de inseguridad, el pueblo prefiere personas fuertes que puedan estar equivocadas a personas débiles que puedan estar en lo cierto. La cruda realidad es que sin cambios no hay progreso, y algo tendrá que cambiar si se quiere mejorar los resultados académicos en términos de rankings, excelencias y premios.

Sobre los rankings, esperamos las conclusiones de la reunión los Miembros de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), en el “Seminario Interuniversitario: Universidad y Sociedad: Transparencia y eficiencia institucional. Rankings universitarios”, celebrado el 14 de enero de 2010, en la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía. Coordinados por Juan Hernández Armenteros, allí estuvieron todos los que habían escrito sobre el tema en los últimos años.

Potenciar la excelencia no es gratis

En el Informe de financiación presentado al Consejo de Universidades hay algunas medidas competitivas que pretenden acabar con el trato igualitario a todas las universidades. La financiación de centros de referencia internacional, por ejemplo.

Este Informe debe tener consecuencias para el esquilmado presupuesto del Estado. Empezando porque se duplicará el gasto en becas. Cierto es que el PSOE prometió en la campaña electoral del 2004 que España alcanzaría el porcentaje del 1,5 del PIB destinado a educación superior. Luego matizó que sería en dos legislaturas. De cualquier manera, lejos del 1,2% ó 1,3% en que podríamos terminar el año 2009. Un par de puntos de PIB suponen varios cientos de millones de euros.

Festividad universitaria

En fin, concluyamos recordando que en España la autonomía universitaria tiene rango de derecho fundamental, con apoyo nada menos que en una Ley Orgánica, y es exhibida con orgullo por toda Universidad, de igual modo que un hidalgo de la Edad Media mostraba una imagen honorable y socialmente incuestionada, pese a pasar hambre y penuria.

Una versión de este artículo fue publicada en el diario La Nueva España, el 28 de enero de 2010, festividad de Santo Tomás, patrono católico global de la Universidad.

A continuación realizamos un análisis de urgencia de tan valiosa contribución (digámoslo por delante) que curiosamente termina con una referencia al Acuerdo de la Comisión Mixta Congreso-Senado-Tribunal de Cuentas de 25 de noviembre de 2009 y con el que hemos cerrado la anterior entrada de esta bitácora. Así en los epígrafes 72 y 73 dice:

De la lectura del acta de la sesión mixta se desprende en general una visión negativa sobre el funcionamiento de las universidades públicas españolas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la información que en ese informe se recoge es del curso 2003-2004 y, por tanto, no están incorporadas las mejoras que el sistema universitario ha realizado, en diferentes ámbitos, en los últimos años. Sin embargo, existe una voluntad de acercamiento con el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria con el fin de avanzar en la mejora de la actual situación. El trabajo conjunto con la propia Comisión Mixta de Financiación, podría ser un punto de acuerdo.

Como siempre, la prensa ha destacado los aspectos sensibles (aunque en este informe de una importancia menor) como es el caso de las referencias las recomendaciones para la determinación de los precios públicos académicos. Pero hay en el documento un verdadero rosario de nuevas medidas “políticas” (pendiente de valorar en una memoria económica) para situar al sistema universitario español entre los diez mejores del mundo. Si se estableciese sólo la mitad de las acciones, sería recordado por los rectores como un salto histórico. Será interesante escuchar a las Comunidades Autónomas en la próxima Conferencia de Política Universitaria, que deberá debatir, enmendar y valorar el documento, que ya están estudiando y supongo que recogen sus sensibilidades porque tenían sus representantes en la comisión, tanto del PSOE como del PP.

Se supone que en marzo, el Ministerio de Educación debe darle su aprobación formal y alcanzar los compromisos en las tres bandas: Estado-CCAA-Universidades, a cambio del compromiso de mejoras internas en eficacia y eficiencia de la gestión y transparencia de la información, así como en la modernización global del sistema universitario para adecuarlo a los nuevos retos de la sociedad española inmersa en los procesos de globalización.

En definitiva, se trata de definir una propuesta de plan de acción ante un futuro “Acuerdo entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Universidades” para impulsar un nuevo marco de financiación sostenible, suficiente, equitativo y eficiente que permita el cambio y la modernización de las universidades en el horizonte del medio plazo. También pasa por contar con algunas universidades fuertes y con una potente proyección internacional.

Los próximos dos cursos deberían consolidar avances determinantes en la iniciación de estrategias de corrección de esas ineficiencias sobre seis ámbitos, que comprometen un pacto entre Estado-CCAA y Universidades.

- Equidad financiera institucional de las Comunidades Autónomas

- Recursos Humanos. Nuevo estatuto del PDI. Adaptación de los Recursos Humanos al EEES. Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Carrera docente e investigadora. Atracción de Talento.

- Adaptación de las infraestructuras universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y Espacio Europeo de Investigación (EEI). Campus de Excelencia Internacional (CEI).

- Investigación, desarrollo tecnológico y actividades de potenciación de la Innovación. Incentivos a la mejora de la actividad científica, tecnológica e innovadora.

- Eficiencia y eficacia de la gestión de las universidades españolas. Rendición de cuentas e información pública.

Nuestro sistema universitario

La comisión parte del anterior documento técnico sobre Financiación del Sistema Universitario Español que establecía un diagnostico preciso, en 2007, respecto la posición universitaria en el contexto internacional, se identificaban sus características institucionales organizativas y económicas, y se explicitaba una “visión” que es plenamente coincidente con la recogida en la “Estrategia Universidad 2015”.

Tenemos un sistema universitario excesivamente homogéneo y poco diversificado en función de las fortalezas de cada Institución. Además es difícil de medir y valorar, por las dificultades de manejar cierta información comparativa. La Comisión considera ineludible la disponibilidad pública de la información sobre los resultados institucionales en la tres misiones: educación superior, investigación y trasferencia de conocimientos e innovación.

Para ello una de sus primeras recomendaciones es la “disponibilidad pública de un sistema de información suficiente y robusto, que incorpore un panel sintético a la vez que completo de indicadores de eficacia y eficiencia”. Por supuesto, con referencias a herramientas de gestión avanzada como la planificación estratégica, los contratos?programa públicos, información de costes, contabilidad analítica información de rendición de cuentas, que incluya todas las instituciones “dependientes”.

Becas

El nuevo modelo de becas y ayudas, para grados y máster, deberá desarrollarse evolutivamente en el transcurso del período 2010-2015, superando la atomización de pequeñas ayudas de dudosa eficacia en los estudios universitarios para desarrollar una nueva estructura de becas, más simple y compacta que potencie de forma clara el concepto de beca salario.

Es escenario final tendría los siguientes instrumentos: Beca salario (7.000€) y Beca general universitaria (ambas transportables en España), Becas de movilidad (nacional/internacional, sin estar condicionado a un nivel de renta mínimo, cuando esté motivada por inexistencia de la oferta académica de proximidad), Premios asociados al rendimiento académico (becarios que superen el 100% de los créditos académicos de un curso completo y también un plus bianual para aquellos becarios que alcancen una determinada nota media) y Cobertura de precios públicos de matrícula. Además se dispondrá en el horizonte 2015 de una línea de préstamos-renta para los estudiantes que no puedan disponer de becas y para la realización de los últimos 120 créditos.

Los precios de las matrículas

Se propone implantar una nueva política de precios públicos dirigida expresamente a mejorar el rendimiento académico y a corresponsabilizar a los estudiantes en la utilización eficiente de los recursos públicos puestos a su disposición a través de las universidades públicas.

La propuesta de la Comisión consiste en establecer unos precios diferenciados por estudios que no podrán exceder del 15 por 100 de su coste medio (estudiantes que se matriculan por primera vez). A continuación, los estudiantes que repitan deberán pagar hasta el 50% y el 100% del coste medio en segunda y tercera o sucesivas matriculas, respectivamente según el tiempo máximo de permanencia fijado.

Este modelo deberá ser implantado progresivamente al despliegue de la nueva política de becas, y estar completamente vigente en el curso 2015-2016. A tal fin, durante los próximos seis años se propone un aumento anual de entre el 10% y el 15% para la segunda matrícula y de entre 15 y 30% la tercera.

Recursos Humanos

La presencia del Profesorado en el desarrollo de funciones que deberían ser desempeñadas por administradores permanentes y profesionales se considera por la Comisión como una disfunción que “está facilitando una doble ineficacia productiva que, a su vez, incide negativamente en el nivel de profesionalización que manifiestan nuestras instituciones”.

El régimen retributivo del PDI ocupa hoy, por su importancia en el conjunto de la estructura económica de gastos de las universidades públicas, un centro de atención especial. En el horizonte temporal de 2015 se incorporan algunas reivindicaciones históticas, como la corrección de los complementos de destino con el fin de alcanzar el nivel 28 para los profesores titulares de Universidad y el nivel 30 para los catedráticos de Universidad.

Investigación

En el ámbito del fomento y potenciación de la investigación, la transferencia y la innovación, la Comisión establece  medidas para afrontar tres aspectos claramente diferenciados:

El primero, la suficiente cobertura de los costes indirectos derivados de la actividad investigadora en las universidades y la consiguiente revisión de los actuales porcentajes de “overheads”. Actualmente, el importe que se concede asociado a los proyectos financiados por los planes nacionales es solamente del 19% del importe de los gastos del proyecto. Este importe no cubre los gastos inducidos por los proyectos de la investigación, cuya práctica internacional está por encima del 40%.

Por otra parte, reconoce la necesidad de desarrollar mecanismos de incentivo económico y de prestigio para que las propias universidades potencien firmemente sus unidades de investigación de excelencia. Por éltimo, es preciso incentivar la investigación de perfil institucional que priorice el carácter instrumental de los resultados.  ¿Cómo hacer esto? Aportando más dinero en fondos específicos.

El documento propone la introducción en España de un “fondo complementario de financiación de los gastos generales inducidos por la actividad de I+D+i de las universidades condicionados a resultados e indicadores”. Pendiente del estudio y discusión que sobre el documento se realice en los próximos dos meses con las Comunidades Autónomas y las propias universidades, se propone, en el horizonte 2015, la incorporación de un 16% proporcional a los ingresos proyectos públicos competitivos (europeos, estatales y autonómicos) y los contratos conseguidos por las universidades en función de los importes liquidados anualmente por cada institución y librados directamente a las mismas.

De acuerdo con la práctica internacional deberá dotarse otro fondo de financiación Estatal para “Fortalecimiento Institucional” (de 40-80 millones de euros/año en 2015) que identifique, apoye y fortalezca los centros de referencia internacional de investigación avanzada mediante la financiación de ámbitos estratégicos a largo plazo.

Nuevos complementos de investigación

Ha pasado mucho tiempo desde la creación de los sexenios del personal docente investigador. El documento propone mejorarlos en su cuantía individual, así como promover la introducción otros dos. Uno excepcional, de reconocimiento de la excelencia científica y otro para atender las actividades de transferencia e innovación. No es posible que sea mejor publicar que patentar.

Rendición de Cuentas

La Comisión aconseja la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a sus especificidades. Obviamente es una competencia autonómica donde ya hay experiencias. Además, para avanzar en los sistemas de información sobre costes incurridos y la contabilidad analítica se ha creado una Comisión integrada por el Consejo de Universidades (2 representantes) de las Comunidades Conferencia General de Política Universitaria (2) y de los ministerios de Educación (2) y Hacienda (2). Esta comisión se crea para desarrollar un modelo de referencia de Contabilidad de Costes adaptado las Universidades Públicas Españolas, así como para determinar los criterios de reparto de los costes que permitan la comparabilidad de la información fijando un conjunto de informes e indicadores estándar.

El último informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana describe un frágil escenario presupuestario en la Comunidad Autónoma, en un marco de crisis financiera, descenso de los ingresos y el traslado de deudas hacia ejercicios futuros. Toda la prensa del levante español se hace eco, estos días, de la preocupante situación económica (se produce un déficit de 500 millones de euros) , de la crítica situación de Ràdio Televisión Valenciana y de las empresas de ocio de la Generalitat que, un año más, volvieron a obtener pérdidas millonarias.

A continuación presentamos una análisis urgente de dos principales conclusiones del informe, sobre dos sectores estratégicos del gasto público.

Las facturas de los cajones

El presupuesto autonómico tenía facturas sanitarias pendientes de imputar al presupuesto por valor de 1.837,6 millones (más de 300.000 millones de las antiguas pesetas). Siendo un grave problema esta ausencia de consignación presupuestaria, lo peor es que supone un aumento de 428 millones, respecto al ejercicio anterior.

A 31 de diciembre de 2008 la deuda de sanidad figuraba contabilizada, con base en el acuerdo del Consell de 20 de abril de 2007, en la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” por 776,6 millones de euros, para su imputación a los ejercicios 2009 a 2016, restando por contabilizar 1.061 millones de euros, a imputar también a presupuestos de ejercicios posteriores.

Esta hipócrita situación, presente en la gran mayoría de las Comunidades Autónomas (CCAA) del Estado español, pone sobre la mesa los desequilibrios de nuestro sistema sanitario público. Diría más: parece cuestionar si podemos pagar nuestro Estado de bienestar. Y el informe parece sugerir que, con el actual nivel de ingresos públicos, ello no es posible.

Parece que la llegada del nuevo modelo de financiación autonómica ayudará a enjugar este déficit oculto en las CCAA. Cataluña se ha apresurado a aflorarlo: 2.147 millones de euros, para comenzar 2010 con el contador a cero.

Ya hemos comentado aquí, con ocasión del informe valenciano del año pasado, algunas de las razones del déficit sanitario, que en opinión de los auditores son “numerosas y complejas”. Pero uno tiene la sensación de que se va entrampando, año tras año, sin afrontar su resolución. La semana pasada, el prestigioso hacendista catalán, Guillem López Casasnovas, denunciaba que, hoy por hoy, un pacto de Estado de Sanidad es tan deseable como poco factible vista la falta de acuerdo de nuestros partidos en sacar la sanidad de la batalla partidista. Sin ir más lejos, el propio discurso navideño del Rey Juan Carlos I recordó la necesidad de consensos “tanto a la hora de gobernar como de ejercer la oposición”; y mencionó la Educación entre ellos.

Mirando al futuro

Los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores son aquellos derivados de operaciones del presupuesto de gastos cuya ejecución se proyecta en varios ejercicios. Respecto a ellos, que han tenido un incremento del 21,3%, la Sindicatura manifiesta que no se recogen al menos, 2.701,1 millones de euros, derivados de algunos contratos, convenios y acuerdos que deberán imputarse anualmente a los ejercicios futuros, previstos en los calendarios correspondientes. Desde la aparición de los peajes sombra o del sistema alemán de pago aplazado de obras, es bastante difícil evaluar los gastos plurianuales de los presupuestos.

Así, en el mes de mayo de 2008 se firmaron sendos convenios de colaboración entre la Conselleria de Educación y las universidades públicas valencianas, para la financiación del Programa Plurianual de Financiación y de determinadas infraestructuras universitarias, estableciendo como importe total de 891,1 millones de euros, en catorce anualidades, desde 2009 hasta 2022, y que deberían incluirse en el estado de compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros.

Durante años, la financiación universitaria valenciana fue un ejemplo por la cuantía, previsibilidad y transparencia de su modelo de asignación de las aportaciones para gastos corrientes y de inversión. Esto ya es historia. Como los presupuestos autonómicos no permiten financiar las infraestructuras académicas e investigadoras, se centrifuga autorizando a las universidades a formalizar el endeudamiento correspondiente, cuyas anualidades futuras serán asumidas por la Generalitat, con lo que se difiere la deuda una década.

La situación financiera de las universidades públicas es cada vez más delicada. Durante las últimas semanas hemos asistido a una sucesión de noticias que ponían de relieve tal sufrimiento presupuestario.

Por un lado tenemos a la Universidad Complutense de Madrid, que cierra durante las Navidades para ahorrar; Por otro lado, la Universidad de Barcelona cuyo Rector clamaba en rueda de prensa: “todos nos tenemos que apretar el cinturón, pero el acuerdo de financiación se ha de cumplir“, en relación al pacto firmado el año 2006 por el gobierno catalán, que se comprometía a aportar a sus universidades 50 millones de euros el año 2008, 90 millones en 2009 y 130 millones en 2010.

Otro ejemplo es la unión de los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid para leer mañana un comunicado conjunto dirigido al gobierno autonómico y a la Asamblea de Madrid contra los recortes presupuestarios llevados a cabo para el próximo ejercicio 2010. Hoy, serán los sindicatos universitarios quienes protestarán ante la Consejería de Educación.

Retroceso

El  pacto por la educación (con su política de ayudas al estudio) y el nuevo modelo de financiación, que será presentado antes de final de año por el Consejo de Universidades, se están echando de menos. Es muy difícil alcanzar la meta de gasto que el Ministerio estableció como objetivo para 2015: el 1,5% del PIB en Educación Superior. En 2008, la inversión nacional fue del 1.35% del PIB. Sin duda, la caída del PIB (el denominador) lo ha puesto más fácil, aunque los recortes paralelos de financiación traen incertidumbre al sector .

No falta quien acuse al modelo universitario de obsoleto (por autogestionario), rígido (gasto extremadamente inelástico) o ineficiente (por proclive al gasto) pero su sistema de gobierno es el que es y no va a cambiar a medio plazo; así que tenemos la Universidad que tenemos y podemos pagar. Con estos problemas estructurales, y otros aún más graves, sigue siendo un centro de excelencia social que, como suele recordar el ilustre letrado Juan Manuel del Valle, soporta las mayores barrabasadas organizativas sin perjudicar en exceso, sino incluso potenciando, el constante crecimiento de la crema de la intelectualidad.

El caso del Parque científico de Barcelona

En muchas ocasiones la deficitaria situación ha sido propiciada por las propias instituciones autonómicas o estatales y los famosos anticipos reintegrables sin interés. Este es el caso del Parc Cientific de Barcelona, cuyo informe de fiscalización acaba de hacer público la Sindicatura de Comptes catalana, que alerta sobre la viabilidad futura de la fundación (pág. 51)  en estos términos:

“La situación financiera de la Fundación es extremadamente delicada ya que tiene un patrimonio negativo … necesita una aportación de … para poder hacer frente a los compromisos adquiridos. A la vez, esta situación puede afectar la Universidad de Barcelona”.

Últimos informes de Auditoría universitaria

Los informes de auditoría todavía no recogen la actual crisis presupuestaria. Los últimos que conocemos corresponden al ejercicio 2007, cuando las restricciones financieras todavía no se habían dejado sentir.

La próxima semana se celebra en Madrid el II Curso Auditoría y control en las universidades, organizado FIASEP. Un punto de encuentro entre auditores internos y externos para presentar las principales áreas de riesgo, así como para debatir las conclusiones de los últimos informes sobre universidades. He aquí un avance.

Navarra

La Cámara de Comptos acaba de hacer público el informe sobre la Universidad Pública de Navarra, que presenta lo que podíamos simplificar como una opinión “limpia”, a pesar de ciertas omisiones formales importantes, como no adjuntar al presupuesto la relación de puestos de trabajo de todas las categorías especificando la totalidad de costes de la misma.

En relación con la gestión de la investigación científica, destaca que, en general, la contratación del personal para proyectos de investigación se ha realizado “conforme al reglamento de contratación de personal investigador, pero en la selección de colaboradores y ayudantes de proyectos de investigación, la difusión de la convocatoria y el reducido plazo establecido para la presentación de solicitudes no garantizan suficientemente el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad en la selección de personal”.

Los Comptos entienden que “la gestión y control contable de los gastos e ingresos afectos a los proyectos y contratos de investigación es adecuada”.

País Vasco

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha publicado el mes pasado el informe de fiscalización de la actividad económico financiera de la Universidad del País Vasco correspondiente al ejercicio 2007.

En opinión del Tribunal la Universidad ha cumplido, razonablemente, la normativa legal que regula su actividad económico financiera, excepto por algunas salvedades, relativas al presupuesto, a los gastos de personal y a la contratación administrativa.

Con respecto al presupuesto, el Tribunal señala la realización de modificaciones al mismo por habilitaciones de crédito para gastos con financiación afectada e incorporación de remanentes por importe de 120 millones de euros, sin la aprobación del órgano competente. No obstante, destaca la aprobación a posteriori por el Consejo Social, de 61 millones de euros correspondientes a la incorporación de remanentes, con motivo de la aprobación del Informe Económico.

En relación al personal, se señala la falta de publicación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e investigador (en el BOPV) al tener pendiente de autorización su coste por parte del Gobierno Vasco.

Los aspectos destacados en la contratación administrativa se refieren a un contrato de licitación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, al contrato de servicios para la gestión integral de proyectos donde el servicio de arquitectura y obras no ha realizado el informe preceptivo que justifique la falta de medios personales para proceder a la contratación externa.

En relación con las Cuentas Anuales, el Tribunal considera que los estados contables presupuestarios expresan adecuadamente la actividad económica del ejercicio, con las siguientes salvedades:

-No controla adecuadamente el Remanente Específico.

-Ausencia de Información sobre las inversiones comprometidas para ejercicios futuros.

Señalar, no obstante, que el Remanente para Gastos Generales vuelve a ser negativo en 2007 motivado, principalmente, por el incremento experimentado en el Remanente Específico.

Universidades de la Comunidad Valenciana

Las universidades valencianas son objeto de fiscalización anual por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana. Este año, el informe del ejercicio 2007 puso especial énfasis en las áreas de inversiones y de contratación administrativa, que fueron fiscalizadas con mayor detalle e intensidad, con las siguientes actuaciones:

- Revisión de las modificaciones presupuestarias, así como los niveles de ejecución presupuestaria y de realización.

- Evaluación del funcionamiento de los mecanismos de control interno en relación a los gastos de inversión.

- Análisis de los aspectos esenciales de la llevanza y mantenimiento del inventario de bienes del inmovilizado.

En lo que se refiere a la fiscalización de la contratación administrativa, las actuaciones realizadas comprobaron que los procesos de contratación y tramitación de los expedientes se adecuaron a la normativa vigente, que los fondos se han aplicado a los fines previstos y que la actividad económico-financiera se había realizado conforme a los principios de buena gestión, prestando especial atención a las modificaciones contractuales realizadas durante el ejercicio.

Antes de que acabe este año, el Ministerio de Educación presentará una propuesta con un nuevo modelo de financiación del sistema universitario español, “para que tanto las universidades, como las Comunidades Autónomas (CCAA) y el Estado puedan hacer una valoración del mismo”. Así lo viene reiterando el Ministro Gabilondo durante los últimos meses, en relación al grupo de trabajo del Consejo de Universidades que se encarga de elaborar este modelo.

En ese escenario, la política de becas y préstamos para el estudio debe tener un especial protagonismo, pues se trata de una genuina competencia del Estado, en un marco donde las universidades (¡y su financiación!) han sido transferidas a las CCAA.

El reciente análisis de la OCDE sobre enseñanza superior distinguió cinco grupos de países, con arreglo a su estrategia de ayudas financieras a los estudiantes universitarios . Islandia y Noruega forman el primer grupo, cuyo sistema de sostén de los estudiantes reposa exclusivamente en un mecanismo de préstamos públicos sin subvenciones. El segundo grupo – Australia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, el Reino unido y Suecia- asocia los préstamos públicos con un mecanismo de subvenciones financiadas por el Estado.

El tercer grupo – Estonia, Finlandia, Polonia y Portugal, adopta el mismo método que el segundo grupo excepto que los préstamos son concedidos por bancos privados y bonificados y\o garantizados por el Estado. El cuarto grupo de países – Chile, China y Corea propone un amplio abanico de mecanismos que asocia préstamos financiados por el Estado, por préstamos consentidos por bancos privados y subvenciones. El quinto grupo – España, Comunidad flamenca de Bélgica, Croacia, Federación Rusa, Grecia, México, la República checa y suiza no usa los préstamos para financiar las graduaciones y basa su ayuda a los estudiantes sobre las becas.

En España la actual normativa general de becas está regulada en el RD 1721/2007 y la última ejecución en el RD 922/2009.

Informe de la AEVAL

La Agencia Estatal de Evaluación y Calidad (AEVAL), organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia, publicó en mayo pasado un Diagnóstico del Sistema General de Becas. Se trata de un instrumento que responde al Plan de evaluaciones acordado por el Consejo de Ministros en 2008, que considera probado que el  Sistema General de Becas y Ayudas al Estudio está orientado a fomentar y mantener la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y cuya mayor parte (en educación post-obligatoria) se destina a la universidad.

Los expertos que elaboraron el informe coinciden en las mejoras que se han producido en materia de  derechos y cuantías, así como en el procedimiento de adjudicación de las becas. El contraste de las solicitudes con los datos de la Agencia Tributaria ha reducido el fraude en el procedimiento de la adjudicación.

Los resultados apuntan que los factores de renta tienen actualmente un peso menor en la decisión de estudiar, por lo que el papel de las becas se ver reconducido hacia la compensación del esfuerzo presupuestario, la consideración de los costes de oportunidad y hacia el concepto de equidad en los resultados cursando estudios.

Finalmente, el abandono del sistema educativo (entendido éste como dejar de estudiar y no como abandono escolar prematuro) por parte del colectivo de jóvenes de entre 18 y 24 años parece ser una cuestión de especial relevancia en el caso español, ya que dicho abandono se cifra en casi el 36%. Además, resulta especialmente preocupante el caso de los jóvenes que sólo ha completado estudios de secundaria obligatoria o de primaria, puesto que su proporción es mayor. Como veis otro caso de feminización del éxito académico. En la tabla, de abajo a arriba: mujeres (triángulo), hombres (rombo) y total (círculo).

