El tema de hoy es planteado en un oportuno, sucinto y meditado artículo del diario Expansión titulado Algunas consideraciones sobre la normativa de estabilidad presupuestaria. Su autor, Juan José Rubio Guerrero, es Catedrático de Hacienda Pública de la UCLM y fue director entre 2000 y 2004 del Instituto de Estudios Fiscales. Plantea la necesidad de un seguimiento de la aplicación de la normativa que desarrolle el nuevo artículo 135 de la Constitución Española “bajo la órbita de un organismo u oficina independiente y neutral para controlar y supervisar el Presupuesto, como ocurre en otros países, que tendría competencias sobre el conjunto de las Administraciones Públicas”.

El profesor Rubio, buen conocedor de los entresijos presupuestarios, entiende que para una correcta supervisión, ese Ente debería “tener información, en tiempo real, de aspectos claves en el seguimiento de la gestión financiera de las mismas”. Aquí surge la cuestión: ¿Pueden realizar esta fiscalización concomitante los órganos autonómicos de control externo? Pongamos que trimestralmente debieran enviar a los parlamentos y al Estado un informe obligatorio de seguimiento de la estabilidad presupuestaria. El modelo funciona así en Brasil, tras la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, hermana gemela de nuestra Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria.

El proyecto de Ley que se aprobará en los próximos días por el Gobierno debe centrar los protagonistas, pero ya destaca el profesor Guerrero entre los elementos a controlar “la necesidad de endeudamiento, los datos de evolución de la deuda pública, los avales otorgados, las obligaciones no imputadas al presupuesto y los compromisos de gasto derivados de la utilización de formulas de pago aplazado”. Aquí me surge una duda: ¿se aceptarán los datos comunicados sin más? Un análisis riguroso de la información financiera exige algunos procedimientos formales de auditoría.

Quizá exista cierto recelo hacia las Sindicaturas o Cámaras de Cuentas autonómicas para realizar esta labor con regularidad y celeridad. Además, no faltará quien piense que los OCEX reproducen en su seno las mayorías políticas autonómicas -que no siempre coincidirán con las del Estado- y sus informes, si son tibios, no servirían para fundamentar las sanciones ni responsabilidades sobre las finanzas autonómicas. Unas penalizaciones que serán -sin duda- de gran calibre y que, como sugiere el artículo, pueden afectar al límite de los anticipos del Gobierno a las CCAA, condicionar el acceso a ciertos fondos, endurecer las condiciones para endeudarse o cualquier otra fórmula que prevea la normativa comunitaria por incumplimiento del objetivo de estabilidad, siempre bajo un criterio de gradualidad en función de la reiteración y la magnitud de la desviación.

Para el profesor Rubio la supervisión debe plantearse tanto en el proceso de aprobación presupuestaria como en el de su ejecución y liquidación. No es infrecuente en el derecho comparado el informe del OCEX sobre un proyecto de presupuesto. Sin ir más lejos, en Alemania, informar el proyecto de presupuesto anual forma parte de la labor consultiva habitual del Tribunal de Cuentas. Mis colegas estarán deseando ahora verme calladito, pero hay que decirlo claro; la normativa de control externo debe variar y asumir todas estas nuevas funciones: informar antes y durante la ejecución del presupuesto. No sólo realizar el control “consuntivo”, en la liquidación. Y no sólo afectar a la Ley orgánica del Tribunal de Cuentas; involucrar también a los OCEX. Si se deja pasar esta oportunidad, estos se convertirán en un apéndice innecesario y desaparecerán, sin ninguna duda.

En fin, que la gestión se vuelve cada vez más complicada. Hasta ahora sólo existía la periódica comunicación a la Intervención General de la ejecución del presupuesto. Acompasar ingresos a gastos obligará -en el futuro- a contemplar los créditos que deberían ser automáticamente suprimidos si se producen desviaciones en la ejecución del presupuesto, so pena de acabar en déficit y ser sancionado. Tiempos revueltos, si señor.

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La semana pasada, la cadena Showtime estrenó el mayor éxito de este semestre en la televisión de EEUU. Es la  vida de un consultor de gestión, en 40 minutos, titulada House of lies, basada en el libro Casa de las Mentiras: Cómo los consultores de management le roban su reloj y luego le dicen la hora, escrito por el ex consultor Martin Kihn. 

El asunto me ha hecho recordar que no hace mucho, un reputado e innovador gerente, Dan Pallotta, confesaba en su blog de la revista Harvard Business Review que en la mitad de sus conversaciones económicas no tenía ni idea de lo que sus interlocutores le estaban diciendo: “cuando era joven, me sentía estúpido por no entender lo que me decían, pero ahora sospecho que la intención de mis interlocutores era no hacerse comprender”. La razón no es otra que la manía muchos profesionales de no emplear los nombres reales de las cosas reales, como los pomos de las puertas que suenan más modernos cuando se convierten en “una innovación en el acceso residencial”.

Él mismo utiliza sus habilidades verbales para encontrar un nombre sugerente para la causa de estos males: Abstractonitis y Acronimitis. Siglas y anglicismos mezclados con prosopopeya, que es otra interesante función del lenguaje: ocultar, fingir o resaltar un estatus social o intelectual para transmitir, de forma solapada, información adicional (ahora lo llaman metadatos).

En algunas reuniones profesionales, he sufrido presentaciones de consultores con ese lenguaje moderno. Exponían las ventajas de alguna herramienta, proyectando diapositivas (power point queda más fino) con apoyo en el cañón de luz. Algunos parecen evocar a aquellos vendedores de crecepelo en las películas de vaqueros. Expresiones de gran efecto y poco significado, como “pensar fuera de la caja” o “romper paradigmas”. Mi preferido es “vamos a superar las expectativas del cliente”.

Los consultores venden un producto intangible -también a si mismos- y, por eso muchos manejan un lenguaje que a veces parece fingido -como eso tan pegadizo de “poner en valor”- o demasiado artificial. Pero, sin duda, el mayor ejemplo de la tontería lo encontramos en los “productos derivados y estructurados de perfil agresivo” que tan famosos se hicieron contaminando de manera trágica nuestra economía financiera en esta crisis.

En la Administración miramos con cierto recelo a la consultoría porque, en ocasiones, no es más que un eufemismo para sacarle dinero a alguna Autoridad del Estado. Otras veces, los intereses de los poderes públicos se mezclan y son las Autoridades quienes “hacen consultoría” y asistencia a las empresas. No me refiero al caso de Urdangarín. En Albany (EEUU), en un reciente juicio por corrupción, el congresista Boyland fue absuelto alegando que no se le estaba pagando sobornos, sino simplemente era contratado por personas en busca de su asistencia (influencia) para abrir las puertas del Gobierno, porque representaba “una marca” en la política de Nueva York.

Esto no significa que yo crea que los consultores son innecesarios en el sector público. Hay multitud de campos donde son útiles. Así, en los aspectos tecnológicos, informáticos –tan dinámicos y tan caros- y en todo lo que suponga gestión de la innovación. El mayor enemigo de los consultores de gestión está en nuestro corporativismo funcionarial –lo reconozco- que, por principio, tiende a obstaculizar cualquier innovación o cambio estratégico. A veces, el ambiente laboral es tan nocivo que parece necesario acudir a la ayuda externa para cambiar la cultura organizacional, aunque hubiera bastado, para resolver la mayor parte del problema, con cambiar ese directivo tóxico que no sabe trabajar en equipo ni delegar.

Peter Drucker –que ha sido el consultor más famoso del mundo- solía decir que él aportaba a cada caso, no tanto sus conocimientos sobre un problema específico sino más bien su ignorancia, pues con frecuencia los protagonistas están demasiado inmersos en los problemas como para ver todas sus ramificaciones.

Un estudio de IBM señala el origen de las ideas innovadoras de las organizaciones según este orden: 1º en los propios empleados, 2º en los “business partners” (¡toma ya!), 3º en los clientes, 4º en los consultores y 5º en los competidores. En último lugar, aparece la Universidad, pero eso tiene muchos matices. Por cierto, curioso es el caso de IBM que antes fue un gigante industrial y hoy poco más que una consultora.

Es probable que se busque fuera lo que se tiene en casa ¿Por qué razón? A veces es necesario fundamentar una decisión impopular y parece más justificada si proviene de una institución independiente de la propia organización. Primero se contrataron consultores para gestionar el crecimiento y ahora para el decrecimiento. Un amargo ejemplo lo tenemos bien cerca: la Generalitat valenciana pagará 424.800 € a una firma para que le diga donde efectuar un drástico recorte en sus 64 entidades del sector público. No quiero ni pensar en las caras y los silencios de los empleados que son visitados por esos consultores, jóvenes de traje oscuro que quieren comerse el mundo. No me cabe ninguna duda de que los empleados pensarán que un recorte rentable sería no gastar en tales consultores.

Este artículo, sin enlaces, fue publicado en La Nueva España.

Sevach acaba de publicar un nuevo libro. Si usted es seguidor del peligroso bloguero me dirá, con razón: “¡Menuda novedad! Saca uno por año”. Ya, pero esta vez nos ha obsequiado con la solución para nuestras tribulaciones del Día de Reyes. Nada de construcciones jurisprudenciales complicadas, como la Prueba contencioso-administrativa o las oposiciones. Ahora se trata de una obra divulgativa y entretenida, sobre la burocracia y sus historias, un libro titulado “ Sonrisas ante el Poder Público” (Editorial Círculo Rojo) que hará las delicias de nuestros distinguidos funcionarios y de los sufridos ciudadanos. 

Usted ya lo tiene muy facil para triunfar estas fiestas por sólo 15 euros. Encargarlo en la web Promocional que ha creado el autor con sus propios deditos (mira que tiene peligro) o en la la web de Librería Cervantes de Oviedo, donde está el mayor de sus fans, Andrés -responsable durante cuarenta años de la sección universitaria- y a quien veis en la foto posando ante los magníficos ejemplares, cual tevergano cazador de jabalís.

Felicidades Sevach. Te veremos en la tarde del próximo día 20 de enero (viernes) en la presentación del libro en el Club de Prensa Asturiana, a cargo del Director de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, Ramón Rodriguez.

De izquierda a derecha, los profesores Fdez. Llera, Canales, Berrueta, Barahona y Dehling escuchando al doctorando Helio MIleski.

El lunes pasado, el Consejero del Tribunal de Cuentas de Rio Grande do Sul, Helio Saul Mileski, obtuvo la máxima calificación para su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, dentro de la Escuela de posgrado en Estado de Derecho y Buen Gobierno. Faltaba el director de la tesis, Pedro Nevado, que ese mismo día tomaba posesión de su cargo de Consejero de Administración Pública de la Junta de Extremadura.

Perdonen si les parezco pesimista. Se acabó aquel utópico ideal de vida basado en la hipótesis de que una economía puede crecer de manera sostenible a lo largo del tiempo. En consecuencia: ¿pueden seguir creciendo las prestaciones públicas de nuestro Estado de Bienestar? ¿Hacia donde va nuestro sector público?  

Parece que hemos retrocedido décadas. No lo digo por el titular que nos presenta el diario El País, cuyo protagonista italiano no se caracteriza por ser ejemplo de nada. Es que la realidad presupuestaria occidental es bastante triste. Cameron privatizará casi todos los servicios públicos británicos. Portugal, sencillamente no puede pagarlos y la intervención de la UE y el FMI es tan inminente como inevitable, a la espera de que se forme un nuevo Gobierno tras las elecciones del 5 de junio. En EEUU, la parálisis del presupuesto federal hace peligrar muchos servicios, pues pasado mañana vence la resolución de prórroga presupuestaria que financia las agencias federales y, si el Congreso no aprueba una extensión temporal o permanente, lo más probable es que haya un cierre del Gobierno.

España en el cajón

He empezado a verlo todo negro tras leer el último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, referida a la Cuenta General del ejercicio 2009, donde encontramos en su página 237, las siguientes cuantías, en millones de euros, del saldo de la cuenta 409 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” que en los últimos cinco ejercicios presenta la siguiente evolución, hasta llegar a los 1.483 millones de euros:

La cifra es similar a la presentada hace unos meses por la Comunidad Valenciana. En Cataluña, pasado el debate electoral, los titulares de la prensa reflejan un intenso debate sobre el recorte los recursos aplicados a los servicios públicos.

Hemos descubierto, de golpe, que no podemos pagar nuestros principales servicios públicos. Esto hace a El País trasladar la preocupación por los futuros recortes, tras el proceso electoral del próximo mes de mayo. Se nos avanza que habrá recortes en las plantillas sanitarias y docentes. El debate del Copago intenta eludirse pero la sostenibilidad del sistema sanitario tiene mal pronóstico: más impuestos o copago, parece la disyuntiva. El Estado escurre el bulto en la financiación de la dependencia que es asumida en mayor parte por las Comunidades Autónomas (CCAA), cuya situación financiera se ha deteriorado, con un gran aumento del endeudamiento.

En fin, una situación crítica, en el día en que el Gobierno ha elevado cinco décimas la previsión de paro para el 2011 y la ha situado en el 19,8%. Todos los mensajes indican que debemos acostumbrarnos a convivir con varios millones de desempleados.

La aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria, tanto en España como en Europa, se remitía al Sistema de Cuentas Europeo (SEC-95) para el cálculo de la deuda y déficit computable. Esto trajo como efecto colateral la aparición de cierta ingeniería financiera en el sector público. Recordémoslo.

Hace unos años, el Gobierno austriaco, creó Bundesimmobiliengesellschaft una empresa de capital íntegramente público (BIG: www.big.at) para la gestión y mantenimiento de la mayoría de los edificios públicos: escuelas, universidades, prisiones, juzgados, etc. Unas propiedades que hoy día se valoran en 415.000 millones de euros.

El 98% de los ingresos de BIG, correspondía a los alquileres cobrados al gobierno austriaco, a precio de “de mercado”. Así pues, a principios de este siglo, BIG se endeudó enormemente para pagar (teóricamente) al Gobierno el precio de ese patrimonio, Eurostat (News Release nº 15/2002, de 31 de enero) decidió que la empresa era una unidad institucional, clasificada dentro del sector “Empresas no financieras” y su deuda no formaba parte de la deuda pública.

Todos nos quedamos con un palmo de narices y comenzó la carrera hacia la idea más brillante. Se vendieron los embalses a sociedades de abastecimiento de agua o se enajenaron los ingresos futuros de la explotación de líneas de metro, que no computaban como deuda.

El asunto parecía olvidado, un lejano recuerdo de la década del ladrillo loco y el dinero abundante, donde cualquier institución financiera apoyaba económicamente estos proyectos y sólo era necesario salvar los frágiles límites de la legalidad presupuestaria.

Sin embargo, en tiempo de penurias el ingenio patrio vuelve a resurgir. En este caso para paliar las dificultades impuestas por los límites en el endeudamiento de las Comunidades Autónomas (CCAA). La Junta de Andalucía acaba de anunciar que sus presupuestos para 2011 incorporan la fórmula europea conocida por ‘sale and lease back’, que consiste en vender un activo para inmediatamente después alquilarlo. Es lo que se hará con los 90 edificios administrativos de la Junta: “nuevos tiempos requieren nuevas formas de hacer presupuestos”, dijo la Consejera de Hacienda.  Modelo Austriaco con tintes mediterráneos. Andalucía no puede endeudarse más del 1,3% del PIB, frente doble de este año, según lo estipulado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para la Consejera de Hacienda de Castilla y León, “No es extraño que las autonomías busquen fórmulas alternativas de financiación” y admite que los mercados de capital están penalizando especialmente a las CCAA. Así, la alternativa planteada por Cataluña, con la emisión de 1.500 millones de euros en bonos de 1.000 euros para colocar (al 4.75% y a un año) entre pequeños inversores. Para equilibrar el presupuesto, la Generalitat ha de sacar de dónde pueda unos 3.500 millones de euros en lo que queda de año, después de haber realizado tres emisiones de deuda a lo largo del ejercicio.

La Comunidad valenciana parece que copiará en modelo catalán, pues las dos últimas emisiones importantes (unos 500 millones de euros, en total) se colocaron al 4,90% y al 5,90% de tipo de interés respectivamente. En lo que se refiere a las subastas de pagarés a corto plazo para mayoristas, que ofrecen rentabilidades mucho menores (en torno al 1,6%), siete de las últimas han quedado desiertas.

Para el diario El País, este presupuesto 2011 pone a prueba la credibilidad del sistema autonómico en año electoral. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España, declaraba a pasada semana en el Congreso: “El Gobierno ha tomado medidas durísimas en el gasto, que no he visto en la mayoría de las autonomías”, mientras pedía “buscar fórmulas que refuercen el compromiso de las comunidades” y citó como ejemplo el techo de gasto que se impone a la Administración del Estado cada año.

Crece la deuda autonómica

La deuda de las comunidades autónomas creció un 10% en el segundo trimestre de 2010 respecto a los tres primeros meses del año, hasta alcanzar los 104.083 millones de euros según los datos publicados por el Banco de España.

A esas cifras hay que añadir los 5.502 millones de euros que deben devolver al Estado, durante cinco años, como resultado de la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2008. En este caso, Andalucía es la comunidad más perjudicada, ya que debe 1.475 millones de euros, seguida por Cataluña (690 millones) y Valencia (635 millones). En el lado contrario destaca Madrid que es la única comunidad donde se recaudó más de lo previsto.

Como recuerda el diario Cinco Días, lo sucedido en 2008 palidece al compararlo con el año 2009, cuando el Estado recaudó 45.561 millones menos de lo previsto. Esto supone un grave problema para las comunidades autónomas que verán como en 2012 deberán empezar a abonar la liquidación negativa de 2009. Con todo, también tendrán derecho a pagar su deuda en cinco años. Las primera previsiones indican que por los anticipos a cuenta de 2009 las comunidades deberán devolver 20.000 millones de euros, un 2% del PIB.

Las Agencias de rating hacen el agosto

Las Agencias de calificación consideran que existen importantes riesgos en las CCAA debido a la elevada inercia de su gasto corriente (crece al 9% anual desde 2003), la rigidez de las competencias autonómicas (sanidad, educación y servicios sociales) y la lentitud del crecimiento de los ingresos de las CCAA, que están íntimamente ligados a la evolución del PIB nominal (Standard & Poor’s).

De ahí, rebaja de calificaciones, con perspectiva negativa, que han realizado las agencias de calificación sobre prácticamente todas las CCAA. En el mes de septiembre, Fitch descendía un escalón las calificaciones crediticias a largo plazo de Andalucía, Canarias, Cataluña y Murcia, manteniendo para todas ellas la perspectiva negativa. En agosto había degradado las calificaciones de Cantabria, Castilla-La Mancha, Asturias y la Comunidad Valenciana.

Por su parte, Moody’s la reducía en Madrid, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha, a la vista de las perspectivas de un “deterioro duradero” de sus finanzas regionales. Ayer mismo recogía la prensa las expresivas declaraciones del Presidente de la Junta de Castilla y León: «Hay un crecimiento exponencial del gasto social y eso no es sostenible» y reconoció que un pacto PP-PSOE es difícil, pero consideró que resulta «imprescindible», porque el modelo de financiación, dijo, «no tiene muchos más ejercicios presupuestarios por delante porque la situación es insostenible», insistió.

