Categoría: Auditoría

Los profesores de la Universidad de Granada, Andrés Navarro Galera, Manuel P. Rodríguez Bolivar y David Ortiz Rodríguez han estudiado la posible incidencia que el uso del valor razonable o Fair Value (FV) en la elaboración de los estados financieros de las administraciones públicas podría tener en el ejercicio de las funciones fiscalizadoras propias de los OCEX. A tal fin, llevaron a cabo una encuesta dirigida tanto al Tribunal de Cuentas como a los OCEX autonómicos, al objeto de conocer su opinión sobre la relevancia, fiabilidad y viabilidad del valor razonable, cuyos resultados les han permitido obtener interesantes conclusiones sobre la posible incidencia de este nuevo criterio de valoración contable en la función fiscalizadora externa.

El trabajo será publicado en un próximo número de la Revista Española de Control Externo, que promueve el Tribunal de Cuentas de España. Presentamos aquí un avance de sus conclusiones.

LA REPERCUSIÓN DE LA ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PÚBLICA EN LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS OCEX

La divulgación en febrero de 2007 del primer borrador del nuevo plan general de contabilidad para las empresas mercantiles -elaborado por el Instituto de contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en coherencia con los planteamientos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de las nuevas Directivas Europeas en materia contable-, unido a los novedosos criterios de las normas internacionales de contabilidad pública (IPSAS) que viene emitiendo la IFAC, invitan a pensar que el Plan General de Contabilidad Pública de 1994 está llamado a ser sustituido en un próximo futuro por un nuevo plan que tome como referente los avances experimentados por las normas contables del sector empresarial y por el proceso de normalización contable pública internacional, entre los que encontramos la propuesta de una base contable de medición distinta del actualmente vigente coste histórico, tal cual es el Valor Razonable.

La introducción del Valor Razonable como modelo de valoración de activos en nuestro país podría ocasionar repercusiones en el ejercicio de la función de los OCEX españoles, puesto que estas instituciones, al margen de estar obligadas a fiscalizar la situación del patrimonio y de sus variaciones, han de llevar a cabo auditorías financieras, que son dirigidas hacia la verificación de que las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio.

En base a la opinión de personal técnico dependiente de los OCEX españoles acerca de la relevancia, fiabilidad y viabilidad del valor razonable, hemos extraído las siguientes conclusiones relativas a la posible influencia que la adopción de este método de valoración tendría en el ejercicio de la actividad fiscalizadora de estas instituciones.

Con carácter general, los encuestados entienden que el valor razonable debería sustituir al coste histórico como norma para la elaboración de los estados financieros de las entidades públicas, si bien las opiniones manifestadas presentan cierta disparidad. Los factores clave más determinantes de la aplicación del FV son identificados con la oportunidad de la información financiera y con el coste de las tasaciones. No obstante, la opinión del Tribunal de Cuentas es claramente contraria a la adopción de este nuevo método valorativo y no destaca ningún factor clave sobre los demás, otorgándoles una elevada trascendencia a todos ellos.

En cuanto a la relevancia, si el FV fuera adoptado, existan o no mercados para los activos, los estados financieros representarían mejor la imagen fiel del patrimonio y, aunque en menor medida, podría aumentar su comprensibilidad, su transparencia, su utilidad para cuantificar el coste de los servicios y la oportunidad en su elaboración, si bien, cuando no exista mercado para los activos o el FV sea aplicado a activos no financieros, tal oportunidad no se incrementaría. Para cualquier tipo de activos, y con independencia de la existencia de mercados para los mismos, la incorporación del valor razonable no generaría información más útil que el coste histórico para la elección de la modalidad de gestión de los servicios.

Respecto a la fiabilidad, la objetividad y verificabilidad del FV podría mejorar siempre que fueran identificados en la Memoria los métodos e hipótesis usados en su estimación, aunque, en general, no es considerado como un criterio más fácilmente verificable que el coste histórico ni más favorable para el ejercicio del control de legalidad. Desde el punto de vista de las auditorías financieras, el FV no sería más favorable que el coste histórico, aunque esta afirmación es más discutible en situaciones donde existan mercados para los activos.

Acerca de la viabilidad, en el marco de los trabajos de auditoría financiera, si el FV fuera aplicado a activos financieros conllevaría un mayor coste que el derivado de la aplicación del método del coste histórico, aunque se reconoce la posibilidad de estimar el valor razonable por el propio personal de la entidad auditada así como la existencia de métodos creíbles y de general aceptación, siempre y cuando existan mercados. Si no puede encontrarse un mercado de referencia, surgiría la necesidad de acudir a profesionales de la tasación externos a la entidad. Por otra parte, si el FV fuera empleado en la valoración de activos no financieros en situaciones de inexistencia de mercados, debería acudirse a profesionales externos de la tasación, el coste de las estimaciones no siempre resultaría asumible por las entidades públicas ni podrían emplearse métodos de suficiente credibilidad y aceptación generalizada.

Por último, se contrastaron las opiniones recibidas de los OCEX autonómicos con la emitida por personal técnico del Tribunal de Cuentas. En el caso de la relevancia, la mayor utilidad del FV respecto al Coste Histórico no es tan ampliamente reconocida en la respuesta recibida del Tribunal de Cuentas como en el caso de los OCEX. Si nos centramos en la fiabilidad, encontramos una diferencia significativa, ya que mientras la contestación procedente de los técnicos del Tribunal de Cuentas indica claramente que el valor razonable es más fácilmente verificable que el coste histórico, la opinión media de las encuestas de los auditores autonómicos está dividida sobre este particular. En referencia a la viabilidad, la mayor diferencia se aprecia en la posibilidad de estimar el FV por los empleados públicos, en el coste asumible por las entidades y en el mayor coste que implica el FV para los trabajos de auditoría financiera, donde el grado de acuerdo del Tribunal de Cuentas con estas afirmaciones no es tan alto como en el caso de los OCEX autonómicos.