El próximo 22 de mayo se celebra en Toledo una interesante Jornada sobre financiación municipal y control de las cuentas locales. Se trata de un acto a celebrar en Centro Cultural CCM de Toledo (C/ Talavera s/n) de entrada libre hasta completar aforo organizado por la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha en colaboración con el Gobierno regional. El detalle del programa es el siguiente: 

9.30 horas. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA.

• Miguel Angel Cabezas de Herrera. Síndico de Cuentas de Castilla La Mancha.
• Leandro Esteban Villamor. Consejero de Presidencia y AAPP.

10.00 horas. CONFERENCIA


• Javier Suárez Pandiello. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Oviedo

11.00 horas. Pausa café

11.30. MESA REDONDA. Modera:
 Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla la Mancha.

• José Carlos Alcalde Hernández. Interventor General del Estado
• Ramón Álvarez de Miranda. Consejero del Tribunal de Cuentas
• José Ignacio Zoido. Alcalde de Sevilla. Presidente FEMP (pendiente de confirmar)
• Antonio López Hernández. Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía
• Eulalio Ávila. Presidente Cosital
• Juan Ignacio de Mesa Ruiz. Economista-Auditor

13,30 horas. ACTO DE ENTREGA PREMIOS AUDITORIA PUBLICA Y CLAUSURA DE LA JORNADA

María Dolores de Cospedal García. Presidenta de Castilla La Mancha

 Ya está disponible, en descarga libre, el n° 56 de la revista Auditoría Pública, correspondiente a abril de 2012.  Se trata de la publicación cuatrimestral de los Órganos autonómicos de Control Externo, y cuya coordinación lleva a cabo la Cámara de Cuentas de Andalucía. Este número que recoge las ponencias y conclusiones de los Encuentros Técnicos celebrados en el otoño pasado en Pamplona, incorpora el siguiente índice: 

ENTREVISTA

• Entrevista a Carlos Urgoiti, Director delegado de Presupuestos y Servicios Generales del Ayuntamiento de Bilbao  

IX ENCUENTROS TÉCNICOS DE INSTITUCIONES DE CONTROL EXTERNO

• Conclusiones

AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

•  Las recomendaciones en el informe de fiscalización  
Elena Herrero González
•  El equilibrio entre el respeto a la autonomía económico-financiera de las universidades públicas y su tutela financiera  
Javier de Diego Alonso
•  (Análisis empírico de las opiniones de auditoría en los gobiernos estatales de México ) 
Vicente Montesinos y Silverio Tamez

• Áreas de aprovisionamiento en centros sanitarios públicos: adecuación a las recomendaciones del Informe COSO  
Isabel Mª Gámez Peláez

•  ¿Qué competencias necesita el auditor para enfrentar los retos del presente?  
Mario Alberto Gómez Maldonado


LEGALIDAD

• Consideraciones acerca de la función fiscalizadora de los OCEX a raíz de la Sentencia Nº 660/2011 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Málaga  
Santiago A. Martín Nájera

CONTABILIDAD

• Propuesta de indicadores para la actividad de las Entidades Públicas de Control de los Presupuestos Generales del Estado, Comunidades Autónomas y Entes Locales  
Luis Carlos Sánchez

• Los programas presupuestarios del estado en España: metodología y análisis de las desviaciones presupuestarias (1990-2009)  
Valentín Edo Hernández

NUEVAS TECNOLOGÍAS

•  Análisis bibliométrico de una década de artículos sobre e-participación: estado actual y futuras lineas de investigación .- 
Laura Alcaide Muñoz, Raquel Garde Sánchez y Manuel Pedro Rodríguez Bolívar

NOTICIAS

(Noticias)

Intervengo hoy en Barcelona dentro de la Jornada de Auditoría del Sector Público. Que organiza el Colegio de Censors Jurats de Catalunya. Me toca hacer un repaso de las actuaciones de auditoría operativa en España así como presentar el estado de la cuestión en algunos países de vanguardia en las mejores prácticas. 

Suele recriminarse a los órganos españoles de control externo (OCEX) que hacen pocas auditorías de gestión. Es cierto. Son Instituciones inicialmente concebidas para fiscalizar la regularidad de la rendición pública de cuentas (¡la cuenta general!). Hasta tiempos recientes no se han planteado colaborar activamente en la mejora de la gestión en el sector público. Las razones son variadas y se relacionan con la tradición de una Administración orientada a los Inputs y al control del fraude. Era aquel auditor que tenía “corazón de feldespato”.

Sin embargo, hoy muchos son los OCEX de toda España que incorporan a los programas anuales de fiscalización informes de auditoría operativa, al amparo de una normativa que respalda sus análisis de eficacia, eficiencia y economía. Hemos comentado en el blog muchas de ellas.

Aprendiendo de los mejores

Diríamos que países de tradición anglosajona son el paraíso de las auditorías de gestión. Basta con analizar los títulos de los trabajos de la GAO norteamericana o la NAO británica para comprobar que no se parecen a nada a los nuestros.

 Baste recordar que, a mediados de la década pasada, la GAO renovó su nombre manteniendo las siglas: antes, General Accounting Office (GAO) y hoy: Government Accountability Office. No es un simple cambio estético sino muy profundo; publica algunos informes que pondrían los pelos de punta a los más leguleyos, Así, sobre temas tan delicados como la seguridad nacional o aeroportuaria. En este caso probaron que era posible superar la seguridad de varios aeropuertos norteamericanos, pasando sus controles con varios componentes de artefactos explosivos ocultos entre el “equipaje de mano”. Unos explosivos obtenidos con productos adquiridos en las tiendas locales y a través de internet, por menos de 150 dólares. Toda una auditoría de gestión aeroportuaria.

 Sin embargo, el más interesante acercamiento al mundo de la gestión lo ofrecen las extraordinarias guías de buenas prácticas que elabora la NAO inglesa (los australianos no se quedan a la zaga) en busca de una gestión eficiente. La obsesión por el ahorro –que está en todas sus actuaciones- les llegó a decir en su memoria’2011: “La NAO está completamente comprometida a impulsar la mejora sostenible de los servicios públicos y el ahorro del dinero público … El reto al que se enfrentan nuestros clientes es la entrega de productos de alta calidad con menos dinero y con menos personal. Nos enfrentamos el mismo desafío. Nuestra autoridad e influencia dependen de practicar lo que predicamos, por lo que nuestra estrategia establece los planes para reducir los costos netos de al menos un 21% en términos reales, durante los próximos tres años… Reduciremos desde la subcontratación hasta nuestros gastos en viajes …”.

El año pasado aprobaron 60 informes de value for money en temas que van desde el aumento de la capacidad de pasajeros por ferrocarril a la reforma de la estrategia contra el cáncer. Como podéis imaginar, este año la estrella es la Olimpiada 2012 que ha superado 7 auditorías desde el inicio del proyecto en 2007 y que “sigue su curso para concluir a tiempo su trabajo en el Parque Olímpico, dentro del presupuesto y con las normas exigidas”. Sin embargo, la propia NAO advierte problemas porque el coste futuro de la seguridad local se ha duplicado en el último año: la última estimación es de £ 553 millones (23.700 guardias de seguridad frente a los 10.000 estimados).

Compleja herramienta de mejora

Diríamos que la auditoría operativa es más una herramienta vinculada a la auditoría interna y a la Alta Dirección. Sin embargo, cobra mucha actualidad por la obsesión de los gobiernos en el Ahorro como nuevo paradigma de gestión, pues los gobiernos han corregido sus prioridades  recortando o eliminando muchos programas presupuestarios y se han embarcado –incluso antes de la crisis: mira esta entrada de febrero de 2007- en reformas de modernización administrativa.

Frente a la auditoría financiera, que exige una base académica de conocimientos de contabilidad y derecho –profunda, claro- la auditoría de gestión precisa formación en economía, ciencia política, sociología, estadística etc. A veces de otras materias que ni hemos soñado que utilizaríamos.

Frente a los métodos “estándar” de la auditoría de cumplimiento, cada auditoría operativa es distinta e incorpora una mayor libertad de criterio para el auditor. Pero todavía puede ser más difícil, cuando la auditoría es global.

El fenomenal Manual de Auditoría de Gestión del Tribunal de Cuentas Europeo (Ver) previene a los auditores para que tengan presente que, si llevar a cabo una auditoría de gestión “pura” constituye ya de por sí una tarea difícil, la auditoría global es todavía más compleja.

Por eso el Manual recomienda meditar cuidadosamente esas iniciativas y abordarlas sólo en aquellos casos en los que sea claramente posible obtener pruebas de auditoría suficientes, pertinentes y fiables, y emitir información clara, útil y oportuna que satisfaga tanto los objetivos de la auditoría de gestión como los de la financiera.

Algunos ejemplos en España

 Hemos comentado en esta bitácora algunas auditorías operativas como realizadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía (así, la promoción deportiva) la Sindicatura catalana ( Seguridad ciudadana) o la Audiencia de Cuentas de Canarias ( desde la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior hasta la Política Turística) el Tribunal Vasco de Cuentas (ingresos tributarios) y el Consejo de Cuentas de Castilla y León ( Abastecimiento de aguas ) o la venerable Cámara de Comptos (Universidad) por mencionar sólo algunos de los más relevantes.

El propio Tribunal de Cuentas de España ha iniciado, hace ya unos años, una variante: los informes horizontales que van del más complejo -Universidades 2003- hasta los servicios funerarios , pasando por actividades de administraciones de menor dimensión (Planificación y el Desarrollo Urbanístico de los municipios costeros de Cantabria, 2006 o el informe sobre la recogida de basuras en Aragón, 2004). También ha acometido la fiscalización operativa de una sola institución o parte de ella (así, la gestión de la Unidad de Grandes Empresas de la Agencia Tributaria).

Lo que nos faltaba. Un titular tan arrogante como el que preside este artículo, usted ya lo ha visto hablando de economía, de política, de universidad … parodiando esa original frase tantas veces repetida, desde la campaña de Clinton en USA, hace ya dos décadas. Ahora se utiliza para destacar lo esencial en determinada materia: desde la química hasta la justicia tienen su frasecita. Pero los contables también tienen su sitio en este pequeño museo. ¿Acaso es tan importante? 

Hace años, un colega me comentó asombrado que, durante una comida en La Habana con varios rectores cubanos, estos se levantaron casi sin terminar los postres. ¿Qué razón habría? Pues que el “compañero” Fidel Castro había decidido que todos los dirigentes de la revolución debían conocer de primera mano una materia “tan revolucionaria” como la contabilidad. Por desgracia, la clase estaba a punto de comenzar y nadie osaba pirar. No supongo tanta entrega para seguir este artículo.

Quería trasladarles una cuestión: ¿Se ha hecho al evaluación crítica del papel de la contabilidad y la auditoria en la actual crisis del sector público? Las modernas técnicas de contabilidad pública se basan en normas internacionalmente aceptadas y en el uso del devengo en lugar del criterio de caja. Esto les trae el recuerdo de aquel aburrido debate de Borrell frente a Aznar, pero es muy importante. Permite cálculos correctos y comparaciones adecuadas -transparencia- e impide disimular algunos elementos complejos como los pasivos futuros o los compromisos de la Colaboración Público-Privada. Por ejemplo: una prejubilación –aun haciéndola bien- supone cambiar dinero de hoy por pagos futuros. Otra: vender los propios edificios para, a continuación, alquilarlos con opción de compra: se hace caja –hoy- a costa de sucesivos desembolsos. ¿Cómo se refleja esto en los presupuestos? Mal.

Para avanzar en este sentido, las autoridades contables de Europa (International Accounting Standard Board, IASB) y Estados Unidos (Financial Accounting Standard Board, FASB) han acordado modificar el tratamiento contable de los alquileres operativos (de inmuebles, máquinas, vehículos, etc.) para equipararlos a los arrendamientos financieros o leasing. Un ejemplo: una empresa que pague 500.000 euros al año por el alquiler de un local con un contrato a cinco años habrá de incluir en su balance una deuda de 2,2 millones; esto es: el valor presente de los pagos futuros actualizado a una tasa de interés del 5%. Por aquí va el futuro.

Lo que si sabemos del pasado es que una mala praxis contable -y auditora- permitió la crisis de deuda soberana que hoy afecta a Europa. No sólo de Grecia vive la crisis, ni sólo del maquillaje presupuestario. A veces son “simples errores”. Irlanda descubrió recientemente que su deuda real era inferior en 3.600 millones de euros (2.3% del PIB) por un error contable. ¿Les parece extraño? Pues sepan que la disciplinada Alemania también “encontró” que había duplicado la deuda del conocido como banco malo, por 55.500 millones de euros. Estos errores fueron celebrados con alborozo en los respectivos ministerios de Hacienda, pero no alivian demasiado: varias ciudades alemanas se enfrentan a enormes deudas derivadas del uso de ingeniería financiera.

La Federación Internacional de Expertos Contables (IFAC) emitió un reciente documento pidiendo una mayor transparencia en la gestión financiera del sector público así como mejor rendición de cuentas y exigiendo a los gobiernos que se comprometan a varias reformas contables que incluyen: la publicación de estados financieros auditados dentro de los seis meses siguientes a finalizar el ejercicio, la utilización de presupuestos sobre base del devengo –sólo cuatro países lo usan- y proporcionar una total transparencia financiera antes de las elecciones generales. Estas si que son ideas revolucionarias.

El asunto no es tan fácil como parece. Pocos Gobiernos mantienen sus cuentas limpias en términos de auditoría. El gobierno federal USA -la entidad más grande y compleja del mundo- con un presupuesto de 3,5 billones de dólares nunca logró una opinión sin salvedades para sus cuentas anuales. El contralor mantiene un programa de atención sobre áreas del gobierno de alto riesgo por sus mayores vulnerabilidades al fraude, el despilfarro, el abuso y la mala gestión o la necesidad de una transformación para enfrentar los desafíos de economía, eficiencia y eficacia. Desde 1990 y cada dos años, la GAO ha designado más de 50 zonas de alto riesgo y, posteriormente, ha eliminado algunas debido a los progresos realizados.

En julio de 2009, añadió otra:  Reestructuración del Servicio Postal de EE.UU. para lograr una viabilidad financiera sostenible y eliminó dos gracias a los progresos realizados: el Departamento de Defensa- Programa de pagos al Personal de Seguridad y el Censo del año 2010. En 2011 se añadió la última, la Administración Federal de Petróleo y gas.

El asunto no es tan fácil como parece. Pocos gobiernos mantienen sus cuentas limpias en términos de auditoría, como bien sabe David M. Walker, ex contralor general de EEUU y Director de la GAO –equivalente a nuestro Tribunal de Cuentas– desde 1998 a 2008. Walker elabora el índice de la “salud financiera mundial” que encabezan Australia y Nueva Zelanda. El Reino Unido ocupa de un meritorio noveno puesto, España ocupa el 24, por delante de Alemania -el 25- y  USA que languidece en la posición 28, cerrando Grecia, en 34 lugar.

¿Cómo obtiene el ranking? Agregando tres componentes principales. Por una parte, midiendo los niveles actuales de deuda pública y considerado además el espacio fiscal que aun le queda. Por último, incorporando el grado de gobernanza presupuestaria, que incluye una valoración, en cada país, de la normativa financiera vigente.

En fin, aunque mejorables nuestras instituciones presupuestarias no parecen tener mucho que envidiar al resto de los Estados occidentales. Los problemas parecen ser más o menos los mismos, de ahí que los mecanismos de reforma necesaria deban ser similares. Sin embargo, los cambios no impedirán que muchos ciudadanos veamos, a veces, lo que queremos ver, a pesar de la elocuencia de las cifras, como bien saben los magos que siempre hacen sus trucos junto a una chica con vestido ajustado.

Publicado en el diario La Nueva España.

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acaba de hacer público el Informe de la Intervención General de la Administración del Estado )IGAE) sobre los resultados más significativos de la ejecución del Plan anual de Control Financiero Permanente y del Plan de Auditoría Pública, referido al año de 2010, según lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

En el mismo sentido, el Tribunal de Cuentas aprobaba y enviaba a las Cortes Generales la Declaración de la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2009, con el voto particular del Consejero Ubaldo Nieto de Alba, por la no inclusión de análisis alguno relativo al cumplimiento del principio y de las normas que regulan la transparencia en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Cuenta General del Estado 2009

El informe del Tribunal de Cuentas concluye con el análisis del incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que presenta el déficit (necesidad de financiación) de 90.179 millones de euros, lo que representa un 8,56% del Producto Interior Bruto (PIB), con una desviación negativa del 9,38% del PIB respecto al objetivo fijado (superávit del 0,82%). Este déficit es el resultado de la agregación del déficit de 98.508 millones (el 9,35% del PIB) de la AGE, organismos autónomos y demás entes públicos, y del superávit de 8.329 millones (el 0,79%) del subsector Seguridad Social según la delimitación sectorial del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95).