Informe del Tribunal de Cuentas de España

El Tribunal de Cuentas de España presentó en 2004 un «Informe de fiscalización de las becas y ayudas de carácter general en el ámbito universitario» que denunciaba, por un lado, la «obsolescencia» de la normative vigente (el histórico Real Decreto de 1983 que reguló durante 20 años el sistema de becas) haciendo hincapié en la existencia de tres bases de datos «inconexas» de alumnos en el proceso de concesión o denegación de becas, dispersión de registros que limita las funciones de control y verificación, y que supone una infracción de la normativa por lo que se «debe mantener un fichero informático de beneficiarios de becas y velar por conservarla actualizada». Por ello, plantea la creación de una base general de becarios y becas que incluya incidencias, recursos y revocaciones:

El informe llamaba la atención sobre los retrasos de las universidades en el envío de sus propuestas y el elevado nivel de errores que contienen, lo que alarga más de lo debido el procedimiento de concesión. Estos errores, a juicio del tribunal, pueden subsanarse con la aplicación de algún procedimiento de validación previa. Además, se ponía el acento en la limitada información sobre el seguimiento que las universidades hacen de los becarios.

Las conclusiones apuntaban que «no se puede asegurar que el citado procedimiento se haya llevado a cabo con la debida diligencia». Y añaden que sería conveniente que la definición de los criterios sobre las valoraciones patrimoniales, que la normativa atribuye a las propias universidades, se ajustasen a unos principios generales homogéneos, previamente determinados por la Subdirección General de Becas.

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria inauguró las 27 Jornadas de Gerencia Universitaria con la Consejera de Educación de la Comunidad Autónoma de la Islas Canarias. Aunque con diplomacia, los problemas financieros institucionales salieron a la palestra y el rector no tuvo pelos en la lengua. En fin, lo habitual.

Durante este jueves y viernes (29 y 30 de octubre) se podrá seguir, en directo, el contenido de las conferencias  AQUÍ.

La presencia en el mercado editorial español de la revista SERRESPONSABLE, sobre temas de responsabilidad social, corporativa o medioambiental, nos permite reflexionar sobre la evolución de las memorias en las organizaciones públicas. La publicación trata de temas de ética corporativa o desarrollo sostenible de una manera amena y moderna, lejos de planteamientos ingenuos o utópicos, en el marco de una economía del conocimiento, de la reputación y de la imagen.

Hoy los grupos de interés no se conforman con conocer aspectos financieros de las empresas y administraciones. Exigen más y mejor información corporativa, incluyendo los costes ocultos. En España, las memorias de sostenibilidad de empresas cotizadas, cada vez más rinden cuentas no sólo a los accionistas, sino a los demás grupos de interés: clientes, empleados, proveedores, medio ambiente y sociedad.

Global Reporting Initiative

Así, en 1997 nació en Holanda la Global Reporting Initiative (GRI) para ayudar a todo tipo de organizaciones a elaborar memorias en los ámbitos medioambiental, económico y social. Para ello desarrolla y difunde pautas de informes de sustentabilidad que pudieran ser comparables y aplicables de manera global.

Toda una metodología que permite medir los avances de las organizaciones en la implantación de políticas de RSE, a través del tiempo, mediante 142 indicadores, de los cuales 96 son troncales y obligatorios. Podéis descargar la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, en castellano.

Las experiencias universitarias

Vinculada a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) encontramos un interesante blog sobre el asunto. Declara como objetivos de la Responsabilidad Social en la UNED: mejorar la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad sobre el valor que aporta la UNED, así como poner en valor y comunicar los avances en ese compromiso social y mejorar la relación con los grupos de interés (estudiantes, empleados, proveedores, administraciones públicas, financiadores, empresas …).

Su Memoria 2008 es un magnífico ejemplo a seguir.

Universidades de Andalucía

El Foro de Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas mantiene una página dedicada a la Responsabilidad Social Universitaria. Allí podremos encontrar guías, memorias y buenas prácticas sobre un asunto que tanto tiene que ver con el Buen Gobierno Corporativo.

Se declaran como objetivos de la Memoria de Responsabilidad Social Universitaria los siguientes:

Promover un modelo de responsabilidad social en las universidades andaluzas, de evaluación, control y mejora de la calidad; ambientalizar la gestión universitaria (optimización en el uso de recursos y promoción de criterios éticos, sociales y mediambientalización en los sistemas de compras); definir y fomerntar la participación de los grupos de interés (stakeholders) y la comunicación interna y externa; promover la formación superior y la investagación en materia de responsabilidad social de forma transversal en los programas formativos; promover una red andaluza integrada en redes más amplias de universidades responsables; y promover el estudio, difusión y transferencia de experiencias universitarias que aporten nuevas soluciones a problemas vinculados con la capacidad de respuesta de las universidades a su entorno.

Buenas prácticas

Entre otros ejemplos europeos, se destacan las siguientes prácticas:

Memoria de Sostenibilidad Universidad de Santiago de Compostela 2006

Promoviendo un modelo de Responsabilidad Social en la Universidad de Zaragoza

Memoria de Responsabilidad Social de la Universidad de Cádiz 2007-2008

Memoria de Responsabilidad Social de la Universidad de Almería

Memoria de Responsabilidad Social Universidad de Huelva

Durante los días 29 y 30 de octubre se celebra en la Universidad de Las Palmas las XXVII Jornadas de gerencia universitaria, que en esta edición se presentan bajo el lema de “Innovación en la Gestión y Gestión de la Innovación”. Dos días para repasar los grandes retos que tienen ante sí los responsables de la Administración Universitaria.

En palabras del Gerente de la Institución anfitriona, Conrado Domínguez: “No se trata solamente de recomendar que innoven otros, es fundamental que la propia universidad sea una institución innovadora”.

Tradicional organización desconcentrada

Aquí surge una cuestión importante: ¿Cómo lograr una sana gestión en una Institución donde el término gestor alcanza a una gran variedad de personas y donde la jerarquía nunca está clara? El Rector, elegido dentro de la Universidad, se responsabiliza de “la dirección, gobierno y gestión de la Universidad” (artículo 20 de la LOU) junto a muchos órganos unipersonales (la gran mayoría no elegidos por él) consecuencia del principio participativo: decanos y directores de departamento. La desconcentración de funciones es una característica de las Instituciones de Educación Superior en todo el mundo.

El ilustre catedrático de Matemáticas de la Universidad de Salamanca, D. Diego de Torres y Villarroel (Salamanca, 1693-1770), a mediados del siglo XVIII, se desplazó a Centro-Europa comisionado por el claustro, que también le anticipó dinero para comprar libros con destino a la biblioteca. Sin embargo, el popular académico y astrólogo (predijo la fecha y modo de fallecimiento del rey de Francia) encontró más interesante adquirir, durante su periplo, cuatro esferas del mundo, una de las cuales ven en la foto adjunta.

Dicen que, al proceder a la justificación ante algún riguroso contable castellano, éste le hizo saber que el anticipo sólo permitía adquirir libros y no este tipo de material; al ciudadano de a pie, le parece inaudita la situación, pero quienes trabajamos en el sector público tropezamos con frecuencia casos análogos. El catedrático resolvió la comprometida situación asentando en los registros oficiales la adquisición de una partida de “libros redondos”. Esta anécdota, ejemplo histórico de la facilidad para eludir controles formales por nuestros doctores, se relata a los congresistas que visitan la centenaria biblioteca de la Universidad de Salamanca al mostrarles las esferas terraqueas, que pueden ver en la foto.

No se sorprenda el lector por el relato; los científicos son parte de la materia gris de una nación y su ingenio para eludir formulismos no tiene parangón en otras administraciones. Aunque en ocasiones esos controles no son tan anecdóticos y llevan aparejada una consecuencia dramática.

El Gerente

Como responsable de los servicios económicos y administrativos de una Universidad cada día más exigente en términos de rendición de cuentas o accountability, el Gerente contribuye a la dirección estratégica de la Universidad (como miembro nato del Consejo de Gobierno y del Consejo Social). En anteriores Jornadas de Gerencia he apuntado algunas de sus características.

El Gerente debe cuidar las relaciones con todos los interlocutores internos (sindicatos y organos de representación del personal) y externos, tanto de carácter público (Consejerías, Ministerios, Administración Tributaria, Intervención General) como privado (medios de comunicación, usuarios, proveedores, entidades financieras, etc.) y, por último, prestar apoyo y asesoramiento al resto de los gestores mecionados. Y si le queda tiempo deberá promover la innovación en la gestión … Si usted cree que tiene una mala universidad, sin duda tiene un mal Gerente.

Más y más rendición de cuentas

La rendición de cuentas de las Universidades Públicas españolas presenta un fuerte énfasis en la elaboración de la información económica para la representación de la imagen fiel de la entidad. Existe un consenso en mejorar la información relativa a los servicios docentes e investigadores.

El profesor de la Universidad de Zaragoza, Emilio Martín en un reciente libro que hemos comentado aquí, presentó un análisis académico de las carencias de información en las cuentas anuales Universidades públicas. El propio Tribunal de Cuentas, en un amplio informe sobre las Universidades, presentado aquí en su momento, puso de relieve la ausencia de contabilidad analítica. A pesar de las dificultades hizo un encomiable esfuerzo para calcular una estimación.

En el ámbito del Control Interno, las Universidades tienen unidades de auditoría interna integradas en el rectorado. La nueva legislación de las Universidades canarias, como desde la década pasada la Universidad de Oviedo, han hecho depender al Interventor del órgano de supervisión financiera, que nada gusta a los Rectores: el Consejo Social, donde los académicos son minoría por mandato legal. El fin último es garantizar la independencia de la fiscalización, pero también evitar un agujero presupuestario; una posibilidad cada día más probable.

En definitiva, una Universidad navegando en un mar de tensiones presupuestarias, donde la rigidez del gasto impide cualquier decisión económica razonable y efectiva. El presupuesto para 2010 va a ser un ejercicio de imaginación que pondrá a prueba las relaciones entre Universidades y los gobiernos regionales, que no podrán obviar el inicio oficial del Espacio Europeo de Educación Superior.

¿Un modelo obsoleto?

Rafael Puyol, que fue Rector de la Universidad Complutense entre 1995 y 2003, solía calificar la estructura de toma de decisiones universitaria como “orgánicamente confusa, técnicamente ineficiente” resaltando que diluye las responsabilidades y consume más energías de las razonables. No podemos pedirle más claridad a quien conoce tan bien la Universidad.

La clase política también lo sabe. Por eso, en junio pasado, los grupos mayoritarios del Parlamento navarro solicitaron a la Cámara de Comptos la realización de un informe realmente complejo: una auditoría operativa sobre el funcionamiento de la Institución Universitaria que permita “valorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos por parte de la UPNA” y aborde el análisis del modelo de gestión económica así como los costes de las titulaciones, la oferta y demanda de titulaciones y su financiación durante la década. “Ahí es nada”: un trabajo que pondrá a prueba a los acreditados auditores públicos navarros.

Con cierta frecuencia, reaparece el debate sobre el sistema de gobierno universitario. La propia Ministra Garmendia se despachaba hace un año con un titular de prensa esa guisa, reconociendo que el modelo de gobierno “estaba obsoleto”. Hasta la Directora de Universidades del Gobierno asturiano, pidió ir replanteando a medio plazo el modelo de elección de el Rector, al menos como reflexión colectiva. No es raro en una Institución que cultiva la crítica como esencia de su misión.

La Universidad Pública Española, por su naturaleza de Administración Pública independiente vinculada a las CCAA, ostenta potestades y responsabilidades, como la transparencia, la objetividad, la imparcialidad, el sometimiento al procedimiento administrativo o al derecho.

No han faltado voces pidiendo alterar su régimen jurídico transformándolas en fundaciones de iniciativa pública. De hecho, las nuevas universidades on-line tienen esta naturaleza. El asunto tiene su enjundia por el distinto rigor de todos sus controles. Así, la Sindicatura valenciana debió aclarar al parlamento regional que la gestión de Universidad Internacional Valenciana (VIU), tenía un nivel de fiscalización muy inferior al del resto de universidades públicas a pesar de financiarse con recursos de la Generalitat. La razón: es una fundación y como tal, no es fiscalizada todos los años ni con el mismo alcance que las Universidades Públicas.

Una valoración desde el otro lado

He pedido a antiguos colegas gestores (ahora fuera de la universidad) cual su valoración global de estos aspectos, desde su experiencia actual. Para casi todos la comparación es favorable. Así, Xavier Marcet, ex-directivo de la UPC y actual consultor, la universidad, en general,  “resuelve con mayor agilidad que administraciones convencionales pero sus procesos de decisión son sinuosos  y su tempo administrativo lento”. En su opinión, la gestión económica debe ser reflejo de una institución abierta, resolutiva, eficaz y a la vez transparente. “Creo -me dice-que la universidad debería proponerse liderar los procesos de administración electrónica en general incluyendo por descontado todo lo relativo a la gestión económica”. ¿Cómo hacerlo? “No encerrándose, abriendo la mente, no usando la ley de contratos siempre como excusa para no innovar, arriesgando a favor de la transparencia“.

Para Andreu Alcover, Ex-gerente de la Universidad de Isla Baleares y hoy Teniente-alcalde (Hacienda, Función Pública e innovación) en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, la comparación de la gestión universitaria con otras Administraciones “Es muy positiva. Muy importante es el grado de descentralización conseguido, entre otros motivos, por presiones del PDI para poder gestionar de manera más directa sus propios proyectos”. Sin embargo, a diferencia de otras Entidades públicas, cree que hay muchos controles a posteriori: “Es el precio de la autonomía universitaria: Consejo Social, Tribunal de Cuentas, Ocex, Auditorías …”. Cree que las divergencias en materia presupuestaria que tienen las universidades entre sí –”unas con contabilidad analítica y otras no, unas más centralizadas que otras, unas con intervención y otras no, etc”.- son una prueba de la capacidad de adaptación e innovación que tiene la Universidad Española en la gestión que en otras administraciones no sucede.

Rafael Zorrilla, que fue gerente de la Universidad Carlos III de Madrid y hoy dirigiendo SEPES, la gestión universitaria ha ido evolucionando muy positivamente: “hoy existe información en la mayoría de las universidades. Esta es quizás una de las contribuciones mas importantes que los gerentes y gestores: que se conozcan, a tiempo, los datos económicos básicos de la institución. Todo el trabajo que se haga en esta líneas es poco. La información nos hará …. ¡Responsables!” Añade: “Si has trabajado siempre en la universidad no valoras la enorme autonomía de gestión, por ejemplo, en RRHH, en gestión de tesorería o inmuebles

En su opinión, la existencia de sistemas de financiación en las distintas CCAA apoyados en indicadores ha supuesto un avance trascendental. El control del equilibrio presupuestario por la Intervención General de las CCAA se ha generalizado en los últimos años y parece que ya no existen déficits ocultos. Sin embargo, considera “decepcionante el papel de los tribunales de cuentas“.

El trabajo se organiza en cuatro capítulos, el primero de los cuales aborda el tema de la financiación universitaria tomando como referencia los principios de suficiencia, eficiencia y equidad financiera.

En el Capítulo II, se lleva a cabo un estudio empírico con objeto de evaluar la rendición de cuentas de las universidades públicas españolas y del Reino Unido a través de la información financiera publicada en sus cuentas anuales. Para ello, se analiza el grado de implantación de la contabilidad por devengo en cada país, así como el grado de homogeneidad y comparabilidad en la presentación de la información.

El Capítulo III se centra en las evaluaciones externas llevadas a cabo por organismos nacionales e internacionales con objeto de fomentar la transparencia y la calidad del sistema, mientras que el Capítulo IV hace referencia a los procesos de evaluación desarrollados internamente por las propias instituciones para medir la eficiencia en la ejecución de las actividades, así como para detectar las posibles fortalezas y debilidades de la institución.

Fruto de sus investigaciones, Emilio Martín había publicado un interesante trabajo titulado La rendición de cuentas en las universidades públicas españolas: un analisis de la información revelada en los estados financieros, donde el autor estudia las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, de nuestra muestra de 39 universidades, evidenciando un fuerte énfasis en la elaboración de la información presupuestaria sin atender las necesidades de los distintos usuarios potenciales de la información.

Para el autor, sus contenidos presentaron carencias de información en determinados aspectos como la amortización del inmovilizado, la contabilización de las provisiones o la periodificación de ingresos y gastos que son relevantes para la representación de la imagen fiel de la entidad sobre la base contable de devengo. En particular, es en el documento de memoria a las cuentas anuales donde el autor encontró que la cantidad de información revelada es menor y con una mayor diversidad de contenidos que añaden poca información relevante para el usuario.

Ranking de transparencia

Además, elaboró un Índice para medir en detalle el grado de cumplimiento del contenido de las cuentas anuales elaboradas por las universidades españolas con los requisitos para la información financiera establecidos por las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) emitidas por la Federación Internacional de Contables (IFAC). En concreto la IPSAS Nº1.

Los resultados observados fluctúan dentro de un amplio rango de valores, circunstancia que pone de manifiesto las diferencias existentes en el ámbito de rendición de cuentas de las distintas universidades y que da lugar a un ranking para el año 2003, que se expresa en la siguiente tabla:

Tanto el PGCP como las normas internacionales de contabilidad para el sector público recomiendan la inclusión en las cuentas anuales de información útil para evaluar el desempeño de la entidad en función de sus costes, eficiencia y logros. Sin embargo, las universidades españolas no suelen incluir en sus estados financieros ningún tipo de información relativa a los servicios docentes e investigadores, y cuando lo hacen, la información se limita una descripción general del número de estudiantes, composición de las plantillas o sobre la distribución de recursos entre los diferentes programas de investigación.

Además, para el autor, raramente ofrecen información sobre el grado de aprendizaje de los estudiantes, la tasa de fracaso escolar, el acceso al mercado laboral de los titulados, los proyectos de investigación y publicaciones científicas más relevantes desarrolladas por el personal académico de la universidad o algún tipo de análisis riguroso de los costes del servicio.

Los claveros fueron los primeros elementos históricos del control interno, como bien saben los Ayuntamientos españoles. Una forma sencilla y práctica para garantizar la regularidad del gasto público era que el acceso a los caudales se hiciera con el consenso de otros responsables, que guardaban su propia llave de la caja fuerte, de tal suerte que se necesitaban su uso simultáneo (tres por lo general) para acceder al dinero allí depositado. Es el caso del Arca de los caudales de la venerable Universidad de Salamanca, con tres claveros y un blindaje a prueba de cualquier bandido.

He querido hacer este pequeño recordatorio histórico para iniciar una entrada dedicada al control interno en la Universidad Pública Española, que por su naturaleza de Administración Pública está sometida a unos especiales procesos de control interno. No han faltado voces pidiendo alterar su régimen jurídico transformándolas en fundaciones. El asunto tiene su enjundia por el distinto rigor de sus controles, como queda patente en esta noticia:

Así, Rafael Termes (director) en el Libro Blanco sobre el Papel del Estado en la Economía.  (1996- pág. 481) sugería reformar las Universidades Públicas (y sus órganos de gobierno: reducirlos en número, potenciar sus órganos de gestión propiamente dichos) y transformarlas en fundaciones, regidas por la legislación laboral, mercantil y civil.

Sin embargo, la Universidad pública española se configuró como una Administración independiente, vinculada a las Comunidades Autónomas, servida mayoritariamente por funcionarios públicos, puesta al servicio de la enseñanza y la investigación y con un marcado carácter burocrático.

En consecuencia, una de las servidumbres de la actual naturaleza jurídico-administrativa de las Universidades es su régimen económico financiero, del que ya hemos hablado en esta bitácora.

Universidad de Cádiz. Foto: El Rector, Diego Sales Márquez (Izquierda) y Luis Barrio Tato (Auditor Interno, que se jubila hoy, como denota su sonrisa contenida.

En Cádiz, este jueves y viernes asistiremos a una reunión sobre Auditoría y control interno, organizada por la FIASEP y la Universidad de Cádiz. Se trata de revisar las principales áreas de riesgo con los funcionarios encargados de Gastos de Personal, Investigación y Desarrollo, Finanzas y Tributos. Tanto interventores como auditores o gestores de las respectivas funciones públicas.

Uno de los aspectos discutidos en el entramado presupuestario de las universidades públicas es la dependencia del órgano de control interno, que ya hemos presentado en la bitácora. Hay una gran mayoría de Universidades que prefiere los sistemas de auditoría interna de influencia anglosajona (ver) frente al sistema tradicional de Intervención con fiscalización previa, aunque sea limitada.

También hemos analizado el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), sobre las Cartas de Servicios en la Junta de Andalucía y del que ya dimos cuenta en la bitácora. Su metodología fue presentada por el Auditor de la CCA, Enrique González Pol (a la derecha en la foto, con Luis Barrio).

Novedades legislativas

La nueva Ley canaria 5/2009 modifica aspectos relevantes de su sistema universitario como el régimen, competencias, composición y funcionamiento de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas Canarias. En ese sentido, la Exposición de Motivos declara como objetivo establecer mecanismos más eficaces para facilitar las tareas de supervisión a los Consejos Sociales de las Universidades Canarias. Para ello, incorpora en la ley la dependencia orgánica y funcional del órgano de control económico interno o de intervención, a los propios Consejos Sociales. Esta medida complementa la ya existente relativa a la propuesta de nombramiento por el Rector de los responsables de estos órganos.

Además, incorpora dos previsiones respecto del personal adscrito a la Intervención o a la unidad responsable de control interno que desempeñará sus funciones con autonomía respecto de los órganos cuya actividad está sujeta a su control. El interventor o el responsable del control interno, además de los informes a emitir en el ejercicio de sus funciones, anualmente elaborará una memoria de su gestión, que será elevada al pleno del Consejo Social para su informe.

Por último, cuando se mantengan discrepancias con reparos planteados por el órgano de fiscalización interna, corresponderá con carácter general al rector resolverlas.

La rectora de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) Imma Tubella en un brillante artículo del diario El País afirmaba:

Ocurre que los jóvenes, acostumbrados a vivir en un entorno digital no aceptan, ni en la universidad ni en su vida en general, la pasividad. Han crecido con Internet y son activos, colaboradores, interactivos y multitarea, y en entornos más maduros, como el norteamericano, abandonan las aulas, pero no los estudios. Buscan y encuentran modos alternativos de acceso al conocimiento organizando sus propias comunidades de aprendizaje.

Y apunta un ejemplo. El astrofísico del MIT, Walter Lewin, tiene en YouTube vídeos de sus clases, con el aula casi vacía, pero que han sido vistos por varios cientos de miles de personas y las emisiones de sus cursos por Internet son seguidas por millones de estudiantes. Por ejemplo, éste:

El comentario me ha hecho recordar El diccionario del Siglo XXI de Jaques Attali que anticipa un futuro de autoeducación y la EDUVERSIÓN, que alimentará una potente industria de contenidos para las grandes marcas universitarias mundiales y donde se impondrá una nueva categoría de maestros: los matriceros (fabricantes de soportes lógicos para cursos) los controladores (que dirigen a los alumnos y reconocen sus esfuerzos mediante un diploma) y los tutores (ayudan, consuelan y atienden).

En fin, que la universidad del futuro tendrá más en común con Hollywood que con la Salamanca cervantina. Sus contenidos impulsarán toda una economía de las distracción y se parecerán al programa Redes.

Dos modelos

En este escenario de incesantes avances en la tecnología de las comunicaciones, comienzan a constituirse lo que podríamos llamar las universidades mundiales on line que presenta dos grandes modelos. Por un lado, la denominada Universidad del Pueblo. Por el otro lado, la propuesta OCW Consortium, que reúne a unos cientos de universidades de todo el mundo, con el prestigioso MIT, que liberan el contenido de sus currículos en todas las carreras profesionales y posgrados de forma gratuita y on line.

En el primer bloque destacan los modelos colaborativos como la P2PU (Universidad Peer to Peer) que está dirigida y gobernada por voluntarios ¿Ha oido usted hablar del emule y las descargas libres? Claro que si. Pues es el mismo fenómeno imparable de la colaboración, sólo que en lugar de música o cine, se comparte con generosidad tiempo y saber. En lugar de alimentar un blog, ofreces educación de alta calidad con muy bajo coste.

Actualmente la P2PU se encuentra en una fase piloto. Programa “cursos” de 6 semanas sobre variados temas universitarios, por supuesto organizados por un voluntario, aportando el plan de estudios, los materiales y un calendario. El aprendizaje se lleva a cabo en pequeños grupos de 8-14 estudiantes, si bien P2PU difumina los límites entre los estudiantes y profesores. El objetivo final es llegar a ser una plataforma donde cualquier persona pueda utilizar P2PU para organizar, diseñar y ofrecer cursos ¿No le recuerda a las plataformas gratuitas usadas para mantener un blog? En España, ya hay quien dobla la apuesta.

Por suerte, cuentan con el apoyo de la Fundación Hewlett y de la Fundación Shuttleworth para cubrir algunos gastos básicos y la Universidad de California en Irvine se ha ofrecido generosamente para incubar y ayudar con el apoyo administrativo y jurídico. Además, Barack Obama ha nombrado como subsecretario de Educación a una defensora de la educación abierta (Martha Kanter)

En definitiva, se trata de nuevas empresas financiadas por capital riesgo que ha apoyado un modelo de negocio que ha surgido con emprendedores, profesores y estudiantes que ofrecen por igual una clase estructurada como un juego de rol y un título universitario por poco dinero. ¿La solución para África? La Universidad tradicional mantiene el monopolio de la certificación de los conocimientos y eso puede valer más que el conocimiento mismo.

Por otra parte, la Universidad del Pueblo acaba de iniciar sus primeras clases con 300 estudiantes de 100 países. Aún debe obtener la acreditación USA, pero planea ofrecer una licenciatura en Administración de Empresas y en Ciencias de la Computación, utilizando los programas abiertos y a profesores voluntarios. El coste de una licenciatura de cuatro años ascenderá a 4.000 dólares. Los estudiantes se reúnen en línea y también con un tutor individual; un facilitador voluntario para cada curso ayuda a que el proceso avance.

