Reflexiones de un veterano Interventor

En las Jornadas celebradas en la Universidad de La Laguna y promovidas por la Audiencia de Cuentas hablamos sobre Contabilidad Pública. Allí, Antonio Messia impartió una brillante conferencia en relación con algunas discrepancias entre las normas presupuestarias y contables, respecto de las normas de estabilidad presupuestaria.

Antonio es  un madrileño aficando en Canarias dónde ha desempeñado toda su carrera (más de 20 años); una persona seria, vocacional y comprometida con su trabajo. Presentamos a continuación una reseña de su exposición.

Antonio Messia de Yraola. Interventor del Cabildo de Tenerife

La contabilidad es el lenguaje en el que se expresan instituciones económicas. Como tal lenguaje, necesita de unas “claves” que nos permitan entender su significado y a las que haremos referencia más adelante. [...]

Cuentas locales en caída libre

El Informe de la Sindicatura valenciana sobre las cuentas de las entidades locales correspondientes al ejercicio 2007 refleja que los municipios valencianos han pasado de una capacidad de 356,9 millones a una necesidad de financiación de 32,55 millones de euros. En palabras del órgano de control: “disminuye un 109% y se sitúa en negativo“. 

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La nueva contabilidad pública

Foto: Rafael Medina Jáber, Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Eduardo Doménech Martínez, Rector magnífico de la Universidad de La Laguna y Hubert Weber, Consejero del Tribunal de Cuentas Europeo.

La Audiencia de Cuentas de Canarias promovió durante los días 11 y 12 de febrero en la Universidad de La Laguna (Tenerife) un interesante seminario sobre contabilidad pública. Fue un encuentro equilibrado entre los académicos y los profesionales del mundo del control interno y externo, para desarrollar una visión crítica de la contabilidad pública y los sistemas de información de las Administraciones Públicas. [...]

Durmiendo con su enemigo

El artículo de Pilar Mera en el diario La Opinión de La Coruña vuelve a poner el foco sobre la difícil tarea de los funcionarios que tienen encomendado el  control de legalidad de las Entidades Locales. Debemos agradecer a los medios de comunicación que reconozcan la importancia de un colectivo profesional que viene prestando impagables servicios en la defensa de los intereses públicos.

Un trabajo “extremadamente delicado y ejercido bajo mucha presión“, según Vicente Calvo, directivo de la Asociación Sindical de Funcionarios con Habilitación Estatal (Aesfal), que denuncia lo “expuestos” que están estos empleados públicos al poder de los alcaldes, con los que trabajan a apenas unos metros, pero al que deben reparar sus excesos. “Y, al mismo tiempo, él puede bajarnos el sueldo, abrirnos expedientes disciplinarios o incluso despedirnos”, concluye. [...]

El urbanismo como área de riesgo

Hace ya tres años que los Presidentes de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas fijaron, en la Declaración de Pamplona, los principales criterios de sus programas de fiscalización:

… creemos recomendable priorizar las áreas más importantes desde el punto de vista presupuestario, como salud o educación, sin olvidar otras relacionadas con el bienestar social y, por supuesto, prestando especial atención a las consideradas “áreas de riesgo”, como subvenciones, contratación pública o urbanismo.

Los representantes de las Instituciones de control del Estado Español declaraban la necesidad de potenciar las auditorías urbanísticas en el marco del análisis del sector local: “Dicho objetivo, no obstante, exige una adecuada formación de los auditores públicos teniendo en cuenta que el riesgo en este tipo de auditorías está principalmente en lo que queda fuera de la documentación y las cuentas analizadas”. Concluían, en fin, que estas nuevas facetas de la fiscalización exijan la “incorporación de profesionales que no sean auditores financieros” como(arquitectos, ingenieros, técnicos medioambientales, urbanistas, etc. [...]

Mas transparencia en Energía y Telecomunicaciones

El Pleno del Tribunal de Cuentas de España ha aprobado el 26 de noviembre pasado el Informe de Fiscalización de la contratación en el ámbito local de servicios y suministros de energía y telecomunicaciones, correspondiente a los ejercicios 2003, 2004 y 2005 y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, para su tramitación parlamentaria.

En el mercado de las telecomunicaciones y de la energía, las Corporaciones Locales constituyen un tipo de cliente con un importante volumen de demanda que ha venido experimentando un notable crecimiento en sus consumos y, con ellos, de los gastos presupuestados para financiarlos.

Para el Tribunal de Cuentas, estas circunstancias exigen, por sí solas, asegurar que la contratación pública garantice unas condiciones de competencia y concurrencia “que permitan aprovechar las ventajas que proporcionan los mercados liberalizados, a efectos de conseguir mejores condiciones económicas en estos suministros y servicios, mayor eficacia en la asignación de los recursos y, finalmente una mayor transparencia en la formación de los precios en interés de las administraciones y de la ciudadanía en general”. [...]