Informe de la IGAE

El informe de la IGAE contiene sustancialmente dos planos de la actividad de control:

1. Los resultados más significativos de los informes de las auditorías de las cuentas anuales del ejercicio 2009, que tienen por objeto conocer el grado de cumplimiento de la normativa contable en el sector público estatal.
2. Las conclusiones más relevantes derivadas del ejercicio del control financiero permanente y de la auditoría pública, tendentes a verificar si los sistemas de gestión económico-financiera se adecuan a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia que han de regir la gestión de los órganos y entidades que integran el sector público estatal.

Opinión de los auditores

De un total de 219 entidades del sector público estatal auditadas por la Intervención, la opinión de los auditores sobre las cuentas anuales de 2009 ha sido la siguiente:

- 117 favorables.

-  92 han resultado favorables pero con salvedades; es decir, existen circunstancias que, sin justificar una opinión desfavorable o su denegación, afectan a determinadas partidas concretas.

-  4 informes desfavorables.

-  La opinión se ha denegado a tres entidades.

La opinión se ha denegado o ha sido desfavorable, parcialmente, para tres entidades. 
Con carácter general, las cuentas del ejercicio 2009 muestran en las entidades del sector público estatal un cumplimiento razonable de las normas y principios contables que les son de aplicación, si bien en algunos casos se mencionan circunstancias, tales como errores, incumplimientos normativos o insuficiencias de información, que afectan a la representatividad de las cuentas.


Salvedades

En el conjunto de entidades pertenecientes al sector público administrativo, las principales salvedades se producen, por un lado, en los organismos autónomos, fundamentalmente por deficiencias en el inmovilizado, como consecuencia de no tener inventario o tenerlo con errores significativos o por un registro incorrecto del inmovilizado y sus amortizaciones. 
En el sector público empresarial la mayoría de las salvedades se produce en las autoridades portuarias, como consecuencia de la incorrecta contabilización de las obligaciones económicas derivadas de tres sentencias del Tribunal Constitucional respecto de las liquidaciones tarifarias. 
Las salvedades en el sector público fundacional son de escasa relevancia en el conjunto de entidades.

El Colegio de Censores Jurados de Cataluña celebra, el próximo día 26 de abril, la III Jornada de Auditoría del Sector Público (Ver programa y formulario de inscripción).

Se trata de una magnífica oportunidad para analizar, en una comprimida jornada de trabajo, aspectos relevantes para la fiscalización, como las Normas de auditoría relativas a los informes (IGAE, OCEX, INTOSAI, IFAC), una parte coordinada por el Vicepresidente del Colegio, Miguel Antonio Pérezy con ponencias a cargo de los catedráticos Lourdes Torres (Universidad de Zarsgoza) y Antonio López (Cámara de Cuentas de Andalucía), los Informes de auditoría de regularidad y de control financiero, coordinada por la Presidenta del COSITAL de Cataluña, Maria Petra Sáiz, con ponentes como Joan Guerrero (Generalitat de Catalunya) y María del Mar Ramírez (Ernst & Young). Tras el almuerzo de trabajo se estudiarán los Informes de auditoría operativa, parte coordinada por María Eugenia Zugaza, Presidenta de la Comisión de Sector Público del ICJCE con ponencias a cargo de Pere Ruiz, (Faura-Casas) y yo mismo.

Por último Mireia Vidal, Interventora General de la Generalitat catalana coordinará las ponencias de Álvaro Garrido-Lestache (Tribunal de Cuentas Europeo), Ferran Bayo (Diputación de Barcelona) y Raimon Ripoll (Deloitte) sobre Informes de encargos especiales.

Clausurarán Jaume Amat, Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y Daniel Faura, Presidente del Colegio catalán de Censores Jurados y gran impulsor de estos encuentros técnicos.

En definitiva, la tercera edición de una interesante jornada profesional, para intercambio de experiencias y conocimientos entre auditores privados y públicos, desde una perspectiva académica o profesional.

Leo en el último número de la revista Partida Doble el artículo de los profesores valencianos García Benau y Maestro Chillida titulado Hacia una norma de auditoría sobre responsabilidad del auditor ante el fraude que aborda cuestiones como el riesgo en auditoría, el escepticismo profesional y la información del fraude. 

Ninguna Norma Técnica de Auditoría (NTA) española tiene como objetivo concreto regular los fraudes en los estados financieros. Sin embargo, la próxima adopción de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) por la Comisión Europea incorpora nuevos criterios en la detección e información del fraude.

En efecto, el parágrafo 15 de la NIA 200 recuerda que el auditor deberá planear y ejecutar una auditoría con una actitud de escepticismo profesional. Esto significa que el auditor hace una evaluación crítica –“con una mentalidad cuestionante”- de la validez de la evidencia obtenida. Por lo tanto, está alerta a evidencias de auditoría que contradigan o pongan en duda la confiabilidad de los documentos y respuestas a los análisis y otra información obtenida de la administración y de los encargados del gobierno corporativo. En definitiva: cuando hace averiguaciones y ejecuta procedimientos de auditoría y se topa con una evidencia de auditoría que no es totalmente “persuasiva” no debe quedar satisfecho por la creencia de que la administración y los encargados del gobierno corporativo sean honrados y tengan integridad.

Un ejemplo

Durante los años setenta se produjo en EE UU un sonoro fraude, capitaneado por los directivos de un fondo de inversión. La estrategia fraudulenta se basaba en la adquisición de una compañía de seguros, que declaraba negocios ficticios, multiplicando sus ingresos e incrementando su cotización bursátil y por tanto el valor del fondo. Incluso vendía las pólizas a compañías reaseguradoras y hasta simulaba la «muerte» de los falsos suscriptores. Todo ello con la connivencia del centro de informática y hasta con el apoyo de su propia imprenta, donde se falseaban los certificados médicos o de fallecimiento.

El caso se incluía durante los años 90 entre el material de los seminarios del Tribunal de Cuentas como ejemplo de la desafortunada actuación de los auditores que incurrieron en seis graves errores: tenían un cierto complejo de inferioridad frente a los triunfantes directivos; cuando descubrían algún indicio acudían al presidente de la sociedad, que era el cerebro del fraude; tenían confianza ilimitada en los empleados de la compañía; no se verificaron las operaciones entre las filiales y la matriz; las operaciones de confirmación se hacían en los locales de la compañía, que les tenía pinchado el teléfono; por último, cuando se lanzaba una comprobación de los saldos, la respuesta era del 100%, en pocas horas y siempre «de conformidad» con la contabilidad.

Conviene no olvidar que la función de los auditores no es descubrir fraudes. En el caso de la aseguradora no encontraron ninguna evidencia y la estafa se descubrió por un cómplice descontento. La misión de los auditores es «emitir una opinión técnica» sobre si las cuentas de una organización representan fielmente la realidad.

Evaluación crítica de la evidencia

Esa actitud de escepticismo profesional, dice el parágrafo 23 de la NIA 240, es una actitud que incluye un estado mental inquisitivo y una evaluación crítica de la evidencia de auditoría y requiere un “cuestionamiento continuo sobre si la información y la evidencia de auditoría obtenidas sugieren que pueda existir una representación errónea de importancia relativa debida a fraude”. Así, establecen una serie de procedimientos que debe aplicar el auditor para detectar fraudes aunque no haya encontrado indicios de ello.

Entre las NTA españolas, existe una del año 2000 sobre “Errores e Irregularidades“. En ella se denomina “irregularidad” a las incorrecciones que vienen dadas por acciones intencionadas (mientras que la NIA se denomina a este concepto de manera más expresiva: “fraude”. Está claro que para el ciudadano es más claro este concepto, aunque incorpora, a priori, un cierto juicio de valor. Por el contrario, el término “error” es más aséptico y se refiere, en el contexto de esa norma técnica, a actos u omisiones no intencionados.

En la Sindicatura de la Comunidad valenciana existe una Directriz Técnica al respecto.

Pues bien, de acuerdo con las NIA´s los auditores deben realizar indagaciones a la dirección del riesgo que esta ha obtenido de que los estados financieros puedan contener incorrecciones materiales debidas a fraude, y también deberá indagar al resto de personal de la entidad y de este modo obtener información que no podría conseguir de otra manera. Benau y Maestro, en el artículo comentado destacan “la importancia del elemento de imprevisibilidad que debe introducir el auditor para dificultar que el personal de la entidad oculte información”, ya que es mucho más sencillo detectar incorrecciones cuando no esperan algunos de los procedimientos que vaya a aplicar el auditor.

Leo el artículo de Ramón Roger en Cinco Días, titulado Auditoría de municipios:¿preparados? donde se achaca la culpa del actual colapso presupuestario local a la “falta de control financiero y a la escasa transparencia de las cuentas locales”. Tanto el Estado como las CCAA (“Intervención General, tribunales de cuentas, etc.”) se mostraron insuficientes para detectar la mala situación de las cuentas públicas, según el autor. 

¿Ha sido eficaz el control local?

Discrepo de la tesis subyacente en este interesante artículo. En mi opinión ha sido el desplome de los ingresos locales la causa de todos los males. El ciclo electoral –de todo signo político- generando gasto sin cobertura suficiente: he aquí el verdadero culpable.  Es cierto que ha habido algunas locuras puntuales -vinculadas a operaciones desproporcionadas- pero, en general, el control interno municipal es bastante bueno (muchos alcaldes me dirán que excesivo) y legalmente muy formalista, aunque no haya impedido la tormenta perfecta del empeoramiento en todos los indicadores financieros: más deuda, menos remanente de tesorería, más necesidad de financiación, peores plazos de cobro y de pago, con la presión fiscal subiendo.

El control externo es mejorable, estamos de acuerdo. Es lento y, en muchos casos moroso en la rendición de cuentas,  de ahí la vieja demanda a favor de una Ley de Auditoría Municipal siempre expresada por los representantes de los OCEX (ojo: sólo autonómicos) frente al Tribunal de Cuentas que sigue viendo a los auditores privados con recelo.

Mientras tanto, muchos gobiernos autonómicos encargan informes de auditoría o consultoría en relación con las finanzas regionales, su estado actual o las posibles líneas de actuación -léase recortes- para detectar áreas de mejora. Entre estos últimos, el caso de la Comunidad Valenciana:

¿Más auditoría local?

Planteado en el programa electoral del Partido Popular, que resultaría vencedor el 20-N, su contenido fue recibido con satisfacción en el reciente congreso anual de los Censores Jurados españoles. El compromiso de Rajoy era promulgar una ley de control y auditoría única para todo el sector público español y exigir “la realización de auditorías financieras, operativas y de cumplimiento a todas las corporaciones locales con más de 5.000 habitantes”.

En realidad, el programa nada dice de la participación de los auditores privados en el asunto, aunque la lógica nos conduzca por ese camino, ante la magnitud de la tarea: un millar de informes en todo el territorio nacional.

Tampoco dice el programa que esas auditorías sean simultáneas. Ni mucho menos anuales. Muchos OCEX están haciendo fiscalizaciones singulares de los ayuntamientos de población mayor de 5.000 habitantes, al menos cada cuatro o seis años. Creo que todos ellos podrían estar en condiciones de alcanzar un compromiso en tal sentido, aunque es materialmente imposible hacerlo con regularidad anual, como recuerdan siempre los OCEX.

Reino Unido: paraíso del sector privado

En el Reino Unido, tal como prometió Cámeron (ver entrada anterior) esta misma primavera se aprobará el Proyecto de ley para abolir la Comisión de Auditoría y obligar a los municipios a seleccionar a sus propios auditores externos, en un modelo similar al existente para el sector privado.

Así, las autoridades locales vendrán obligadas a convocar un concurso público cada cinco años para designar a una empresa de auditoría, con pocas restricciones en los periodos de tiempo en que los miembros de los equipos de auditoría pueden participar: el socio, siete años de trabajo, mientras que el gerente de auditoría se limita a diez años. El Ministerio sólo interviene ante incumplimientos, sancionando ante la falta de nombramiento.

Un Consejo de Información Financiera tendrá la responsabilidad general de regular el nuevo sistema, mientras que la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) elaborará un código de buenas prácticas para la auditoría local.

Para terminar, nada mejor que Dilbert, cuya opinión de los apoyos externos no es muy agradable. Pinche si quiere ampliar:

El Síndic Major de la Comunidad Valenciana, Rafael Vicente, ha entregado en les Corts el Informe de Fiscalización del Sector Público Autonómico correspondiente al ejercicio 2010. Como viene siendo habitual, es de los primeros que se aprueba y publica a nivel nacional- este año le ganó la Cámara de Comptos- conteniendo la fiscalización del ejercicio inmediatamente anterior. Incluye la Administración de la Generalitat, entidades autónomas, Universidades, empresas y fundaciones públicas, que suman un gasto de 18.073,7 millones de euros. 

La fiscalización de regularidad (de control general o sobre áreas específicas) ha afectado a organismos que representan en conjunto el 97,6% del presupuesto, mientras el resto ha estado sujeto a un control formal de rendición de cuentas. Además, este año se han realizado dos auditorías de eficacia de los sistemas de información y de control interno: una de los procedimientos de gestión de la nómina del personal sanitario de la Generalitat, y otra sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Por último, siguiendo el trabajo iniciado el ejercicio anterior, se ha elaborado un informe especial de seguimiento de la fiscalización del perfil del contratante e instrucciones de contratación del sector público autonómico.

Conclusiones generales

Las conclusiones generales del informe de fiscalización vienen recogidas en el Volumen I, (páginas 22-23) y señalan, entre otras cuestiones, que “en general, la información se presenta de acuerdo con los principios contables y con la normativa legal que le son de aplicación, con las excepciones y salvedades que se señalan en el informe” y que en el ejercicio de la función fiscalizadora “no se han encontrado situaciones en las que pudieran concurrir características básicas de responsabilidad contable”. Este volumen incluye también el Resumen de la Fiscalización (páginas 24-28), con los aspectos más relevantes de la Cuenta General, así como un seguimiento de las recomendaciones realizadas, donde se constata que 31 entidades del sector público autonómico han informado sobre las medidas correctoras adoptadas para subsanar las deficiencias detectadas por el órgano de control en el informe de fiscalización de 2009.

Además, coincidiendo con la publicación de este informe, la Sindicatura ha abierto en su página web la Base de Datos Económicos del Sector Público Autonómico (Badespav), que incluye las cuentas anuales de todos los entes fiscalizados y por tanto toda su información económico-financiera de los ejercicios 2007 hasta 2010.

El agujero sanitario

Al igual que se indicaba en informes de ejercicios anteriores, los gastos sanitarios han experimentado un fuerte aumento a lo largo del tiempo, considerando la Sindicatura que sus causas son “numerosas y complejas” y fundamentalmente una “financiación insuficiente” no ajustada a la realidad demográfica actual. Además, este año se agrava por la disminución de los ingresos totales -no financieros- en un 10,6% respecto a 2009.

Respecto a la deuda sanitaria (sin incluir farmacia), a 31 de diciembre de 2010 figuraba contabilizada, con base en los correspondientes acuerdos del Consell, en la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” por 1.398,3 millones de euros, para su imputación presupuestaria  a los ejercicios 2011 a 2017. Además, resta por contabilizar 1.343,1 millones de euros, según la información obtenida de la Conselleria de Sanidad, a imputar también a presupuestos de ejercicios posteriores.

El informe corrige a la Generalitat en el volumen de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros que el Ejecutivo autonómico cifró en 26.109,9 millones, pero la Síndicatura advierte que faltan otros 2.042,9 millones, hasta sumar 28.152,8 millones. Una cifra que equivale a más de dos presupuestos de la Generalitat.

Además, constata que se cambió el criterio de cómputo de los intereses de la deuda, con el fin de reducir el escandaloso volumen de deuda que resultaba, 35.126 millones al cierre de 2009.

