Registro Oficial de Licitadores

Hoy, publica el Boletín Oficial del Estado la Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Esta Orden tiene por objeto acordar la puesta en funcionamiento de la aplicación informática que constituye el soporte operativo del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (art. 301 LCSP) y regular su funcionamiento, así como los procedimientos necesarios para su utilización por los empresarios, los órganos de contratación y los demás interesados.

El acceso al Registro será público y se efectuará a través de Internet, en la dirección electrónica http://registrodelicitadores.gob.es [...]

Defectuosa valoración de los criterios de adjudicación de los contratos públicos

Hoy he leído dos interesantes informes sobre la Cuenta General correspondientes a las Comunidades Autónomas de Andalucía y del País Vasco, ambos del ejercicio 2008. Destaco dos rápidos comentarios del apartado de Contratación administrativa, para volver a incidir sobre la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, que debe atender a criterios objetivos directamente vinculados al objeto del contrato.

[...]

Modificación de la Ley de contratos

El viernes pasado, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de modificación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para adaptarla a la regulación europea y cuyas características ya hemos avanzado en esta bitácora.

Además, el Proyecto de Ley modifica la normativa sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, así como la jurisdicción contencioso administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.

La nueva norma regula la naturaleza y características de los órganos independientes que deberán resolver los recursos que interpongan los particulares contra los actos de las entidades adjudicadoras dentro de los procesos de adjudicación de contratos públicos, tanto si éstas se integran en el sector público, como si son entidades privadas que gozan de derechos especiales o exclusivos y operan en los sectores del agua, la energía, los transportes o los servicios postales. [...]

Guía de fiscalización de las instrucciones de contratación

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat valenciana ha aprobado ayer, 8 de abril, la Guía de fiscalización de las instrucciones de contratación que deben elaborar los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de administraciones públicas a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público. [...]

Informes externos innecesarios y responsabilidad contable

Recientemente, el alcalde de una gran ciudad catalana se negó a empadronar a los inmigrantes ilegales. En defensa de esta posición esgrimió un informe de un prestigioso bufete de Barcelona. ¿Porqué no requirió el dictamen de los servicios jurídicos municipales?

En otros destacados titulares podemos encontrar que la oposición castellanoleonesa critica pagar por un informe copiado de “el Rincon del vago” o que se utilicen servicios jurídicos externos para levantar los reparos de un Interventor local, en Andalucía.

Sin embargo, la apoteosis sobre “encargos digitales” se alcanzó durante el otoño pasado, que el Gobierno catalán realizó una auditoría interna que reconoció que durante 2007 se habían encargado muchos informes a asesores externos que eran prescindibles o excesivamente caros, y que costaron 729.000 euros. El interventor general de Cataluña, autor de la fiscalización, exigía en sus conclusiones acabar con la práctica de contratar dictámenes desde las empresas públicas y utilizar los propios servicios de la Administración. El asunto (una pequeña tragedia en cada caso) hizo las delicias de los autores de tiras cómicas: [...]

La segunda fuga del derecho público

Gracias a Javier Pinazo conozco la existencia del libro ‘Fundaciones y Administración pública’, de María Teresa Carballeira Rivera (ver datos e índice). La autora, profesora de la Universidad de Santiago, nos recuerda en esta entrevista que las fundaciones públicas nacieron como forma de captación de recursos privados y de agilizar la gestión pública, pero en realidad sólo sirvieron como una “huida de todo control en contratación o reclutamiento de personal”. [...]

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

El Consejo de Ministros del pasado viernes ha recibido un Informe de la Ministra de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007.

La modificación del artículo 311 de LCSP incluye la creación de un órgano independiente de carácter administrativo, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, para resolver los recursos que interpongan los particulares contra los actos de las entidades públicas dentro de los procesos de adjudicación de los contratos del sector público estatal y que recibirá el nombre de Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, tendrá naturaleza administrativa y sus miembros gozarán de inamovilidad e independencia. La verdad es que el nombre se las trae.

[...]

Mas transparencia en Energía y Telecomunicaciones

El Pleno del Tribunal de Cuentas de España ha aprobado el 26 de noviembre pasado el Informe de Fiscalización de la contratación en el ámbito local de servicios y suministros de energía y telecomunicaciones, correspondiente a los ejercicios 2003, 2004 y 2005 y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, para su tramitación parlamentaria.

En el mercado de las telecomunicaciones y de la energía, las Corporaciones Locales constituyen un tipo de cliente con un importante volumen de demanda que ha venido experimentando un notable crecimiento en sus consumos y, con ellos, de los gastos presupuestados para financiarlos.

Para el Tribunal de Cuentas, estas circunstancias exigen, por sí solas, asegurar que la contratación pública garantice unas condiciones de competencia y concurrencia “que permitan aprovechar las ventajas que proporcionan los mercados liberalizados, a efectos de conseguir mejores condiciones económicas en estos suministros y servicios, mayor eficacia en la asignación de los recursos y, finalmente una mayor transparencia en la formación de los precios en interés de las administraciones y de la ciudadanía en general”. [...]

Modificación de los contratos del sector público

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible lleva, en su largo y variado articulado, una nueva (obligada y esperada) regulación de las modificaciones de los contratos de obra. Se introducirá en la LCSP un nuevo título V en el libro primero, con el siguiente contenido, que por su interés reproducimos a contnuación: [...]

