Leo en el último número de la revista Partida Doble el artículo de los profesores valencianos García Benau y Maestro Chillida titulado Hacia una norma de auditoría sobre responsabilidad del auditor ante el fraude que aborda cuestiones como el riesgo en auditoría, el escepticismo profesional y la información del fraude. 

Ninguna Norma Técnica de Auditoría (NTA) española tiene como objetivo concreto regular los fraudes en los estados financieros. Sin embargo, la próxima adopción de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) por la Comisión Europea incorpora nuevos criterios en la detección e información del fraude.

En efecto, el parágrafo 15 de la NIA 200 recuerda que el auditor deberá planear y ejecutar una auditoría con una actitud de escepticismo profesional. Esto significa que el auditor hace una evaluación crítica –“con una mentalidad cuestionante”- de la validez de la evidencia obtenida. Por lo tanto, está alerta a evidencias de auditoría que contradigan o pongan en duda la confiabilidad de los documentos y respuestas a los análisis y otra información obtenida de la administración y de los encargados del gobierno corporativo. En definitiva: cuando hace averiguaciones y ejecuta procedimientos de auditoría y se topa con una evidencia de auditoría que no es totalmente “persuasiva” no debe quedar satisfecho por la creencia de que la administración y los encargados del gobierno corporativo sean honrados y tengan integridad.

Un ejemplo

Durante los años setenta se produjo en EE UU un sonoro fraude, capitaneado por los directivos de un fondo de inversión. La estrategia fraudulenta se basaba en la adquisición de una compañía de seguros, que declaraba negocios ficticios, multiplicando sus ingresos e incrementando su cotización bursátil y por tanto el valor del fondo. Incluso vendía las pólizas a compañías reaseguradoras y hasta simulaba la «muerte» de los falsos suscriptores. Todo ello con la connivencia del centro de informática y hasta con el apoyo de su propia imprenta, donde se falseaban los certificados médicos o de fallecimiento.

El caso se incluía durante los años 90 entre el material de los seminarios del Tribunal de Cuentas como ejemplo de la desafortunada actuación de los auditores que incurrieron en seis graves errores: tenían un cierto complejo de inferioridad frente a los triunfantes directivos; cuando descubrían algún indicio acudían al presidente de la sociedad, que era el cerebro del fraude; tenían confianza ilimitada en los empleados de la compañía; no se verificaron las operaciones entre las filiales y la matriz; las operaciones de confirmación se hacían en los locales de la compañía, que les tenía pinchado el teléfono; por último, cuando se lanzaba una comprobación de los saldos, la respuesta era del 100%, en pocas horas y siempre «de conformidad» con la contabilidad.

Conviene no olvidar que la función de los auditores no es descubrir fraudes. En el caso de la aseguradora no encontraron ninguna evidencia y la estafa se descubrió por un cómplice descontento. La misión de los auditores es «emitir una opinión técnica» sobre si las cuentas de una organización representan fielmente la realidad.

Evaluación crítica de la evidencia

Esa actitud de escepticismo profesional, dice el parágrafo 23 de la NIA 240, es una actitud que incluye un estado mental inquisitivo y una evaluación crítica de la evidencia de auditoría y requiere un “cuestionamiento continuo sobre si la información y la evidencia de auditoría obtenidas sugieren que pueda existir una representación errónea de importancia relativa debida a fraude”. Así, establecen una serie de procedimientos que debe aplicar el auditor para detectar fraudes aunque no haya encontrado indicios de ello.

Entre las NTA españolas, existe una del año 2000 sobre “Errores e Irregularidades“. En ella se denomina “irregularidad” a las incorrecciones que vienen dadas por acciones intencionadas (mientras que la NIA se denomina a este concepto de manera más expresiva: “fraude”. Está claro que para el ciudadano es más claro este concepto, aunque incorpora, a priori, un cierto juicio de valor. Por el contrario, el término “error” es más aséptico y se refiere, en el contexto de esa norma técnica, a actos u omisiones no intencionados.

En la Sindicatura de la Comunidad valenciana existe una Directriz Técnica al respecto.

Pues bien, de acuerdo con las NIA´s los auditores deben realizar indagaciones a la dirección del riesgo que esta ha obtenido de que los estados financieros puedan contener incorrecciones materiales debidas a fraude, y también deberá indagar al resto de personal de la entidad y de este modo obtener información que no podría conseguir de otra manera. Benau y Maestro, en el artículo comentado destacan “la importancia del elemento de imprevisibilidad que debe introducir el auditor para dificultar que el personal de la entidad oculte información”, ya que es mucho más sencillo detectar incorrecciones cuando no esperan algunos de los procedimientos que vaya a aplicar el auditor.

Hoy es el Día Internacional contra la corrupción. La ONU tomó e 2003 esta decisión con la finalidad de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para combatirla y prevenirla. La fecha suele coincidir con la presentación, en todo el mundo, del índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional. 

Para cumplir con la efemérides como en años anteriores nada mejor que traer a la bitácora la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción-2011 que se presentó tan sólo hace unos días por Transparencia Internacional. El objetivo es presentar un ranking mundial de la honestidad percibida en su sector público. Para ello asigna una nota entre 0 y 10 puntos -similar a los exámenes académicos- calculada a partir de datos de 17 fuentes proporcionadas por 13 instituciones de prestigio y publicados entre diciembre de 2009 y septiembre de 2011.

De acuerdo con el índice -al que no faltan críticas- Nueva Zelanda se ve como el país menos corrupto del mundo, con Finlandia y Dinamarca compartiendo el segundo lugar. Los cincuenta primeros puestos son los siguientes:

Para el resto de los países, consulta el listado íntegro. En resumen: sólo 49 de los 183 países estudiados aprueba el examen.

Iberoamérica

En Iberoamérica se producen tímidos avances. Chile (7,2) ocupa el puesto 22 de los 183 países analizados, Uruguay (7,9) el 25 y Puerto Rico (5,6) el 39, mientras que Nicaragua (2,5), Paraguay (2,2) y Venezuela (1,9) ocuparon el vagón de cola, en los puestos 134, 154 y 172, respectivamente. Próximos al aprobado se encuentran Costa Rica ( 4,8 ) y Cuba (4,2), seguidos por Brasil ( 3,8 ) -por encima de China-, Colombia (3,4), El Salvador (3,4), Perú (3,4) y Panamá (3,3). Argentina y México se quedan en el 3,0 sobre diez -al nivel de Malawi e Indonesia-, y a continuación en el ránking logran situarse Bolivia ( 2,8 ), Ecuador (2,7), Guatemala (2,7), República Dominicana (2,6) y Honduras (2,6).

Cuba remonta ocho posiciones y cinco décimas, del puesto 69 al 61 y de los 3,7 a los 4,2 puntos; El Salvador adelanta 47 posiciones y nueve décimas con respecto al informe de TI de 2010; y Costa Rica cede, por su parte, cinco décimas y nueve puestos.

Europa

Sin embargo, los europeos no estamos para echar las campanas al vuelo. Las conclusiones nos dedican un interesante párrafo:

“Los países de la eurozona afectados por la crisis de la deuda son algunas de las naciones de la Unión Europea que obtuvieron las puntuaciones más bajas, y esto refleja, en parte, la incapacidad de las autoridades públicas de hacer frente a los dos factores clave que impulsaron la crisis: el soborno y la evasión fiscal”.

Para despedirnos nada mejor que un homenaje a El Jueves y el capítulo de Martinez el facha dedicado a la corrupción.

Pinche aquí para ver el vídeo

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ( CNC) acaba de hacer publico que ha resuelto imponer multas por valor de más de 47 millones de euros a 47 empresas del sector de la construcción por llegar a acuerdos para repartirse y fijar los precios de las licitaciones de obras de rehabilitación de carreteras. 

El 18 de febrero de 2010, la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia acordó la apertura de un expediente sancionador contra 53 empresas del sector de la construcción por posibles prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) consistentes en acuerdos de reparto de licitaciones y fijación de precios de cara a concursos públicos para la rehabilitación y pavimentación de firmes y carreteras. La incoación de este expediente fue el resultado de una información reservada abierta por la Dirección de Investigación de la CNC tras una denuncia. En el marco de dicha información reservada se realizaron el 15 de octubre de 2009 inspecciones en las sedes de seis de las empresas implicadas.

La colusión afectaba fundamentalmente a licitaciones convocadas por el procedimiento restringido. En este tipo de procedimientos, la Administración convoca la licitación y sólo pueden presentar su oferta las empresas que, habiéndolo solicitado, y en atención a su solvencia, establecida de acuerdo con criterios objetivos y justificados, sean seleccionadas por la propia Administración. En estas licitaciones, la Administración marca un presupuesto de referencia y las empresas seleccionadas deben presentar sus ofertas, indicando la baja que sobre ese presupuesto están dispuestas a realizar. De los hechos acreditados en el expediente resulta que las empresas seleccionadas en estos procedimientos mantenían contactos y se reunían para intercambiarse información sobre las bajas que tenían previstas. A partir de ello, acordaban cuál sería el importe de la baja ganadora así como el del resto de ofertas. Estas bajas (entre 1% y 6%) resultaban mucho menores que las que se observan en condiciones competitivas (entre el 15-30%).

De esta forma, la empresa ganadora obtenía un mayor presupuesto para la obra a costa de que la Administración pagara un precio mayor. La empresa ganadora compensaba económicamente al resto de competidores en la licitación por presentar sus ofertas modificadas. Algunos de los pagos acordados han sido detectados en las contabilidades de dos de las empresas involucradas en los acuerdos. También se ha obtenido evidencia de los pagarés emitidos entre empresas.
En total se han acreditado acuerdos para modificar las ofertas durante los años 2008 y 2009 en catorce licitaciones públicas de conservación, mejora, renovación y rehabilitación de firmes y plataformas convocados en todo el territorio nacional. Una habría sido convocada por Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (PROVILSA, empresa pública de la Junta de Castilla y León) y las trece restantes por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

La colusión en las licitaciones o “bid rigging” constituye una de las conductas anticompetitivas más graves. En este caso, el mayor precio pagado por la Administración por la ejecución de estas obras tiene un impacto presupuestario que afecta a todos los contribuyentes. La Dirección de Investigación de la CNC ha constatado que sólo en ocho de las catorce subastas restringidas de rehabilitación de carreteras la conducta ilícita aquí perseguida ha ocasionado un perjuicio al erario público y, en definitiva, a los contribuyentes de más de 14 millones de euros.

Esta práctica supone además una distorsión del funcionamiento de los mercados de la obra pública y puede afectar a los precios de referencia que fijan las administraciones en el resto de licitaciones de este tipo de obras de rehabilitación de carreteras.
Por todo ello, el Consejo de la CNC considera acreditada la participación de 47 empresas en los acuerdos de colusión descritos con objeto de manipular las bajas de las licitaciones de las obras públicas y ha resuelto imponer multas por valor de más de 47 millones de euros.

Consciente de la importancia de evitar este tipo de conductas, recientemente la Comisión Nacional de la Competencia publicó una Guía para la Contratación Pública, en la que, basándose en estudios realizados por organismos internacionales tales como la OCDE, exponía que la colusión en la licitación pública suponía un encarecimiento de aproximadamente el 20% de los contratos, con manifiesto perjuicio para las cuentas públicas y paralelo enriquecimiento ilícito de quienes en tales conductas participan. Lo acertado de estas apreciaciones se ha puesto de manifiesto en este expediente.

¿Trabaja usted con alguien que nunca aspira a un ascenso y no da ninguna explicación razonable? O bien de estilo de vida que parece excesivo para sus ingresos; que acapara información y despacha a solas con los proveedores. Ese empleado melodramático y arrogante; incluso agresivo cuando es desafiado, parece infeliz en el trabajo y poco innovador, que se rodea de incondicionales pero nunca delega y rara vez toma las vacaciones enteras … Es la radiografía de un defraudador. 

El estudio de KPMG titulado ¿Quién es el defraudador típico? (Who is the typical fraudster?), contiene un análisis de 348 casos investigados en 69 países desde 2008 hasta 2010, en el que se identificó al defraudador típico como:

Un varón de 36 a 45 años de edad, que ejerce desde hace más de 10 años un puesto de alta gerencia en el área relacionada con las finanzas y que normalmente trabajaría con un cómplice.

Como ocurre en estos casos (a toro pasado) el 56% de los fraudes investigados había emitido una o más señales de alarma que deberían haber llamado la atención de la dirección, pero sólo se actuó en el 10% de los casos antes de requerir una investigación completa.

El informe identifica algunas características del defraudador:

• Se comporta de manera voluble y dramática, arrogante y con una actitud de confrontación o agresividad al ser cuestionado
• El desempeño o habilidades de los nuevos empleados en su unidad no reflejan experiencia anterior consignada en sus currículum vitae
• Falta de confiabilidad y propensión a errores y bajo rendimiento, con una tendencia a hacer trampas y / o romper las reglas, pero intentando evadir la culpa y la responsabilidad por sus errores
• Infeliz, al parecer estresado y bajo presión, mientras acosa e intimida a sus colegas
• Rodeado de “favoritos” o empleados que no cuestionan su comportamiento.
• Los vendedores /proveedores sólo aceptan tratar con este individuo, quien también puede aceptar generosos regalos que resultan excesivos o contrarios a las normas corporativas
• Persistentes rumores o indicios de malos hábitos personales, vicios, posiblemente con un estilo de vida que parece excesivo para sus ingresos o, aparentemente, excedido en sus finanzas personales
• Autointeresado y preocupado por su propia agenda, y con oportunidades para manipular sus recompensas personales

Denuncia

Ya hemos hablado en esta bitácora del debate producido en EEUU para regular la denuncia recompensada. Esto nos lleva a un debate histórico en el sector público español: la denuncia anónima. En Latinoamérica no sólo está permitida sino que está fomentada. Paseando por la calle puedes ver en los laterales de los autobuses urbanos anunciado el teléfono gratuito donde realizarla.

En el conocido Caso Palau, consta en el sumario que Hacienda ignoró, en 2002, una denuncia anónima que advertía del saqueo de la institución catalana y de la doble contabilidad que llevaba el principal inculpado. No se investigó su contenido por “su carácter anónimo, su falta de justificación, así como su escasa trascendencia fiscal”, recuerda el entonces Delegado de la AEAT en Cataluña.

En España, el Tribunal de Cuentas no admite denuncias anónimas. La Agencia Tributaria mantienen en su portal institucional un ventanilla de “denuncia tributaria” que exige DNI y/o certificado electrónico. No es anónima sino reservada. De la misma manera, la web policía.es incluye una pestaña de la Oficina Virtual de Denuncias, tanto por internet como por teléfono, que deben ser ratificadas y firmadas en la comisaria de nuestra elección, dentro de las próximas 48 horas . Es muy útil para los robos de vehículos dónde la inmediatez es importante y está permitido expresamente para las “estafas”. Lo más interesante es que entienden no sólo el español, sino el ingles, el alemán , el francés y el italiano. También encontramos una pestaña de colaboración ciudadana que debe ser ratificada y firmada posteriormente. Por lo tanto, no admiten denuncias anónimas.

Sin embargo, la prensa recoge con cierta frecuencia la existencia de este tipo de denuncias en muchos ámbitos (sobre todo en los casos de corrupción urbanística) y no falta quien considera necesario un serio debate para su regulación y admisión. En principio, nada impide que “un soplo” de a conocer una información relevante y excite el celo de un funcionario en una determinada línea de investigación o fiscalización. Pero también podría no hacerlo.

Para terminar os presento una experiencia del mundo local, que demuestra que, en este asunto, se puede esquivar la ausencia de marco normativo. Se trata de la policía local de la localidad canaria de La Guancha, donde llegué a través de google buscando experiencias de denuncias anónimas. Parece un buen experimento para recopilar información menor en una comunidad pequeña y quizás por eso es tolerado.

Una versión de este artículo fue publicada en La Nueva España

De izquierda a derecha, los profesores Fdez. Llera, Canales, Berrueta, Barahona y Dehling escuchando al doctorando Helio MIleski.

El lunes pasado, el Consejero del Tribunal de Cuentas de Rio Grande do Sul, Helio Saul Mileski, obtuvo la máxima calificación para su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, dentro de la Escuela de posgrado en Estado de Derecho y Buen Gobierno. Faltaba el director de la tesis, Pedro Nevado, que ese mismo día tomaba posesión de su cargo de Consejero de Administración Pública de la Junta de Extremadura.

Hoy tenemos ocasión de presentar y felicitar a dos colaboradores y comentaristas de esta bitácora, que han sido premiados en dos prestigiosos foros profesionales. Se trata de José Antonio Fernández Ajenjo y Teresa Moreo Marroig.

“Premio Tribunal Europeo de Cuentas para la investigación en auditoría del sector público”

El Tribunal de Cuentas Europeo a decidido otorgar el Premio de este año para la investigación en auditoría del sector público -que lleva el nombre de Jesús Lázaro Cuenca- a los doctores Sara Belleil (Francia) y José Antonio Fernández Ajenjo (España). El galardón consiste en una medalla conmemorativa, con 5.000 euros de premio para la investigación académica vinculada a la auditoría pública y a la misión del Tribunal de Cuentas.

La Tesis de José Antonio F. Ajenjo se titula “El control de las Administraciones Públicas y la lucha contra la corrupción: Especial referencia al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la Administración del Estado” (descargar) y fue dirigida por el Dr. D. Ricardo Rivero Ortega, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca.

El galardón está dirigido a académicos europeos para su tesis en los ámbitos de la teórica y/o estudios empíricos relacionados con la auditoría del sector público, en particular dentro de un contexto de la Unión Europea. El premio está abierto a todos los postgraduados de las universidades de la Unión Europea que hayan escrito una tesis doctoral después del 1 de enero de 2008.

Los miembros del comité de selección fueron: el Sr. Anton Antončič, antiguo miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, el Sr. Árpád Kovács, profesor de la Universidad de Szeged, además de ex presidente de la Oficina Húngara de Auditoría y ex Presidente del Comité Directivo de INTOSAI, y la Sra. Lourdes Torres Prada, catedrática de la Universidad de Zaragoza. Los dos ganadores serán invitados a recibir el premio en persona y ofrecer una breve conferencia el 5 de julio próximo, en Luxemburgo.

XIII Premio “Auditoría Pública”.

Por otra parte, Teresa Moreo Marroig, ha sido galardonada con el Premio (ver bases) Auditoría Pública por el artículo titulado “Los convenios. Distinción entre las tres figuras jurídicas: subvención, contrato” publicado en mayo de 2010 en el número 50 de la Revista Auditoría Pública.

Teresa Moreo, comentarista habitual en esta bitácora desde años, es Licenciada en Derecho y funcionaria del cuerpo superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares. Su trabajo, durante los últimos doce años, se ha desarrollado en la Intervención General, siempre ligado a las funciones del control previo y en la actualidad en el puesto de interventora delegada en la Consejería de Economía y Hacienda, continuando en el control de los expedientes que han de ser sometidos a la autorización previa del Consejo de Gobierno así como de las propuestas de resolución de discrepancias.

Directamente ha participado en la implantación y seguimiento del sistema informático de expedientes de contratación SEINCO, sistema integrado de documentos, trámites y documentos contables, experiencia pionera en el ámbito nacional que se inició en el año 2000 en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y que busca la  perfección diaria.

Teresa compagina todas estas tareas con la docencia impartiendo cursos de formación organizados por el EBAP así como cursos de selección de interventores y secretarios, de la escala de funcionarios con habilitación estatal. Otras funciones propias del cargo como la participación como vocal representante de la Intervención en la Comisión de clasificación de los contratistas de obras de la Junta Consultiva de Contratación.

Recibirá el galardón (y el cheque de 4.000 euros) durante el curso de verano a celebrar en Maspalomas (Gran Canaria) lo que ya , en si mismo es una magnífica distinción.

La prensa española destaca la encuesta elaborada por Ernst & Young, que evidencia como nuestros directivos justifican el pago de sobornos cuando contribuyen al crecimiento de la empresa. Un tercio lo toleran, a diferencia de la media de la Unión Europea (UE), donde sólo el 19 % de los miembros de la dirección estarían a favor de “tomar atajos” para conseguir un negocio.

Sin embargo, el dato más decepcionante es que el 82 % de los empleados españoles desconfía de la ética de sus directivos -veinte puntos por encima de la media europea. En España, el 42 % de los encuestados considera que la corrupción se ha incrementado en los últimos dos años como consecuencia de la “precaria situación económica”.

El estudio (ver resumen en castellano) atribuye esta situación a la escasa cultura anticorrupción y antifraude de las empresas españolas: tan sólo el 49% de los encuestados reconoce que su empresa dispone de una política anticorrupción y un código de conducta, frente al 56 % de la media de la UE, en tanto que apenas el 19 % afirma haber recibido formación en éste ámbito, dato alejado del 38 % de sus colegas europeos.