El Modelo MIT

En el segundo bloque esta el MIT, que desde el año 2001 permite el acceso libre y gratuito a los materiales de todos sus cursos oficiales. Hoy, tiene publicados 1900 cursos (de grado y posgrado) y sin embargo, licenciarse allí todavía cuesta unos 180.000 dólares. Como un apartamento en España.

Recuerda Enrique Dans que en este tipo de centros se aprende de tu entorno, de tus compañeros de clase, del debate, de la discusión: los materiales no tienen sentido sin este proceso, o incluso directamente no existen. Y eso es precisamente lo que lleva a que alguien supuestamente inteligente y en su sano juicio quiera pagar esas matrículas. Gigaom lo presenta así:

Cada clase comienza con una llamada “en frío” donde todos corren el riesgo de ser invitados a la apertura del caso. Si usted falla en la presentación, su grado sufre de manera significativa y también lo hace su reputación – un gran incentivo para hacer su trabajo cada noche. Presentado el caso, se inicia un debate donde los estudiantes son premiados no sólo por sus inteligentes argumentos, sino por ofrecer opiniones diferentes. Este debate estimula el cerebro de los participantes de una manera que la conferencia, leer o ver un vídeo, simplemente no lo hace. En términos muy generales, esta es una de las cosas que diferencia “estar en el aula” frente a “ver videos en línea” del MIT.

Hemos pasado de la escasez de conocimientos a la abundancia inimaginable, sobre todo de textos en inglés. La utilización por las universidades del régimen de OpenCourseWare supone una herramienta fundamental para distribuir conocimiento y documentación, en una moderna extensión universitaria 2.0. El MIT calcula que sus materiales cuestan una media de 10.000 dólares por curso, que no es poco.

Conclusión

Hay quien entiende, como el profesor David Wiley de la Universidad Brigham Young, que las universidades tradicionales se encuentran en el lado equivocado de la historia, junto con las cadenas de periódicos y las tiendas de discos y concluye: “si las universidades no pueden innovar y adaptarse a estos cambios, serán irrelevantes para el año 2020“. Si para entonces la inmensa mayoría de los materiales están disponibles gratuitamente … ¿Qué le quedará a la Universidad? Aparte de examinar, claro. Hay quien denomina este escenario el imperio de la inercia, o como recordaba el catedrático leonés Enrique López: «porque a cualquiera que tiene, le será dado, y tendrá más; pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado» citando el versículo 13, capítulo 19, del Evangelio según San Mateo.

Una versión de esta entrada fue publicada en el diario La Nueva España.

El titular del diario Cinco Días nos recuerda que el 78% de las grandes empresas españolas cuenta con un comité de auditoría y una dirección de auditoría interna. Además, el tamaño de estos departamentos ha crecido de forma importante en los cuatro últimos años.

Estas conclusiones se obtienen del III Estudio sobre la Situación de la Auditoría Interna en España realizado por KPMG y el Instituto de Auditores Internos para analizar diversos aspectos de esa profesión en nuestras organizaciones.  En la realización de este estudio se confeccionó un cuestionario que fue cumplimentado por 121 directivos de organizaciones de todos los sectores de actividad y de diferentes tamaños, que permitió estudiar la evolución de la Auditoría Interna con respecto a ediciones anteriores (2001 y 2004), así como anticipar las tendencias previsibles de acuerdo con las necesidades de las organizaciones y la legislación.

En las sociedades cotizadas, para cumplir con la Ley Financiera, todas disponen de un Comité de Auditoría y un 94% con auditor interno. Muchas de las no cotizadas cuentan también con ambos departamentos. La recomendación 47 del Código Unificado anima a que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión del comité de auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno. Ya hemos hablado aquí del creciente papel de estos Comités en las Sociedades de interés Público, en la reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Crecimiento espectacular

Entre 2004 y 2008 el tamaño de las direcciones de auditoría interna ha crecido en un 65%, pasando de 17 a 28 auditores de media. Este dato sin embargo, varía de forma significativa en función del tamaño de las organizaciones – siendo de 60 auditores para más de 4000 empleados y de 14 en las de menos de 1000-. También ha crecido más del 36% el ratio de auditores internos sobre el número total de empleados -pasa del 0,22% al 0,30%-.

Entre los resultados del informe destaca que la gran mayoría de las direcciones de auditoría interna dependen jerárquica y funcionalmente de los órganos de gobierno o los máximos ejecutivos. Pero los autores del informe señalan que “resulta llamativo” que esto aún no sea una realidad en el 18% de las participantes en el estudio o que no dependa funcionalmente del comité de auditoría en el 22% de las empresas cotizadas en España.

El informe también refleja que la comunicación del auditor interno resulta ser bastante fluida con los órganos de los que depende. La gran mayoría de los departamentos de auditoría se reúne con sus superiores jerárquicos una media superior a las cinco veces al año. Sin embargo, sólo un 39% de los departamentos tenían implantado un programa de garantía de calidad.

La celebración en la Universidad de Cádiz, durante el 1 y 2 de octubre próximo, de las Jornadas sobre Aspectos actuales de la Auditoría Interna en el sector público, nos permitirá  debatir y, sobre todo, homenajear a Luis Barrio Tato (ver foto adjunta) que durante estas dos décadas fue director del área de auditoría interna de la Universidad de Cádiz. Luis se jubila y quiere hacerlo impulsando este seminario, donde abordaremos un enfoque integrador de la función de Auditoria Interna, desde la perspectiva del Informe COSO, y de los sistemas de gestión de calidad, el modelo EFQM, las cartas de servicios, etc.

Esto supone una visión moderna de la función de auditoría interna, que ya hemos avanzado en otra ocasión. El siguiente cuadro resume muy bien la evolución producida durante las últimas décadas:

Esta función, que siempre ha defendido y divulgado Luis Barrio, supone la consideración del Auditor Interno del sector público no como un “perro guardián” sino como consejero independiente, inmerso en una cultura de mejora continua, que debe perfeccionar sus procesos a través del benchmarking y de revisiones entre colegas, aspirando a que sus procesos estén de acuerdo con la mejor práctica.

Este esquema de trabajo debe emplear una orientación hacia las necesidades del cliente y realizar periódicamente una encuesta formal entre los “usuarios” del departamento. Como puede observarse, se trata de una evolución del modelo Interventor, y corresponde al selecto club de las organizaciones maduras y con un elevado ambiente ético.

Quizás por esto, Luis Barrio ha defendido para la Administración Pública un modelo de informe sobre control interno con un contenido similar al de las sociedades cotizadas, centrado en la estructura de la administración de la entidad, el control de riesgos y el gobierno corporativo, como puede verse en este artículo de Auditoría Pública nº 46. Asimismo, ha trabajado durante los últimos años en una innovadora linea de investigación: los aspectos psicológicos de la auditoría. Ver, por ejemplo, El factor emocional en auditoría en Auditoría Pública nº 44.

A finales de la década pasada, muchos gestores públicos recibían, cerca de las navidades, algunos generosos sobresaltos desde el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) cuya llamada telefónica venía a decirnos “si tenéis infraestructuras cuyos proyectos podáis comprometer antes de fin de año, tenéis a vuestra disposición este chorro de millones. Pero quiero un fax de confirmación inmediatamente …”.

Pudiera parecer que nadie eludiría ese reto, pero no es así. Se trataba de un regalo envenenado, sólo ofrecido a los más virtuosos administradores, que tiene su origen en alguna Entidad retrasada o incapaz de tramitar esas subvenciones. Entonces las llamadas autoridades de gestión prefieren, antes de perder un euro: primero que quede en otro proyecto del territorio de la correspondiente Comunidad Autónoma y, si esto es imposible, en otra Institución española.

Comenzaba entonces una carrera de obstáculos, ingenio y atajos de alto riesgo e inspiración.

Si el lector no está iniciado en estas peripecias pensará que esto es una exageración o que estamos en manos de aficionados. Es verdad en ambos casos.

Otros recordarán que se negaron a estos trapicheos porque el riesgo suele ser excesivo o por imposibilidad de encontrar el mísero 20% de cofinanciación. Además, dentro de un par de años, una auditoría propondrá el reintegro de la subvención por omitir algún trámite esencial, pero nadie recordará que se preparó el asunto en horas, con espíritu patrio.

La realidad es que bastantes gerentes estudiaban bien pros y contras o la calidad del proyecto a enviar. Se rebuscaba en el fondo de armario administrativo. Por ejemplo: adquirir un gran equipo científico, de fabricación exclusiva en EEUU, que permitía eludir la licitación. ¿Se necesitaba? Ah! Las necesidades públicas son infinitas.

Fondos europeos pendientes

Los tres principales instrumentos financieros de la política de cohesión de la UE son el FEDER, el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión.

España es el segundo perceptor de Fondos de Cohesión de toda la Unión Europea, sólo superado por Polonia. En el actual marco presupuestario, denominado Perspectivas Financieras, que abarca de 2007 a 2013, España recibirá 35.200 millones de las arcas comunitarias. Durante el ejercicio 2007, el primer ejercicio de ese marco presupuestario, la Comisión Europea asignó a España 6.300 millones de euros.

Según el portavoz de Política Regional de la Comisión, Dennis Abbott, a principios del 2009, Bruselas había realizado «una estimación» del dinero del 2007 pendiente de liquidar, que evaluó entre los 800 y los 1.000 millones de euros, de acuerdo con los datos proporcionados por las CCAA y por el Gobierno de España, que disponen hasta finales de este año para presentar los proyectos susceptibles de recibir esa financiación, pero teme que el plazo expire, por lo que ha pedido, infructuosamente, una prórroga.

En Bruselas advierten de que la Comisión no puede autorizar los pagos si los informes no demuestran que se han cumplido todos los requisitos legales. «Es una cuestión técnica, no política», recuerda Abbott a la Voz de Galicia, y alerta de que el Tribunal de Cuentas puede propiciar la devolución de cualquier cantidad que no haya sido gestionada según establecen las normas y directrices europeas. Precisamente, en su último informe de fiscalización sobre la ejecución del presupuesto comunitario, el Tribunal de Cuentas calificó de «ineficaces» varios de los mecanismos de control de los fondos de I+D.

La comisaria de Política Regional, Danuta Hubner, estaba promoviendo (pasó a ser eurodiputada) una simplificación de los procedimientos que, sin embargo no afectarán a los fondos en liza, como recordaba La Vanguardia:

Los retrasos en la ejecución de las ayudas se deben a que España no ha dado suficientes garantías a Bruselas de que las administraciones implicadas en los proyectos tienen sistemas de control financiero adecuados para asegurar que no hay irregularidades en el uso de los fondos, un aspecto en el que la normativa comunitaria se ha endurecido.

Aunque desde esa Comisaría se destaca que “España ha sido siempre un ejemplo para el resto de países en cuanto a la presentación de proyectos para recibir la cofinanciación comunitaria últimamente el ritmo de presentación de las solicitudes, entre las que figuran algunos de envergadura, ha bajado considerablemente”.

Imagino cuantos correos se estarán a cruzando ya (buscando proyectos desesperadamente) y cuantos regalos envenenados se estarán fraguando para sustituir a toda velocidad (más madera) aquellos que por diversas causas, Bruselas ya ha dicho que no serán financiables.

Galicia

El Cosello de Contas de Galicia acaba de hacer público el informe sobre los fondos europeos-2006 que pone de manifiesto su escasa ejecución. La prensa destaca las críticas hacia los sistemas de control aplicados por diferentes departamentos encargados de la ejecución de las ayudas.

Los propios controles de la Xunta muestran incidencias en la ejecución de los proyectos que dan lugar a rectificaciones en el 12,2% de los casos para los fondos Feder; del 5,8% si se trata del Feoga; del 28,8% al revisar el Fondo Social Europeo; y del 6,2% para los Fondos de Cohesión. En los fondos Feder, el Consello señala que las irregularidades detectadas, un total de diez casos, suponen más del 12% del importe de los proyectos revisados. En el Feoga fueron quince los supuestos de irregularidad, casi el 6% del total, mientras que los informes de verificación del Fondo de Cohesión se destaparon once casos, el 6,2%.

Hoy se clausura en la localidad de La Seo d`Urgell, el Curso de Verano organizado por la Universidad de Lleida, con el título “El PDI laboral de las Universidades Públicas: aspectos legales y negociación colectiva”, 20 a 22 de julio, con la coordinación de la profesora Ana Romero.

El Curso que se encuadra en el Proyecto I+D “El personal laboral de las universidades españolas: condiciones de empleo y trabajo del PDI”, gestionado por los profesores Ana M. Romero y Josep Moreno, de la Universidad de Lleida, y Ana Rosa Argüelles y Luis Fernández, de la Universidad de Oviedo. Una magnífica ocasión para que nuestra amiga Ana Caro nos presente algunas reflexiones sobre este nuevo colectivo de empleados públicos.

La proclamación del principio de laboralidad del PDI de las Universidades públicas, instaurado por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) y consolidado por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de modificación de la LOU (LOMLOU), ha conllevado que el análisis del régimen jurídico de aplicación a este nuevo colectivo haya generado varios foros de debate: Jaén, año 2003, Burgos, año 2004, Jaca, año 2006 y en estos días de verano, La Seo d`Urgell. Este programa está disponible en la Web de AEDUN, www.aedun.es y en la Web dedicada al personal docente e investigador laboral, www.pdilaboral.es

En concreto, en esta ocasión se ha pretendido aproximación al marco legal de la negociación colectiva del PDI laboral de las Universidades Públicas, siendo abordarlo, como es lógico, desde la toma en consideración de las peculiaridades de la configuración y el ejercicio de este derecho de autotutela, la negociación colectiva, como mecanismo de autonormación. Mecanismo que se ha visto influenciado por el cómo de la generación de este nuevo colectivo y de la conformando de su régimen jurídico, enmarcado todo ello en los hechos concretos que se han sucedido para consolidarlo, esto es, cómo la apuesta del legislador se ha constituido en una realidad.

Entre otras cuestiones, durante los días 20 a 22 de julio, los extremos jurídicos sobre los que se reflexionó abarcarán distintos aspectos de carácter práctico. En concreto, los debates giraron en torno a : El presente y futuro del personal docente e investigador laboral (Juan Manuel del Valle), el marco legal de la negociación colectiva de este profesorado en régimen laboral (Ana Caro), la clasificación profesional y la carrera académica (Josep Moreno), la organización de la actividad docente e investigadora y el contenido de la prestación (Luis Fernández), la conciliación de la vida personal y laboral del PDI laboral y su reflejo en los Convenios Colectivos (Ana Rosa Argüelles), protección de la salud laboral (Miguel Ángel Purcalla) y las condiciones económicas (Ana M. Romero), sin olvidar la valoración de la realidad negociadora a través del ejemplo práctico de las Universidades Catalanas (Sergi Fillet y Joan R. Rosell) y la determinación de posibles caminos para el futuro negociador (Carolina Martínez).

Fruto de estas jornadas de reflexión la Universidad de Lleida publicará las Actas, cuyo texto previo ya ha supuesto una edición de más de doscientas páginas, instrumento que ha de servir, como guía, a los gestores públicos, a los interlocutores sociales y los propios miembros del colectivo del PDI laboral.

Como ejemplo, podemos referir que uno de los primeros extremos que ha quedado expuesto en la sesión de inicio es la evidencia de que el PDI laboral vino a poner el contrapunto al hasta ahora único colectivo de empleados públicos del ámbito de la docencia e investigación universitarias: el PDI funcionario; colectivo constituido por los Cuerpos Docentes Nacionales. Pudiendo afirmar que ha aportado al mundo universitario de la docencia y la investigación, esa visión de dicotomía que pervive, desde hace años, en el resto de Administraciones Públicas, -incluida la propia Administración Universitaria- entre empleados públicos bajo regímenes diferenciados, el administrativo y el laboral.

Pero es obvio que si muchos son los aspectos abordables en relación a la conformación y efectos del régimen jurídico del PDI laboral, en este análisis veraniego se centraron en uno de los principales efectos de la laboralización del PDI en la gestión de los intereses profesionales, cual es el paso de la gestión unilateral a la gestión colectiva, barajando la influencia de las singularidades de este colectivo de docentes e investigadores y las particularidades del propio centro de trabajo donde se desarrolla su labor: las Universidades Públicas. Estos elementos, conexionados, han dado lugar a ciertas singularidades en cuanto al hecho mismo del ejercicio del derecho a la negociación colectiva, que a lo largo de este Curso de Verano pudieron deducirse convenientemente.

En la fotografía, que refleja la sesión iniciaria del Curso, aparecen, de izquierda a derecha: la Coordinadora del Curso, Ana Romero, y los Ponentes, Juan Manuel del Valle y Ana Caro.

Algunas Administraciones Públicas han comenzado a aplicar los modernos criterios de calidad en la gestión. En la práctica, esto significa para los servicios públicos, entre otras cosas, normalizar y describir procedimientos administrativos y responsabilidades,

En principio, exige contar con Cartas de Servicios, donde los distintos órganos y unidades de la Administración informan a los ciudadanos sobre las condiciones en que se prestan los distintos servicios, los derechos del ciudadano y los compromisos de calidad adquiridos en relación con su prestación.

La importancia del asunto en la moderna rendición de cuentas hizo que en el III Forum Brasil-España de Derecho Administrativo, los Tribunales de Cuentas brasileños dedicasen un apartado al estudio del control de la calidad en los servicios públicos en ambos países. Presentamos un buen ejemplo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.Cartas de Servicios

Las Cartas de Servicios fueron inauguradas, en el Estado por el Real Decreto 1259/1999, para que los ciudadanos conocieran los servicios que prestan las organizaciones públicas y la calidad que tenían derecho a percibir. Suponen un cambio de cultura organizativa en la Administración, para conseguir la simplificación de procedimientos y la agilización de trámites.

Desde una perspectiva estratégica, son una nueva forma de conocer la prestación de los servicios públicos, con una redacción clara, breve y sencilla, y en unos términos que resulten fácilmente inteligibles para el ciudadano que pueden exigir que éstos se ofrezcan adaptados a sus necesidades y expectativas. Si quereis ver mi ejemplo favorito, es éste.

Fiscalización de las cartas de servicios en Andalucía

La Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de hacer público un informe de titulado fiscalización de las Cartas de Servicios ofrecidas por la Administración de la Junta de Andalucía. El documento analiza las 263 Cartas publicadas, de las que 214 corresponden a unidades de la Junta de Andalucía y 49 a las universidades andaluzas, que también han adoptado esta metodología.

La Junta de Andalucía realiza el seguimiento de las Cartas de acuerdo con la versión para el Sector Público del modelo EFQM, comprobando los niveles de calidad establecidos en ellas y estableciendo planes de mejora en los casos que sea necesario.

El examen efectuado consistió en corroborar que la Carta de Servicios se basaba en los siguientes elementos:

- una definición de compromisos que puedan cuantificarse

- un despliegue de un cuadro de mando de indicadores

- la aplicación de una herramienta de seguimiento

- una planificación e implantación de actividades de mejora

- la identificación de procesos y servicios

- la identificación de estándares de servicios

- la identificación del grado de cumplimiento de los compromisos

- la medición sistemática de las necesidades de los ciudadanos

- la medición del grado de satisfacción de los usuarios.

Principales conclusiones

La elaboración de una Carta de Servicios requiere un estudio previo suficientemente profundo en el que se identifiquen los procesos estratégicos y el análisis y mejora de tales procesos. El informe evidencia una urgente elaboración de las Cartas que carecen de dicho examen.

El número de compromisos e indicadores que figuran en las Cartas es, en muchos casos, superior a los que pueden y deben ser asumidos por la correspondiente unidad administrativa, por lo que su incumplimiento desvirtúa los resultados de la gestión de tales unidades.

Para la Cámara andaluza, no todos los indicadores que figuran en las Cartas de Servicios se refieren a la calidad de dichos servicios y muchos de ellos son indicadores de actividad.

La asunción de una Carta de Servicios y, en general, la política de mejora de los servicios públicos, requiere la adecuada formación del personal que los gestiona. En las Delegaciones Provinciales se evidencian las carencias de formación sobre políticas de calidad y específicamente sobre las Cartas de Servicios.

El conocimiento exacto de la calidad de los servicios prestados y la mejora de los mismos, requiere la fijación de unos estándares de calidad para conocer la situación de hecho y los objetivos que se pretenden; por ello la fijación de indicadores sin el acompañamiento de sus adecuados estándares, sustraen utilidad a tales indicadores o los invalidan. En concreto se  recomienda que cada uno de los indicadores que figuran en las Cartas de Servicios, lo hagan acompañados de su correspondiente estándar de calidad.

La monitorización de los indicadores resulta imprescindible para objetivar los resultados de la gestión y evitar sesgos en la evaluación de la calidad. En este sentido, la Cámara de Cuentas de Andalucía recomienda una mayor y mejor dotación de equipos informáticos y software para todos aquellos procesos de los que se deriven indicadores de calidad.

]]> http://fiscalizacion.es/2009/07/06/calidad-de-los-servicios/feed/ 0 http://fiscalizacion.es/2009/06/16/eficacia-y-eficiencia-en-la-universidad/ http://fiscalizacion.es/2009/06/16/eficacia-y-eficiencia-en-la-universidad/#comments Tue, 16 Jun 2009 16:20:38 +0000 antonio-arias http://www.fiscalizacion.es/?p=3869

Los grupos mayoritarios del Parlamento navarro han solicitado a la Cámara de Comptos la realización de un informe realmente complejo. Se trata de una auditoría operativa sobre el funcionamiento de la Institución Universitaria. El encargo busca rendir cuentas a la sociedad navarra sobre la “idoneidad de la gestión efectuada” desde el ejercicio 2000 hasta la actualidad, así como servir de “punto de partida para futuros cambios en la financiación por el Gobierno de Navarra o para la aplicación  del Espacio Europeo de Educación Superior”.

Para ello deberá analizar el modelo de financiación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), comparándolo con otras universidades españolas y extranjeras, y su sistema de gobierno. Para ello, tendrá que informar sobre la posición de la UPNA en todos los estudios de rankings de universidades publicados y realizar una encuesta sobre la satisfacción del mercado laboral con la formación y la investigación de la UPNA.

El estudio solicitado intentará “valorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos por parte de la UPNA” y se compondrá de los siguientes apartados:

análisis del modelo de gestión económica del centro académico; análisis de los costes de las titulaciones en el curso 2008-2009; análisis de los gastos en 2008 de los grupos de investigación, el equipamiento docente de los departamentos, el gasto corriente de las unidades funcionales de gasto no afectas, el equipamiento informático, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios (se controlará las retribuciones, indemnizaciones y horas de actividad de ambos sectores, y se les comparará con el PDI y el PAS de otras universidades) y transferencia de conocimiento; y un análisis de evolución de los indicadores de asignación de recursos a departamentos y centros de 2002 a 2008, la oferta y demanda de titulaciones y matriculación de las mismas entre los cursos 2001-2002 y 2008-2009, y los gastos por capítulos económicos y su financiación de los años 2000 a 2008.

Un informe muy ambicioso.

Rafael Puyol, que fue Rector de la Universidad Complutense entre 1995 y 2004, presentaba (diario ABC, 28 de abril de 2001) las tribulaciones de los equipos rectorales y su limitado margen de maniobra, en una organización descrita de la siguiente manera:

“Una estructura de toma de decisiones que es orgánicamente confusa y técnicamente ineficiente. Esa estructura hace inviable el rigor en la selección del profesorado, convierte en retórica bien intencionada la planificación estratégica, obliga a sacrificar lo importante por lo urgente, diluye las responsabilidades y consume más energías de las razonables”.

El Informe Bricall, en esos mismo años, realizaba un diagnóstico poco favorable de la organización universitaria, donde “prima sobre todo el debate y falta el rigor, la eficacia y la adecuada definición de órganos y funciones“.

Nuestra Universidad Pública está organizada en torno al concepto de Administración Pública y, como tal, con potestades y privilegios, pero también con enormes condicionantes, como la transparencia, la objetividad, la imparcialidad, el sometimiento a los intereses generales, al procedimiento administrativo, al derecho presupuestario o al control judicial de su actuación y de los fines que la justifican.

Pudo haberse optado por caracterizar las universidades como sociedades públicas o fundaciones, según la legislación laboral, mercantil y civil, pero no se hizo. Por el contrario, se configuró como una Administración independiente, vinculada a las Comunidades Autónomas, servida mayoritariamente por funcionarios públicos, puesta al servicio de la enseñanza y la investigación y con un marcado carácter burocrático, es verdad, lo que hace muy difícil promover la responsabilidad personal, la toma de decisiones y en definitiva con enormes dificultades para la gestión del cambio.

Cuando los Órganos de Control Externo se acercan a la Universidad Pública el aspecto que más extrañeza les produce es esa intrincada organización, con un modelo de gestión participativo “que se convierte en cuasi asambleario, por la gran cantidad de órganos de dirección y por el escaso margen de maniobra”, afirmaba la propia Cámara de Comptos en la década pasada, en que llegó a concluir:

“A nuestro entender, el marco que regula la institución no es el más adecuado para efectuar una moderna gestión de la actividad universitaria que tenga como guía los principios de eficacia, eficiencia y economía“. (Informe de Fiscalización sobre las Cuentas Generales de Navarra del ejercicio 1996. Apartado 3.3.4.1.BOPN de 20.2.98)

Otra de las experiencias de la Cámara de Comptos, también por encargo de su Parlamento, fue la denominada Auditoría Docente Externa de la UPNA, de su personal universitario y recursos. El informe (BOPN de 15-1-1998) y se pronunciaba sobre criterios de plantillas y sus departamentos (estructura, alumnos por profesor, grupo y asignatura, dedicación docente, etc.), costes y ratios (profesor/alumno por titulación, departamento y sus costes), equipamiento (gastos por áreas, aprovechamiento de infraestructuras) y previsiones de desarrollo y nuevas titulaciones (costes de implantación). En el apartado de profesorado (cumplimiento de la dedicación, incompatibilidades) decía esto, en una época donde todavía seguía creciendo el alumnado:

“La carga media general se sitúa cercana al máximo, si bien hay diferencias notorias entre los departamentos. Existe un primer bloque de departamentos en los que incluso la carga docente supera la capacidad (…) Hay un segundo bloque cercano al máximo y un tercero en el que la carga se sitúa por debajo del 80% de la capacidad docente…” (apartado VII.II.D).