La semana pasada, el presidente del Instituto de Censores -ICJCE- Rafael Cámara, compareció en Vigo ante más de 500 auditores, dentro del XX Congreso Nacional de Auditoría. Puedes ver aquí las conferencias en video. Advertía en la clausura que, según el Tribunal de Cuentas, el 36% de los ayuntamientos “ni siquiera ha presentado las cuentas de 2008 y, por supuesto, ningún organismo las ha fiscalizado”. Queda por saber el papel que puede jugar el auditor privado en el sector público. Una vieja reivindicación profesional y una manera de ampliar el mercado en un momento de crisis y dura competencia.

Recordemos que el programa del Partido Popular (ver reseña de los programas en la reciente campaña electoral) ganador el 20-N, contenía el compromiso de exigir la realización de auditorías financieras, operativas y de cumplimiento a todas las corporaciones locales con más de 5.000 habitantes.

Una vieja reivindicación

Ya hemos tenido ocasión de presentar en esta bitácora la demanda, por parte de muchas organizaciones públicas y privadas, para avanzar hacia una ley de auditoría municipal. Aquí puedes ver los antecedentes, que se asemejan al modelo británico, actualmente en revisión.

Nuestra doctrina financiera suele recordar, periódicamente, que una “fiscalización” implica un trabajo mucho mayor y con unos objetivos mucho más amplios que una “auditoría de cuentas”. Entre los últimos artículos que han tratado el tema puede leerse en Auditoría Pública nº 53 a Ana María González Romera, supervisora de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

¿Hacia un nuevo marco legal?

Sin embargo, el cambio legislativo que de soporte a esa futura auditoría privada en el mundo local ha de ser amplio y sustancial. El Tribunal de Cuentas de España en un informe aprobado en 2009 ha tenido ocasión de reiterar que con la actual normativa, en el ámbito local, la adscripción de las funciones públicas de control se efectúa, por el artículo 92.2 LRBRL, reservando su ámbito externo al propio Tribunal u órgano autonómico equivalente y el control interno a los funcionarios habilitados correspondientes (intervención). Según el razonamiento del TCu:

 “los informes elaborados por auditores privados requerirán la supervisión y aceptación definitiva de los órganos que tienen reconocida la competencia para actuar en el ámbito del control interno o externo de la actividad del sector público y sólo adquirirán el carácter formal de informe de auditoría cuando la normativa expresamente lo contemple”.

Una reivindicación que el propio Presidente del Tribunal no se cansa de repetir en todos los foros. Ente los funcionarios con habilitación estatal esa posición se considera un refuerzo de la importancia de su papel. Sin embargo, sólo por poner sobre la mesa, en el cierre de cada ejercicio, las facturas del cajón, merece la pena tener en cuenta esta posible reforma legislativa que traerá mucho ruído, sin duda.

Un delicado escenario local

Todo esto, se plantea en un momento crítico para las finanzas locales, con una alta morosidad en sus deudas con los proveedores, muy por encima de los límites legales. Hoy mismo, el diario económico Cinco Días anunciaba en su portada que las empresas ya aceptan quitas del 50% para cobrar deuda local.

Se trata de la aparición de sociedades cuyo objeto social es adquirir esa deuda con un elevado descuento, que por termino medio puede oscilar entre el 10% y el 30%. Es el caso de Mercadeuda, nuevo modelo de negocio que intermedia entre proveedores y ayuntamientos que carecen de liquidez:

 ”La empresa que tiene una deuda se la vende a un inversor con un descuento (entre el 30% y el 50%) y este posteriormente se la cambia al ayuntamiento por un activo, como un parking. De este modo, el proveedor recupera parte de su deuda, el ayuntamiento consigue liquidez y el inversor obtiene un bien con un elevado descuento“.

Los tiempos andan revueltos en la zona euro. Barajamos miles de millones en préstamos de las Instituciones Europeas para “rescates” de Estados miembros … ¿Y los mecanismos de control? Parece conveniente reflexionar en esta bitácora sobre tan transcendental asunto y, para ello, nada mejor que valerse del reciente documento “de posición” hecho público por del Tribunal de Cuentas Europeo, bajo el largo título “Consecuencias de la actual crisis económica y financiera en la rendición de cuentas y la fiscalización del sector público de la UE y la función del TCEu”. 

Instrumentos

La UE viene adoptando en los últimos tiempos una serie de medidas para favorecer la sostenibilidad del sector financiero, entre las que figura la implantación de un Sistema Europeo de Supervisores Financieros. Entre ellas, la creación de tres nuevos organismos de supervisión como la Autoridad Europea Bancaria (AEB), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores (AEV), con funciones operativas a partir del 1 de enero de 2011.

Para los que no formaban parte de la zona del euro, la UE pudo recurrir a un instrumento financiero, el Mecanismo comunitario de ayuda financiera a medio plazo.El Tribunal está proyectando una auditoría de los préstamos aprobados por el Consejo.

Para ayudar a los Estados miembros de la zona del euro, la UE creó dos instrumentos temporales. En primer lugar, el Mecanismo europeo de estabilización financiera fue instaurado en 2010 para conceder ayuda financiera de la UE garantizada por su presupuesto. Hasta el momento, esta ayuda se ha otorgado a Irlanda y Portugal. El Tribunal declara su intención de fiscalizar la fiabilidad de los desembolsos del préstamo en su auditoría de la ejecución del presupuesto de la UE en el ejercicio 2011.

En segundo lugar, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) puede facilitar ayuda a los Estados miembros de la zona del euro (por un importe de hasta 440 000 millones de euros). El acuerdo marco entre dichos Estados y el FEEF no prevé la realización de auditorías externas por una entidad pública (se ha nombrado un auditor privado). El FEEF es una sociedad anónima de titularidad enteramente pública y constituida de acuerdo con el derecho luxemburgués.

El Consejo Europeo decidió sustituir estos dos instrumentos temporales en 2013 por uno permanente, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE). Aquí surge una cuestión: ¿cómo dividir el trabajo en este ámbito entre los auditores públicos y privados? ¿Y entre las instituciones europeas y las Entidades Fiscalizadoras de los Estados miembros? El Tribunal hace púbico su propósito de contribuir a crear una estructura transparente que preserve suficientemente la realización de auditorías públicas.

En definitiva …

La crisis financiera ha planteado nuevos problemas de auditoría pública en la Unión Europea. Como es habitual, el TCUe fiscalizará los nuevos organismos de supervisión, los mecanismos de ayuda garantizados por el presupuesto de la UE. Ahora bien, el propio Tribunal también ha identificado casos de insuficiencia de los dispositivos de auditoría pública y considera, en este sentido, que el Tratado por el que se establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad tendría que prever una auditoría pública externa. Además, las instituciones europeas competentes, en particular el Parlamento Europeo y el Consejo, deberían reflexionar sobre los aspectos de rendición de cuentas y transparencia en una serie de casos (normas de contabilidad y auditoría, actividades de banca central y seguimiento de las políticas fiscales) ante las nuevas reglas que se están definiendo.

Contabilidad y Auditoría privada

Los problemas del sector financiero pusieron de manifiesto, además, insuficiencias en la contabilidad y la auditoría del sector privado. Por lo que se refiere a las normas contables internacionales, el Tribunal recuerda que se está trabajando para conseguir un “conjunto único de normas de alcance mundial y calidad elevada”. En cuanto a las normas de auditoría internacionales, la Comisión, en su Libro Verde sobre Política de Auditoría de octubre de 2010, ha solicitado la opinión de distintas partes interesadas sobre diversas cuestiones, entre ellas la introducción en la UE de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) que constituyen una importante fuente de inspiración para las normas aplicadas por los auditores del sector público. El Tribunal utilizará sus conocimientos y experiencia para analizar la manera de contribuir al debate y al desarrollo y a la aplicación en la práctica de las normas internacionales de contabilidad para el sector público en la Unión Europea.

Desde la modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas, a finales del año pasado, el Ministerio de Hacienda, a través del ICAC, ha venido retocando las Normas Técnicas de Auditoría (NTA-ver). Me parece interesante dedicar esta entrada de la bitácora a comentar la nueva NTA-sección 3ª  sobre informes, dictada para suprimir la mención a determinadas incertidumbres -antes existente- que afectaba a la opinión y que es de aplicación obligatoria a los informes de auditoría de cuentas que se emitan para fundaciones y sociedades mercantiles -públicas y privadas- a partir del 1 de enero de 2011 (ver BOE).

Así, se establece la obligatoriedad de hacer la mención en un párrafo de énfasis -sin que la opinión se vea afectada- por la existencia de incertidumbres sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, siempre que dichas circunstancias se informen adecuadamente en las cuentas anuales conforme a lo exigido en el marco normativo de información financiera.

La nueva norma sobre informes modifica los tipos de salvedades que puede tener un informe, eliminando las salvedades por incertidumbres y por no uniformidad en la aplicación de principios y normas contables e introduce el concepto nuevo de comparabilidad, resaltando con ello, si cabe, la importancia vital que tiene la información que la propia empresa incluye en la memoria para su adecuada comprensión e interpretación.

Antes

Hasta el 31-12-2010, el auditor que constataba una incertidumbre- por supuesto, incluida en la Memoria- le daba tratamiento de salvedad por incertidumbre, con el siguiente párrafo:

“Tal y como se menciona en la nota x de la memoria, la Sociedad tiene (+++) cuya cualificación final no puede determinarse de forma objetiva”.

A continuación, en el párrafo de opinión, se debía remitir a ella con el conocido giro:

“En nuestra opinión, excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en el párrafo anterior, las cuentas anuales …”.

Ahora

La doctrina académica y profesional era muy crítica con este planteamiento, que no añadía nada a lo descrito en la Memoria. Lo lógico era que, si se consideraba importante, formase parte del párrafo de énfasis, como ahora ocurrirá  cuando la incertidumbre afecta al principio de empresa en funcionamiento, por existir dudas sobre la capacidad de la empresa para continuar sus operaciones con normalidad.

De esta manera, al afectar al párrafo de énfasis, la opinión no incluirá ninguna salvedad – opinión favorable- si el gestor lo describe con suficiente detalle en la Memoria.

Antes, cuando para que una limitación al alcance diera lugar a denegación de opinión debía ser cuantitativamente muy importante. En la actualidad, el factor cualitativo también puede influir si se considera muy significativo. Por ejemplo, la negativa a dejar leer los libros de actas de la sociedad.

Comentario

Como puede verse en el recorte periodístico más abajo, las seis salvedades de este año a las empresas que cotizan en la bolsa española, son el mínimo histórico. Con la anterior normativa, el mínimo de salvedades se había alcanzado en 2007, con 35, un 4% del total de las auditorías del parqué.

No piensen mal los lectores sobre si hay gato encerrado para hacer desaparecer -ahora- las incertidumbres en un entorno económico donde nadie puede garantizar la continuidad del negocio. Las Normas Internacionales de Auditoría parecían en muchos aspectos más suaves que las españolas. Este es un ejemplo. Si la Memoria de las Cuentas Anuales describía y detallaba sin tapujos una incertidumbre como era el propio futuro del negocio -con todos sus riesgos y posibles pasivos- no cabía enmendarle la plana con una salvedad. Lo que pasa que no basta con leer sólo el informe de auditoría; hay que leer también las cuentas, lo que no siempre hacen los interesados.

Es cierto que, con frecuencia muchas contingencias fiscales no eran otra cosa que pura elusión fiscal. Por tanto, en la Memoria nada se decía o se decía de aquella manera… Ahora, desaparecidas la salvedades por incertidumbre si se omite esta información tenemos pura y simplemente una “salvedad por incumplimiento de un principio contable” o una limitación al alcance.

La OLAF fue creada en 1994 con el propósito de aumentar la eficacia de la lucha contra las actividades ilegales que van en detrimento de los intereses financieros de la Unión. Se encarga de actividades como las de realizar investigaciones administrativas para luchar contra el fraude, asistir a los Estados miembros en la prevención del fraude y recabar y analizar datos.

En 2005, fue objeto de una fiscalización operativa por el Tribunal de Cuentas Europeo (¡marcando el territorio, eh!) que acaba de aprobar una auditoría de seguimiento, Informe Especial 2/2011, para comprobar el grado de aplicación de las recomendaciones efectuadas.

Se trata de un magnífico ejemplo de seguimiento de auditoría de gestión a un organismo estratégico en el control de los fondos púbicos. En las vísperas del Día de Europa, nos sumamos a la celebración presentando a continuación un resumen de este cuidado informe.

OLAF

La OLAF es independiente en su función investigadora, la cual se ve reforzada por un Comité de Vigilancia constituido por cinco personas independientes que proceden del exterior de las instituciones de la UE.

Realiza investigaciones, tanto internas (en los organismos de la UE) como externas (destinatarios de fondos europeos) y su actuación puede abocar como resultado a cuatro tipos diferentes de seguimiento: financiero, administrativo, judicial y disciplinario.

Asimismo presta apoyo a las autoridades judiciales nacionales en procedimientos penales y asistencia o coordinación en las investigaciones que afectan a más de un Estado miembro.

Informe del TCEu

La auditoría de seguimiento tenía como fin determinar cuáles habían sido las medidas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones del Informe Especial no 1/2005, resumidas en el cuadro anterior y, para lo cual, el objetivo era responder a las cuatro preguntas siguientes que reagrupan las diferentes recomendaciones:

a) ¿Se han centrado las actividades de la OLAF en su función investigadora? (recomendaciones 2, 7, 13, 14, 15 y 17).
b) ¿Ha mejorado la OLAF la eficiencia de sus investigaciones? (recomendaciones 3, 4, 5 , 6, 8, 9, 10 y 12).
c)  ¿Puede la OLAF demostrar la eficacia de sus investigaciones? (recomendaciones 1 y 11).
d) ¿Se ha clarificado el papel del Comité de Vigilancia? (recomendación 16).

Trabajo de campo

El Tribunal examinó una muestra de 30 casos, de un total de 332 investigaciones internas y externas abiertas a 1 de julio de 2008. Tras el análisis de la documentación y la realización de entrevistas, las investigaciones se calificaron de sólidas, satisfactorias o insuficientes teniendo en cuenta los criterios siguientes: la prioridad dada a la actividad investigadora, la contribución de otros servicios de la OLAF al caso, la diligencia de la decisión de apertura del caso, la claridad de los objetivos y la planificación, la duración proporcionada y los resultados logrados.

Conclusiones

El Tribunal concluye que, a partir de las recomendaciones del informe de 2005, tres de las recomendaciones no han sido aceptadas, dos recomendaciones se implementaron, mientras que las otras doce se llevaron a cabo en diversos grados.

De forma muy sucinta, el Tribunal efectúa las siguientes consideraciones sobre todo el trabajo realizado:

1.- La OLAF debería aumentar el número de investigaciones y agilizar su realización, dedicando más tiempo a su función principal de investigación.

2.- La contribución de las unidades de inteligencia al trabajo de investigación debería reforzarse.

3.- Convendría revisar el marco legislativo de lucha contra el fraude y las irregularidades con el fin de simplificar y con- solidar dicha legislación. Una revisión de este tipo debería abordar las insuficiencias constatadas en las competencias y procedimientos actuales de la OLAF, en particular en lo que se refiere a la cooperación entre ésta y los servicios competentes de los Estados miembros.

4.- La OLAF debería reforzar su cooperación y asociación con Eurojust, que tiene atribuido en virtud del artículo 85 del TFUE, el cometido de coordinar las investigaciones y acciones penales relativas a las infracciones cometidas contra los intereses financieros de la Unión, para lo cual la OLAF debería instaurar procedimientos que permitieran identificar todos los casos pertinentes, comunicar a Eurojust a su debido tiempo la información correspondiente e informar con regularidad sobre los resultados de esta cooperación.

5.- Los planes provisionales para las investigaciones tendrían que incluir estimaciones de los recursos necesarios y los plazos. Estos planes deberían ser objeto de seguimiento y actualizarse una vez iniciadas las actividades de investigación. La información facilitada por el sistema de gestión del tiempo tendría que emplearse para proporcionar un apoyo más eficaz a los investigadores y directores.

6.- Conviene controlar mejor la duración global de las evaluaciones y las investigaciones para lograr que tengan mayor impacto y optimizar los recursos disponibles. A estos efectos, el Comité Ejecutivo debería realizar una labor de seguimiento de las investigaciones largas y complejas, para garantizar que se toman las medidas adecuadas.

7.- Deberían fijarse y actualizarse sistemáticamente objetivos claros para cada investigación y los resultados tendrían que comunicarse en términos de objetivos alcanzados.