Europa

En 2006, E&Y realizó su primera encuesta para conocer las percepciones de los trabajadores de las organizaciones europeas hacia los riesgos de fraude y cómo la dirección estaba respondiendo a estos retos. Desde entonces, el tamaño y el alcance de la encuesta han aumentado significativamente.

La Encuesta de Fraude Europeo 2011 refleja las opiniones de más de 2.300 entrevistados – desde la base a la alta dirección- en 25 países. Contrasta las opiniones que se encuentran en los mercados maduros de Europa -frente a los que se encuentran en desarrollo- en cuestiones como:

• Percepciones de los empleados de fraude, el soborno y la corrupción
• las respuestas de las empresas a los desafíos planteados por los riesgos de fraude
• La respuesta de los organismos reguladores para hacer cumplir la ley

Los caza-recompensas made in USA

Sin embargo, la normativa de EEUU es bastante más expeditiva. Allí, se permite a los empleados de las empresas cotizadas “aprovechar plenamente las ventajas del programa de denuncias a la SEC”. De esta manera, la Ley Dodd-Frank, aprobada el verano pasado -y creadora de Oficina de Investigación Financiera- intenta premiar a los denunciantes de grandes sociedades que conduzca a sanciones superiores al millón de dólares.

En este escenario –pensado en defensa del consumidor- un empleado, por ejemplo, podría aportar “información original”  sobre un soborno en su empresa y si, tras la investigación, los informes de la SEC descubren mayores problemas, el denunciante podría recibir una recompensa acumulando todas las infracciones detectadas: entre 10 y 30 por ciento del total de las sanciones pecuniarias impuestas.

Estos días se está debatiendo su aplicación práctica y la Cámara de Comercio de EEUU ha advertido que combatirá la norma, argumentando que se fomenta la aparición de “detectives aficionados en busca del premio gordo”. Seguiremos este interesante e intenso debate.

Cultura de prevención

El magistrado Vicente Magro Servet publica hoy en el diario jurídico La Ley un artículo titulado “Hacia la necesidad de implantación del plan de prevención jurídica en las empresas” donde, tras la aprobación el año pasado de la Ley Orgánica 5/2010 y del nuevo art. 31 bis del Código Penal -que deriva responsabilidad penal a las empresas- realiza un análisis de la exigencia legal de implantar un plan de prevención jurídica en las mismas, por las actuaciones de sus directivos y empleados, como factor mitigante o exonerador de responsabilidad de la persona jurídica.

Ante esta novedad legislativa, el autor avanza los requisitos que debería reunir este programa de prevención normativa o compliance program ya implementado en el derecho comparado con mucha eficacia. Pocos autores se han atrevido a hacerlo, destacando la propuesta que al efecto efectúa en su estudio Gómez-Jara, de entre las que destacamos:

• a) Código de conducta escrito.
• b) Supervisión de esfuerzos de cumplimiento por personal cualificado.
• c) Reforzamiento mediante sistemas efectivos de control y auditoría.
• d) Reforzamiento mediante procedimientos disciplinarios.
• e) Adopción de medidas cautelares tras detección de una infracción.
• f) Seguimiento de una formación continuada a directivos y empleados.
• g) Comunicación efectiva de los estándares y procedimientos de los códigos de conducta.

A éstas añade Vicente Magro las siguientes:

• h) Un programa específico diferente de formación y prevención para directivos y para empleados, a fin de fijar marcos de prevención distintos porque distintas son sus vías de actuación y posibilidades de actuación delictiva.
• i) Formación específica obligatoria en los tipos penales que a la empresa le genera responsabilidad antes expuestos en el listado.
• j) En las grandes empresas debería designarse un nuevo puesto de trabajo denominado «director de implementación de los planes de cumplimiento normativo», lo que haría más evidente el cumplimiento de esta obligación empresarial.
• k) Estar en condiciones de acreditar el cumplimiento de la ejecución de regulares prácticas de evaluación interna de la revisión de sus propios programas de cumplimiento normativo; programas de cumplimiento que deberían ser obligatorios en su seguimiento por estos, no voluntarios:

“ya que en este último caso podría decirse como alegato de que no se exonerase a la empresa de responsabilidad por la Fiscalía que una cosa es que el programa esté implantado y otra que el programa se ejecute, ya que siendo voluntario no se acreditaría su ejecución, y tampoco la revisión y actualización de sus contenidos”.

• l) Las grandes empresas deberían designar “una persona encargada de conocer qué está pasando en la empresa a alguna persona, directivo o empleado, o a las operaciones que se llevan a cabo”. Es el director de detección de posibles fallos de importancia en la conducta de directivos y/o empleados.
• m) Sistema de evaluación de riesgos o risk assessment.
• n) Documentación adecuada del programa de cumplimiento normativo, lo que conlleva que éste debe estar escrito y en poder de directivos y empleados.

Y algunos otros más. Como colofón, os recomiendo que veáis “Cuestión de principios”, una deliciosa  película argentina sobre el papel de la ética en el mundo de los negocios, que os hará reflexionar sobre el asunto.

El diario El País se hace eco del informe de seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. Se trata de la tercera ronda de evaluación, aprobada por el GRECO en su 50ª sesión plenaria, celebrada en Estrasburgo el 1 de abril pasado.

En el portal institucional puede seguirse el status de los diversos países miembros con sus respectivos informes, donde por cierto algunos de los 49 Estados miembros del Consejo de Europa no aparecen evaluados en ninguna de las tres ocasiones, como Bielorrusia, Bosnia, Georgia, Rusia y Ucrania, además de los paraísos de Mónaco, Liechtenstein, San Marino o Suiza. Dentro de los los países grandes destaca la ausencia de Italia, que carece siquiera de informe de evaluación ni de seguimiento de recomendaciones.

Respecto al Informe de Cumplimiento de España, tiene dos partes que analizan de las medidas adoptadas por las autoridades españolas para poner en práctica las 15 recomendaciones formuladas en 2009 (las anteriores datan de 2000 y 2003) por el Informe de Evaluación de la Tercera Ronda en España, que abarca dos materias diferentes, a saber:

-Tema I: Implantación de penas por conductas de la Convención de Derecho Penal sobre Corrupción.

-Tema II: Transparencia de la financiación de los partidos: recomendaciones sobre normas comunes contra la corrupción en la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales.

El documento (puede descargarse en pdf, en francés y en inglés ) concluye que España sólo ha ejecutado de forma satisfactoria cinco de las quince recomendaciones del Informe de Evaluación de 2009. 

Así, respecto a la primera materia, la penalización de las conductas previstas en el Convención de Derecho Penal sobre Corrupción, tres recomendaciones se han aplicado satisfactoriamente, dos se han abordado de manera satisfactoria y cuatro se han aplicado parcialmente.

En cuanto a la segunda materia,  la Transparencia de la financiación de los partidos, tres recomendaciones se han aplicado parcialmente y otras tres no se han aplicado en absoluto.

España ha introducido importantes mejoras en cuanto a la penalización del soborno, según lo dispuesto por las últimas modificaciones al Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010. Además, España ha ratificado el Convenio penal sobre la corrupción y su Protocolo Adicional en 2010 y 2011, respectivamente. La adhesión a estos dos instrumentos, que el GRECO considera “vitales en la lucha contra la corrupción” ha preparado las condiciones para hacer nuevos ajustes a la legislación nacional, incluidas las relacionadas con el soborno de funcionarios extranjeros y organizaciones internacionales, la corrupción de árbitros y miembros del jurado.

Aunque la criminalización de la corrupción en España cumple en gran parte a los requisitos de la Convención, para el GRECO “siguen siendo necesarios algunos ajustes legislativos en cuanto a las infracciones de tráfico de influencias y la corrupción en el sector privado”.

Partidos políticos

Los avances realizados en materia de transparencia en la financiación de los partidos políticos son mucho más modestos. Aunque el GRECO “acoge con satisfacción el interés demostrado por el Tribunal de Cuentas a las cuestiones planteadas en el Informe de Evaluación se considera que España debe tomar iniciativas más decisiones en este ámbito, incluyendo (como mínimo) cambios de legislativos con el fin de mejorar la transparencia de las cuentas de los partidos políticos y las campañas, reduciendo así las oportunidades de corrupción en un sector que se identifica como especialmente proclive”.

Para GRECO, estos cambios deben centrarse en las siguientes áreas: la regulación de los préstamos, la consolidación de las cuentas de los partidos políticos (que debe incluir los ingresos y gastos detallados de las sucursales locales y las entidades o fundaciones vinculadas), el fortalecimiento del control interno de los partidos políticos, el desarrollo de un sistema más amplio de sanciones y la mejora de los recursos del Tribunal de Cuentas que mejore las condiciones para cumplir con sus responsabilidades de supervisión y sanción. Como ya hemos comentado en la bitácora, el Tribunal no ha tenido colaboración suficiente ni podido cruzar datos con el Banco de España que ha negado información sobre los créditos de los partidos por lo que había aprobado el 24 de junio pasado 15 propuestas de modificación legislativa en materia de financiación electoral que se derivaban de su Informe de Fiscalización de las contabilidades de las elecciones Generales de 2008.

Recordemos que el órgano fiscalizador ya señaló que, con carácter general, las cuentas anuales de los partidos no representan en toda su amplitud la actividad económico financiera de la organización local ni la de los partidos en los ayuntamientos.

En resumen …

Teniendo en cuenta las anteriores conclusiones, el GRECO da una de cal y otra de arena y señala que España ha hecho esfuerzos concretos para aplicar las recomendaciones sobre tipificación y penalización de prácticas corruptas, por lo que “debe felicitar a las autoridades por sus esfuerzos en esta área”. Sin embargo, se tomaron pocas medidas para disipar los temores sobre transparencia de la financiación de los partidos, donde “aún queda mucho por hacer en este ámbito por lo que invita a la delegación española a presentar información adicional sobre la aplicación de las recomendaciones antes del 31 de octubre de 2012.

El asunto permite al Editorial de El País concluir:

El descorazonador informe del Greco ha venido a recordar que, pese a la omnipresencia de la corrupción en el debate político español, los partidos están más dispuestos a utilizarla como arma electoral que a emprender reformas legales que permitan avanzar en la prevención y la depuración de responsabilidades. Hasta ahora, la estrategia común ha consistido en magnificar los casos ajenos para alejar la atención de los propios, en el sobrentendido de que, finalmente, unos escándalos neutralizarán electoralmente a otros.

Ya hemos dedicado alguna entrada anterior al “arte de regalar”, aludiendo a estos presentes como una “tecnica de comunicación” de la empresas con sus clientes, como usos sociales aceptados comúnmente. En uno de los primeros artículos de esta bitácora presentamos las dificultades de los regalos en la Administración, en la frontera del cohecho.

Poco más hay que decir, salvo que hoy, fecha propicia para regalos, entra en vigor la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica el Código Penal al que todos debemos echar un vistazo. Tipifica el regalo o dádiva en el sector privado (corrupción entre particulares) exigencia de una directiva de la Unión Europea, pues como sabéis, hasta ahora sólo existía en la administración pública.

Para los funcionarios o autoridades, el cambio más importante es que todo regalo recibido de un particular en consideración a su cargo o función podrá ser punible para el particular, aunque éste no pretenda que el funcionario realice un acto ilícito. Así regalar un viaje en avión privado a un político o no cobrarle unos trajes sin ningún propósito perverso, pero en consideración a su cargo, constituirá un delito para el empresario y no sólo para el político. Los regalos valiosos nunca pueden ser justificados como usos sociales aceptados comúnmente.

En el siglo III, el jurista Ulpiano se preguntaba qué regalos podían aceptar los altos funcionarios del imperio. Su consejo era: “Ni todo, ni siempre, ni de todos … rehusar de todos es una falta de educación, pero aceptar siempre parece de indecentes, despreciable aceptar de todos, y avaricioso aceptarlo todo”. Prudente el jurisconsulto romano.

Esquema de la reforma

De la reforma que hoy entra en vigor destacamos las siguientes novedades:

1. Acoso laboral o mobbing.- Se tipifica como delito (art. 173.1) en cualquier relación laboral y prevaliéndose de su relación de superioridad, se produzcan de forma reiterada actos humillantes u hostiles sin llegar a constituir trato degradante.
2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.- Importante novedad que las personas jurídicas (empresas, instituciones, etc.) respondan penalmente de sus actos y los cometidos por sus administradores o empleados y directivos a su supervisión. Siempre que no se hayan establecido los controles internos adecuados de prevención o los empleados hayan cometido el delito por cuenta y nombre de la empresa (artículo 31 bis). buenas noticias para los auditores internos.
3. Acceso ilegal a sistemas y daños informáticos.- Sanciona el acceso sin autorización a datos o programas informáticos (art. 197.3) así como el sabotaje informático (art. 264).
4. Estafa con utilización de tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje (art. 248.2.c). Además su falsificación ya no se considera una falsificación de moneda, sino documental, con lo que ya no es competencia de la Audiencia Nacional.
5. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.- Se concreta la acción típica de este delito.
6. Abuso de mercado.- Ya es delito la difusión de rumores con datos económicos falsos (art. 284-2) a sabiendas de que lo son, siempre que persiga un beneficio económico y se reordena el uso de información privilegiada (art. 284-3).
7. Blanqueo de capitales.- A las conductas típicas de adquisición, conversión y transmisión de bienes procedentes de un delito, se añaden ahora las conductas de posesión y utilización de esos bienes.
8. Delitos contra ordenación del territorio y Urbanismo.- Se reordenan las conductas delictivas en relación de obras y la concesión de licencias y, en la prevaricación urbanística, se amplía el ámbito de los objetos sobre los que puede recaer la decisión injusta.
9. Delitos contra el Medio Ambiente.- Con novedades en cuatro grandes bloques: transporte y gestión de residuos, protección de la capade ozono, protección de hábitats de especies amenazadas y radiaciones ionizantes.

San Salvador. Foto del facebook de Javier Suárez Pandiello

En la resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003, la Asamblea General proclamó el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción. Esta decisión se tomó con la finalidad de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para combatirla y prevenirla. Ya hemos comentado es esta bitácora la celebración.

El Barómetro Global de la Corrupción, presentado hoy por el capítulo español de Transparencia Internacional, es una encuesta de opinión pública realizada este verano en 86 países para evaluar las percepciones y experiencias de corrupción y soborno del ciudadano. En 2010, la encuesta fue realizada a 91.781 personas por Gallup International para Transparency International, salvo en Bangladesh (que estuvo a cargo de la propia TI Bangladesh) y en Mongolia (que fue realizada por la Autoridad Independiente contra la Corrupción de ese país).

Conclusiones

Las principales conclusiones del Barómetro 2010 son:

En todo el mundo, se percibe que los niveles de corrupción han aumentado en los últimos tres años.

- Casi seis de cada diez personas informan de que los niveles de corrupción de su país han aumentado a través de los años. El aumento más importante es el percibido por los encuestados de América del Norte y la Unión Europea.

Los partidos políticos son señalados como la institución más corrupta en todas partes del mundo

- Ocho de cada diez personas consideran a los partidos políticos como corruptos o extremadamente corruptos. Por detrás de ellos se encuentran el funcionariado, el poder judicial, el congreso y la policía.

- Con el paso del tiempo, ha empeorado la opinión pública sobre los partidos políticos y mejorado sobre el poder judicial.

- Las experiencias de hechos de soborno administrativo son generalizadas, y no han registrado variaciones si se las compara con el año 2006.

- La policía es señalada como la institución que ha recibido sobornos con mayor frecuencia en los  últimos 12 meses. La policía también ha registrado el mayor incremento en recibir sobornos a lo largo del tiempo, según las opiniones del público en general.

- En ocho de los nueve servicios evaluados, las personas de menos ingresos se ven obligadas a pagar más sobornos que las de mayores ingresos.

- La razón más frecuente para pagar sobornos es “evitar un problema con las autoridades”.

- Las medidas del gobierno para combatir la corrupción suelen verse como poco eficaces.

En todo el mundo, una de cada dos personas considera que las medidas tomadas por su gobierno son ineficaces en lo que respecta a detener la corrupción.

Si bien las perspectivas globales no han cambiado a lo largo del tiempo, las opiniones sobre el actuar gubernamental han empeorado en Asia Pacífico, América Latina y el África subsahariana.

Existe un bajo nivel de confianza en las entidades formales para combatir la corrupción.

- Una de cada cuatro personas de todo el mundo no confía en ninguna institución “sobre las demás” para combatir la corrupción.

- Casi una de cada cuatro personas confía principalmente en los medios de comunicación o el gobierno para frenar la corrupción.

Existe una creencia generalizada de que el público puede jugar un papel en reducir la corrupción, y la disposición a denunciar actos corruptos.

Al llevar a cabo el Barómetro 2010, se pidió a los encuestados que dieran su opinión sobre cómo 11 instituciones y sectores clave de su país se encuentran afectados por la corrupción. Dicha lista está integrada por el funcionariado5, el sistema educativo, el sistema judicial, los medios de comunicación, el ejército, organizaciones no gubernamentales, el parlamento/congreso, la policía, partidos políticos, el sector privado y organizaciones religiosas.

En el ámbito global, los partidos políticos se consideran los más afectados por la corrupción: casi el 80 por ciento del total de encuestados considera que son corruptos o extremadamente corruptos. Coincidente con la media de la Unión Europea, el resultado para España es el siguiente:

La puntuación de 1 a 5, va desde “1-nada corrupto” hasta “5-muy corrupto“. La nota empeora con respecto a la de 2009, cuando, por ejemplo, la percepción de la corrupción de los partidos españoles se situaba en un 3,6.

Actividades en todo el mundo

Del blog de Transparencia Internacional entresacamos los principales actos que hoy se desarrollan en todo el mundo:

• El capítulo colombiano está poniendo en marcha la edición 2010 del Índice Nacional de Corrupción con un evento de debate sobre la corrupción del Día de Lucha contra, mientras que Ética y Transparencia en Nicaragua se abrirá un largo día de exposición y tres más de un concurso de pintura sobre los efectos de la corrupción. Proética en el Perú tendrá un stand en el Parque Kennedy, Lima.
• En Bangladesh , las actividades de este año se llevará a cabo bajo el lema: Queremos Buen Gobierno e Igualdad de Derechos para Todos – Queremos un eficaz control de la corrupción. Incluye un concurso nacional de dibujos animados, un concurso de debate nacional de los estudiantes universitarios, sobre el medio ambiente y la corrupción, el lanzamiento de un sello de lucha contra la corrupción, así como muchas otras actividades a nivel local.
• Participación Ciudadana en la República Dominicana convocó un Premio Nacional de Integridad para reconocer el compromiso de lucha contra la corrupción. Del mismo modo, TI EE.UU. está llevando a cabo una gala Nacional de los premios de Integridad.
• TI Fiji es la celebración de una conferencia conmemorativa en colaboración con la Universidad del Pacífico Sur, mientras que en Vanuatu el capítulo organiza un drama sobre la corrupción y mostrará carteles reflexivos.
• El capítulo alemán está organizando una conferencia de un día de duración conferencia sobre la persecución de la corrupción . En Hungría, un evento por la tarde en Budapest se centrará en la protección de los denunciantes. En Irlanda, un acto público versará sobre “La limpieza de la política irlandesa”, proporcionando una oportunidad para discutir la disminución de la confianza pública en el gobierno y la política en Irlanda y explorar algunas de las soluciones a este declive. El capítulo de TI en Suiza ha organizado una serie de conferencias en tres ciudades de Suiza (Berna, Zurich y Basilea).
• TI Indonesia co-organiza un concierto de música contra la corrupción el sábado 11 de diciembre en Yakarta con bandas de música.
• Una publicación será presentada al público en Riga, Letonia : El “paso a paso a una política responsable en el Parlamento: el Manual del diputado”.
• Marruecos celebra el día en la Biblioteca Nacional de Rabat, con una serie de actividades artísticas y reuniones.
• Un programa a nivel nacional se ha organizado en Nepal, bajo el lema “Promover la buena conducta: Hacer campaña con éxito frente a la corrupción “.
• En Moscú, Rusia, una jornada de puertas abiertas se llevará a cabo en el Laboratorio de Políticas de lucha contra la corrupción (PUL AP) en la tarde.

“Sólo los pajaritos cantan por amor” nos dice el Diccionario del corrupto editado en Chile, reflejando el término utilizado allí para solicitar alguna retribución o beneficio por un funcionario corrupto. Es su solución corrupta a los males de la burocracia. En Brasil, la denominación de la influencia administrativa (el clásico enchufe hispano) es muy gráfica: “pistolao”; en Colombia “palanca” y en Argentina “cuña”. Un mal que azota el mundo.

La corrupción es el abuso del poder para beneficio propio. Esta es la definición utilizada por organización Transparencia Internacional (TI) y se aplica tanto al sector público como al privado. Todos los años, esa organización elabora el  Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que clasifica a los Estados de acuerdo con el grado de corrupción que percibe en el sector público. Hay más de 200 naciones soberanas en el planeta y el IPC  clasifica a 178 de ellas.