Leo en el blog de Miguel Carrión un interesante artículo dedicado a la mentira en política. Una práctica que todos intentamos detectar escrutando los gestos faciales o las expresiones de los dirigentes públicos. Como las emociones se reflejan en el rostro humano y nacen en la amígdala del cerebro, transmitimos información sobre nosotros mismos de forma automática.

¿Son los políticos mentirosos natos? Convincentes en sus discursos, la facilidad para la oratoria y el debate público son sus principales herramientas. Con ellas sobreviven a comprometidas preguntas en las conferencias de prensa y en la contienda parlamentaria o municipal. Su talento es útil tanto para el engaño cotidiano como para la mentira de Estado; como para el futbolista dar patadas a un balón, convencer forma parte de su negocio.

Para estudiar estos comportamientos se están utilizando detectores de mentiras políticas analizando los discursos electorales, con potentes herramientas informáticas. Aquí podéis ver (en inglés) el análisis de los recientes debates en el Reino Unido y aquí el análisis de la contienda Obama- McCain. Se basan en los indicadores de Spin: por ejemplo, el recurso a grandes generalidades vagas, sin precisar detalles o introducir matices; el recurso a la primera persona plural en vez del yo o la invocación de palabras con un alto contenido emocional. La capacidad de usar altos niveles de Spin sin parecer una persona falsa es, por descontado, lo que hace bueno a un actor.

Año 1962. Imaginen la reunión del Presidente Kennedy con Gromyko, el ministro de asuntos exteriores soviético. En el despacho oval éste aseguraba con firmeza y naturalidad que no había misiles en Cuba. Kennedy tenía en el cajón de ese despacho las fotos acusadoras y prefirió callar para ganar tiempo preparando el bloqueo a la isla, cuatro días después. En la foto superior podéis ver la “distendida” rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca, que pasa a la historia como la madre de todas las mentiras, con permiso de las armas de destrucción masiva.

Hay culturas, como la española, más tolerantes al engaño, incluido el del político. Es más habitual si cabe, en la vida administrativa, donde gastamos otro trascendental recurso: la exageración. Añadiría: tan criticable como imprescindible si quieres llevar a cabo cualquier proyecto. Se promete que se cumplirá un objetivo, un plazo o un presupuesto, porque lo importante es entrar, licitar o aparecer. Luego vendrá el problema de cumplir con modificaciones de presupuestos o de contratos inverosímiles.

Parece que no es posible el éxito sin la exageración. Forma parte de los riesgos que asume la Alta Dirección. ¿Recuerdan la explosión en el despegue del Challenger, en 1986? Los ingenieros habían advertido al director de propulsión de la NASA del alto riesgo, ante el frío de esa noche que podía dañar las juntas de goma. La Comisión de investigación, que exculpó del desastre al director de despegues, lo enmarcó en la presión habitual de los directivos públicos: exagerar lo económica que sería la lanzadera, exagerar la frecuencia con la que podía despegar, exagerar lo segura que sería o los grandes avances científicos que podría impulsar … y entendió que para conseguir el proyecto, la NASA usó (abusó) del recurso a la exageración. En ese marco pensaron más como directivos que como ingenieros.

Ya hemos reiterado en esta bitácora que auditores o interventores son esos aguafiestas que nunca se dejan llevar por la euforia colectiva o la exageración, lo que implica enfrentarse a los chicos “guay”. Por ello, una de sus principales cualidades es decir “no” a tiempo. Muy necesaria estos días, que asistimos en los ayuntamientos a la discusión de planes de saneamiento y presupuestos bastante menguados.

Una versión de esta entrada fue publicada en La Nueva España, con el título de “Mentiras arriesgadas“.

La neuroeconomía es la combinación de la neurociencia, la economía y la psicología para estudiar el proceso de elección de los individuos. Mientras algunos consideran que es una rama de investigación irrelevante, otros sostienen que resulta esencial para comprender y explicar nuestras decisiones.

Uno de los principales neuroeconomistas es Alan G. Sanfey, de la Universidad de Arizona, autor de un interesante estudio en 2003 basado en el juego de ultimátum. Ponía a los participantes de dos en dos. Al uno de ellos le daba una cantidad de dinero, dejándole libertad para decidir cuanto cede a su compañero. Éste, conocedor del total distribuido, puede considerar el regalo como justo o injusto y, en ese caso, rechazar la oferta, con lo que ambos perderían el dinero.

La decisión maximizante del segundo jugador, si fuera un homo económicus, no puede ser otra que aceptar cualquier oferta, fuera la que fuese, pues siempre gana. Sin embargo, el sentido de la equidad y de la justicia, hacía que muchos segundos jugadores preferían no obtener ningún beneficio antes que aceptar una oferta que considerasen injusta. Esto explica como muchos huelguistas, en dura negociación salarial, prefieren echar a la ruina su empresa, pero también a ellos mismos. En política, encontramos múltiples ejemplos, todos los días. Los modelos económicos, sin una caracterización de los límites y las debilidades de la psicología humana fracasan.

Asistimos a profundos cambios en el mundo de la publicidad. En EEUU ya funcionan con elevada rentabilidad consultoras especializadas en Neuromarketing, para convertir su producto en un deseo mental al que nadie podrá resistirse. La elección de los colores es un ejemplo: la gama de los azules es percibida por el cerebro con connotaciones de calma y seguridad, las tonalidades rojas y amarillas tienen la virtud de avanzar y llamar la atención de quien observa. Esto nos hace preguntarnos por la ética de esta disciplina.

Un mayor conocimiento del funcionamiento del cerebro podría ser una herramienta de manipulación del consumidor, cada vez más asaltado de información. Del problema del exceso de información surge “la economía de la atención” donde el tiempo es el único recurso escaso. El corolario es que muchas empresas están gastando más dinero en el publicidad que en la fabricación de los productos.

Con tanta neurociencia … ¿Hay un campo para la neurofiscalización?

De  derecha a izquierda: Salomón Ribas Jr. (Presidente de ATRICON de Brasil), Manuel Nuñez (Pte. Tribunal de Cuentas de España), María del Pino Torres (Alcaldesa de San Bartolomé), Rafael Medina (Pte. Audiencia de Cuentas de Canarias) José Manuel Soria (Vicente Gobierno Canario) Vitor Caldeira (Pte. Tribunal de Cuentas Europeo) José Carlos Delgado (Pte. TCuentas de Cabo Verde) y Sereriano Costandrade (pte. Instituto Rui Barbosa de Brasil)

En el Palacio de  Congresos de Maspalomas (“Expomeloneras”) se está celebrando el VIII Seminario de control externo, del que es anfitrión, un año más la Audiencia de Cuentas de Canarias. Esta edición se presenta bajo el título  “LA NUEVA FORMULACIÓN DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO” tendrá como colofón un encuentro internacional con los órganos de control externo de Brasil.

Hoy se analizaron las dificultades para transmitir información económica desde las instituciones con responsabilidad en el ámbito financiero, además de las funciones de control y fiscalización externa de las administraciones. Ver todas las ponencias.

Además, el centenar de asistentes presenciamos una mesa coloquio formada por periodistas, que también abordarán el derecho de la información de la ciudadanía y fórmulas para facilitar la correcta comprensión de este tipo de información técnica y económica. Intentaremos recordarles que los informes no sólo sirven para hacer ajustes de cuentas mediáticos (por ejemplo, esta nota de prensa del Fiscal del TCu) sino para la mejora y el debate técnico y sosegado. El presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, en su discurso de inauguración hizo referencia a la imagen de los auditores “que deben dejar de ser vistos como aquellos soldados que aparecen tras la batalla para rematar a los heridos”.

El Presidente del Tribunal de Cuentas español alertó sobre el vertiginoso deterioro de las cuentas públicas que hace necesario extremar el rigor en los controles, si bien deberá circular también por “caminos nueves” y nuevas orientaciones relacionadas con la evaluación del empleo de los recursos públicos.

La mesa redonda de los periodistas canarios ha resultado muy interesante y bastante cañera. El organizador del evento, Rafael Medina demostró mucho talante al programarla. Se deslizó la vieja crítica del reclutamiento político de los miembros de los OCEX. y se puso en duda la independencia de algunos órganos, lo que fue interpretado como una agresión  por  un relevante consejero asistente.

Por parte de los asistentes, también se recordó a los medios que, con cierta frecuencia tienen posiciones previas a favor o en contra de los gobiernos de turno y todos instrumentalizan los informes buscando argumentos y no afrontando asépticamente su resumen. También se les recriminó que muchas noticias carecían del rigor técnico necesario.

En la fotografía, de izquierda a derecha: José Mujica (Canarias7), Ignacio Afonso Montesdeoca (Europa Press), Juan Manuel Pardellas Socas (Cadena SER y El País), David Cuesta Fidalgo (Eldigitaldecanarias.com) y Bernardo Sagastume-Berra Sepúlveda (diario ABC).

El artículo 145 de la Ley 30/92, en su versión actual (de 1999) regula la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, con carácter básico.

2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

Por lo tanto, se convierte en obligación lo que antes era una mera posibilidad: «exigirá de oficio» e «instruirá» no parecen dejar lugar a dudas, si bien los órganos administrativos competentes tienen un cierto espacio de maniobra, pues los criterios enunciados deben ser ponderados para decidir si se exige (o no) responsabilidad al servidor público.

Sin embargo, en la realidad esta exigencia supone una regulación-florero que casi nunca ha sido llevada a cabo por las Administraciones perjudicadas.

La jurisprudencia nos presenta algún relevo en la alcaldía que acaba en estas lides, con poco éxito para los demandantes. En una Sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 25 de julio de 2005, se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un Concejal contra un acuerdo del Pleno que desestimaba su solicitud de que se utilizara la acción de regreso contra el Alcalde y otros dos Concejales por los daños que a la Corporación había ocasionado el despido improcedente de un trabajador. El Tribunal considera que no habían incurrido en dolo o culpa grave.

Ni que decir tiene que nuestra mejor doctrina administrativa ha denunciado y criticado la recalcitrante resistencia de las Administraciones Públicas a ejercer la potestad prevista en el artículo mencionado, a pesar de concurrir dos privilegios: no responder por negligencia sino por dolo o culpa grave y que la indemnización puede ser inferior a la magnitud de los daños ocasionados.

Gabriel Domenech Pascual, profesor titular de la Universidad de Valencia, se pregunta en un interesante artículo, por la justificación de la «irresponsabilidad» civil de las autoridades (y funcionarios) por los daños causados imprudentemente en el desempeño de sus funciones.

Apunta una explicación: si se exigiera siempre a autoridades (y funcionarios) la reparación íntegra de los daños ocasionados a la Administración, cuando menos hasta el límite de su solvencia, las pautas de su comportamiento conducirían a un ejercicio defensivo, por conservador o inhibitorio de las funciones públicas, optando siempre por aquellas formas de actuación más conocidas, menos innovadoras (y de resultados más contrastados) y adoptando cautelas excesivas, innecesarias, demasiado caras. En su opinión, hay sólidas razones que justifican que las personas al servicio de la Administración no respondan civilmente por los daños que le hayan causado culposamente en el ejercicio de sus funciones, sin que hayan podido enriquecerse injustamente como consecuencia de los mismos:

“Estas personas adoptan con gran frecuencia decisiones administrativas muy trascendentes, que pueden provocar daños de una enorme envergadura. Habida cuenta de que su patrimonio personal casi nunca bastará para repararlos, hacerles responder produciría unos efectos demoledores. Sólo los muy ricos, los insolventes, los insensatos o los sumamente despistados se prestarían a ejercer de autoridades bajo semejante amenaza. Nadie «normal» se arriesgaría a ello, salvo que pudiera encontrar en el sector privado alguien que le asegurara. Probablemente, eso sería lo que acabaría ocurriendo: las autoridades contratarían un seguro que cubriera su responsabilidad civil frente a las eventuales exigencias de la Administración, un seguro pagado, directa o indirectamente, ¡por la propia Administración! Seguimos pensando que a ésta le saldría más barato asumir directamente el riesgo de accidentes causados por sus autoridades. Se ahorraría los costes de gestión de los contratos de seguro y el beneficio empresarial de las compañías aseguradoras”.

Por lo tanto, nuestros administrativistas entienden que la regulación apuntada es un «bonito florero» jurídico que permite tranquilizar conciencias. Así lo dice Domenech:

“Ni las autoridades ni los empleados públicos ni, en general, los ciudadanos merecen que se les tenga por tontos. Es probable que al cabo del tiempo acaben cayendo en la cuenta de que esa responsabilidad no existe realmente (…) Puede provocar que la ciudadanía se sienta defraudada por las autoridades administrativas, que aumente su desconfianza en ellas, que se acentúe su impresión de que actúan corrupta, corporativista e irresponsablemente, persiguiendo su beneficio privado en detrimento del interés general, que pierdan legitimidad. Puede generar, además, un cierto «efecto contagio», propiciando, por ejemplo, que no se exija responsabilidad civil por los daños causados dolosamente, o que no se ejerza como es debido la potestad disciplinaria ante la comisión de imprudencias tipificadas como infracciones”.

Esa exigencia ocasional supone efectos perversos, abonando la arbitrariedad y su única utilización suele darse tras los cambios de gobierno: Por ello Domenech propone eliminar de iure dicha responsabilidad para el caso de los daños causados negligentemente por los agentes públicos, siempre que éstos no hayan podido enriquecerse al provocarlos.

Una reseña de este artículo fue publicada en LegalToday.

La actual crisis se ha llevado muchas instituciones por delante y, al parecer, también algunos dogmas económicos y políticos. La vieja Europa, que apostaba por el Estado de Bienestar, ahora recorta sus gastos con unas tijeras dignas de un neoliberal; mientras tanto, los Estados Unidos apuestan por aumentar el gasto público y, por tanto, su déficit.

¿Acaso se han terminado las ideologías? ¿Qué postura es la acertada? ¿Es Obama un comunista, como dicen los exaltados del Partido del Té? ¿Estamos desmantelando nuestras conquistas sociales en Europa? No nos pongamos melodramáticos en domingo:  ¿Ganará España el Mundial de Fútbol?

El diario Público abre hoy con el titular “El estado del bienestar está en peligro” y nos previene ante el retroceso que “nos conducirá a un Estado del bienestar mínimo para los más pobres y todo lo demás, privado”. Por otra parte, el diario Expansión presenta la situación de adelgazamiento del sector público en toda Europa, en un cuidado artículo donde queda clara esa tendencia imparable.

En ese marco, llega el Tribunal de Cuentas de Francia y toma partido …

Degradación sin precedentes de las cuentas públicas francesas

El Tribunal de Cuentas de Francia publica el 23 de junio pasado su informe anual sobre la “situación y las perspectivas de las finanzas públicas”, con vistas al debate de orientación presupuestaria que se celebrará 6 de julio en la Asamblea Nacional. Sus conclusiones se sitúan en la misma línea de los informes precedentes, que habían alertado sobre la inquietante degradación de las cuentas públicas y subrayado la necesidad de tomar medidas para un enderezamiento que “cuanto más tardío, será más costoso”.

Así, el Tribunal previene sobre el déficit público de Francia, que representa el 7,5% del PIB en 2009 “por encima de la media europea y muy lejos del déficit alemán” (3,3% del PIB) y cuyos dos tercios suponen un peligroso déficit estructural (un 5%).

El auditor entiende que es esencial promover “una fuerte recuperación de las finanzas públicas en 2011 para estabilizar la deuda pública y evitar el efecto bola de nieve de los intereses”.

Sobre las previsiones macroeconómicas oficiales, las describe como “optimistas” (crecimiento del 2,5% del PIB anual desde 2011 hasta 2013) y considera más realista un crecimiento cercano al 1,8% a lo largo de los próximos años. Para llegar a un déficit del 3% del PIB en 2013 y el equilibrio presupuestario en 2016, recomienda realizar un esfuerzo en “las prioridades de gasto” afirmando que es necesario avanzar en la contención de la nómina pública, de las prestaciones sociales y la intervención estatal.”

En cuanto a las Administraciones locales, el Tribunal declaró que “a pesar de las incertidumbres derivadas de la reforma de su fiscalidad, es necesario un retorno al equilibrio de las cuentas públicas locales, a ser posible sin aumentar los impuestos”. Este objetivo, para el Tribunal, requiere una contención de los gastos de personal, una gestión más eficiente de los municipios y sus Entes instrumentales, una reorientación de las autoridades locales sobre sus competencias obligatorias.

El Tribunal señala ciertas pistas donde hacer economías: los gastos fiscales, que aumentaron el 8,5 % anual desde el 2004, y cuyo coste podría ser reducido por 10 Md€; la evolución de las remuneraciones en la administración pública y los gastos sociales.

“El coste de la inacción sería superior al de una reducción rápida de los déficit”, llega a afirmar, reclamando una reacción a la vez rápida, fuerte y continua para consolidar la credibilidad de Francia. En definitiva, tal reducción “es necesaria para asegurar la confianza de los agentes económicos, evitar los comportamientos especulativos que dificultan el crecimiento, y permitir que el Estado conserve una cierta capacidad de intervención”.

La postura contraria

Lo alternativa viene siendo defendida por una corriente económica, cuya cabeza visible es el Premio Nobel Paul Krugman. Así en su tribuna semanal de El País, hoy habla muy clarito:

Pero si al final tenemos que subir los impuestos y recortar el gasto, ¿no deberíamos empezar ya? No, no debemos. Ahora mismo tenemos una economía enormemente deprimida, y esa economía deprimida está infligiendo daños a largo plazo. Cada año que transcurre con una tasa de paro extremadamente alta, aumenta la probabilidad de que muchos parados de larga duración nunca se reincorporen a la fuerza laboral y se conviertan permanentemente en ciudadanos de segunda categoría. Cada año que hay cinco veces más gente buscando trabajo que ofertas de empleo, a cientos de miles de estadounidenses que terminan sus estudios se les niega la posibilidad de iniciar sus vidas laborales. Y cada mes que pasa nos vamos acercando a una trampa deflacionista similar a la japonesa.

En momentos así, la tacañería no solo resulta cruel, sino que pone en peligro el futuro del país. Y ni siquiera es demasiado útil para reducir la carga de nuestra deuda futura, porque racanear con el gasto ahora amenaza la recuperación económica y, con ella, la esperanza de que aumenten los ingresos.

De modo que este no es buen momento para la austeridad fiscal …

No obstante, vivimos en la Europa del euro y no se nos ha dado opción. Como recuerda hoy el diario El Mundo, la inauguración de la cumbre del G20, este fin de semana en Toronto, ha  estado influiída por una disputa entre Europa y Estados Unidos sobre si los países ricos deberían concentrarse en recortar sus déficits o en estimular el crecimiento económico. El Secretario del Tesoro estadounidense entendía que se saldrá de la crisis a velocidades diferentes, si bien, “es muy importante que Grecia o España se muevan con mucha rapidez para demostrar a los mercados que tienen la voluntad de actuar“.