8.- El sistema de gestión de casos debería utilizarse más ampliamente para la toma de decisiones de los directores y para la mejora de los informes. Las estadísticas de realizaciones sobre la actividad de la OLAF y sus resultados potenciales y efectivos tendrían que recogerse en un único informe que permitiera efectuar comparaciones a lo largo del tiempo.

9.- De común acuerdo con la OLAF, el Comité de Vigilancia debería definir un procedimiento formal para esbozar las medidas que han de adoptarse si decide emitir un dictamen sobre el caso que se le consulte. El marco legislativo tendría que revisarse con el fin de proteger mejor los derechos de las personas investigadas.

Para terminar, otro ejemplo de buenas prácticas: el informe también se puede encontrar en la página web de la propia Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

El año pasado cambió el Gobierno británico y sus nuevos titulares comenzaron un proceso para privatizar un gran número de instituciones públicas, entre las que se encuentra el órgano de fiscalización externa de los servicios locales. En este momento se está produciendo un gran debate sobre el asunto.

Los ingleses tienen dos instituciones de control externo de la actividad financiera pública: la Oficina Nacional de Auditoría – NAO- dependiendo del Parlamento británico para fiscalizar el presupuesto nacional –los escoceses, galeses o norirlandeses tienen la suya- y la Audit Commission para la auditoría legal y operativa de los 11.000 servicios públicos locales. Durante el verano pasado se anunció el cierre de esta última Institución, que será efectivo en 2012. 

Audit Commission

Creada en 1982 como principal auditor de los organismos públicos locales, se encargaba de designar auditores (pagados por el auditado) en todo el sector local, sanitario, vivienda, seguridad ciudadana, bomberos y emergencias y otros servicios públicos. Algunos de estos auditores trabajan para empresas privadas de auditoría, pero muchos eran empleados de la propia Comisión.

Hasta ahora, podía nombrar auditores de su propio personal o de las compañías de auditoría, fijando el baremo de honorarios. Parece que en el futuro no tendrá auditores propios, aunque todavía se está estudiando como se concretará la reforma. Incluso se estudia que ese antiguo personal propio pueda constituir algún tipo de sociedad mutualista para competir por los contratos, en régimen de igualdad, frente las grandes compañías auditoras.

Hay un Código de Prácticas de Auditoría de órganos de gobierno local y otro Código de Prácticas de Auditoría de los organismos de salud, que determinan la forma de llevar a cabo la auditoría, aprobados por el Parlamento al menos cada cinco años, dándoles rango legal. También realiza rigurosos controles de calidad de los informes.

Se fiscalizan los estados financieros anuales y se opina acerca del comportamiento del organismo en el uso de los recursos públicos. Los informes son públicos.

Cambio de modelo

El mes pasado, el Gobierno británico nombró los consultores financieros que van a asesorar sobre la mejor manera de externalizar la totalidad de esas auditorías y efectuarán una valoración de las diferentes opciones. Se supone que el proceso ahorrará al contribuyente cincuenta millones de libras anuales.

Sin embargo, la reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto a los responsables políticos los peligros que pueden surgir cuando las relaciones entre los auditores y los auditados son demasiado cómodas. La lección de la desaparición de Arthur Andersen, en 2002, es que la auditoría debe estar muy regulada y controlada, no sea que desaparezca el sistema entero.

Para animar tan arduo debate, hace unos días se hacía público que, entre 2008 y 2010, la Comisión había gastado 128.000 libras en agencias de reclutamiento de ejecutivos. Esto incluía £ 22.000 para contratar a un nuevo consejero delegado y £ 30.000 para reclutar un director de comunicación. Las cantidades restantes se dedicaron a buscar directores de servicios corporativos (£ 14,200 y £ 12,000), jefes de la política y la evaluación (£ 16,000 y £ 20,000) y un asesor de política financiación del gobierno local (£ 14,000).

La Comisión de Auditoría defendió la necesidad y habitualidad de esos gastos en la búsqueda de las personas adecuadas para ocupar puestos de responsabilidad de gestión: “Esos importes no son inusuales para estos servicios, que incluyen la agencia de head-hunters y la publicidad correspondiente”, dijo un portavoz.

No deja de sorprenderme que quien quiere privatizar todo proteste por el uso de consultoras. También me asombra que se critique el uso de circuitos no políticos para reclutar la Alta Dirección. En el continente estamos habituados a promocionar a antiguos compañeros de partido …

Tarjetas de crédito

Por si no estuvieran mal las cosas todavía, contestando a una pregunta parlamentaria, el órgano de control hizo públicos todos sus gastos con la tarjeta de crédito corporativa, de 2008 a 2010 y desvelando facturas de los mejores restaurantes de Londres, compra de música y entradas de cine. Más de £ 20,000 gastados por los directivos que tenían acceso a las tarjetas durante el período. El portavoz de los auditores defendió el uso de las tarjetas de crédito:

“Entre 2008 y 2010 se procesaron 8.818 transacciones a un costo promedio de £ 125. Todas las compras fueron para fines legítimos. Los pagos efectuados por las tarjetas se revisan de manera rutinaria para asegurar su correcto uso.“

Leyendo estas declaraciones parece que se hayan cambiado los papeles. Normalmente son los gestores quienes ofrecen estas explicaciones en los medios de comunicación.

Con frecuencia, el gestor publico que se enfrenta al informe de auditoría plantea sus alegaciones con argumentos en disculpa, defensa o justificación de las observaciones planteadas.

Como los informes van destinados al Parlamento y a la opinión pública, el gestor puede tener interés en probar (no sólo basta anunciarlo) que, en la actualidad, las deficiencias señaladas están subsanadas o se inicia el procedimiento para su arreglo.

Así, es habitual este tratamiento en materia de inventario o aplicaciones informáticas de gestión: “como se ha puesto de manifiesto al equipo fiscalizador, esta situación está subsanada con la reciente contratación de … “. A veces no es posible decir otra cosa que “se está trabajando en subsanar la carencia”. 

Pero … ¡cuidado con prometer demasiado! Los OCEX suelen hacer informes de seguimiento de recomendaciones y en algunos casos entran en el “seguimiento de las alegaciones”. Así el informe de la Universidad de Barcelona 2006-2007 incorpora el seguimiento de las promesas realizadas durante la anterior auditoría. Los resultados parecen bastante desalentadores. Ver por ejemplo la página 106 y siguientes:

Otras veces, el gestor busca resaltar la colaboración o la ausencia general de ilegalidades. Se trata un desahogo, cuyo mejor ejemplo lo encontramos en el Informe de fiscalización de RTV de Castilla La Mancha-2004, que empieza el capítulo de alegaciones (pág. 66) con esa proclama, que parece más destinada a sus colegas de los medios de información:

En el Tribunal de Cuentas Europeo encontramos un perfecto ejemplo de respeto institucional del principio contradictorio. Las respuestas de la Comisión a las observaciones del Tribunal se presentan simultáneamente en el informe. En su descripción de las constataciones y conclusiones, el TCEu tiene en cuenta la respuesta correspondiente del auditado ofreciendo su contenido en la mitad derecha de la página del informe, para que el lector tenga una valoración completa de la fiabilidad de las cuentas y de la legalidad y regularidad de las operaciones. Veámoslo:

Alegaciones que son provocaciones

Alguna vez, los gestores caen en la tentación de aprovechar el documento de alegaciones para “ajustar cuentas” con los auditores. Algunos OCEX prevén (expresa o tácitamente) la posibilidad de no publicar aquellas afirmaciones que carezcan de relación con el contenido del informe así como un cierto derecho de réplica para para rebatir en un anexo de Contestación a las alegaciones. Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en el informe Universidad Pública de Navarra 2001-2003. Allí, en la página 195 y siguientes, el Rector saliente decía lindezas (la negrita es mía) como estas:

4ª.-Finalmente, tras la lectura del Informe, cabe plantear una serie de cuestiones: ¿Quién audita a la Cámara de Comptos de Navarra? ¿Son públicos estos informes de auditoría? ¿Se presentan en rueda de prensa ante los medios de comunicación? ¿Podrían optar, el resto de organismos públicos, a ser auditados por los mismos auditores que auditan al organismo público Cámara de Comptos de Navarra? ¿Y al mismo tratamiento en la difusión de los informes de auditoría?

CONCLUSION

Tanto desde mi conocimiento de los hechos y mi experiencia personal como desde mi proceder en el ejercicio de cargo público como Rector, tengo que concluir que es una lástima que la Cámara de Comptos de Navarra, además de realizar los correspondientes informes de fiscalización, no aproveche sus medios y conocimientos para contribuir y colaborar con la Universidad Pública de Navarra, y muy especialmente en sus primeras etapas de existencia, en la mejora de los aspectos económicos, de control y transparencia de sus cuentas, y de cumplimento de la normativa contable vigente. Por el contrario, lo que se propicia y genera con cada informe de auditoría es la aparición de unos titulares informativos en los medios de comunicación que dañan y deterioran de forma desproporcionada la imagen de una institución, pública y de Navarra, de la importancia y trascendencia de la Universidad Pública de Navarra para la Comunidad Foral de Navarra y, muy especialmente, para todos sus habitantes.

Por supuesto, las afirmaciones fueron combatidas con elegancia y contundencia. Destacamos la última contestación (6ª) en la página 210:

Lo que realmente daña la imagen de la Universidad Pública no son los titulares de los medios informativos ni los informes de esta Cámara de Comptos, sino la falta de decisión de sus responsables máximos para mejorar la gestión de una entidad pública tan necesaria para la sociedad navarra y que es financiada en un 85 por ciento con fondos públicos aportados por todos los navarros.

¿Qué logró el gestor con ese ataque? Nada. Seguramente era el final de un largo enfrentamiento, acrecentado durante el trabajo de campo.

El autor de las alegaciones a un informe provisional de fiscalización se enfrenta a diversas alternativas. Puede explicar, rebatir o hasta criticar las afirmaciones que realiza el auditor, tal como se ha presentado en una entrada anterior. Tampoco falta la censurable práctica de atacar a la institución fiscalizadora sobre aspectos que nada tienen que ver con el proceso de fiscalización.

Rebatir o explicar, esa debería ser la opción de los gestores que reciben un informe provisional. Si no se logra cambiar el informe definitivo, al menos el lector tiene en su mano los fundamentos que le permiten entender la versión del gestor sobre los hechos descritos en el informe. Veamos algunos ejemplos: 

Rebatir las afirmaciones

Es la verdadera misión de esta parte del proceso y su contenido habitual, aportando la oportuna documentación probatoria. En principio, sobre los hechos no debería haber discrepancia alguna, si el auditor trabaja con un nivel de evidencia suficiente y adecuada que le permita llegar a conclusiones razonables, tal como recomiendan las Normas Técnicas de Auditoría.

Sin embargo, en la interpretación jurídica de los hechos, cuando están en la frontera, muchos auditores realizamos lecturas literales (extremas) de la norma o de los principios contables públicos, cuando el gestor los usa de ordinario con más flexibilidad.

Un frecuente caballo de batalla del gestor es la pretensión de distinguir, en el informe, los  incumplimientos de la legalidad de otros principios como la eficiencia y eficacia. Se anticipan así a su futura difusión. Muchos directivos luchan por que se recoja que el procedimiento utilizado no era ilegal aunque las opciones recomendadas por el OCEX redunden en mayor transparencia o economía. Es habitual acusar al auditor de “ir más allá de la norma”. Es cierto, pero la auditoría la legalidad es sólo una parte del trabajo de control.  He aquí una buena muestra:

TVCP. Informe Diputación de Álava-2008. Alegaciones, pág. 223:

No cabe aceptar la opinión expresada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas respecto a la modificación del contrato analizado, que entiende que “transgrede los principios licitatorios recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, debido a que la cuantía del incremento, que supera el 70%, desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen económico del contrato y no se corresponden a causas nuevas o imprevistas” (…)

Hay que señalar que la normativa contractual vigente no establecía limitación cuantitativa alguna para las modificaciones de los contratos, viniendo éstas condicionadas exclusivamente por razones de interés público debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas que debían quedar justificadas en el expediente. La cuantía de las modificaciones tiene relevancia únicamente a efectos de requerir su tramitación de un informe adicional de contenido presupuestario (cuando superan el 10% del precio primitivo del contrato y éste era igual a o superior a 6.010.121,04 euros) o de constituir una causa de resolución del contrato de obras invocable por el adjudicatario del contrato (si superan el 20% del precio primitivo o implican una alteración sustancial del proyecto inicial).

Cuando las alegaciones sean contrarias a los juicios y conclusiones que aparecen en el informe provisional, el Auditor suele realizar un informe para motivar su aceptación o rechazo. Al respecto puede consultarse la norma 704 del muy útil Manual de fiscalización de la Sindicatura de la Comunidad valenciana que razona las dos posibles alternativas:

a) Si considera que las alegaciones del gestor están justificadas, introducirá las oportunas modificaciones antes de elevar el informe a definitivo, no sin que previamente haya obtenido la suficiente evidencia que soporte el cambio de posición. En algunos OCEX, además se suprime toda referencia a las alegaciones que han sido aceptadas, como la Cámara de Cuentas de Andalucía en la foto adjunta.

b) Por el contrario, si el Auditor no está conforme con los comentarios recibidos del órgano gestor lo manifestará así en el informe a las alegaciones, añadiendo sucintamente sus propias observaciones sobre por qué no acepta las alegaciones del ente auditado.

Como ejemplo de buena práctica y concisión en la petición, presentamos las alegaciones al informe de la Universidad Politécnica de Cataluña-ejercicios 2006 y 2007 (págs.. 109 y ss) por su esfuerzo en sintetizar la petición, digno de los ingenieros:

Aunque es altamente infrecuente, podría ocurrir que, a la vista de las alegaciones recibidas, el consejero (llámese síndico) estimase conveniente efectuar nuevas comprobaciones o diligencias. Entonces deberá plantear una propuesta en tal sentido al Pleno del OCEX, que será quien acuerde sobre su procedencia. En caso afirmativo, los resultados que se deriven de las mismas deben ser sometidos a un nuevo trámite de alegaciones.

Otro problema es que la ausencia de documentación relevante durante el trabajo de campo, puede haber dado lugar a una limitación al alcance de la fiscalización. Su recepción durante el trámite de alegaciones, por lo general, no eliminará la limitación, aunque habrá de estar a cada caso concreto, en función de sus efectos.

Documentación extemporanea

Cuando la documentación sea recibida de forma extemporánea y se acepte, el Informe definitivo deberá indicar esta circunstancia aunque, al no tener el carácter de alegaciones, no se incorpora al Informe. Al respecto, debemos traer a colación el voto particular del Consejero de Cuentas de Castilla y León, Miguel Ángel Jiménez García, sobre el informe de la Cuenta General de la Comunidad-2007 (ver las cinco últimas páginas) donde se discutía la validez de las alegaciones presentadas por el Interventor General (frente a la ordinaria del Consejero de Hacienda) razón por la cual no se incluyeron conjuntamente al informe definitivo lo que explica su ausencia de la web institucional. Tras un serio análisis jurídico del caso explica:

… debe concluirse que quienes pueden formular Alegaciones al texto del Informe Provisional son todos los sujetos interesados en sus actuaciones (…) La Cuenta General aparece regulada en la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León que atribuye a la Intervención General de la Administración de la Comunidad la formación de la Cuenta General. Resulta evidente (…) que en cuanto al examen y comprobación de la Cuenta General, será sujeto interesado (…) por ser el único órgano competente para la formación de la Cuenta General.

La revista de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado es una publicación de distribución privada y gratuita que ya está disponible en descarga libre en la web corporativa.

En el número 3 correspondiente al primer semestre de 2011 podemos encontrar algunos artículos de gran interés profesional, cuyo contenido os recomiendo, así como el Editorial del presidente, Mario Garcés Sanagustín, del que resalto este párrafo:

Hoy, más que nunca, debemos destacar que nuestra actividad está sujeta a dos principios esenciales: el de legalidad y el de independencia. Todos, desde el primero hasta el último, debemos ser conscientes de que el cometido que desempeñamos emana de la Ley y a ella sirve. esa es seña de identidad de una función que se concibe desde la independencia funcional y que no puede tener otra razón de ser.