Esta semana se presenta en todo el mundo el IPC-2010. En España, la presentación ha corrido a cargo de D. Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional-España, D.Antonio Garrigues Walker, Patrono de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, D. Jesús Sánchez Lambás, Director General de la F.O.G.M, y D. Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política.

Acto de presentación de los resultados del IPC-2010. De izquierda a derecha: Manuel Villoria, Jesús Lizcano y Jesús Sánchez Lambás

Índice de Percepción de la Corrupción 2010

Las encuestas utilizadas para elaborar el índice incluyen preguntas sobre abuso del poder público y se relacionan específicamente con el soborno de funcionarios, el pago de comisiones ilegales en las contrataciones públicas o la malversación de fondos públicos. De este modo, aborda los aspectos administrativos y políticos de la corrupción.

Para elaborar el índice, se combinan las puntuaciones obtenidas por los países en las encuestas y evaluaciones realizadas por expertos e instituciones, independientes y de prestigio, incluidas aquellas de especialistas que residen y trabajan en los territorios evaluados.

El IPC 2010 se basa en 13 encuestas de 10 instituciones independientes. Las fuentes de información utilizadas para su elaboración se publicaron entre enero de 2009 y septiembre de 2010. Con ellos se construye el IPC.

Tres de cada cuatro países del mundo son corruptos, pues “suspenden” en el IPC-2010, con una nota inferior a 5 puntos en una escala de 0 (Máximo nivel de corrupción) a 10 (Mínima corrupción). Puestos por orden de puntuación obtenemos la clasificación, que mostramos al final.

En el IPC 2010, Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur comparten el primer lugar, con una puntuación de 9,3. Los últimos puestos continúan ocupados mayormente por países con gobiernos inestables y, en muchos casos, con un legado de conflicto como Irak con 1,5 puntos, Afganistán (1,4 puntos) y Somalia, con 1,1, que cierra esta ominosa tabla.

Sin embargo, destacan por la cola algunos Estados “ultracorruptos”, sin conflicto bélico, como Rusia (154 puesto, con un miserable 2, 1) o Venezuela (164 puesto, con un 2).

En función de estos criterios, los siguientes países mostraron mejoras de 2009 a 2010: Chile, Ecuador, Macedonia, Gambia, Haití, Jamaica, Kuwait y Qatar. Los países que mostraron un deterioro de 2009 a 2010 fueron la República Checa, Grecia, Hungría, Italia, Madagascar, Níger y los Estados Unidos. El resto se quedó en el mismo puesto que el año pasado, aunque como puede verse en la tabla del final, puede haber variado su nota.

Admito que el titular que presentamos hoy en la bitácora puede parecer algo expeditivo. Se trata de una afirmación del presidente del Tribunal Supremo peruano ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, donde debía hacer un balance de sus primeros seis meses de gestión. Un arrebato de sinceridad que despertó del sesteo a sus señorías con unas singulares declaraciones frente a la indiferencia de algunos sectores ante el trabajo de la comisión. “Quieren pasar por puros, pero hacen gárgaras con la lucha anticorrupción”, ironizó.

Quizás el magistrado quería decirnos que, en algunos casos, las fiscalías deben hacer un ejercicio de imaginación, buscando hasta debajo del asfalto. Porque, según el Banco Mundial, cada año, en el planeta, los flujos de dinero procedentes de la corrupción, de actividades delictivas y de la evasión de fondos hacia los paraísos fiscales alcanza la astronómica suma de 1,6 billones de euros.

En Europa, desde el 1 de marzo, cualquier ciudadano puede denunciar on line, ante la Oficina europea antifraude (OLAF), cualquier caso que considere sospechoso de fraude o corrupción con fondos comunitarios. El sistema se llama FNS (Fraud Notification System) y permite informar de una forma simple garantizando el anonimato del denunciante.

Por el contrario, podíamos haber comenzado con el sensato titular de La Nueva España, en una entrevista con el magistrado asturiano David Ordoñez, que nos recuerda que “el precio de la libertad es la vigilancia eterna”, porque es un proceso continuo, que debe hacerse día a día, con mecanismos permanentes de control.

Ordoñez, en un reciente artículo profesional, de gran interés (ver su web y publicaciones), pone muchos ejemplos de corrupción europea, de violación cotidiana de los principios de igualdad, objetividad y transparencia en materia de contratación pública y recuerda que, además, sus Directivas sustantivas recogen una previsión expresa relativa a la lucha contra la corrupción de modo que excluyen de la licitación a aquellos que hayan sido condenados por aquellas prácticas.

Maquillajes

El asunto no es una cuestión “de funcionarios” pues afecta a los mecanismos de supervisión de las más Altas Instituciones. Debemos recordar como algunas prácticas contables de Grecia o Bulgaria han puesto en entredicho la imagen fiel de sus cuentas anuales. Como conclusión: durante el mes pasado, los ministros de asuntos exteriores europeos pactaron unánimemente otorgar poderes de auditoría a EUROSTAT.

¿Con qué alcance? Pues, la oficina europea podrá realizar visitas “metodológicas” a los países de la UE para “controlar los procesos y verificar las cuentas” siempre que se aprecien “riesgos significativos o problemas con respecto a la calidad de los datos”. Durante esas visitas, los funcionarios de Eurostat tendrán “derecho a acceder a las cuentas de todas las entidades públicas a nivel central, estatal, y local”, según el texto del Reglamento.

Pero no son los únicos. Los relevos políticos traen energías renovadas y ganas de mirar debajo de la alfombra. Son como niños. Así, entre los ejemplos recientes, destaca el primer ministro británico, el conservador David Cameron, anunció al poco de llegar al poder, una auditoría de las cuentas del Gobierno laborista durante el último año tras detectarse varios casos de gastos “disparatados“.

El uso de las auditorías como arma arrojadiza del sucesor frente al predecesor, es una constante política, en sentido amplio. El Barça también ha sido protagonista de ese furor. Podéis ver en este interesante artículo la respuesta de Xavier Sala al nuevo equipo que rehacía las cuentas anuales de la directiva saliente. La verdad es que, con frecuencia, las cosas no son blancas o negras.

Dentro de un año volverán a reproducirse estas peticiones en las Administraciones que sufrirán elecciones locales y autonómicas. Conviene dejar aseado el patio por si llega el relevo. Pero más pronto que tarde, sin duda, el sucesor será algún día sucedido y entonces probará un poco de esa medicina. Así es la vida.

La importante modificación del Código Penal que ayer publicó el Boletín Oficial del Estado, afecta a multitud de delitos, algunos de los cuales tienen relación con la función pública y la corrupción. En esa dirección, quiero destacar dos aspectos de la reforma.

Penas a las personas jurídicas

Se regula de manera pormenorizada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Son numerosos los instrumentos jurídicos internacionales que exigían una respuesta penal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, ataques a sistemas informáticos…). Esta responsabilidad únicamente podrá ser declarada en aquellos supuestos donde expresamente se prevea.

Para la fijación de la responsabilidad de las personas jurídicas se ha optado por establecer una doble vía: se añade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados y, por otra parte, se deja claro que la responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona física.

Así, se concreta un catálogo de penas imponibles a las personas jurídicas, añadiéndose –respecto a las hasta ahora denominadas consecuencias accesorias (disolución, suspensión de actividades, clausura de establecimientos…)–, la multa por cuotas y proporcional y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social.

Al objeto de evitar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas pueda ser burlada por una disolución encubierta o aparente o por su transformación, fusión, absorción o escisión, se contienen previsiones especificas donde se presume que existe la referida disolución aparente o encubierta cuando aquélla continúe con su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, trasladándose en aquellos casos la responsabilidad penal a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y extendiéndose a la entidad o entidades a que dé lugar la escisión.

Corrupción privada

Otro de los aspectos importantes de la reforma es la transposición de la Decisión Marco 2003/568/JAI, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado. La idea fuerza en este ámbito es que la garantía de una competencia justa y honesta pasa por la represión de los actos encaminados a corromper a los administradores de entidades privadas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho.

Nuestro legislador ha considerado conveniente tipificar penalmente las conductas más graves de corrupción en el deporte. En este sentido se castigan todos aquellos sobornos llevados a cabo tanto por los miembros y colaboradores de entidades deportivas como por los deportistas, árbitros o jueces, encaminados a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva, siempre que estas tengan carácter profesional. Parece que la experiencia italiana ha aconsejado ir anticipando estos fenómenos.

Corrupción pública

En los delitos de cohecho se han producido importantes cambios dirigidos a adecuar nuestra legislación al Convenio Penal sobre la corrupción del Consejo de Europa y al Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, extendiendo el concepto de funcionario para que alcance también al funcionario comunitario y al funcionario extranjero al servicio de otro país miembro de la Unión Europea.

A través de las Leyes Orgánicas 3/2000 y 15/2003 se habían incorporado a nuestro Código Penal el delito de corrupción de funcionario público extranjero en las transacciones comerciales internacionales, en cumplimiento del Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. Pese a ello, lo cierto es que la configuración del tipo penal presentaba deficiencias, lo que obligaba a dar una nueva redacción al artículo 445 para que así quepa, de una parte, acoger conductas de corrupción que no están suficientemente contempladas en la actualidad, así como regular con precisión la responsabilidad penal de personas jurídicas que intervengan en esa clase de hechos.

Sobornos en el extranjero

Ya hemos hablado en la bitácora sobre la corrupción de funcionarios y autoridades extranjeras por empresas españolas, como medio de obtener contratos en esos países. En el Reino Unido, la empresa Mabey & Johnson, dedicada a la construcción de puentes, se ha convertido en la primera en ser declarada oficialmente culpable de haber sobornado a políticos y funcionarios de Ghana, Angola, Madagascar, Mozambique, Jamaica y Bangladesh. El propio Sandam Husein estuvo en su nómina de corruptos y supongo que en otras muchas.

Tan sólo en los países en vías de desarrollo las compañías que actúan en colusión con políticos y funcionarios corruptos habrían pagado sobornos cercanos a 40.000 millones de dólares por año, según el informe 2009 de Transparencia Internacional.

Por lo tanto, la situación no debe ser inusual cuando la Dirección General de Tributos (DGT), en la consulta de fecha 05/03/2007, debió hacer frente a su tratamiento tributario y entendió que los gastos delictivos y, concretamente los pagos de sobornos a funcionarios públicos extranjeros “no serán gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades, puesto que no guardan la necesaria y legítima correlación con los ingresos y tienen la consideración de mera liberalidad”.

Recordemos que para que el gasto contable sea a su vez gasto fiscalmente deducible, será necesario que se trate de un gasto real, correlacionado con la obtención de ingresos, debidamente contabilizado e imputado al ejercicio correspondiente con arreglo al principio del devengo y debidamente justificado.

En el caso particular de los pagos de sobornos a funcionarios públicos, estos difícilmente estarán registrados contablemente como tales y soportados documentalmente mediante la correspondiente factura u otro medio de prueba generalmente admitido en Derecho. Tales conductas suelen por tanto encubrirse o camuflarse bajo la apariencia de negocios lícitos, suficientemente acreditados. La DGT tampoco admite, en dichos supuestos de simulación, su registro contable y por ende su deducibilidad fiscal.

“debe entenderse que con arreglo al ordenamiento jurídico-tributario vigente no se admite la deducibilidad fiscal de los pagos de sobornos a funcionarios públicos extranjeros, puesto que, en aquellos supuestos en que tales dádivas o promesas se hayan intentado ocultar, mediante la simulación de negocios jurídicos aparentemente licitas, la Administración tributaria deberá gravar el negocio jurídico real efectivamente realizado entre las partes, obviando los negocios o actividades ficticias que hubieran empleado como medio de cobertura.”

Tampoco cabe admitir, desde un punto de vista jurídico, la existencia de correlación entre ingresos y gastos, aunque dicha correlación pueda existir materialmente, por lo que nos encontramos ante una conducta muy próxima a la mera liberalidad, “al ser radicalmente nula la obligación de satisfacer los gastos delictivos, cabe equiparar, como regla general, el gasto prohibido por el ordenamiento jurídico a una liberalidad; gasto que en cualquier caso no estará jurídicamente correlacionado con los ingresos, por lo que en ningún caso cabría admitir su deducibilidad fiscal”. De lo contrario, se estaría otorgando carta de naturaleza a dicha conducta radicalmente prohibida mediante el reconocimiento de efectos fiscales sobre la determinación del rendimiento neto.

El asunto es viejo como la historia y me recuerda una diapositiva que me regaló Adolfo Dodero sobre el rigor de los contables castellanos que registraban hasta las sobornos.

Hoy he participado con Sevach en una interesante jornada del curso de verano de la Universidad de Oviedo sobre Impuestos. Se trata de una colaboración desinteresada por nuestra parte y cita obligada en la actividad que todos los años dirigen los jóvenes profesores de Hacienda Pública, Francisco Delgado y Roberto F. Llera.

De los muchos temas tratados para no dormir a nuestros atentos jóvenes, quiero destacar uno que puse sobre la mesa, en relación con la transparencia y el control social de la tributación de los noruegos en el Impuesto sobre la Renta. Allí, cualquier ciudadano puede acceder a las declaraciones fiscales de sus vecinos, del panadero al alcalde. En la noticia comentada, el periodista glosa esta práctica titulando “los porno-impuestos”, pues muchos suelen mirarlo pero nadie lo reconoce.

Noruega posee una sociedad madura, cuyo Estado del Bienestar es envidiado en todo el mundo. Para sostener el alto nivel de servicios públicos, los nórdicos abrieron sus registros fiscales a cualquier interesado. Primero en papel y ahora con Internet se acreceinta el control democrático. Sus mayores usuarios son los periodistas, convertidos en verdaderos sabuesos de la inspección tributaria.

El registro puede consultarse en casi todos los medios digitales noruegos. Un ejemplo puede ser el de la corporación de medios públicos, NRK. Si se combina esta información con otras la cantidad de información llega a ser enorme; el usuario tiene acceso a una herramienta que permite descubrir dónde vive la gente, con mapas detallados y fotografías de sus casas. En este sentido, el periódico sensacionalista Dagbladet permite a sus lectores comparar su nivel de ingresos con el de sus amigos de Facebook. Y este programa también puede instalarse en iPhone.

Se dirá que en España esta información “on line” podría facilitar el trabajo a los desaprensivos o a los terroristas. Ese debate se superó en Noruega, hace tiempo. Aquí está empezando, pero coincide con un momento de baja recaudación y no vendría mal avanzar por esta senda ¿Qué opináis?

Los jóvenes asistentes estuvieron poco habladores. Uno me preguntó si realmente en la Sindicatura somos independientes. Gracias: es un buen baño de humildad asistir y tener que justificar el trabajo.

El Consejo de Ministros del viernes pasado ha aprobado un Acuerdo por los que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo Adicional al Convenio Penal sobre la corrupción, del Consejo de Europa, Convenio que España firmó mayo de 2005 y lo ha ratificado en abril de 2010.

Creado en 1999, el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) incluye los 47 estados miembros del Consejo de Europa, excepto Liechtenstein y San Marino. Como observadores, figuran Estados Unidos, Naciones Unidas y la OCDE.

España forma parte activa desde su creación y es responsable de controlar la aplicación del Convenio Penal sobre Corrupción, cuyo objeto es el de armonizar la legislación existente, promover la adopción de nuevas medidas e impulsar la cooperación en la investigación y enjuiciamiento de los delitos relativos a la corrupción, así como criminalizar la corrupción, activa y pasiva, el tráfico de influencias en el sector público (funcionarios nacionales y extranjeros, miembros de parlamentos y asambleas nacionales, internacionales y supranacionales), y en el sector privado.

Convenio

El citado convenio ha entrado en vigor en todos los estados miembros del Consejo de Europa, excepto Alemania, Austria, Italia, Liechtenstein, San Marino y Ucrania e incrimina un “amplio abanico de conductas de corrupción” y mejora la cooperación internacional para perseguir a corruptores y corrompidos.

Están catalogados los actos de corrupción que pueden cometer agentes públicos nacionales y extranjeros, parlamentarios nacionales y extranjeros, sector privado, funcionarios internacionales, jueces nacionales y extranjeros, el tráfico de influencias y el blanqueo de productos procedentes de delitos de corrupción.

Partidos políticos

El Greco publicó el pasado mayo un informe relativo a España centrado en la criminalización de la corrupción y la transparencia en la financiación de los partidos políticos en el que se pidió “sancionar más duramente” las infracciones relativas a la corrupción y al tráfico de influencias.

En este sentido, está previsto que la reforma del Código Penal que se ha de abordar esta legislatura incluya algunas recomendaciones del GRECO, como la responsabilidad de las personas jurídicas, además de la responsabilidad de las personas físicas.

Los tres retos que el GRECO se marca para el futuro son proveer y poner al día las políticas anticorrupción en Europa con una revisión cada dos años, duplicar esfuerzos para que el poderoso y creciente movimiento anticorrupción no se paralice y que la lucha contra la corrupción se aplique también en los niveles subnacionales.

Árbitros

Con el propósito de profundizar en los ámbitos de aplicación del Convenio, el GRECO decidió redactar un Protocolo Adicional que incluye la criminalización de las prácticas corruptas en el arbitraje. El Grupo acordó posteriormente extender el ámbito de aplicación a la corrupción de jurados.

El texto define los términos de árbitro, acuerdo de arbitraje y jurado, así como las previsiones en el caso de que las actuaciones impliquen a un árbitro o a un jurado extranjero. Además, recoge las medidas que deberán adoptarse a nivel nacional, en función de que se trate de corrupción pasiva de árbitros nacionales, de corrupción de árbitros extranjeros o de corrupción de jurados nacionales y jurados extranjeros.

Los manuales de management destacan el gran reto que significa transformar las debilidades en oportunidades. El exitoso ejemplo del Hotel de Hielo cerca del circulo polar sueco, marcó una tendencia y dejó perplejos a muchos turistas por su alta ocupación.

Ahora ya contamos con otra experiencia. Los brasileños tienen una página web dedicada a los escándalos de corrupción que saquea su actividad pública. Hasta ahí, todo normal, pues Internet se ha demostrado como una gran herramienta de lucha contra la corrupción.

Sin embargo, lo que es más infrecuente era encontrar un verdadero museo virtual de la corrupción. Impulsado por un periódico brasileño, Diário do Comércio, el MuCo obtuvo el 9 de diciembre pasado (Día mundial contra la corrupción) el premio periodístico a la “Mejor contribución a la prensa en 2009″.

Pero eso no es todo, el éxito de la página ha propiciado la materialización de lo virtual y durante el mes pasado el Tribunal de Cuentas de Brasil acogió la exposición itinerante de su material con su “Hall de los casos”, sus salas “de los escándalos”, de las Comisiones Parlamentarias de Investigación o de la Policía Federal, todos con paneles de fotografías y explicaciones (ver video).

Además, el Tribunal presentó la maqueta de una posible futura sede del Museo de la Corrupción. El proyecto del que es autor el premiado arquitecto Rodrigo de Araújo Moreira (¡ya empezamos!) representa una monumental pirámide con base triangular apoyada sobre una superficie de agua y conectada a la acera por un pasillo, y una instalación en un anexo, que trata el tema de la corrupción en el deporte.

La pirámide es de metal y vidrio en las fachadas principales recubierto de acero inoxidable ciego (sin ventanas). El uso del vidrio permite al público la visión de la planta baja y cuatro pisos, donde se encuentran las salas. ¿La veremos algún día hecha realidad? Por ahora sólo es digital.

El recorrido (el virtual y la exposición itinerante) termina en la tienda “institucional” del museo, donde el visitante encontrará souvenirs como camisetas, aparatos de escucha, maletines e incluso sobornos virtuales. Se está trabajando para crear un Wiki a través del cual los lectores pueden enviar denuncias y comunicaciones.

Estafas norteamericanas

Dentro del mundo de las finanzas privadas, en Nueva York puede verse, desde la semana pasada, la exposición “Scandal!” en el Museo de las Finanzas Estadounidenses que, en pleno Wall Street repasa la cara más oscura del mundo financiero de este país. Durante todo un año, los visitantes podrán contemplar los grandes fraudes de la economía estadounidense.

Desde el primer “crack” de la Bolsa de Nueva York, en 1792, hasta la quiebra del gigante de la energía Enron, en 2001 o los más célebres canallas, como el financiero estafador Bernard Madoff, pasando por Charles Ponzi y su esquema piramidal. Mira el blog del museo.

De todos, uno de los más burdos fue el caso “Scandal Oil” (1963), en el que una empresa consiguió 150 millones de dólares en préstamos haciendo creer a los bancos que sus barcos transportaban aceite, cuando en realidad sólo llevaban agua con una mínima proporción de aceite, que al flotar en los tanques consiguió engañar a los auditores.

En Portugal, desde hace un par de años existe el Consejo para la Prevención de la Corrupción, que es un órgano administrativo independiente que trabaja “con” el Tribunal de Cuentas de Portugal para la prevención de la corrupción y los delitos conexos.