La crisis está dejando una larga resaca de análisis críticos con el gasto público. Todo está en revisión. Las Administraciones proponen reducir organismos y entidades o fusionando empresas públicas para ahorrar costes de estructura mejorar las actividades de control y para implantar actuaciones corporativas coordinadas.

Uno de los informes más conocidos es el Estudio del Sector Público de la Generalitat de Cataluña elaborado por un equipo de expertos que propone reducir los 245 organismos hasta 97: ¡suprimir 104!, considerando que otros 14 ya están en proceso de ser suprimidos. Para 23 proponen cambiar la figura jurídica y a 7 les cambiarían las funciones asignadas.

No dejo de reiterar la sorpresa por el silencio de los órganos de control para hacer esos diagnósticos del sector público. La letrada del Tribunal de Cuentas de España, Pilar Jiménez Rius lo resaltaba en un interesante artículo de la semana pasada en Expansión:

Los dirigentes y, como se dice ahora, los “agentes políticos” no han mencionado ni una sola vez durante estos años de crisis económica la necesidad de llevar a cabo una reforma del sistema de control del gasto público. Nadie ha mencionado al Tribunal de Cuentas ni a sus homólogos autonómicos. No se han preocupado de analizar si dichos organismos responsables del control del gasto están funcionando correctamente y cumpliendo la misión que constitucional, estatutaria o legalmente tienen atribuida, según los casos. ¿No es algo extraño? En otras palabras, se quiere reducir el gasto público y se proponen ciertas medidas (más o menos eficaces), pero nadie se ha parado a reflexionar si es necesario realizar un control más férreo y eficaz de dicho gasto.

Salvo casos aislados, los OCEX han estado fuera de este debate. Sin embargo, la prensa francesa se hace eco hoy de los gastos de seguridad ocasionados por los guardaespaldas de la República que realizan misiones no siempre justificadas para el Tribunal de Cuentas de Francia. Cuando el gobierno anunció una reducción en el estilo de vida de sus ministros y sus funcionarios, la Court des comptes auditó el Departamento de Protección de Personalidades (HPPD), compuesto por casi ochocientos oficiales responsables de proteger a los miembros del gobierno y personalidades políticas francesas y extranjeras.

El informe provisional de esa fiscalización (por lo tanto pendiente de alegaciones) reseñado en Le Figaro, se moja mucho y pide reducir el gasto de esa unidad de élite en lo que llama “tareas de confort”.

Durante dos años, el Ministerio del Interior coordinó un comité ad hoc que debe emitir una opinión para decidir la concesión o la continuación de los servicios de guardaespaldas. A principios de 2009, el HPPD propone eliminar las protecciones de Ségolène Royal  o François Bayrou (candidatos a la presidencia francesa, frente a Sarkozy) debido a una falta de amenazas reales. Según el Tribunal de Cuentas, el HPPD, a pesar de sus propuestas, acabó manteniendo estos dispositivos de seguridad. El Tribunal recomienda limitar las protecciones de los ex primeros ministros y ex ministros del Interior dentro del año después del cese en sus funciones, así como la eliminación de protecciones para los dignatarios extranjeros en visita privada en Francia.

Este debate sería impensable en España, como consecuencia de la amenaza terrorista, pero nos demuestra las enormes tensiones presupuestarias con las que debemos empezar a convivir. Recientemente, el presidente Sarkozy debió afrontar un informe de la Cour sobre “el delicado asunto de los desplazamientos oficiales en avión” y la cuestión de los gastos privados del Presidente. Se abordaba particularmente la cuestión de sus desplazamientos a título privado y los pequeños gastos de su vida diaria, que comentamos en su momento.

El Tribunal de Cuentas de España ha emitido hoy una nota de prensa sobre el informe que acaba de remitir al Congreso en relación con la contabilidad de los partidos que concurrieron a las elecciones europeas de junio de 2009. Incluye una recomendación relativa al uso de medios oficiales de transporte por Altos Cargos para asistir a actos de campaña electoral, como es el caso del avión Falcon que utiliza el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al objeto de solicitar que se regule su empleo.

El órgano fiscalizador hace esta sugerencia en un

La agencia Standard and Poor’s (S&P) hizo público ayer un informe de 31 páginas cuyo título supone para el diario “El País” toda una declaración de principios: las regiones españolas afrontan recortes de gastos forzosos e inmediatos si quieren evitar desequilibrios estructurales. En el último mes, S&P rebajó la calificación de la deuda emitida por el País Vasco, Navarra y Cataluña, y previamente lo había hecho con la calificación de España, como dejamos constancia en esta bitácora.

El diario Expansión destaca que el informe exige un “esfuerzo inmediato” para reducir los gastos, sin el cual el resultado podría ser un “desajuste estructural” difícil de atajar. Y es que, para 2010, las Comunidades Autónomas (CCAA) registrarán un déficit equivalente al 20% de los ingresos totales y una deuda que puede superar el 110% de los ingresos operativos consolidados para 2012, frente al 40% que se registró en 2007 según  S&P.

No puedo dejar de echar de menos un enfoque y contenido similar por parte del Tribunal de Cuentas de España, de manera análoga a los informes de su equivalente francés. Habrá quien piense que es políticamente incorrecto. Nada de eso: es la principal función y peor es que tenga que venir a enmendarnos la plana una consultora privada norteamericana, con diagnósticos, alertas y tendencias que no podemos menos que suscribir totalmente.

Hemos descentralizado el Estado otorgando a las CCAA las principales competencias del Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Ahora encontramos dificultades en cumplir los objetivos pactados dentro de la Unión Europea, pues el Estado sólo decide una cuarta parte del gasto público español. Los ministros de Economía de la UE concluyeron hoy, en la reunión del Ecofin, que los ajustes “deben involucrar a todos los niveles de gobierno, particularmente en los países muy descentralizados”, invitando a los Estados miembros a reforzar la coordinación.

El ministro de Economía alemán, Wolfgang Schäuble exhortó a sus colegas a esforzarse en reforzar el pacto de estabilidad (límite del 3% para el déficit público). Alemania ha aprobado una ley que tiene como objetivo reducir su déficit al 0,35% en 2016 metiendo en cintura a los landers y ayuntamientos, con cuentas públicas muy deterioradas, debido a las pérdidas de recaudación en el impuesto de sociedades, una de sus principales fuentes de ingresos, debido a la crisis.

El informe

Destaco a continuación una breve reseña de sus conclusiones:

En resumen, el crecimiento del gasto autonómico ha sido abundantemente alimentado, a nuestro juicio, por el rápido crecimiento de las competencias de bienestar dentro de un marco institucional caracterizado por una baja corresponsabilidad fiscal (hasta ahora), restringiendo sólo moderadamente:

• • el régimen fiscal
• • la costumbre del apoyo financiero del gobierno central
• • los incentivos políticos para ampliar aún más las competencias regionales.

Estos factores, combinados con unos fuertes ingresos fiscales provenientes de la construcción, han aumentado los gastos a una tasa muy por encima del crecimiento del PIB nominal. Sin embargo, ese ciclo ha terminado. La crisis económica ha creado un escenario diferente en cuanto al crecimiento de ingresos. Creemos que pueden surgir fuertes desequilibrios fiscales, a menos que las regiones encuentren formas de reducir sus gastos y cambiar la tendencia en parte de sus gastos tradicionales.

Capacidad para reducir los costes

Creemos que los gastos corrientes regionales son rígidos, difíciles de reducir y, sobre todo, su reducción es políticamente costosa. En general, la rigidez es más intensa en salud, educación y asistencia social. Además, algunas regiones se han embarcado en proyectos de colaboración público-privada que implican compromisos plurianuales. Según nuestras estimaciones, estos compromisos no son lo suficientemente grandes como para absorber una parte sustancial del presupuesto anual de las regiones en cuestión.

Por otra parte, las regiones han experimentado un largo período de gran crecimiento del gasto operativo (el número de sus funcionarios ha aumentado en un 36% desde 2006) sin haber aplicado, en nuestra opinión, ningún proceso serio de consolidación fiscal. En contraste con las CCAA españolas, sus pares internacionales (como las regiones de Italia) tienen, a nuestro juicio, agotado gran parte de su margen de maniobra para recortes de los gastos, habida cuenta de sus procesos de costes.

Observamos que las regiones españolas cuentan con gastos en áreas no esenciales (por ejemplo, el gran número de empresas públicas regionales y similares – 2.000 en julio de 2009 – que se dedican a campos muy diversos y, en muchos casos, no esenciales, (como emisoras regionales de televisión). Esto nos lleva a creer que unos fuertes recortes en gastos de funcionamiento son técnicamente viables (sobre todo en las competencias esenciales), y que la principal limitación para llevar a cabo es de carácter político.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha iniciado este verano el período de información pública del nuevo Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) que sustituirá al aprobado en el año 1994 manteniendo el carácter de plan contable marco para todas las administraciones públicas

El nuevo PGCP será de aplicación obligatoria para las entidades integrantes del sector público administrativo estatal a partir del 1 de enero de 2011. Puede descargarse aquí:

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA.

PARTES 1-2-3.

PARTES 4-5.

Los objetivos del nuevo Plan son la homogeneización de los criterios contables aplicados por las distintas administraciones públicas, la armonización de estos principios con los utilizados por las empresas privadas, así como su actualización con los cambios en las normas contables internacionales (NIC-SP) elaboradas por la Federación Internacional de Contables (IFAC).

Además, el Plan también se adapta a las últimas reformas mercantiles en materia contable, tomando como modelo el Plan General de Contabilidad para la empresa aprobado por el Real Decreto 1514/2007.

Por último, la información financiera y presupuestaria de las cuentas anuales deberá complementarse con datos sobre costes por actividades e indicadores presupuestarios, financieros y de gestión que mejoran la calidad de la información contable en el sector público español y facilitan su gestión.

Un largo proceso

La IGAE inició el proceso de modificación del PGCP´94 mediante la elaboración de un borrador de Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las NIC-SP. A estos efectos, se creó un grupo de trabajo integrado por representantes de la Administración Estatal, Autonómica y Local y del ámbito académico, con el objetivo de analizar y debatir las propuestas de modificación al contenido de dicho Plan Contable elaborado por la IGAE, cuyos principales contenidos ya habían sido avanzados por Víctor Nicolás, el año pasado.

En los últimos años, la IGAE ha empezado a concretar los trabajos de elaboración de estudios de contabilidad pública aprobando los siguientes Documentos, que son referencia seguida por el nuevo Plan:

- “Principios generales sobre contabilidad analítica de las Administraciones Públicas”, en el año 2004. Recoge un marco conceptual y metodológico para la implantación de un sistema de contabilidad analítica en las entidades del sector público.

- “Consolidación de cuentas anuales del sector público”, en el año 2006. Establece un conjunto de criterios generales que pueden servir como marco de referencia para la elaboración de cuentas consolidadas por las diferentes Administraciones Públicas españolas.

- “Los indicadores de gestión en el ámbito del sector público”, en el año 2007. Recoge los conceptos teóricos, clases de indicadores y el procedimiento a seguir en el diseño e implantación de los indicadores de gestión, así como la utilidad de la información que proporcionan estos indicadores en el marco de la gestión pública.

Cuentas Anuales

El Plan General de Contabilidad Pública se estructura en cinco partes que van precedidas de una introducción en la que se explican sus características fundamentales así como las principales diferencias con respecto al PGCP de 1994.

En el PGCP de 1994, las cuentas anuales están formadas por cuatro estados: el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. En el nuevo PGCP, se añaden dos nuevos estados: el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.

La memoria incluye una información más amplia y detallada que la del PGCP´94. Se debe informar de las normas de reconocimiento y valoración aplicadas y de otra información adicional que se considera relevante para la comprensión por los usuarios de las cuentas anuales.

Hay que resaltar como importante novedad, la inclusión de unos indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios, y unos indicadores de gestión, así como información sobre el coste de las actividades, que constituyen una primera iniciativa para la obtención de información que mejore la adopción de decisiones en el marco de la gestión eficiente de los recursos públicos.

El creciente desarrollo del sector público instrumental es un hecho incontestable, tanto en la Administración del Estado, como en la autonómica y local. Son Entidades con personalidad jurídica propia que suelen tener encomendadas funciones o tareas de esa Administración Pública.

Se trata de un fenómeno de diversificación estructural (por lo general, a través de la forma mercantil o fundacional) caracterizado, en la práctica, por la gran variedad de sus fines y sectores de actividad. La doctrina más prudente suele criticar su uso exagerado y desordenado, así como la ruptura que suponen en los tradicionales esquemas conceptuales para distinguir lo público de lo privado.

El reciente informe del Consello de Contas ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta conocida “huída del derecho administrativo” en la Comunidad Autónoma de Galicia, con frecuencia denominados chiringuitos por su opacidad.

Galicia

El Consello entiende que la Cuenta General debería incluir la totalidad de empresas y fundaciones del sector público autonómico en el marco de un proceso de integración de la totalidad de entidades públicas objeto de control, que contribuya al adecuado cumplimiento de su rendición de cuentas.

En ese sentido, el Consello sugiere que la Intervención General debe presentar, como documentación complementaria de la Cuenta General, un resumen del plan de auditorías realizado y comentarios sobre los últimos ejercicios. Por supuesto, recomienda a todas las entidades integrantes del sector público autonómico la generalización del informe de auditoría externa para contar con una opinión cualificada y profesional sobre las cuentas anuales.

De la lectura del informe, sorprende el gran número de Entidades (así: 58 fundaciones de iniciativa pública) creadas en Galicia, que se deducen del siguiente cuadro, donde se retrata magníficamente la situación nacional:

La prensa destaca, por su mayor sensibilidad ante la opinión pública, el elevado número de contratos de alta dirección (86) de los responsables del sector público que hace al Consello de Contas instar en sus recomendaciones un “mayor control sobre las autorizaciones” de este tipo de relaciones laborales.

El informe de fiscalización asegura que, de los 244 millones adjudicados por empresas y entes públicos en 2006, el 20,8% fueron realizados sin que mediara licitación alguna. En fin, que se está produciendo un intenso debate mediático y parlamentario sobre la continuidad de estas formas de gestión.

Navarra

El reciente informe de la Cámara de Comptos de Navarra sobre la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2007 también  recomendó “racionalizar el sector empresarial y fundacional” de la Administración foral y que el Gobierno de Navarra lleve a cabo una reorganización del entramado empresarial público al existir empresas con objetivos coincidentes. En ese sentido, el Parlamento aprobó hace unos meses una Ley foral de reorganización del sector público al crear la Corporación Pública Empresarial de Navarra.

Además, el informe resume así (pág. 29)  la opinión de las auditorías realizadas en las empresas públicas:

- 24 empresas presentan opinión favorable.

- En 7 empresas la opinión es favorable con salvedades.

- En una, el auditor deniega la opinión,

Conocer este tipo de radiografías del sector empresarial contribuye a aportar a la ciudadanía un interesante factor de transparencia sobre la gestión financiera de los Entes Instrumentales.

Un buen ejemplo lo tenemos en el ámbito de la Administración del Estado. La Ley 47/2003, General Presupuestaria,  establece que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) debe remitir  anualmente al Consejo de Ministros, un informe general con los resultados más significativos de la ejecución del plan anual de control financiero permanente y  del plan anual de auditorías de cada ejercicio, con un resumen de las auditorías de cuentas realizadas, en el que se reflejarán las salvedades contenidas en dichos informes.

Entidades del Estado

El Estado ha inventariado un total de 467 entidades que conforman el sector público estatal, a 31-12-2006 . De ellas se han auditado 389, que comprenden la totalidad de las entidades obligadas legalmente, además de otras sociedades mercantiles y fundaciones del sector público estatal no obligadas, pero que se han incluido en los planes anuales de auditoría pública durante el ejercicio 2007. El desglose por sectores de las entidades auditadas es el siguiente:

- 121 entidades pertenecientes al sector público administrativo, cuya auditoría realiza en su totalidad la IGAE.

- 230 entidades pertenecientes al sector público empresarial, auditadas mayoritariamente por  auditores privados, ya que en su mayor parte son sociedades mercantiles estatales sujetas a las disposiciones de la normativa mercantil.

- 38 fundaciones del sector público fundacional cuyas cuentas audita mayoritariamente la IGAE.

El siguiente cuadro representa muy bien la opinión de esas auditorías en cada uno de los tipos del subsector administrativo:

(**) No está incluida en el total de entidades ni se incluye información sobre la entidad estatal de derecho público “Centro Nacional de Inteligencia” debido a la clasificación que recibe la información procedente de esta entidad en su normativa reguladora.

Como se observa en el cuadro anterior, la mitad de las opiniones emitidas en el ejercicio 2006 tienen “salvedades”, lo que significa que existen circunstancias que afectan a la imagen fiel del patrimonio y los resultados que las cuentas deben mostrar. Este porcentaje es inferior al del ejercicio anterior, que era del 59 %, y se incrementa, por tanto, el número de entidades con informe favorable.

Sector empresarial

Como se observa en el cuadro siguiente, el 48% de las opiniones emitidas en el ejercicio 2006 incluyen “salvedades”; un porcentaje ligeramente inferior al del ejercicio anterior, que era de un 54%. La mayoría de las salvedades responden, al igual que en el ejercicio anterior, al hecho de que algunas Autoridades Portuarias han aplicado para la contabilización de los bienes destinados al uso general el criterio de mantenerlos en una cuenta del activo, que es distinto del establecido por la IGAE al respecto, darlos de baja del balance, lo que ha dado lugar a salvedades en los correspondientes informes de auditoría:

Si, así decìa Don Hilarión en la “Verbena de la Paloma”, del maestro salmantino Tomás Bretón. Una muestra la tenemos en la Government Accountability Office (GAO), conocida en EEUU como el “el mejor amigo del contribuyente“, que acaba de inaugurar su canal en YouTube (ver) y en  Twitter (ver) para ayudar a los usuarios de esos sitios a mantenerse informados sobre su labor.

Estas nuevas herramientas no son un asunto de adolescentes y, en palabras del Auditor General interino, Gene L. Dodaro: “ofrecen nuevas posibilidades para informar sobre los esfuerzos para promover la rendición de cuentas y la transparencia en los programas federales”.

La GAO ha publicado muchos de sus vídeos en el canal de YouTube, que cada vez es más utilizado por las agencias federales como herramienta de comunicación. Además, en su cuenta de Twitter, la GAO alerta de cada informe publicado. Los usuarios pueden ir a estos links y crear su propia cuenta de Twitter y, a continuación, recibir automáticamente los avisos de informes de la GAO. Más de 50 agencias federales y varios miembros del Congreso utilizan Twitter, una red social gratuita y de micro-blogging que crece en Estados Unidos a un ritmo del 50% mensual y permite a los usuarios enviar y leer los temas actualizados, como parte de sus esfuerzos de divulgación pública.

El propio presidente Obama tenía su cuenta, que usó con mucha eficacia durante la campaña electoral (junto a Youtube) como herramienta de recaudación de fondos, captación de votantes y como prueba de que el candidato tenía claros los conceptos de comunicación y transparencia. Obama contó con 3,2 millones de amigos en Facebook (frente a los 600.000 de McCain), 137.000 seguidores en Twitter y 1.824 vídeos en YouTube (por sólo 330 de su rival). Ahora, en su nueva responsabilidad mantiene ésta y esta cuenta.