Interventores, alcaldes y auditores

La prensa vasca recogía ayer unas declaraciones del Dr. Martinez Churiaque, presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) realizadas en una entrevista concedida a Radio Euskadi, donde se suma a la petición de una Ley de Auditoría Municipal que exija la rendición de las cuentas locales junto con un informe de auditoría privada.

Churiaque entiende que, al igual que las sociedades mercantiles de elevado tamaño o facturación, los grandes ayuntamientos deberían tener “mecanismos de control con tres “filtros”: control interno, control externo “quizá con firmas privadas” y control externo público. Esto permitiría a los OCEX concentrarse en áreas de riesgo específicas, como la gestión urbanística, la política de subvención de los entes públicos y la política de endeudamiento pues “este año 2010, va a ser un año muy duro”. [...]

Lula versus Tribunal de Cuentas de Brasil

Los artículos 70 a 76 de la Constitución Política Brasileña determinan que cada Estado de la Unión dispondrá de un Tribunal de Contas de siete consejeros “con notorios conocimientos jurídicos, contables, económicos y financieros o de administración pública” y más de diez años de ejercicio profesional, aunque menor de 65 años de edad.

Los consejeros de los Tribunales de Cuentas de los 26 Estados brasileiros (más el DF y los seis Tribunales municipales) me permitieron asistir, la semana pasada en Curitiba-Brasil, a la asamblea bianual de su órgano representativo (Atricon) para elegir sus cargos directivos, aprobar sus cuentas y discutir variados asuntos, entre ellos la posición institucional ante la nueva normativa nacional que promueve el gobierno de Lula. [...]

Modificados y complementarios

Estas figuras están de actualidad. Debe diferenciarse la modificación  contractual de aquella denominada obra complementaria, que podría separarse de la principal y requiere contratación independiente.

Antecedentes

Suele citarse la STS de 7 de julio de 1998 como delimitadora de ambas, en función de “la posible utilización separada renuevas obras, a su necesidad en relación con el proyecto inicial y a las dificultades técnicas de adjudicación y ejecución independiente, así como la interrelación física entre las obras y la necesidad de su introducción  para llevar a buen fin el proyecto, con la mayor satisfacción posible de los intereses generales”. [...]

El arte del reformado

El diario Expansión publicaba ayer un interesante artículo sobre el conflicto que mantiene la Comisión Europea con el Reino de España respecto de la regulación del modificado de obra, previsto en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, por el que se autorizan las modificaciones siempre que concurran razones de interés público y para atender a causas imprevistas (y justificada debidamente su necesidad en el expediente) sin que puedan “afectar a las condiciones esenciales del contrato”. [...]

Videoconferencia con Medellín

Hoy, a las 17 horas de España, he participado a través de videoconferencia en el II Encuentro Internacional de Control Interno celebrado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Medellín (Colombia) y convocado por la Gerencia de Control Interno de la Gobernación de Antioquia con el apoyo y aval académico de la Universidad de Antioquia y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia. [...]

Gatillazos en la concesión de obra pública

Se pregunta el diario Expansión:  ¿cómo hacer para que las obras no computen en déficit? Y se responde “Si un proyecto tiene suficiente riesgo transferido se considera que no es una obra de la Administración; y si no lo tiene, Bruselas opina que es un pago sin riesgo para la empresa, y eso computa como déficit”. Veamos qué quiere decir. [...]

Más control para la obra pública

Hace veinte siglos, Marco Vitrubio Polión, describió la arquitectura del imperio romano compuesta de cuatro elementos: el orden (relación de cada parte con su uso), la disposición (“el trazado en planta, en alzado y en perspectiva”), la proporción (“Concordancia uniforme entre la obra entera y sus miembros”) y la oikonomía (“procurar el menor coste de la obra conseguido de un modo racional y ponderado”). [...]

El convenio que no conviene

Toda la prensa rezuma crítica sobre los escándalos de corrupción que han dejado perplejo al personal estos días …  meses … años. El diario El País en su editorial de ayer concluía: “Con los partidos en manos de una oligarquía profesional sin escrúpulos, el Estado se convierte en un objeto de rapiña y la política, en un negocio”. El Mundo, por su parte, se atrevía a formular un “decálogo para que los corruptos no nos sigan saqueando” que, entre otras, recomienda disminuir la discrecionalidad de las actuaciones de los ayuntamientos y aumentar los controles.

Los convenios urbanísticos con particulares son una manifestación de la participación privada en el desarrollo de la actividad urbanística. Se trata de una figura polémica porque ha sido la fuente de escape para la legalidad urbanística y de frecuentes escándalos. En el caso de Marbella, fueron las herramientas favoritas del gilismo.

Por eso, los auditores públicos los consideran como un área de alto riesgo por su importancia económica así como la alta discrecionalidad observada en dicha gestión, con insuficientes controles y donde, con todo merecimiento, se hace imprescindible la máxima transparencia. [...]

La factura pierde su papel ante la Administración

La Disposición Final novena de la Ley de Contratos del Sector Público prevé que transcurridos 15 meses desde su entrada en vigor, la factura electrónica será obligatoria “en la contratación con el sector público estatal para las sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada”.

Dicha obligación, transcurrido el plazo indicado, no exige decisión administrativa en dicho sentido, sino que es exigible automáticamente.  Por ello, el diario Expansión nos recuerda que el plazo ha llegado y mañana entra en vigor tal obligación. El periódico Cinco Días entiende que muchas compañías y organismos estatales, autonómicos y locales no están preparados para afrontar este cambio. [...]