Diagnóstico y plan de saneamiento municipal

La actual crisis económica ha propiciado la perdida generalizada del equilibrio financiero en las Entidades Locales. La caída de la recaudación local se traduce, de inmediato, en una crisis de liquidez, con aumentos incesantes de costes financieros, debido a los retrasos en los compromisos de pago con los proveedores, las entidades financieras o la hacienda pública.

En este escenario, el concepto de gestión financiera y el objetivo de equilibrio financiero, necesitan de una herramienta de diagnóstico a través del análisis de sus principales variables y una pormenorizada descripción del marco legal de las operaciones de crédito, como paso previo para la elaboración de planes económicos-financieros.

Muy oportuno es la aparición del libro Guía práctica para la Planificación Presupuestaria de las Entidades Locales: Diagnóstico Económico-Financiero y Planes de Saneamiento, de José Manuel Farfán y Alfredo Velasco Zapata (Aranzadi, noviembre de 2009, 378 págs. y 46 euros), dos experimentados funcionarios al servicio de la Diputación de Sevilla: el primero como Tesorero General (habilitado estatal) y el segundo como economista de la unidad de asesoramiento económico a los municipios. [...]

Evaluando la política turística

El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias aprobó, en su sesión de 14 de octubre de 2009, un pionero Informe sobre la Evaluación de la Gestión del Gasto de las Administraciones Públicas Canarias en el Sector del Turismo, ejercicios 2004-2007.

La política pública turística mueve un elevado volumen de recursos financieros, organizativos y humanos de las distintas administraciones públicas de Canarias. Afecta no sólo al Gobierno autónomo y a los cabildos insulares, sino también a los ayuntamientos “turísticos”, que son aquellos (14) con plazas turísticas superiores al 40% de su población.

Puede que los guardianes de la ortodoxia fiscalizadora critiquen la simple existencia de un informe como éste. Nada más injusto. Baste decir que la actividad turística supone para las Islas Canarias un tercio del empleo y el 28% del PIB canario. Su efecto multiplicador hace que por cada 100 empleos generados en la rama turística se creen 46 puestos en otros sectores. [...]

Interventores, alcaldes y auditores

La prensa vasca recogía ayer unas declaraciones del Dr. Martinez Churiaque, presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) realizadas en una entrevista concedida a Radio Euskadi, donde se suma a la petición de una Ley de Auditoría Municipal que exija la rendición de las cuentas locales junto con un informe de auditoría privada.

Churiaque entiende que, al igual que las sociedades mercantiles de elevado tamaño o facturación, los grandes ayuntamientos deberían tener “mecanismos de control con tres “filtros”: control interno, control externo “quizá con firmas privadas” y control externo público. Esto permitiría a los OCEX concentrarse en áreas de riesgo específicas, como la gestión urbanística, la política de subvención de los entes públicos y la política de endeudamiento pues “este año 2010, va a ser un año muy duro”. [...]

Quién hace qué y cuánto cuesta

A las preguntas simples planteadas por el ciudadano, como la cuestión que hoy usamos de titular en esta entrada, no encuentra respuesta la centenaria Cour de Comptes de Francia, transcurridos cinco años de la segunda etapa de descentralización a favor de las Comunas, los Departamentos y las Regiones.

En su informe sobre “La conducción de la descentralización por parte del Estado”  (La conduite par l’État de la décentralisation), publicado en 27 de octubre pasado, el Tribunal de Cuentas de Francia señala las consecuencias de la enmienda constitucional de 2003 (“organización descentralizada de la República”). [...]

Más control para la obra pública

Hace veinte siglos, Marco Vitrubio Polión, describió la arquitectura del imperio romano compuesta de cuatro elementos: el orden (relación de cada parte con su uso), la disposición (“el trazado en planta, en alzado y en perspectiva”), la proporción (“Concordancia uniforme entre la obra entera y sus miembros”) y la oikonomía (“procurar el menor coste de la obra conseguido de un modo racional y ponderado”). [...]

El convenio que no conviene

Toda la prensa rezuma crítica sobre los escándalos de corrupción que han dejado perplejo al personal estos días …  meses … años. El diario El País en su editorial de ayer concluía: “Con los partidos en manos de una oligarquía profesional sin escrúpulos, el Estado se convierte en un objeto de rapiña y la política, en un negocio”. El Mundo, por su parte, se atrevía a formular un “decálogo para que los corruptos no nos sigan saqueando” que, entre otras, recomienda disminuir la discrecionalidad de las actuaciones de los ayuntamientos y aumentar los controles.

Los convenios urbanísticos con particulares son una manifestación de la participación privada en el desarrollo de la actividad urbanística. Se trata de una figura polémica porque ha sido la fuente de escape para la legalidad urbanística y de frecuentes escándalos. En el caso de Marbella, fueron las herramientas favoritas del gilismo.

Por eso, los auditores públicos los consideran como un área de alto riesgo por su importancia económica así como la alta discrecionalidad observada en dicha gestión, con insuficientes controles y donde, con todo merecimiento, se hace imprescindible la máxima transparencia. [...]