Sumario 

EDITORIAL…4

PAPELES DE TRABAJO

El endeudamiento de las Comunidades Autónomas: Reglas a las que está sometido y situación actual…6

La responsabilidad civil de los Interventores (II) … 43

La Dirección General de Presupuestos … 82

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Tiempo de vendimias…105

Libros: El teatro de los dioses…108

Descargar todo el número

Los informes de auditoría están sometidos al principio contradictorio, en virtud del cual su contenido debe ser puesto de manifiesto a los responsables de la Entidad fiscalizada para que expresen cuanto crean oportuno. Supone un trámite obligado que transforma un informe provisional en definitivo.

En el proceso de alegaciones, el representante del ente auditado (y también quien lo fuera durante el ejercicio fiscalizado) tiene un plazo, susceptible de ampliación motivada, para formular válidamente sus observaciones al informe provisional. 

Es importante tener en cuenta que ningún informe de fiscalización estará completo sin el documento de alegaciones y serán publicados conjuntamente. Se presenta tanto como anexo interno dentro del mismo informe (lo habitual) como en un documento aparte publicado (en pdf) en la web institucional del Órgano de Control Externo (OCEX), como suele hacer el Consejo de Cuentas de Castilla y León:

De los escasos artículos sobre el tema, debemos destacar el publicado en el número 5 (1996) de la revista Auditoría Pública, por el auditor de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, Víctor M. Cano Fernández.

Nada que alegar

Aquí surge una interesante cuestión: la inexistencia de alegaciones al informe provisional ¿implica una elevación automática a definitivo? En mi opinión, se exige un acto expreso de aprobación, aunque su texto no se puede corregir, ante la ausencia de alegaciones. En algún caso, se notifica formalmente que no se presentarán alegaciones, para evitar terminar el plazo y que el OCEX lo pueda aprobar definitivamente lo antes posible. Este caso no es infrecuente. Mirad esta curiosa noticia, pinchando sobre el recorte:

Interesados

Por otra parte, quiénes se ven mencionados nominalmente en el informe … ¿deben tener posibilidad de alegar? Parece que sí, con algunos matices según la intensidad de la cita. Quien mejor resuelve esta cuestión es el Tribunal de Cuentas Europeo (TCEu) que en el Epígrafe 5.4.3 (página 93) de su virguero Manual de Auditoría de Gestión recuerda la sentencia en el asunto Ismeri precisaba que si cita a terceros directamente implicados en disfunciones graves de las instituciones comunitarias pueden generar responsabilidad extracontractual si los hechos en que se basan no se recogen de manera exacta o se interpretan incorrectamente. Por consiguiente, recomienda que se asuma un mayor nivel de vigilancia en la verificación de los hechos y en su interpretación, siempre que se mencione directamente a terceros en los informes del Tribunal o cuando puedan ser fácilmente identificados por el lector.

Para el TCEu, los mencionados terceros también tienen el derecho de réplica y a formular alegaciones antes de la aprobación del informe.

¿Prealegaciones?

En mi opinión, es una buena práctica que, una vez terminado el trabajo de campo y con el primer borrador del informe, se manifiesten sus aspectos esenciales al interlocutor del organismo fiscalizado, para evitar errores. Son las llamadas prealegaciones que pueden coincidir con una posible reunión final, donde se discute un avance del informe para confirmar la exactitud de los datos manejados, responder a las preguntas de los gestores, discutir propuestas de cambios y examinar el futuro calendario.

Quienes han sido objeto de fiscalizaciones quizás nunca hayan tenido esta oportunidad. No es fácil para los auditores públicos dar ese paso, máxime si no es obligatorio. Sólo cuando la colaboración ha sido muy estrecha (y el auditor se ha sentido muy cómodo en el trabajo de campo)se tiene la generosidad de dar este paso, que repito: debería generalizarse.

El propio TCEu considera esencial estas manifestaciones y habla de un procedimiento contradictorio e incluso precontradictorio que impregna todas sus actuaciones. Así en el citado Manual (Página 53) leemos:

El diálogo permanente y la compresión mutua entre los auditores y el personal de la entidad controlada, enfatizado en el “enfoque sin sorpresas” del Tribunal, son esenciales, a efectos de garantizar una buena acogida de las conclusiones y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría.

Durante el mes de diciembre, se hacían públicos dos importantes informes relativos a las Cuentas del Estado del ejercicio 2008. Por una parte, el de control interno, de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Además, el Tribunal de Cuentas emitía la Declaración de la Cuenta General del Estado. Comentamos en esta entrada, el primero de los informes y dejamos para el siguiente artículo la reseña de la Declaración del Tribunal de Cuentas de España.

Continúan las salvedades de la IGAE

La Ley General Presupuestaria, establece que IGAE debe remitir anualmente al Consejo de Ministros un informe resumen de las auditorías de cuentas realizadas, en el que se reflejarán las salvedades contenidas en dichos informes.

La semana pasada se hizo público el citado informe sobre los principales resultados obtenidos en las actuaciones de control financiero permanente y auditoría pública contempladas en los planes anuales de control financiero y auditoría realizados durante 2009 sobre las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

Así, de un total de 489 entidades que conforman el sector público estatal, a 31-12-2008, se han auditado 391 (el 81%) que comprenden la totalidad de las entidades obligadas legalmente a auditar sus cuentas, además de otras sociedades mercantiles y fundaciones del sector público estatal no obligadas, pero incluidas en los planes anuales de auditoría.

El desglose es el siguiente:

-       128 entidades pertenecientes al sector público administrativo, cuya auditoría realiza en su totalidad la IGAE.

-       223 entidades pertenecientes al sector público empresarial (en su mayor parte, sociedades mercantiles) han sido auditadas mayoritariamente por auditores privados.

-       40 fundaciones del sector público fundacional cuyas cuentas audita mayoritariamente la IGAE

Veamos las principales conclusiones:

El informe mantiene la clásica opinión de auditoría sobre las cuentas anuales que puede adoptar uno de los siguientes tipos:

-       Favorable, cuando el auditor manifieste su conformidad.

-       Favorable con salvedades, cuando existan circunstancias que, sin justificar una opinión desfavorable o su denegación, afecten de forma significativa a la imagen fiel.

-       Desfavorable, cuando el auditor haya identificado circunstancias que afectan a las cuentas anuales en cuantía y conceptos muy significativos, de forma que estime que las cuentas no presentan la situación financiera y los resultados de las operaciones de la entidad.

-       Denegada, en el caso de que el auditor no haya obtenido la evidencia necesaria para formarse una opinión de las cuentas.

Veamos a continuación los resultados por sectores de los diversos Entes instrumentales. Comentaremos al final algunos aspectos relativos a la gestión del personal o la contratación.

Sector Administrativo

(*) En el ejercicio 2008 se ha denegado opinión en tres Organismos autónomos salvo para el estado de liquidación del presupuesto para el cual se emite una opinión favorable con salvedades en el un caso, favorable en otro y desfavorable en otro más. Asimismo, en el informe relativo a las cuentas del CSIC, se ha emitido una opinión favorable con salvedades, salvo para el Estado de Liquidación del Presupuesto que es desfavorable.

(**) Por razones obvias, no se incluye información sobre el “Centro Nacional de Inteligencia”.

En el ejercicio 2008, un 53,5% de las opiniones emitidas son favorables y un 37,8% lo son “con salvedades”, lo que significa que existen circunstancias que afectan a la imagen fiel del patrimonio y los resultados que las cuentas deben mostrar. Estos porcentajes fueron del 50,4% y del 45% respectivamente, en el ejercicio 2007. Esto significa que ha aumentado ligeramente el número de entidades con opinión favorable y ha disminuido el de entidades con opinión favorable “con salvedades”.

De las 61 fundaciones que integran el sector público fundacional, a 31-12-2008 se han sometido a auditoría de cuentas 40 (que representan el 65,6 % respecto al total de las fundaciones del sector público fundacional), de las que 12 se han auditado por auditores privados y 28 se han auditado por la IGAE.

Sector Empresarial

De las 285 entidades que conforman el sector público empresarial, a 31-12-2008 se han sometido a auditoría de cuentas 223 entidades (que representan un 78,2% respecto al total de entidades del sector), de las que 171 se han auditado  por auditores privados y 52 por la IGAE.

Como se observa en el cuadro anterior, el 50% de las opiniones emitidas en el ejercicio 2008 son “con salvedades”, porcentaje ligeramente inferior al del ejercicio anterior, que era de un 52%. Sobre la tipología de las salvedades puestas de manifiesto, pueden citarse, a modo de ejemplo, las salvedades que afectan a ADIF, FEVE y SEPES.

Respecto a ADIF debe señalarse, que, de acuerdo con los principios y criterios aplicables a esta entidad, los bienes de dominio público y del patrimonio del Estado que le fueron adscritos en ejercicios anteriores, así como el inmovilizado que fue construido para la entidad por el Ministerio de Fomento, deberían haberse registrado contablemente en el inmovilizado material como patrimonio recibido en adscripción. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2008, ADIF continúa con el proceso de valoración de los terrenos sobre los que se ubican los recintos ferroviarios y los correspondientes a la línea que tiene adscrita por la Ley del Sector Ferroviario, por lo que aún no han sido registrados contablemente y se desconoce el efecto que el mencionado registro tendría sobre las cuentas anuales.

En relación con FEVE, esta entidad contabilizó en 2008 como un ingreso la transferencia recibida del Estado para financiar el déficit de explotación. No obstante, dicha transferencia sólo podría contabilizarse como ingreso en la parte destinada a financiar actividades específicas de interés general, declaradas por una norma o establecidas en un contrato programa. FEVE no dispone de un contrato programa, ni está en condiciones de suscribirlo debido a que no dispone de una contabilidad analítica que proporcione información fiable sobre el coste de cada una de sus actividades.

Por su parte, el informe de auditoría de SEPES, correspondiente al ejercicio 2008, pone de manifiesto importantes deficiencias de control interno, tales como insuficiencias del sistema informático, escasa coordinación entre departamentos o ausencia de un procedimiento riguroso para evaluar las implicaciones económicas y contables de operaciones de urbanización, que provocan errores contables y omisiones de información y la imposibilidad de asegurar la fiabilidad de las cuentas relativas a los convenios suscritos y al cálculo de las insolvencias.

Algunas recomendaciones.- Gestión de Personal

La IGAE contempla con preocupación  (página 26) externalización de las tareas y servicios propios de la Administración mediante la contratación administrativa, encomiendas u otras figuras, que muchas veces comporta una verdadera contratación de personal.

Si bien reconoce que la externalización de servicios de la Administración puede, correctamente utilizada, constituir una adecuada herramienta de gestión, sin embargo comporta una serie de riesgos si se extiende a funciones que no le son propias, “como es el caso de aquellas que suponen el ejercicio de potestades administrativas, de adjudicación de derechos y obligaciones económicas o de carácter estratégico, o cuando puede dar lugar a una forma de provisión de personal al servicio de la Administración irregular y contraria a los principios establecidos en el Estatuto del Empleado Público.”

Reparte algunos tirones de orejas en diversas entidades que menciona, en base a los informe de la Intervención Delegada correspondiente.

La utilización de la contratación administrativa u otras figuras para la realización de servicios bajo condiciones propias de una relación laboral está dando lugar, en muchos casos, a sentencias judiciales en las que se reconoce la suscripción de diversos contratos en fraude de ley y la existencia de cesiones ilegales de trabajadores, obligando a los departamentos y organismos a admitir como personal laboral indefinido a aquellos que trabajaban a través de contratos de servicios, encomiendas o encargos. Esta situación se ha puesto de manifiesto en entidades tales como el Museo Nacional Reina Sofía, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Parques Nacionales o algunas autoridades portuarias.

Gestión de la Contratación

La IGAE destaca la existencia de informes de control y auditoría que ponen de manifiesto situaciones que limitan los principios básicos aplicables a la contratación pública, que regulan los distintos procedimientos de licitación y adjudicación, como son el principio de libertad de acceso, el principio de publicidad, el principio de transparencia y el principio de libre competencia.

Pone varios ejemplos, como son los contratos menores y el procedimiento negociado, que se benefician de una tramitación simplificada pero que “producen claros fraccionamientos del gasto, incumpliendo lo establecido en la normativa contractual”.

En relación con esta habitual práctica administrativa, la IGAE cita la gestión descentralizada de los gastos de conservación de carreteras del Ministerio de Fomento, que supusieron en el ejercicio 2008, 144 millones de euros. Dicha gestión se realiza mediante créditos asignados a las distintas demarcaciones de carreteras, pero de los que éstas no disponen con la puntualidad y regularidad debidas, “lo que da lugar al uso frecuente de contratos menores, produciéndose fraccionamiento en varias demarcaciones, y a la utilización de procedimientos negociados sin publicidad concentrados en unas cuantas empresas adjudicatarias”.

En el procedimiento negociado, que se puede utilizar en los casos expresamente tasados por la Ley, el contrato es adjudicado previa negociación de los términos del contrato con al menos tres empresarios capacitados para su ejecución. No obstante, algunos informes de la IGAE cuestionan su uso, sobre todo cuando las razones que se alegan son la imperiosa urgencia o la especificidad técnica. Por otra parte, en la tramitación del procedimiento negociado, la IGAE recuerda que “se debe cuidar la concurrencia, diversificando las empresas con las que se negocian los términos del contrato, procurando negociar con un número mayor al mínimo exigido por la Ley, siempre que el sector lo permita”.

En este sentido, cabe citar el informe del Ministerio de Justicia, que señala que en el análisis de las ofertas solicitadas en los procedimientos negociados se ha comprobado que, si bien se han solicitado tres ofertas como establece la norma, con frecuencia únicamente se recibe una única propuesta, no generándose por tanto una verdadera concurrencia.

Otra forma de limitar la concurrencia consiste en la determinación imprecisa de los criterios de valoración. Para la IGAE, una adecuada determinación, cuantificación, ponderación, publicidad y justificación de los criterios de adjudicación constituye la principal herramienta para garantizar una concurrencia igualitaria y una asignación eficiente. Exige el adecuado conocimiento de los criterios de adjudicación por los licitadores, de tal forma que los pliegos que recogen los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación deberían incluir también los métodos de valoración concretos de dichos criterios.

Resulta igualmente importante el conocimiento de la ponderación real de los criterios de adjudicación. El informe recuerda que la ley de Contratos del Sector Público distingue entre los criterios de adjudicación que son evaluables mediante fórmulas establecidas y aquellos otros que requieren una valoración subjetiva, recomendando en su artículo 134.2 que se dé preponderancia a los primeros frente a los segundos. Cuando la importancia relativa de los criterios subjetivos sobrepase a los criterios evaluables objetivamente, dicho artículo establece que debe constituirse un comité de expertos para la evaluación de las ofertas. Al respecto precisa lo siguiente:

Es necesario por tanto determinar el peso real de cada uno de los criterios, que puede ser diferente del que aparentemente se desprende del mismo, y así lo señala la Ley al advertir que la ponderación de los criterios no solo resulta del número de puntos en términos absolutos asignados a cada de ellos. Las fórmulas empleadas pueden variar la importancia relativa asignada a cada criterio, normalmente disminuyendo el peso real que el factor precio tiene en las valoraciones, permitiendo eludir irregularmente la constitución del comité de expertos.

La IGAE señala que el Ministerio de Medio Ambiente atribuye un peso inferior real a los criterios que pueden valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas, al de aquellos que requieren una valoración subjetiva, contradiciendo lo establecido en el artículo 134.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

En las empresas públicas, aunque no están obligadas a la constitución del comité de expertos, también la IGAE ha puesto de manifiesto esta situación. Así el informe del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias recomienda la revisión de los criterios de valoración de las ofertas con el fin de alcanzar, al menos, una paridad real entre criterios objetivos y subjetivos de valoración, mejorando la racionalidad del proceso. Tampoco la mayoría de las normas internas de contratación

Tras la lectura de los informes de control y auditoría de la IGAE se puede concluir que son dos las principales deficiencias de gestión resultantes de la ejecución de los contratos: los sobrecostes, como diferencia entre el presupuesto de licitación y adjudicación respecto de la contraprestación final satisfecha y el incumplimiento de los plazos de ejecución.

El incremento de los costes resulta de los modificados, contratos complementarios y obras de emergencia, así como de la revisión de precios durante plazos de ejecución superiores a los previstos inicialmente, de los que ya hemos hablado en la bitácora. Todas estas posibilidades se recogen en la normativa de contratación, con un carácter restrictivo, para asegurar la flexibilidad necesaria; pero a la vez pueden constituir herramientas para eludir el control y ser una fuente importante de ineficiencias.