En fin, que el más veterano Órgano de Control Externo de nuestro país tiene ante si un nuevo reto, que no dudo acometerá con el rigor y la independencia que le caracteriza. Por lo pronto, la decisión parlamentaria ha generado gran recelo entre los universitarios, como podéis ver en el magnífico blog de Joaquín Sevilla, cuya entrada os avanzo que se titula: Requiem por la autonomía universitaria“. Estaremos atentos.

La Sindicatura de Comptes de Catalunya acaba de publicar el informe agregado sobre las Universidades catalanas correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007 y el curso académico 2006-2007.

Se trata de un trabajo de obtención de indicadores que permitan evaluar la situación del sistema universitario de Cataluña y presentar ciertas comparaciones entre sus integrantes.

Reconoce la Sindicatura que los valores obtenidos de cada universidad adolecen de falta de uniformidad, por las grandes diferencias entre los modelos organizativos, contables y de gestión de las Instituciones respectivas. Así, la ausencia de criterios comunes de contabilización para los grupos consolidados del holding universitario o de contabilidad analítica, plantea grandes dificultades de comparación.

Permitidme que seleccione los siguientes indicadores para la reflexión:

Indicadores académicos más relevantes

Número de alumnos a tiempo completo por profesor: 9.55

Número de alumnas de nuevo ingreso: el 55,14% del total

Tasa de rendimiento (créditos superados/matriculados): 69%

Tasa de éxito (créditos superados/presentados): 85%

Titulados en relación con el nuevo ingreso 51,14%. Sin embargo, se graduaron en 2006- 2007 el 44% de los que se matricularon en 2001-2002.

Indicadores financieros más relevantes

Los gastos de personal representan el 59,4% del total del presupuesto universitario. Crecen a un ritmo del 12,51% en 2006 y del 11,27% en 2007.

Las tres universidades grandes (UB, UAB y UPC) tenían remanentes genéricos negativos, por un importe global de 176 millones de euros.

El coste medio corriente por alumno equivalente es de 8.311€, de los cuales el precio sufragado por la matricula sólo financia un 15,78%.

El coste medio de obtener un licenciado es de 31.491€

Algunas reflexiones

En muchos casos, las universidades son la mayor empresa de la ciudad o de la Comunidad, tanto por el número de empleados o de clientes como por la cuantía de su patrimonio o presupuesto anual. Esta dimensión se encara con una estructura organizativa desmotivada y poco profesionalizada en su nivel ejecutivo.

Los Órganos de Control Externo han llamado la atención sobre determinados aspectos de nuestra gestión, como las debilidades del control interno, la excesiva descentralización y desconcentración, las cuantiosas inversiones sin estrategia de futuro, la complejidad de la gestión.

La Universidad está en un período crítico en el que los cambios en las políticas públicas en el marco de la enorme crisis por la que atravesamos, unido al ritmo de los avances tecnológicos y científicos, están alterando de una forma acusada el entorno. El descenso de la natalidad y la pugna por obtener financiación adicional requerirá nuevas respuestas organizativas y financieras por parte de las universidades.

Existe una estrecha relación entre calidad y gasto universitario. Las mejores instituciones son las que tienen mayores presupuestos por alumno; esto está claro. Sus indicadores de gestión son comparados con periodicidad y son objeto de multitud de análisis, gracias al Informe del Observatorio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas que dirige Juan Hernández Armenteros.

En la enseñanza universitaria, concluyó en los años 90 el primer proceso de reforma de los planes de estudio que, en opinión mayoritaria, fueron elaborados sin estudios previos, para “consumo interno”, sin reducir su carga docente, ni tampoco las necesidades financieras que conllevan. La actual reforma para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior es, ante todo, una oportunidad de innovación y de búsqueda de la excelencia. Por desgracias, la crisis afectará negativamente a su implantación.

Lo que era insólito hace unos años no lo es ahora: los equipos rectorales y los gobiernos empiezan a inquietarse ante las altas tasas de retraso y abandono de los estudiantes que producen fugas hacia otras universidades o CCAA. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada cifra en 3.300 millones de euros la factura anual del fracaso en la universidad española.

Por último, una consecuencia del mercado es el habitual menosprecio que la clase política dirigente siente hacia la intelectualidad académica o el relativo abandono de las humanidades que, como alerta Ignacio Ramonet “amenaza con la desaparición de todo lo que es un aspecto del saber que no tiene valor mecánico porque no tienen valor práctico en el mercado de trabajo”. Se generaliza la iniciativa de los profesores de algunas Facultades y Escuelas, que rivalizan en sus visitas periódicas a los bachilleres, presentándoles las excelencias de su titulación.

Ana Caro Muñoz es letrada de  la Universidad de Burgos. Incansable emprendedora, como demuestra su impulso en la secretaria de la Asociación para el estudio del derecho universitario (AEDUN) cuyo último éxito fue la celebración en Baeza del X Curso de Régimen jurídico de las Universidades.

Brillante conferenciante y articulista habitual en los medios profesionales, hace unos meses se incorporó a la Vicesecretaría general de la UAM. Hoy será nombrada Directora General de Estudios y Régimen Jurídico de la Consejería de Educación del nuevo Gobierno vasco.

Ana es un a AMOR (Altamente Motivada, Optimista y Rigurosa) así que es un gran fichaje.

Ver entrevista en el Diario de Burgos

Ayer se inauguró en la Universidad Internacional de Andalucía (sede Baeza) el X Curso sobre Régimen Jurídico de las Universidades. Han pasado 18 años desde la celebración de primera edición en la Universidad de Oviedo y con la mayoría de edad, se ha constituido la Asociación para el Estudio del Derecho Universitario (AEDUN) que se encarga de mantener viva esta red profesional, mayoritariamente vinculada a los asesores jurídicos de las Universidades.

No he faltado a ninguna de las diez citas bienales. Este año he tenido el honor de presentar a Olayo Eduardo González Soler, Fiscal-Jefe del Tribunal de Cuentas de España (en la foto, cortesía de Ana Caro) , que realizó una brillante exposición de los problemas que plantea la exigencia de responsabilidad contable, con especial referencia a las Universidades Públicas.

La reunión constituye una magnífica ocasión para pasar revista a los principales aspectos de la gestión universitaria, presentados por relevantes académicos y profesionales del mundo jurídico. En total 107 letrados de Universidades pertenecientes a todo el territorio español se inscribieron en Baeza. La clausura (mañana) correrá a cargo del Magistrado José Ramón Chaves, impulsor del popular blog contencioso.es.

Informes

Esta semana ha sido pródiga en noticias económicas de las Universidades. Algunas ponen de relieve la particular situación de “Asfixia financiera” de alguna Institución. En Cataluña, el informe agregado del sistema universitario elaborado por la Sindicatura y correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007, considera que han de ser objeto de una atención especial los gastos de personal, recomendando que se elabore un estudio sobre las funciones que realiza el personal docente y se redacte una relación de los puestos de trabajo de todo el personal.

Además, pide que se estudie el coste económico que tiene para el sistema universitario público catalán y para la sociedad catalana el elevado porcentaje de alumnos que abandonan los estudios universitarios, así como “el significativo” porcentaje que acaban las carreras en un tiempo superior al previsto.

En este sentido, la prensa recoge con gran despliegue la presentación del Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre la contribución de las Universidades al desarrollo. En esta edición se ha vuelto a juntar a las mejores plumas del sistema universitario para realizar un diagnóstico y evaluar las tendencias. Destaca el capítulo dedicado a los rankings universitarios, que comienzan a poner de relieve algunas diferencias en un sistema bastante homogéneo.

El suplemento Campus del diario El Mundo resume el enorme tomo presentado anteayer con el siguiente titular: “La Universidad necesita flexibilizar su gestión para agilizar la toma de decisiones y rendir cuentas“.

También conocimos estos días la aparición del último número de la Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC) Publicación electrónica impulsada por la Cátedra Unesco de Universitat Oberta de Catalunya y dedicada en esta ocasión a “Internet, redes sociales y educación”.

Terminaremos la jornada con una presentación extensa de la Estrategia 2015 del Ministerio de Ciencia, a cargo del Secretario de Estado de Universidades, Màrius Rubiralta.

El Presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja recordaba, en un reciente artículo del diario Expansión, que estos órganos fueron creados hace 25 años generando grandes expectativas, por ayudar al equilibrio institucional por su reclutamiento mayoritariamente externo.

Responsabilidades económicas del órgano

Uno de los últimos actos a que asistí como Secretario del Consejo Social de la Universidad de Oviedo fue la constitución de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas españoles (ver portal) que permite la consolidación, el apoyo mutuo e intercambio de experiencias, para el eficaz ejercicio de sus relevantes funciones.

Entre sus principales responsabilidades se incluye la promoción de la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, y las relaciones entre ésta y su entorno. También la aprobación del presupuesto y las Cuentan Anuales, así como la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad, y del rendimiento de sus servicios. De estas últimas competencias hablaremos hoy.

Control interno y Consejos Sociales

De acuerdo a las normas que rigen la profesión de auditoría interna, la independencia se logra cuando los auditores pueden realizar su trabajo objetivamente, de forma que consigan emitir juicios imparciales, equilibrados y libres de interferencias. Entre las diferentes presunciones que definen este principio básico, no cabe duda que el nivel jerárquico dentro de la organización ocupa un papel esencial, así lo prevé el Instituto de Auditores Internos de España, en sus normas profesionales:

El director ejecutivo de auditoría debe responder ante un nivel jerárquico tal dentro de la organización que permita a la actividad de auditoría interna cumplir con sus responsabilidades.

La aplicación del principio de independencia a las universidades públicas españolas anima un controvertido tema pues existen diversos órganos colegiados y unipersonales con competencias cruzadas y concebidas en virtud de las premisas del modelo colegial. En todo caso, el departamento de auditoría interna ha de depender de un nivel con suficiente autoridad que posibilite el desarrollo eficaz de sus funciones, es decir, que no coarte el alcance de la auditoría, logre una adecuada objetividad en la formulación de sugerencias y permita impulsar la implantación de las recomendaciones surgidas en el proceso de auditoría.

Si entendemos la función del órgano de control interno como una actividad de revisión y consulta de la dirección (enfoque moderno de Auditoría Interna) que busca la mejora continua, puede justificarse que se sitúe orgánicamente dependiendo del Rector, especialmente si tenemos en cuenta que éste asume la máxima responsabilidad del proceso de control interno. Se argumentará que esta opción formaliza un modelo testimonial o decorativo, pues el Rector es quien resuelve los reparos y puede influir sobre el titular del órgano. Ahora bien, reconoce Dorta Velázquez que tal apreciación surge al concebir la auditoría interna como un poder negador cuya actividad básica es vigilar la actividad del Rector y no como una función de asesoramiento que apoya las funciones de éste.

Que el Rector se involucre en los problemas diarios de la Intervención supone un importante refuerzo de su posición, especialmente si tenemos en cuenta que el Rector es quien asume las máximas responsabilidades por su consideración de cuentadante. Los problemas surgirán con el Gerente o el resto de los miembros del equipo rectoral, si no aceptan esta privilegiada posición del funcionario de Intervención.

Por otra parte, la actuación del órgano de control bajo la dependencia del Consejo Social permite que éste realice su trabajo con total independencia del Rector, pudiendo expresar opiniones imparciales sobre la gestión desplegada por este órgano unipersonal. En este sentido, se manifestaba Chaves García hace muchos años, al indicar que la revitalización del control, como correlato necesario de unos poderes públicos que deben guiarse por la legalidad y eficiencia en la gestión de los intereses generales, se logra cuando se vincula de algún modo el control interno al Consejo Social, pues éste ostenta la condición de órgano de supervisión económica de la Universidad.

Hace trece años escribía mi primer artículo profesional, donde entre otras áridas reflexiones concluía que “la realidad de la Universidad española demuestra que pocas veces los consejos sociales quieren implicarse en esta importante función, convirtiendo las previsiones [estatutarias] en meras declaraciones de intenciones”. He de reconocer que ya he visto suficientes Consejos Sociales ejercer sus competencias con responsabilidad, como para rectificar mi escéptica posición.

Una alternativa utilizada por otras universidades es posicionar al órgano de control interno bajo la dependencia del Gerente, admitiendo su interés por extender los controles para proteger la responsabilidad que asume en la gestión económica y administrativa de la Universidad. Sin embargo, su destacado papel en el proceso presupuestario, las posibles discrepancias en la compleja gestión financiera universitaria y los posibles conflictos de intereses pueden constituir una seria  limitación de esta opción, pues la actividad de control genera conflictos, especialmente con los órganos de gobierno (Equipo Rectoral) o restantes gestores universitarios.

La mayoría de las Leyes autonómicas universitarias no ha querido innovar demasiado en la tarea ni en la vinculación de la Intervención con la supervisión por el Consejo Social, como hizo la Ley del Consejo Social del Principado de Asturias. Algunos Órganos de Control Externo se manifiestan partidarios de esta dependencia; dada la actual estructura organizativa de la Universidad, entienden que el encuadramiento de la unidad de control interno no puede ser otro que su adscripción al Consejo Social.

Ya hemos comentado en esta bitácora el informe horizontal sobre la Universidad pública española que aprobó el Tribunal de Cuentas de España hace justamente un año, donde podemos encontrar (pág. 58) la siguiente mesurada recomendación:

Las Unidades de Control Interno deberían mantener algún tipo de nexo con los Consejos Sociales; órgno que goza del nivel jerárquico suficiente para permitir que surtan efecto las observaciones y reparos y ello contribuya el cumplimiento eficaz de sus funciones.

En definitiva, en un escenario de pretendida estabilidad presupuestaria, se intenta utilizar estos mecanismos formales para evitar titulares como este:

Un chiste universitario que escuché a principios de esta década en Salamanca contaba que el entonces Papa Juan Pablo II había decidido jubilarse para dar ejemplo a los curas. Tras pilotar su inédita sucesión y dejar a buen recaudo el Vaticano, se puso en contacto con la Pontificia Universidad para tantear si había alguna plaza libre, que aprovechara su magisterio. Y llamó al Rector, al que recordó su pasada infalibilidad y la sabiduría sobre las asignaturas eclesiásticas.

El abrumado Rector recriminó al perplejo ex-Papa que quisiera quitarle la plaza al becario, “que estaba a punto de leer la tesis”. Claro, bien contado el chiste puede tener mucha gracia, de la que los síndicos carecemos por naturaleza. Pero es el día a día de nuestra querida Administración.

El asunto me ha venido a la cabeza al leer en el diario Cinco Días de hoy una noticia de titular atractivo que preside nuestra entrada. Merece la pena reseñarlo pues avanza el ácido contenido de una carta que Gustavo Catalán, físico y profesor de la Universidad de Cambridge, escribió el mismo día en que la Administración española le dio con la puerta en las narices. Nunca llegó a una redacción. Sin embargo, publicó este artículo en el Diario El País, donde criticaba la falta de interés por la élite científica internacional, sugiriendo un par de medidas que ayudarían a que científicos de todo el mundo puedan trabajar en España.

En vez de anunciarlas, en castellano y en el BOE … obliguen a los centros a anunciar sus ofertas de trabajo en revistas científicas internacionales y páginas web especializadas.

Además, dejen de exigir la homologación de las titulaciones extranjeras: actualmente, un hipotético doctor por la Universidad de Harvard, o el MIT, o Cambridge, no podría trabajar en España hasta conseguir el papel que lo reconoce como tal. El trámite puede durar un año. Entretanto, el científico se habrá buscado la vida en otra parte.

Los funcionarios entendemos que todas estas desagradables exigencias son razonables; no es “burocracia” y valen igual para un dentista o para un investigador. Sin embargo, algo debemos estar haciendo mal, para que ningún científico prestigioso venga a sentar escuela a España.

Pero volvamos a la oposición de Catalán. Se había enterado de la existencia de una plaza en el CSIC adecuada a su perfil. La periodista Marta Matute lo describe en el citado artículo de Cinco Días con ironía:

Rellenó la ristra de papeles que exigía la administración, pagó religiosamente las tasas y viajó a Zaragoza para ser juzgado por un tribunal independiente. Nada más empezar la oposición, llega la temida primera pregunta: ‘¿Fotocopias?’. Silencio. ‘Las fotocopias de sus artículos’. ‘Pero si todos mis artículos están publicados’. ‘Lo sabemos, los hemos leído. Algunos, incluso, son excelentes. Pero necesitamos las fotocopias. Es la ley’. ‘Mañana mismo las entrego’. ‘Pero entonces estará fuera de plazo’.

Los funcionarios vemos todo esto muy normal, pero los científicos no. Los procedimientos competitivos, con legítimos interesados a una plaza “de por vida” exigen un respeto escrupuloso de las normas. Es verdad que también podríamos perder a un Papa de profesor de Teología.

El imperio de la Inercia

Con este sugerente título podemos leer en Peatom uno de los más críticos artículos que he leído nunca sobre la Universidad española. Os pongo un poco de música del párrafo final, incitando a pecar leyéndolo:

La Universidad es una institución disparatada y un conglomerado administrativo/burocrático en fase de gangrena.  (…) La propia universidad, ha tirado la toalla. Es una institución que está pidiendo a gritos ser rescatada; que está pidiendo casi con desesperación que alguien, desde fuera, la refunde. Está desacreditada, no posee liderazgo y está ofuscada en ocultar su actividad a la sociedad, en hacerla opaca y evitar el diálogo con el cuerpo social que la sufraga. La relación coste/rendimiento la está desacreditando y después destruyendo. Es una relación insoportable. No genera liderazgo social, empresarial, artístico, tecnológico y científico y además se ofusca en no rendir cuentas.

Un texto realmente duro.

Estatuto del PDI

También hoy, el newsletter Ibercampus se hace eco de la propuesta de Estatuto de Personal Docente e Investigador (unos 100.000 profesores) que según los sindicatos mayoritarios “se presenta con una carrera profesional plagada de obstáculos, con unos sistemas de acceso y promoción que no permiten una gestión eficaz de su personal”

Para ellos, “lejos de incentivar el esfuerzo que debe hacer el profesorado para adaptarse a la nueva situación (Bolonia), propone una mayor estratificación del PDI y apuesta por la mercantilización de la universidad pública, desincentiva la dedicación a la docencia (..) y permite los contratos de obra y servicio para la actividad docente, “en clara contradicción con el discurso de la excelencia y la calidad de la universidad pública española”, señala la nota.

Nueva Ley de la Ciencia

En fin, que la Ministra Garmendia ha tenido desayunos mejores. La próxima semana presentará el borrador de futura Ley de la Ciencia, cuyas primeras filtraciones ya se han producido. Intenta crear un esquema para el desarrollo profesional de los investigadores no universitarios, así como facilitar su movilidad entre los distintos agentes. En este punto, el borrador prevé dos etapas previas (periodos de formación predoctoral y postdoctoral) y una carrera profesional articulada en grados. El primero de ellos será el grado de acceso que, junto a una figura contractual creada al efecto, adaptará al ámbito español el denominado«tenure track», una contratación laboral de cinco años con una evaluación externa al final del tercer año y cuya superación conduce a un contrato indefinido. A partir de ese momento, el investigador podrá desarrollar su carrera profesional a través de varios grados de consolidación que determinarán en cada caso las entidades contratantes, sean públicas o privadas.

Willi, nuestro faro del cantábrico, envía un correo electrónico alertando: ¡Estamos rodeados! Los portugueses no sólo miran al oeste en el mapa. Ahora intentan humillarnos anunciando en la prensa española, en la página 22 del diario El País de hoy, que admiten candidaturas a Rector procedentes de otros países. Algo muy anglosajón.

Parece toda una conspiración para dejarnos en evidencia en la sociedad del conocimiento. En España,  el proteccionismo patrio está sólo recomendado para las vacaciones en la nieve o la compra de abrigos, como sugería el Ministro Sebastián.

La Universidad da Beira Interior se creó hace 22 años y se compone de 5 Facultades – Ciencias Sociales y Humanas; Medicina; Ciencias Exactas; Artes y Letras y Ciencias de Ingeniería – que imparten más de 30 licenciaturas, cerca de 40 Grados de Master y algunas decenas de Doctorados a unos 6.000 alumnos que vienen no solo de la región sino también del resto del país o países de lengua oficial portuguesa especialmente de Brasil.

El anuncio para la presentación de candidaturas ha sido publicado en dos diarios portugueses (Público y Jornal de Notícias), uno de lengua española (El Pais) y otro de lengua inglesa (The Guardian), de conformidad con los Estatutos de la Universidad. Y como podéis ver, pueden solicitar el puesto los profesores e investigadores de esa Universidad y de otras instituciones universitarias nacionales o extranjeras, en activo.

Si le interesa, el plazo fijado termina el 3 de marzo. El proceso concluye con una audiencia pública de exposición y discusión del respectivo programa de acción, llevada a cabo ante los miembros del Consejo General, donde debe obtener una mayoría absoluta de sus 29 miembros, en votación secreta.

En España, el sistema de elección abierta para el Rector de las Universidades es un reciente debate, una vez alcanzada la autonomía universitaria en la Constitución. Uno de sus eternos defensores ha sido el profesor José-Ginés Mora, al que hemos dedicado alguna entrada en esta bitácora y que, en la actualidad, disfruta de un exilio intelectual con vocación de permanencia en el Institute of Education University of London. También nuestra Ministra Garmendia defendía la reforma del sistema de gobierno universitario, hace unos meses:

P.- Usted ha hablado de la necesidad de un modelo de gobierno para las universidades. ¿Cómo debería ser ese modelo?

R.- Si supiéramos cómo debe de ser ese modelo el problema estaba resuelto. Lo estudiaremos. Lo importante es que hay consenso en que el sistema actual de gobernanza de la universidad española no funciona. La clave es que estén gobernadas por auténticos profesionales de la gestión. Uno de los ejes será el Estatuto del personal docente investigador.

La verdad es que el personal no aguantaría otra nueva reforma en esta década, así que parece inevitable la continuidad durante esta legislatura. Y siempre nos quedará Portugal …. mi querida Beira Interior y su queso de la Serra da Estrela.

Malas, ineficientes, obsoletas, partidistas, conservadoras, ciegas (negándose a ver la realidad) inmovilistas, instaladas en la comodidad de la autoevaluación y trabajando en estructuras anticuadas y rígidas. He aquí las palabras que Nicolás Sarkozy ha utilizado en su discurso del 22 de enero de 2009, para decir ante las instituciones francesas de Educación superior e Investigación científica, lo que piensa de ellas. Y agregó: “¿No hay prisa para poner fin a este desastre?.

El Presidente de la República francesa manifestó, además, la intención de abrir otro frente al anunciar que está programada la desaparición del centro de investigación que ha ofrecido al país una buena parte de su éxito industrial: El CNRS, que se transformará en una serie de organismos de medios, además de los ya existentes. Por eso, la coordinadora de las universidades nacionales ha decidido iniciar una huelga el 2 de febrero en el que todas las Instituciones francesas de Educación Superior.

Sarkozy cree que Francia sigue a la zaga en la investigación y la enseñanza superior, a pesar de las enormes cantidades que se dedican. La razón de este fracaso, para Sarkozy, “está en su personal, instalado en la comodidad de la administración pública”. Los grupos reivindicativos no han tardado en contestar: “¿Hace falta recordar una vez más que Francia es un muy honorable en la investigación internacional, en particular a la luz de los limitados recursos destinados a ella?

Muchos universitarios han decidido “responder a la provocación presidencial“, uniéndose a la huelga y las manifestaciones por parte de los empleados de los sectores público y privado, hoy 29 de enero. También han convocado una movilización a nivel europeo en contra de la estrategia de Lisboa destinada a la construcción de un “mercado del conocimiento”, los días 18, 19 o 20 de marzo de 2009, durante el Consejo Europeo en que los Jefes de Estado y de Gobierno van a evaluar y decidir sobre la futura orientación de su coordinación en materia de enseñanza superior y la investigación;

En Francia, tras veinte años, de informe en informe, parecen conocer las causas de la enfermedad universitaria: la uniformidad de sus estructuras, la pobreza de medios, la asfixia de la investigación y la endogamia. Y para poner remedio hay una palabra clave: la autonomía. Reclamada y proclamada en 1968, se acercó tras la reforma de 1984 y se contempla en una de las primeras leyes de la era Sarkozy, que ya hemos comentado en esta bitácora: la Ley de libertades y responsabilidades de las universidades, de agosto de 2007, que era, en principio, de consenso.

I+D contra la crisis

El discurso se titulaba “Investigación: una prioridad absoluta” y comenzaba así:

En el centro de una crisis como el mundo nunca ha conocido, es para nosotros un deber presentar hoy las medidas que permitirán a Francia salir fortalecida de la prueba. La investigación y la innovación son la clave de nuestro país para salir de esta crisis sin precedentes.

Una estrategia de inacción, de nerviosismo y replegada en sí misma, está prohibida; no se trata de ideología, no es una cuestión de derecha o izquierda, es una cuestión de sentido común. No hay esperanza en esperar.

La crisis nos da una oportunidad para acelerar la modernización de estructuras obsoletas y para cambiar nuestra mentalidad. En lo que respecta a nuestro esfuerzo en investigación y la innovación, no necesito convencerles de la dimensión crítica que tendrán en el nuevo mundo está surgiendo.