Ya hemos hablado Aquí de sus principales características, con un coste de funcionamiento mínimo y una orientación preventiva de la corrupción activa y pasiva, de la delincuencia económica y financiera, el blanqueo de dinero, tráfico de influencias, apropiación indebida de bienes públicos, de mala gestión, malversación de fondos, la participación en los asuntos económicos, el abuso de poder o violación del deber de secreto, así como la adquisición de bienes o valores como resultado del uso de información privilegiada ilegal en el sector público.

Todos los organismos y empresas públicas portuguesas, de ámbito estatal, regional y local, están obligadas a proporcionar la información que les sea solicitada y debieron aprobar, antes del 31-12-2009, unos “planes de prevención del riesgo de corrupción y delitos relacionados”. Se trata de una iniciativa pioneira en el mundo de la gestión pública.

Recientemente, el Presidente del Tribunal de Cuentas de Portugal, el Doctor Guilherme d’Oliveira Martins, recibía a una delegación española, de la que tuve el honor de formar parte, y nos confesaba su orgullo porque hasta la fecha, el Consejo ha recibido y analizado 753 planes de riesgos de corrupción, cuyo conocimiento y seguimiento es una herramienta fundamental del control interno. Esta es la síntesis de las principales conclusiones de esos planes.

Además, el Consejo había determinado los puntos comunes que todos los planes deben contener. Por lo tanto, cualquiera que sea la naturaleza de la entidad, todos los planes deben identificar todas las áreas y departamentos con riesgos de corrupción y delitos conexos, con indicación de las medidas para prevenir y mitigar su ocurrencia, con especial atención a los mecanismos de segregación interna de tareas, la rotación de los administradores, entre otros y la definición de los principales implicados en el plan de gestión. Por último, las entidades deberán elaborar un informe anual sobre la aplicación y ejecución de los planes.

Como la transparencia es la mejor manera de luchar contra la corrupción, el Consejo para la Prevención de la Corrupción decidió, en su reunión del 7 de abril pasado, recomendar a los órganos rectores máximos de Entidades y empresas públicas que deben anunciar en su respectivo sitio web, el propio plan de prevención de riesgos de la corrupción. Podéis ver aquí el correspondiente al Ayuntamiento de Oporto y aquí el plan del Instituto de Empleo.

El propio TCu portugués, como Entidad pública que es, aprobó el suyo, que podéis leer en portugués, pero de muy fácil entendimiento. Menuda lección.

El presidente del Tribunal de Cuentas de España Núñez estuvo el viernes pasado en la Universidad de Oviedo, donde pronunció una conferencia titulada ‘El comportamiento ético en la gestión pública‘, con motivo de la festividad del patrono de la Facultad de Derecho, San Raimundo de Peñafort.

Núñez habló sin pelos en la lengua, sobre corrupción, sobre reformas legislativas necesarias, pero también sobre función pública.

Según su tesis, que pasó desapercibida para los medios de comunicación, el germen de la corrupción se encuentra en la generalización de los puestos de libre designación entre los funcionarios con altas responsabilidades en materia de control económico y financiero. Tuvo especiales referencias para los Habilitados estatales del mundo local.

Unos días antes, Sevach se había atrevido a publicar en la prensa asturiana, todo un decálogo contra la corrupción que incluía un apartado similar y que la semana pasada incluyó en su bitácora.

Cualquier directivo público aspira a tener la ayuda de un gestor que comparta sus objetivos, esté al día en las nuevas tecnologías, conozca la normativa que debe aplicar y esté al tanto de sus últimas reformas. A veces, la expectativa es más simple y sólo se trata de que le espere en la oficina para despachar cuando la sobremesa de la comida de trabajo se alarga en exceso.

Todos conocemos funcionarios que se quedaron en el temario de la oposición, cuando accedieron al correspondiente cuerpo o escala administrativa. Algunos fueron dejando en el camino habilidades como la iniciativa, la creatividad o la capacidad para la innovación o las relaciones humanas. Dicen que para evitar su anquilosamiento, surgió la libre designación.

Sin embargo, los órganos de control interno deberían estar fuera de ese juego. La Oficina Antiraude de Cataluña (OAC), que depende del Parlament, acaba de concretar en 34 medidas los compromisos que deberían asumir las principales instituciones catalanas. Elaborado en diciembre pasado, está pendiente de recibir confirmación y adhesiones. Pues bien, el citado pacto por la integridad pretende reforzar la independencia de los órganos de control interno de los ayuntamientos, garantizando la solvencia de los secretarios e interventores, asegurando, a través de la Conselleria de Governació y las diputaciones, que no queden vacantes estas plazas. La OAC apuesta por reformas legislativas para garantizar la transparencia en la concesión de subvenciones y suspender la entrega de ayudas a las administraciones que, como pasa ahora, no respondan ante la Oficina o la Sindicatura de Comptes.

El atajo de la Libre Designación

Para los funcionarios más jóvenes, que llegan empujando “fuerte”, la libre designación se convierte en su mejor arma para “saltarse el escalafón” y para ello, nada mejor que ser reclamados por un directivo político, incluso de otra Administración. Si además existe cierta afinidad con el partido en el Gobierno de esa Administración, parece que hay un atajo garantizado.

La extraordinaria serie británica, “Si, Ministro”, ha retratado, muy bien las patologías funcionariales y políticas. El asunto es simple: ¿Tiene derecho el político a tener colaboradores de su confianza? Si, pero ¿a qué nivel? Aquí debemos distinguir entre Administración y Gobierno. Para ello, nada mejor que recordar los anuncios o carteles que inauguran o señalizan las obras públicas: han pasado a encabezarse con el título de “Gobierno de Syldavia”, donde la Administración parece haber desaparecido como sujeto titular de esas actividades, a favor de los fines electorales del Gobierno de turno.

Una Administración de los funcionarios o de los políticos.

Es cierto que la jurisprudencia permite la libre designación cuando se da el requisito de la especial responsabilidad, si bien, con frecuencia se omite su justificación. Por ejemplo, el 16 de septiembre de 2009 se produjeron dos sentencias del Tribunal Supremo sobre la el asunto. Una primera anulo una plaza de libre designación por no haber sido motivada su inclusión en la RPT. Otra recordaba su carácter excepcional, en la medida que completa el método normal de provisión que es el concurso, se aplica a determinados puestos directivos y de confianza:

La objetivación de los puestos de esta última clase («especial responsabilidad») está incorporada a las relaciones de puestos de trabajo, que deberán incluir, «en todo caso, la denominación y características esenciales de los puestos», y serán públicas, con la consecuente facilitación del control. Se puede concluir este apartado, por tanto, que «la asignación del sistema de libre designación comporta, por parte de la Administración, el ejercicio de una potestad discrecional con elementos reglados»”.

Al final, como quien tiene la llave para acabar con la generalización indiscriminada de la libre designación es precisamente personal de libre designación, el personal eventual o los políticos gobernantes, pues difícil resultará atajar el problema. De hecho, baste como ejemplo, el intento del Estatuto de aludir a esa “tercera vía” del directivo profesional, cuyo desarrollo pese a no estar sujeto a reserva de ley, sino a simple reglamento, no ha nacido ni se le espera. Otras ocasión perdida.

Recientemente, el alcalde de una gran ciudad catalana se negó a empadronar a los inmigrantes ilegales. En defensa de esta posición esgrimió un informe de un prestigioso bufete de Barcelona. ¿Porqué no requirió el dictamen de los servicios jurídicos municipales?

En otros destacados titulares podemos encontrar que la oposición castellanoleonesa critica pagar por un informe copiado de “el Rincon del vago” o que se utilicen servicios jurídicos externos para levantar los reparos de un Interventor local, en Andalucía.

Sin embargo, la apoteosis sobre “encargos digitales” se alcanzó durante el otoño pasado, que el Gobierno catalán realizó una auditoría interna que reconoció que durante 2007 se habían encargado muchos informes a asesores externos que eran prescindibles o excesivamente caros, y que costaron 729.000 euros. El interventor general de Cataluña, autor de la fiscalización, exigía en sus conclusiones acabar con la práctica de contratar dictámenes desde las empresas públicas y utilizar los propios servicios de la Administración. El asunto (una pequeña tragedia en cada caso) hizo las delicias de los autores de tiras cómicas:

Estos eran sólo unos ejemplos que la prensa destacó en los últimos meses, en relación con la habitual práctica de encargar dictámenes externos sobre los más variados temas. Son contratos menores que incluyen estudios que, cuando se demuestran innecesarios podrían suponen un pago indebido. No es el caso habitual, pues muchos estudios o dictámenes resuelven carencias de la Administración.

Sin embargo, la patología que hoy traemos a la bitácora se refiere a aquél encargo sin publicidad ni concurrencia, donde el interés público, además,  no se encuentra visible o, simplemente no existe. En palabras de Sevach, se trata de una práctica reprochable e incongruente con criterios de eficacia, imparcialidad y legalidad. También ofrece la solución para resolverlo para siempre de un plumazo legislativo.

La restrictiva interpretación del Tribunal de Cuentas

Debemos criticar la doctrina que ha venido creando el Tribunal de Cuentas de España en uso de su función jurisdiccional exclusiva, en relación con estos encargos de informes externos cuando la Administración tiene sus propios servicios informantes. Veamos dos sonoros casos, con bastante ruido mediático.

El caso del dictamen preventivo

En la Sentencia de 3 de marzo de 2010, la Consejera Ana Pérez Tórtola debió enjuiciar la acción de responsabilidad contable interpuesta por el Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas contra dos Altos Cargos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que en abril de 2004 encargó a un despacho de abogados de Madrid un dictamen por el que pagó 11.948 euros.

Hay dos factores a tener en cuenta en los hechos. Por una parte, que siete meses antes de las Elecciones Generales del 14 de marzo de 2004 el citado Ministerio había contratado una campaña de publicidad (“plan de comunicación global para dar a conocer a la sociedad las actuaciones llevadas a cabo por la Administración en materia de Seguridad Social, Empleo y Asuntos Sociales”) que fue objeto de crítica política y acciones judiciales por su cercanía a la fecha de los comicios. Por otra parte, que la cúpula política del ministerio estaba “en funciones” tras el resultado electoral ocurrido unos días antes y pide (el 24 de marzo) un dictamen externo sobre la legalidad de cada una de las fases y trámites llevados a cabo en el expediente de esa contratación publicitaria, que es entregado el 12 de abril de 2004.

El Informe nº 706 de “Fiscalización de la contratación celebrada por la Seguridad Social para la difusión de información y otros servicios de contenido” aprobado en el Pleno del Tribunal de Cuentas el 16 de marzo de 2006 decía en su pág.  162 lo siguiente:

Finalmente, debe señalarse que entre la documentación remitida a este Tribunal figura un dictamen jurídico, fechado el 12 de abril de 2004 y emitido por un determinado despacho de abogados “a requerimiento del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, en ejecución de un contrato menor de consultoría y asistencia técnica adjudicado por la Subdirección General de Administración Financiera del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el día 25 de marzo de 2004, sobre las siguientes cuestiones: a) Evaluación de los trámites seguidos en la elaboración del PCAP; b) Examen del procedimiento seguido para la adjudicación del contrato: idoneidad de la aplicación del mismo y conformidad a Derecho de su ejecución, y c) Análisis de la regularidad seguida en el trámite de formalización del contrato.

El dictamen, tras un análisis meramente superficial y, en algunos aspectos, incluso erróneo de las circunstancias concurrentes, concluye que “a juicio de este despacho, no se encuentra razón ninguna que impida proclamar la regularidad y validez procedimental y material del contrato objeto de este Dictamen”.

Causa cuando menos extrañeza que el MTAS haya requerido un informe de estas características a un despacho profesional privado, en lugar de hacerlo a la Abogacía General del Estado, cuando, además, en el propio dictamen se afirma que no se ha producido reclamación de ningún género por parte de alguno de los agentes que pudieran tener legitimación activa al respecto (y cuando la mayor parte de los efectos jurídicos del contrato, ya se habían producido), que pudiera explicar de algún modo la propia necesidad de solicitar este dictamen, más allá de una posible intención de obtener apoyos, presuntamente, independientes que pudiesen avalar en un futuro, de un modo externo a la propia Administración, la decisión adoptada por el propio Ministerio de efectuar la contratación del Plan de Comunicación Global.

Al Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas nunca le pasan desapercibidas afirmaciones como las anteriores. En este caso, ejercitó la acción de responsabilidad contable de forma directa y solidaria contra el Subsecretario y el Subdirector General de Administración Financiera. Su argumentación era que se trataba de un pago indebido: “el contrato es innecesario, por no existir necesidad pública que lo justifique, dando lugar a perjuicio de los caudales públicos”.

El problema reside en la interpretación formalista que hace el Tribunal de esos “pagos indebidos”, fundamentalmente recogidos en la STCu 21/05. No existen pagos indebidos si se realizan en virtud de un título válido y se prueba que existe contraprestación que justifique su abono. El Tribunal, como ha hecho en otras ocasiones, no entra a valorar si la asistencia técnica era o no necesaria. Como dice la Consejera en su Sentencia, la decisión de encargar el dictamen:

“está dentro de sus facultades de funcionamiento y gestión y este Tribunal no puede entrar a valorar la mayor o menor oportunidad de una medida de ese tipo, ni tampoco la concurrencia de los principios de eficacia y eficiencia en la gestión desplegada a través de uno de estos contratos, por ser aspectos que no afectan a la responsabilidad contable.”

Esta Sentencia, que apelará como siempre el Ministerio Fiscal, dará lugar a otra de la Sala de Justicia dentro de unos meses, sin que se espere variación de una doctrina tan cicatera.

El Tribunal, cuando ha querido entrar a valorar la ausencia del concepto de interés público en un gasto, lo ha hecho (Ver asunto de la RFEF) si bien como justificación de una subvención, cuya normativa es muy clara en el carácter indubitado de la necesidad e interés público del gasto. La Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 2003, ya recoge en su artículo 31.1 que se consideran gastos subvencionables “aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada“.

Caso “Del Nido”: más de lo mismo, quizás con distinto final.

La prensa se hace eco esta semana de la ausencia de responsabilidad contable en los pagos que el abogado Del Nido (presidente del Sevilla F.C.) percibió durante el saqueo del Ayuntamiento de Marbella, ya que, según el Tribunal de Cuentas, corresponden a un servicio efectivamente prestado por el letrado. Así, como nos recuerda el diario ABC, se probó que Del Nido recibió «el encargo verbal» de diversas labores de coordinación, supervisión y elaboración de documentos en relación con una sociedad municipal y en la que no se entendía probado un daño real.

En este sentido, la sentencia de apelación, a la que tuvo acceso el diario ABC, precisa que «con la prueba existente en este momento no se ha probado» que el abogado «no hubiera realizado actividad profesional alguna» y se pone de manifiesto que «no se ha probado tampoco que el pago de la minuta careciera de causa que lo justificase». Para dicha resolución, el Ayuntamiento pidió incorporar como prueba un auto del Juzgado de Instrucción número 1 de ese municipio, que ha instruido el caso «Minutas», por presuntas irregularidades en los encargos realizados a Del Nido, que está acusado en esta causa, junto al ex alcalde Julián Muñoz, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y otras 15 personas.

Sin embargo, el diario El País anuncia que se deja la puerta abierta para que las irregularidades denunciadas puedan ser probadas en la jurisdicción penal. No debería sorprendernos que la justicia criminal fuera más allá que la cicatería contable. El próximo martes 6 de abril, se inicia en Málaga el juicio contra Del Nido que enfrenta a peticiones de docenas de años de prisión junto a aquellos gobernantes del Ayuntamiento de Marbella, por asociación ilícita, delito continuado de prevaricación administrativa (como cooperador necesario) de otro continuado de fraude y malversación (como inductor) así como de falsedad documental, delitos societarios y de deslealtad profesional.

La instrucción prueba que se adjudicó verbalmente al letrado “y sin pasar por el pleno” encargos “tan relevantes y costosos” como la coordinación de las labores de fiscalización del Tribunal de Cuentas en los años 1999-2000, así como la formulación de alegaciones al anteproyecto y al propio Informe de Fiscalización aprobado por el Tribunal de Cuentas relativo a los años 1990-1999. Se señala que se pretendía la “obstrucción” a las labores fiscalizadoras, en lo que Del Nido “sí que tuvo un papel destacado”.

En fin, estaremos atentos.

Un resumen de esta entrada fue publicado en el newsletter jurídico LegalToday, el 23 de abril de 2010.

El senador independiente Navarro, Patxi Tuñón, es uno de los 56 senadores que acceden al escaño nombrados por las comunidades autónomas. Se trata de una designación que generó un gran consenso: tres cuartas partes de la Cámara foral. Pero no es un senador al uso. Suele hablarse de su trabajo como un “senador bajo contrato” pues, dada la gran pluralidad de las fuerzas parlamentarias navarras, debieron ponerse de acuerdo en un candidato neutral. Así, sólo responde ante la mayoría del Parlamento de Navarra, no ante ningún partido. Ya sé lo que estáis pensando: quizás así debería ser siempre …

Patxi conoce muy bien el mundo del control externo, pues fue presidente de la Cámara de Comptos de Navarra durante la década de los noventa. En su actividad parlamentaria, forma parte, entre otras, de la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas y de la Comisión de suplicatorios.

Por su interés, reproducimos a continuación el contenido del artículo publicado el pasado sábado en el diario Noticias de Navarra. sobre los riesgos de una cierta resignación ante el fenómeno de la corrupción.

La corrupción, alto riesgo para la democracia.

Por Francisco Javier Tuñón San Martín

El pasado mes de febrero tuvimos en el Senado un debate sobre la corrupción, consecuencia de una moción de la senadora María Caballero, tema que considero de la máxima importancia para la salud democrática de este país.

En esta época de confusión, donde los valores se tambalean, la corrupción es un mal endémico de la sociedad que se manifiesta en el sector privado y en el sector público. La democracia española tan joven y, por tanto, tan vulnerable, ha ido tejiendo un entramado institucional y normativo tendente a la buena gestión y control de los fondos públicos. Disponemos de órganos de control interno (la Intervención) y de órganos de control externo, el Tribunal de Cuentas y 12 Órganos de Control Externo de las comunidades autónomas, en Navarra la Cámara de Comptos; de órganos judiciales especializados y de un corpus normativo que hace que nuestras leyes persigan los delitos de corrupción.

Sin embargo, se tiene la sensación de que la corrupción persiste avivada en los últimos años por casos de gran prominencia pública (urbanismo, caso Gürtel) que se suceden. Parece que la sociedad no ha reaccionado en la medida que cabría esperar y, por lo tanto, podemos estar tranquilos, no hagamos más de lo necesario mientras existan temas más importantes como la crisis económica y el paro. Pero, cuidado, este análisis no se puede hacer desde la política partidista (aparentemente no se castiga a los partidos involucrados en casos de corrupción), porque la percepción de los ciudadanos sobre los partidos políticos/políticos se presenta cada vez más como un problema.

Creo que debemos dar más importancia a este tema porque afecta a la esencia de la democracia, porque afecta a la confianza de los ciudadanos en los políticos, porque afecta al funcionamiento de la sociedad. La honestidad y la decencia forman parte del hacer político y de la función pública, todos debemos comprometernos a respetar estas reglas sagradas; de lo contrario, debemos salir rápidamente de la esfera pública.

Actualmente hay 800 imputados en delitos relacionados con la corrupción en España entre políticos, funcionarios y empresarios, y España ocupa el puesto 32 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2009 de Transparency International; dentro de la Europa Occidental superamos a Portugal, Italia y Grecia, pero estamos por debajo de los restantes países de esta órbita y también de otros países del Este como Estonia o Eslovenia y países latinoamericanos como Chile o Uruguay.

Por lo tanto, también tenemos que cambiar la imagen de este país, España no puede convivir con la corrupción, porque si este sentimiento cala profundamente en la sociedad, es difícil extirparlo.

Un primer mensaje a transmitir a nuestros políticos es que no todo vale y tampoco que vale todo hasta que los Tribunales digan lo contrario. Por ahí vamos por el mal camino. Dice Emilio Sánchez Ulled, presidente de la Unión Progresista de Fiscales y fiscal anticorrupción de Barcelona: “Existe una confusión por la que los dirigentes políticos vinculan el principio de responsabilidad política al principio de presunción de inocencia penal”.

Objetivamente existen varias áreas de mayor riesgo, como son la financiación de los partidos políticos; la contratación, especialmente de las Obras Públicas; las subvenciones y el urbanismo.

Si una democracia no establece los mecanismos de control orgánico, control interno y control externo, normativo y parlamentario o político, habrá muchas más posibilidades de que haya corrupción. Si aceptamos líneas de sombra, opacidad o poca transparencia en la gestión y control de los fondos públicos, estaremos creando el caldo de cultivo idóneo para que las prácticas irregulares puedan desembocar en prácticas de corrupción. Siempre es mejor que reforcemos los mecanismos preventivos que los ex post.