Los ayuntamientos están para pocas fiestas

El vicepresidente tercero del Gobierno y responsable de Política Territorial, Manuel Chaves, declaró a las agencias de prensa que las corporaciones locales deberán “apretarse el cinturón” durante el próximo año. No obstante, Chaves aseguró que en 2010, recibirán no sólo el nuevo Fondo Estatal de Inversión Local 2010 para la Sostenibilidad y el Empleo, dotado con 5.000 millones de euros, sino además “13.000 millones, una inyección que nunca antes habían recibido”. También, avanzó que la nueva ley de financiación estará lista en 2011.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias pidió al Gobierno central y a las CCAA que insten a las entidades financieras a que “empiecen a trabajar y dejen ya las vacaciones”. Entiendo que se refiere a los banqueros, no a los políticos, ¿no? Además, anunció también que pedirá al Gobierno el 60% del montante para destinarlo a gasto corriente, compensando así las pérdidas que sufrirán las administraciones locales, como consecuencia de la disminución de ingresos del Estado. [...]

A vueltas con las cuentas municipales

La semana pasada se presentaban al Parlamento de Galicia dos informes sobre el sector local correspondientes al ejercicio 2006. El primero referente a la Cuenta General del sector Local y el segundo de fiscalización de la documentación rendida. Ambos agregados reiteran las deficiencias que presenta la contabilidad local.

De todas las anomalías señaladas, hay una que se produce año tras año. [...]

Transparencia municipal

Toda la prensa nacional recoge al noticia de la publicación del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2009, elaborado por el capítulo español de la organización Transparencia Internacional (TI).

El ITA constituye una herramienta para medir el nivel de transparencia ante los ciudadanos y la sociedad de los Ayuntamientos españoles. En este segundo año de aplicación del ITA (2009), se evalúa la transparencia de los 110 mayores Ayuntamientos de España, y ello a través de un conjunto integrado de 80 indicadores, del que ya dimos cuenta el año pasado. [...]

Bretes veredes, Sancho

La noticia que hoy presenta el diario Expansión nos permite reflexionar sobre los apuros económicos que atraviesan muchos ayuntamientos. El articulista avanza que, el proceso de liberalización del suministro eléctrico, “pone al descubierto la situación endémica de morosidad que han practicado los ayuntamientos con las compañías eléctricas”. [...]

La cigarra y la hormiga

El Real Dcreto-Ley 5/2009 aprobado el viernes pasado, para facilitar a las Entidades Locales (EELL) el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos viene a modificar la autorización a los ayuntamientos que hubieran liquidado el ejercicio 2008 con remanente genérico de tesorería negativo o tengan obligaciones vencidas y exigibles pendientes de aplicar al presupuesto, para concertar una operación extraordinaria de endeudamiento bancario, sujeta a la necesidad de aprobar un plan de saneamiento que asegure la capacidad de pago para cancelar la operación concertada en el plazo comprometido, que no podrá ser superior a seis años y con la condición de aplicar los recursos obtenidos a pagar las obligaciones pendientes con empresas y autónomos en el plazo máximo de un mes.

Esto supone una modificación radical de los límites de endeudamiento local, en el marco de la extraordinaria crisis financiera que estamos sufriendo. Como las EELL todavía son más solventes que sus asfixiados proveedores, se pretende aumentar sus posibilidades de crédito para inyectar liquidez al chirriante sistema. Veremos que pasa, pues su aplicación plantea muchas dudas. [...]

Directiva de servicios y gestión local

Con el fin de facilitar la aplicación efectiva de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los Servicios en el Mercado Interior, el MAP, en coordinación con el Ministerio de Economía y Hacienda, ha elaborado un “Manual de Evaluación de la normativa local potencialmente afectada por la Directiva de Servicios“, dirigido expresamente a los Ayuntamientos.

La citada Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, comúnmente  conocida como Directiva de Servicios, entró en vigor a finales de 2006 y su  objetivo es la eliminación de obstáculos innecesarios y desproporcionados para  la prestación de servicios.

De este modo, la Directiva constituye una doble oportunidad, por un lado es clave para avanzar hacia un verdadero mercado interior de los servicios a nivel comunitario pero al mismo tiempo, supone una inmejorable ocasión para realizar un importante cambio en la cultura regulatoria española.

La Directiva permitirá la reducción de cargas administrativas y otorgará mayor seguridad jurídica a los prestadores, además de suponer un  incremento de las posibilidades de elección de los destinatarios y una mejora de la calidad de los servicios tanto para los consumidores como para las empresas usuarias de los mismos. [...]

Ayuntamientos en quiebra técnica

Ya hemos dedicado alguna entrada de esta bitácora a las declaraciones de responsables municipales sobre las dificultades que esperan a los ayuntamientos. Sin embargo, las declaraciones del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, anteayer en Pamplona, proporcionan a la prensa un jugoso titular al afirmar que “los ayuntamientos están cercanos a la quiebra técnica“. [...]