¿Qué está haciendo la GAO?

Si moderna es la divulgación, más todavía es el objetivo y alcance de sus informes. En su web veo este último informe:

Pandemia de gripe: es necesario abordar las lagunas en la planificación y preparación para la pandemia

Como pone de relieve el actual brote de H1N1, una pandemia de gripe sigue siendo una amenaza real para nuestra nación. En los últimos 3 años, la GAO realizó diversos trabajos, que constan de 12 informes y 4 resoluciones, para ayudar a la nación a prepararse mejor para una posible pandemia.

En febrero de 2009, la GAO sintetizó los resultados de la mayor parte de esta labor y, en junio de 2009, emitió un informe adicional sobre la protección de los trabajadores en caso de una pandemia. El trabajo señala que, si bien se han adoptado una serie de medidas para planificar la pandemia, incluyendo el desarrollo de una estrategia nacional y un plan de aplicación, siguen existiendo muchas lagunas en la planificación y la preparación para la pandemia.

Este informe abarca seis áreas temáticas:

(1) liderazgo, autoridad y coordinación

(2) detección de amenazas y gestión de los riesgos

(3) planificación, capacitación y ejercicio

(4) capacidad de respuesta y recuperación

(5) intercambio de información y comunicación, y

(6) resultados y la accountability.

….

Por ejemplo, en mayo de 2006, la Estrategia Nacional para el Plan de Aplicación de la pandemia de gripe no establece prioridades entre sus 324 puntos de acción y no proporciona información sobre los recursos financieros necesarios para llevarlas a cabo. Además, no hay ningún mecanismo para supervisar e informar sobre los progresos de los organismos en el desarrollo de planes de trabajo pandemia.

La actual pandemia de H1N1 debería servir como un poderoso recordatorio de que la amenaza de una pandemia de gripe, que parece desaparecer de la conciencia pública en los últimos años, en realidad sigue existiendo. Aunque las agencias federales han tomado medidas en relación con 13 de nuestras 24 recomendaciones, no se han aplicado plenamente 11 de ellas, durante los tres últimos años.

Ante la posibilidad de que el virus H1N1 pueda hacerse más virulento este otoño o en invierno, la Administración y las agencias federales deberían utilizar este tiempo para dirigir su atención en la planificación y la preparación para la labor de las lagunas que hemos señalado.

El déficit del Estado californiano crece a un ritmo de $40 millones diarios. En una situación financiera tan complicada, se estudia cualquier oportunidad de obtener nuevos ingresos para la Hacienda Pública.

Según el anuncio de televisión, que se emite los miércoles, (ver vídeo) una funcionaria jubilada dice que el Gobierno “está haciendo caso omiso a millones de californianos que quieren pagar impuestos“.

Se trata del Proyecto Político Marihuana (Marihuana Policy Project/MPP) que recuerda que “los impuestos que generaría la industria de la marihuana en California podrían salvar el puesto de trabajo de 20.000 profesores”. El diario El País de ayer recordaba que el gobernador Arnold Schwarzenegger declaró el 1 de julio la “emergencia fiscal” después de que su Senado fracasara en la aprobación del presupuesto de la octava economía mundial, que es California. El Gobernator está pagando los gastos corrientes con pagares IOU. La exigencia de una mayoría reforzada para las subidas de impuestos, ha permitido que creación de un colosal agujero presupuestario.

Estas desgraciadas anécdotas, servirán de introducción para la charla que mañana daré en el curso de verano “Los impuestos: una aproximación para no iniciados” de la Universidad de Oviedo. Se trata de una actividad dirigida por los jóvenes profesores de Hacienda Pública, Roberto F. Llera y Francisco J. Delgado, que cumple su segunda edición.

Presupuestos al borde del ataque de nervios

De acuerdo con los últimos datos publicados por la Comisión Europea, la presión fiscal en España estaba por debajo de la media de la Unión Europea. En 2007, la presión fiscal española suponía el 37,1% del PIB, 3,3 puntos por debajo del promedio de los 16 países de la Eurozona. Eso significa que hay cierto margen para aumentos tributarios. Sería el camino de regreso pues, no hace mucho que España, por ejemplo, bajó el tipo máximo del Impuesto sobre la Renta del 48% al 43% y el de Sociedades, del 35% al 30%.

Sin embargo, como veis arriba, las recientes caídas en la recaudación de algunas figuras tributarias ligadas a la actividad económica indican que el presupuesto de ingresos de las CCAA para el ejercicio 2010 sufrirá un importante recorte. Como recordaba el diario Expansión, la semana pasada, los ingresos tributarios totales del Estado se desplomaron una media del 19%, entre enero y mayo: un 30% la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido y un 20% el Impuesto de Sociedades.

Esto traerá enormes dificultades para cuadrar los mayores gastos vinculados a las políticas públicas sociales o de infraestructuras, generadoras de empleo para mitigar el paro del sector de la construcción. En la Administración del Estado, aumenta el número y la calidad de las inspecciones de la Agencia Tributaria.

El viernes pasado, se clausuró en La Granda (Asturias) el seminario que regularmente patrocina la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias. Tanto al Consejera de Castilla y León, Pilar del Olmo, como su colega y anfitrión asturiano, Jaime Rabanal, concluyeron ese escenario. Hasta el propio Secretario de Estado de Economía, el asturiano José Manuel Campa (en el centro de la foto) ofreció al diario económico Cinco Días un suculento titular, en una entrevista de la que entresacamos estas dos preguntas:

¿Era razonable la subida del 3% para los funcionarios del año pasado?

Si para el año que viene acabamos de aprobar un techo de gasto del Estado que cae un 4,6%, la evolución salarial de los funcionarios debe ser coherente y adecuarse a esa situación de caída de gasto.

¿Significa que será negativa?

Significa que para 2010 debe ser muy conservadora.

Rafael Iturriaga Nieva era, hasta hace unos, días Consejero del Tribunal Vasco de Cuentas, un órgano que presidió entre 1995 y 2001. Acaba de ser nombrado Viceconsejero de Seguridad en el nuevo Gobierno Vasco.

Rafael es autor prolífico de brillantes tribunas de opinión en la prensa nacional, algunas de la cuales hemos recogido en esta bitácora. Si debo seleccionar alguna me quedaría con esta: “Ná penal“. Ahora que había abierto su propio blog (protagorismos) va a tener  dificultades para llenarlo con la regularidad.

En mayo de 2007 publicó en la prensa de Euzkadi este artículo, con el que quiero desearle todos los éxitos en sus nuevas responsabilidades. ¡Cuídate Rafa!.

MUJERES VÍCTIMAS Y TESTIGOS Damos por supuesto que los proyectos políticos están inspirados por la búsqueda sincera del bien común. No obstante, el paso de los planteamientos políticos al Boletín Oficial no está exento de reglas. El Estado de Derecho no fía todo a la benevolencia del gobernante por mucho que se trate de un gobernante legítimo.

El legislador nunca escribe sobre un folio en blanco. El edificio jurídico es un sistema, un conjunto armónica y jerárquicamente ordenado de normas, en cuya cúspide se halla, como todos sabemos, la Constitución, norma fundamental del Estado y en el frontispicio de la propia Constitución, los Valores Superiores del Ordenamiento Jurídico que entre nosotros son, conviene no olvidarlo, la Libertad, la Igualdad, la Justicia y el Pluralismo Político (Art.1).

Hay un evidente riesgo en la utilización abusiva del instrumento legislativo (caracterizado por sus notas de generalidad y perdurabilidad) para la solución de problemas políticos inmediatos.

No se trata de sostener una tesis conservadora sino de evitar el uso excesivo de una “alegre” cirugía legislativa que parte de la ingenua creencia de que lo publicado en el BOE ocurre de verdad, lo que es mucho suponer. Las normas, desde luego, son necesarias pero no sustituyen a la gestión, incluso, a veces, la enmascaran. Una gestión política transformadora está tan lejos del “Laissez faire, laissez passer” como de bienintencionados intentos de hacer ingeniería social desde el Parlamento. Hace falta una gran osadía y muy poco respeto por los demás para establecer coacciones a la libertad de los ciudadanos con la pretensión estalinista de ayudarles a “hacer lo correcto” o a ser más felices.

En este sentido, llama la atención la noticia, publicada en diversos medios el pasado día 21 de Mayo de que el Ministerio de Justicia proyecta reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con dos finalidades. Por una parte, “impedir que una mujer que haya denunciado una situación de maltrato por parte de su pareja pueda retirar las acusaciones” (sic.) y, además, reformar específicamente el artículo 416 que dispensa de la obligación de declarar contra el procesado a su cónyuge, hijos y otros parientes cercanos.

Aparentemente la intención que mueve al Ministerio de Justicia no puede ser más loable, sin embargo…Algo no termina de encajar.

Para empezar, porque la mayoría de los delitos (y, desde luego, todos aquellos que tienen que ver con la violencia de género) son delitos “perseguibles de oficio”, es decir, que no requieren denuncia ni querella por parte del ofendido. Aún más, resulta un verdadero sarcasmo esa responsabilización en la víctima, la mujer, del destino de un procedimiento cuando no hay norma (ni en España ni en el mundo entero) que “obligue” a la víctima común a denunciar.

La víctima es el eslabón más vulnerable de toda la cadena de respuesta del Estado de derecho ante el delito, singularmente en estos casos de violencia ejercida en la intimidad y entre personas cuyos lazos tienen indefectiblemente un gran componente psicológico, emocional. ¿Cómo puede plantearse siquiera el establecimiento de semejante “obligación” para el más débil cuando quienes sí están obligados (obligados sin necesidad de reformar legislación alguna) no cumplen, al parecer, con su deber?

Para comenzar, los funcionarios del Ministerio Fiscal (Art. 105 L.E.Crim.) y, por extensión, los policías y personal de los servicios sociales que tienen conocimiento de este tipo de situaciones, así como los médicos, tanto de los servicios de urgencia, como de los de atención primaria donde se observan una y otra vez patologías que ponen en evidencia un maltrato que la propia víctima coaccionada, avergonzada o desgraciadamente enamorada (que tanto da) intenta patéticamente disimular. A este respecto es muy recomendable echar un vistazo al informe de Amnistía Internacional sobre el cumplimiento al cabo de un año (ahora llevamos más de dos) de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género.

Por contra, el hecho mismo de plantear la reforma de la ley envía sobre la opinión pública un mensaje exculpatorio. Si no se hace más, se viene a decir, no es por nuestra propia incapacidad o desidia, es por la falta de un adecuado instrumento legislativo. Nuestras manos, deseosas de actividad, permanecen atadas a nuestro pesar. Este argumento (que desgraciadamente se ha repetido “ad nauseam” en los últimos días) es, sencillamente, falso. Burda mentira.

Muchísimos procedimientos iniciados (policial o judicialmente) son archivados con la excusa de que la mujer “…ha quitado la denuncia…” En tales casos, policías y jueces están incumpliendo palmariamente el vigente artículo 106 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, por lo menos en este punto, solamente requiere cumplimiento, no reforma.

En relación al segundo asunto, ha de hacerse notar que el artículo 416 exime, entre otros, al cónyuge de la obligación de declarar… ¡Como testigo! Malamente, pues, podría una modificación del tipo de la planteada impulsar a nada a las víctimas puesto que las víctimas no son, como es obvio, testigos, sino partes del proceso penal.

Es lógico que en el instante inicial de un procedimiento no exista más indicio que lo relatado en la propia denuncia por lo que una defección posterior del denunciante dificulta el desarrollo de la investigación. Dificulta, pero no impide. Si, como se señala tantas veces, policía e incluso jueces desconfiaban de la veracidad de la “retirada” de las denuncias… ¿Que razón les impedía investigar aún contra la voluntad de la acobardada o coaccionada víctima?

Puede compartirse, entonces, la intención que inspira la intervención de Doña Soledad Murillo, Secretaria General de Políticas de Igualdad y de otras voces, pero la medida es distorsionadora del procedimiento , limitadora de la libertad individual, totalmente ineficaz y, lo que puede ser peor, dañina. Imaginemos por un momento que tales tesis prosperaran y estableciéramos la obligación de declarar de la víctima como testigo y por miedo, chantaje emocional o lo que sea, ésta se niega obstinadamente a hacerlo o, incluso, miente… ¿Que hacemos?… ¿La procesamos por Obstrucción a la Justicia (463.1 del Código Penal) o por Falso Testimonio (458 y ss.)?

Ayer se celebró en el Centro Riskal de Palma de Mallorca el V foro GECONOMIC que organiza el Gobierno Balear a través de la Intervención General y el Instituto de Estudis Autonomics.  

El programa reunió a mas de trescientos funcionarios con responsabilidades en la gestión económica de las diversas Administraciones de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares.

En mi caso, titulé la conferencia Los siete pecados capitales de la gestión presupuestaria. Se trataba de aprovechas las virtudes pedagógicas de la construcción del concepto de pecados capitales para presentar de manera desenfadada un guión con los principales vicios que los OCEX (o los tribunales de justicia) encuentras en la gestión económica del sector público.

Estas patologías han ido presentándose a lo largo de esta bitácora, con ocasión de diversas entradas. Así, podemos mencionar:

Pereza . La rendición tardía de las Cuentas Generales de los Ayuntamientos, supone el primero de nuestros pecados administrativos, que ha dado lugar a peticiones de los OCEX para sancionar los Entes morosos.

Ira. Con frecuencia, encontramos actitudes inquisitoriales de nuestras Autoridades que hacen presa de su enfado a los funcionarios que han osado creerse independientes.

Soberbia. Un ejemplo de ella son los gastos sin partida presupuestaria, que adornan la gestión sanitaria de nuestras Comunidades Autónomas. También son interesantes algunas sentencias sobre la prevaricación.

Gula. Aquí estudiamos los gastos de representación suponen un sector del presupuesto caracterizados por su amplia discrecionalidad y presentamos las conclusiones de la Sentencia del TCu en el “caso Manzano”.

Lijuria. Aquí mencionamos los códigos éticos y algunas situaciones delicadas como la aceptación de regalos en la Administración.

Codicia. La avidez por obtener subvenciones hace que o siempre podamos encontrar el interés público en ellas. El caso de la fiscalización del Federación Española de Fútbol es un buen ejemplo.

Envidia. Se trata del deseo de algo que no se posee. El gerencialismo supone una filosofía para aplicar las técnicas del sector privado en nuestras Administraciones. Aquí también hay que destacar la crítica del maestro Martín Mateo.

En fin, una charla y un debate muy interesante. Como herramienta de realimentación, espero que sea muy útil  esta bitácora.

Por último, no quiero terminar sin recordar las virtudes del Corregidor Perfecto que podéis encontrar en el facsimil en descarga libre, del que fue autor Lorenzo Guardiola en el siglo XVIII.

Las leyes de estabilidad presupuestaria se remiten a las definiciones del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95) como herramienta de cómputo del logro de los objetivos presupuestarios. La implantación en las Administraciones Públicas de estos criterios pone de manifiesto aquel endeudamiento existente y que en ocasiones no tienen reflejo presupuestario, con el peligro que supone no lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Para sortear estas dificultades, fueron surgiendo toda una miscelánea europea y multitud de situaciones de contabilidad creativa o ingeniería financiera para transformar la información contable, con comportamientos inducidos, tolerados, cuando no pactados.

Así, los casos del lease-back del gobierno austriaco en sus edificios culturales o la enajenación por la Comunidad de Madrid del derecho de uso de sus embalses a la sociedad privada que gestionaba el abastecimiento de agua potable. En ambos casos, para el pago a la Administración titular del dominio, las citadas sociedades debieron endeudarse en una importante cuantía. Sus ingresos eran mayoritariamente privados, así que ese endeudamiento inicialmente no computaba, como prevé el SEC 95. Luego, la doctrina europea ha ido evolucionando …. 

Otro efecto de estos procesos es que hayan reaparecido algunas viejas figuras del Código Civil, como la encomienda de gestión y la enfiteusis.

En la encomienda de gestión, la Administración concierta, mediante la figura regulada en el Código Civil (arts. 1709 y ss), con una sociedad mercantil mayoritariamente participada por la misma un contrato de mandato para la realización de infraestructuras. El capital social suele ser compartido con una Entidad de Crédito que, además prestará la financiación de esas inversiones sin más activo de garantía que el contrato-programa o convenio que las subvencionará a través de las futuras transferencias de capital de la Administración matriz.

La Cámara de Comptos, en su reciente Informe sobre el Sector Local en Navarra, ha criticado (pág. 14) un cierto modelo de gestión del urbanismo municipal: “creando sociedades públicas cuyo capital lo aporta íntegramente el ayuntamiento. Posteriormente, esta empresa pública crea con un empresario una sociedad mixta en la que la empresa pública participa con más del 50 por ciento del capital”. La actividad de desarrollo urbanístico a realizar va pasando del ayuntamiento a la sociedad pública y de ésta a la sociedad mixta, resultando finalmente adjudicataria de la construcción el socio privado de la sociedad mixta.

Resucitan los dinosaurios

En la enfiteusis (Código Civil, arts. 1605 y ss.) la citada sociedad comprometida a la ejecución de una infraestructura, cede a la Administración su dominio útil, a cambio de percibir un canon periódico a lo largo de un plazo (la enfiteusis pura es perpetua) que permita recuperar el coste de la obra, con algún  beneficio.

En el informe sobre la Cuenta General 2006 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya volvemos a encontrar esta vieja figura, de la que se hace eco el artículo del diario Expansión. En la página 193 del informe se incluye el siguiente cuadro, en miles de euros, relativo a los censos enfitéuticos vigentes a 31-12-2006:

Para la sindicatura catalana, el asunto es claro: esta figura debe computar a los efectos del objetivo de endeudamiento pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que a pesar de la corrección, cumple la Generalitat.

Este jueves y viernes (5 y 6 de febrero) se celebra en Granada el XVI Encuentro de Economía Pública (ver portal). Una reunión anual (ver reseña de la anterior edición) con multitud de ponencias relativas a diversos aspectos de interés para los seguidores de esta bitácora: hacienda pública local y autonómica, economía de la educación o de la salud. Una ocasión magnífica para repasar la mejor doctrina nacional sobre estos temas.

Me ha sorprendido la ponencia tituladada “Análisis regional del Empleo Público en España: Especial consideración de los Empleados Autonómicos” de la que son autores J. Salvador Gómez Sala, José Sánchez Maldonado, Carlos Rivas Sánchez y Mª Mercedes Moreno Domínguez, profesores del Departamento de Economía Aplicada  de la Universidad de Málaga. En ella se ofrecen algunos interesantes datos sobre la función pública autonómica, como los que presiden esta entrada: las retribuciones medias por Comunidades Autónomas (CCAA), incluyendo el coste de la seguridad social.