Entre los casos singulares, cabe citar el Ministerio de Vivienda, en el que la ejecución de las obras se retrasa no solo por acontecimientos externos, sino fundamentalmente por la necesidad de redactar proyectos modificados, circunstancia observada en el 50 % de los expedientes analizados, situándose la media de los incrementos del plazo previsto en el contrato en relación con la ejecución real en un 227 %, y la de los costes en un 37%. En la Jefatura Central de Tráfico la desviación en el coste de los contratos de obras, provocada por la tramitación de modificados es de 16,1 % respecto del presupuesto de adjudicación, que teniendo en cuenta el coste de la liquidación se eleva al 33,2 %. La desviación media en el plazo de ejecución de los contratos de obra es de un 45,4 %. En el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino las desviaciones medias en el coste de los contratos de obra de la Dirección General del Agua se sitúan en un 18,04 %, sin incluir el efecto de revisión de precios. Esto se debe, en parte, a que el 36 % de los contratos de obra de esta dirección han sido objeto de al menos un modificado.

En las autoridades portuarias se han producido sobrecostes que superan el 40% de las previsiones iniciales, en determinadas obras de las Autoridades Portuarias de Gijón, Castellón y Tarragona., así como otras deficiencias de gestión, con ellos relacionadas, entre las que cabe citar por su singularidad las detectadas en las Autoridades Portuarias de Las Palmas y Barcelona.

En la Autoridad Portuaria de las Palmas, en un importante contrato en el que el plazo de ejecución fue decisivo para la adjudicación, se adjudicó el contrato de dirección de obra por un plazo superior en 10 meses al previsto para la ejecución de la obra. En la Autoridad Portuaria de Barcelona, un contrato celebrado para la adquisición de mobiliario por un importe relevante carecía manifiestamente de racionalidad económica, puesto que en las mismas fechas que se aprobaba la adjudicación de este contrato se aprobaba un contrato de obras complementario sobre el edificio donde debía ubicarse el citado mobiliario, por lo que dicho mobiliario ha estado almacenado durante largo tiempo.

Esta semana se hizo público el informe de fiscalización del sector público autonómico valenciano correspondiente al ejercicio 2009. Como viene siendo habitual cada año, se trata del primero que se aprueba y publica a nivel nacional, conteniendo la fiscalización del año inmediatamente anterior. El informe, por tanto, suele ser premonitorio de la situación general de las finanzas públicas, tanto autonómicas como locales.

Como era de esperar, el informe constata el gran deterioro de las finanzas autonómicas. Los medios de comunicación han titulado el escenario de ahogo o situación inasumible e insoportable, incluso de caos contable y hasta de  quiebra.

La alarma producida en la opinión pública ha sido de tal calibre que obligó a la Sindicatura ha difundir un comunicado de prensa rechazando que en ningún momento se apuntase en el informe hacia una quiebra técnica.

Veamos a continuación las partes más relevantes del informe.

Contenido

La Sindicatura valenciana viene incluyendo diversos informes individuales correspondientes a todos los ámbitos del sector público autonómico (Administración de la Generalitat, entidades autónomas, empresas públicas y fundaciones públicas) así como de las cinco Universidades públicas de la Comunidad Autónoma.

Además de las fiscalizaciones de control general, sobre áreas significativas y de control formal, este año la Sindicatura ha realizado un esfuerzo adicional llevando a cabo una fiscalización especial sobre la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyos resultados se recogen en los distintos informes individuales de cada ente.

Asimismo y como en los dos ejercicio precedentes, el Informe de la Sindicatura de Comptes incluye la auditoría de los sistemas de información de varias entidades, así como el seguimiento de las mejoras recomendadas.

A continuación podéis descargar los informes:

• Cuenta de la Administración. Introducción y conclusiones
• Entidades autónomas
• Empresas Públicas
• Fundaciones Públicas
• Universidades Públicas

Los aspectos más relevantes del Informe de la Cuenta General de la Generalitat se incluyen en el Resumen de la Fiscalización (Volumen I, Introducción y Conclusiones, capítulo 6), y son:

1.- Deuda sanitaria

• El análisis de la denominada “deuda sanitaria” y las correspondientes “facturas en el cajón” suele ser la estrella de los informes de fiscalización de las Cuentas Anuales de las CCAA. Desconfíe usted de aquellos gobiernos y de sus respectivos auditores que no mencionen este aspecto de forma clara, directa y transparente: sin duda, están eludiendo el problema. En este sentido, la Sindicatura valenciana es un ejemplo. Eso permite a la Generalitat sacar pecho (en las formas) y resaltar que dicho informe “pone de manifiesto clarísimamente el cumplimiento con la legalidad, que hay más transparencia, más publicidad y más oportunidad en la información financiera suministrada”. Sin embargo, el fondo de las cuentas ponen de manifiesto que la Comunidad Valenciana tiene un serio problema.
• Así, el gasto de asistencia sanitaria sigue siendo el que más peso tiene en el presupuesto. El conjunto de los seis programas de asistencia sanitaria suponen el 40,7% de las obligaciones reconocidas totales, seguido de los gastos en educación, cuyos tres programas presupuestarios representan el 28,1%.
• Como ya se indicaba en informes de ejercicios anteriores, los gastos sanitarios han experimentado un fuerte aumento a lo largo del tiempo, siendo sus causas numerosas y complejas. Para la Sindicatura este desequilibrio se relaciona con los problemas estructurales derivados de la financiación insuficiente del sistema sanitario valenciano, no ajustada a la realidad demográfica actual, que tienen su reflejo en el volumen de gasto realizado efectivamente y no contabilizado por carecer de crédito suficiente (apartado 8.1.f del Informe de la Cuenta General).
• En el presupuesto de gastos de 2009 de los programas de asistencia sanitaria se han reconocido obligaciones correspondientes a gastos de ejercicios anteriores por 275 millones. A 31 de diciembre de 2009, la deuda santaria figuraba contabilizada por 1.543,3 millones de euros, para su imputación en los ejercicios 2010 a 2017, restando por contabilizar 962,6 millones, a imputar también en ejercicios posteriores. De este importe, 290,5 millones corresponden a facturas de noviembre y diciembre de 2009 de las prestaciones de farmacia, que han sido imputadas al presupuesto de 2010 y pagadas en el primer trimestre de este año. Al final quedaron en los cajones 672,1 millones de euros.

2.-  Caída de los ingresos

La evolución de los ingresos durante 2009 ha estado marcada por los efectos de la desaceleración económica. En este contexto, los derechos reconocidos (excluida la variación de pasivos financieros) sólo han aumentado un 1,3% respecto a 2008, tras haber disminuido un 0,1% ese ejercicio.

En relación con los derechos de ejercicios anteriores, existen, a 31 de diciembre de 2009, 776,6 millones de euros pendientes de cobro provenientes de los ejercicios 1990 a 2004 (de los cuales 633,9 millones son “derechos definidos”) y otros 304,1 millones provenientes de los ejercicios 2005 a 2008. La provisión por insolvencias asciende a 401,9 millones, por lo que debería incrementarse hasta cubrir la totalidad de los derechos que se estime dudoso cobrar, sin perjuicio de que se efectúen las gestiones que procedan.

3.- Endeudamiento

En relación al balance, el endeudamiento financiero asciende a 9.333,7 millones de euros (7.460,7 millones de euros el año anterior) una magnitud de tal calibre que la Sindicatura reclama en su informe “la formulación de un plan económico-financiero de reequilibrio a tres años”.

El diario El País titula “La Sindicatura de Comptes destapa la deuda desbocada del Consell” en referencia a las dificultades de la situación financiera de la Generalitat que exigen el citado Plan:

“el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, atribuyó ayer a un “error” de la Sindicatura(la necesidad del plan) porque se anticipó a la última reunión del Consejo de Política Económica Fiscal y Financiera -el órgano que reúne al Estado y a las comunidades autónomas-, que estableció que la Comunidad Valenciana no necesitaba un nuevo plan de reequilibrio. “La realidad es que la Sindicatura ya no quiso cambiar el informe”, sentenció Camps.

En efecto, el informe de la Sindicatura reconoce que la Intervención General de la Generalitat ha facilitado a la Sindicatura el cálculo de la IGAE sobre la capacidad o necesidad de financiación de la Comunitat a efectos de cumplimiento con el objetivo de estabilidad presupuestaria, en el que se muestra una necesidad de financiación por importe de 3.144 millones de euros, que suponen el -3,09% del PIB regional.

El incumplimiento del objetivo de estabilidad requiere la formulación de un plan económico-financiero de reequilibrio a tres años.

4.- Gastos plurianuales

En relación con los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores, La Sindicatura alerta también sobre su crecimiento -muchos de los cuales se prolongan más allá de dos legislaturas- que solo en la Administración general -empresas aparte- se situaron en 32.101 millones de euros (25.5 en 2008).  Además, la información de la memoria no incorpora los derivados de algunos contratos, convenios y acuerdos por un importe conjunto de, al menos, 3.025,3 millones de euros, relativos el plan plurianual de financiación de las universidades (760,9 millones) y otras empresas públicas.

5.- Contratación

En relación a la fiscalización de la contratación, se ha llevado a cabo un trabajo específico de revisión de la aplicación de la Ley de Contratos en los distintos niveles de la administración autonómica, así como de comprobación del diseño y funcionamiento de los perfiles de contratante y de las instrucciones de contratación.

Por otra parte, en la cuenta del resultado económico patrimonial y el pasivo del balance no recoge ninguna cantidad en concepto de estimación de los intereses de demora que pudieran devengarse por la aplicación del artículo 200.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. Aunque se desconoce el importe exacto, dicha cantidad podría ser significativa.

La Generalitat usa desde el año 2005, la modalidad de pagos denominada “confirming”, cuando se firmó el “Convenio general con entidades financieras por el que se establece el procedimiento para el pago de determinadas obligaciones a acreedores de la Generalitat” con siete entidades financieras, al que posteriormente se han adherido otras muchas. Adicionalmente, se han firmado convenios individuales con las empresas acreedoras adheridas a esta (en la actualidad hay 642 empresas adheridas).

En este convenio se establece un sistema de pago a 120 días a los proveedores y las entidades financieras pueden anticiparles los importes de las obligaciones contraídas con ellos. La Generalitat, al vencimiento de las remesas podrá solicitar a las entidades financieras el aplazamiento del pago por un máximo de 180 días.

Figura en la Memoria el detalle del confirming por entidades, ascendiendo el límite de estas operaciones a 760 millones de euros con un dispuesto de 304,7 millones, de los que 182,7 millones figuran a 31 de diciembre como en operaciones de tesorería a corto plazo y 122,0 millones de euros en endeudamiento. Los tipos de interés que se han aplicado a estas operaciones han oscilado entre el euribor más 0,5-1,20 centésimas.

La ciudad de Porto Alegre es conocida mundialmente por la celebración del Forum Social Mundial y por el presupuesto participativo. Éste se planteó como forma de eliminar cierta elitista burocracia que se negaba a dar respuesta a las necesidades de la población más desfavorecida.

Los trescientos asistentes a nuestro segundo Congreso sulbrasileiro de Control Público se quedan cortos comparados con algunas actividades de la ciudad, en estos mismos días. Sin ir más lejos, Porto Alegre acoge la edición de ExpoMoney, el gran evento sobre educación financiera e inversión, con 50 conferencias gratuitas que van desde el presupuesto familiar, cómo eliminar deudas y obtener la salud financiera deseada o la forma de planificar la jubilación invirtiendo en el mercado de valores. Los organizadores esperan reunir, los días 1 y 2 de diciembre, 5.000 asistentes en dos días de congreso, en el Centro de Eventos.

Emergencia carcelaria

Por otra parte, mis queridos colegas del Tribunal de Cuentas del Estado de Rio Grande do Sul (capital Porto Alegre)  estaban algo nerviosos.  ¿La causa? La petición de dispensa del procedimiento licitatorio ordinario realizada por el Gobernador para construir o arreglar los 30 presidios gauchos que superan el quíntuplo de su capacidad. Un procedimiento negociado con publicidad de 100 millones de euros.

El asunto es que, a un mes del relevo en el cargo, el Gobernador reconoce que la situación de masificación carcelaria es una emergencia. Por lo tanto, le permite excluir el expediente ordinario de contratación pública, como si de una calamidad natural se tratara. En la normativa brasileña, esa decisión pasa por un correspondiente informe favorable del Tribunal de Cuentas, reunido al efecto.

Un controvertido asunto que determina casi un empate técnico en el Tribunal (siete miembros) y sometido a múltiples presiones mediáticas, políticas y ciudadanas, posicionados en ambos sentidos.

Tribunal de Cuentas de Brasil

El Congreso de Controle Público continúa después del debate sobre la necesidad de regular los lobys, discutida ayer. Hoy intervino el presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Benjamin Zymler. El TCU brasileño es una centenaria institución que tiene 2.700 auditores y un prestigio del que ya hemos hablado en esta bitácora. Así, su fiscalización concomitante (simultánea) de las obras públicas le permite solicitar paralización de la ejecución de las obras en curso.

En este momento se discute la creación del Consejo Nacional de los Tribunales de Cuentas de los 26 Estados brasileiros (más el DF y los seis Tribunales municipales) que permitirá unificar los procesos de control externo en toda la Federación brasileña. Los debates sobre las competencias federales y estatales me recuerdan los problemas de nuestro diseño autonómico.

La comida de los ponentes se celebró hoy en la sede de la televisión gaucha Record, en su departamento de relaciones públicas, rebautizado mejor en “inteligencia comercial”, donde Natal Furucho, presidente del grupo mediático  del Correo do Povo, nos agasajó en una tertuliana comida, de alto nivel (en ambos casos).

A mi izquierda, Natal Furucho (presidente do Correo do Povo) Mauricio Zockun (profesor de derecho administrativo, PUCSP) Benjamin Zymler (presidente del Tribunal de Cuentas de Brasil) Helio Mileski (consejero TCE anfitrión) y más amigos.

El mensaje Tiririca

Gladimir Chiele, periodista y abogado de muchos ayuntamientos gauchos se atrevió a decir algo políticamente incorrecto en este foro de funcionarios de los Tribunales de Cuentas. Criticó la inexperiencia de los auditores como gestores y la necesidad de aumentar su tolerancia en algunas interpretaciones restrictivas. Pidió expresamente que los auditores “salgan de la poltrona burocrática y los controles formales”. Los gestores, según él, deben asumir riesgos lícitos. Sin embargo, el 90% de las acciones de improbidad administrativa son archivadas, pero ocasionan un efecto abandono, que si persiste, “pronto no habrá candidatos a cargos públicos”. No lo creo.

Sin ir más lejos hoy, la prensa brasileña se hace eco de la noticia que confirma el escaño del payaso Tiririca, el senador más votado de Brasil. La justicia electoral ponía en duda su reciente elección porque se descubrió que podía ser analfabeto. Esto significa retirarle el derecho de sufragio pasivo. Sin embargo, acaba de conocerse el fallo: no hay impedimento para tomar posesión, pues sólo es analfabeto funcional. El propio expresidente constituyente Sarney defendió el derecho de Tiririca al escaño, en un artículo memorable.

¡Toma ya! Menudo mensaje que han mandado a las Instituciones los ciudadanos de Sao Paulo, elevando a los altares senatoriales al payaso. Algo así como: “estamos hasta los cataplines de tanta burocracia y corrupción que os mandamos a este representante para que sepáis lo que pensamos de vosotros”.

Acaba de distribuirse el número 51 de la Revista Auditoría Pública, la publicación de los Órganos de Control Externo del Estado español.