Nueva Guia de fiscalización de las Entidades Locales

Siempre he considerado que la profesión de Interventor es una función de ato riesgo. He tenido ocasión de comprobarlo. Requiere grandes conocimientos técnicos (por no decir: “¡todos los conocimientos técnicos!”) y enormes dosis de sentido común. Alejandro Nieto retrataba su trabajo como un dilema permanente entre ambas perspectivas.

La responsabilidad que soportan, solidariamente a la Autoridad con quien trabajan, hace que extremen su celo, tanto en el análisis que realizan de la gestión económico-financiera como en la fundamentación (escrita) en que la soportan sus razonamientos. [...]

Huyeron del derecho administrativo, no de la justicia penal

La prensa de hoy se hace eco de la sentencia, de 122 folios, que condena por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, a penas de entre 6 años y 10 meses y 9 años de prisión al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y al asesor jurídico y al contable de la  ingeniería financiera del “caso Saqueo”, que dio lugar al desvío de fondos del consistorio entre 1991 y 1995. Los tres deberán indemnizar además al Ayuntamiento con casi 23 millones de euros por los perjuicios causados.

El Tribunal considera probado que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL), el ex alcalde es aconsejado por el asesor jurídico, quien concibe la idea de crear varias empresas sujetas a la legislación mercantil “bajo el aparente designio de que la gestión de los servicios municipales sería más ágil y eficaz“.  [...]

Auditores privados en el sector público

No se asusten los lectores por la noticia. El juez sólo obliga a cumplir un acuerdo que no fue anulado y por lo tanto de obligado cumplimiento para un gobierno local, en minoría. El asunto nos permite volver sobre el tema de la presencia de los auditores privados en la Administración Pública, que ya hemos tratado en esta bitácora, con ocasión de las manifestaciones del Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en demanda de una Ley de Auditoría Municipal.

Hay muchos ejemplos. Así, son frecuentes las convocatorias de subvenciones a corporaciones locales que exigen contratar y presentar una auditoría externa en la justificación de su aplicación y que dan lugar a las protestas de los respectivos colegios de habilitados estatales (COSITAL) por chocar con funciones legalmente atribuidas a los Interventores (vg: la Orden de 5 de diciembre de 2006 de la Junta de Andalucía subvenciones para Escuelas-Taller y Casas de Oficio) que como afirma el COSITAL sevillano: “puede valorarse como absolutamente necesaria cuando las subvenciones se conceden a entidades privadas, no se haga obligatoria para las Corporaciones Locales”. [...]

Los reparos del Interventor (2)

La normativa presupuestaria de la Administración estatal, autonómica y local faculta a un Interventor para recabar la fiscalización previa, llevada a cabo antes de que se dicte o perfeccione el acto administrativo y exigiendo el examen de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico. Así, en las Entidades Locales ver art. 214 del TRLRHL y para el Estado, ver artículo 148.de la LGP 47/2003.

Ya hemos recordado en esta bitácora la poca popularidad que tiene este sistema ante algunos gestores, pues se le acusaba de perturbar y entorpecer el funcionamiento ágil de la institución; estamos habituados a oír esta fácil queja. Si el controlador presta su conformidad, el gestor se siente liberado de toda responsabilidad y como alguna vez dijo Tomás-Ramón Fernández “si la niega, la responsabilidad tiende a transferirse desde el gestor elegido hacia el controlador, que en su condición de mero funcionario, es inalcanzable para los electores“.

La función interventora se considera más garantista y permite la corrección sobre la marcha, con nulo coste político: sus reparos son subsanables inmediatamente, propagando un cierto autocontrol en los gestores. Además permite afrontar las auditorías externas con mayor seguridad. [...]

Los reparos del Interventor (1)

El órgano de control interno de las organizaciones, desde el punto de vista funcional, presenta dos grandes variantes, no incompatibles entre si: auditor interno e interventor. Poniendo el énfasis en el control de legalidad, las Administraciones Públicas de tradición napoleónica se inclinan por este último sistema.

La función interventora es nuestra tradicional forma de control interno y la más extendida de todas nuestras Administraciones Públicas. Simplificando los términos legales, hace referencia a la necesidad de fiscalizar todos los actos que den lugar a reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los cobros y pagos que de ellos se deriven.

El acto fiscalizador se plasma en un informe, que contiene una declaración preceptiva de juicio, que tiene como peculiaridad el carácter independiente, interno y preventivo, así como ser escrita, gradual y continuada. No parece ser recurrible directamente por los interesados, lo que otorga una cierta prevalencia a los actos de intervención sobre los actos fiscalizados.

En la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella, tras el saqueo producido durante el gobierno gilista, el Tribunal de Cuentas criticó seriamente la labor de los funcionarios con habilitación nacional de la corporación, pues su tolerancia en este asunto permitió degradar la situación administrativa hasta límites insospechados: [...]