Es necesario explicar de qué viven los partidos políticos, deben ser los primeros interesados en explicar sus cuentas, los mecanismos de control sobre sus actividades y su sistema de financiación, sin esperar los informes del Tribunal de Cuentas. El principio de transparencia es básico en las cuentas de los partidos políticos porque son la base del funcionamiento democrático. No se pueden admitir compromisos de no verificar fuentes de financiación ajenas a cambio de que no se indague en las propias. Repasemos algunas materias problemáticas.

¿Qué vamos a decir de las obras públicas? Que durante muchos años han sido han sido propicias a las corruptelas, especialmente en los años 90, donde la discrecionalidad daba paso a la arbitrariedad y a la trama de comisiones para adjudicar contratos.

¿Qué vamos a decir del urbanismo, que ha puesto en manos de los Ayuntamientos la potestad de recalificar terrenos y convertir el suelo no urbanizable en urbanizable, o realizar convenios de colaboración urbanística sin ningún tipo de control? Todo ello en un contexto de ausencia de autonomía financiera de las entidades locales, donde la construcción ha sido su principal fuente de financiación; de un urbanismo salvaje; y de una falta de control externo de los Ayuntamientos.

¿Qué vamos a decir de la facturación de servicios inexistentes o inútiles? ¿O de la creación de sociedades pantalla, para desviación de dinero, justificar una subvención o hinchar costes de una actuación pública? ¿O del desvío de dinero a entidades públicas, vinculadas a formaciones políticas?

¿Qué vamos a decir del sistema de subvenciones que, en muchos, casos, provoca una red de clientelismo ligada a intereses partidistas o redes de fraude?

¿Qué vamos a decir de lo que Emilio Sánchez Ulled llama “corrupción de alto nivel”, con una utilización ilícita de las potestades, la información (privilegiada) y los recursos públicos para aplicar a finalidades de particulares, individuales o corporativas, propias o ajenas, siempre en perjuicio del interés general?

Hay dos artículos que les quiero recomendar. Uno de Víctor Lapuente Giné, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), ¿Por qué hay tanta corrupción en España? (El País, 27/3/2009). Dice: “La principal causa es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones”. El otro de Javier Cercas, escritor que con el título Yo me bajo en la próxima (El País Semanal, diciembre de 2009) decía: “Vivimos en una democracia que propicia o tolera la corrupción permanente de los políticos”. Reflexiones dignas de tener en cuenta.

Desde la necesaria dignificación de la política y de la función pública, mantengo la honestidad de la mayoría de los cargos electos y de los funcionarios públicos, pero considero que no hay que dar oportunidades a los que consideran la política como una fuente de negocio o de tráfico de influencias para sus intereses particulares.

Si bajamos la guardia y somos permisivos con estas prácticas, estaremos socavando la democracia que, no olvidemos, hay que alimentarla todos los días.

Como hemos dicho en la entrada anterior, todos los años se aprovecha la fecha de hoy para recordar los perversos efectos del complejo fenómeno de la corrupción, con el que conviven diariamente muchos ciudadanos de países no tan subdesarrollados. En esta bitácora contamos con una categoría especial de artículos para su análisis. Hablamos incluso de una Teoría Económica de la Corrupción y hasta de una Economía canalla.

Es, por lo tanto, una magnífica ocasión para examinar un producto muy esperado: el Indice de Percepción de la Corrupción (IPC) que fue presentado el mes pasado por Transparencia Internacional, simultáneamente en todo el mundo. Se trata de un estudio que se elabora a partir de datos de 13 fuentes pertenecientes a 10 instituciones independientes. Todas las fuentes miden el alcance general de la corrupción (frecuencia y/o magnitud de los sobornos) en el sector público y político y ofrecen una tabla de clasificación de todos los Estados.

Así, la Puntuación del IPC correspondiente a un país indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de país, asignando una nota media entre 10 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).

De acuerdo con el IPC, en América Latina destacan por su probidad, Chile y Uruguay, con índices notables y superiores no sólo a España sino a otros países europeos.

Respecto al año 2007, base del anterior estudio, Brasil, Perú y Colombia continúan su marcha ascendente hacia lo que podríamos llamar el aprobado (5 puntos) mientras otros continúan en el pozo, como Argentina y Ecuador. Ah! Otro año más se confirma que Venezuela el el Estado más corrupto de América. Se trata de la maldición del petróleo, sin duda.

De acuerdo con el calendario de efemérides de la ONU, mañana se celebra en todo el mundo el Día internacional de la lucha contra la corrupción, con la finalidad de aumentar la sensibilización ciudadana sobre el asunto, así como del papel que puede desempeñar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para combatirla y prevenirla. Así lo dice ese tratado en su Preambulo:

Para las Naciones Unidas, esta Convención es la culminación de una labor que se inició hace muchos años, cuando la palabra “corrupción” apenas se pronunciaba en los círculos oficiales. Fue necesario hacer esfuerzos sistemáticos —primero de carácter técnico y luego, gradualmente, político— para llevar la lucha contra la corrupción a la agenda mundial.

Análisis técnico

La corrupción puede verse como un mercado donde un comprador privado ofrece un precio (soborno) a un vendedor (funcionario o autoridad pública). Ambos se comportan de manera racional buscando maximizar su beneficio en un punto de equilibrio, que tenga en cuenta todos los factores en juego. Puede hablarse de un comportamiento corrupto óptimo y la ciencia económica ha construido toda una rama dedicada a su estudio: la economía de la corrupción.

A principios de esta década, asistí a los cursos que integraban el doctorado sobre Aspectos jurídicos y económicos de la corrupción, de la Universidad de Salamanca, hoy incluido en el Master en Buen Gobierno. Allí conviví durante varios meses con brillantes académicos de variadas áreas de conocimiento y con una veintena de prometedores doctorandos latinoamericanos.

Durante los primeros meses, el profesor Fernando Rodríguez nos explicó, entre complejas gráficas y fórmulas, la Teoría Económica de la Corrupción. Recuerdo que me resultaba muy extraño modelizar este fenómeno con una una distancia propia de asuntos menos apasionados. Hablábamos del funcionario corrupto o del punto de equilibrio estable que maximiza el soborno, con una naturalidad científica pasmosa, cual si fuese termodinámica.

De sus apuntes, que he recuperado estos días de tanto escándalo, quiero recordar la modelización económica de este tipo de comportamientos. Una primera conclusión es que, con carácter general puede decirse que el funcionario no tendrá incentivos para llevar a cabo el comportamiento corrupto cuando el coste marginal supere la máxima disponibilidad a pagar por la mercancía considerada.

Por ejemplo: el coste marginal de cada acto corrupto puede ser expresado con la siguiente ecuación:

C* = Pe + Ci + S?

… al soborno Pe, que percibe el funcionario corrupto, hay que añadir la insatisfacción que produce el comportamiento corrupto por motivos éticos o morales, lo que incrementará el coste marginal en una cuantía que denotaremos Ci y que consideremos constante. Por otra parte, el efecto sancionador marginal se mide por la sanción S con probabilidad ? …

Desgraciadamente, debemos admitir que este tipo de análisis está asumido por el subconsciente de la ciudadanía. En la Latinoamérica, es habitual que la elección entre dos candidatos parezca una disyuntiva entre uno que “roba, pero hace” y otro que “es honrado, pero poco eficiente“. Es el homo económicus en estado puro. Si habla con un taxista sobre el asunto, no dude que le hará un planteamiento similar, de análisis coste -beneficio, sin haber estudiado a Samuelson.

Este enfoque económico de aspectos sociológicos o políticos me recuerdan otro, formalizado en los años 60, por Niskanen que elaboró todo un modelo de comportamiento burocrático, que hoy forma parte (no sin críticas) de cualquier programa de la asignatura Hacienda Pública. Niskanen partía de que la conducta del director de una agencia busca la maximización de su utilidad, según una función que depende de variables tales como el salario, las ventajas del puesto, la reputación pública, el poder, el output de la agencia y la facilidad para dirigir y hacer cambios en ella. Todas estas variables son funciones crecientes del presupuesto correspondiente. Así, el autor concluye que el burócrata busca la maximización del presupuesto.

Hoy traemos a la bitácora la Sentencia del Tribunal de Cuentas de España, 13/2009, de 29 de junio pasado. Una extensa fundamentación que puede descargarse del portal www.tcu.es en dos partes: (primera) y (segunda). En ella se condenó a Enric Roig y Antonio Herce, ambos presidentes de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat pues promovieron, a espaldas del consejo de administración, un plan de pensiones para ellos mismos y otros miembros del comité de dirección de la empresa por un importe de 2.631.843,75 euros.

Confirmaba así la Sala de Justicia del Tribunal, la anterior Sentencia de la Sección de Enjuiciamiento (de 10 de septiembre de 2008) dictada por Consejero del Departamento Segundo, en procedimiento de reintegro por alcance y que el diario El País resume así:

Roig y Herce constituyeron en 1991 un fondo de pensiones para 15 miembros (incluidos ambos) de la dirección de Ferrocarrils de la Generalitat. Si un directivo dejaba la empresa recibía la parte correspondiente. El resto se repartió el dinero al disolverse el fondo en el año 2000, siendo ya Herce presidente de la compañía. Roig, que había dejado la empresa en 1999, percibió más de un millón de euros. Herce cobró 278.391 euros cuando se procedió a disolver el fondo y repartir las aportaciones y los beneficios generados.

Por tanto, disfrazado como «Premio a la Dedicación y Permanencia», dando la apariencia de fondo complementario de la Seguridad Social se ocultó “la verdadera naturaleza, que no era otra que la retribución dineraria en su condición de altos cargos”, como dice la imputación penal de la que se hizo reseña en esta bitácora hace un par de años.

Los hechos

La Sentencia impugnada consideraba probado que en1991, el entonces Director Ferrocarrils de la Generalitat –DON ENRIC R. S.- firmó con determinados altos empleados –los miembros del llamado «Comité de Dirección Amplio»- unos contratos por los que se comprometía a abonar determinadas cantidades en concepto de complemento de pensiones de jubilación; para ello se procedió a la creación de un Fondo de Previsión, cuya gestión se encomendó a una entidad aseguradora externa.

Ligado a esos contratos se firmo otro contrato con una aseguradora bajo la forma de plan colectivo de jubilación, a favor de los directivos de la entidad. Dicho contrato cubría las causas de baja como muerte, invalidez y rescate individual por baja del partícipe en la empresa, así como la constitución de un patrimonio afecto a un grupo de partícipes mediante las aportaciones que hacía Ferrocarrils, que se complementaban con sus rendimientos financieros.

En el año 1993, y tras el dictamen realizado por una Asesoría Jurídica externa, se modificó el hecho causante del derecho a la percepción individual del Fondo y se modificaron las condiciones que darían lugar al cobro de las cantidades previstas para los partícipes, convirtiendo la causa de cobrar en un premio a la dedicación y permanencia, en función del número de años trabajado. Dicho premio debería hacerse efectivo mediante pago único o fraccionado, en el momento en el que el empleado causara baja en la entidad por cualquier motivo, a excepción del despido declarado procedente, siempre y cuando hubiera permanecido al menos cinco años en la empresa.

Por otro lado, el contrato de administración de fondos con la aseguradora preveía que fueran a cargo de la empresa las aportaciones anuales al mismo. Durante el periodo de vigencia del Fondo, las primas satisfechas por Ferrocarrils ascendieron a 2.718.035,08 €.

Al final de cada ejercicio, la Sociedad Administradora del Fondo remitía a Ferrocarrils el listado que especificaba el saldo individual que correspondía a cada uno de los partícipes y se fueron abonando las indemnizaciones a sus beneficiarios según se iba produciendo su baja en la empresa. El circuito financiero consistía, en líneas generales, en la previa financiación por la aseguradora del importe bruto a percibir por el partícipe y el consiguiente ingreso en las cuentas de Tesorería de Ferrocarrils, para que luego la empresa satisficiera los derechos económicos del partícipe.

El 30 de junio del año 2000, el entonces presidente de Ferrocarrils, ANTONI H.H. rescató el fondo, que se repartió entre los cuatro últimos beneficiarios.

Además, Don Enric, durante el período comprendido entre 1994 y 1999 ordenó a su favor el pago de dietas no justificadas, por un importe de 8.654,57 €, que fueron abonadas con posterioridad al 20 de marzo de 1998.

Ante el Juzgado Decano de Instrucción de Barcelona, la Fiscalía interpuso querella contra diversos Directivos, entre los que se encontraban los demandados, por presuntos delitos de malversación, falsedad en documento oficial y prevaricación, sin que se haya dictado sentencia penal hasta el momento.

Interrupción de la prescripción

Los presuntos chorizos insistieron en la apelación que los hechos habían prescrito. Sin embargo se produjo un precioso acto interruptivo de la prescripción: el Informe de la Intervención General de la Generalitat de Cataluña, de 20 de marzo de 2003, por dos razones:

a) Porque recoge el criterio del antes citado Órgano Autonómico de control interno sobre las posibles irregularidades objeto de enjuiciamiento contable, lo que satisface las exigencias de la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (interrumpirán el plazo de prescripción de la responsabilidad contable las “actuaciones fiscalizadoras, procedimientos fiscalizadores, disciplinarios, jurisdiccionales o de otra naturaleza que tuvieran por finalidad el examen de los hechos determinantes de la responsabilidad contable…”).

b) Porque en materia de responsabilidad contable no resulta exigible, con carácter general, el requisito del conocimiento formal por el interesado para que un acto pueda producir efectos interruptivos sobre el plazo de prescripción (Sentencias TCu 5/05 y 6/05).

El citado informe constituye una actuación fiscalizadora orientada a analizar los hechos enjuiciados en el presente proceso, pues en el mismo se concreta el criterio de la Intervención General de la Generalitat de Catalunya respecto a:

- Las operaciones financieras que culminaron con el pago a los beneficiarios del fondo, según iban causando baja en la Empresa y el rescate final de las cantidades que permanecían en dicho fondo, producido el 27 de julio de 2000. La suma de todos estos pagos ascendió a un importe total de 2.622.828,57 €.

- La ordenación a su favor, por el Sr. R S., de dietas no justificadas, por 8.654,57 €.

Fondos públicos

La sala de Instancia ya había recordado que la jurisprudencia atribuye, en cada caso, el carácter público de los fondos o caudales bajo tres parámetros: a) la procedencia de los bienes con los que se nutren esos fondos; b) la incorporación de esos bienes a las actividades encuadradas en el sector público; y c) la adscripción de los mismos a una finalidad general que deban cumplir (Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de enero de 1994, 14 de marzo de de 1995 y 8 de noviembre de i996, y Sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 29 de septiembre de 1999, 2 de octubre de 2000, 30 de noviembre de 2000 y 16 de octubre de 2007).

Desde esta perspectiva, es inequívoco el carácter de fondos públicos que tienen las dietas pagadas, de las primas anuales pagadas por la creación y sostenimiento del Fondo y, en fin, las cantidades ligadas a los pagos a los beneficiarios del fondo, al ser el resultado de los rendimientos financieros obtenidos por unos fondos, también de carácter público gestionados por una Compañía de Seguros.

Además, se concluye que los fondos depositados en la aseguradora permanecieron bajo la titularidad y disposición de Ferrocarrils hasta el momento en que fueron haciéndose efectivos los pagos de esos derechos a los beneficiarios.”Son, por tanto, dichos pagos los que pueden, en su caso, ser generadores de responsabilidad contable, lo que tiene especial trascendencia para la determinación de los posibles responsables y del juego del instituto jurídico de la prescripción invocado por todos los demandados”.

Indemnizaciones y Alta Dirección

Si bien, el incremento en las retribuciones de los altos directivos partícipes del Fondo, no supuso, de manera concreta, la vulneración de las Leyes de Presupuestos que establecían la prohibición de incrementar la masa salarial de determinados colectivos por encima de unos porcentajes determinados, pero no prohibieron que se superasen dichos límites para cada perceptor individual.

El Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña prohibió en 1994 la existencia de cláusulas de indemnización para los directivos que finalizaban una relación laboral con una empresa pública –cláusulas de indemnización que habían sido consideradas por los Tribunales como la percepción de salarios diferidos- sin que los convenios colectivos de Ferrocarrils previeran incrementos retributivos para ninguno de sus colectivos de trabajadores.

El 8 de febrero de 1994, el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña prohibió, expresamente, el cobro de dichas percepciones, al personal al servicio de las empresas públicas, pero los condenados no cumplieron ninguno de los requisitos de derecho transitorio que dicho Acuerdo estableció (comunicarlo, de manera fehaciente, a la Comisión de Coordinación Interdepartamental antes del 29 de febrero de 1994) para acabar ordenando el pago de las cantidades que integraban el Fondo, incluidos los rendimientos que éste había generado, siendo, además, alguno de los más importantes beneficiarios del mismo, en términos cuantitativos.

Sin embargo, el Tribunal pone en tela de juicio que el citado Acuerdo administrativo pueda considerarse una norma jurídica válida y eficaz al no haber sido objeto de publicación en ningún Diario Oficial.

Consejo de Administración

Los condenados actuaron, al menos, con negligencia grave, al permitir que se abonasen unas indemnizaciones expresamente prohibidas y desconocidas por parte del Consejo de Administración, a pesar de que la autorización para celebrar contratos era de su exclusiva competencia y sin constar que se delegara dicha competencia, ni en su Presidente, ni en ningún otro órgano directivo. Tampoco existe constancia de que se incluyera como orden del día, en ninguna sesión del Consejo, ningún asunto relacionado con los contratos controvertidos, por lo que el Tribunal concluye que el Consejo de Administración, ni autorizó «a priori», ni ratificó «a posteriori», ninguna de las operaciones económicas ligadas a los citados contratos

A todo lo anterior hay que añadir que en la documentación contable que debía, anualmente, ser analizada por el Consejo para proceder a la oportuna aprobación de las cuentas de la Sociedad, tampoco figuró, de manera expresa y clara, ni la constitución del fondo, ni los subsiguientes pagos a los altos Directivos. Las cantidades que iban integrando, anualmente, dicho fondo, se reflejaban, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en el subepígrafe «otros gastos sociales» dentro del epígrafe de «gastos de personal». Con ello se privó al Consejo de un dato fundamental para el posible conocimiento de las actividades económicas ligadas a los hechos ahora controvertidos.

Por todo ello, entiende la Sala de Justicia del TCu que, al haber contratado excediendo su competencia como Director General e invadiendo la del Consejo de Administración, ha incumplido las reglas estatutarias que regulan la forma de comprometer el Patrimonio de la Empresa a través de contratos. Ha vulnerado, por tanto, las normas reguladoras de la actividad económica de la Empresa que se articula por la vía de la contratación.

Por otra parte, al haber omitido sus deberes de información al Consejo de Administración respecto a una actividad de contenido económico desarrollada por el mismo, ha infringido la normativa estatutaria reguladora de la forma en que se debe desplegar la actividad de gestión patrimonial por los órganos de la Empresa. Por otra parte, no se ajusta al canon de diligencia exigible a quien era Director de la Sociedad cuando se produjeron los hechos.

Finalmente, los pagos realizados en ejecución de una obligación contractual contraída de forma contraria a Derecho son pagos indebidos que constituyen infracciones normativas generadoras de responsabilidad contable de acuerdo con el concepto amplio de “normativa contable o presupuestaria” defendido por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.

Dietas sin justificación

El Presidente del Consejo de Administración, ordenó a su favor el pago de dietas, por actividades no justificadas, por un importe total de 39.306,19 €. La normativa catalana únicamente permitía la percepción de dietas por la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración. Como consecuencia de esta actuación, se ha originado un menoscabo en los fondos públicos ese importe, lo que determina la existencia de responsabilidad contable que por prescripción el Tribunal deja reducido a 8.654,57 €, correspondiente a las cantidades ordenadas con posterioridad al 20 de marzo de 1998.

Auditores, asesores y consejeros

Para el TCu, el hecho de que la actividad económica de la Empresa hubiera estado sometida a diversos controles (interno y externo, por firma privada y por organismos públicos), no enerva la falta de diligencia que se imputa al demandado, que es compatible con los resultados de las auditorías y fiscalizaciones realizadas sobre la gestión de la Empresa. “Tales resultados tiene el valor probatorio que les corresponde, ni más ni menos, y que esta Sala ha expresado con claridad en Sentencias, entre otras, 9/04, de 4 de marzo, 21/04, de 27 de octubre, y de 29 de diciembre” afirma el Tribunal.

Tampoco la negligencia grave de un gestor es incompatible con el hecho de que las cuentas anuales hayan sido aprobadas por el Consejo de Administración de la Empresa, como pretendían los demandados. Sobre este particular ha tenido ocasión de manifestarse el Tribunal en diversas resoluciones (por todas, Sentencia 6/03, de 14 de mayo), en el sentido de que “la naturaleza meramente formal tanto de la cuenta propiamente dicha, como de su rendición, verificación y aprobación, no puede bajo ningún concepto enervar la posibilidad de que se exijan las responsabilidades que se desprenden de la gestión a que la cuenta se refiere”.