Crecimiento de efectivos y retribuciones

En un lustro, los más recientes servicios transferidos a las CCAA (sanidad y educación no universitaria) han tirado hacia arriba de las retribuciones medias de sus empleados. Ha habido un crecimiento en el número de empleados, claro, que ha propiciado un enconado debate. Sin embargo, es un hecho el aumento del gasto promedio, vía mejora de las pagas extraordinarias o los complementos previstos en las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo.

Sólo en Sanidad, el crecimiento de las retribuciones ha sido del 7.7%  como término medio de las CCAA. Véase en el cuadro anterior la retribución media en Navarra y Cataluña.Todos quieren igualarles. Es el efecto inflacionario de la transferencia de servicios a las CCAA.

En los próximos meses, estas cifras nos parecerán un sueño. Con caídas en la recaudación y crecimientos espectaculares del desempleo, va a ser inevitable plantear medidas de choque. Entre ellas, quizás encontremos planes de contención del gasto medio de personal, solidaria con otras áreas presupuestarias generadoras de empleo en el sector privado. Ya no será suficiente con la congelación del sueldo de los Altos Cargos, generalizada en los gobiernos regionales de todo color político.

Respecto al crecimiento del número de efectivos autonómicos, una vez asumidas las competencias educativas y sanitarias, la evolución regional se presenta por los autores de la ponencia en el cuadro siguiente:

Una distribución desigual

La tasa de empleados públicos sobre la población activa en el conjunto de países de la OCDE, durante el año 2006, oscilaba entre el 32% de Noruega y el 8,2% de Turquía. Por su parte, España (con el 15,24%) ocupa el puesto 18 de los 28 países, con la mitad de la tasa que los países nórdicos y a un nivel similar que Estados Unidos o Italia.

Dentro de España, periódicamente aparecen noticias del número de funcionarios. Así, hace unos días se hacía público que en la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2008, por primera vez en la historia estadística aparecían más de tres millones de asalariados en el conjunto de las administraciones (3.029.500). Una cifra relativa que está muy lejos de la situación de Francia, donde ya hemos comentado la política de función púbica del presidente Sarkozy.

En nuestras dotaciones de empleados públicos hay muchas diferencias terrioriales, como puede verse en el cuadro 3.6. El Catedrático de Derecho Administrativo. Andrés Betancor, explicaba estas diferencias en un elocuente artículo de Expansión, titulado “Funcionarios catalanes y empresarios extremeños“. Así, explica las diferencias por el uso de empresas, consorcio y fundaciones públicas. Según el último inventario del Ministerio de Hacienda, Cataluluña cuenta con el mayor número de estos organismos (269) mientras que Extremadura, muy ortodoxa en la intervención de su hacienda, es una de las que menos tiene (66).

El personal autonómico dedicado a labores sanitarias destaca por su importancia relativa en Asturias (41,8% del total), Madrid (41,32%) y Cantabria (40,39%), siendo más reducido en Cataluña (22,81%), posiblemente por haber optado en mayor medida que el resto de Comunidades por sistemas de concierto para la prestación de la asistencia sanitaria.

Con frecuencia los jefes consideran un problema contar en su equipo con demasiada gente extraordinaria e independiente. Piensan que ello les obligará a un esfuerzo suplementario para liderar con transparencia interna, para que sus colaboradores no entren en conflicto y se impongan a sus iguales, sin que ninguna de sus fuertes personalidades desequilibre el equipo gobierno.

Por el contrario, Obama nos ha impresionado por rodearse de colaboradores muy experimentados dentro de su gobierno. Suena muy bien pero no es habitual: los gestores veteranos (“pata negra”) suelen tener un colmillo retorcido, tienden a ir por libre y son una fuente de problemas para trabajar coordinados. Muchos son los líderes que prefieren apoyarse en jóvenes con más compromiso y lealtad que experiencia, que acepten más la autoridad que el poder. ¿Cuál es la diferencia? José Ramón Pin explica que poder es “que otros hagan lo que yo quiero”, mientras que autoridad es “que otros quieran lo que yo quiero”.

Como funcionario siempre he querido trabajar con directivos con futuro, quizás porque suelen tener un estilo participativo y abierto, entrenando a sus colaboradores en las responsabilidades y hasta preparando su propia sucesión con naturalidad. Por el contrario, los jefes “eucaliptus” no permiten a nadie crecer a su alrededor; lo cual es muy grave en una función pública española donde la sobrecualificación es la regla, donde abundan los conserjes licenciados.

Trabajar en la burocracia dificulta la promoción: no destaca quien hace lo que debe, sino sólo quien se excede. Hace unos meses la vanguardista revista digital materiabiz se preguntaba si merecía la pena ser un buen empleado:

Os dejo buscar la respuesta. Otra posibilidad es transformarse en un “trepa”. Unos empleados que son despreciados por sus iguales y ensalzados por su jefes, que no dudan en romper el equilibrio existente en las relaciones laborales para tocarlos con su dedo providencial. Le reconoceréis por su tendencia a minusvalorar a sus compañeros y apropiarse de su trabajo. Pero no les subestimemos pues los trepas tienen tantas cualidades como impaciencia. Las estructuras chirrían porque tienen prisa; quieren anticipar el futuro, aun a costa de dejar un reguero de cadáveres en los armarios de los negociados.

Cada vez más los individuos y los mandos intermedios tienen menos espacios para esconderse de los controles, por la mayor capacidad tecnológica para procesar información con gran rapidez. En las empresas, la implantación de objetivos trimestrales está a la orden del día.

El profesor de Periodismo en la U. Carlos III, Ignacio Muro aprecia que estos nuevos modos de dirección privada pretenden que la gente trabaje hasta reventar, por lo que no es extraño que los empleados desarrollen escepticismo mientras interiorizan un nuevo código de comportamiento que se concreta en la afirmación “Esta no es mi empresa”, que sirve de titulo a su reciente libro (Ecobook, 2008, 22€ y 240 pág.), presentado ayer. El objetivo es el esfuerzo permanente, empujar a todas las unidades mas y mas en una presión creciente desde la cumbre de la jerarquía.

Pero volvamos a la Administración Pública, donde se quejan de la gran dificultad para encontrar directivos entre los Altos Funcionarios, en teoría los mejores conocedores del servicio público. Parte de la culpa pueden tenerla los llamados “incentivos perversos”. Los empleados públicos que han ocupado un Alto Cargo consolidan, para el resto de su futura carrera administrativa, una parte importante de su retribución, en forma de complemento. Yo mismo aspiro a ello algún día …

Sin embargo, se produce una paradoja. Estos exdirectivos públicos, estos funcionarios “Pata Negra” ganan más tras cesar y volver a la anónima y pacífica ocupación del técnico. Vamos, que muchos no tienen ninguna gana de repetir la experiencia y ningún miedo al regreso a la vida civil. El sueño de Max Weber, el padre de la moderna burocracia, que recomendaba al político ser económicamente independiente de los ingresos que la política pueda proporcionarle. La izquierda ha criticado siempre esta concepción porque dejaba esa actividad en manos de las clases “acomodadas”. ¿Somos los funcionarios la nueva burguesía?

Ya hemos hablado aquí, que la diferencia entre quien vive “para” la política y quien vive “de” la política se sitúa en el nivel económico. La política puede ser una noble vocación pero también una profesión y la fuente regular de ingresos. El aprieto surge cuando un directivo público cesante va directamente a las listas de desempleo. Eso si que genera fidelidad al Jefe y esa amenaza suaviza muchas enérgicas voluntades. No hay mayor nobleza que la dimisión de quien vuelve a la fábrica.

Aprovecho para mencionar aquí el post de Juan Freire que concluye que, en España, “no contamos con políticos que sean verdaderos líderes”. En su opinión, “no necesitamos gestores sino líderes transformadores”.

Una versión de este artículo fue publicado en el diario La Nueva España el 28-1-2009.

Acabo de recibir en número 53-4, de la revista Presupuesto y Gasto Público que edita el Instituto de Estudios Fiscales. Este volumen, correspondiente al último trimestre del año 2008, incluye interesantes artículos que pueden descargarse a continuación:

COLABORACIONES

Solidaridad, inversión pública y fondos de compensación interterritorial
Roberto Fernández Llera
Francisco J. Delgado Rivero
Universidad de Oviedo
La programación de fondos estructurales de la Región de Murcia: Del 2000-2006 al 2007-2013
Esther Ortiz Martínez
Loreto Salas Hernández
M.ª Victoria Lorenzo Ibáñez
Salvadora Franco Candel
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

La participación de los municipios en los ingresos de las comunidades autónomas
José Manuel Cordero Ferrera
Inés P. Murillo Huertas
Universidad de Extremadura

La gestión contable de los inmovilizados tangibles públicos en los pronunciamientos internacionales
Enrique J. Buch Gómez
Roberto Cabaleiro Casal
Universidad de Vigo

Estudio de costes basado en las actividades de la Dirección General de Hacienda y Comercio de un Ayuntamiento
Mercedes Ruiz Lozano
Pilar Tirado Valencia
Universidad de Córdoba

Educación y bienestar subjetivo: Una aproximación desde la Economía de la Felicidad
M.ª del Mar Salinas Jiménez
Universidad de Extremadura e Instituto de Estudios Fiscales
Javier Salinas Jiménez
Universidad Complutense de Madrid

Pérdidas de producción laboral ocasionadas por las enfermedades en Cataluña en el año 2004
Juan Oliva Moreno
Universidad de Castilla-La Mancha y FEDEA

Los gastos civiles en una centuria de grandes conflictos internacionales. La importancia presupuestaria de la Corte, la burocracia, las transferencias y las inversiones en la España del siglo XVIII
José Jurado Sánchez
Universidad Complutense de Madrid

En la actualidad, se consolida en el conjunto de los países de la OCDE una cultura de los resultados, donde el directivo público se centra y es responsable del grado de eficacia y eficiencia alcanzado al ejecutar el presupuesto. Implantada la cultura del indicador como herramienta que determina incluso una parte de la retribución de los responsables de los programas presupuestarios. Nada mejor que un chiste para desmitificar estos asuntos.

Pues bien, los indicadores son instrumentos esenciales para la gestión por objetivos, la evaluación de políticas públicas, la auditoría operativa, la calidad de los servicios y la rendición de cuentas, en general. También son una manifestación de los objetivos estratégicos de una organización a partir de su Misión.

En este sentido aumentan las políticas de medición del rendimiento, tanto en cada uno de los sectores, como en la totalidad de los servicios públicos. Inducido por el mercado, aparece el denominado Estado Evaluador (NEAVE), como forma evolucionada del Estado Benefactor, que encarna un nuevo tipo de relaciones entre Servicio Público, Sociedad y Estado basadas en el control posterior y a distancia sobre el output público. Os recomiendo este post de Santiago García con consejos para evaluado y evaluador.

Midiendo …

En las Entidades Públicas, para evaluar las actividades y las políticas, cobran especial importancia los indicadores de gestión, entendidos como aquellos que proporcionan la información necesaria para el ejercicio del control económico de la gestión en su triple vertiente de control: de eficacia, de eficiencia y de economía.

La doctrina nos recuerda que se puede ser eficaz y poco eficiente, muy eficiente pero poco eficaz y muy eficiente aunque poco económico. Rafael Puyol, Ex-rector de la UCM, solía recordar que la eficacia es hacer lo que hay que hacer y, consecuentemente, pertenece al reino de la sabiduría; mientras que la eficiencia es hacer las cosas bien y, por lo tanto, pertenece al ámbito de la técnica y de la motivación. Es decir, que en los niveles directivos la virtud se llama eficacia; y en los del funcionariado se llama eficiencia.

La aportación de un bloque de indicadores como información complementaria a los estados financieros de las Entidades Públicas, es una exigencia unánime de la doctrina, justificada por numerosos precedentes en el mundo anglosajón. Sin embargo, reclama sistemas de información con alto grado de desarrollo y transparencia.

Así, la Audit Commission publica abundantes baterías de indicadores con conclusiones como estas: “La mayoría de los ayuntamientos han hecho algunas mejoras de rendimiento. En los últimos cuatro años, tres cuartos de ellos han aumentado la cantidad de basura reciclada – en algunos casos duplicándola (..) más de la mitad de las brigadas de bomberos han mejorado sus índices (..) sin embargo, los vecinos visitan ahora menos las bibliotecas y piden prestado un diez por ciento menos de libros y otros artículos. El gasto en bibliotecas también ha caído”. Fantástico.

Un ejemplo: el programa de seguridad ciudadana de Cataluña

A partir del 2006, el presupuesto de la Generalitat de Cataluña intenta avanzar hacia un sistema de elaboración y gestión de los presupuestos más orientados a los objetivos y a los resultados. Por esta razón, pone el acento en la clasificación de los gastos por programas, que queda en el mismo nivel que las tradicionales clasificaciones orgánica y económica.

La nueva orientación de la Ley de presupuestos para 2006 da prioridad a los objetivos y a los resultados y conlleva un cambio importante en la cultura de la organización haciendo necesario fijar un proceso sistemático para definir y cuantificar los objetivos que se quieren alcanzar, y establecer mecanismos de seguimiento complementarios o adicionales a los económicos y financieros a partir del uso generalizado de indicadores de realización de resultados.

Por todo ello, y según reconoce la misma ley, los presupuestos para 2006 aún no se pueden considerar unos auténticos presupuestos por objetivos, sino sólo un paso más en el camino que debe llevar a una mejora sustancial del proceso presupuestario.

La Sindicatura de Comptes de Catalunya aprobó un informe específico sobre uno de esos programas, correspondiente a Seguridad Ciudadana, de la Dirección General de Policía. Al inicio del ejercicio, el Departamento de Interior presentó dentro de la Memoria de los programas del presupuesto de la Generalitat para 2006, unos objetivos estratégicos y operativos y una batería de indicadores.

Al final del ejercicio, elaboró un seguimiento de estos objetivos con el balance de los resultados alcanzados; respecto al programa Seguridad Ciudadana, que es el siguiente:

Tras la fiscalización realizada, y teniendo en cuenta que el ejercicio 2006 es el primer año de instauración formal de este sistema, se hacen las siguientes observaciones:

- Misión: No se define la misión del programa correctamente, ya que es sólo un detalle genérico de funciones. Cabe recordar que la misión debe incluir:

- ¿Qué  quiere conseguir el programa?
- ¿Qué problemas se quieren solucionar?
- ¿Quién sale beneficiado?

- Objetivos operativos: Algunos de los objetivos operativos contenidos en el programa no son suficientemente específicos ni medibles. Algunos de ellos son actividades, por ejemplo, el establecimiento de convenios de coordinación con las policías locales.
- Actividades: Algunas de las actividades no están ligadas a los objetivos y son una descripción de las funciones de los policías (por ejemplo: proteger la seguridad de personas y bienes).

- Indicadores: Los indicadores presentados en el programa presupuestario deberían estar relacionados con los objetivos y las actividades.

El informe concluye que los presupuestos para 2006 aún no se pueden considerar unos auténticos presupuestos por objetivos, sino sólo un paso más hacia una mejora sustancial del proceso presupuestario en la Administración general de la Generalitat de Catalunya.

En este sentido, la Sindicatura valora positivamente el inicio de esta orientación de los presupuestos de la Generalidad,  aunque el programa de seguridad ciudadana tiene carencias, como se desprende de las observaciones:

1. El programa recoge razonablemente todos los gastos que le son imputables.

2. La contabilidad analítica no recoge la totalidad de los costes del programa. Habrá que analizar en ejercicios posteriores su evolución para determinar los resultados definitivos de su implantación.

3. En general, el Departamento ha realizado la ejecución del presupuesto del programa de acuerdo con el principio de legalidad.

4. La implementación de todos los controles iniciados por la actual Dirección General de Policía -software de control de vestuario, mejora del software de control de horas, software de contabilidad de costes, cuadro de mando, etc .- podrán garantizar en ejercicios futuros una mayor eficacia de los sistemas de control interno del programa de Seguridad ciudadana.

5. La implantación formal del presupuesto por programas en su primer año, por lo que respecta al programa Seguridad ciudadana del ejercicio 2006, presenta diferentes puntos a mejorar: Algunos objetivos operativos carecen de especificado y mensurabilidad, no todas las actividades están ligadas a los objetivos y algunos son una descripción genérica de las funciones del Cuerpo de Mossos d’Esquadra (CME). La Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC) elabora periódicamente una batería suficiente de indicadores en diferentes documentos (documento de dirección por objetivos, balance estadístico de los hechos delictivos, etc.). Pero la mayoría de ellos no están integrados dentro del programa, aunque son utilizados como apoyo en la gestión.

El diario económico Expansión dedica su editorial de hoy al Coste del ineficiente Estado Autonómico. Toda una declaración de principios, que concluye que los gobiernos regionales han disparado sus nóminas de funcionarios, incurriendo en duplicidades y agravios salariales respecto a los empleados del Estado; han emprendido una desenfrenada carrera por crear cada vez más empresas públicas de dudosa justificación incurriendo en una competencia desleal con el sector privado; han creado unas carísimas televisiones públicas como mero instrumento de propaganda al servicio del Gobierno de turno; “han intervenido recortando parcelas de libertad en importantes sectores de la economía, y han desplegado una auténtica madeja legislativa y burocrática que no está siendo inocua para el funcionamiento económico del país”, dice.

Varios períodicos han glosado el reciente informe de la revista británica «The Economist», que ahondaba en la misma línea: el Estado autonómico es un galimatías., Además está “la bola de nieve del endeudamiento autonómico, que no deja de engordar”, concluye el editorialista de Expansión, en una crítica al sistema, más que a opciones políticas, pues la patología afecta a todos los colores políticos. Las CCAA, con una deuda media del 6%, tiene en la cúspide a Gobiernos tan distintos como el Valenciano (11%) y el Catalán (8%).

El periódico continúa, en su interior, con un artículo donde analiza el crecimiento del número de empleados de las CCAA, así como las televisiones autonómicas, que costaron globalmente 945 millones de euros durante el pasado año, una media del 9% más: 119 euros por hogar. Hace unos días supimos que la Unión Europea quiere más control en la discrecionalidad para asignar los recursos públicos a las televisiones públicas, de modo que no se altere la competencia con las cadenas comerciales.

Algunas regiones han implantado políticas de austeridad, reduciendo o congelando en número de Altos Cargos o el montante de gastos corrientes, como la publicidad institucional. Apenas una gota de agua …

Nuevos paradigmas …

La vuelta del partido Demócrata a la Casa Blanca me hace reflexionar sobre cuál será el modelo de gestión pública de Obama. No creo que sea muy distinto del planteado por el equipo Clinton-Gore, aunque presenta ciertas incógnitas, en un futuro marcado por las restricciones presupuestarias.

Esto me ha hecho recordar a los gurús del pensamiento administrativo de la Administración Clinton: David Osborne y Ted Geabler. Autores del best seller, La reinvención del gobierno (Paidós, 1994), proponían un modelo, designado como gestión pública empresarial, que supuso un cierto revulsivo en la burocracia norteamericana. Viene bien recordar aquel decálogo:

1. Gestión Pública inspirada por misiones: Las instituciones públicas tradicionales están dirigidas por reglas y procesos. No obstante, las organizaciones empresariales tienden a minimizar las reglas y ponen su enfoque en definir claramente su misión y objetivos.