Pobres Ayuntamientos

La entrevista que el diario “El País” publica hoy con Elena Bastidas, alcaldesa de Alzira desde 2003 y actual presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) permite un titular dramático sobre las finanzas locales. En ese marco Bastidas afirma: [...]

La crisis llega a los ayuntamientos

La foto, tomada en una céntrica calle sevilllana por MFB, no sé si impresiona más por el tirón mediático de sus protagonistas o por que uno de ellos esté leyendo un periódico económico ¿Se tratará del Concejal de Hacienda? ¿Será su asesor económico? En definitiva, sirve para ilustrar el tema de los recortes presupuestarios, que amenazan ya a muchas Administraciones.

El blog de lo público presentaba ayer un interesante artículo de Juan Carlos Arranz donde anticipa los efectos inmediatos de la crisis en las Entidades Locales. Recuerda que el ministerio de Hacienda ya anunció una posible reducción del Fondo de Participación Municipal a transferir a los ayuntamientos, toda vez que si la recaudación de los tributos estatales es menor, también lo será la participación de los municipios.

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Servicios funerarios y cementerios

Hoy, 2 de noviembre, es el tradicional día de los difuntos para los cristianos. Como esta bitácora llega a todos lados, si bien dentro del mundo de los vivos, nada mejor que conmemorar esta celebración desde la laica fiscalización, analizando el Informe de Fiscalización de la Gestión de los Servicios Funerarios y de Cementerios, que este mes ha conocido y discutido la comisión Mixta Congreso-Senado y Tribunal de Cuentas.

Para los servicios funerarios, el Tribunal extendió su trabajo a todos los municipios capitales de provincia o con población superior a 75.000 habitantes, que suponen la mitad de la población española. Respecto a la la gestión de los cementerios, el análisis se llevó a cabo en los municipios con más de 50.000 habitantes, lo que hace estos trabajos un verdadero informe de carácter horizontal que permite establecer la verdadera situación legal y financiera del sector y plantear recomendaciones a las tres Administraciones implicadas: Estado, Comunidades Autónomas (CCAA) y Local.

Desde el año 1997, se deberían prestan en régimen de libre concurrencia las actividades funerarias, es decir, aquellos servicios que van desde el fallecimiento hasta la inhumación o cremación. Estos últimos pueden prestarlo los municipios por si o en concurrencia con la iniciativa privada. El informe denuncia que la liberalización no había alcanzado los efectos pretendidos de una mayor presencia de la iniciativa privada, pues de todos los ayuntamientos fiscalizados que prestaban servicios funerarios principales, solo en uno se había privatizado dicha gestión. Además, en el 22 por ciento de los ayuntamientos existía monopolio de hecho.

En relación con la gestión de los cementerios, el 61 por ciento de los ayuntamientos prestaban servicios en gestión directa por sí mismos o a través de una sociedad mercantil de titularidad municipal; el 36 por ciento lo hacían de forma indirecta mediante concesiones administrativas y el 3 por ciento de los ayuntamientos analizados atendía esta gestión de forma mancomunada con otros municipios.

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Abastecimiento de agua en Castilla y León

El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó en su sesión de 28 de julio pasado el Informe de fiscalización de la gestión de sistemas municipales de abastecimiento de agua potable en los Ayuntamientos de las capitales de provincia correspondiente al ejercicio presupuestario 2003.

Con este trabajo se pretende ofrecer una visión general de la prestación del servicio en las grandes ciudades de la Comunidad y proporcionar a los Ayuntamientos un marco de referencia que les permita orientar sus decisiones a fin de lograr mejoras en la prestación del servicio. [...]

Radiografía de las cuentas locales

El pleno del Tribunal de Cuentas de España ha aprobado, en su sesión de 25 de septiembre de 2008, el Informe de Fiscalización de los Sectores Públicos Autonómico y Local, ejercicio 2003, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales.

Se trata de uno de los informes que, en cada ejercicio, realiza el Tribunal de Cuentas con carácter global sobre los sectores públicos autonómico y local, con fundamento en el artículo 136 de la Constitución española.

El trabajo parte del contenido de las Cuentas Generales y del grado de cumplimiento, tanto de la obligación de rendir las cuentas anuales, como de remitir en el plazo establecido la documentación relativa a los contratos.

Presentamos a continuación resumen de la parte correspondiente al sector local. Una síntesis de las liquidaciones correspondientes a 13.003 Entidades locales y 2.909 Entes dependientes de las mismas, constituidos por los Organismos autónomos y Sociedades mercantiles en cuyo capital tengan participación total o mayoritaria aquéllas. [...]

Marco normativo de la e-Administración

Julián Valero Torrijos es profesor titular de derecho administrativo de la Universidad de Murcia. Como especialista en e-administración impartió una interesante y oportuna conferencia en las XI Jornadas de Administración Local que organizó la semana pasada el COSITAL de Tenerife.