Finalmente, recuerda el Tribunal que el asesoramiento jurídico externo se prestó en relación con el objeto y contenido del contrato constitutivo del Fondo y con la forma de hacer efectivos los pagos, pero no respecto a las cuestiones por las que se exige responsabilidad contable al recurrente: competencia para la celebración de contratos y deber de información al Consejo de Administración.

Condena a Enric R.

De acuerdo con todo lo expuesto y razonado, aportado sus propios criterios jurídicos apartados en algún aspecto de la fundamentación jurídica incorporada a la Sentencia de instancia, la Sala de Justicia del Tribunal confirma la Sentencia apelada en lo relativo a la condena de D. Enric R. S. por un alcance de 1.070.196,53 euros como consecuencia del pago que se le hizo con fecha 23 de febrero de 1999.

Presidente Antoni H.

D. Antoni H. H. era Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad cuando ordenó los pagos indebidos, cargo de especial relevancia en la Empresa según se deduce del artículo 19 de los Estatutos. Ocupó el cargo desde el 28 de febrero de 1999 hasta el 10 de febrero de 2004, período cuando acordó los pagos que el Tribunal considera indebidos en el sentido del artículo 141.1, d) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, vigente en el momento en que se produjeron los hechos, y aplicable analógicamente a las Empresas Públicas por darse identidad de razón respecto a los pagos hechos por las Administraciones, en el sentido previsto en el artículo 4 del Código Civil.

Además, D. Antoni H. H., siendo Presidente del Consejo de Administración, realizó tres pagos en concepto de indemnización por finalización de relaciones laborales, entre el 12 de abril y el 24 de julio de 2000, y ordenó el rescate del Fondo y subsiguiente pago a los últimos cuatro partícipes del mismo, entre los que se encontraba incluido, por un importe total de 1.552.632,04 euros.

También autorizó siete pagos en ejecución de unos contratos celebrados el 28 de febrero de 1991 que se suscribieron por órgano incompetente de la empresa y se ocultaron al Consejo de Administración de la misma. Los citados pagos tienen su fundamento, pues, en obligaciones contractuales irregularmente contraídas por la Sociedad.

Conclusiones

De la lectura detallada de la Sentencia concluimos tres importantes afirmaciones:

a) Cabe apreciar responsabilidad contable no sólo en la asunción irregular de obligaciones, sino también en los actos orientados al cumplimiento de las mismas.

b) Todo gestor público está obligado a detectar las irregularidades producidas en los procedimientos a través de los que actúe y a comunicarlas a los órganos competentes para su conocimiento y, de no hacerlo así, no podrá alegar que los daños que se le imputan son consecuencia de la actuación de los gestores que le precedieron en dichos procedimientos (sentencia de TCU 10/2000, de 3 de julio).

c) El posible incumplimiento por otros de las obligaciones que tenían atribuidas no justifica que se dejen de atender las propias (Sentencia de TCU 10/2006, de 9 de mayo).

Para el Tribunal, la conducta, de ambos además de constituir una forma de gestión de fondos públicos ilegal, generadora de un daño real y efectivo en el patrimonio de la Empresa, y plasmarse en la correspondiente documentación económico-financiera, puede calificarse de gravemente negligente en el sentido del artículo 49.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Además, el Sr. H. H. fue parte en uno de los contratos irregulares celebrados y, como consecuencia de ello, fue destinatario de un pago, por liquidación, que él mismo ordenó. En consecuencia, era conocedor de los antecedentes de la constitución del Fondo y de la naturaleza de las prestaciones a las que se obligó la Empresa frente a los altos directivos con los que las había contratado. No puede aceptarse que un Presidente se limite a ordenar unos pagos sin conocer en profundidad la naturaleza y pormenores de las obligaciones de las que derivaban.

No se cansa de reiterar el Tribunal que “el gestor de fondos públicos está obligado a una diligencia cualificada en la administración de los mismos, que es superior a la exigible al gestor de un patrimonio privado” (Sentencia de TCu 16/04, de 29 de julio). Tanto es así, que “la culpa o negligencia… no se elimina siquiera con el puntual cumplimiento de las precauciones legales o reglamentarias y de las aconsejadas por la técnica, si todas ellas se revelan insuficientes para la evitación del riesgo , siendo preciso lo que se ha venido denominando como “agotar la diligencia” como afirma la STCu 4/2006, de 29 de marzo.

Tampoco acepta el Tribunal alegatos de moderación de la negligencia: ni la apariencia de legalidad de los contratos por los que se hicieron los pagos, ni el asesoramiento profesional externo, ni la adecuada llevanza de la contabilidad, ni el cumplimiento de los requisitos de auditoria y fiscalización por entidades privadas y públicas (de control interno o externo).

en

Una reseña de esta Sentencia fue publicada en LegalToday.

Hace veinte siglos, Marco Vitrubio Polión, describió la arquitectura del imperio romano compuesta de cuatro elementos: el orden (relación de cada parte con su uso), la disposición (“el trazado en planta, en alzado y en perspectiva”), la proporción (“Concordancia uniforme entre la obra entera y sus miembros”) y la oikonomía (“procurar el menor coste de la obra conseguido de un modo racional y ponderado”).

Esta última y sencilla afirmación del único texto clásico que nos ha llegado (De Architectura,) sobre construcción romana -seguramente no el mejor de su época- es suficiente para recordar que los problemas siguen siendo los mismos, tras siglos de historia.

Pues bien, Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó remitir al Congreso el proyecto de ley de captación de financiación por los concesionarios de obras públicas, que, entre otras novedades, establece un nivel mínimo de solvencia financiera para poder optar a un contrato de concesión y limitará la deuda susceptible de titulizarse o hipotecarse al 90% de la inversión total prevista en la obra.

Además, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó tras la reunión, la intención del Ejecutivo de adoptar nuevas medidas de control contra el fraude, mediante la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para reforzar el control de los contratos de obra pública y potenciar así la lucha contra la corrupción urbanística.

La citada reforma exigirá a todos los contratos a largo plazo, la autorización del Pleno. La correspondiente oposición municipal podrán ejercer su función política y solicitar las aclaraciones sobre el desarrollo de los proyectos, concesiones, servicios u obras públicas.

El asunto, pone de relieve la gran preocupación de todas las instituciones por la licitación de obra pública. También por la transparencia, aunque siempre quedará la represión penal de las comisiones ilegales. Recuerden aquello de “ustedes tienen un problema y es el 3%” que nos dejó la impresión de que hablaban para iniciados y que ninguna formación parlamentaria decía todo lo que sabía sobre el asunto.

Ahora, los dos grandes partidos aseguran que promoverán el consenso para mejorar la legislación, afectando al Código Penal, la Ley de Financiación de Partidos, la Ley de Bases de Régimen Local y la del Tribunal de Cuentas, entre otras. En Cataluña, la Oficina Antifrau tiene una unidad de análisis que está alerta para detectar posibles casos de corrupción, por ejemplo en operaciones en las que participan empresas con distintos nombres pero de una misma persona, y puede pedir que se pare un procedimiento.

Recuerda el diario ABC que el último gran cambio legislativo, de mayo de 2007, pretendió que los convenios urbanísticos, la adquisición de bienes y derechos por valor superior al 10% del presupuesto municipal y las permutas de parcelas y edificios fuesen competencia del Pleno. “Pero la experiencia ha demostrado que no fue suficiente” dice el artículista. El Gobierno entiende que debe ser incorporado a Internet e introducir una explicación pública de por qué un suelo pasa de ser rústico a urbanizable, y que toda modificación presupuestaria de una contrata o adjudicación sea autorizada por el pleno.

En 1993, Luis García Berlanga presentó Todos a la Cárcel, una película de culto para el cine español. Seguro que estos días será objeto de renovado culto en tertulias y mentideros. La razón no es otra que la colmada paciencia de los ciudadanos ante la crónica negra de la corrupción.

Acabamos de conocer que agentes de la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, han registrado los despachos del ayuntamiento de Santa Coloma y han examinado las áreas de personal, hacienda, servicios jurídicos, secretaría e informática, pidiendo a los funcionarios del Área de Urbanismo que no volvieran hasta el jueves. Fruto de las pesquisas, han detenido al alcalde y siete personas más (menudo título para otra tragicomedia: “el alcalde y siete más“).

El Juez Garzón, que dirige la “operación Pretoria“, imputa a los detenidos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en una presunta trama de corrupción urbanística que operó a través de la empresa municipal de promoción inmobiliaria Gramepark de Santa Coloma, y encargada de la promoción de párkings y viviendas sociales en el municipio.

Entre los detenidos figuran Macià Alavedra, uno de los pesos pesados de los gobiernos de Jordi Pujol, que ocupó las carteras de Gobernación, Industria y Economía, y el ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta.

Con estas detenciones se eleva a dieciocho el número de alcaldes en ejercicio detenidos por implicación en delitos de corrupción urbanística desde la “Operación Malaya“, en Marbella, en abril de 2006.

La semana pasada, en el marco de la Operación ‘Poniente” contra la corrupción empresarial, 20 personas fueron detenidas en Almería, entre ellas el alcalde (prisión incondicional sin fianza) del Ayuntamiento de El Ejido. Con él, son un total de ocho las personas que han sido enviadas, sin posibilidad de eludirla bajo fianza, hasta el centro penitenciario provincial de El Acebuche después de que la juez dictase autos de prisión incondicional sin fianza.

Eso por no hablar del caso Millet (Palau de Barcelona). En fin, que se acumula el trabajo …

Hace unos días, coincidí con un buen amigo, profesor universitario de contabilidad, participando en un seminario sobre control financiero. Durante el café, hablamos de sus últimos proyectos y me hizo saber que estaba emigrando hacia otras áreas de la economía, que ahora le parecían más interesantes.

¿Cómo? La contabilidad es demasiado estática, me dijo. “Ahora estoy enganchado a los experimentos de preferencias declaradas (EPD)”. Por ejemplo, le interesaba, más que los complejos modelos econométricos, saber si el nivel moral o las corruptelas tienen relación con la posición social o económica de cada quisque y así orientar la toma de decisiones públicas. Para ello, diseñaron un proyecto de investigación que incluía a los camareros del bar de la facultad que, ante los pagos devolvía los cambios muy generosamente, para saber el perfil de los comportamientos honrados. También estudiaban el nivel de aceptación de ofertas de empleo por el mismo sueldo que la prestación de desempleo.

El asunto me hizo recordar la película “El experimento” basada en un hecho real acontecido durante 1971 en la Universidad de Stanford para estudiar la respuesta humana a la cautividad, en particular a las circunstancias reales de la vida en prisión y los efectos de los roles sociales impuestos en la conducta.

Se reclutaron voluntarios que desempeñarían los roles de guardias y prisioneros en una prisión ficticia. Sin embargo, el experimento se les fue pronto de las manos y se canceló en la primera semana.

Hay todo un mundo por descubrir en la economía del comportamiento humano, incluso cuando actúa en forma lógica. He aquí un buen ejemplo:

Psiconomía

El reciente libro de Javier Ruiz, Psiconomía (Aguilar, 199 páginas, septiembre de 2009 y 17 euros) nos habla de una nueva disciplina que quiere ser más realista al incorporar a la economía los mecanismos irracionales en la decisión humana (ver blog).

Veamos unos ejemplos que se mencionan en el texto. La Universidad de Stanford probó que, quienes creen estar bebiendo un vino de 45 dólares experimentaban más placer que quienes creían beber uno de 5 dólares. Conclusión: encarecer un producto mejora la satisfacción del cliente. O sea que los laboratorios farmacéuticos … ¿nos ayudan cuando encarecen sus productos? Parece que si.  La Universidad de Iowa probó que “los fármacos más caros curan más” pues los pacientes que habían pagado 2,5 dólares por sus medicinas experimentaban mejores efectos que quienes pagaban 10 centavos por ellas. Esto de la psiconomía es realmente interesante y explica los espejismos y desajustes que se producen en nuestra economía diaria.

Así, el sesgo de la confirmación, que hace que estemos más predispuestos a escuchar y aceptar aquella información que refuerza lo que pensamos y tendemos a menospreciarla si lo contradice. Eso explicaría porqué casi nadie advirtió la crisis actual. El propio Financial Times en su portada de 30-12-2008 se preguntaba “¿Por qué la crisis ha sido tan inesperada? Por que la gente ignora las predicciones que no le gustan”.

Los experimentos también previenen frente al exceso de información y su redundancia. En 1994 quince compañías fueron presentadas a analistas de tres maneras diferentes, añadiendo información redundante. El resultado fue que cuanta más información recibían menor fue su nivel de aciertos en las previsiones. No es de extrañar tanto error. La Universidad de Estocolmo logró probar, hace unos años, que lanzar una moneda al aire para tomar la decisión de comprar o vender acciones era más rentable que confiar en las previsiones de los analistas: 50% frente al 40% de aciertos en los asesores.

Premio Nobel de Economía

Estos asuntos interesan mucho a la economía. La estadounidense Elinor Ostrom acaba de ganar el Premio Nobel de Economía 2009 (compartido con Oliver E. Williamson) por sus estudios sobre el comportamiento humano en relación con las Instituciones colectivas.

¿Cómo un grupo de ciudadanos interdependientes puede organizarse y gobernarse a si mismos para obtener beneficios continuos ininterrumpidos, a pesar de la tentación del gorroneo (free-ride)? La respuesta, aquí. Bueno, no os engaño: aporta una explicación científica. El resto del mundo llevamos años buscando la respuesta.

De este, modo Ostrom ha aclarado las características centrales del autogobierno, como que la participación activa de los usuarios es esencial, y las reglas impuestas desde el exterior tienen menos legitimidad y hay mayor probabilidad de que sean violadas.

Le mereció atención especial el centenario “Tribunal de las Aguas” del levante español, que sigue manteniendo hoy día su arbitraje en los conflictos por el uso del agua de manera muy eficaz y robusta; mientras tanto, instituciones para el riego creadas por los gobiernos generan muchos conflictos y en ocasiones no funcionan en absoluto. ¿Porqué? y  ¿Porqué no existen más instituciones “espontáneas? Un tema para un Premio Nobel.

Este artículo fue publicado el 10 de diciembre en el diario La Nueva España

La corrupción supone un fenómeno complejo que incorpora dos caras de la misma moneda. Sector público y sector privado se unen en unos efectos que se extienden más allá de las propias fronteras nacionales. Casi siempre miramos al primero obviando al segundo ¿Qué hacen las empresas privadas para combatir estas prácticas?

El diario Público reconocía hace unos meses que la mayoría las empresas que cotizan en el Ibex 35 (22 firmas) no aclara si en 2008 han detectado prácticas no éticas entre sus trabajadores para obtener algún beneficio, como fraudes o sobornos, bien de funcionarios públicos, bien de empleados del sector privado.

La única firma del Ibex que reconocía la existencia de episodios de corrupción y los cuantificaba es Iberdrola, que cita cinco incidentes en 2008. Hubo un caso en España, que resolvió “siguiendo los cauces legalmente establecidos”; otro en Gran Bretaña, sobre el que se hizo “una investigación completa”, mientras en Estados Unidos “se han examinado seis incidentes relacionados con la corrupción: tres han sido desestimados y otros tres han requerido acciones disciplinarias”.

En el Reino Unido, la empresa Mabey & Johnson, dedicada a la construcción de puentes, se ha convertido en la primera en ser declarada oficialmente culpable de haber sobornado a políticos y funcionarios de Ghana, Angola, Madagascar, Mozambique, Jamaica y Bangladesh. El propio Sandam Husein estuvo en su nómina de corruptos. Parece la punta del iceberg, descubierta y perseguida por la Oficina antifraude británica, cuya web, por cierto, tiene edición en castellano.

Las Escuelas de Negocio son fundamentales para enseñar a los futuros líderes, aunque han recibido ya varios tirones de orejas por parte de la ONU, con el fin de mejorar la formación de los futuros empresarios en asuntos sociales, derechos humanos, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Como recuerda el newsletter ICN, en la inmensa mayoría de las escuelas de negocio se sigue dando por sentado que todo empresario ha de ser egoísta y oportunista, premisas en las que basan las estrategias de enseñanza:

Las cinco fuerzas de Michael Porter, constituyen un ejemplo de esto. Su modelo de estrategia competitiva basado en la competitividad feroz y el recelo hacia proveedores y clientes, está considerado como la Biblia de la estrategia corporativa en la práctica totalidad de las escuelas de negocio. Tampoco se habla lo suficiente sobre la creación de valor a largo plazo, ni sobre las dimensiones del servicio prestado a la comunidad. La ética y la responsabilidad son, en general, palabras inexistentes en los programas de estas escuelas. ?Los planes de estudios  han de ser modificados urgentemente, a través de la reinvención de conceptos como el riesgo financiero, la generación de confianza o la innovación.

Actualizar la legislación

En fin, en España queda mucho trabajo por hacer. El mes que viene será modificado el Estatuto del Diputado que acabará con la opacidad que rodea las actividades privadas de algunos diputados. Una iniciativa que fue avalada por todos los grupos antes del verano y que el PSOE anunció que desea promover con carácter urgente.

Este tipo de vasos comunicantes entre sector público y privado (puertas giratorias o revolving doors) supone otra práctica internacional documentada en el Informe sobre la corrupción 2009, que el Gobierno de Japón acaba de prohibir.  El llamado “amakudari” era una arraigada práctica que permitía a funcionarios nipones de alto rango jubilarse de forma anticipada para ocupar cargos en empresas privadas y agencias públicas.

Entre las tareas pendientes del Parlamento español, encontramos la semana pasada, en el diario Expansión, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) reconvino esta semana a España por no haber trasladado a tiempo a la legislación nacional la normativa comunitaria sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la Directiva comunitaria 2006/70. Los Estados miembros debían tomar medidas como muy tarde el 15 de diciembre de 2007.

Como complemento grotesco a la anterior entrada, hemos querido presentar nuestra particular Olimpiada de la Corrupción, con las múltiples noticias de la crónica de la actividad corrupta del año 2009. La medalla de oro la lleva el ex-responsable del aeropuerto de Pekín, que fue ejecutado durante el mes de agosto, condenado a muerte por corrupción.

Li Peiying, de 60 años y ex director general de Capital Airports Holding (CAH-gestionaba 30 aeropuertos y más de 38.000 empleados) había aceptado sobornos por valor de 3,9 millones de dólares entre 1995 y 2003. Lógicamente, no podrá recoger el trofeo, por imposibilidad material y temporal.

Plata para Taiwan

El segundo puesto se va también para el oriente. Este mes de septiembre, un tribunal de Taiwan condenó a cadena perpetua al ex presidente Chen Shui-bian (2000-2008) por corrupción. Según explicó un portavoz judicial, se trata de una pena motivada por “el grave daño que le ha hecho al país”.

Al ex presidente se le culpa de malversar 2,15 millones de euros de un fondo especial controlado por el presidente. ¿Algo más? Si, también por aceptar sobornos de al menos 6,16 millones de euros, dinero que lavó en un banco suizo. Todo muy limpio. No podrá recoger el trofeo, ni su mujer )que también está cumpliendo la perpetua) ni ninguno de sus 13 familiares y colaboradores imputados, incluido el hijo, que fueron condenados a dos años y medio de prisión, ni el joven político colaborador Ma Yung-cheng, que cumplirá 20 años de cárcel.

Bronce para el Reino Unido

Por su parte, la medalla de bronce se la otorgamos a la auditora KPMG, que descubrió en las cuentas la Agencia de Desarrollo de los Juegos Olímpicos de 2012, dependiente del Ayuntamiento de Londres, un agujero de 118 millones de euros. Han sido suspendidos dos funcionarios, que tenían entre sus competencias la adquisición de terrenos para la construcción del Parque Olímpico en Stratford, en el este de Londres.

Según publicaba en junio pasador el diario «The Times», la Agencia no había reservado entre 70 y 118 millones de euros para indemnizar a las 193 pequeñas y medianas empresas que debían abandonar los terrenos. Los contratos suscritos estipulaban una indemnización de un millón de libras por acre, pero cuatro años después todavía quedan pendientes de pago 72 reclamaciones y, al parecer, el dinero se ha evaporado. Creemos que podrán recoger el trofeo, habida cuenta de su libertad de movimientos.

Un Diploma para España

El equipo español no ha podido reeditar anteriores éxitos del choriceo y ha tenido que conformarse con un meritorio diploma que se va para Baleares:

Hoy se hace pública la noticia de la condena a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación, por malversación, del ex-concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Palma. El jurado popular consideró probado que, entre 2006 y 2007, cargó a la tarjeta de crédito prevista para gastos de representación de la Empresa Municipal de Obras Públicas, de la que era presidente, un total de 52.583 euros por gastos en clubs de alterne de Mallorca y en una casa de masajes de Madrid.

La sentencia reconoce dos circunstancias atenuantes: la devolución del dinero al Ayuntamiento y su adicción a la cocaína. Respecto a la primera de las circunstancias, el abogado del condenado hizo hincapié durante el juicio que es el “único político de España que ha devuelto el dinero“, y “de manera inmediata”, subrayó.