Sin reformas no habrá más dinero

Sarkozy recordó que los gastos en investigación y desarrollo aumentaron hasta el 2,16% del PIB en 2008, tras caer a 2,12% en 2007: “Hemos inyectado 800 millones en investigación en 2008 y continuaremos inyectando más recursos, a condición de que continúen las reformas. No habrá más recursos sin una reforma. Es una condición indispensable“.

Hay partes del discurso que muestran un espíritu de reforma nunca visto en Francia. He aquí algunas píldoras:

No veo por ninguna parte que un sistema de universidades débiles, impulsadas por una Administración central quisquillosa sea un arma eficaz en la batalla por la inteligencia. Por el contrario, veo un sistema infantilizado, paralizante de la creatividad y la innovación. Esa es la razón por la que se dio autonomía a las universidades. Por otra parte, no se ha inventado nada muy original. No hay un solo ejemplo en el mundo donde las principales universidades no sean autónomas. Bueno, En Francia no ha sido hasta el 1 de enero de este año 2009 que asumieron esa autonomía. Y espero que vallamos más rápido, hacia más autonomía. Creo que las universidades deben tener la plena propiedad de su patrimonio, esto puede ser una palanca de acción muy poderosa para el ejercicio de esa autonomía.

….

En ninguna parte de los principales países, excepto entre nosotros, ocurre que las organizaciones de investigación sean operadores y agencias de medios, jugadores y arbitros de su propia acción. Esto puede ser cómodo. pero ¿Quién puede pensar que es razonable? En ninguna parte como en Francia ha multiplicado tanto las instituciones, organismos, los grupos y otros organismos microscópicos que diluyen los medios y las responsabilidades..

Nuestra organización “a la francesa” ¿da mejores resultados?  Recuerdo que sus bases fueron definidas después de la Segunda Guerra Mundial, terminada a finales de los 60 años, incluyendo una rigidez y arcaismo que han sido cuidadosamente fijadas a principios de los 80. Se pensó, en 1945; todavía tuvo un poco de pensamiento en los años 60 y se anunció que se dejó de pensar en los años 80. Estamos en 2009.

….

¿Es esto razonable? Sin duda nuestros mejores investigadores reciben prestigiosos premios: un Premio Nobel y Premio Turing del año pasado, dos Premios Nobel de este año. Tenemos áreas de excelencia y la envidia de todo el mundo en matemáticas, física e ingeniería. Sin embargo, estos investigadores y las fortalezas – me atrevería a decir- ¿no son el árbol que oculta el bosque?

¿No hay suficientes informes que describen la situación? ¿Hay que esperar? ¿Esperar a qué? ¿Esperar hasta la próxima crisis?

Vamos a simplificar la organización de los Institutos del CNRS, crear organismos internos de medios. Promoveremos una simplificación de las normas de la propiedad industrial, para desarrollar en cada universidad unas estructuras únicas que permitan a todos los que participan en la investigación y la innovación, las universidades, empresas, escuelas y organismos de investigación, sentarse alrededor de la misma mesa.

Es hora de actuar. Cualquier vacilación sería un error que sería más tarde reprochado con razón. La definición de la estrategia nacional para la investigación y la innovación van de la mano con la continuación de las reformas de nuestro sistema de educación superior y la investigación. El desarrollo de la hoja de ruta, el rumbo y el destino, no se oponen, por el contrario, a la mejora de rendimiento del motor. Creo que es obligado.

Sabemos perfectamente que decidir provocará reacciones. Eso no me sorprende. Es difícil porque no se ha hecho hasta ahora. Porque si hubiera sido fácil, ya se hubiera hecho. Así que no me molesta reconocer que habrá dificultades, lo sé. Pero las dificultades que enfrentaremos en movimiento son mucho más fáciles de superar que las enfrentadas en el callejón sin salida. La indecisión es la falta de visión de futuro.

El titular de la contraportada que presenta el diario El Economista ofrece una perspectiva bastante negativa de la investigación universitaria. Supone una crítica fácil y superficial, a la que estamos habituados.

Es cierto que sólo un 12% de las patentes españolas se obtienen en la Universidad (ver ibercampus) según el informe de la RedOTRI: “las spin-off sigue siendo una vía de transferencia de conocimiento que precisa de mayor desarrollo legislativo a nivel general y una mejor organización a nivel institucional para que pueda desarrollarse adecuadamente”.

Hoy también encontramos en la prensa otras noticias relacionadas con el mundo de la financiación de la ciencia en España. Por un lado El País, avanza que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha decidido incluir nuevas convocatorias dentro del paquete de 490 millones de euros asignados para actuaciones de I+D+i en el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo (Plan E) que incluye:

Una nueva Ley de Ciencia y Tecnología.

Tras 22 años de vigencia. El nuevo marco regulatorio quiere adaptarse a las nuevas necesidades del sistema de I+D+i: aumentar la colaboración con el sector empresarial; mejorar los mecanismos de transferencia de los resultados de la investigación; reforzar la relación con las Comunidades Autónomas y aumentar la presencia de España en el Espacio Europeo de Investigación. Además, declara la intención de “simplificar procedimientos” y, por último, regular el desarrollo profesional del personal de investigación, facilitando la movilidad.

La Estrategia Universidad 2015

Como iniciativa que busca la modernización de las universidades españolas mediante diversas medidas. Además, pretende “mejorar la gobernanza de las universidades, disminuyendo la burocratización, actualizando los sistemas de control y seguimiento y permitiendo que las universidades desarrollen plenamente su autonomía”. Los que sabemos leer entre líneas ya hemos captado el mensaje. Algo que yo interpreto como esto (por orden de aparición y colores): más poder para el rector, normas especiales de contratación administrativa de la I+D, suprimiendo definitivamente la fiscalización previa y, por último, reduciendo las competencias de los Consejos Sociales“

La Reforma de las Instituciones de Investigación Pública.

En este apartado, el Ministerio es mucho menos concreto y declara esta línea estratégica en estudio manifestando que “Se llevará a cabo una reorganización de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) españoles para homogeneizar su naturaleza jurídica y mejorar la coordinación entre sus áreas comunes de actuación, potenciando las sinergias entre ellas”. Sin embargo, hace un guiño al personal investigador y el desarrollo de sus carreras “para hacerlas más homogéneas y atractivas”.

Mientras tanto continúa el debate (ver foro) sobre el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador.

OBAMA

En víspera de un día histórico, no podemos terminar esta entrada sin hablar de Obama, por el que ya manifestamos nuestra esperanza en esta bitácora. Pues bien, Cesar Nombela expone, también hoy en Expansión, el entusiasmo que despierta el presidente electo norteamericano entre los investigadores y científicos de su país, muchos de los cuales le apoyaron en la campaña electoral. Hace unos días, Obama afirmaba que la ciencia sería una prioridad nacional.

Sin embargo, recuerda Nombela que se aproximan etapas de incertidumbre, también para la actividad de I+D en el mundo: En EEUU, “¿será posible aumentar sustancialmente el presupuesto público de I+D, en un país que soporta un enorme déficit público, sostenido gracias a la inversión externa?”

El titular del diario “El Economista”, que hoy traemos a nuestra bitácora, presenta el escenario que encontrarán Sus Señorías a la vuelta de las vacaciones parlamentarias. En el ánimo de ayudarles a recopilar suficiente lectura para estas fiestas, nos atrevemos a recomendarles dos portales cargados de ponencias sobe el asunto.

Primero, las comunicaciones de las XV Jornadas de Estudios Andaluces, tituladas La financiación autonómica: aspectos económicos, políticos, sociales y jurídicos.

Luego están las actas de los sucesivos Congresos de la Asociación de Economía de la Educación, ya se pueden descargar las ponencias del último (y las anteriores). Las XVIII Jornadas de Economía de la Educación ya están convocadas y se celebrarán en Valencia el 9 y 10 de julio de 2009. En la página web de AEDE (www.pagina-aede.org) encontrarás toda la información.

Y es que no hay nada mejor que una buena lectura para preparar las importantes decisiones que habrán de tomarse en el siguiente periodo de sesiones. Algunas están cociendose en este momento, como recuerda este artículo del diario Cinco Días avanzando que el Gobierno planea que las comunidades autónomas puedan modificar el número de tramos del IRPF sobre los que tienen competencia.

Por su parte el diario Expansión avanza que el endeudamiento autonómico aumentó en casi 6.000 millones de euros este año, según los datos del Banco de España. Una cifra que, casualmente, coincide con los más de 6.000 millones extra que el Ejecutivo prevé dar a las CCAA en la nueva financiación.

En fin, que todo parece estar prepardo para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos. Sólo me queda desearos unas felices fiestas.

Están disponibles, en la red, las ponencias de las Jornadas de Gerencia Universitaria organizadas, hace unas semanas, por la Universidad de Zaragoza. Un material valioso, no sólo para los profesionales de la gestión universitaria.

Ya son 26 ediciones celebradas. En los últimos veinte años he faltado a pocas, incluida esta, pues se trata de un foro peculiar que permite a los directivos universitarios conocerse y debatir sobre los principales asuntos de interés. Hemos tratado en otras entradas los retos de la gestión universitaria debatidos en la edición de 2006.

La reunión se produce en un momento delicado. Por un lado, tenemos el pésimo lugar que ocupamos en el ultimo ranking europeo que hemos conocido. Tamien los follones de los estudiantes contra Bolonia y está surgiendo un sector de los rectores, muy crítico con los responsables del Ministerio.

Por otra parte, el Ministerio de Innovación y Ciencia presentó el pasado 10 de noviembre el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador. El documento regula los derechos y deberes de los docentes y trata temas como la movilidad profesional, la estructura de carrera funcionarial ola evaluación de los méritos docentes, investigadores y relacionados con la gestión universitaria.

Está previsto que comience el periodo de negociaciones y antes de final de año se espera tener el texto definitivo y consensuado que, según menciona el Ministerio de Ciencia e Innovación, pretende sentar las “bases del cambio y la modernización de la Universidad en España, base de la Estrategia Universidad 2015“. Sobre la situación actual, no os perdais esta entrevista con Juan Hernández Armenteros.

A mis antiguos y sufridos colegas, les dedico este chiste de Dilbert:

Ángel Gabilondo, presidente de la conferencia de rectores españoles (CRUE), clausuró el viernes pasado, en la Universidad Politécnica de Valencia, el V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. Aprovechaba el foro para reclamar a las Administraciones el cumplimiento de los pactos de financiación. La mejora del sistema universitario y la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior irían mejor con más recursos. “Pero la financiación”, dijo, “no lo es todo”: se necesita un “cambio en la cultura universitaria“, y modernizar una forma de gestión que resulta “demasiado rígida y poco operativa”.

Durante las últimas semanas asistimos a un rosario de noticias relativas a los difíciles tiempos que vienen para los servicios públicos, como es el caso de la educación superior. Ya hemos dicho que vienen malos tiempos para la lírica. En principio, el dinero no debería ser un problema: el Congreso de los Diputados ha instado por unanimidad al Gobierno a aumentar la financiación de las universidades y a garantizar la suficiente dotación presupuestaria para costear la adaptación del sistema universitario al proceso de Bolonia.

En este marco, el rector de la Universitat Poltècnica de Catalunya (UPC), Antoni Giró, acaba de despacharse frente al Ministerio, declarando que si el Gobierno hubiera querido diseñar “peor” la estructuración del Espacio Europeo de Educación Superior, “difícilmente lo hubiera hecho peor”. Tampoco faltan voces (Joaquín Sevilla) que denuncian la estafa al proceso, desde el principio, donde los grados deberían ser de 3 años. Pero, los alumnos, ni se han enterado.

Se nota que los rectores están apurando la confección de los presupuestos universitarios. Como recuerda hoy el digital de Expansión (Función Pública) la transferencia corriente que envía la Administración Autonómica se dedica casi por entero a pagar las nóminas de los empleados públicos. Poco margen queda para las políticas de calidad o mejora contínua. La Comunidad Valenciana ha debido hacer filigranas para cuadrar el presupuesto para las Universidades, en lo que el diario El País titula “El mito del sistema mejor financiado“. Andalucía, sin embargo, crece un 11,6% en su Consejería de Ciencia.

La Ministra española de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, presenta estos días la estrategia Universidad 2015, que “pretende situar a España entre los 10 países más avanzados del mundo en educación superior universitaria, ciencia, tecnología e innovación y a nuestras universidades entre las más atractivas y competitivas de Europa, garantizando que el sistema universitario español en su conjunto, siga avanzando hacia la excelencia y se consolide en el contexto internacional”.

El problema es que la Administración del Estado no tiene competencias en materia de financiación universitaria. El lunes 10 la Ministra presentará el borrador de Estatuto del Personal Docente e Investigador que plantea la regulación de la carrera funcionarial basada en la obtención de méritos docentes, investigadores y de transferencia del conocimiento, así como las condiciones en las que los profesores o investigadores funcionarios universitarios podrán participar en la gestión y explotación de los resultados de su investigación. Tambien aspira a promover la movilidad entre el sector público y también con el sector privado. Como reconoció Garmendia en su visita a la Universidad de Oviedo: “necesitamos que profesores españoles vayan a otros países y de otros países vengan por un tiempo a impartir docencia”.

En europa, se están produciendo intentos de reforma universitaria que han movilizado a los estudiantes. Francia aprobó el año pasado una Ley de “libertad y responsabilidad de las Universidades”. Su aplicación será gradual con el objetivo final de lograr una autonomía universitaria similar a la española. Un presupuesto por el que pasen todos los gastos e ingresos universitarios (los funcionarios cobran directamente del Ministerio) y se asumirá la titularidad del patrimonio inmueble.

Pero también se habla de bloqueo de los reclutamientos: en los próximos tres años está prevista una sola contratación por cada cinco jubilaciones. Así mismo, los franceses se enfrentan a una importante reducción (20%) de sus presupuestos: hasta 2013 está prevista una supresión de 1441 millones de euros, según el colectivo Attac.org , que anticipa una degradación del número de estudiantes por profesor, el deterioro de la calidad de la enseñanza, de la investigación y de todos los servicios auxiliares, como los comedores, las bibliotecas o las residencias universitarias.

No han faltado quienes han entendido que esto significa mercantilizar la Universidad Pública. Pero Italia quería ir más allá.

Italia

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha decidido congelar el proyecto de reforma universitaria que su Gobierno pretendía presentar la próxima semana, tras las protestas estudiantiles por la nueva ley de educación.

Las manifestaciones callejeras de alumnos, padres y profesores de los colegios italianos, que llegaron, incluso, a materializarse en una huelga del sector el pasado jueves -un día después de la aprobación de la ley-, han conseguido paralizar la reforma universitaria, que el ministerio quiere llevar con más calma, después del revuelo suscitado por la ley y prefiere, por ello, no presentar un proyecto para la Universidad.

Este proyecto, promovido por la ministra de Educación, Mariastella Gelmini, pretende llevar a cabo recortes en los presupuestos universitarios, bloquear la “proliferación” de las asignaturas e, incluso, suspender los concursos públicos para los profesores. De hecho, los fondos para la financiación de la Universidad pública italiana ya han sido recortados en 700 millones de euros para 2009.

Las calles italianas, sobre todo las romanas, han sido escenario estas últimas semanas de continuas protestas de estudiantes contra la reforma, que fue aprobada el pasado miércoles y que contempla, entre otras medidas, una reducción de 87.000 empleos en la enseñanza, dutante los próximos tres años.

Hoy tenía una cita con los responsables del área de Gestión Económica de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Se trataba de realizar una jornada de trabajo con una veintena de jóvenes y bien preparadas funcionarias (¡y tres funcionarios!) que escogieron esta reunión como recompensa por el éxito en su trabajo de evaluación del servicio. Toda un reto para mi: hablarles de su quehacer diario en la tesorería, los presupuestos y la contabilidad.

Son malos tiempos para las finanzas públicas (peor están las privadas: no os perdais la entrevista con Enrique López). La Administración del Estado recaudará menos, reducirá muchas partidas inevitablemente y el asunto se irá trasladando a lo largo del 2009 a las CCAA y las corporaciones locales (ver). Todos esperan el “recorte perfecto” para el presupuesto del 2010 …. hay muchas amenazas que obligan a agudizar el ingenio.

A pesar de la pomposa declaración del Congreso, los rectores se temen lo peor y asistiremos a paulatinas sorpresas presupuestarias. Habrá que buscar más eficiencia en el gasto; aquél hacer más con menos. Perdonar la brevedad pero hago esta entrada a punto de subir al avión, de vuelta.

El intenso trabajo sólo fue interrumpido por la concentración silenciosa ante el rectorado en repulsa y solidadridad ante el atentado sufrido por los universitarios navarros, en la jornada de ayer. He estado en demasiados minutos de silencio, en los últimos años. Este ha sido bastante emocionante, con los estudiantes andaluces ciertamente sensibilizados de las penurias de sus hermanos del norte.

El lunes 13 de octubre se presentó en el Congreso de los Diputados el libro “La Universidad española en cifras”. Se trata de una esperada publicación que cada dos años promueve la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas (CRUE) con una completa información estadística del sistema universitario público español (ver mi entrada de hace dos años o mi artículo de hace cuatro años).

En esta edición, el profesor-doctor Juan Hernández Armenteros compila en un voluminoso trabajo toda la información académica, productiva y financiera de las universidades públicas españolas durante el ejercicio 2006 y el curso académico 2006-2007. Un sector que el autor conoce como pocos tras trece años al frente de la gerencia de la Universidad de Jaén.

Información financiera

Decía Gouncourt que la estadística era la primera de las ciencias inexactas. No podemos sacar conclusiones precipitadas con sólo un cuadro; el libro tiene cientos a lo largo de sus 686 páginas. Así a la pregunta de: ¿Está mi universidad bien financiada? Debemos decir: ¡depende! Si tenemos en cuenta la aportación del las Comunidades Autónomas (CCAA) en función del Producto Interior Bruto (PIB) tenemos este cuadro, que encabezan las comunidades valenciana, andaluza y madrileña.

Porcentaje de Transferencia corriente de la administración educativa/PIB

Pero si se tiene en cuenta el número de estudiantes y se pone en relación con ellos el gasto total, obtenemos otro ranking (ver cuadro siguiente), que encabeza Cantabria, Navarra y Cataluña. Ya hemos dicho en otra entrada que este indicador engloba demasiadas cosas (docencia, investigación, extensión) por lo que yo siempre he manifestado mi preferencia por la ratio de Transferencia Corriente de la Administración Educativa (TCAE- vulgo: nominativa) por estudiante, donde las medallas van a parar a Navarra y a las Comunidades valenciana y cántabra.

Como puede verse hay indicadores para todos los gustos.

Información académica

En los últimos años, el observatorio incluye interesantes datos de rendimiento académico. Debemos denunciar también que algunas Instituciones no han contestado a la estadística que el laborioso de Juan Hernández les ha requerido. Las Universidades de Málaga, León y Rey Juan Carlos no quedan en buen lugar .

Una breve comparación 2000-2006

Partimos de la base de que España ha perdido un 12% de alumnos presenciales, en lo que va de década. Pero sigue graduando la misma cantidad: en torno a 146.000 licenciados y diplomados en el curso 2006/2007, lo que es una buena señal de eficacia, en una primera lectura. Pero lo hace con un 50% más de presupuesto y un 15% más de profesores que en el año 2000, lo que se explica por el incremento de las titulaciones ofertadas y la mejora de las infraestructuras. A más edificios y más titulaciones. más grupos diferentes y por lo tanto más profesores.

¿Cómo es posible que con esas mejoras presupuestarias no salgamos del pelotón universitario mundial? Lo cierto es que, durante el sexenio mencionado, el PIB español se disparó haciendo muy difícil alcanzar el objetivo del 1.5% del PIB al final de esta legislatura. Además se calcula la necesidad de una financiación adicional para la adaptación al espacio europeo, en torno al 0,1 por ciento del PIB.

Resultados académicos

El informe distingue entre “Tasa de rendimiento” (% de créditos aprobados sobre el total de los créditos matriculados) y “Tasa de Éxito” (% de créditos aprobados sobre el total de los créditos evaluados). Con ellos se construye la tabla adjunta, por grandes áreas científicas, que confirma la queja habitual del profesorado sobre los pocos alumnos que se presentan a los exámenes.

Por eso, cuando se comparan los porcentajes de “aprobados” con los “presentados”, el éxito académico en la Universidad es alto: tres de cada cuatro superan las materias. Como es habitual, la mayor dureza se encuentra en las ingenierías con el 64,6% de éxito tras los exámenes. Pero otros muchos estudiantes ni van a clase ni serán evaluados ¿Les falta motivación?

El propio Juan Hernández llegó a proponer en múltiples foros la gratuidad de las primeras matrículas y una alta penalización en las repeticiones. Debemos recordar que, según el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Universidad pública española publicado en febrero pasado, cada crédito de ciencias experimentales, por ejemplo, “cuesta” a la Administración 277 euros, cuando el alumno paga apenas una décima parte.

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La universidad española se encuentra en un momento crítico y debemos convencer a la sociedad civil de su importante rol. Sólo contamos con nueve instituciones en el TOP’500 del ranking mundial, elaborado anualmente en Shangai. No tenemos ninguna Universidad en el TOP’100, mientras que Francia incluye tres centros parisinos. Sin embargo, creo que la universidad “media” española es bastante mejor que la francesa, donde un despacho de profesor es poco más que un lujo. Sin ir más lejos, las navidades pasadas el Gobierno francés vendió el 3% del grupo eléctrico estatal, por 5.000 millones de euros, para financiar el plan de renovación inmobiliario del sistema público universitario.

Por otra parte, Holanda (con la mitad del PIB español) presenta seis universidades clasificadas antes que la primera española, dos de ellas entre las 100 mejores del mundo. En un mercado tan competitivo, el papel de nuestra universidad es descorazonador.

Si de Universidades de excelencia se trata y de avanzar puestos en el ranking mundial no está de más recordar que la primera de la lista, la Universidad de Harvard cuenta con dos singularidades que merecen serena reflexión. Su profesorado es contratado temporal (no solo los profesores sino los directivos académicos, rector incluido y solo recibe una parte fija del sueldo (menor de lo que cobra un profesor español) y el resto puede y debe cada profesor obtener contratos y financiación para él para su equipo de discípulos. Ahí, es donde su retribución se dispara.

Como respuesta, algunos estudios (como el interesante documento de la Fundación CyD) piden replantear las relaciones con la administración y fomentar la competencia entre las universidades, diseñando estrategias de diferenciación, que a su vez refuerzan las necesidades de cambiar los modelos de gestión y sus diseños organizativos.

En fin, que es mucho más fácil triunfar en el deporte mundial que en la ciencia. Durante los próximos días iremos desentrañando los cientos de cuadros que aporta el estudio (ver artículo de Enrique López). Felicitaciones a Juan Hernández por su trabajo y a la CRUE por este ejercicio de transparencia.

Una versión de este artículo fue publicada en el diario La Nueva España, el 16 de octubre de 2008.

La noticia del Diario El País que hoy presentamos pone de relieve los primeros síntomas de “estrangulamiento” financiero en la Universidad pública. El propio editorial de ese periódico se dedica hoy a la llegada de la crisis al sector público con recortes en multitud de partidas presupuestarias.

Los rectores madrileños están alarmados por el inesperado recorte del 30% en la partida pendiente de recibir como transferencia corriente de la Administración educativa madrileña (vulgo: subvención nominativa) que seguramente las universidades ya tienen comprometido. Los sindicatos anuncian movilizaciones en las universidades de Madrid para protestar por el recorte.

Una tensión latente se puede detectar en el sistema universitario valenciano. El rector de la Universidad de València, Francisco Tomás, salió esta semana al paso de la inesperada cancelación del modelo de financiación universitaria, que el gobierno valenciano incluye en el anteproyecto de la ley de acompañamiento de los presupuesto. Para defender su posición destacó la gran contribución de las universidades a la economía valenciana: 4.200 millones de euros, en el año 2007, citando un estudio del Instituto Valenciano de Estudios e Investigación: “cada euro ejecutado por las universidades públicas valencianas repercute en más de 3,6 euros en la economía valenciana“, sin contar los puestos de trabajo directos e indirectos que generan, afirmó.

Estas restricciones presupuestarias suponen una importante limitación en un momento crucial. Las universidades deben abordar la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, con retos académicos y tecnológicos inevitables como acaba de poner de manifiesto la presentación del Libro Blanco de la Universidad Digital 2010, que se presentó en la Universidad de Salamanca, esta misma semana.

A unas horas de la presentación del informe de la CRUE, La Universidad española en cifras, el caso de las universidades madrileñas o valencianas supone una inevitable (y previsiblemente conflictiva) preparación del terreno para el debate sobre la suficiencia y eficiencia del presupuesto universitario.

La próxima semana lo veremos.

Los fines principales de la Universidad son la docencia e investigación. Se trata de una producción conjunta. Uno de los principios más elementales de contabilidad analítica enuncia la gran dificultad en determinar con exactitud el coste medio de un producto conjunto.

El coste medio de un producto conjunto no existe. Hay un coste medio de criar un cerdo pero no hay un coste medio de producir panceta, conjuntamente con el jamón, las chuletas o la piel del cerdo, del que se aprovecha todo.

En el mundo académico, donde se usan los mismos profesores, las mismas bibliotecas y las mismas instalaciones informáticas para producir tanto docencia como investigación, cualquier división de los costes entre estas dos actividades es subjetiva y se efectúa avanzando ciertas hipótesis sobre la distribución de los costes conjuntos.

El problema de los costes de la investigación Uno de los problemas financieros más importantes de las universidades es la práctica imposibilidad de imputar y recuperar los costes fijos asumidos por los presupuestos universitarios dentro de los proyectos y contratos de investigación.

Por lo general sólo son considerados como costes de investigación los costes variables del contrato (equipamientos, desplazamientos o nuevas contrataciones) ignorando ciertos costes fijos, tanto directos, (así, la remuneración del propio profesor o sus colaboradores) como indirectos (la energía eléctrica, la calefacción, la limpieza, el teléfono, etc.).