El profesor Valero habló de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAE) y sus implicaciones en el ámbito local. Su reciente libro, El Régimen Jurídico de la e-Administración, sobre el uso de medios informáticos y telemáticos en el procedimiento administrativo común, es un apoyo imprescindible para cualquiera que quiera aproximarse al estudio del marco normativo básico de la Administración electrónica: la iniciación del procedimiento administrativo por los interesados, la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones, la notificación de los actos administrativos por medios electrónicos. Basta con ver el índice para darse cuenta que nos presenta la verdadera realidad administrativa digital.

Mucho se ha hablado y escrito de la Ley 11/2007, una oportunidad única para impulsar la modernización tecnológica municipal a fin de prestar los diversos servicios públicos de forma más eficaz y más cómoda para los ciudadanos, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones que, en gran medida, ya se encuentran generalizadas en otros ámbitos sociales y económicos. [...]

Tomás-Ramón Fernández

Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, es autor -con Eduardo García de Enterría- del Curso de Derecho Administrativo, clásica obra con la que nos hemos formado varias generaciones de estudiantes desde los años setenta.

Durante la transición, Tomás Ramón fue Rector de la UNED: “cinco años excitantes” y llenos de turbulencias, dice en este breve pero emotivo artículo. Hoy tiene más de 20 libros y 200 estudios publicados, ejerce la abogacía y es referente obligado para la Administración Local.

Impartió el pasado día 10 de octubre y dentro de las XI Jornadas sobre Administración Local, una notable conferencia titulada “El urbanismo en España: situación actual, problemas y perspectivas de futuro” donde hizo un análisis crítico de la legislación urbanística reciente. También, como es habitual en sus ponencias, censuró la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20-3-97 que hace inevitable que las CCAA impongan su propia ley.

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Un hombre sabio

He asistido al seminario que anualmente organiza el Colegio tinerfeño de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Es un privilegio extraordinario compartir programa con sabios como Gaspar Ariño, que en la foto superior es presentado por el presidente del colegio, Santiago Gómez, Interventor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife .

El catedrático de Derecho Administrativo, Gaspar Ariño Ortíz, es un estudioso del derecho público y de la vida. Impartió ayer una brillante conferencia sobre el Contrato de colaboración público-privada salpicada con abundantes reflexiones personales y profesionales. Un tono que los jóvenes habilitados estatales agradecieron con largos aplausos. Don Gaspar se reconoció hijo del cuerpo: “me crié en un Ayuntamiento” dijo recordando a su padre, Secretario municipal. [...]

Sin cuentas no hay subvenciones

Estos días se está produciendo un intenso debate en Galicia sobre la posibilidad de que los Ayuntamientos que no rindan cuentas al Consello de Contas no puedan ser beneficiarios de determinadas subvenciones que otorga la Comunidad Autónoma.

Este asunto ya ha sido tratado en esta bitácora, hace unos meses, con ocasión del informe específico que realizó la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana. También con ocasión de una extensa entrevista realizada a su Sindico Mayor, Rafael Vicente Queralt, solicitando que esas Entidades Locales no se beneficiasen de subvenciones genéricas, de forma análoga al cumplimiento de la exigencia de estar al corriente en sus obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social. [...]

Autoridades e interventores

Nuestra burocrática Administración de estilo francés descansa en la tradicional desconfianza hacia el gestor, por lo que aplica un mecanismo elemental: que las decisiones de gasto y pago no se dejen a la determinación de una sola persona. Será el resultado de la concurrencia de dos voluntades, recíprocamente independientes, trasladando a un órgano superior las posibles discrepancias.

Por lo tanto, las relaciones entre Autoridades e Interventores serán siempre un terreno abonado para el conflicto. La misión de aquellos es hacer cosas, porque para eso están en el noble oficio de la política. Por su parte, los interventores deben garantizar el cumplimiento de unas mínimas formalidades de los procesos financieros, con responsabilidad solidaria. Un invento que persigue el equilibrio institucional.

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Las facturas del cajón

Entre las obligaciones fundamentales a cumplir por todas las Administraciones Públicas, para la realización de cualquier gasto, está la existencia de una previa consignación presupuestaria para ese fin. Tal como indica (sobre limitación de los compromisos de gasto) el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria, para la Administración del Estado y similares de la legislación autonómica:

Los créditos para gastos son limitativos. No podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades …

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Patrimonio Municipal del Suelo

El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado, el 26 de junio pasado, el informe de fiscalización de la gestión y control de los recursos integrantes del patrimonio municipal del suelo, correspondiente al ejercicio 2004.

Se trata de uno de esos interesantes informes “horizontales” al que nos tiene habituados en los últimos años el máximo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado (VG: las Universidades Públicas). Tienen la peculiaridad de basar su trabajo en los respectivos informes de los OCEX, tal como hemos hablado en otra entrada de esta bitácora.

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Master, congresos y jornadas

Estos días se han dado a conocer importantes iniciativas de formación para quienes necesitan especializarse en la gestión y el contról público. [...]