Podrá recoger el premio porque está en libertad bajo fianza, pero deberá darse prisa porque tiene diversas causas pendientes por delitos de abuso sexual y tráfico de drogas, así como también por malversación de fondos públicos, fraude, falsedad documental y cohecho, en relación a la construcción del castillo infantil del Parque de Sa Riera cuando era concejal de Urbanismo. Un justo diploma, si.

Ayer, Transparency International presentó el Informe Global de la Corrupción 2009, que este año lleva el subtítulo “La corrupción y el sector privado”. El documento presenta la opinión de más de 75 expertos que analizan la magnitud, el alcance y las devastadoras consecuencias de la corrupción. Se complementa asimismo con 46 detallados informes de país, así como las mejores prácticas y las recomendaciones.

El acto (ver reseña en Youtube) tuvo lugar en la sede de la Fundación Ortega y Gasset, y contó con la presencia de Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional-España y D.Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política.

Corrupción 2009

El Informe documenta numerosos casos de gerentes, accionistas mayoritarios y otros actores de sociedades mercantiles que abusan de su poder para beneficio propio, perjudicando así a propietarios, inversores, empleados y a la sociedad en general. Tan sólo en los países en vías de desarrollo (y en transición) las compañías que actúan en colusión con políticos y funcionarios corruptos habrían pagado sobornos cercanos a 40.000 millones de dólares por año, según el TI.

El Informe también señala que la mitad de los ejecutivos de empresas internacionales encuestados estimaron que la corrupción elevaba al menos un 10% el coste de los proyectos. Un coste que, en definitiva acaban pagando los ciudadanos. Los casi 300 cárteles privados internacionales descubiertos entre 1990 y 2005 aplicaron a sus consumidores sobreprecios por 300.000 millones de dólares.

Lobbys e influencia política

Otro de los problemas que aborda el Informe es el modo en que el fuerte poder económico de algunas compañías y sectores comerciales les otorga una influencia desproporcionada e indebida sobre el proceso de adopción de decisiones políticas. La falta de regulación de este tipo de influencia fomenta el surgimiento de sistemas cleptocráticos y paraliza el crecimiento, como nos recuerda el mural de la Biblioteca del Congreso titulado Corrupt Legislation y firmado en 1896 por Elihu Vedder:

Las iniciativas de lobby a menudo carecen de transparencia y no se encuadran en el sistema de controles y contrapesos del que dependen las compañías para sus decisiones estratégicas. Por ejemplo, durante 2008, un tercio de las compañías incluidas en el índice Standard & Poor´s 100 exigieron que su Junta Directiva controlara los gastos con fines políticos.

El traspaso entre el sector público y el privado (puertas giratorias o revolving doors) supone otra práctica documentada en el Informe, que facilita los procesos de contratación pública fraudulentos, en los que la oferta no competitiva y la falta de transparencia generan enormes derroches y bienes y servicios poco confiables.

La cantidad y variedad de formas en que se manifiesta la corrupción en el sector privado superan ampliamente en número a las pocas empresas que efectivamente ponen en práctica sistemas destinados a prevenir el abuso de poder con fines económicos ilícitos. Según el Informe, si bien casi el 90% de las 200 principales compañías mundiales han adoptado códigos de prácticas empresariales, menos de la mitad afirmaron supervisar su cumplimiento.

En una reciente entrevista, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, David Martínez Madero, prometía actuar en materia de Urbanismo y contratación administrativa, un área clásica de la corrupción donde la prevención es el marco natural de trabajo. Además afirmó que promovería “la investigación de incompatibilidades de letrados o diputados, siempre colaborando con los mecanismos de control del Parlament“. Una nueva línea de trabajo, en efecto.

Indice de Percepción de la Corrupción 2008

El informe incluye, en la página 237, el ranking de Estados según percepción de la corrupción, desde el 10 (máxima honradez) al cero patatero (máxima corrupción) que conviene recordar.

Sobre el caso de España, hablaremos en una próxima entrada.

Durante estos días asistimos a la resaca del descubrimiento del millonario fraude (confeso) del Director del Palau de la Música de Barcelona que ha devuelto tres millones de euros previamente distraidos. Sin embargo, se habla de diez millones como cifra aproximada de la defraudación.

Las fuerzas políticas y sociales catalanas revisan su actuación (y las hemerotecas) para ver si su posición queda comprometida. Entonces aparece un Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que apunta algunas irregularidades y todos piensan lo mismo: ¿Cómo no seguimos esta recomendación?

La sindicatura elaboró un informe con las cuentas del año 2000 en el que, tal como recuerda el diario Expansión,  se alerta de descuadres de 31 millones de pesetas (186.000 euros) entre los fondos aportados por el Consorci del Palau y los recibidos por el Orfeón:

Según el modelo 347 Declaración de Operaciones con terceras personas, con respecto al Orfeón Catalán se ha declarado un volumen de operaciones de 24.402 mPTA, mientras que en la contabilidad del Consorcio consta un importe de 55.453 mPTA, por lo que se produce una diferencia de 31.051 mPTA.

Pero el sarcasmo llega a su esplendor en la última página del informe, donde puede leerse la contestación del Presidente del Comité Ejecutivo y autoinculpado estafador, Félix Millet, que dice:

Tomo nota de las observaciones realizadas y las solventaremos con la mayor brevedad posible. Sin embargo, ya le puedo adelantar que algunas de ellas, en estos momentos, ya están realizadas. Aprovecho la ocasión para expresar mi agradecimiento por los consejos que nos da que, sin duda, revertirán en una mejor gestión por parte de este Consorcio.

Mas auditorías …

El asunto recuerda al fraude descubierto el año pasado en el Museo Guggenheim de Bilbao y del que hablamos en otra ocasión. Allí las irregularidades comenzaron a detectarse a comienzos de este mes, tras recibir una comunicación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) solicitando la rutinaria información previa a la fiscalización de que iba a ser objeto. El Museo bilbaíno encargó la recopilación de esta información a la Subdirección de Finanzas, dado que el director (y estafador) se encontraba de baja laboral y fue descubierto.

El President catalán recordó hoy que el Palau de la Música es una fundación privada financiada por un consorcio público. Sin embargo, la procedencia pública mayoritaria de los ingresos debió extremar el celo de las Instituciones patrocinadoras: el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Educación.

Son muchos los analistas que entiendes que este caso debe servir para ajustar radicalmente la gestión de los organismos culturales que directa o indirectamente viven del erario público y el apoyo social. “Estoy seguro de que no es un caso aislado“, afirma Martí Saballs.

En fin, que las fuerzas políticas entonan el mea culpa. Algo es algo.

El 26 Mayo pasado, la Comisión Mixta Congreso-Senado-Tribunal de Cuentas pidió el establecimiento de un régimen sancionador que penalice tanto a las formaciones políticas como a los contratistas y los donantes que las financien, ante vulneración de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos.

La citada resolución surge tras el análisis y debate con el Presidente del Tribunal en la sesión del 29 de abril de 2009 del informe de la institución fiscalizadora sobre las elecciones municipales de 2007, que constataba que más de la mitad de los partidos que acudieron a esos comicios locales no rindieron después cuentas sobre su contabilidad electoral, lo que les invalida para recibir subvenciones. En concreto, la ley obligaba a presentar esa contabilidad a 1.656 formaciones, de las que 890 no la presentaron, a pesar de su oportuno requerimiento. En su mayoría se trataba de formaciones de pequeña implantación que, generalmente, sólo concurrieron en un municipio.

Mas sanciones

El Parlamento entiende que, en caso de que los partidos reciban aportaciones de personas físicas por encima del límite establecido en la ley, se les aplique una reducción de la subvención electoral “no inferior a 10 veces la cantidad excedida”. Asimismo, entendían Sus Señorías que, si un partido utiliza recursos que no han sido fehacientemente justificados o acomete gastos no autorizados, debe reducírsele la subvención al menos por esa misma cuantía no justificada, más una penalización por igual cantidad.

Para cerrar el circulo infractor, piden un castigo para los proveedores de los partidos que no faciliten la información de sus contratos al Tribunal de Cuentas. Para ello, nada mejor que inhabilitar a esas empresas para contratar con la Administración sin perjuicio de un régimen sancionador específico (multas) para quien además facilite información fraudulenta.

Por último, el Parlamento apunta también a los donantes de los partidos políticos y piden sanciones para aquellas personas físicas que no declaren sus aportaciones a las distintas formaciones.

En este sentido, la Comisión Mixta aprobó una resolución para que se regulen las consecuencias jurídicas a las que tendrán que hacer frente las formaciones que no rindan cuentas de su participación electoral, así como los mecanismos de “formación, información y flexibilización” para que aquellas de ámbito local remitan al órgano fiscalizador toda la información necesaria.

Partidos

Por otro lado, la Comisión también debatió y votó las propuestas relativas al último informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad ordinaria de los partidos, referido al ejercicio 2005. En ellas, se insta a las formaciones políticas a revisar las condiciones de las deudas contraídas con las entidades de crédito, ya vencidas, pero pendientes de pago, y a que registren en sus estados financieros las obligaciones que pudieran derivarse de dichas operaciones.

Para todo ello, el Parlamento demandó que el Tribunal de Cuentas, tal y como prevé la Ley de Financiación de Partidos, presente, previa consulta con las formaciones políticas del arco parlamentario, un Plan específico de cuentas.

En la actualidad, tras la reforma de la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, hay normas específicas para las aportaciones privadas a las Fundaciones y Asociaciones vinculadas orgánicamente a los partidos políticos. Las someten a las mismas condiciones que las donaciones a los partidos pero elevando el límite a 150.000 € por persona y año y exigiendo escritura pública cuando superen los 120.000 € y procedan de personas jurídicas

Un aspecto a considerar en el futuro es la relación entre los partidos y sus fundaciones que ha sido criticado por la propia Sindicatura de Cataluña, en recientes informes.

El Greco

Esta misma semana, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha aprobado un interesante documento relativo a España que se centra en la criminalización de la corrupción y la transparencia en la financiación de los partidos políticos.

Tras la visita que los expertos del GRECO realizaron a España el 22 y 23 de septiembre de 2008, este organismo realiza multiples recomendaciones, algunas coincidentes con la resolución de las Cortes Generales. Así, se pide la garantía de que los préstamos concedidos a los partidos políticos “no se utilicen para esquivar la reglamentación aplicable” a la propia financiación.

De este modo, el sistema de sanción “debe asegurar la disciplina financiera” de los partidos, reforzando su sistema de control interno y solicita “definir claramente” las infracciones a las disposiciones relativas a la financiación de los partidos y “poner en marcha sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias” de estas infracciones, para lo cual se recomienda “ampliar su abanico y su alcance”. Además se aconseja definir un formato común para la contabilidad y los informes de los partidos, tanto a nivel nacional como local, reforzar el sistema de auditoría interna y dotar de mayores medios al Tribunal de Cuentas.

El informe de 58 páginas reconoce los esfuerzos desarrollados con la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre la financiación de los partidos políticos. A lo largo del primer semestre de 2011, el GRECO tiene previsto evaluar la puesta en marcha de las recomendaciones realizadas.

Durante este mes hemos conocido dos informes sobre diversos aspectos de la gestión de Nicolas Sarkozy. El primero, relativo a la lucha contra la corrupción durante su mandato, elaborado por el capítulo francés de Transparencia Internacional. El segundo de la Cour des Comptes, sobre sus auditorías de modernización, un instrumento al que hemos dedicado una de las primeras entradas de esta bitácora. Avances en probidad

Durante la campaña presidencial francesa de 2007, Transparencia Internacional (TI) se dirigió a los 12 candidatos para conocer y fijar la posición pública con medidas precisas para promover la integridad y la transparencia en la vida política y económica.

Transcurridos los dos primeros años del quinquenio presidencial de Nicolás Sarkozy, el capítulo francés de TI realiza un primer balance de los compromisos electorales y lo hace público en un breve informe difundido la semana pasada.

En resumen, TI acoge con satisfacción algunos progresos en la lucha contra la corrupción, pero expresa su grave preocupación por los posibles efectos de varias reformas propuestas sobre la capacidad de los tribunales franceses para tratar asuntos político-financieros.

Progresos

En la ley de 13 noviembre de 2007, relativa de lucha contra la corrupción, el papel de Francia en la reactivación de la lucha internacional contra el abuso de los paraísos fiscales, el endurecimiento del secreto oficial frente los investigadores, los anuncios presidenciales de remoción de jueces y la despenalización de la vida empresarial, así como la simplificación de los procedimientos de adjudicación, son muchas las iniciativas adoptadas tras dos años de presidencia de Nicolas Sarkozy.

Esta evolución y los cambios realizados o previstos, lleva a TI Francia a hacer un balance de los compromisos electorales por el Presidente de la República, que puede calificarse de “avances reales por los que hay que felicitarse” aunque en otros presenta ciertos interrogantes “que son verdaderas preocupaciones”.

Satisfacciones

Francia desempeñó un papel decisivo en la reciente ofensiva contra los centros financieros no cooperativos (paraísos fiscales), cuya opacidad es uno de los principales obstáculos para la lucha internacional contra la corrupción.

La Diplomacia francesa también ha presionado activamente para el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de los compromisos de los 140 Estados signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Reforzar y garantizar la coherencia de las imputaciones de corrupción implantado en el derecho francés por la ley de 13 de noviembre de 2007, es calificado por TI como un progreso.

La misma ley también ha ofrecido a los empleados del sector privado de protección jurídica – en opinión de TI, “esencial” – contra las represalias cuando, por civismo denuncian de buena fe un acto de corrupción dentro de su empresa. Esta ley arma a los jueces y la policía con recursos de investigación hasta ahora reservados para fortalecer la lucha contra la delincuencia grave (escuchas, etc) ..

Inquietudes y preocupaciones

Paradójicamente, estos avances, muy positivos, no han terminado de convencer al capítulo francés de TI sobre la voluntad del poder político, la policía y la justicia francesa y la capacidad suficientes instrumentos para actualizar y manejar los casos de corrupción y, en particular , los principales asuntos políticos y financieros.

a) El Gobierno aboga por la abolición del juez de instrucción, sin proporcionar a los fiscales de la autonomía del poder ejecutivo para la iniciación y desarrollo de las investigaciones. En estas circunstancias, es alto el riesgo de que un proceso judicial no se inicie en los casos de corrupción, tráfico de influencias y el uso indebido de patrimonio que puedan afectar a líderes políticos o económicos.

b) La propuesta de restringir aún más el acceso a documentos clasificados secretos, como lo demuestra el caso de las fragatas de Taiwán, suponen un obstáculo insalvable para el que lucha contra la corrupción.

Poniendo en perspectiva el contínuo debilitamiento, durante los últimos años, de los diferentes cuerpos investigadores especializados en la delincuencia financiera, estos anuncios son vistos por muchos jueces como la culminación de una “reacción de las élites” frente a la oleada de querellas político-financieras de los 90 años.

En este contexto, es importante para TI  de Francia hacer frente a las siguientes recomendaciones al Presidente de la República:

Medios de la justicia:

- Establecer un “Fiscal General” nombrado por una mayoría de 3/5 del Parlamento, capaz de resistir la interferencia del poder político;

- Consagrar en la ley el derecho de las asociaciones de lucha contra la corrupción para emprender acciones legales para facilitar el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la corrupción;

Secretos de Defensa

- Renunciar a las barreras previstas en la nueva ley de programación militar en la investigación de casos relacionados con la defensa nacional;

Blanqueo de capitales y los paraísos fiscales.

- Garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos en la Cumbre del G20 en Londres;

- Ampliar los progresos sobre la cuestión de los paraisos fiscales (actualizando listas negras, sanciones)

- Concretar el anuncio del Ministro de Economía de exigir a los bancos franceses que tienen filiales en paraísos fiscales para hacer sus actividades transparentes y cooperar con las autoridades fiscales;

- Promover el plano internacional el establecimiento de registros nacionales de trust y otros instrumentos similares (fideicomisos, Anstalt, etc.) con apertura a las autoridades de otros países y en el que están inscritos con las identidades de los mandantes y los beneficiarios.

Restaurar la confianza del ciudadano en sus representantes

La opinión pública en Francia y en el extranjero sigue expresando gran desconfianza cuando se le preguntó acerca de la integridad de la clase política francesa. Estos resultados, aunque quizá excesivamente severa en comparación con el comportamiento real de la inmensa mayoría de los políticos, sin embargo, deben generar medidas concretas para restablecer la confianza.

En este sentido, es esencial, para Francia TI, celebrar un verdadero debate público, abierto a todas las partes interesadas (ciudadanos, empresas, ONG) sobre la cuestión central del marco normativo de las actividades ante Parlamento de los grupos de presión (o “grupos interés”), una cuestión que tiene ante sí la Asamblea Nacional y el Senado.

Además de las opiniones de los representantes de los intereses económicos, es esencial que los representantes de los intereses sociales, ambientales y culturales sean también tenidos en cuenta.

TI Francia propone, por ejemplo, la creación de un registro legislativo para hacer públicos todos los puntos de vista presentados por los parlamentarios y lobbystaes para orientar las decisiones en nombre de los intereses de la Nación.

La Cour examina las auditoría de modernización

En el informe anual 2009, la Cour realiza un análisis del programa de auditorías de modernización, presentado en 2005 como un nuevo vector de la reforma de la administración pública, ante la falta de una verdadera auditoría interna en el Estado francés. Se enmarcó dentro de las estrategias ministeriales de reforma, iniciadas en 2002 y debía cumplir tres objetivos: establecer un diagnóstico sobre la forma en que el Estado cumplía con su misión; de proporcionar beneficios la productividad y promover mejoras en la calidad del servicio y la aparición de proyectos de modernización.

El programa se desarrolló entre septiembre de 2005 a mayo de 2007 en todos los departamentos ministeriales. Se tradujo en la producción de 157 informes sobre 130 temas y cientos de cartas de compromiso o de planes de acción departamentales para su ejecución.

La puesta en marcha de una revisión general de las políticas públicas interrumpió el programa antes de su finalización. El Tribunal de Cuentas de Francia, dedica un capítulo del informe 2009 a examinar sus aportaciones metodológicas, su contribución a los esfuerzos por reformar el Estado, así como las condiciones en que se aplicaron. Hace un balance del programa en general, particularmente en vista de la importancia de los posibles beneficios evaluados en marzo de 2007, de 8 millones de €. Sus principales conclusiones permiten afirmar que las auditorías de modernización suponen un enfoque innovador, que han suscitado grandes expectativas en toda la administración y en el Parlamento, atentos a un proceso de producción de reformas compartida y a la transparencia de su ejecución que ha llevado a esperar ahorros sustanciales presentados como una contribución al reequilibrio gradual de las finanzas públicas .

Si el dispositivo ha permitido avances significativos en la metodología, para la Cour, sus resultados no siempre han estado a la altura de las expectativas. Los temas tratados eran, a menudo poco innovadores, y la transformación de las recomendaciones de auditoría en unas medidas operativas que pudieran mejorar la calidad de los servicios públicos y generar economías ha sido limitada, aunque en general esto cubre una gran disparidad entre 130 materias.

Más allá de sus efectos visibles, el programa de auditoría de modernización es, para la Cour, un avance en un proceso gradual de movimiento del Estado para su reforma. La ausencia de una estructura permanente de auditores internos en el Estado ha obligado a las autoridades a poner en marcha sucesivos programas de modernización, de modalidades y ámbito de aplicación inestable.

Independientemente de los límites del ejercicio, el Tribunal recomienda completar las auditorías de modernización:

-  Para llevar a cabo un nuevo examen de las recomendaciones, en particular de las últimas auditorías, para identificar las que se han implantado o siguen posibilitando progresos cualitativos y ahorros.

- Para completar el cálculo de los costos y beneficios esperados, así como la programación  de las auditorías cuyas recomendaciones operativas sean prometedoras pero insuficientemente documentadas.

La corrupción asola América Latina. Lo sabemos. Pero cuando un abogado de Guatemala anuncia que va a ser asesinado por las más altas autoridades de su país y deja grabada su acusación … es muy difícil sustraerse a la indignación. Tal como previó, el domingo pasado, Rodrigo Rosemberg es asesinado. En esta bitácora nos sumamos a la difusión del video de youtube.

Más noticias:

La ONU investigará en Guatemala el asesinato del abogado Rosenberg.

CONCLUSIÓN (13-1-2010): ONU: Rosemberg ordenó hacer su propio asesinato:

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, no tuvo ninguna intervención en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, el pasado 10 de mayo. Así lo establece la investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (auspiciada por la ONU), cuyo titular, el jurista español Carlos Castresana, sostuvo que Rosenberg planeó su propia muerte, agobiado por la “desesperación y la frustración” tras los asesinatos de un amigo y de su hija, de los que culpaba a Colom y a una trama de corrupción.

En septiembre pasado nuestros queridos hermanos portugueses aprobaron la Ley de creación del Consejo de Prevención de la Corrupción. Se trata de un órgano administrativo independiente que “trabaja CON el Tribunal de Cuentas” y tiene por objeto desarrollar “una actividad de alcance nacional en la prevención de la corrupción y los delitos relacionados”.