ENTREVISTA
Entrevista a Carlos Puig de Travy  (Descargar en pdf)
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS
¿El tamaño importa? Aspectos cuantitativos y cualitativos de la materialidad  (Descargar en pdf)
Francisco Julián Chico Martínez y Manel Cases Campo
La rendición de cuentas y la responsabilidad, el caso del apoyo a la investigación científica y el desarrollo en Mexico  (Descargar en pdf)
Francisco Javier Meléndez Hernández, Antoni Mora Puigvi
Sistema de información económica pública multidimensional: proyecto SIEMUL  (Descargar en pdf)
José Luís Delgado Jalón, José Manuel González Pérz, Mª Luisa Delgado Jalón
Los órganos de control y la lucha contra la corrupción en Argentina  (Descargar en pdf)
Fernando Roberto Lenardón
Determinando la Auditoría Pública (Descargar en pdf)
Mario Alberto Gómez Maldonado
LEGALIDAD
Algunas conclusiones sobre la naturaleza y régimen jurídico de las encomiendas o encargos de gestión a medios propios a que se refieren los artículos 4.1 n) y 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  (Descargar en pdf)
Miguel Ángel Busquets López, Javier Castro Raimóndez
CONTABILIDAD
El Nuevo Plan General de Contabilidad Pública: una herramienta oportuna para mejorar la información contable sobre la gestión pública  (Descargar en pdf)
Helio Robleda
Diagnóstico económico financiero de las entidades locales: imagen fiel e indicadores básicos  (Descargar en pdf)
José Manuel Farfán Pérez, Alfredo Velasco Zapata
Aspectos históricos acerca de la divulgación de la Partida Doble  (Descargar en pdf)
Miguel Gonçalves
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las comisiones de valoración de documentos de archivo y otros instrumentos corporativos  (Descargar en pdf)
Caridade Sanz Bravo
NOTICIAS
Noticias (Descargar en pdf)

Admito que el titular que presentamos hoy en la bitácora puede parecer algo expeditivo. Se trata de una afirmación del presidente del Tribunal Supremo peruano ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, donde debía hacer un balance de sus primeros seis meses de gestión. Un arrebato de sinceridad que despertó del sesteo a sus señorías con unas singulares declaraciones frente a la indiferencia de algunos sectores ante el trabajo de la comisión. “Quieren pasar por puros, pero hacen gárgaras con la lucha anticorrupción”, ironizó.

Quizás el magistrado quería decirnos que, en algunos casos, las fiscalías deben hacer un ejercicio de imaginación, buscando hasta debajo del asfalto. Porque, según el Banco Mundial, cada año, en el planeta, los flujos de dinero procedentes de la corrupción, de actividades delictivas y de la evasión de fondos hacia los paraísos fiscales alcanza la astronómica suma de 1,6 billones de euros.

En Europa, desde el 1 de marzo, cualquier ciudadano puede denunciar on line, ante la Oficina europea antifraude (OLAF), cualquier caso que considere sospechoso de fraude o corrupción con fondos comunitarios. El sistema se llama FNS (Fraud Notification System) y permite informar de una forma simple garantizando el anonimato del denunciante.

Por el contrario, podíamos haber comenzado con el sensato titular de La Nueva España, en una entrevista con el magistrado asturiano David Ordoñez, que nos recuerda que “el precio de la libertad es la vigilancia eterna”, porque es un proceso continuo, que debe hacerse día a día, con mecanismos permanentes de control.

Ordoñez, en un reciente artículo profesional, de gran interés (ver su web y publicaciones), pone muchos ejemplos de corrupción europea, de violación cotidiana de los principios de igualdad, objetividad y transparencia en materia de contratación pública y recuerda que, además, sus Directivas sustantivas recogen una previsión expresa relativa a la lucha contra la corrupción de modo que excluyen de la licitación a aquellos que hayan sido condenados por aquellas prácticas.

Maquillajes

El asunto no es una cuestión “de funcionarios” pues afecta a los mecanismos de supervisión de las más Altas Instituciones. Debemos recordar como algunas prácticas contables de Grecia o Bulgaria han puesto en entredicho la imagen fiel de sus cuentas anuales. Como conclusión: durante el mes pasado, los ministros de asuntos exteriores europeos pactaron unánimemente otorgar poderes de auditoría a EUROSTAT.

¿Con qué alcance? Pues, la oficina europea podrá realizar visitas “metodológicas” a los países de la UE para “controlar los procesos y verificar las cuentas” siempre que se aprecien “riesgos significativos o problemas con respecto a la calidad de los datos”. Durante esas visitas, los funcionarios de Eurostat tendrán “derecho a acceder a las cuentas de todas las entidades públicas a nivel central, estatal, y local”, según el texto del Reglamento.

Pero no son los únicos. Los relevos políticos traen energías renovadas y ganas de mirar debajo de la alfombra. Son como niños. Así, entre los ejemplos recientes, destaca el primer ministro británico, el conservador David Cameron, anunció al poco de llegar al poder, una auditoría de las cuentas del Gobierno laborista durante el último año tras detectarse varios casos de gastos “disparatados“.

El uso de las auditorías como arma arrojadiza del sucesor frente al predecesor, es una constante política, en sentido amplio. El Barça también ha sido protagonista de ese furor. Podéis ver en este interesante artículo la respuesta de Xavier Sala al nuevo equipo que rehacía las cuentas anuales de la directiva saliente. La verdad es que, con frecuencia, las cosas no son blancas o negras.

Dentro de un año volverán a reproducirse estas peticiones en las Administraciones que sufrirán elecciones locales y autonómicas. Conviene dejar aseado el patio por si llega el relevo. Pero más pronto que tarde, sin duda, el sucesor será algún día sucedido y entonces probará un poco de esa medicina. Así es la vida.

Las películas de acción norteamericanas acostumbran a presentar zonas opacas de la actividad pública, en lo relativo a todo lo que tiene que ver con la defensa, la seguridad nacional o las relaciones exteriores. Parece que no es una ficción y las auditorías de la Government Accountability Office (GAO) de EEUU lo ratifican.

Hace unos meses, la GAO hacía público su informe anual sobre las cuentas públicas federales correspondientes al ejercicio 2009, concluyendo que no podía emitir una opinión sobre los estados financieros consolidados del gobierno federal debido a importantes limitaciones y, sobre todo, a la debilidad generalizada de su control interno. No es ninguna novedad.

“Si bien la gestión financiera ha mejorado significativamente desde que el gobierno comenzó a presentar los estados financieros consolidados, las deficiencias en tres áreas nos ha impedido expresar una opinión“, dijo Gene L. Dodaro, Contralor General de los Estados Unidos en la presentación del informe. –“Me refiero a los graves problemas de la gestión financiera del Departamento de Defensa, la incapacidad del gobierno federal para explicar adecuadamente y conciliar la actividad intragubernamental y las contraprestaciones entre organismos, y el ineficaz proceso que el gobierno federal usa para preparar los estados financieros consolidados.”

El Departamento de Defensa sigue dominando la lista de la GAO de los programas de alto riesgo designados como vulnerables al fraude y la mala administración. Con frecuencia los auditores critican la opacidad de sus cuentas.

Así, cuatro de los principales organismos federales, todos relacionados con la seguridad –el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y la NASA- no recibieron una opinión limpia de sus estados financieros.

Descontrol …

Estas debilidades materiales obstaculizan la capacidad del gobierno federal para (1) informar de forma fiable sobre muchos de sus activos, pasivos y costos, (2) medir con precisión el gasto total, así como los resultados financieros y no financieros de algunos programas y actividades, (3) adecuada custodia y registro de importantes activos; y (4) disponer de información fiable para operar con eficiencia y eficacia.

Dodaro añadió: “A largo plazo, el gobierno federal debe enfrentarse a enormes déficits estructurales impulsados por los crecientes costos sanitarios y la evolución demográfica. La Administración precisa abordar estos problemas y poner al gobierno en una senda más sostenible”. Una recesión sin precedentes y las acciones del gobierno federal destinadas a estabilizar los mercados financieros y promover la recuperación económica han afectado significativamente la situación financiera del gobierno federal.

Dodaro elogió el compromiso y la profesionalidad de los interventores que son responsables de auditar cada año los estados financieros anuales de las distintas entidades federales.

Abstención de opinión

Durante el año fiscal que concluye en septiembre de 2009  los estados financieros del Gobierno Federal incluyen información financiera de los 24 principales departamentos y agencias federales, junto con el informe de auditoría de la GAO, cuyo resumen es el siguiente:

Aunque, para la GAO los avances son dignos de elogio, el gobierno federal de EE.UU no mantiene un sistema adecuado con pruebas suficientes y fiables para apoyar la información contabilizada en los estados financieros consolidados. Importantes debilidades en el control interno, que en general han existido durante años, han contribuido a la abstención de opinión. Esas debilidades se refieren a la incapacidad del gobierno federal para:

- determinar satisfactoriamente que las propiedades, equipos e inventarios en poder del Departamento de Defensa (DOD), se habían registrado correctamente en la contabilidad del ejercicio;

- estimar razonablemente o apoyar adecuadamente las cantidades reportadas para ciertos pasivos ambientales, o para determinar si los compromisos y las contingencias eran completos y debidamente registrados;

- Comprobar y explicar adecuadamente una porción significativa del gasto corriente, principalmente en el Departamento de Defensa, y conciliar adecuadamente los fondos de ciertas Agencias Federales;

- asegurar que los estados financieros consolidados fueron (1) coherentes con las declaraciones financieras de las entidades auditadas subyacentes, (2) de manera armoniosa y (3) de conformidad con principios contables generalmente aceptados (GAAP), y

- identificar y, o bien resolver o explicar las diferencias materiales entre algunos componentes del déficit presupuestario declarado en los registros del Tesoro y el déficit presupuestario unificado.

Además de esas importantes debilidades que contribuyeron a la abstención de opinión, encontraron tres puntos débiles en el control interno. Son la incapacidad del gobierno federal para:

- determinar la extensión de los pagos indebidos (la GAO estima en al menos 98.000 millones de dólares) y asegurar razonablemente que se ejercen las acciones pertinentes para reducirlos,

- identificar y resolver las deficiencias de control de seguridad de la información y gestionar esos riesgos de forma permanente, y

- gestionar eficazmente sus actividades de recaudación de impuestos.

Para la GAO, esta debilidad material supone (1) obstaculizar la capacidad del gobierno federal que informar de forma fiable una parte significativa de sus activos, pasivos, costos y demás información relacionada, (2) afectar la capacidad del gobierno federal para medir con fiabilidad los costes, así como los resultados financieros y no financieros de determinados programas y actividades, (3) poner en peligro la capacidad del gobierno federal para proteger adecuadamente los principales activos y registrar correctamente diversas operaciones; y (4) impiden al gobierno federal contar con información financiera fiable para operar en una manera eficiente y eficaz.

Además, muchos de los organismos federales continúan con unos sistemas presupuestarios que no están integrados, ni cumplen con las necesidades de una explotación fiable, útil y oportuna información financiera de la gestión. A menudo, las principales agencias gastan tiempo, esfuerzo y recursos para desarrollar sus sistemas de información que debería ser capaz de proporcionar, en forma diaria o periódica.

Estas tres grandes limitaciones impiden a la GAO emitir una opinión sobre los estados financieros consolidados del gobierno de EE.UU: (1) serios problemas de gestión financiera en el Departamento de Defensa que han impedido que los estados financieros del DOD sean auditables, (2) en la incapacidad del gobierno federal para planificar adecuadamente, contabilizar y conciliar la actividad intragubernamental y equilibrios entre las entidades federales, y (3) un proceso ineficaz del gobierno federal para la elaboración de los estados financieros consolidados.

Serán necesarios grandes esfuerzos por el Departamento de Defensa y la Oficina del Presupuesto (OMB) para resolver estos obstáculos.

Habida cuenta de tamaño y la complejidad del Departamento de Defensa, la solución de sus graves problemas de gestión financiera es un elemento esencial para seguir mejorando y, en definitiva a la consecución de una opinión sobre los estados financieros consolidados del gobierno de USA.

Para transformar efectivamente sus operaciones, la gestión del Departamento de Defensa debe disponer de información financiera fiable. Sin ella, del Departamento de Defensa se ve gravemente obstaculizada en su capacidad de adoptar decisiones presupuestarias y programáticas, seguimiento de las tendencias, hacer ajustes para mejorar el rendimiento, reducir los costos operativos, o maximizar el uso de los recursos.

La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana acaba ofrecer en la red, en descarga libre, el libro “La auditoría de sistemas de información integrada en la auditoría financiera. La perspectiva del sector público” galardonado con el VIII Premio de investigación Mestre Racional. Su autor, Antonio Minguillón Roy, es sobradamente reconocido entre los funcionarios al servicio de los órganos de control externo y habitual colaborador en los seminarios de auditoría.

En coherencia con los planteamientos basados en las TIC, el galardonado ha solicitado (y conseguido) de la Sindicatura que el texto del trabajo premiado no se edite en papel, sino tan sólo en formato electrónico a través de la sede electrónica.

Minguillón analiza el impacto que la implantación plena de la administración electrónica (e-administración) va a tener en la forma de trabajar del auditor público. En ese entorno digital “no es posible reducir los riesgos de auditoría a un nivel aceptable, si los auditores no utilizan de forma consistente técnicas y metodología adecuada de auditoría de sistemas de información”. Por ello, el autor reconoce la necesidad de un importante esfuerzo de adaptación los auditores y las organizaciones que prestan el servicio de control externo.

En nueve capítulos y varios anexos, con modelos de cuestionarios y Check list, el autor facilita, a los no iniciados, la comprensión del porqué y el cómo se integran las auditorías de sistemas de información entre las técnicas utilizadas por los auditores públicos. Para el prologuista, el Sindico Mayor de la Generalitat Rafael Vicente Queralt, es precisamente este factor (trabajar integrados) “el aspecto fundamental para que el trabajo de fiscalización en su conjunto, el de los auditores tradicionales y los auditores informáticos, alcance su máxima eficacia y eficiencia”.

Que lo disfruteis, aquí en pdf.

En un breve un artículo del consejero del Fondo Monetario Internacional José Viñals (antes vicegobernador del Banco de España) se identifican los cinco factores clave de un buen supervisor. Aunque él parece dirigirse a los analistas de riesgos financieros, me permito incluir en el concepto a otros profesionales de la evaluación o la certificación, desde auditores externos e internos a interventores o síndicos. Su lectura me ha recordado las características de un buen auditor, que el escritor norteamericano Elbert Hubbard que hace un siglo denominaba “corazón de feldespato”.

Para Viñals todos los supervisores deben ser intrusivos, proactivos, abiertos de mente, adaptables y concluyentes. Intrusivo significa tener un conocimiento profundo de la entidad supervisada, en suma, meter la nariz y saber lo que está pasando. Por otro lado, ser proactivo conlleva que un supervisor debe ser escéptico y siempre ha de cuestionar todo, “incluso en los buenos tiempos”, dice.

La buena supervisión exige también ser abierto de mente, que supone no dejar piedra sin remover, y siendo especialmente vigilante sobre lo que está pasando en el borde de la raya de la legalidad. Para ser adaptativos, los supervisores deben mantener sus ojos sobre el movimiento de la pelota, mantenerse al día sobre las innovaciones que se producen, nuevos servicios y nuevos riesgos. Y, por último, la supervisión debe ser concluyente, no basta con identificar los problemas, sino también su seguimiento.

En definitiva, auditores o interventores son esas personas que nunca debieran dejarse llevar por la euforia colectiva o por los estados de ánimo, lo que implica enfrentarse a los chicos “guay” y a los intereses creados. Vamos, verdaderos aguafiestas. Por ello, una de sus principales cualidades es aprender a decir “no” a tiempo. Una negativa a tiempo puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza futuros. Pero ¿Cómo se aprende a decir “no”? Es difícil y nadie nos lo enseñará, aunque ayuda mucho contar con personal altamente cualificado y estar en una organización que fomente la independencia de criterio, libre de interferencias políticas o mercantiles.

Que los auditores desarrollen una tendencia negadora forma parte de sus posiciones habituales en las organizaciones. En el caso de los auditores internos, muchos gestores perciben que su función interfiere con los objetivos, la innovación y los riesgos inherentes a la dirección. Surgen entonces esos frecuentes conflictos.

Como recordaba, en la revista del Instituto de Censores Jurados (pág. 18), el Presidente del ICAC Gonzalo Angulo, “el auditor no es el supervisor prudencial, sino el encargado de verificar si los estados contables presentan la imagen fiel, aunque para hacerlo tenga que considerar muy especialmente los riesgos de la entidad auditada”. Por ello deben tener fuerza para enfrentarse a situaciones de alta tensión, y mantener un criterio profesional independiente, que al final de su vida profesional, será su única recompensa. Los secretarios e interventores locales ofrecen buenos y diarios ejemplos de ello.