2. Gestión Pública orientada hacia los resultados: La preocupación de la gerencia pública debe cambiar de prioridad; de inputs y procesos a resultados. El desempeño se debe evaluar por la calidad de los resultados, no necesariamente por el fiel cumplimiento de los procesos formales. Las organizaciones exitosas son las que van encaminadas a buscar soluciones, confiar en los empleados y medir los resultados de su trabajo.

3. Gestión Pública orientada hacia los clientes: El propósito del sector público es servir a sus ciudadanos, redefinidos como clientes (e-gobierno).

4. Gestión Pública orientada al mercado: Evitar que los programas gubernamentales respondan a decisiones políticas o grupos de intereses particulares, sin tomar en consideración la opinión pública.

5. Gestión Pública previsora: La planificación estratégica permite visualizar el futuro de la organización, identificar los problemas más urgentes o prioritarios, y adoptar los objetivos, decisiones y acciones para alcanzarla. Su función principal será prevenir los problemas antes de que surjan; eliminar o disminuir la tendencia de ofrecer servicios de forma desarticulada e incremental.

6. Gestión Pública catalizadora: Transformar el sector público tradicional, proveedor directo de servicios, en uno facilitador, promotor o coordinador, que armonice y active las iniciativas del sector privado. Se deben diferenciar las decisiones sobre dirección o formulación de políticas de las actividades relacionadas con la prestación directa de los servicios (“separar el timón de los remos”).

7. Gestión Pública competitiva: Exigir criterios de competencia en la prestación de servicios mediante la auto-eliminación de los monopolios para reducir los costos de los servicios y aumentar su calidad. Al promover la competencia entre proveedores (sector público vs. sector privado) se mejorará la productividad, los costes y se estimulará la innovación, la eficiencia y la responsabilidad de la gerencia pública, creando un sentido de mejor aprovechamiento del presupuesto público.

8. Gestión Pública descentralizada: Otorgar mayor grado de autoridad para tomar decisiones a los funcionarios en los niveles más bajos de la organización; acercar las decisiones a los niveles más próximos a los clientes; reducir las jerarquías burocráticas y fomentar la participación y el trabajo en equipo.

9. Gestión Pública de la comunidad: Fortalecer las comunidades y la participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales, Otorgandoles poder y disminuyendo el control burocrático. En síntesis, significa reducir el poder a los funcionarios y devolvérselo a los ciudadanos.

10. Gestión Pública empresarial: Un concepto de empresario o gestor como persona con la capacidad de cambiar o trasladar recursos (económicos, humanos, tecnológicos y de conocimiento) desde zonas de baja a alta productividad y rendimiento. Desde esta óptica, la característica que define al “gerente” es la búsqueda del cambio, responde a él y lo explota como una oportunidad. Ello implica desarrollar la capacidad para analizar el cambio, buscar oportunidades, evaluar los riesgos y diseñar las estrategias de innovación organizacional más apropiadas a cada situación.

“Edgar Morin (izquierda) y Rafael Alberto Pérez, en la clausura del VI Encuentro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación”.

Organizado por FISEC y la Universidad de Málaga, los días 24 al 26 de septiembre 2008, se celebró el VI Encuentro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. Acudieron congresistas de 11 países de la Comunidad de Estados Iberoamericanos, Francia, Alemania, Rusia, e Italia.

Una vez precisadas en el anterior Encuentro los siete grandes cambios que introduce la Nueva Teoría Estratégica FISEC ha dedicado esta reunión a profundizar en la primera de esas transformaciones: “el cambio del paradigma central. De la fragmentación a la complejidad”. A tal fin, tres conferenciantes distinguidos, Edgar Morin (complejidad), Jose Luis Sanchez (la nueva física y el caos) y Blas Lara (emergencia, procesos, fluido) explicaron el significado de cada cambio para que, en las mesas posteriores, los diferentes expertos pudiesen analizar sus consecuencias para la estrategia y la comunicación.

Los participantes mostraron su satisfacción por este nuevo formato y por la calidad de intervenciones y debates. Pudiéndose considerar este VI Encuentro como uno de los más valorados de los hasta ahora celebrados por su profundidad, claridad de las exposiciones y transdisciplinaridad. Se debe destacar así mismo el hecho de que 11 de los 19 ponentes lo eran por primera vez.

De las ponencias y debates, de las que quiero dejar constancia en esta bitácora, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

Introducción

La complejidad del mundo real reclama un pensamiento también complejo. El pensamiento complejo es esencialmente interactivo, dinámico, no-dualista y sí, en cambio, multidimensional. Es un pensamiento que relativiza. Su campo de estudio y su territorio de intervención son las intersecciones. Sus preocupaciones son dos: el cambio y la relación entre los todos y sus partes. En la medida en que la evolución de la vida, la mente y la sociedad es un caso de la cuestión general sobre la interacción de las partes para la formación de un todo, se abre una vía para trasladar el nuevo paradigma al mundo de las ciencias sociales y, más en concreto, al de la organización, la comunicación y la estrategia.

Extrapolar los paradigmas de la física a las ciencias sociales y al tipo de fenómenos que éstas estudian tiene pues pleno sentido, la física ha sido siempre el modelo para las otras ciencias, y, de hecho, es una tarea que ya se está llevando a cabo en muchos campos, pero exige rigor y cautela.

La física cuántica forma hoy parte de la cultura humana, ya que ha trascendido el ámbito de los laboratorios de investigación. Básicamente, viene a decir que la materia en sus niveles más básicos no tiene forma definida, ni ocupa un lugar concreto en el espacio. Se comporta a veces como onda, a veces como partícula, siendo imposible determinar su posición salvo mediante probabilidades.

La característica fundamental de este universo cuántico es por tanto la incertidumbre y la imprevisibilidad. Allí, las partículas ocasionalmente se comunican entre sí sin mediar entre ellas tiempo o espacio, lo que significa que en la práctica se comportan como si fueran una sola (la llamada interconexión profunda) .Asimismo, la física cuántica plantea que el observador forma parte inseparable de la realidad que pretende conocer y describir, poniendo fin a la noción de espacio que había propuesto tradicionalmente la física.

La física cuántica cuestiona el concepto lineal de tiempo, abriendo nuevas posibilidades a las aproximaciones al futuro que son necesarias para adoptar las mejores decisiones en el presente. La física cuántica no puede avanzar en solitario, ya que necesita el apoyo de otras disciplinas (la nueva biología, la teoría de sistemas, la cibernética y las teorías de la comunicación) para articular nuevos conocimientos. La complejidad reclama la transdisiciplinariedad.

¿De qué manera puede el cambio de paradigmas incidir en la forma en que llevamos a cabo nuestras estrategias?

Lo cierto es que no es lo mismo pedir un nuevo paradigma para el management y la organización que un nuevo paradigma para la Estrategia. Los propios Prahalad y Hamel, así lo reconocían en 1995:

“Aunque son numerosas y ruidosas las voces que reclaman un nuevo paradigma organizativo, no se ha pedido también un nuevo paradigma de una nueva estrategia. Creemos sin embargo, que la forma que tiene muchas empresas de planear su estrategia está tan anticuada y es tan perniciosa como la forma que tienen de organizarse”.

Precisamente lo que se pretende desde FISEC es ver hasta qué punto la asunción de los nuevos paradigmas y su aplicación al campo específico de los estudios sobre Estrategia tiene implicaciones teóricas y prácticas. Veamos cuáles fueron las conclusiones del Encuentro al respecto:

Conclusiones

El cambio de paradigmas incide en el ámbito de las estrategias y de la comunicación porque afecta a la forma en que entendemos a las personas y sus relaciones con el entorno. Todos estos conceptos nuevos son necesarios a la hora de articular una nueva teoría estratégica, ya que sugiere:

1. Una nueva relación hombre/mundo:

Al decirnos que:

• La realidad es multidimensional, está conectada y configurada en red.
• Permite lecturas aparentemente contradictorias.
• El hombre y la sociedad no son entes tan separables como se ha pensado hasta ahora, y que podrían formar un continuo. Algo que en cierto modo ya vienen recogiendo las recientes aportaciones sobre redes sociales.

Nos debería llevar a:

• Trabajar con las interconexiones y los flujos de las redes sociales. En este contexto conectividad se convierte en un concepto clave
• Dejar de pensar en el todo como conjunto aditivo de las partes.
• Tender puentes mediante la comunicación y el diálogo y a dejar de pensar la realidad en base a categorías contrapuestas (dualidades) que se rechazan y se excluyen. A abandonar el pensamiento dicotómico disyuntivo y a buscar la armonía de lo aparentemente opuesto. La conjunción y la complementariedad. Y finalmente a trabajar con y desde las diferencias, y no tratando de anularlas.

Una nueva mirada: Esta nueva comprensión de la relación hombre/mundo transforma la propia noción de Estrategia y cambia el énfasis del problema a la oportunidad y del conflicto a la articulación. Pues al entender que los seres humanos formamos parte de la misma red que los otros individuos que nos afectan real o potencialmente, el estrategar (proceso estratégico) pasa a ser la búsqueda de mejores configuraciones para nuestra red personal, profesional, de negocios, de proyectos. Lo que no implica necesariamente el antagonismo ni la confrontación sino más bien la búsqueda de soluciones armónicas.

2. Un nuevo sentido de la incertidumbre:

• Frente al relativismo epistemológico postmoderno que desemboca en el “todo vale” el paradigma de la complejidad supone un nuevo entendimiento de la verdad que no la concibe como verdad absoluta sino como verdad concernida. Lo que hace que cualquier acción o estrategia ya no estará fundada en ninguna entidad ideal y o ámbito trascendente, sino en que resulta imprescindible para responder a la incertidumbre generada por la situación fenomenológica compleja en la que encuentra su razón de ser.
• En la medida en que la sociedad está intrínsecamente abierta a un universo de posibilidades, es el hombre (en física, el observador) al estrategar y elegir entre alternativas de acción el que concreta los universos posibles (futuribles) en una realidad material y medible.
• Todo ello nos lleva al hecho de que trabajamos en la incertidumbre, y que esta se puede estructurar, reducir, pero nunca suprimir. A aceptar que en la vida real hay muy pocas estrategias óptimas y que los problemas humanos son humanos precisamente porque carecemos del algoritmo apropiado. Como consecuencia estamos condenados a abandonar el sueño del “one best way” y asumir que estamos condenados a la hermenéusis.
• Todo ello hace que seamos protagonistas indiscutibles de la historia humana y responsables de nuestras decisiones, porque el mundo externo forma parte inseparable del mundo interior humano.
• Y, a su vez, el mundo interior humano forma parte del conocimiento del mundo y que por ello es tanto o más importante que el mundo objetivo.

Consecuencias prácticas: Reducir la incertidumbre en un mundo de conexiones no lleva inexorablemente a modificar nuestra forma de modelizar y de analizar, pasando de métodos analíticos simplistas, fragmentarios y reduccionistas a otros sistémicos. Si complejo es lo que está tejido junto, tenemos que dejar de analizar como hasta ahora, troceando la realidad y estudiando sus partes por separados para poner nuestro foco en lo que une, es decir en las interconexiones y los flujos.

Afecta, también a nuestro enfoque de la Estrategia de conflictivo a conectivo y articulador. En una sociedad que vive y teme el choque de civilizaciones la gran cuestión es saber tender puentes entre las partes en litigio; puentes entre las distintas percepciones (culturales, religiosas) que de una misma realidad hacen los grupos sociales. Saber encontrar lo que une más que lo que separa. El siglo XX necesita una Estrategia concebida como ciencia de la articulación y, para ello, hay que trabajar con una mente compleja que sea capaz de encontrar lo conjuntivo, lo que une y no lo que separa. Este realismo nos debería llevar a (1) trabajar con estrategias flexibles y (2) a montar sistemas de monitorización y de evaluación en tiempo real que acompañen a nuestras estrategias desde su inicio, para reconducir la estrategia o hacer saltar las alarmas si fuese el caso. Y (3) a tener un plan B, por si la estrategia no funciona en la realidad

3. Una nueva concepción del ser humano: de racional a relacional.

Los dos anteriores cambios conducen a una revisión de la racionalidad y de la ética de la acción, que desembocan en una nueva concepción del ser humano: el hombre relacional. Pero este cambio, uno de los más importantes que propone la Nueva Teoría Estratégica, será objeto de debate en el VII Encuentro a celebrar en 2009 en Cartagena de Indias (Colombia) organizado por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y por el Politécnico Grancolombiano a quienes los participantes agradecen su esfuerzo y les dan la bienvenida.

Francisco Longo y Tamyko Ysa coordinan la obra “Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI” que tenéis en bajo licencia creative commons y ¡Extraordinario! … en descarga gratuita (pdf).

Se trata de un trabajo colectivo desarrollado en el marco del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE (IDGP) y de su Grupo de Investigación en Liderazgo e Innovación en Gestión Pública (GLIGP). Su propósito central es facilitar a los directivos públicos una serie de reflexiones que les ayuden en la tarea de hacer frente a la complejidad de los escenarios en los que les ha tocado desarrollar su trabajo. La relación de los temas que se abordan muestra un panorama muy completo de los principales retos de la dirección pública contemporánea. En el diario Expansión de hoy podemos leer este artículo de Longo.

El principal reto de los gobiernos y las organizaciones del sector público es ejercer con eficacia y eficiencia el papel de alto contenido relacional que exigen los nuevos escenarios de gobernanza. Las cuestiones que plantea esta articulación no aluden solo a la eficacia o la capacidad, sino que implican también bienes y valores distintos: hacerlo en un marco de transparencia, equidad, imparcialidad y rendición de cuentas, y mantener un elevado grado de autoexigencia ética. El debate sobre la buena gobernanza afecta, en definitiva, a elementos de calidad de la democracia. Este desempeño es el único capaz de garantizar el derecho de los ciudadanos a una buena administración, que ha pasado a formar parte de los derechos colectivos propios de las democracias avanzadas.

Los autores son conscientes de que los directivos públicos se enfrentan a escenarios de creciente dificultad. Si en épocas anteriores la atribución de autoridad formal bastaba para asegurar la coordinación de los operadores ubicados bajo una jerarquía común, hoy esa garantía ha desaparecido en muchos casos. Por esta razón, la gestión pública contemporánea exige, cada vez más, un liderazgo distribuido y relacional, contingente, cotidiano y modesto. En estos contextos, la gestión pública es el escenario de diversos dilemas, algunos de los cuales aparecen transversalmente a lo largo de los capítulos que conforman el libro.

Sobre todas estas cuestiones, el libro ofrece puntos de vista procedentes de enfoques y perspectivas diferentes. Todos ellos tienen, como recuerda Alfred Vernis, un denominador común: el propósito de ayudar a los directivos públicos a entender mejor los complejos escenarios de la gobernanza en las sociedades contemporáneas. En última instancia, se trata de un compromiso emprendido desde la perspectiva de la gestión pública, en su caracterización más amplia y ambiciosa.

Felicitaciones a los autores y, sobre todo a los editores, por el precioso contenido y la generosa distribución.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN. LOS DIRECTIVOS PÚBLICOS ANTE LOS RETOS DE LA GOBERNANZA CONTEMPORÁNEA – FRANCISCO LONGO

II. EL ESTADO RELACIONAL Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS – XAVIER MENDOZA Y ALFRED VERNIS

III. VISIÓN GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO EN EUROPA: TAMAÑO, COMPETITIVIDAD Y GOBIERNO DE CALIDAD – HANS MARTENS

IV. LOS DILEMAS DEL DISEÑO ORGANIZATIVO EN LA GESTIÓN PÚBLICA – KOLDO ECHEBARRÍA

V. LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS – ALBERT SERRA

VI. LA GESTIÓN INTERORGANIZATIVA Y LOS PARTENARIADOS PÚBLICO-PRIVADOS – TAMYKO YSA, XAVIER PADRÓS Y ÁNGEL SAZ-CARRANZA

VII. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA – ENRIC COLET

VIII. LIDERAR EN EL ÁMBITO PÚBLICO – CARLOS LOSADA

IX. DIRECCIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN DEL COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES – MANEL PEIRÓ

X. LA GESTIÓN PÚBLICA COMO DISCURSO DE VALORES – FRANCISCO LONGO

XI. CONCLUSIONES – FRANCISCO LONGO

BIBLIOGRAFÍA

El Tribunal de Cuentas de Francia presentó hace unos días el informe sobre “La formación profesional a lo largo de la vida “. Se trata de una “política emblemática de la descentralización” que ocupa un sitio central en las regiones que recibieron en este competencia de derecho común desde el 2004.

Este trabajo, desarrollado conjuntamente con las cámaras regionales de las cuentas, alcanza una centena de organismos, tanto públicos como privados y, según concluye con dureza: “pone en evidencia la ineficacia del sistema y la urgencia de su reforma“.

Veamos sucintamente sus conclusiones.

1. Las enseñanzas están ámpliamente inadaptadas a las necesidades de los individuos y de las empresas. La formación profesional inicial no garantiza a los jóvenes que gozarán de una inserción satisfactoria en el mercado del trabajo, mientras que la formación continua, lejos de darles la segunda posibilidad a las personas necesitadas, da prioridad a las personas mejor insertadas en el empleo.

2. Abundante financiación (más de 34.000 millones de euros en 2006, el 2% del PIB) pero muy deficientemente repartidos; los circuitos financieros están excesivamente compartimentados y poco controlables:  Estado, organismos del servicio público del empleo, organismos de recaudación de la tasa de aprendizaje y de los fondos de la formación profesional.

3. Los intervinientes están dispersos al extremo y coordinan insuficientemente sus acciones.

La Court apela a una reforma profunda de un sistema que califica de “ineficaz, no equitativo y costoso“.

Sus recomendaciones se articulan alrededor de los tres ejes siguientes:

1. Adaptar la oferta de formación a las necesidades de los individuos y de las empresas.

En materia de formación inicial, el Estado y las regiones deben coordinarse mejor para que las enseñanzas y el aprendizaje en liceos profesionales sean más complementarias y mejor adaptadas a las necesidades del mercado del trabajo.

2. Clarificar las modalidades de recaudación de los fondos de aprendizaje y de la formación continua y asegurar su mejor reparto

Las reformas que hay que poner en ejecución deben pretender no aumentar unos medios que ya son abundantes, pero distribuirlos mejor y reorientarlos hacia los públicos que más los necesitan disminuyendo muy sensiblemente los costes de recaudación.

3. Crear las condiciones de una estrategia coordinada en materia de formación a lo largo de la vida.

La puesta en ejecución de tal estrategia supone una completa renovación de los métodos de coordinación entre los actores. Podría apoyarse sobre:

- Una instancia común de diagnóstico y de programación, reuniendo el conjunto de los actores de la formación profesional, tanto al nivel nacional (se apoyaría en el actual Consejo Nacional de la formación a lo largo de la vida) como a nivel local;

- Un sistema común de financiación abundado por el conjunto de los actores, particularmente los organismos recaudares de los fondos de la formación profesional;

- Un dispositivo de información y de evaluación de naturaleza que cubra los importantes huecos comprobados en este campo.