Para recuperar una parte de estos costes, la mayoría de las universidades ha determinado que una parte de esos ingresos se destinarán a cubrir la utilización de la infraestructura y de los servicios horizontales. Las actuales fórmulas de retención (overhead), no solucionan ni de lejos el problema de recuperar esos costes. Muchos Estatutos universitarios remiten al Consejo de Gobierno la fijación del porcentaje del canon a deducir a los contratos como recuperación de los gastos generales de la Universidad. Este canon oscila desde el 5% y el 20%.

Por ello, algunos autores proponen la aplicación de una tasa única para todo el sistema universitario español (evitando la lucha fratricida del dumping), que gire sobre el total de los costes directos. Una política de este tipo podría ser promovida desde la CRUE. Contrastan nuestras bajas tasas con las prácticas del resto de los países de la OCDE. En Canadá, la Asociación de Universidades y Colleges (AUCC) a través de su comité de personal administrativo, recomienda una ratio del 40% de los costes directos. En USA, la Oficina Federal del Presupuesto (Documento A-21) permite llegar al 44%, en determinados casos.

Desde un punto de vista financiero es necesario que la actividad investigadora sea costeada correctamente. Nuestros simbólicos porcentajes no contribuyen, ni de lejos, a cubrir los costes fijos. Una correcta determinación del coste del proyecto o contrato de investigación demostraría que la gran mayoría de estas actividades producen una sutil interferencia de la Universidad mediante la oferta de servicios a precios inferiores a los del mercado, rozando la competencia desleal con el sector privado, cuando existe concurrencia en la prestación, lo que no siempre ocurre.

Los tímidos intentos de imponer un sistema de corresponsabilidad en los costes totales parecen estar abocados al fracaso. Además está la dificultad de valorar la dedicación del profesorado a la investigación, que se estima en el 40% de la jornada de trabajo, según datos del INE. Los investigadores se sentirían agraviados por un Rector que cargara los costes indirectos sobre la labor investigadora, si esto hace subir los precios de un laboratorio por encima de los de la Universidad vecina. Argumentarán que la actividad investigadora es crucial para el prestigio de la institución y que su labor no puede medirse en términos de resultados. Al final,… siempre quedarán las elecciones.

La consecuencia es doble. De un lado, se falsea a la baja el precio del trabajo a realizar para la empresa, lo que implica una subvención encubierta al teórico patrocinador. De otro lado, se falsea también la real productividad y rentabilidad investigadora del profesor y la institución universitaria.

La opinión de las Instituciones de Control externo

El TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS ya manifiesta su preocupación por el contenido de estos contratos y pide valorar si realmente tienen un carácter científico, técnico o artístico, que permita su compatibilización con la tarea docente del profesorado:

El objeto de los contratos, en la mayoría de los casos, hace referencia a asistencias técnicas que podrían ser prestadas tanto por la Universidad, como por empresas que operan libremente en el mercado; no se observa un contenido científico que justifique la utilización de esta figura; corrobora esta afirmación el hecho de que la propia Universidad no valora estos contratos como investigación en la asignación de complementos retributivos individuales. Informe de Fiscalización de la Universidad del País Vasco. Ejercicio 2001, pág. 42.

En Europa, la situación tampoco está resuelta de manera satisfactoria. La mayoría de las universidades británicas no ha tenido demasiado éxito al determinar o justificar a los patrocinadores la verdadera ratio de costes indirectos de sus instituciones. Los rectores han presionado para reforzar el cálculo de costes y precios de investigación y otros proyectos. El informe del Órgano de Control Externo del Reino Unido sobre la salud financiera de las universidades llamó la atención sobre cálculo de costes y precios de los contratos de investigación:

Notamos con preocupación que muy pocas instituciones parecen estar recuperando el coste total de investigación apoyada comercialmente. Creemos que pudiera haber riesgos para la salud financiera de algunas instituciones individuales. Por todo ello, los Consejos de Financiación ingleses ofrecen hoy una útil guía para las universidades a la hora de calcular los costes de todas las actividades (no sólo de investigación) y para informar al personal académico y los departamentos de sus verdaderos costes con el fin de que puedan fundamentar en este conocimiento las decisiones sobre la viabilidad de los proyectos .

En Francia, la COUR DES COMPTES también se ha pronunciado a favor de una mayor recuperación de los costes de investigación en todos los establecimientos de carácter científico y tecnológico. Al igual que en España, utilizan para ello unos coeficientes de gastos generales arbitrarios y simbólicos que no sobrepasan el 10%.

Para la Cour es indispensable una reflexión organizada sobre los fundamentos y los tipos de referencia de esos costes de gestión. Aunque, reconoce que si son excesivos serán “el argumento de numerosos investigadores para tener recursos en las asociaciones que, con costes de gestión artificialmente bajos, recogen ingresos contractuales que salen del circuito público y los administran en condiciones mal controladas”.

Más información en el portal de costes de Cooperación Universitaria.

El titular del diario digital de referencia, Ibercampus, nos permite recordar aquella película donde las reformas de la casa no terminaban nunca, hasta arruinar al propietario.

En sus comparecencias públicas, Juan Hernández Armenteros, tras trece años de Gerente en la Universidad de Jaén, suele calificar sin miramientos la delicada situación financiera de la Universidad española. También en las distancias cortas. Recuerdo que coincidimos hace unos años durante un un congreso en Salamanca y le presenté al presidente del Tribunal de Cuentas Europeo: “Señor Weber, le presento al Sr. Hernández, importante Gerente de Universidad” a lo que el andaluz respondió “No se fie: ¡una ruina!

Juanito, como nos permite llamarle a sus amigos, dirige desde hace una década el conocido informe La universidad española en cifras y es un verdadero experto en la financiación de estas instituciones. Participaba en el seminario de vicerrectores de finanzas del Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda), una red de más de treinta universidades de Europa, América Latina y el Caribe que promueven la cooperación entre directivos financieros y que la Universidad de Santiago de Compostela acogió, del 1 al 3 de octubre.

El asunto suele ser aprovechado por los anfitriones para reivindicar el necesario saneamiento de las finanzas del Espacio Europeo de Educación Superior y contestado por los gobiernos, con que ¡Esto es lo que hay!

Presión, presión …

Muchos gobiernos no comprenden como incrementos de transferencias a la Universidad, con porcentajes muy superiores a la inflación, apenas tienen repercusión a corto plazo en la Institución. Tampoco la tienen ante la opinión pública, por lo que la clase política no obtiene rendimiento mediatico por destinar grandes cantidades a la Universidad. Alguno me ha dicho: “bachear una carretera de pueblo tiene mejor efecto político que construir un edificio universitario“. En términos de aritmética política inmediata puede ser verdad. Por eso, las universidades no han tenido más remedio que organizarse como lobby.

Conviene recordar que, en Estados Unidos, las instituciones académicas ejercen, de manera bastante estructurada y transparente, presión sobre el Congreso para que destine mas dinero a la educación superior, en general, y a cada una de ellas en particular. Comienza en enero, cuando los directivos de la universidad se reúnen con el encargado de hacer lobby para formular la estrategia del próximo año fiscal, que empieza en septiembre. Dan prioridad a la solicitudes de subvención según las posibilidades de éxito e identifican a las personalidades sobre los que ejercer la presión.

Normalmente, se fijarán en el diputado o senador del distrito y Estado en el que se encuentra la universidad. En marzo la universidad comienza a ejercer presión sobre sus representantes electos para que incluyan la subvención pedida en la ley presupuestaria. Después de las vacaciones de agosto hay un esfuerzo adicional para que la solicitud se concrete en la ley presupuestaria.

Estas campañas de presión organizadas a través de profesionales de la presión están generalizadas. La rentabilidad de esa inversión es muy alta: los fondos federales entre 1980 y 2001, descontando la inflación supuso un aumento en términos reales de 50 veces.

A punto de publicarse la radiografía universitaria.

Nuestro sistema de presión es más primitivo y se concreta en la presentación de las estadísticas de indicadores. Ante la ausencia casi general de modelos de financiación, la subvención anual es negociada con con la Consejería correspondiente. La Universidad desconoce, con frecuencia, los criterios para su cálculo, salvo la presión.

Desde hace una década, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) presenta en octubre de los años pares, la exhaustiva publicación La universidad española en cifras. La información se presenta ordenada desde un punto de vista nacional, por comunidades autónomas y por universidades, analizando toda la información académica, productiva y financiera de las universidades españolas durante el curso 2006/2007 .

En función de la situación relativa, cada Rector planteará las reivindicaciones a su Comunidad Autónoma, que es la Administración responsable de la financiación universitaria. Daremos cumplida cuenta de su contenido del informe durante la próxima semana, aunque, por lo visto en la prensa gallega, sus principales conclusiones ya fueron avanzadas en la reunión de Santiago, como puede verse en la prensa local:

Dicen que el talento más difícil de encontrar es el que permite reconocer y atraer a los talentosos. La organización del III Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público tuvo una idea genial para inaugurar, anteayer en Pamplona, la reunión bianual de los profesionales del mundo del control público. Comprometió al físico navarro Pedro Miguel Etxenike para ofrecer una conferencia en la que reclamó a los poderes públicos que apuesten por la investigación y se preocupen por crear un caldo de cultivo para que florezca la ciencia. Y lo hizo encandilando a la selecta audiencia.

Antes de comenzar, Pedro Miguel Etxenike advirtió de que hay estudios que afirman que una audiencia no puede mantener su atención más de 15 minutos. Aunque el conferenciante sea brillante. Y añadió que a partir de ese momento el público se concentra en “salvajes fantasías”, así que por lo menos, bromeó, “vais a pasar un buen rato”. Sin embargo, el físico Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, desmontó ayer las predicciones lanzadas en estos informes. Su intervención enganchó a los 450 congresistas que abarrotaban la sala. Se rieron, aplaudieron con entusiasmo y disfrutaron con un científico que supo transmitir sus conocimientos a una audiencia que, como él mismo definió, “es distinguida pero no especializada”.

Tras una presentación “hiperbólica, aunque no seré yo quien se queje”, tal y como reconoció el físico navarro, y que corrió a cargo del presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Manuel J. González, Etxenike destinó 46 minutos a ensalzar a la ciencia, “la obra cultural colectiva más importante de la humanidad”. Ciencia significa “avanzar”, aseguró el físico navarra, y “es una aventura intelectual y humana”. Por todo ello, el prestigioso científico lanzó un mensaje alto y claro dirigido especialmente a las Administraciones Públicas pero sin olvidar a las universidades.

“La burocracia mata el comportamiento creativo. Los poderes públicos se preocupan por marcar objetivos a la ciencia, pero más rentable que los objetivos es la creación de un caldo de cultivo para que se desarrolle”, aseguró Etxenike, que reclamó una apuesta clara por aumentar la inversión en investigación. Es importante, afirmó, que “se convenzan de lo útil del conocer”. El triunfo de la ciencia y la tecnología

Durante el pasado siglo XX el mundo avanzó en lo desconocido. Se dedicó a pensar. Así lo afirmó ayer Etxenike que entre otros hitos, como el desarrollo en los derechos de la mujer, el avance de los fundamentalismos o el fracaso del comunismo y nazismo, destacó el triunfo de la ciencia y la tecnología. “Se trata de aplicar el conocimiento científico para mejorar la vida humana”, señaló el físico, que advirtió de que los grandes problemas de este siglo “van a necesitar más ciencia”.

El científico aprovechó su intervención para recordar los que, en su opinión, son los tres grandes descubrimientos: el átomo, el gen y el bit. “La física cuántica fue la revolución conceptual del siglo XX y está presente en el descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN”, explicó Etxenike, que añadió que “con Darwin descubrimos que todos tenemos el mismo origen y con el descubrimiento del ADN sabemos que compartimos la transmisión genética. El secreto de la vida”.

Es posible, entonces, la capacidad de modificarse a sí mismo. Y Etxenike ofreció algunas reglas para vivir más, 500 ó 600 años. “Comer menos, pasar mucha hambre, pasar mucho frío y prescindir de las gónadas y células sexuales. Los resultados quizá no sean extrapolables al ser humano pero lo que sí sé es que de esta forma la vida se os iba a hacer muy larga “, bromeó.

Cuando lo pequeño entró en el reino de lo útil

Su conferencia llevó por título El reto de lo pequeño y Etxenike aseguró que “lo pequeño es diferente”. Y es que después de miles de años buscando lo grande, porque “era lo eficiente”, y dejando a lo diminuto el papel de “hermosas curiosidades”, a mediados del siglo pasado llegó la electrónica y con ella “lo pequeño entró en el reino de lo útil”. La nanotecnología es el futuro. Y Etxenike expuso un ejemplo con el cáncer de mama. “Hemos probado en ratones que si introducimos partículas nanométricas en un tumor éstas ponen la energía específicamente y el tumor se funde sólo”, explicó. Las aplicaciones pueden ser infinitas, “pero no se pueden prever”.

Ahora bien, de lo que no tiene duda Etxenike es de la necesidad de que los Gobiernos den más apoyo a la investigación universitaria, “que forma cabezas, forma personal y crea un clima de excelencia”. Pero no sólo con fondos sino dando un buen trato a los investigadores. “Se habla mucho de personas, pero no veo que se lleve a la práctica”, indicó Etxenike, y añadió “son la clave de todo porque las ideas surgen de lo pequeño, de la mente”. El físico aseguró que cada vez hay más robo de ideas, la ética “brilla por su ausencia”. Pero a un científico “nunca le podrá quitar el momento del descubrimiento”.

Pero, ¿qué define la ciencia? El progreso, “aprender al lado de gigantes”, el trabajo de todos los que no fueron entendidos y la creatividad. “Hay que hacer ciencia haciendo. La capacidad creativa es un activo, hay que dar confianza y tomar riesgos razonables”, indicó Etxenike, ya que “el mayor riesgo es no arriesgarse”. Y lanzó un último mensaje a los poderes públicos: “La riqueza de las naciones se debe cada vez más a la riqueza de las nociones“.

José Ginés Mora Ruiz es el director del Centro de Estudios en Gestión de la Educación Superior de la Universidad Politécnica de Valencia. Es un gran divulgador y un controvertido conferenciante al que no asusta dar titulares de prensa como el que preside la entrada de hoy.

Es uno de nuestros principales investigadores sobre equidad y eficiencia del sistema educativo español, donde mantiene una destacada línea de trabajo sobre competencias y empleo de los graduados universitarios.

En el último número de la Revista de Educación publica un interesante artículo (descargar pdf) que realiza un análisis del «éxito laboral» en la incorporación de los titulados universitarios europeos al mercado de trabajo basándose tanto en concepciones tradicionales sobre el éxito como en otras consideraciones más adecuadas a la realidad actual. A través de los datos obtenidos de una macro-encuesta realizada en trece países europeos a 33.616 titulados universitarios en el curso 1999-00, cinco años después de su graduación, pone en evidencia la necesidad de informar mejor a la sociedad sobre el mercado laboral europeo, al tiempo que se ofrece pistas para lograr un mayor ajuste entre dicho mercado y la oferta académica en términos de expectativas y compromiso de los titulados.

Siempre se han considerado como exitosas las carreras profesionales que incluían el desempeño de algún cargo bien remunerado y en una posición elevada en la jerarquía de la organización. Sin embargo, cada vez más individuos con este perfil no se encuentran satisfechos con su situación laboral. Algunos autores denuncian frecuente pérdida de sentido del trabajo que algunos profesionales realizan, e incluso frustración y estrés, poniendo en duda la relación entre el éxito personal de los empleados y el éxito en la empresa.

Este «éxito laboral» tiene una dimensión objetiva que suele medirse a través de indicadores cuantificables, como el salario y la posición jerárquica de la organización, la movilidad laboral, el tipo de contrato, el ajuste entre la educación recibida y el empleo. Por otro lado, ese éxito suele tener una dimensión subjetiva, que utiliza como indicador más adecuado la «satisfacción laboral».

Partiendo de una concepción amplia del éxito laboral, Ginés Mora identifica y cuantificarlas diferentes dimensiones del éxito entre los graduados universitarios de reciente incorporación al mercado laboral en diversos países europeos, analizando las percepciones de los graduados en relación a distintos aspectos del trabajo.

En la encuesta se pedía a los graduados que indicaran el grado de importancia que tiene, en una escala de uno a cinco, cada uno de estos aspectos: Autonomía en el trabajo; Estabilidad laboral; Oportunidad de aprender cosas nuevas; Ingresos elevados; Afrontar nuevos retos; Buenas perspectivas profesionales; Tener tiempo para actividades de ocio; Reconocimiento/prestigio social; Oportunidad de hacer algo útil para la sociedad; y Facilidad para combinar trabajo y familia.

Conclusiones

No deja de sorprender que nuestro recientes titulados otorgan las valoraciones más altas a «Oportunidad de aprender cosas nuevas», «Autonomía en el trabajo» y «Estabilidad laboral», mientras que valoran menos «Reconocimiento y prestigio social», «Ingresos elevados» y «Oportunidad de hacer algo útil para la sociedad». Hay algunas diferencia por países, como puede verse en la tabla siguiente:

Véase que los españoles valoramos sobre todo la estabilidad y la conciliación, mientras que alemanes y austriacos la autonomía en el trabajo.

Hay tres apartados que merecen una reflexión: tener ingresos elevados, la disponibilidad de tiempo libre al margen del trabajo y la estabilidad laboral. Unas valoraciones que son diferentes según el país. Sin embargo, las relaciones entre « tener un empleo que proporcione ingresos elevados» y el «salario mensual» son bastante débiles en toda Europa, aunque positivas, porque crece en la medida que lo hace el salario del titulado. El dinero genera adicción.

Respecto a la disponibilidad de tiempo, son precisamente las personas con una jornada laboral con menor número de horas (por tanto, se supone con mayor tiempo libre), las que mayor importancia dan a un empleo con este aspecto. El ocio también genera adicción (¡Creo que tenemos un problema!).

Por último, el interés por tener un empleo estable crece en la medida que lo hace el salario que actualmente tiene el titulado. Ya lo decía Maslow. Sin embargo, estos días también ha sido noticia que los universitarios españoles son los peor pagados de la OCDE: en EE UU, Portugal o Reino Unido los universitarios cobran el doble.

También nos llega de China el palmarés de las 503 principales universidades del mundo. Cada 15 de agosto, se hace pública la famosa clasificación elaborada por un grupo de especialistas en bibliometría de la Universidad Jiao Tong de Shanghai, en China.

No sé la razón, pero hoy ya está disponible en la red aunque “Offically published on August 15, 2008″. Tenemos nueve universidades españolas dentro de las quinientas mejores del mundo.

Este listado incluye las mayores instituciones de educación superior y están ordenadas de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta el número de galardonados con el Premio Nobel (10%), los ganadores de la Medalla Fields (20%), número de investigadores altamente citados en 21 temas generales (20%), número de artículos publicados en las revista científicas Science y Nature (20%), y el impacto de los trabajos académicos registrados en los indices del Science Citation Index (20%) y por último, el “tamaño” de la institución.

Entre las diez primeras universdiades del mundo, ocho son norteamericanas (entre ellas Harvard, Stanford y Berkeley) y dos británicas (Cambridge y Oxford). España no tiene ninguna Universidad en el TOP’100, mientras que Francia cuenta con tres centros parisinos entre las cien primeras.

Nuestra mejor clasificada es la Universidad de Barcelona, en el puesto 152-200, seguida de Autonoma de Madrid y Complutense, en el intervalo 201-302. El tercer escalón lo presentan la Universidad Autónoma de Barcelona, Valencia y la Politécnica de Valencia, en el intervalo 303-401. El último peldaño de honor es el intervalo 402-503, donde encontramos a las Universidades de Granada, Sevilla y Zaragoza.

Medallero

Por países, el medallero aparece encabezado por USA con 159 Universidades, seguido a mucha distancia del Reino Unido con 42 y Alemania con 40. Luego merecen destacarse: Japón (31), Francia (23), Italia (22), Canadá (21) o China (18). Sorprende la gran presencia de los pequeños países nórdicos en este tipo de rankings, donde justifican sobradamente la gran inversión pública que sus gobiernos realizan en la educación superior y la investigación científica. Así, es admirable el liderazgo de Suecia y sus 11 Instituciones. Le siguen Finlandia (6), Noruega y Dinamarca con 4 cada una. Con un PIB menor que el de España, el conjunto de los países escandinavos presentan nueve universidades clasificadas antes que la primera española, siete de ellas entre las 100 mejores del mundo.

La cara y la cruz del denostado palmarés: continúa “desaparecida” la Universidad rusa, un país asolado por las mafias y la corrupción, con sólo dos Instituciones en el palmarés: las Universidades estatales de Moscú y San Petersburgo. Brasil, por su parte, mantiene seis Universidades en este top’500, demostrando su fuerza de nueva potencia emergente.

Otra cosa: descendiendo el análisis por debajo de las naciones destaca California, una de las economías mas competitivas del mundo, que (¿causa o efecto?) tiene cinco universidades entre las dieciocho primeras del mundo y once en el ranking de las 150.

Existe otra interesante clasificación top’100 por materias que se publica en febrero, donde España mantiene el tipo también gracias a la Facultad de medicina de la Universidad de Barcelona.

El ranking de Shanghai lleva camino de convertirse en el más respetado ranking internacional en materia de universitaria, aunque objeto de muchas críticas, por su escoramiento anglosajón, pero son una muestra de la competición global del conocimiento.

Un interesante análisis aplicado al caso europeo, aunque relativo al año pasado, podeis encontrarlo en el artículo de Domingo Docampo en el último número de la Revista de Educación sobre la clasificación del año pasado. Los resultados están en parte relacionados con la afiliación de relevantes investigadores a instituciones separadas de las universidades (CNRS de Francia y CSIC de España), lo que evita el cómputo de sus publicaciones en esta clasificación.

El informe confirma la excelencia de los sistemas universitarios del Reino Unido y los EE UU. Francia y Alemania, los dos grandes países continentales, parecen disfrutar en la clasificación todavía de una cierta renta derivada de su historia pero están hoy día a cierta distancia de su brillante pasado. Holanda, con la mitad del PIB español, presenta seis universidades clasificadas antes que la primera española, dos de ellas entre las 100 mejores del mundo.

En la realidad española, las propias instituciones son las mayores enemigas de estos indicadores, pero no hay otros. Sin embargo, para un sector de nuestra mejor doctrina gestora, una de las causas de nuestro retraso en el palmarés mundial se encuentra en el anquilosado modelo de gobierno universitario.

Francia se pone las pilas

La ministra francesa de Ciencia, Valerie Pécresse, reconoce la noticia como mala y se plantea un reto para 2012: lograr diez Universidades entre las cien primeras. En la actualidad, Francia representa un porcentaje del PIB entre 1,5 y 2 veces el español y cuenta con cinco universidades clasificadas antes que la primera española, cuatro de ellas entre las 100 primeras.

Además, durante la presidencia francesa de al UE, se ha comprometido a organizar un grupo de trabajo que proponga, en septiembre, una metodología basada en el “aseguramiento de la calidad de las Universidades Europeas” (Le Monde, 6 de agosto) que permita en noviembre obtener una clasificación más cualitativa. Estaremos atentos.

Hoy participo en el VIII Encuentro de Fundaciones Universitarias, en Zaragoza. Se trata del periódico seminario organizado por la Asociación Española de Fundaciones (ver ponencias de la anterior edición) que tiene entre sus alicientes, la brillante coincidencia con la EXPO.

Comparto ponencia con la letrada de la Universidad de Burgos, Ana Caro para hablar de Fiscalización de Fundaciones Universitarias. Resultados, conclusiones y recomendaciones. En este sentido, podemos concluir que la mayoría de los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas (CCAA) mantienen grandes reticencias hacia la proliferación de fundaciones públicas, en general, y muy particularmente hacia las universitarias.

Esta es la razón del título de esta entrada. Unos ejemplos de esta desconfianza nos servirán de muestra. La primera, la encontramos en los informes del Consello de Contas de Galicia que, con ocasión de la auditoría de las universidades públicas, se manifestó así: La Institución no debe acudir a sociedades y fundaciones instrumentales para la realización de los servicios que corresponden a los órganos administrativos, evitando utilizarlas como simples intermediarias en la externalización de trabajos (Informe de Fiscalización de la Universidad de Vigo-2003, epígrafe 5.4).

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el informe correspondiente a la Universidad Pública de los ejercicios 2000-01, nos presenta otro ejemplo al afirmar que “se debería analizar la conveniencia de mantener una entidad cuyo objeto fundacional coincide con el de la Universidad, y cuya actividad se presta con medios de la Universidad, pero sin ningún control por parte de la misma”. En el informe de la UPV de los ejercicios 98-99 había afirmado que su actividad “debe restringirse a los mínimos indispensables”.

Fundaciones públicas

Bajo cierta perspectiva, toda fundación siempre es pública, pues la normativa la sustrae a los lazos privados (vg: el “protectorado”). La normativa, en general, confunde titularidad con iniciativa, calificando de pública aquella fundación que se constituya con sotación mayoritaria pública. Sin embargo, quedan muchos cabos sueltos que deberia anudar la normativa autonómica.

Miguel Ángel Consuegra, en un brillante artículo de nuestra revista Auditoría Pública, hace un análisis de la normativa de las CCAA que sustenta la constitución de este tipo de Entidades Instrumentales, concluyendo que habrá de existir en cada caso, “la necesaria previsión normativa en el ámbito organizatorio autonómico para que se pueda utilizar la figura de la fundación para gestionar servicios de su competencia”.

El artículo 46 de la Ley 50/2002 de Fundaciones trata tres cuestiones que, sin ser de aplicación directa a las fundaciones públicas de las CCAA, se consideran como criterios generales de buena gestión pública. El citado artículo dice que la selección del personal deberá realizarse con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria; que su contratación se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad; y que los mismos principios se tendrán en cuenta cuando la actividad exclusiva de la fundación sea la disposición dineraria de fondos que provengan del sector público estatal.