Presente y futuro del municipalismo gallego

Algunas de las conclusiones del informe “Presente y futuro del municipalismo gallego” merecen, a juicio del diario El Faro de Vigo (decano de la prensa española) ocupar la primera plana de hoy domingo, donde encontramos un avance de las principales conclusiones.

Se trata de un completo estudio, editado hace un mes por la Escola Galega de Administración Pública, organismo dependiente de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia y del que son coordinadores Santiago Lago Peñas y Alberto Vaquero García. [...]

Marbella conection

Recordareis los acontecimientos que tuvieron lugar en el municipio de Marbella, que determinaron, tras la solicitud del Gobierno de Andalucía y el acuerdo favorable del Senado, la disolución del Ayuntamiento de Marbella por el Consejo de Ministros (RD 421/2006, de 7 de abril).

La gestión ordinaria de los asuntos municipales se encomendó a una Comisión, designada por la Diputación Provincial de Málaga, que tomó posesión el 21 de abril de 2006 y permaneció hasta las elecciones de 27 de mayo de 2007.

Una de las tareas que se acometió inmediatamente fue fiscalizar la gestión llevada a cabo por lo que sedominó el Gilismo, para determinar las correspondientes responsabilidades. Pues bien, el Pleno del Tribunal de Cuentas acaba de aprobar, en sesión de 26 de junio de 2008, el Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y Sociedades Mercantiles Participadas, ejercicios 2002 a 2006.

A continuación, presentamos un resumen urgente con las principales conclusiones. [...]

Transparencia Municipal

La semana pasada ha tenido lugar la esperada presentación del Informe Global sobre la Corrupción 2008, elaborado todos los años por el capítulo español de Transparencia Internacional (TI).

En él se recoge una visión sobre la corrupción en el contexto internacional, tanto general como individual en un conjunto significativo de países, y con una referencia especial, en la edición de este año, a la corrupción en el sector del Agua. Además, se ha analizado con especial detalle el Informe específico sobre la corrupción en España.

Este es el producto estrella de la organización TI. (Ver reseña del año pasado). Sin embargo, parece oportuno destacar una interesante iniciativa, específica del ámbito local español.

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¿Prevarica quien se aparta de los informes del Interventor?

La reciente noticia del procesamiento de un Alcalde por desoír reiteradamente los reparos de la Intervención municipal pone de relieve las dificultades que afrontan algunos funcionarios con habilitación de carácter nacional y la elevada función que representan.

La prevaricación es un delito tipificado en el artículo 404 del Código Penal. Se caracteriza porque un funcionario o autoridad, en el ejercicio de su cargo, dicta resolución arbitraria en asunto administrativo, a sabiendas de su injusticia. Su pena es la inhabilitación especial de 7 a 10 años.

Mi propia experiencia personal me ha enseñado a no condenar por los titulares de prensa, pero bien harían algunos alcaldes en no ser tan contumaces. Puede discreparse de algún reparo -yo lo he hecho- pero … ¡tanto como cuatrocientas veces! Supongo que el futuro código ético para el buen gobierno municipal que, de acuerdo con el diario Expansión, prepara la Federación Española de Municipios y Provincias, algo dirá al respecto.

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Rendición de cuentas locales

Hace unos días, el Sindico Mayor de la Generalitat Valenciana, Rafael Vicente Queralt, desarrollaba una amplia entrevista en el diario Las provincias. En una de las intervenciones (ver el resto) se refería a la ausencia de rendición de cuentas por algunas Entidades Locales pidiendo para ellas la imposibilidad de beneficiarse de subvenciones genéricas.

Añadía una posibilidad más. Aquellos Ayuntamientos que tienen que someter a la Conselleria de Economía sus planes de saneamiento “deberían proceder de cuentas remitidas a la Sindicatura”. [...]

Fiscalización horizontal del Medio Ambiente municipal

La semana pasada, la Cámara de Cuentas de Andalucía hizo público su Informe de Fiscalización horizontal del Medio Ambiente en determinados ayuntamientos. Su objetivo general era ofrecer un conjunto de conclusiones acerca de determinados aspectos relacionados con el estado en el que se encuentra el medio ambiente en una muestra representativa de los ayuntamientos de Andalucía.

Este tipo de auditorías operativas, muy habituales en el mundo anglosajón, permiten a los vecinos evaluar la calidad de los servicios públicos y comparar los resultados de los representantes municipales en la gestión ambiental. Son fecuentes entre los planes de trabajo de la Cámara de Cuentas andaluza y son la prueba clara del acercamiento del órganos de fiscalización a los intereses de los ciudadanos. [...]

Auditoría operativa de la promoción del deporte

La Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de hacer público un informe de fiscalización de la promoción del deporte en los grandes municipios andaluces durante el ejercicio 2005.

Se trata de una auditoría horizontal de gran interés ciudadano, pues realiza un análisis comparativo de la gestión deportiva realizada en los municipios de población superior a 100.000 habitantes (las capitales de provincia y a las ciudades de Algeciras, Jerez de la Frontera, Marbella y Dos Hermanas).