Un informe duro ¿Debemos nosotros sentirnos orgullosos de nuestra formación profesional?

Carlos Cubillo Rodríguez es Doctor en Derecho. Miembro del Cuerpo de Letrados del Tribunal de Cuentas, pertenece al Instituto de Censores Jurados de Cuentas y a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Actualmente desempeña el cargo de Director Técnico del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Una vida profesional entre el derecho y la auditoría.

Ofreció, el viernes pasado, una conferencia en las XI Jornadas de Régimen Local (en la foto, a la izquierda, es presentado por Pedro Díaz Corral, Interventor del Ayuntamiento del Rosario-Tenerife) sobre las figuras controvertidas en la aplicación de la Ley General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo.

Fueron muchos los supuestos controvertidos que analizó con gran brillantez el ponente: las aportaciones dinerarias entre Administraciones Públicas y entre agentes de una misma Administración, las encomiendas de gestión, el ámbito de aplicación del la Ley de Subvenciones …

ya podéis descargar las ponencias en la web del colegio pero, mientras tanto, permitid que os avance un epígrafe que es de especial interés para las corporaciones locales.

El contrato de patrocinio.

Analizó Carlos Cubillo, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2007, de la Sala de lo Civil, sobre la naturaleza y régimen jurídico de estos contratos. El Alto Tribunal partió, en el caso mencionado, de un supuesto de incumplimiento contractual en un Convenio entre una Corporación Local y una Sociedad Mercantil, suscrito para la realización por esta última de diversas actividades de patrocinio de un congreso sobre cuestiones ecológicas.

De la Sentencia, mediante la aplicación de la normativa vigente en el momento en que sucedieron los hechos, que era la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, el ponente señaló las siguientes conclusiones:

“a) El contrato de patrocinio debía considerarse como innominado o atípico, al no estar expresamente contemplado en el legislación de contratación pública vigente en aquel momento.

b) El contrato de patrocinio debía considerarse un contrato privado y no administrativo, pues el objeto del mismo no tiene relación relevante con el giro o tráfico específico de la Administración contratante. En este sentido, la propia Sentencia reconoce que aplica el criterio sociológico y el teleológico para la aplicación de la norma y sostiene que: “no es posible apreciar la vinculación al desenvolvimiento regular de un servicio público o al giro o tráfico que caracteriza la relación administrativa, en un contrato que… tiene por objeto la realización de actividades de patrocinio para la celebración de un Congreso, por más que el contenido de éste viniera referido a una materia (cuestiones medio ambientales) respecto de la que la Administración Municipal (contratante) tiene innegables competencias.”

c) En consecuencia, por ser un contrato privado, debería regirse por el Derecho Administrativo en lo relativo a la formación de la voluntad administrativa, preparación y adjudicación, pero le sería de aplicación el Derecho Privado en lo que se refiere a los efectos del Contrato y su extinción”.

Este criterio jurisprudencial no parece afectado en ningún aspecto esencial por la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público.

Para Cubillo, el contrato de patrocinio “no resulta subsumible en ninguna de las categorías recogidas en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley, por lo que persiste su condición de atípico“, desde la perspectiva de la legislación de contratos del Sector Público.

Por otra parte, es significativo que el criterio para distinguir a los contratos administrativos de los privados que se recoge en el artículo 19.1, b) sea, precisamente, el mismo que aparece en la Sentencia antes citada y en otras anteriores del Tribunal Supremo, esto es, que el contrato esté o no vinculado al giro o tráfico específico de la Administración Contratante o que satisfaga de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de dicha Administración.

Por lo tanto, concluye que este precepto convierte, al menos al concreto contrato de patrocinio al que se refiere la antes mencionada STS, en un contrato privado, cuyo régimen jurídico se ha incorporado al artículo 20.2 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público: La normativa de la contratación pública respecto a la preparación y adjudicación, y el Derecho Privado en cuanto a efectos y extinción.

El conferenciante entre la contabilidad y el derecho: con Rosalía Betancurt (letrada, a la izquierda) y Brígida Rodríguez (auditora- derecha) funcionarias de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Acaba de presentarse en Berlín, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2008 que elabora Transparency International para medir los niveles de corrupción en el sector público 180 países. El indice se basa en diversas encuestas a expertos y empresas, asignando a cada Estado una puntuación en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción).

Se trata de un instrumento de medición de los niveles de corrupción en el mundo, que todos los años supone un recordatorio de lo mucho que queda por avanzar en un área que asola a muchas de las sociedades del mundo cual un tolerado y continuo desastre humanitario.

“En los países más pobres, los niveles de corrupción pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, si lo que está en juego es el dinero destinado a hospitales o al agua potable”, señaló Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International.

Resultados de 2008

Encontramos pocas diferencias respecto al año pasado (ver entrada en ésta bitácora). Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia comparten el podium con la mayor puntuación, de 9,3, seguidos inmediatamente por Singapur, con 9,2. Al final de la lista se ubica Somalia, con 1,0, precedida por una estrecha diferencia por Irak, con una puntuación de 1,3, y por Haití, con 1,4. Los países que presentan descensos más significativos en las puntuaciones son Bulgaria, Noruega y el Reino Unido.

Volvemos a ver a destacados (¡casi notable!) a Chile y Uruguay, primeros de América Latina y por delante de España y Portugal.

A destacar Italia, Grecia y Polonia que suspenden raspao y Rusia o Venezuela que continúan en el vergonzoso pozo de este listado.

Contrasta mucho la alta nota de Singapur (por encima de Finlandia) con países de suspenso como Tailandia ( 3,5) Indonesia (2,6). En este último caso, desde principios de año prominentes figuras del panorama político, económico y judicial han sido detenidas y condenadas por delitos de corrupción.

La clasificación final de los resultados puede consultarse en la web del capítulo español y se resumen en la siguiente tabla:

Como colofón, esta foto en la Exposición Internacional de Zaragoza, de un mural del pabellón sueco que presentaba como uno de sus principales activos, la transparencia y ausencia de corrupción:

El Tribunal de Cuentas Europeo presentó ayer el Informe Especial nº 5/2008 “Agencias de la Unión: obtener resultados”. El objetivo de la fiscalización fue examinar si las agencias seleccionadas para este control habían establecido procedimientos e instrumentos que permitieran ofrecer una garantía razonable de que sus actividades estaban orientadas a la obtención de los resultados previstos.

Las agencias europeas denominadas “reguladoras” son organismos independientes y especializados encargados de la ejecución de determinados aspectos de las políticas comunitarias sectoriales. A las agencias reguladoras se les aplica el principio de “buena gestión financiera”, que debe garantizar la concordancia entre sus resultados y sus objetivos.

Las conclusiones del Tribunal se refieren a ocho agencias reguladoras:

1. Agencia Europea de Medicamentos.
2. Agencia Europea de Medio Ambiente.
3. Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información.
4. Agencia Europea de Seguridad Marítima,
5. Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores.
6. Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
8. Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo)

Todas ellas fueron seleccionadas sobre la base de una serie de criterios tales como la naturaleza de las competencias ejercidas, la antigüedad, el presupuesto o la plantilla.

La fiscalización planteó las tres preguntas siguientes:

• ¿Han planificado las agencias sus actividades de manera suficiente, fijándose unos objetivos concretos y mensurables?
• ¿Han establecido las agencias unos instrumentos sólidos de seguimiento de sus actividades?
• ¿Han informado debidamente de sus actividades las agencias y han hecho proceder a evaluaciones pertinentes de sus resultados?

En el ámbito de la aplicación de este análisis, el Tribunal recomienda que las agencias:

• Adopten una programación plurianual y anual basada en una evaluación previa y que vaya acompañada por unos objetivos claros, indicadores de resultados y un presupuesto gestionado por actividades.
• Establezcan unos instrumentos de seguimiento de gestión que se refieran a los objetivos y a los indicadores de rendimiento contenidos en sus programas de trabajo.
• Incluyan en sus informes de actividad una apreciación de los progresos registrados en relación con los objetivos fijados y modifiquen su proceso de evaluación vinculando el ritmo de las evaluaciones periódicas globales al de los programas plurianuales.

El Informe Especial nº 5/2008 “Agencias de la Unión: obtener resultados” puede consultarse en el sitio web del Tribunal de Cuentas Europeo.

El Tribunal de Cuentas de Francia publicaba, hace unos días, un informe “horizontal” relativo a la situación y perspectivas de los aeropuertos franceses ante los desafíos del transporte aéreo. Sus conclusiones son perfectamente trasladables a España, en un momento en que se habla de modificar el actual modelo de aeropuerto y donde la opinión pública está todavía conmocionada por el trágico accidente de Barajas.

La gestión de 154 aeropuertos locales de Francia ha sido descentralizada por aplicación de una ley de 2004. A los anteriores debemos sumar las transformaciones profundas y estatutarias de “Aeropuertos de París” y otros doce grandes aeropuertos regionales como consecuencia de una ley de 2005. Por eso, este informe temático presenta el primer balance de las transformaciones del escenario aeroportuario francés.

Resumimos a continuación un resumen de sus principales conclusiones:

1.- Las situaciones económicas y financieras son muy distintas, según las tres categorías que segmentan el sector aeroportuario:

a) La inmensa mayoría de los aeropuertos locales están en déficit crónico y aseguran la continuidad de su actividad esencialmente gracias a las subvenciones regionales, que alcanzan a veces importes muy significativos y conducen a interrogarse sobre la pertinencia de la conservación de ciertas plataformas.

b) Los grandes aeropuertos regionales quedaron en propiedad del Estado y apenas alcanzan el equilibrio financiero, aunque el número de pasajeros recibidos debería permitirles dar beneficios.

c) En cambio, Aeropuertos de París presenta unos resultados positivos. Las subidas en los cánones cobrados, la importancia del tráfico debido al atractivo de la región parisina y al papel de plataforma de correspondencias de Air France-KLM explican ampliamente esta situación.

2.- La calidad del servicio es insuficiente en Aeropuertos de París a pesar de ciertas mejoras. Quedan puntos negros como la circulación en las terminales, la información a los pasajeros, la gestión de las colas, las condiciones de transporte de los pasajeros entre los aviones y las terminales, particularmente.

Las subidas autorizadas por el Estado sobre los cánones pagados por los pasajeros no tuvieron como contrapartida una mejora suficiente de la calidad de servicio. A este respecto, el anexo de “calidad” del Contrato de Regulación Económica firmado por Aeropuertos de París con el Estado parece insuficiente, pues la ley de 2005 confía a aquella la misión de coordinar la acción de los diferentes agentes (compañías aéreas, subcontratistas, servicios del Estado). Las modalidades de puesta en ejecución de esta crucial dimensión de la gestión aeroportuaria está aun por definir.

3.- La incidencia de las compañías de bajo coste representa una oportunidad pero también un recurso frágil, particularmente para ciertos pequeños aeropuertos cuya supervivencia depende de ellos.

Estos aeropuertos se disputan los nuevos tráficos a veces a costa de inversiones importantes sin garantía de continuidad en los servicios.

4.- La implantación de las infraestructuras aeroportuarias sobre el territorio francés no es racional. El Estado no realizó los ajustes necesarios cuando mantenía lo esencial de los medios de acción. Ahora, transferida la propiedad de los aeropuertos más pequeños, corresponderá a las regiones tomar decisiones estructurales teniendo como base un análisis profundo y fiable de las ventajas y de los costes de la conservación en actividad de plataformas crónicamente deficitarias.

5.- Los problemas vinculados al respeto del medio ambiente (y a los ruidos en particular) constituyen el principal límite al desarrollo de los aeropuertos en la ciudad y sus suburbios. Sus efectos se agravan por el insuficiente control de la urbanización de las zonas aledañas.

Deben intensificarse los esfuerzos para reducir estos daños. Además, el régimen de ayudas a la insonorización debería ser simplificado y dotado de financiación suficiente.

6.- La saturación del aeropuerto parisino Charles de Gaulle podría alcanzarse entre 2020 y 2030. A pesar de las numerosas incertidumbres que subsisten sobre este plazo, el futuro de esta plataforma todavía no ha sido objeto de una estrategia clara.

En su informe, El Tribunal de Cuentas formula varias recomendaciones precisas para remediar estas dificultades y contribuir a la realización de las infraestructuras aeroportuarias francesas. Yo me quedo con Forges:

La radiodifusión y la televisión suponen un servicio público esencial cuya gestión puede llevarse a cabo a través de un modelo tanto público como privado.

La gran mayoría de las Comunidades Autónomas (CCAA) han creado sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público para la prestación directa de ese servicio, sin perjuicio de su convivencia con otras televisiones privadas de ámbito autonómico o local.

Esas compañías integran el correspondiente sector público de las CCAA y por tanto, están dentro del perímetro de fiscalización de los correspondientes Órganos de Control Externo, a pesar de lo cual, con frecuencia se impregnan de los “usos” del sector privado, olvidando las exigencias que les impone aquella cualidad.

Acaban de hacerse público dos informes de auditoría sobre televisiones autonómicas, que han tenido cierta repercusión mediática en sus respectivas regiones. El primero fiscaliza el Grupo Radio Televisión de Castilla La Mancha y el segundo la empresa pública de Andalucía Canal Sur Televisión, S.A.

La Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha efectúa, además, un análisis comparativo de la actividad desarrollada durante el ejercicio 2004, por las cadenas de televisión autonómicas, obteniendo interesantes ratios en función de numerosos datos relevantes, que se refieren a los principales inputs necesarios para llevar a cabo su actividad y a los outputs obtenidos durante el periodo. Pincha en el cuadro siguiente:

El primero de los ratios, que el informe denomina “austeridad”, mide el gasto de personal por empleado. Castilla La Mancha es la más austera (porqué no … ¡cicatera!) con 34.234€ y la Comunidad Valenciana la que menos, con 66.152€. Sorprende que sea tan generosa esta última televisión, con un enorme déficit acumulado (739 millones de euros) como denuncia la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana (pág. 560 del informe 2006).

La “eficiencia” relaciona costes (inputs) reales con resultados (outputs) reales, es decir, los resultados obtenidos y los recursos que se han tenido que utilizar para su consecución. Un indicador de eficiencia es el Gasto por Televidente calculado como el cociente de Gastos de las actividades ordinarias entre la audiencia. La Televisión de Castilla La Mancha, con 238 €, junto con la televisión vasca y la valenciana son las que mayor gasto ordinario por televidente obtenido realizaron, con un 42% por encima de la media.

El informe presenta un panorama nacional del sector con otros ratios, aportando datos de audiencia y horas de emisión.

Grupo Radio Televisión de Castilla La Mancha

El contenido central del informe observa algunas debilidades de control interno por la falta de una unidad de control interno, que se considera conveniente por el volumen de operaciones y complejidad organizativa, recomendando su creación para que el sistema de control interno del grupo RTVCM cubra con seguridad suficiente el cumplimiento de la normativa (leyes, políticas, planes y procedimientos), la salvaguarda de activos, la fiabilidad e integridad de la información, la utilización económica y eficiente de los recursos, y el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para las operaciones o programas.

Personal

En el grupo RTVCM trabajaban 410 personas: 43 directivos, 233 contratados indefinidos y 134 contratados temporales. Tras el análisis de una muestra de expedientes de personal, los auditores deducen las siguientes observaciones:

- No se han desarrollado las pruebas de selección de personal previstas en la Ley de creación, donde se determina que el ingreso con carácter fijo sólo se podrá hacer mediante las oportunas pruebas de admisión, establecidas y convocadas por el Director General de acuerdo con el Consejo de Administración y con arreglo a los principios básicos definidos por la legislación estatal. Una crítica similar puede encontrarse en el fitado informa de la Sindicatura valenciana. En su lugar, RTVCM realiza contratos indefinidos con cláusula de no fijo, tras realizar una selección por una empresa especializada.

- La cuantificación del complemento de “Presentación, edición de programas y coordinación de equipos” se regula de forma discrecional en el Convenio Colectivo, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, sin que dichas circunstancias se objetiven en modo alguno. Se ha comprobado el abono de cantidades en base a este complemento, a personal directivo excluido de convenio, sin que conste motivación respecto de los cálculos que concretan la cuantía abonada. Este asunto ha sido objeto de polémica en los medios de comunicación: (ver)

- Las retribuciones del personal directivo no fueron autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, tal como prescribe la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. (ver)

Canal Sur Televisión, S.A.

En el siguiente informe mencionado, la Cámara de Cuentas de Andalucía concluye que los estados financieros de la televisión autonómica correspondiente al ejercicio 2006, expresan, con salvedades, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial. Sin embargo, menciona ciertas debilidades:

1. En el organigrama existe un departamento de Control Interno y Auditoría, dependiente de la dirección general, pero no cuenta con un plan anual de auditoría interna, aprobado por el Consejo de Administración, que concrete las actuaciones a efectuar al margen del control financiero permanente de la Intervención.

2. La empresa no realiza inventarios rotativos de su inmovilizado para contrastar la información de los registros informáticos y contables. Los activos de la empresa no son identificados físicamente para su localización en el módulo de inventario.

3. A todos los trabajadores que han recibido remuneraciones en concepto de productividad, se les abona el porcentaje máximo previsto en el convenio colectivo para este concepto, sin que se observe en los expedientes documentación justificativa de la valoración del trabajador en cuanto a su mayor formación y calidad del trabajo desarrollado.

4. Se incumple la legislación en la contratación pública de servicios que tienen por objeto la “Producción, preproducción, colaboración a la producción, trabajos preparatorios y aportaciones a la producción”.

5. En los expedientes de adquisición o cesión de derechos no se justifica documentalmente la imposibilidad de promover la concurrencia.

Un servicio caro

La Gaceta de los Negocios ha realizado un análisis del coste y audiencia de las televisiones públicas autonómicas, cuyo resumen se presenta en el cuadro siguiente:

Más de la mitad del presupuesto de 2008 de estas televisiones corre a cargo de las arcas públicas. Los 16 canales autonómicos gastarán 1.800 millones de euros cuando acabe el año, de los que algo más de 1.000 serán soportados por la administración autonómica. El resto provendrá de la publicidad.Ver artículo.

La noticia que nos sirve hoy de comentario está en la portada de El Periódico correspondiente al 18 de julio pasado, aunque no debería ser un suceso tan extraordinario. Nadie titularía con esas grandes letras “un niño no muerde al perro”. Pero la realidad es que la experiencia en grandes fastos hispanos nos tiene acostumbrados a ciertas alegrías presupuestarias.

En efecto, la anterior Exposición, en este caso Universal, celebrada en Sevilla el año 1992, dejó un cierto resquemor tras la fiscalización de su gestión por el Tribunal de Cuentas de España. Duras reprimendas en la gestión de personal, en los gastos de representación, en la gestión de la publicidad institucional, en la contratación de los servicios, algunos de alto riesgo de auditoría, como los espectáculos musicales, sin licitación posible.