Los portugueses han optado por dar una orientación más preventiva a su recién creada Institución y eludiendo interferir con otros órganos del Estado, como el Ministerio Público, en cuyo conocimiento debe poner los hechos susceptibles de infracción penal.

Se trata de una aplicación de la Convención de la ONU contra la corrupción, cuyo artículo 6º prescribe que cada miembro tiene la obligación de establecer un órgano u órganos para la prevención de la corrupción con plena independencia y los medios necesarios para cumplir sus responsabilidades.

Para ello, se ha constituido de una comisión muy reducida de apenas 8 miembros, que podéis ver en la foto superior (cortesía del Tribunal de Contas) presidida por el propio Presidente del Tribunal, Guilherme d’Oliveira Martins con una Secretaría asumida por el Director General del mismo Tribunal de Contas, el Conselheiro José F.F. Tavares.

La acción de este Consejo debe centrarse en la recogida y tratamiento de información sobre la prevención y detección de la corrupción activa y pasiva, en el seguimiento y la aplicación de las medidas administrativas adoptadas por el gobierno y el sector público empresarial para prevenir y de la lucha contra los delitos relacionados con la corrupción.

Además, en colaboración con las autoridades competentes promoverán la adopción de códigos de conducta y buenas prácticas y el fomento de la formación de los funcionarios de la Administración Pública. Por último, el Consejo deberá remitir a la Asamblea de la República y al Gobierno, un informe anual que identifique las áreas de riesgo en relación con la corrupción en el gobierno y el sector público y las empresas que contengan recomendaciones de medidas legislativas y/o administrativas.

Guía de riesgos

El primer paso que ha dado el Consejo ha sido la realización de un macro-cuestionario que deberán cumplimentar y rendir en formato electrónico todas las Administraciones Públicas de Portugal durante este mes y que permitirá evaluar la contratación y los beneficios fiscales. Igualmente se acaba de aprobar otro para las empresas municipales.

Oficinas antifraude

Ya hemos comentado en esta bitácora la discusión institucional que precedió a la creación de la Oficina Antifraude de Cataluña por la Ley 14/2008, por su difícil encaje entre los órganos de control y las fiscalías, por no mencionar la actividad jurisdiccional del Tribunal de Cuentas de España. Adscrita al Parlament, su misión es preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma mediante una actividad asesora, preventiva y de formular propuestas y recomendaciones pero también investigadora de posibles casos concretos de uso o destino ilegales de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público.

El asunto vuelve a estar de actualidad porque esta semana se ha conocido la Sentencia que condena por prevaricación y malversación de fondos públicos (a cuatro años y medio de cárcel y seis de inhabilitación) a un Alto Cargo de la Generalitat que durante 1994 y 1995 encargó y pagó 46.158 euros por ocho estudios de derecho laboral que, según el tribunal, no tuvieron ninguna utilidad “ni ningún interés”. Se trataba de “meras copias de publicaciones de años anteriores existentes en el mercado y en las bibliotecas”, que no tenían autor ni bibliografía, y en los que en algún caso se citaba una normativa laboral derogada o incorrecta.

Intentaremos presentar la sentencia en esta bitácora cuando esté disponible.

Ardor guerrero …

Como despedida quería presentaros el himno de los miembros de la Asociación de las Entidades de Control Externo de Latinoamérica y el Caribe (OLACEFS). Espero que seáis indulgentes.

HIMNO DE LA OLACEFS

Somos hermanos americanos

fiscalizamos la probidad,

somos latinos, americanos

y controlamos con seriedad.

Del Río Grande a Magallanes

Con el Caribe en parcialidad,

España y Portugal son adherentes

Constituimos una hermandad.

Contribuimos con nuestro esfuerzo

Cuidando el patrimonio estatal,

a que se haga un debido uso

en todo un período anual.

Legalidad es lo que queremos

evitando irregularidad,

preparamos los funcionarios

ampliando su capacidad.

Nuestra querida organización

desde su antigua fundación,

ha tenido preocupación

por hacer grande la Región.

Es nuestro orgullo se servidores

de nuestras patrias como nación,

queremos ser muy emprendedores

con sacrificio y abnegación.

Somos hermanos americanos

fiscalizamos la probidad,

somos latinos, americanos

y controlamos con seriedad.

Del Río Grande a Magallanes

Con el Caribe en parcialidad,

España y Portugal son adherentes

Constituimos una hermandad.

A finales del año 2007 se publicaba el Informe Global de la Corrupción 2007 (IGC) de Transparency International (TI) que está disponible en descarga libre para la edición en castellano.

Se trata de una obra que reúne la opinión de académicos, juristas y sociedad civil de todo el mundo con el fin de examinar cómo, por qué y en qué etapa la corrupción puede dañar a los procesos judiciales. Asimismo trata de reflejar posibles formas de remediar aquellos sistemas corruptos.

Los autores estudian el impacto que la corrupción judicial tiene sobre los derechos humanos, el desarrollo económico y la gobernabilidad. En concreto, se analizan dos problemas: la interferencia política que pone presión sobre los jueces para que éstos acaten a favor de sus intereses políticos y económicos, y la corrupción administrativa que involucra a personal de apoyo. El resultado es un análisis de cómo la independencia y la rendición de cuentas del poder judicial pueden ser abordadas para combatir la corrupción en el sistema judicial.

El magistrado español, Baltasar Garzón Real, tuvo el encargo de realizar el prólogo del libro.  Un par de folios que sirven de presentación del tema y que por su indudable interés y actualidad, reproducimos a continuación, invitando a que descarguéis y leáis toda la obra.

Baltasar Garzón Real.

Juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El fenómeno de la corrupción es tan antiguo como la humanidad. El Código de Hammurabi ya distinguía lo correcto de lo incorrecto. Hoy, de igual forma, distinguimos entre la ética en la gestión pública y el aprovechamiento de lo público en beneficio propio; pero, simultáneamente, la indiferencia de los ciudadanos respecto del modo en el que se gestionan los intereses públicos es casi general, lo que contribuye a la laxitud de la acción pública y a la impunidad oficial de los comportamientos corruptos. Sólo cuando la situación se hace insostenible, acontece la catarsis.

En alguna de estas ocasiones, la acción judicial ha determinado que la degradación no llegara a límites inaceptables. Junto a ello, la mayoría de las veces, el poder judicial se ha inhibido en el cumplimiento insustituible de su deber y se ha aliado con otros poderes para justificar sus desmanes y la ilicitud de sus acciones.

El juez, en un sistema democrático, es el punto de referencia por cuanto de sus decisiones van a depender la credibilidad y eficacia de los controles diseña- dos o va a determinar la necesidad de ellos. Por eso, cuando la corrupción se despliega en el sector judicial es mucho más perniciosa. Reforzar los mecanismos de independencia, de preparación científica y de protección económica y personal de los jueces, resulta básico, pero también lo es exigir su responsabilidad por su omisión.

Es decir, debemos contar con un poder judicial fuerte, independiente, inamovible, científicamente solvente y con rigurosas normas de calidad internas y externas. Con ello tendremos grandes posibilidades de que jueces y fiscales sancionen los comportamientos de corrupción, incluidos los propios, sin duda ni vacilación, ausentes de corporativismo, sin hallarse mediatizados por el poder político o constreñidos por los mass media, ni sobornados por el poder de las entidades económico-financieras, y sin temor a ser censurados o sancionados por el propio órgano de gobierno de los jueces.

Para conseguir este objetivo, resulta imprescindible reforzar la independencia judicial, y para ello el primer requisito es la integridad del propio juez. Son muchos los países en que los jueces son meros apéndices del poder ejecutivo. A veces por propia voluntad. La sumisión es absoluta con aquel que lo reconoce, premia o promociona. Esta autocorrupción es más intensa que la meramente económica a la que los jueces, como otros funcionarios, pueden verse expuestos. Es decir, no hará falta que se pida la decisión o acción corrupta porque el juez la ofrecerá ante la expectativa de lo que pueda obtener, o simplemente por esa especie de sumisión o temor reverencial que se tiene al poder económico o político de algunos.

Es cierto que los jueces clamamos por una mayor independencia, pero no lo es menos que, la mayoría de las veces, hacemos bastante poco por defenderla, sobre todo en aquellos casos especialmente complejos que ponen a prueba la probidad del funcionario judicial. En ellos, el juez deberá asumir la firme postura que la situación exija en defensa de la legalidad, frente a quien desde cualquier ámbito trate de aprovecharse. La inhibición o la mera pasividad del juez frente a estos fenómenos comporta una grave responsabilidad.

Esta tendencia puede y debe erradicarse mediante la introducción de un sistema definido y objetivo de selección, de evaluación científica continuada, retribuciones adecuadas, inamovilidad, sistema de incompatibilidades riguroso, sistema de responsabilidades civiles, penales y disciplinarias, así como un sistema de control y evaluación externo de la oficina judicial que garantice la pureza y agilidad de los procedimientos, el rendimiento de los funcionarios, la evaluación de los retrasos, la especialización de los investigadores y la adscripción de unidades técnicas de apoyo necesarias.

Junto a ello, la acción de un ministerio fiscal especializado, independiente e integrado en el poder judicial, que dirija la investigación, hará más creíble un sistema en que la lucha contra la corrupción no sólo es labor de jueces o fiscales, cuya acción firme y decidida marcará el camino para los demás actores y hará despertar a la sociedad de su letargo.

El Premio de Integridad es un reconocimiento anual que realiza Transparencia Internacional, destacando a aquéllas personas (¡heroes!, dicen) que con su labor contribuyen en la lucha contra la corrupción.

El pasado 17 de febrero, en una ceremonia llevada a cabo en Londres, se otorgó el Premio de Integridad 2008 a dos periodistas de investigación: el inglés David Leigh (The Guardian) y el ruso Roman Shleynov (Novaya Gazeta). 

Los ganadores del año 2008 han llevado adelante im labores de investigación y han expuesto redes de corrupción en sus respectivos países, desafiando importantes obstáculos con el riesgo de enfrentar acciones legales en su contra.

Sus investigaciones demuestran, según Sion Assidon, presidente del comité encargado del Premio, que el periodismo de investigación es un camino hacia la ‘accountability’ pública”. Y agregó, “demostrar cómo la corrupción mina la accountability y el ‘estado de derecho’ –tal como Leigh y Shleynov han hecho- es indispensable para desafiar el abuso de poder que puede ejercerse para obtener beneficios y ganancias ilícitas”.

Las investigaciones de David Leigh abordan temas como el soborno extranjero y la responsabilidad que pueden asumir los países desarrollados frente a la corrupción en naciones en vías de desarrollo. También investigó casos de corrupción en los negocios y de corrupción política en el Reino Unido.

Por su parte, Roman Shleynov, se ha concentrado en investigar los nexos corruptos entre los negocios y la política, presentando a “Novaya Gazeta” como un medio de comunicación firmemente comprometido con la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, este decidido rol ha costado la vida de cuatro de sus periodistas desde el año 2000 hasta la fecha.

Los Periodistas también son noticia por haber sido una noticia mundial silenciada inexplicablemente (¡desde hace 1 mes!) en los medios españoles defensores de derechos humanos y  luchadores  contra la corrupción.

Ha sido necesario acudir a San Google para conocer que el Capitulo Chileno de TI es él único que da la noticia en castellano de los premiados en 2008 y sus antecedentes. El Capítulo Español de TI presentó al Juez Torres de candidato español 2008 y el año 2005 fue candidato Juan José Moll.

Desde hace casi un siglo, se celebra cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Como recuerda la propia ONU, se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre.

La ocasión proporciona una oportunidad de rendir homenaje a los logros de la mujer y destacar las necesidades y las preocupaciones de la mujer en las agendas nacionales, regionales y mundiales. Nosotros no podíamos ser menos y queremos glosar dos noticias de la mujer en el mundo de la fiscalización.

La primera reseña se refiere a un conocido estudio realizado por el Banco Mundial, titulado “Corrupción y Mujeres en el Gobierno” que concluye que hay niveles más bajos de corrupción gubernamental cuando existen niveles más altos de participación femenina. El trabajo justifica su conclusión porque las mujeres cuentan con estándares más altos de comportamiento ético y demuestran estar más preocupadas por el “bien común”.

Una aplicación práctica de la anterior afirmación podemos encontrarla ayer, en el diario El País, que se hacía eco de la noticia por la cual se otorgaba a mujeres policía el control del tráfico de Lima (ocho millones de habitantes) para acabar con los sobornos exigidos por los hombres. Unos 500 policías varones sean transferidos a otras labores en las comisarías.

Por lo tanto, “el cuerpo de policía de tránsito” quedará conformado por 2.074 agentes, mujeres en su inmensa mayoría:

La prensa de hoy se hace eco de la sentencia, de 122 folios, que condena por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, a penas de entre 6 años y 10 meses y 9 años de prisión al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y al asesor jurídico y al contable de la  ingeniería financiera del “caso Saqueo”, que dio lugar al desvío de fondos del consistorio entre 1991 y 1995. Los tres deberán indemnizar además al Ayuntamiento con casi 23 millones de euros por los perjuicios causados.

El Tribunal considera probado que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL), el ex alcalde es aconsejado por el asesor jurídico, quien concibe la idea de crear varias empresas sujetas a la legislación mercantil “bajo el aparente designio de que la gestión de los servicios municipales sería más ágil y eficaz“. 

El Tribunal de Cuentas ya determinó la responsabilidad contable correspondiente a los ejercicios 2002 a 2006, que hemos presentado en esta bitácora. La sentencia explica que las 31 sociedades municipales, «se nutrían» de las subvenciones y transferencias de dinero público del consistorio, «degenerando» en una situación de “opacidad y falta de transparencia que alejaba aquella gestión del control interno y de eficacia” por parte de la corporación municipal.

Para alcanzar sus objetivos criminales era imprescindible contar con estos fontaneros: un contable y un jurista. El primero era la persona que “confeccionaba y analizaba la contabilidad de las empresas municipales”, además de ocuparse de hacer las declaraciones fiscales que estaban “plagadas de datos falsos” y en las que se añadían “facturas ficticias”. Ambos realizaban “la confección y modificación de la contabilidad de las sociedades municipales, con el primordial designio de procurar que pasaran desapercibidas las irregulares detracciones de fondos que se efectuaban desde las cuentas de tales sociedades de gestión, con destino bien diferente a los fines de utilidad pública y social que le eran propios”.

En cambio, la sentencia sitúa a Roca en un segundo plano de la actividad delictiva. En concreto, señala que el ex asesor de urbanismo realizó “una importante aportación” en la detracción de fondos públicos desde la sociedad municipal de la que era gerente -Planeamientos 2000- “desviando dinero público a fines que se desconocen y, desde luego, alejados de cualquier idea de aplicación legítima”. También señala que en el entramado delictivo “participaron otros funcionarios que no han sido enjuiciados“.

Pero el tribunal también acusa a Roca de poner su capacidad empresarial a disposición de la trama delictiva a través de la aportación de cuatro empresas de su propiedad que se utilizaban para “crear la apariencia de ser entidades proveedoras de obras y servicios de las sociedades municipales, favoreciendo con ello el desvío de fondos públicos”.

En resumen, el entramado societario creado servía para “la detracción del patrimonio municipal” y en la operación se utilizaban “los conocimientos jurídicos” de Sierra, “los conocimientos contables” de Castel y “la actividad empresarial” de Roca.

Tras dar a conocer la sentencia, el tribunal, presidido por la jueza Ángela Murillo, ordenó el ingresó en prisión de estos tres grandes chorizos.

Casi todos los días tienen su celebración internacional. La organización Naciones Unidas (ONU) tiene su propio calendario, donde diciembre presenta once conmemoraciones, entre las que destaca la jornada de hoy, como Día Internacional contra la Corrupción. Sin duda, quedará eclipsada por ser la víspera del 60º cumpleaños de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en esta bitácora, hasta tenemos una categoría sobre el tema corrupto …

Hace seis años que la Asamblea General de la ONU proclamó el 9 de diciembre como fecha dedicada al día Internacional contra la Corrupción. Esta decisión buscaba aumentar la sensibilización respecto de este complejo fenómeno, así como del papel que puede desempeñar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para combatirla y prevenirla.

La Asamblea de las Naciones Unidad instó a todos los Estados y a las organizaciones regionales de integración económica a que firmen y ratifiquen lo antes posible la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a fin de lograr una más amplia y eficaz aplicación.

En efecto, tras la entrada en vigor en 2005 de la citada Convención, se obliga a los países firmantes a criminalizar dichas prácticas y a cooperar entre sí para devolver activos obtenidos por ese medio.

La Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) y la Unión Europea lanzaron esta semana una campaña mundial para mejorar la concienciación sobre la corrupción y sus efectos bajo el lema “Súmate al NO”.

El director de la ONUDD, Antonio Maria Costa, declaró en una conferencia de prensa celebrada ayer que la campaña pretende concienciar a la gente de que su ´no´ cuenta: “que deben decir ´no´ a cualquier intento de soborno, ´no´ a políticos que buscan la reelección a pesar de tener una reputación de ser corruptos”, oficina de Naciones Unidas.

Se emitirá a nivel mundial el vídeo de un minuto (que podéis ver pinchando en la foto que encabeza este artículo) con el mensaje de que “la corrupción corroe a la sociedad, compromete la democracia y debilita las instituciones“.

En España, que mantenemos el puesto nº28 en el ranking mundial de los países con menor corrupción percibida según Transparencia Internacional. Hemos sido adelantados por dos potencias latinoamericanas de la probidad: Chile y Uruguay. No se puede bajar la guardia, como nos recuerdan periódicamente muchas Instituciones.

En Europa, una reciente encuesta europea (Eurobarómetro), publicada en octubre, señaló que el 71 por ciento de los ciudadanos están convencidos de que es frecuente el fraude con el presupuesto estatal en su país y el 63 por ciento piensa que las acciones corruptas son corrientes en su Gobierno e instituciones nacionales.

Por último, el chiste de Forges de hoy en el diario El País:

Los días 28 y 29 del pasado mes de noviembre he participado en Cuenca (Ecuador) en el curso de Postgrado en Organización, Gestión y Evaluación de Instituciones Públicas que imparten la Universidad Panamericana y la Universidad de Alicante en esa ciudad andina. Se trataba de aprovechar mi última semana de vacaciones para hablar desinteresadamente sobre herramientas de planificación, de indicadores, y de control de gestión.

Allí, he podido conocer la gran polémica suscitada en ese país por la revisión de las condiciones en que se habían suscrito 3.800 millones de dólares de la Deuda Pública de Ecuador durante las últimas tres décadas.

En junio pasado, el Presidente Correa designó una comisión de notables para “auditar” ese proceso histórico, que entregó hace unos días el informe final, de 172 páginas, permitiendo declarar al Presidente de la República del Ecuador su intención de “no pagar algunos tramos de la deuda externa, por ilícitos y corruptos”. No obstante, se tiene cuidado de calificar esa deuda como “ilegítima”, pues la ilegalidad solo la determinan los tribunales. Lo que no es el caso.

El presidente de la citada comisión, Alejandro Olmos, denunció las condiciones exorbitantes en que se obligaba a asumir la deuda: “¡El Ecuador renunció a todas sus defensas del derecho nacional y del internacional!”

En efecto, para recibir el importe de aquellos préstamos, el Estado ecuatoriano debió renunciar a ejercitar derechos tan elementales como la presentación de demandas judiciales o el reconocimiento de que el pago de la deuda debe hacerse prioritario frente a las necesidades de alimentación, salud y educación de su población. Una práctica que exigía, por ejemplo, al Fiscal General de Ecuador, suscribir como propios, los informes que le enviaban los abogados de los prestamistas: “ … solicitándole se sirva emitir dictamen de acuerdo al modelo que se le adjunta”, se decía en un documento.

Otro problema añadido es que sólo el 14% de la deuda se dedicó a pagar proyectos de desarrollo. Y un 80% es sólo un nuevo préstamo para hacer frente a los intereses acumulados … Según la Comisión “el endeudamiento violó los derechos humanos”. En fin, que aumenta el respaldo social a la decisión del gobierno de no hacerse cargo de una deuda.

Brasil es uno de los países acreedores y teme que, a ejemplo del Ecuador, otros países de la región decidan demandar ante la justicia internacional los préstamos que recibieron de organismos brasileños. El Presidente Lula ha retirado su embajador en Quito.

Mientras tanto, Ecuador busca el asesoramiento de un grupo de juristas especializados en derecho internacional para acudir a los tribunales nacionales e internacionales, pues creen contar con suficientes argumentos del derecho internacional como para llevar adelante, e incluso ganar, esos juicios.

La Contraloría General de Ecuador está al margen de todo este proceso que, sin embargo denominan de “auditoría”, lo que induce a pensar que se trata de crear un escenario favorable para renegociar la deuda, en un país con unas elevadas bolsas de pobreza.

Hay que estar atentos al desarrollo de los acontecimientos. (Más)