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el artículo 3 amplía el ámbito subjetivo de aplicación de esa Ley, pues considera que forman parte del sector público (letra f) … las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

Con estas normas, la huida del derecho administrativo se va limitando en la gran mayoría de los ámbitos de actividad.

Fundaciones universitarias

El Tribunal de Cuentas de España, en el macro-informe sobre la Universidad española, que ya hemos comentado con ocasión de su aprobación, recordaba que el objeto social de muchos de los entes dependientes no se corresponde estrictamente con los fines universitarios. Sin embargo, reconoce que el uso de la figura de la fundación permite “desarrollar tareas encomendadas a la universidad de una forma externa a la misma, lo que, si bien permite escapar a las rigideces de la institución universitaria, lleva aparejado una pérdida de control y de la información” (pág. 65).

La mitad de los entes dependientes directamente adoptan la forma de fundación, para la realización de funciones básicas de la universidad, como la investigación o la cooperación con empresas para la integración en el mercado de trabajo de nuevos titulados. Sin embargo, entiende (pág. 65) que ello implica una cierta “externalización” de los fines básicos de la universidad con la consecuente pérdida de control:

Se observa que muchas de las fundaciones tienen su domicilio social en la universidad utilizando sus servicios y suministros sin contrapartida económica alguna. Asimismo, aunque en la dotación fundacional no figure la universidad, es habitual la realización de transferencias desde ésta al ente vinculado.

La Cámara de Comptos de Navarra, en el Informe sobre la Fundación Universidad-Sociedad 2005 censura la no aprobación de las Cuentas Anuales por el Consejo Social, revisando los procedimientos de acceso del personal, según merito, capacidad y publicidad. También analiza el Contrato-programa que liga Universidad y Fundación, la estructura del mismo, la indefinición de algunos de sus objetivos e indicadores, así como la inaplicación de mecanismos de seguimiento y control con exigencias de ciertos requisitos formales.

¿Qué ocurre con aquellas fundaciones cuya participación universitaria no es mayoritaria?

La escasa regulación en la LOU, sólo hace referencia a las fundaciones en su art. 84, en los términos siguientes:

“Para la promoción y desarrollo de sus fines, las universidades, con la aprobación del Consejo Social podrán crear, por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, empresas, fundaciones u otras personas jurídicas de acuerdo con la legislación general aplicable.

La dotación funcional o la aportación al capital social y cualesquiera otras aportaciones a las entidades que prevé el párrafo anterior, con cargo a los presupuestos de la universidad, quedarán sometidas a las normas que, a tal fin, establezca la Comunidad Autónoma.

Las entidades en las que las universidades tengan participación mayoritaria en su capital o fondo patrimonial equivalente quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimiento que las propias universidades”.

De la lectura del artículo se colige que la condición de dependencia estricta reduciría los entes dependientes a aquellos en los que la universidad ejerce una posición dominante, entendida ésta como la participación en más del 50 % en el capital o dotación fundacional.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas amplia el análisis del citado informe a aquellos Entes en los que la posición dominante la ejerce la universidad mediante el control en la toma de decisiones a través de mayoría en el número de patronos, votos, etc.

La doctrina del sector privado, contenida en las Normas Internacionales de Información Financiera incluye dentro del perímetro de consolidación las entidades con control o influencia significativa. Son las Leyes autonómicas de creación de OCEX quienes pueden ampliar el ámbito subjetivo de fiscalización. Un ejemplo aislado lo tenemos en Asturias, cuya Ley 3/2003 de Sindicatura de Cuentas incluye las etidades: “con participación mayoritaria o dominio efectivo, directo o indirecto”.

Recomendación final

La dificultad de afrontar estas fiscalizaciones hace que el Tribunal de Cuentas incluya entre sus recomendaciones del informe sobre la Fundación CNIO (Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III) correspondiente a los ejercicios 98-99-00 (Pág. 62) :

A juicio de este Tribunal de Cuentas, el Gobierno debería adoptar las medidas legales oportunas para que la calificación de una fundación como estatal, dependiera no sólo de la participación mayoritaria en su dotación fundacional, sino que se contemplaran alternativamente otros parámetros fundamentales tales como la composición de su Patronato o que la financiación de su actividad se realice de forma mayoritaria con cargo a fondos públicos.

La prensa recoge la presentación ayer del informe 2007 de la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo. Una cita obligada, todos los años, que en esta edición contó con la presencia de la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y el Comisario Europeo de Educación, Ján Figel, quienes destacaron que la producción, difusión y uso del conocimiento deben ser el eje central del desarrollo económico.

El texto del Informe puede descargarse en el portal de la Fundación y contiene un análisis, por cuarto año sucesivo, de las luces y sombras del sistema universitario español. Unas universidades que cada vez son más diferentes y atienden necesidades sociales diferentes.

El trabajo pone de manifiesto la importancia del sistema universitario, no sólo en lo que se refiere a su contribución a la creación de conocimiento y a la mejora y ampliación del capital humano, sino también en cuanto a su relevancia económica dentro del conjunto de actividades de la economía española.

Principales conclusiones

Entre sus conclusiones encontramos la constatación de la disminución del número de estudiantes cuya movilidad territorial crece muy levemente. La presencia de estudiantes extranjeros de grado es muy reducida mientras que en el doctorado y Erasmus es elevada. Respecto al rendimiento académico, sigue siendo relativamente reducido.

Impacto económico

El impacto directo del sistema universitario en la economía española es muy relevante y creciente, tanto en el PIB como en el empleo del conjunto de actividades productivas de la economía española.

La comparación actual del impacto económico de las universidades públicas con en el año 2000 y el 2004 nos indica que se ha producido un aumento del 11% y del 14% respectivamente. En cambio, el impacto en el empleo total ha supuesto una reducción del 2%.

Percepción social

Mejora en la percepción social de las tendencias en el sistema universitario e incremento de la valoración como problema de diferentes dimensiones de la relación universidad-empresa. En lo que se refiere a las tendencias detectadas en el sistema universitario español y su evolución, los expertos consultados en el Barómetro 2007 sobre la situación del sistema universitario español elaborado por la Fundación CYD, consideran que se ha producido una mejora, entre 2005 y 2006.

Las tendencias que expresan una mayor mejora relativa son la importancia que tiene para la universidad su relación con la empresa y la dotación de infraestructuras para la ciencia, la tecnología y la creación y transferencia de conocimiento, mientras que las tendencias que menos mejoran son las relativas al grado de conexión entre la docencia, la investigación y la transferencia de tecnología, la competitividad internacional de las universidades españolas y la capacidad competitiva de la economía española a nivel internacional a partir de su sistema universitario.

Graduados

La población con estudios universitarios presenta mejores indicadores en el mercado de trabajo. Continúa la tendencia a la reducción del desajuste entre demanda y oferta de empleo de alta cualificación aunque la inserción laboral de los titulados españoles se produce en peores condiciones que en otros países europeos aunque disminuyen las diferencias.

Entre los retos pendientes se destaca la adquisición de competencias actitudinales y una mayor atención de las universidades a la inserción laboral de sus titulados. Este aspecto, impensable hace unos años, empieza a serun importante factor de diferenciación institucional.

Investigación

Aumenta el gasto en I+D de las universidades españolas aunque se observa un ligero descenso de su peso en el PIB. Sigue siendo escasa la cooperación en innovaciónentre empresas y universidades. También se detecta un aumento sustancial de la transferencia de tecnología de las universidades a las empresas tanto como respuesta a la demanda empresarial como impulsada por las universidades.

Como resúmen final, hace unos meses, el Rector de la Universidad de Salamanca, lo vendía así:

La universidad siempre es noticia. A veces, por lo estrambótico de algunos nombramientos, como reza el titular de La Vanguardia que preside esta entrada. Otras, porque son un elemento esencial en la sociedad del conocimiento, tanto en su función de formación como de agente del sistema de ciencia, tecnología e innovación.

En toda Europa, las reformas universitarias tienen como eje central el aumento de la autonomía y el establecimiento de objetivos. Una de nuestras debilidades (y, en menor medida, también de las europeas) es la tendencia a la uniformidad. Para quien quiera profundizar en el análisis de las diversas estructuras de gobierno universitario puede puede consultar el interesante documento de la Fundación CyD.

Como respuesta, todos los estudios exigen replantear las relaciones con la administración y fomentar la competencia entre las universidades, diseñando estrategias de diferenciación, que a su vez refuerzan las necesidades de cambiar los modelos de gestión y sus diseños organizativos.

Estos días hemos tenido bastantes noticias sobre los aspectos financieros y organizativos de nuestras instituciones universitarias.

Libro blanco, en Cataluña

La semana pasada, la Asociación de Universidades Públicas de Cataluña presentó el Libro Blanco de la Universidad de Cataluña. A partir de ahora se abre un período de consulta pública sobre este documento. El Libro Blanco de la Universidad de Cataluña reconoce que ha inspirado bastante el modelo californiano, cuya red de universidades públicas está muy integrado sin que éstas hayan perdido un ápice de personalidad.

Todos los interesados en participar en este debate público sobre la Universidad de Cataluña pueden enviar sus comentarios, propuestas y opiniones hasta el 31 de Octubre de 2008 al siguiente correo electrónico:

llibreblanc@acup.cat

Posteriormente, desde la ACUP se elaborará y publicará un informe sobre los resultados de la consulta. Habrá que seguir este tema de cerca, porque promete ser un debate muy interesante.

Nueva Comisión de Financiación

Trasciende una cierta preocupación por la implantación del Espacio Europeo sin contar con una financiación adicional. En otra entrada hemos hablado del informe “Financiación del Sistema Universitario Español. Valoración de la situación actual. Objetivos e instrumentos para alcanzarlos”, que la Comisión creada en la anterior legislatura entregó al Secretario de Estado, el 20 de abril del año pasado ¿Se han discutido y aplicado sus conclusiones?

No. En este sentido, hace un par de semanas, el Gobierno de la Nación, las Comunidades autónomas y las Universidades acordaron crear otro grupo de trabajo, formado por 15 representantes -de la Conferencia General, del Consejo de Universidades y del Ministerio de Ciencia- para mejorar la financiación y la gestión económica de las Instituciones de Educación Superior. Sin embargo, no tendrán su reflejo hasta los Presupuestos Generales del Estado de 2010

Francia: de los mimbres a los cestos

Recientemente, nuestros vecinos del norte han dado mucho trabajo a muchos grupos de estudio en los más diversos campos de la Administración. Así, tras aprobar el año pasado una nueva Ley de reforma universitaria, acaba de hacerse público un informe del senado francés, que preconiza un sistema de financiación universitaria según criterios de logro de objetivos.

Seis senadores han sido encargados por la ministra de enseñanza superior, Valérie Pécresse, de proponer una reforma del sistema San Remo (Sistema Analítico de Reparto de Medios) vigente desde el 1994 para asignar desde el Estado los empleos y la dotación anual que se transfiere a las universidades, teniendo en cuenta particularmente el número de estudiantes matriculados y la superficie de los edificios.

El nuevo sistema contemplado por el Senado, bautizado “agradable” (SYMPA: Sistema de Reparto de Medios por la Performance y la Actividad) predica una correlación entre financiación y logros. Sugieren utilizar criterios como el índice de inserción profesional (tras seis meses y tras tres años) desde la terminación de los estudios o el nivel de sus salarios.

Asimismo, el grupo de trabajo propone vincular la financiación al número de estudiantes presentados a los exámenes y no respecto al total de los estudiantes matriculados, como prevé el sistema San Remo.

Por otra parte, el 16 de abril, Francisco d’ Aubert le remite a la Ministra Pécresse, el informe que le había encargado en noviembre de 2007, sobre “la colaboración entre los organismos de Investigación y las Universidades“. Con la nueva ley universitaria, que refuerza sus prerrogativas en materia de política científica, el objetivo enunciado repetidas veces por Nicolás Sarkozy, es que “progresivamente, la universidad sea el centro de nuestro dispositivo investigación científica”.

Esta semana destacamos dos noticias relacionadas con la innovación y su apoyo desde las estructuras oficiales de la Ciencia en España.

Por una parte, la nueva Ministra de Ciencia e Innovación, concedía una amplia entrevista al Diario Expansión donde presentaba algunos de los objetivos preferentes de su programa ministerial. Por otra parte, tenemos el brillante discurso de Alvaro Cuervo en su Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Salamanca.

Modernizar las estructuras científicas

Uno de los principales desafíos declarados en su entrevista por la nueva Ministra, Cristina Garmendia, es promulgar una nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que sustituirá a la aprobada hace 22 años e intentará abordar al menos cuatro grandes retos:

1) La modernización de nuestras estructuras de investigación científica y, en particular, la racionalización y mejor coordinación de los Organismos Públicos de Investigación estatales;

2) La definición de una trayectoria investigadora coherente, completa y atractiva;

3) La simplificación, flexibilización y profesionalización la gestión y ejecución de las políticas públicas de I+D+i. En esta línea, la actuación más importante será la creación y aprobación del Estatuto de la Agencia estatal de Financiación, Evaluación y Prospectiva de la Investigación Científica y Técnica y;

4) La redefinición y mejora de los mecanismos de coordinación y colaboración de la Administración General del Estado con el resto de agentes que intervienen en el sistema y, en especial, con las comunidades autónomas.

La Ministra también desvela que el Estatuto del Personal de Investigación del Sector Público quedará integrado dentro de la reforma de esa nueva Ley de la Ciencia , que además intentará elevar la remuneración del Personal Universitario en Formación y del Personal Investigador en Formación hasta un mínimo de 1.400 euros en la fase de iniciación y de 1.700 euros en la fase de consolidación.

Simplificar, simplificar, simplificar ….

Su colega francesa, Valérie Pécresse, Ministra de Enseñanza Superior e Investigación, recibió durante el pasado mes de abril, el informe coordinado por el antiguo ministro Francisco d’ Aubert, sobre la nueva colaboración entre Universidades y Centros de Investigación.

En todos los informes están presentes las mismas ideas: reequilibrar la colaboración entre las universidades y los organismos científicos, armonizar las normas en materia de recursos humanos, simplificar las reglas de gestión.

En España, tenemos un ejemplo reciente en la Ley Contratos del Sector Público cuya Disposición adicional duodécima simplifica el procedimiento para la contratación del acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones que podrán efectuarse, “cualquiera que sea su cuantía”, como los contratos menores y (esto también es importante) con sujeción a las condiciones generales que apliquen los proveedores, incluyendo las referidas a las fórmulas de pago, admitiendo el pago con anterioridad a la entrega o realización de la prestación, siempre que ello responda a los usos habituales del mercado. Quienes hemos trabajado “para los investigadores” sabemos los rodeos que exigía contratar las publicaciones científicas y la ayuda que supone esta sencilla disposición.

Alvaro Cuervo, brillante

En su discurso “honoris causa”, Cuervo realiza una reflexión desde la madurez intelectual obtenida con décadas de trabajo académico y profesional. Sus conclusiones no están exentas de pesimismo y algo de melancolía, quizás influido por ese Templo de la Ciencia que es el paraninfo salmantino.

Durante su exposición habló de la innovación. El estudio del paso de la I+D a la innovación le permite constatar varios hechos interesantes. Primero, que no existe relación directa entre I+D e innovación; segundo, que los indicadores de la I+D, tales como publicaciones científicas (España: 3% de la ciencia mundial) o patentes (0.7% del total mundial) no dejan de ser medios que se convierten en fines; tercero, que el desarrollo de la I+D no es un problema de oferta- más subvenciones y fondos públicos- sino de demanda; y, finalmente, que el espacio tiene importancia: recursos y capacidades, capital humano y tecnologías están en un territorio y no sólo en la empresa.

Desarrolla cada uno de los apartados en un discurso que merece la pena leer con calma. Termina con estas palabras:

Quizás se pregunten por el tono algo crítico de mis palabras. A ello sólo puedo responder que soy economista, y por ello algo triste. Lo que distingue la economía de otras ciencias sociales, no es su objeto de estudio sino su enfoque, una forma de ver la realidad y de analizar los determinantes de las elecciones sociales ….

El Consejo Social de la Universidad de Valencia, en la sesión plenaria del 29 de abril, resolvió conceder a la Oficina de Control Interno, el Premio a la Gestión Universitaria 2008 por sus “Informes Anuales de Ejecución Presupuestaria”, en el ámbito de la XIV Edición de los Premios Universitat-Societat.

La entrega formal del premio tuvo lugar el día 21 de mayo en la sede de la Fundació Universitat-Empresa en un acto presidido por el Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps y que contó con la presencia de los máximos representantes del ámbito universitario, económico y político, entre ellos el Presidente del Consejo Social, Carlos Pascual. El premio fue recogido por la Directora de dicha Oficina, Esther Escolano, que veis en la foto y a quien he pedido unas lineas explicando la actividad premiada.

Los órganos de control interno de las Administraciones Públicas (AAPP) son muy importantes dentro de los procesos de mejora, donde sus informes pueden contribuir a detectar los problemas y a ofrecer información independiente para evaluarlos y resolverlos. Por eso debe elogiarse el apoyo del Consejo Social a esta actividad auditora, no siempre suficientemente reconocida.

INFORMES DESCRIPTIVOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL

Por Esther Escolano. Directora de la Oficina de Control Interno de la Universidad de Valencia.

Una de las actividades que realizamos desde la Oficina de Control Interno, dentro de lo que podrían considerarse como nuevos enfoques de la auditoría interna y su contribución a la calidad y a la modernización de las AAPP, una práctica que se enmarca dentro de lo que se conocen como auditorías de eficacia y eficiencia: LOS INFORMES ANUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA que elaboramos desde nuestra unidad.

¿QUÉ SON?

Tras la puesta en marcha del sistema de información contable descentralizado (SICUV), desde esta Oficina hemos venido realizando, una vez liquidado el presupuesto de cada anualidad, la explotación integral de los datos correspondientes a la gestión presupuestaria de todas las unidades descentralizadas de gasto de esta Universidad (Facultades –con sus correspondientes departamentos–, Institutos de Investigación, Unidades, Servicios y Órganos Estatutarios, etc.)

A través de dicha labor proporcionamos a las distintas unidades cifras relativas a los principales indicadores de la ejecución del presupuesto, datos que estimamos realmente interesantes para conocimiento de aquéllas en la medida en que no aparecen en ningún otro informe o documentación. Con carácter interno, la información proporcionada constituye una panorámica capaz de permitir apreciar la situación comparativa de los distintos departamentos o subunidades, su volumen de fondos ordinarios junto a aquellos destinados a la investigación, el destino de los créditos empleados, etc.

Además, en cada uno de los Informes se proporciona información correspondiente a otra serie de unidades capaz de facilitar su ubicación tanto en el Campus correspondiente como en el conjunto de centros de tipología similar (Facultades, Escuelas, Institutos, Servicios…), un enfoque que, sin duda, permite la descripción comparativa de la unidad auditada.

Por ello, podrían destacarse como características definitorias de dichos Informes:

• Mediante los mismos se lleva a cabo un análisis integral de las principales magnitudes e indicadores de gestión presupuestaria
• Proporcionan información que no aparece en ningún otro informe ni documento
• Ofrecen una panorámica anual de origen y empleo de recursos económicos de toda la Universidad; permite ubicación comparativa en el Campus geográfico, así como con las unidades de tipología similar

DESTINATARIOS:

Son en total unos 46 informes, que abarcan:

• Facultades (con sus Departamentos)
• Escuelas Superiores y Escuelas Universitarias (Facultades y Escuelas tenemos 16, departamentos 90)
• Institutos Universitarios de Investigación
• Unidades de gestión de Campus
• Bibliotecas
• Servicios Estatutarios
• Servicios Centrales

PERIODO OBJETO DEL INFORME

La evaluación abarca la gestión presupuestaria anual (trabajamos en los informes una vez liquidado el presupuesto) correspondiente a todos los fondos adscritos a las unidades auditadas.

Por otro lado, la realización de estudios descriptivos del tipo contenido en este tipo de Informes a lo largo de series de años más dilatadas nos ha permitido sin duda, llegar a conclusiones e identificar tendencias de mayor interés, aquél que les otorga una más amplia perspectiva temporal.

SECUENCIA DEL TRABAJO REALIZADO:

• Explotación integral de datos
• Elaboración de los informes individuales
• Cita
• Presentación personalizada a los responsables académicos y administrativos de la unidad

¿QUÉ INFORMACIÓN PROPORCIONAN?

Tomando como ejemplo una Facultad o Escuela, y con referencia tanto a la Administración del Centro como a cada unos de los departamentos, se analizan:

• Presupuesto inicial, modificaciones presupuestarias, presupuesto definitivo
• Fondos generales u ordinarios, fondos de investigación (absolutos y relativos, perspectiva comparativa)
• Adscripción de los créditos de investigación a los distintos Departamentos
• Gasto ejecutado: Universidad, Campus, unidades de tipología similar, unidad analizada
• Grado de Ejecución presupuestaria
• Número de expedientes de gasto (absolutos y relativos, perspectiva comparativa): Indicador importante para el PAS, en cuanto que permite (conjugado con el montante presupuestario gestionado) formarse una idea bastante aproximada de la carga y complejidad de la gestión económica administrativa
• Finalidad del gasto realizado (en qué han empleado los recursos)
• Ritmo de ejecución del presupuesto (en términos absolutos y relativos –porcentuales- presentamos el desglose de operaciones corrientes y de capital y su ejecución mensual, en cifras y gráficamente)
• Desglose de la finalidad de los créditos de investigación: La importancia que en nuestra institución poseen los créditos de investigación, nos ha llevado a proporcionar una visión detallada, del desglose en los distintos tipos de gasto que presenta el artículo 68, relativo a los fondos de investigación. Mediante la misma se ofrecen los gastos concretos que corren a cargo de dichos fondos (retribuciones de personal; equipamientos y programas informáticos; material fungible; dietas; libros y otras publicaciones; etc.).
• En la vertiente de los ingresos, datos referentes a sus diversos orígenes (Investigación contratada, con entidades públicas o privadas, empresas, etc.; convocatorias de investigación europeas, estatales, autonómicas; otros ingresos…)
• Evolución de las distintas variables presupuestarias en los últimos ejercicios

En definitiva, mediante este Informe tratamos de presentar a los responsables políticos y técnicos de la Unidad auditada una serie de datos con los que configurar una visión general del volumen de presupuesto gestionado por la misma, así como la composición de los fondos y ubicación relativa en el Campus, la evolución de las principales variables presupuestarias, etc., en suma, calidad de la gestión desarrollada en esta vertiente desde la unidad.

ASPECTOS POSITIVOS DE ESTOS INFORMES:

• El valor de la información
• Contienen referencias a los principales indicadores de gestión presupuestaria de las diversas unidades
• Suponen un control o auditoría en red
• Su realización y presentación provoca cambios muy positivos en la percepción de la labor auditora

La prestigiosa revista Nature, Premio Príncipe de Asturias 2007, dedicaba ayer su editorial a la investigación española y al nuevo impulso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con el sugerente título “¿una nueva edad de plata?”. Obviamente, la división de oro queda para las grandes potencias mundiales, pero la revista, al menos, sugiere un elogio.

El asunto es objeto del fuego cruzado electoral de los medios pro y contra el Gobierno, como veís más arriba. Así, el diario ABC titula: «Nature» critica el exceso de burocracia de la Ciencia en España; mientras que Público, (me mojo: en mi opinión, más acertadamente) destaca: la revista ‘Nature’ augura una edad de plata para la ciencia española.

La realidad es que, tras una lectura global y en términos generales, el editorial parece elogioso para el impulso efectuado durante la legislatura, duplicando los presupuestos de I+D, aunque mantiene la incógnita sobre los retos de la “modernización de la organización y gestión de la ciencia en España”.

Después de hacer un breve repaso histórico de la formación del CSIC, plantea su actual marco jurídico como agencia estatal (independiente) aunque dentro del sistema funcionarial de reclutamiento, con la normativa presupuestaria como eje: “como resultado de ello, la contratación de cualquier nivel es desesperadamente lenta, la contratación de extranjeros es difícil, y es casi imposible ofrecer a nadie un conjunto competitivo de los sueldos” dice el editorial.

Recuerda la revista que el CSIC ha hecho sus deberes: “ha evaluado la totalidad de los institutos, cerrando tres, fusionando otros para concentrar los esfuerzos investigadores”. Nuestro amigo Chaves califica este nuevo marco jurídico de “modelo de futuro, novedoso y optimista”, con el contrato de gestión como estrella, la máxima capacidad de autoorganización y posibles incentivos directivos. Mucha autonomía y un sistema de auditoría pública o control financiero permanente frente al clásico de intervención, con los riesgos que conlleva.

Muchos profesores suelen criticar el status de “investigador para toda la vida” del personal del CSIC, frente al modelo complementario universitario. En nuestro ordenamiento jurídico, la investigación es un derecho y un deber del personal docente universitario, al que se debe dedicar parte de la jornada laboral. Recordemos las eminentes palabras de profesor González Navarro: “la Universidad ha de investigar para llegar a saber aquello que todavía no se enseña porque aún no se sabe”.

En la actualidad, la carrera del investigador está plagada de dificultades. Nunca fue un camino fácil, pero ahora los mejores expedientes académicos no ven estímulo en seguir formándose ni en acudir al laboratorio durante el fin de semana para supervisar un experimento. La primera consecuencia es que muchos grupos competitivos tienen realizando la tesis doctoral a más estudiantes extranjeros que nacionales.

La Federación de Jóvenes Investigadores exige planificar la carrera investigadora. «Una carrera que elimine las etapas remuneradas con becas, la endogamia y la excesiva burocratización, favoreciendo a los investigadores, cuidando las relaciones universidad-empresa… Una carrera profesional planificada, coherente y convincente». Convocan una manifestación para el 1 de marzo bajo el lema; “Otra investigación es posible”.