Las debilidades de control interno en aquella EXPO’92 fueron de tal calibre que el Tribunal afirmó en la página 50 del informe citado:  “La gestión presupuestaria no se realizó conforme a las normas que la regula”, recomendando a la Comisión liquidadora del Consorcio creado al efecto (y objeto de esa fiscalización) que “ejercitase las acciones oportunas para que se exijan las responsabilidades administrativas …”.

En fin, una historia que no se debería repetir.

Agua y Desarrollo Sostenible

Con ocasión de mi participación en la ciudad de Zaragoza, dentro del Encuentro de Fundaciones Universitarias, pude visitar la Expo 2008. En este caso, la celebración tiene por objeto el agua como elemento imprescindible para la vida; y como objetivo y finalidad el desarrollo humano desde el compromiso ético.

La Sociedad EXPOAGUA Zaragoza 2008, SA, es la encargada de organizar, promocionar, gestionar y operar la Exposición Internacional Zaragoza 2008 “Agua y Desarrollo Sostenible”. Sus socios son la Administración General del Estado (70%), el Ayuntamiento de Zaragoza (15%) y el Gobierno de Aragón (15%). La Sociedad fue constituida el 25 de abril de 2005 y operará hasta 6 meses después de la clausura del evento.

El Consorcio Expo Zaragoza 2008, integrada por las administraciones estatal, autonómica y local, es el organismo encargado de coordinar, impulsar y sumar los esfuerzos de las distintas entidades públicas y privadas para el desarrollo del Plan de Acompañamiento.

Una visita entrañable

Me gustó, en especial, el Pabellón de las Iniciativas Ciudadanas, un edificio denominado El Faro, que veis en la foto de arriba y gestionado por un amplio abanico de ONG’s que trabajan en temas de agua y desarrollo sostenible, promoviendo la multidisciplinariedad, el diálogo y la colaboración entre todas ellas.

Su Comisión Permanente está integrada por siete Entidades: Cruz Roja Española, Ecología y Desarrollo, Fundación Nueva Cultura del Agua, Ingeniería sin Fronteras, Intermon Oxfam, Sustainlabour y WWF/Adena.

Fue Victor Viñuales, director ejecutivo de Ecología y Desarrollo, en su calidad de miembro de la Asociación Española de Fundaciones, quien nos enseñó el edificio y nos hizo ver la multitud de matices que presenta esta obra del arquitecto Ricardo Higueras. Se trata de un pabellón muy llamativo, en forma de cántaro y con grandes beneficios ambientales.

Su construcción se basó en los principios de eficiencia energética, reciclaje y sostenibilidad. Los materiales empleados son naturales y proceden de la propia tierra: paja, madera certificada y barro. Puede verse el alambre de gallinero que lo sujeta. Fantástico: cuarenta grados afuera y un fresco interior sin necesidad de aire acondicionado.

Pero el mejor ambiente es la compañía. Personajes simpáticos desfilan constanemente por el pabellón, como veis en las fotos: cambio climático, el WC, la regadera … Cuenta con tiendas de precio justo, espacios para denunciar daños a la naturaleza y espectáculos en la grada central, muy recomendables para los niños. Un cierto tono amigable, cuyo exponente vemos en la foto de abajo. Toma la bebida y acuerdate de pagarla en el bar.

Pabellón de España

El pabellón de España presenta es un proyecto que la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (SEEI) encargó el al arquitecto navarro Francisco Mangado después de resultar vencedor del concurso convocado al efecto. El diseño tiene una superficie útil de 8.000 metros cuadrados (2.315 de superficie expositiva) y reproduce un bosque mediante pilares y volúmenes de vidrio.

La obra contó con un presupuesto inicial de 18 millones de euros para construir un pabellón con estrictos criterios de ahorro energético tanto por la selección de materiales como por el uso de energías renovables siendo capaz de desarrollar un microclima propio.

En su sala de cine puede verse una película en su bóveda que produce un efecto tridimensional extraordinario. Después una interesante exposición titulada “los paisajes del agua”.

El Iceberg

Al añochecer, merece la pena ver un espectáculo de luz y sonido al otro lado del rio Ebro: el Iceberg, que veis en la foto anterior, con la basílica de El Pilar de fondo. También puedes presenciar la multitud de recitales y conciertos que acompañan la tarde,una vez que el sol deja de pegar.

¡Ah! se me olvidaba. La entrada cuesta 35 euros, aunque hay todo tipo de descuentos para jóvenes y jubilados.

Estos días se han dado a conocer importantes iniciativas de formación para quienes necesitan especializarse en la gestión y el contról público.

Así, dentro de las actividades a desarrollar durante el próximo curso académico, encontramos el Master en Auditoría Pública, organizado conjuntamente por la Cámara de Cuentas de Andalucía, la Consejería de Economía y Hacienda y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) cuyo tríptico podeis descargar aquí. El curso, con una duración de 500 horas presenciales, está homologado por el Instituto Andaluz de Administración Pública.

Otra interesante iniciativa la promueve el Departamento de Estudios Jurídicos del Estado de la Universidad de Alicante. Se trata del Master en Gestión y Direción de Organizaciones Públicas, con sus variantes para el SectorPúblico y para la Administración Local. El curso semipresencial está reconocido por el INAP y por el Instituto Valenciano de Administración Pública. Más información en su página web.

Aprovecho para recordar que el mes de octubre comienzará con la celebración en Pamplona del Tercer Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público, bajo el lema “Hacia la transparencia en la gestión pública”. Podéis descargar sus características aquí. La organización corre a cargo de la Cámara de Comptos de Navarra y la fundación FIASEP. Las ponencias de la anterior edición pueden descargarse aquí.

Unos días después, el 8, 9 y 10 de octubre de 2008, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Santa Cruz de Tenerife organiza en el Centro de Exposiciones y Congresos de Puerto de la Cruz, las XI Jornadas sobre Administración Local. Descargar programa aquí y las ponencias del año anterior aquí.

Para finalizar, debemos reseñar que Administraciones en red promueve un interesante wikicalendario de “Eventos de interés para las administraciones públicas” que pronto será referencia obligada para nuestras actividadesformativas.

He aprovechado la invitación de varias Instituciones brasileñas para tomar una semana de mis vacaciones, desplazarme a Río de Janeiro (Brasil) y participar durante el día 18 de junio en el Encontro Internacional de Direito Público organizado por la Facultad Moraes Junior de la Universidad Mackenzie-Rio.

La reunión estaba coordinada por los profesores de la Universidad de Salamanca, Nicolás Rodríguez (Derecho procesal) y Pedro Nevado (Derecho administrativo) pertenecientes al grupo de investigación sobre Aspectos jurídicos y económicos de la corrupción, que tiene alumnos de doctorado en toda América latina, muchos de ellos consejeros de Tribunales de Cuentas, jueces, fiscales, abogados o contadores públicos.

Precisamente, estos mismos día los diarios brasileños abrían sus ediciones con la noticia de la detención de varias docenas de servidores públicos por el desvío de fondos del ambicioso Programa PAC, de Aceleración del Crecimiento. También era preso un auditor del Tribunal de Cuentas de Minas Gerais, implicado en un cohecho. Parece que cobraba propinas a los municipios por la preceptiva certificación previa a las operaciones de endeudamiento, a aquellos municipios que en la realidad superaban los límites legales para ello.

En la foto de arriba, durante mi palestra, hablando en portuñol sobre burocracia e corrupçao. En la de abajo, el presidente y el director del Instituto Brasileiro de Contabilidade, flanqueados por el secretario del Consejo Consultivo de Extremadura, Felipe Jover y por mi.

Sin embargo, lo actividad más grata de estos días, fue la reunión que la delegación española tuvo con nuestro centenario arquitecto Oscar Niemeyer, en su estudio de Copacabana y a la que quiero dedicar una entrada que redactaré mañana en el avión de vuelta a la patria.

Hoy, estoy participando en el V Forum brasileiro de controle da Administraçao Pública y II Encuentro hispano-brasileño de derecho administrativo, donde esta edición se abordaba el “derecho fundamental al buen gobierno”.

El evento, al que asisten doscientos funcionarios de las diversas Administraciones brasileñas, y fundamentalmente de los Tribunales de Cuentas, está impulsado por nuestros colegas de la ciudad de Río de Janeiro y la importante editorial Forum, cuyo Presidente Luis Claudio Ferreira es un emprendedor con gran cantidad de obras editadas sobre la gestión y el control público en Brasil. En la foto adjunta veis un pequeño stand, de tamaño brasileiro, de sus libros sobre la Administración Pública.

La conferencia inaugural corrió a cargo del eminente profesor Juarez Freitas, uno de los más prestigiosos administrativistas de América Latina, presidente del Instituto Brasileño de Altos Estudios de Derecho Público y director de la revista Interés Público. Como veis en la siguiente foto, en Brasil, cualquier reunión es multitudinaria.

El artículo de hoy en el diario Expansión analiza el montante de endeudamiento de las Comunidades Autónomas (CCAA) en un momento donde se discute la financiación autonómica, la publicidad de las balanzas fiscales regionales y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. También las Corporaciones Locales están planteando la exigencia de que la financiación local “ha de ponerse en el orden del día junto a la financiación autonómica”, como nos recuerda el profesor Sosa Wagner.

La preocupación por el asunto se traslada al editorial de Expansión, que recuerda que las administraciones territoriales pueden “sentir la tentación de seguir aumentado sus gastos, lo que les exigiría endeudarse aún más o subir impuestos”. Esta última vía parece difícil, por lo tosco de los tributos locales.

Por CCAA

En términos absolutos, como podeis ver en la tabla, Cataluña es la Comunidad Autónoma con una mayor deuda al cierre del año 2007, con un volumen total de 14.819 millones de euros. Su medición ha sido siempre un tema polémico. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 11.550 millones; Madrid, con 10.055 millones; y Andalucía, con una deuda de 7.285 millones de euros. La región que tiene su economía más saneada –medido en función del PIB– es el País Vasco, con un peso del pasivo sobre el PIB autonómico del 1%. Los otros tres territorios que mantienen baja esta tasa son Murcia (2,4%), Canarias (2,9%), Castilla y León, con una deuda que supone el 3,2% del PIB seguidas de Asturias y Cantabria con el 3,3% del PIB.

Respecto a las empresas públicas autonómicas, el volumen de deuda asumida alcanza una cifra record, con 10.421 millones de euros, con una distribución regional diversa que encabeza en términos relativos (PIB) Cataluña, con el 2,4% del PIB, seguido de Baleares (2,1%) y Castilla-La Mancha (1,9%), dos CCAA que nunca habían destacado por su volumen de deuda.

Este asunto mereció hace unos meses la atención del editorial de Cinco Días calificando los crecimientos de la deuda de algunas comunidades como alarmantes. Aunque matizaba que no se debe colocar a todos los Ejecutivos en el mismo saco. Cataluña -que ha multiplicado por dos la deuda de sus empresas en cuatro años-, Valencia y Madrid acumulan el 70% del endeudamiento de ese tan creciente como poco preocupante holding autonómico. Por eso terminaba la perorata reclamando a las Administraciones autonómicas respetar los límites de la estabilidad: “y administrar sus recursos de forma generosa, pero responsable. Y, sobre todo, transparente“.

El año pasado, un número especial de la revista Time se dedicó a destacar las diez ideas que están cambiando el mundo. Una de ellas se refería a un nuevo concepto que alimenta nuestra sociedad globalizada: el “procomún” ¿Usted nunca oyó hablar de él? Bueno, quizás el término no le suene, pero sepa que lo tiene a raudales y que constituye su bien más apreciado.

La Hacienda Pública construyó durante el siglo XX toda una teoría sobre los bienes públicos (v.g.: un semáforo o el sistema judicial) cuya característica particular es su consumo colectivo (mi consumo no disminuye el tuyo). El premio Nobel, Paul Samuelson, fue el primero que examinó el concepto de forma analítica, en 1954, admitiendo diversos grados de pureza, pues a veces, por seguir con el ejemplo, existen “atascos” en el tráfico urbano o judicial.

Hace una década se construyó una nueva categoría: los “bienes globales” o su contrario los “males globales”. La Unión Postal Universal fue creada en 1875 para atender el suministro de ese bien global que es la distribución del correo mundial. Hoy en día, la interdependencia nos conciencia de los males públicos globales que nos afectan a todos: el problema de la “gripe del pollo” no es solo de las regiones orientales (visión poco humanitaria, por cierto) sino es un problema de todos, entre otras razones porque no tarda en llegar a occidente. Lo mismo puede decirse de Amazonas, cuya deforestación no es un problema regional, pues, cual efecto mariposa, no tarda en perturbar al todos.

Por eso, el uso de los bienes públicos globales va mas allá de las fronteras y regiones, supera los grupos poblacionales e incluso las generaciones. En esta amplia definición caben los bienes públicos clásicos, como son la paz y la seguridad, la salud, la herencia cultural; y también nuevos aspectos.

Es el caso del procomún (commons), que es una derivación de estos conceptos: lo forman las cosas que heredamos o creamos conjuntamente y que deberíamos intentar que alcancen a nuestros descendientes. El catedrático Enrique López prefiere representarlos con la intuitiva figura de bienes prestados por las generaciones futuras.

Son los dones de la naturaleza, como el aire, el agua, el mar o la biodiversidad. También espacios compartidos como Internet o el espectro radioeléctrico, así como nuestras creaciones científicas (el genoma) o sociales como el conocimiento público que hemos acumulado durante generaciones. Es tangible (el Urogallo cantábrico) o intangible (la gastronomía mediterránea).

Por supuesto, no deberían ser objeto de patente ni apropiación privada, aunque periódicamente encontramos laboratorios que intentan la biopiratería. Así, este mes conocimos que EE UU devolvía a los agricultores mexicanos la patente de un frijol que una empresa de semillas de Colorado había registrado como suya. Forman parte del procomún.y algunos son planetarios (¡patrimonio de la humanidad!) y, por lo tanto no caben en un museo, ni siquiera en un Estado o Nación.

Una de sus características es que, como el silencio (otro procomún) sólo se percibe cuando su permanencia está amenazada, porque una nueva tecnología lo destruirá o expoliará. Como dice Antonio Lafuente (“El carnaval de la tecnociencia”, Gadir Ensayo, 2007) el discurso del procomún “no es tecnófobo aunque tampoco tecnoentusiasta”.

Los estudiosos de esta materia destacan la reciente apropiación de “lo público” por “lo común”. Algo similar a la apropiación por el Estado de los clásicos bienes comunales de los pueblos, durante el siglo XVIII y XIX. El sector solidario, de las organizaciones no gubernamentales, en auge durante las últimas décadas, se proclama encargado de su defensa; en ocasiones frente al mismo sector público, aunque parezca una paradoja. Así, son frecuentes los procesos contenciosos planteados por ONG’s frente a las Administraciones Públicas, fundamentalmente en materia medioambiental.

Lo público se basa en lo político y éste trabaja a corto plazo: sólo desea llegar al viernes por al tarde, cómo decía el protagonista de la genial serie británica “Si, Ministro”. En fin, que el futuro no vota y cuando percibimos que el peligro se cierne sobre el procomún, suele ser demasiado tarde. Por eso. intuimos que debe ser objeto de protección, aunque no pueda ser objeto de amenaza, con el estado actual del arte.

Algún estudioso afina más el procomún recordando que, por ejemplo, nadie pensará en declarar bien común la órbita del planeta Tierra, hasta que se disponga de la tecnología para modificarla. Recuerde cuando pensaba que dirigir la meteorología era imposible. Los chinos ya cuentan con lluvia artificial para evitar las tormentas de arena durante la Olimpiada o la lluvia en la clausura ¿Piensa que el sol no se lo pueden quitar? Pues sepa que se estudia poner un parasol a nuestro planeta.

A diferencia de los bienes públicos puros, el procomún está sujeto a problemas de congestión o saturación por mal uso o sobreexplotación. Recuerdo cuando en mi primera lección de economía, hace ya 30 años, me explicaron que el aire no era un bien económico. Nadie podía imaginar el Protocolo de Kioto ¿Veremos cobrar por el aire, como ya se cobra por el agua mineral?

Estamos ante una nueva área de estudio que afecta a las más variadas disciplinas científicas. Abundan los grupos de investigación y las publicaciones exclusivamente dedicadas a su exploración y análisis. Cada vez más científicos quieren afrontar la tarea de su inventario, codificación y sostenimiento ¿A quien pertenece Internet? No os perdais el magnífico artículo de Juan Freire.

Al respecto es interesante la experiencia perfectamente documentada en los seminarios grabados del Laboratorio del Procomún.

Más información en el canal Tecnocidano’s y su activa web, con extraordinarios artículos.

Una versión de esta entrada fue publicada el 12 de agosto de 2008 en el diario La Nueva España bajo el título “Somos ricos“.

Del 28 al 30 de mayo, se celebrará en Gijón la XIV edición del Seminario de Gestión Pública Local. En esta ocasión llevará el título arriba indicado y su contenido girará en torno al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en las tareas de Gobierno y Gestión Pública Local, así como las leyes aprobadas al respecto, destacando la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y sus posibles repercusiones tras su reciente implantación.

El programa del seminario se compone de sesiones plenarias durante las mañanas y jornadas de talleres durante las tardes en las que se expondrán experiencias prácticas. Mantiene una sana orientación hacia el intercambio de experiencias sobre el análisis, la definición, la implantación y el desarrollo de técnicas de gestión pública, expuestas por reputados académicos, estudiosos, profesionales y técnicos.

No se trata sólo de TIC’s, sino de GESTIÓN, en mayúsculas. Así, las tarde del 28 y 29 de mayo asisteremos al II Encuentro de gestores y directores del área económica con un interesante debate ambos días sobre “La estabilidad presupuestaria de las Entidades Locales” y simultanemaente (¡que pena!) al II Encuentro de gestores y directores de RRHH para el intercambio de experiencias sobre otro tema de gran interés:”La carrera profesional en la Administración Pública” (el miércoles, 28) y al perfil del directivo público (el jueves, 29).

Esa misma mañana destaco dos conferencias muy interesantes: “El procedimiento administrativo electrónico: el registro electrónico, la notificación electrónica” y otra titulada: “La incidencia de las TIC en el modelo organizativo de los servicios públicos” a cargo de Carles Ramió, Director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña.

En resumen, excelentes temas, como el documento electrónico, la firma electrónica, los sistemas de decisión políticos y las TIC (con Javier Llinares) o el acceso electrónico a los servicios públicos. Además, una acogedora región, mi tierra asturiana; y una ciudad en la modernidad. Y, para entonces, el Sporting ya será un equipo de primera división.

Descargar libro

El número 51 de la Revista Presupuesto y Gasto Público, correspondiente al segundo trimestre de este año 2008, está dedicado íntegramente al análisis de las nuevas tendencias en la gestión presupuestaria.

Se trata de una valiosa ayuda para profundizar en el análisis de las diferentes experiencias, estudios y propuestas que se presentan, tanto a nivel nacional como internacional, presentados por relevantes especialistas, entre académicos, interventores o gestores públicos y agrupados en cinco apartados: general, reglas fiscales, programación presupuestaria, nuevas formas de gestión presupuestaria y sistemas de información, y experiencias recientes en gestión presupuestaria en las CCAA en España.

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