El objetivo era evaluar el grado de eficacia de los objetivos fijados, el grado de economía y eficiencia de las respectivas entidades y la calidad de las actividades desarrolladas. Todos estos aspectos son de tratamiento muy complejo, lo que hace de este informe un ejemplo de modernidad. [...]

Presupuestos municipales y consignación necesaria

Hoy quiero comentar la interesante Sentencia del TSJ de Castilla y León, de 25-1-2008, de la que ha sido ponente José Matías Alonso Millán, relativa al Presupuesto del Ayuntamiento de Burgos del ejercicio 2006. En ella se declara la nulidad de la mayoría del contenido de su Anexo de Personal y del Anexo de Inversiones, por no contener los elementos precisos para que puedan ser suficientemente valorados. También, por incumplir la previsión de que el resultado de la enajenación de solares se incorpore al Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), como prevé la legislación urbanística.

Me queda la duda del efecto que puede tener esta sentencia sobre un presupuesto ya liquidado y posiblemente rendido. Desde un punto de vista político es un buen tirón de orejas a la mayoría gobernante. [...]

Fiscalización del Servicio de recogida y tratamiento de residuos en las Entidades Locales

La recogida de residuos debe enmarcarse dentro de las políticas de protección medioambiental y de desarrollo sostenible. Además, constituye uno de los servicios cuya competencia está atribuida a la administración local, lo que implica que las restantes administraciones públicas deban coordinar sus políticas de actuación con objeto de que la adecuada prestación de este servicio contribuya a la consecución de otros más generales en los que tiene una repercusión significativa.

Por ello, el Tribunal de Cuentas ha realizado un informe horizontal de la prestación durante el ejercicio 2004 del Servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos por las Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón desde una doble perspectiva.

Por un lado estudiar el cumplimiento de los objetivos establecidos por las administraciones autonómica y estatal en el marco de la normativa europea. Por otro, realizar una comparación de las diferentes formas de gestión de este servicio adoptadas por las Entidades locales competentes de Aragón, con objeto de valorar la eficiencia y eficacia de los recursos públicos asignados a esta finalidad. [...]

Retos presupuestarios de los gobiernos locales

El lunes 28 de enero, Gabriel Álvarez Fernández, Secretario General de la FEMP, (en la foto a la izquierda) inauguró el seminario sobre estabilidad presupuestaria y contabilidad pública. Acompañado por el Vicerrector de Economía de la Universidad de Salamanca, José Ignacio Sánchez Macías, ofreció una conferencia titulada “Retos financieros y presupuestarios de los gobiernos locales” que puso sobre la mesa algunos aspectos críticos de la nueva normativa.

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¿Ley de auditoría municipal?

La noticia que recogía, durante la pasada semana, el diario El País hace referencia a la baja cantidad y calidad de la rendición de cuentas municipal, que ya hemos tratado en esta bitácora. Ahora, el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas Vázquez, plantea con toda crudeza el asunto de la necesaria imposición legislativa de la auditoría anual de las cuentas de los Ayuntamientos, a través de firmas privadas.

Para analizarlo con acierto, debemos remontarnos a principios de la década pasada, cuando la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Catalana, entonces presidida por Ferrán Termes i Anglés, en su informe relativo a la Cuenta General de las Corporaciones Locales (1994) expresó que su capacidad era “claramente insuficiente para llevar a cabo el control externo de la actividad financiera municipal de forma adecuada” dado el elevado número de entidades a fiscalizar.

Entonces, se pedía obligar a los ayuntamientos de determinadas dimensiones realizar una auditoría anual con un profesional cualificado, “como instrumento auxiliar para el control interno y la fiscalización externa“. En definitiva, se pretendía que estas auditorías se realizasen con unos criterios de coordinación y una normativa técnica a establecer por la Sindicatura, de acuerdo con las características propias de cada sector. [...]

Rendición de cuentas por las Entidades Locales

La rendición de cuentas por las Entidades Locales de España es insuficiente y empeora a medida que se reduce la dimensión del municipio. Así, en Andalucía, la Cámara de Cuentas recibió en el año 2004 un total de 501 cuentas municipales, sobre un censo de 770 Ayuntamientos (65% de rendición) con grandes diferencias por tramos de población. Las corporaciones de más de 50.000 habitantes tenían un nivel de rendición del 100% mientras que los de menos de 5.000 sólo llegaba al 60%. La Comunidad de Madrid cifra la morosidad total en un 43%.

Por eso, los Órganos de Control Externo (OCEX) de las Comunidades Autónomas solicitan, entre sus recomendaciones, algún tipo de sanción para las corporaciones que no presenten sus cuentas al OCEX correspondiente. [...]

Estabilidad presupuestaria

El Boletín Oficial del Estado del 3-XI-2007 publica el Real Decreto 1463/2007, de 2-XI, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. [...]