En contrapartida, ayer publicaba el BOE una macroconvocatoria para la formación y contratación de investigadores, dotadas con 257 millones de euros.

España gastó durante 2006 un 1,2% del PIB en I+D+i, la mitad que países como Francia o Alemania. Sin embargo, el sector público investigador parece estar más cerca de los indicadores de gasto europeo. Las Universidades constituyen uno de los principales agentes de gasto en ciencia con el 0,33% PIB. El sector empresas supone el 0,67% del PIB y la Administración Pública un 0,20% del PIB, todo ello durante 2006 . En comparación con otros países, la parte pública del porcentaje es significativamente superior.

Los objetivos de la Agenda de Lisboa, para alcanzar el 3% del PIB, son muy ambiciosos. Los franceses ya han arrojado la toalla. No todo puede ser obtenido vía subvenciones. El sector privado debe estar a la altura y, aunque está haciendo grandes avances, con 49.000 empresas españolas realizando innovación y 5.000 investigadores contratados durante el año 2006, la realidad es que nos estamos alejando cada día más de la media europea.

No es extraño que los programas electorales tengan a la I+D+i como tema estrella. Aquí surge una cuestión: el actual “sistema” de ciencia español ¿está capacitado para asimilar un incremento significativo en la financiación?¿Lo único que necesita es más dinero? En mi modesta opinión, nada se resolverá si no se garantiza en el largo plazo un futuro profesional para los investigadores, en las universidades y en los hospitales. Pero también en las empresas, que tienen un papel protagonista. Recordemos que una sola compañía europea como Philips, solicita cuatro veces más patentes que toda España, con sus 45 millones de habitantes y la aureola de octava economía mundial. Por eso no debe extrañarnos que la noticia científica del día se titula “fritanga para la furgoneta”. No os la perdáis.

Cuentan que el comandante Cousteau, cuando tenía casi ochenta años y se adormecía en algunas reuniones, escuchó durante una conferencia en la UNESCO, que uno de sus acompañantes murmuraba “eso es imposible”, entonces se despertó y dijo: “esto me interesa”. La productividad del investigador tiene poco que ver con las actitudes geniales y más con lo que debe ser una industria: unos objetivos, una organización y una rutina. Entonces nuestra niña, que quiere ser investigadora, pregunta: ¿cuándo podré demostrar que yo también soy un genio? Pues probablemente nunca; probablemente te pasarás la vida entre contratos precarios y a las órdenes de ese tío que tampoco es un genio. Vamos, como en cualquier empresa.

Foto: Una investigación (1897), cuadro de Joaquín Sorolla, perfectamente explicado aquí

Una versión de este artículo y del precedente fue publicada en el diario La Nueva España, el dia 9 de marzo de 2008.

Así cantaba hace unos años el canalla de Joaquín Sabina hablando del Madrid de los ochenta.

De la misma manera, el titular que presentamos hoy, correspondiente al diario El País, pone de relieve el cambio social que se ha venido produciendo en los últimos años: la crisis de las vocaciones científicas, generalizada en los países desarrollados en los noventa, no ha tocado todavía fondo en España y los jóvenes prefieren las ciencias sociales y la economía frente a las ciencias experimentales y la tecnología, salvo las ciencias de la salud.

Lo advertía este otoño George Steiner: “Europa apesta a dinero“. En su opinión, la única aspiración de las élites intelectuales consiste en dedicarse a la banca, convertirse en multimillonarios a los 25 años. La política o la investigación han perdido todo su atractivo. Ni siquiera la literatura atraviesa su mejor momento, y a Steiner le parece “un poco inquietante” que el Nobel recaiga en una autora de 88 años, aunque admire a Doris Lessing y le guste su obra.

Aunque contamos con una tasa de graduados superior a la media comunitaria (el 29,9% frente al 23% y aun lejos del 40% finlandés) nuestros profesores se quejan del bajo número de quienes realizan una tesis doctoral. No debe extrañarnos. Un tercio de los graduados vive con sus padres cinco años después de licenciarse. Añádale la carga de proseguir con un postgrado. Los chicos pronto detectan que el dinero no produce la felicidad aunque provoca una sensación muy parecida.

En este marco, es grato encontrar la política de becas predoctorales promovida por el Banco Santander, que congrega todos los años docenas de autoridades en el paraninfo salmantino. Os recomiendo el cálido y breve discurso del Rector de la Universidad de Salamanca, José Ramón Alonso (biólogo), con ocasión de la entrega de las 165 Becas de este año, para doctorandos iberoamericanos. Su lectura demuestra que la elocuencia no es exclusiva de los doctores en humanidades.

Los días 21 y 22 de febrero de 2008 la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU) reunió, en la Universidad de Alicante, a 250 responsables universitarios para debatir los retos de la Europa del Conocimiento en la realidad de la Universidad Española, la implantación de los nuevos estudios y las tendencias del marco legislativo español, referidas a la estructura de las enseñanzas universitarias superiores. Patrocinan, como viene siendo frecuente en los eventos universitarios el Banco Santander y Oracle.

Se trata del I Foro de Gestión Académica en las Universidades (I FORAC) en el que he reencontrado a muchos representantes de universidades españolas e iberoamericanas (República Dominicana, Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile) y algunos bueno amigos.

La inauguración del acto corrió a cargo del Gerente de la Universidad alicantina, Rafael Carrillo, el vicerrector Faraón Llorens y Miguel Angel Pavón, Consejero Delegado de OCU (en ese orden en la foto). Todos hablaron de las necesidades tecnológicas del Espacio Europeo de Educación Superior, que dé solución a la movilidad y el reconocimiento mutuo “en cualquier sitio y en cualquier momento”.

Pavón, recordó que presenciamos unos cambios tecnológicos radicales. La Universidad está perdiendo el monopolio del conocimiento aunque se mantiene el de los títulos. “Ya no podemos vivir del Beatus Ille“, recordó en frase a la que pareció no dar importancia pero que me pareció brillante, representativa y que adopto para este artículo. Habló de la reconversión de la enseñanza magistral, del acercamiento de la Europa latina a la anglosajona, de la agonía y evolución de la Universidad, como crisis que debemos superar, de nuestros competidores: las universidades corporativas, transfronterizas.

Este proceso está en construcción en 46 países, aunque están todos los miembros de la UE. Ah! Los estudiantes son muy críticos, en parte por desconocimiento y en parte porque creen que se mercantiliza la universidad. Todo esto es conocido, pero es justo recordarlo. El pasado 15 de febrero culminó el plazo para que las universidades españolas presentasen su oferta de títulos de grado de cara al próximo curso 2008/09, con un balance discreto.

El primer conferenciante fue Guillermo Barnabeu, ex-vicerrector alicantino y ahora asesor de la DG Universidades, que señaló la transparencia como la característica básica del proceso. “No importa tanto el nombre del título o las materias, cursadas sino qué sabe el graduado: “No se busca homogeneidad sino compatibilidad con respeto a la diversidad, con garantía de la calidad en los títulos, para que tengan validez en toda Europa”. En ese sentido, el registro Europeo de Agencias de Calidad es fundamental y el 4 de marzo se constituye la persona jurídica que dará soporte a ese control sobre las agencias nacionales. Hay alguna resistencia natural a este avance.

Respecto a la supresión del catálogo de títulos, calíficó la medida de “esencial”, terminando con una situación única y anacrónica en Europa, donde prima la garantía de la calidad, la acreditación y la empleabilidad. Puso dos ejemplos: primero el carácter público de los registros de títulos, que permite comprobar fácilmente en la próxima década la posesión efectiva. Otro ejemplo: el “trabajo fin de grado” que pasa a ser obligatorio en todo tipo de grados universitarios para apoyar la vertiente práctica de los estudios.

Foto: visitando el campus alicantino con José Manuel Canales, Catedrático anfitrión de Ciencia Política, El Rector del Politécnico de Medellín, Efrén Barrera y el Viceministro de Educación Superior de la República Dominicana, Rafael Gonzalez.

El conocimiento reemplaza a las materias primas como fortaleza en nuestra economía global. Se habla de la “maldición del petroleo” y la Universidad cobra un especial protagonismo, a la vez que atraviesa un período crítico. Los cambios en las políticas públicas, unido al creciente ritmo de los avances tecnológicos y científicos, están alterando de una forma acusada el entorno.

En España, el descenso de la natalidad y la pugna por obtener financiación adicional requieren nuevas respuestas organizativas y financieras por parte de las universidades. Mientras tanto, son múltiples los foros que demandan mejorar la situación financiera de la universidad española, como recoge el titular del diario Cinco Días que hoy preside esta entrada.

La publicación periódica de ránkings universitarios nos recuerda que estamos en un competitivo mercado global. Pero pasados unos días, todo vuelve a la normalidad y la financiación de la educación superior deja de ser una prioridad. En esta bitácora solemos ocuparnos con frecuencia de los múltiples aspectos universitarios.

Por un lado, la famosa clasificación de las 500 mejores universidades del mundo. Se trata de un listado recopilado por un grupo de especialistas en bibliometría de la Universidad Jiao Tong de Shanghai, en China. Este listado incluye las mayores instituciones de educación superior del mundo y están ordenadas de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta el número de galardonados con el Premio Nobel (10%), los ganadores de la Medalla Fields (20%), número de investigadores altamente citados en 21 temas generales (20%), número de artículos publicados en las revista científicas Science y Nature (20%), y el impacto de los trabajos académicos registrados en los indices del Science Citation Index (20%) y por último, el “tamaño” de la institución.

Los resultados no son alentadores. Nuestra primera Universidad, para ellos, sería la de Barcelona, que ocupa el puesto 170 del mundo, seguida de la Complutense (248). Frente a las 23 universidades francesas, entre las 500 primeras sólo aparecen nueve universidades españolas: la Autónoma de Madrid (255), la de Valencia (393), la Autónoma de Barcelona (355); la Politécnica de Valencia (387), la de Granada (468), Sevilla (493) y Zaragoza (505). Da pena la degradada situación de Rusia, con sólo dos instituciones en el top 500, las mismas que Hungría o Grecia.

El primer país latinoamericano de la clasificación’500 es Brasil, con 5 universidades (la Universidad de Sao Paulo en el puesto 144 y la Univ. Estadual Campinas, en el top 300). En el top 200 encontramos a la UNAM de Méjico y a la Universidad de Buenos Aires.

Otra clasificación, elaborada por Webometrics, que mide la presencia universitaria en la Red, incluye a 25 centros académicos españoles entre los 500 primeros, cifra superior a la de Francia o Italia.

Para un sector de la opinión pública, el ránking PISA demuestra que siempre son los mismos países los que encabezan en el desempeño de los alumnos: Canadá, Finlandia, Japón, Singapur y Corea del Sur. En muchos de ellos, su éxito está desligado de la inversión educativa, como nos recuerda el titular del diario Expansión.

Personalmente creo que está demostrada una estrecha relación entre calidad y gasto universitario. Las mejores instituciones son las que tienen mayores presupuestos por alumno; esto está claro. Sus indicadores de gestión son comparados con periodicidad y, en España, son objeto de multitud de análisis, gracias al Observatorio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas que dirige Juan Hernández Armenteros, durante quince años Gerente de la Universidad de Jaén. Podeis leer una reciente entrevista aquí.

Las Comunidades Autónomas han asumido la responsabilidad de la educación superior con distinto interés y con diverso grado de aceptación. Nadie podía creerse que serían simples espectadores “de pago”. Las restricciones financieras (déficit cero, estabilidad presupuestaria) llevarán consigo una mayor rivalidad en la búsqueda de fondos públicos.

El aplazamiento de la aplicación de modelos de financiación objetivos y transparentes, que introduzcan certidumbre en la programación financiera de nuestras universidades, constituye, hoy más que nunca, una dejación de responsabilidad de los gobiernos de las Comunidades Autónomas, máxime si tienen varias universidades en su territorio. Por ello, son frecuentes las refriegas entre los rectores y las Autoridades autonómicas.

En muchas regiones españolas se financia la educación superior a través de transparentes modelos, con fórmulas o contratos-programa que disciplinan el uso de los recursos universitarios y lo condicionan a una gestión eficiente y de calidad. Pero las universidades son empresas multiproducto, que realizan de manera simultánea dos actividades distintas, docencia e investigación, compartiendo gran parte de sus inputs. De hecho es muy difícil realizar una evaluación de su eficiencia. No obstante, queda por resolver el problema de la endogamia universitaria, que ayer ponía de relieve con toda su crudeza el diario El Mundo.

La Universidad pública española (49 Instituciones, en 2003) acaba de ser objeto de una compleja fiscalización “horizontal” del Tribunal de Cuentas de España. El informe abarcó la “organización, la actividad económico-financiera y la gestión”, tal como solicitó la Comisión Mixta Congreso-Senado y Tribunal de Cuentas el 21 de diciembre de 2001, el mismo día que se promulgaba la Ley Orgánica de Universidades.

El informe, aprobado por el Pleno del Tribunal el 17 de enero pasado, consta de 220 páginas seguido de múltiples anexos y exigió un gran nivel de coordinación del Tribunal de Cuentas con los Órganos de Control Externo de las CCAA que fiscalizaron las universidades respectivas, como puede verse de manera gráfica en la foto que pedí expresamente al subdirector técnico para dejar constancia gráfica de la complejidad de su integración. Una imagen vale más que mil palabras. Para quienes asusta leer el mamotreto, os hago un resumen de urgencia.

Descargar informe.

En un tono bastante constructivo, se presenta el panorama general de la educación superior en España, sin eludir aspectos académicos o investigadores. Como en todo imfome de auditoría comienza con las:

Limitaciones al alcance

Los auditores plantean varias limitaciones al alcance del trabajo, que no permitieron su adecuada realización, aunque no hayan impedido alcanzar resultados ni deducir las consiguientes conclusiones y recomendaciones.

Respecto a la organización, destaca la “falta generalizada de información sobre los Entes dependientes” (fundaciones y sociedades universitarias). En el área financiera, la inexistencia de inventarios o contabilidad financiera en una decena de universidades.

En el área de gestión se mencionan importantes carencias generalizadas: ausencia de contabilidad analítica, de objetivos presupuestarios y de programación plurianual. También la inexistencia Relaciones de Puestos de Trabajo del personal docente y de sistemas de control de asistencia, presencia y cumplimiento de horarios académicos.

Aspectos financieros

En 2003, el resultado agregado del conjunto de las universidades ha resultado negativo y el déficit ha sido enjugado con endeudamiento, pues se produce en las operaciones de capital. Los presupuestos se aprueban una vez iniciado el ejercicio, lo que resta efectividad su gestión.

Debe elogiarse que el Tibunal se haya atrevido a estimar determinados costes de interés para la ciudadanía. Así, el coste estimado por los auditores del crédito “impartido” es de 3.992 euros. El coste medio del crédito matriculado se estima en 77 euros. Un alumno matriculado de un curso completo cuesta anualmente a la Universidad 5.185 euros. Un licenciado acaba costando 33.066 euros, a grandes rasgos y, todos ellos con mucha dispersión, como es lógico, entre las distintas ramas científicas. Esta es la media:

Organización

El sistema universitario español se caracteriza por su descentralización y la colegiación de las principales decisiones. Para el Tribunal la existencia de múltiples órganos colegiados con funciones homogéneas “puede incidir negativamente en el proceso de elaboración y aplicación de las normas internas” o afectar a “la necesaria objetividad a la hora de gestionar los intereses generales de la Universidad”.

Un tercio de las universidades no cuentan con órgano de control interno. Su dotación de personal es casi siempre “insuficiente” y no guarda relación con el volumen económico gestionado. En su opinión deberían elaborar un informe anual sobre sus actividades.

Las fundaciones universitarias, con frecuencia tienen fines y objetivos que no guardan relación con los estrictamente universitarios. Salvo en tres CCAA no consolidan los estados financieros con la Universidad matriz.

Critica severamente el Tribunal la ausencia de mecanismos efectivos de evaluación, en 2003: “a lo sumo se limitan a realizar encuestas a los alumnos tratando de averiguar su opinión acerca de la mayor o menor aptitud docente de los profesores”.

Investigación

El Tribunal ha detectado contratos de investigación sin contenido científico. Esta afirmación recoge el pensamiento de muchos informes autonómicos (País Vasco, Comunidad Valenciana) que vienen reiterando que determinados contratos de I+D son competencia desleal o simple venta de servicios que en el mercado pueden ofrecer las empresas.

Llama la atención el informe sobre la carente o deficiente planificación de la actividad investigadora, así como cierta pasividad del vicerrectorado de Investigación que “ ni controla ni tiene constancia, en la mayoría de las universidades, de la actividad gestionada por Entes dependientes”. Para el Tribunal, la Universidad debe centralizar y controlar toda la actividad investigadora.

Reunión de presidentes de OCEX, durante mi etapa en la Gerencia en la Universidad de Salamanca, en mayo de 2003, con nuestra querida Mari Asun.

Foto: garaje donde nació Hewlett Packard

Veo con interés la película (descargar) sobre el nacimiento de Microsoft y Apple. Aunque el sugerente título “Piratas de Silicon Valey” incluye un juicio de valor que predispone al espectador, presentando dos estilos de universitarios emprendedores: Steve Jobs y Bill Gates.

No creo que el film haya sido bien acogido por los fundadores de ambos imperios informáticos, vinculados respectivamente a las Universidades de Stanford y Harvard, pero nos da pie para hablar de los emprendedores en la Universidad española.

Nuestra legislación universitaria promueve la creación de Empresas de Base Tecnológica o spin-off, para contribuir a la realización personal y profesional de los investigadores o simplemente de los graduados. La propia Ley Orgánica de Universidades (LOU) manifiesta (artículo 41.2-g) un propósito indudable de ampliar las posibilidades de promoción de empresas de esa índole, así como de reforzar la vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo. Con tal finalidad, se prevé expresamente que dicha vinculación podrá llevarse a cabo a través de la creación de Empresas de Base Tecnológica a partir de la actividad universitaria, en cuyas actividades podrá participar el personal docente e investigador.

La nueva redacción de la LOU, en el art. 83.3, favorece la incorporación mediante una excedencia temporal del profesorado a aquella empresa de base tecnológica que sea creada o desarrollada a partir de patentes o de proyectos de universidades.

Como fórmulas de apoyo institucional sin participación en el capital social es frecuente la cesión de locales, la creación de “incubadoras de empresas”, la formación de investigadores como empresarios y los programas para fomentar las iniciativas o los conocimientos financieros de los alumnos emprendedores, como el exitoso programa de la Universidad Politécnica de Valencia, que en los últimos años ha creado más de trescientos negocios.

El “nuevo” contexto de las universidades del siglo XXI atribuye, además de las tradicionales misiones de docencia e investigación, una tercera responsabilidad: el desarrollo económico del entorno en el que se encuentran ubicadas. Es en ese marco, aparece el concepto de Universidad Emprendedora, generadora de nuevas empresas. Es un tipo de Universidad con una sustancia muy empresarial, donde, como suele recordar Françesc Solé Parellada: “el aula perdió su monopolio y pasó a ser un complemento de la función docente”, como entramado donde estudiantes, becarios, doctorandos, postdoctorados y profesores conviven más en los laboratorios que en las aulas, con el “proyecto” como eje de producción y de enseñanza. Dicho sea de paso: pone los pelos de punta a los gerentes, por las implicaciones laborales, sindicales o de prevención de riesgos.

Allí, el papel del profesor se transforma. Aparece una perla: la figura del profesor-empresario, que mantiene una actividad frenética y una agotadora agenda: estudian los resultados de sus colegas internacionales (y estos los suyos), forman becarios, dirigen tesis doctorales, publican en inglés, dan conferencias varias veces al año en diversos países, promueven muchos proyectos y masters en múltiples colaboraciones, combaten la envolvente burocracia, participan en congresos, forman parte de tribunales, etc.

Durante mi etapa universitaria he conocido algunas interesantes personalidades con este perfil. Para ellos el escalafón funcionarial carece de importancia. Muchos no son catedráticos, son respetados (y, en algunos casos, incluso detestados) por sus colegas porque están en la vanguardia científica y tecnológica. En realidad es el mercado quien está siempre en la vanguardia. Nunca tienen que mendigar a decanos ni vicerrectores, porque cuando necesitan algún equipo o nuevas publicaciones saben como financiarlo con dinero exterior.

Sus nuevos clientes son las Cámaras de Comercio, las PYME locales, las asociaciones de empresarios, el Ayuntamiento, la Consejería, no necesariamente de educación. Cuidan las relaciones públicas para conseguir más dinero, para mantener abiertas todas las líneas de trabajo y, lo que es más importante, para pagar a una pléyade de leales colaboradores. El catedrático Jesús M. de Miguel ha descrito con maestría este proceso en la Revista de Estudios Políticos nº 122/2003 (“Política de Universidad: escenarios futuros”) que recomiendo al lector. No está mal: comenzar con una película y terminar con un buen artículo.

He quedado fascinado ante este vídeo, realizado hace unos meses entre 200 estudiantes de Kansas State University. No he podido resistirme a tratar el tema en mi bitácora, por su interés para el ciudadano y para la gestión pública.

Un reciente estudio de la Universidad Complutense confirma ese absentismo de las aulas y su influencia en las altas tasas de fracaso. Las cifras de la Facultad de Economía eran: un tercio de los matriculados no se presenta al examen, otro tercio se presenta y suspende y, tan sólo el tercio restante consigue liberar la asignatura.

¿Qué pasa? Pregunto a un estudiante y me dice “si la clase es mala, no voy” Y es mala si el profesor repite los mismos apuntes todos los años, concluye. Otros, por el contrario, no irán a clase si los apuntes están muy bien hechos y colgados en la red. La realidad que nos muestran los estudios disponibles revela que, a medida que el curso avanza, las aulas van perdiendo alumnos. Primero los repetidores, después muchos varones (¡si!: las chicas son más constantes). Además su efecto se incrementa los viernes, hasta tal punto que en muchas facultades ese día ya no es lectivo.

Lo cierto es que hay una creciente preocupación entre el profesorado por la deserción de estudiantes. Las universidades llevan años incentivando el interés del alumno. Primero generalizaron los “cursos cero”, los planes de mejora de las titulaciones, y hasta los aprobados “por compensación” para convertir al alumno en cliente. Odiado término este (¡cliente!) en muchos ámbitos universitarios, que prefieren dirigirse a “la sociedad”.

Otra buena razón para no asistir a la facultad son las academias privadas, donde el estudiante si es el “cliente”. Debemos reconocer el gran renombre que tuvieron algunas. La historia reciente nos legó la “Universidad de Cimadevilla” donde Don Fermín preparó docenas de promociones de derecho; o la Academia Llana, donde Héctor Centeno enseñó, siempre sonriente, los secretos de la contabilidad a miles de jóvenes.

Hubo una época de alumnos libres; e incluso “libre-oyentes”. Venían de los lugares más lejanos solo a examinarse en aulas abarrotadas. Hoy, la misión de la universidad ya no es examinar sino enseñar y, sin embargo, las academias privadas continúan en casi todas las áreas científicas. En algunas asignaturas, “si no vas a la academia lo tienes claro”, escucho a un estudiante. Otro (ingeniero) reconoce que sin ella no hubiese superado ciertas materias. Algunos acuden desde primaria como forma de obligarse a dedicar algún tiempo a la asignatura, en un ambiente más familiar.

Ese mismo alumno no utiliza las tutorías académicas de la Universidad ¿Por qué? La academia conoce bien la trayectoria de exámenes de la asignatura, conoce qué tipo de preguntas “van a caer” y qué saber para aprobar. Se me dirá que cada vez más asignaturas tienen página web, clases reducidas, amenas y dialogadas. Quizás lo más importante sea que alguien te diga las páginas concretas a estudiar, con el esfuerzo justo no sea que empolles alguna más de las imprescindibles para aprobar.

Podría pensarse que las academias existen porque el sistema no funciona: son la prueba del fracaso de un profesor, cuyas explicaciones no están a la altura de los exámenes que pone. También un ejercicio de eso que los economistas llamamos coste de oportunidad. No ir a clase y pagar la academia con un objetivo claro, medible y evaluable: aprobar.

Opino que lo menos importante de la universidad son los conocimientos concretos de cada asignatura, que la mayoría de ellos se olvidan al salir del examen, y que prima lo que ahora llaman habilidades o competencias transversales, que les permitirán recuperar esos conocimientos cuando se necesiten ¿Cómo juzgar esas habilidades? No es fácil. Mientras no cambiemos la forma de evaluar, las academias seguirán preparando perfectos “examinandos”.

Hace años, existía mucha mayor comunicación entre los alumnos. Las colecciones de exámenes anteriores eran relativamente fáciles de obtener, las manías de cada profesor eran también conocidas. Por el contrario, hace unos meses pregunté a un joven economista el nombre de sus profesores de la licenciatura y no pudo decirme más de media docena.

Antes funcionaban los apuntes “con pedigrí”, prueba aceptada de que estudiando por ellos se aprobaba. Un catedrático amigo superó economía para ingenieros con los apuntes de Cristina. Siempre le estuvo agradecido, pero nunca llegó a conocerla.

En todo esto, tiene mucho que ver el bajo precio de las matrículas universitarias, que no cubren la quinta parte de un coste real financiado por todos. Los estudiantes no piran la academia que les cuesta el doble que la Universidad, por la sencilla razón de que “perciben” el pago.

Las cosas están cambiando. El master oficial puede financiarse con 50 millones anuales de euros de préstamos-renta, un verdadero cheque escolar que haría feliz al propio Milton Friedman, a devolver durante los ocho años posteriores a terminar, si se gana más de 22.000 euros anuales. En esas clases tampoco hay absentismo.

Una versión de este artículo fue publicada en el diario La Nueva España del 11-1-2008.