Sobre la incomodidad de sus funciones fiscalizadoras, en una reciente sentencia, el propio Tribunal de Cuentas de España nos ha recordado que no suele ser tarea fácil ni agradable y ”el ejercicio correcto de su trabajo puede dar lugar a situaciones de malestar y teórico enfrentamiento con los ordenadores de pagos”. En el asunto enjuiciado, el Interventor fue condenado a reintegrar el gasto (que había fiscalizado de conformidad) en unas esquelas de prensa nacional dando cuenta del fallecimiento del padre del Presidente de la Ciudad de Ceuta, dedicadas las citadas esquelas por sus propios familiares y no por la Corporación que la financiaba. “Pero es aquí donde radica la dificultad y, al mismo tiempo, la grandeza de la función interventora, amparada en cualquier caso por las leyes”, dice el Tribunal.

Alguien juzgará poco delicado reparar la idoneidad de un gasto en tan delicado momento, por eso los auditores deben abstraerse emocionalmente de la situación, alejándose de aquellas influencias que persiguen desviar su juicio.

Un suceso en el que se adoptó un punto de vista demasiado indulgente se destapó con el desplome del Banco americano Lehman Brothers. Los auditores no cuestionaron el uso del complejo pacto de recompra denominado “Repo 105”. Así, mediante lo que en esencia es un préstamo a corto plazo contabilizado como una venta, se lograba reducir la deuda en 50.000 millones de dólares. Los activos financieros “vendidos” eran, una vez publicado un balance trimestral más saneado, recuperados por el banco que se endeudaba de nuevo hasta los niveles originales para adquirirlos. El auditor toleró que el banco dejara de informar en la memoria acerca de estas operaciones y, por ello, el juez instructor norteamericano de la quiebra también imputa al auditor la responsabilidad. La prudencia es un principio contable y también una parte relevante de nuestro sentido común. También forma parte indisoluble de nuestra actividad el miedo, que debió excitar la imaginación de la firma auditora; miedo, seguramente, a perder a un cliente tan importante. Pero, claro, eso lo sabemos ahora.

Xavier Marcet,  en su lúcido libro “Cosas que aprendemos después” (editorial Plataforma, 2010. 190 páginas y 16 euros) reflexiona con sabiduría sobre múltiples aspectos del trabajo en las organizaciones. Nos recuerda que la gestión profesional está llena de miedos, que todos sobrellevamos como podemos. Nos movemos entre la emoción y la razón para hacerles frente: miedo a no estar a la altura, a no poder cumplir con nuestra responsabilidad, temor a la insidia o a que nos manipulen. El miedo nos acompaña en nuestro quehacer como directivos aunque a veces, dice Marcet, una forma de vencerlo es no tener miedo a compartirlo.

Publicado en La Nueva España.

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España publica la revista profesional Auditores, cuyo número 12 correspondiente al segundo trimestre de este año 2010 tiene diversos artículos de interés para todos los interesados la fiscalización del sector público. Destaco los siguientes:

IFAC “audita” a la profesión.- Mar Rodríguez Serrano. Pág. 14

IFAC ha publicado recientemente el resultado de la tercera Encuesta de la Profesión que aporta datos significativos sobre la auditoría a nivel interna- cional y la visión que de la misma tienen los propios auditores de cuentas. La crisis financiera global está muy presente en este sondeo en el que recogen aquellos asuntos que los expertos en auditoría consideran más relevantes y encaminados a una pronta recuperación económica…

ENTREVISTA

José Antonio Gonzalo Angulo, presidente del ICAC. Pág. 18

José Antonio Gonzalo Angulo acaba de cumplir un año al frente del ICAC, donde llegó proveniente del mundo universitario. En este tiempo ha sacado adelante el proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas desde el diálogo y el entendimiento con unos profesionales con los que siempre ha estado muy vinculado. Es doctor en Ciencias Económicas, auditor y ha sido miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, de cuyo Consejo Directivo formó parte durante los años 90. Su carrera profesional ha estado siem- pre relacionada con la contabilidad y la auditoría, siendo considerado uno de los mayores expertos en estas materias…

CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO

Reforma de la contabilidad pública: El nuevo Plan General de Contabilidad Pública.- José Alberto Pérez Pérez. Interventor General de la Administración del Estado. Pág. 26

La IGAE ha estado inmersa en un proceso continuo de reforma y modernización de la contabilidad pública en España, cuyo objetivo fundamental ha sido conseguir la normalización contable. En los últimos años la IGAE ha desarrollado los trabajos necesarios para la elaboración de un nuevo Plan General de Con- tabilidad Pública, cuyas principales novedades se han detallado a lo largo de este artículo y cuyo objetivo fundamental ha sido, una vez más, lograr el objetivo de normalización conta- ble tanto en el ámbito nacional como en el internacional…

El nuevo Plan General de Contabilidad Pública. Siguiendo los pasos de la contabilidad empresarial. Antonio M. López Hernández. Pág. 34

Los importantes cambios acaecidos en los últimos años en la contabilidad empresarial han conducido en España a la aprobación de un nuevo Plan General de Contabilidad para las empresas (PGC-2007). Y es precisamente en este hecho, y en la necesidad de continuar con la armonización de los criterios de la contabilidad pública con los criterios de la contabilidad empresarial, donde encontramos la justificación principal de la aparición de un nuevo plan contable marco para todas las administraciones públicas (NPGCP)…

La auditoría del valor razonable en el marco de las Normas Técnicas de Auditoría.- Jorge Herreros Escamilla. Iñigo Larburu Hernando. Pág. 42

En marzo de 2010 ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado la Norma Técnica de Auditoría (NTA) sobre el valor razonable, aprobada en diciembre de 2009 mediante Resolución del ICAC. Dicha norma permanecerá expuesta a consideraciones públicas durante un periodo de seis meses, transcurrido el cual será previsiblemente adoptada para su aplicación en las audito- rías de la información financiera anual correspondiente a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2010…

Auditoría integral avanzada de los sistemas de información.- José Manuel Martínez Gómez. Pág. 51

En la actualidad, este enfoque de auditoría está empezando a extenderse en las organiza- ciones. Es la evolución natural resultante de mejorar el enfoque tradicional de la función de auditoría basada en la evaluación de controles, hacia otro orientado a cubrir de manera continua aquellos riesgos que afectan a la organización en cada momento…

Con el número 50, correspondiente al primer cuatrimestre de 2010, cumple quince años la revista Auditoría Pública, la publicación de los órganos autonómicos de control externos.

Los artículos están disponible en papel y en descarga libre, como debe hacerse en una revista que quiere ser un servicio de intercambio de conocimientos técnicos, basado en la práctica profesional y en la experiencia.

El sumario es el siguiente:

AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

Sobre corrupción y transparencia págs 11 – 14 ( Descargar en pdf). Miguel Ángel Cabezas de Herrera

El formato XBRL para la rendición de cuentas en la Cámara de Cuentas de Andalucía. págs 15 – 22 (Descargar en pdf). José Luis Valdés Díaz

Cómo tomarse el capítulo I como algo personal y no morir en el intento págs 23 – 32 ( Descargar en pdf). Albert Vidal Barberà, Francisco Julián Chico Martínez
Un modelo de control interno que induce al desarrollo del gerencialismo público: la experiencia de Canarias págs 33 – 46 ( Descargar en pdf). Alejandro Parres García

LEGALIDAD

Supuestos de responsabilidad contable. págs 47 – 60 ( Descargar en pdf). Robert P. Cortell Giner
Aportaciones jurídicas en las fiscalizaciones sobre urbanismo págs 61 – 74 ( Descargar en pdf). Gemma Angélica Sánchez Lerma
Los convenios. Distinción entre las tres figuras jurídicas: subvención, contrato, convenio págs 75 – 86 ( Descargar en pdf). Teresa Moreo Marroig
Régimen jurídico coordinador de las tesorerías de la Hacienda vasca: forales y general págs 87 – 99 ( Descargar en pdf). José Antonio Arratibel Arrondo

CONTABILIDAD

Tratamiento presupuestario en los cambios de destino de financiación afectada a proyectos locales págs 101 – 118 ( Descargar en pdf). Federico R. Martín Alonso, Ana Belén Molina Albarral
Medición objetiva del dudoso cobro: una aplicación del modelo de Weibull págs 119 – 131 ( Descargar en pdf). José Francisco Bellod Redondo

Se trata de artículos muy interesantes para los profesionales de la gestión y el control económico-financiero. No puedo dejar de recomendar el correspondiente a Teresa Moreo (estudiosa y frecuente comentarista de esta bitácora) sobre la controvertida figura de los convenios, que con frecuencia encubren contratos o subvenciones. Seguro que los auditores encontrarán en su texto muchos argumentos frente a los atajos.

El Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña organiza en Barcelona una jornada, el día 29 de abril, sobre colaboración de los auditores con los órganos de control de sector público. Un tema que interesa cada vez más a las diversas diversas Administraciones Públicas, siempre presente en congresos y seminarios. En este caso, se pasará revista a las normas de auditoría pública, a la justificación de subvenciones y a las experiencias de colaboración en el sector local.

Del extraordinario panel de ponentes me gustaría destacar la presencia de cuatro funcionarios de Órganos de Control: Antonio Minguillón, Auditor Director del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana), Ignacio Cabeza (Auditor de la Cámara de Comptos de Navarra), Roberto Ruiz, Auditor del Tribunal de Cuentas Europeo) y Alberto Girón (Auditor de la ONA-IGAE); Interventores autonómicos como Josep M. Portabella, (Interventor General de la Generalitat catalana) o José F. Chicano (Interventor del Ayuntamiento de Tarragona) junto a varios relevantes miembros de firmas de auditoría.

Especial interés despierta la ponencia del representante de la Audit Commission, Marcine Waterman (Director of Audit Policy and Regulation) en un panel relativo a las experiencias internacionales de colaboración de auditores privados en la auditoría pública.

Sólo queda felicitar al nuevo presidente del colegio catalán, Daniel Faura, por promover el contacto y la formación, no sólo de sus asociados sino del resto de los funcionarios con responsabilidades en el área económica.

Ver programa.

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat valenciana ha aprobado ayer, 8 de abril, la Guía de fiscalización de las instrucciones de contratación que deben elaborar los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de administraciones públicas a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público.

Dada la dificultad de extraer de la lectura de la Ley una conclusión clara sobre cual debe ser el contenido de dichas instrucciones, la Comisión Técnica de Auditoría de la Sindicatura valenciana ha realizado un análisis detallado de los principales aspectos que deben contener las instrucciones de contratación. Para ello, la Sindicatura ha tenido en consideración lo previsto por la  Ley de Contratos del Sector Público, por la Comunicación Interpretativa de la Comisión publicada en el DOUE de 1-8-2006 y el contenido de la Instrucción 1-2008 de la Abogacía General del Estado.

Hay que felicitar a los técnicos y auditores de la Sindicatura valenciana porque la Guía fija una serie de criterios orientativos, fundamentados en las disposiciones citadas, que permitan realizar las fiscalizaciones a los distintos equipos de la Sindicatura y emitir los correspondientes informes de forma que se mantenga la mayor homogeneidad de criterios posible, considerando las circunstancias de cada situación.

Descargar en la sección 803 del Manual de fiscalización. (Descargar)

La planificación estratégica aparece en la literatura empresarial en la década de los cuarenta, poniendo el acento en el desarrollo a largo plazo y proponiendo una visión de futuro en referencia a la identidad institucional. Desde entonces su uso se ha generalizado y, a la vez, banalizado. También aquí hay mucho cuentista.

Sin embargo, la nueva gestión pública de la primera Administración Clinton impulsó esta práctica herramienta al exigir a todas las Agencias Federales norteamericanas fijar sus objetivos estratégicos, sus medidas de rendimiento para después auditar e informar del grado de consecución. Caído el Muro de Berlín, América redescubría los planes quinquenales rusos como forma moderna de dirigir el sector público.

Xavier Marcet analizaba ayer, en su blog, el declive aparente del concepto. Sin embargo, su aplicación a todos los ámbitos de la vida económica ya es un hecho: desde Ciudades o CCAA hasta las Universidades, la Justicia o la sanidad; desde las Infraestructuras tangibles a la intangible igualdad de oportunidades … todos hemos acogido este instrumento como forma de orientarnos en un entorno de amenazas y fortalezas. También ha sido una forma de dar trabajo a las consultoras.

Los órganos de control también

La Organización mundial de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) está discutiendo en la actualidad su plan estratégico institucional 2011-2016 que tiene la capacitación como eje principal y sustituirá al vigente 2005-2010. Los Órganos de Control Externo y los Tribunales de Cuentas de todo el mundo utilizan la planificación estratégica para determinar su misión, su visión, sus valores y sus objetivos. Así, dentro del órgano colegiado de tipo “clásico” podemos mencionar a Portugal, cuyo Tribunal de Cuentas lleva desde el año 2005 actualizando sus objetivos estratégicos.

El Tribunal de Cuentas Europeo aprobó un documento que declaraba los principales objetivos de fiscalización para el período 2009-2012, en relación con los distintos ámbitos políticos e incluye entre sus valores: junto a los clásicos de independencia, integridad, imparcialidad y profesionalidad, el siguiente mensaje internacionalista: “Implicarse de forma activa para seguir desarrollando la profesión de la auditoría pública en la UE y en el mundo entero”.

Pero me agrada, del mundo anglosajón, la Oficina Nacional de Auditoría de Australia, que establece, en su plan estratégico, los siguientes valores y comportamientos:

Respeto, integridad y excelencia, que en el gráfico siguiente son el marco de estas ideas:

- Predicar con el ejemplo

- Disfrutar de nuestro trabajo

- Apoyarse mutuamente

- Ser innovador y creativo

- Trabajar con valentía y tacto

- Comunicar de manera abierta y ser receptivo

- Celebrar y estar orgullosos de nuestros logros

¿Son palabras vacías? Para muchos se trata de una declaración de principios que quienes “sufren” una auditoría sin duda agradecerán. Muchas entidades de control reconocen que los “Clientes” (muy propio del mundo anglosajón) son los Parlamentos respectivos. Para el Auditor de Quebec, estos son “los únicos clientes”. Más elegantes, los australianos entienden que su parlamento es sólo el “cliente primario”, pues reconocen que también trabajan “para las Entidades del Sector Público”. Alguien pensará que esta es una divertida manera de perder el tiempo. No debemos subestimar esos procesos de reflexión institucional y, de vez en cuando preguntarnos por la utilidad de nuestras instituciones. Al menos, todos entienden que son diferentes los objetivos de un Tribunal de Cuentas (como el español) y un Auditor General como el británico o norteamericano.

Gran parte de los planes dedican especial importancia a los Recursos Humanos, pues estas instituciones no son otra cosa que empresas de servicios. Así, un ejemplo representativo de muchos: el Auditor General de Quebec declara en su plan estratégico que su fuerza se basa en personal “competente y dinámico que se fundamenta en la independencia, objetividad, respeto y rigor, con el compromiso de la ejemplaridad, la transparencia y la integridad”.

La NAO del Reino Unido reconoce en su plan estratégico (parágrafo 2.14) que “para cumplir nuestra estrategia se requieren grandes cambios culturales en la organización. Vamos a crear una cultura basada en el equipo, profesional, eficiente y de alto rendimiento, de acuerdo con una nueva relación entre el personal y sus jefes … el mejor comportamiento y talento serán reconocidos y recompensados adecuada y rápidamente. Este cambio será liderado por el ejemplo del equipo directivo de la NAO”.

En España, el órgano de control más avanzado en este tipo de planificación es la Sindicatura de la Comunidad Valenciana, que desde hace años aprueba su plan trienal, el último correspondiente al período 2008-2010. Sus objetivos estratégicos, que ya hemos presentado en otra ocasión, son los siguientes:

• Mantener y mejorar la confianza depositada en los estados financieros de las entidades públicas de la Comunitat Valenciana.
• Hacer una Sindicatura de Comptes más transparente y eficaz, maximizando la influencia de nuestros informes en la mejora de las prácticas de gestión de los entes públicos y manteniendo unas relaciones externas de alto nivel.
• Llegar a ser una entidad modelo, prestadora de un servicio profesional de primer nivel, adaptada a las nuevas realidades, con un entorno de trabajo equilibrado y una metodología continuamente actualizada.

Para alcanzar los objetivos estratégicos definidos en el Plan se han identificado una serie de áreas principales de actuación, en cada una de las cuales se señalan varios objetivos de acción detallados con sus respectivas metas.

Las terribles noticias de sufrimiento y muerte que llegan de Haití, tras el terremoto que devastó su capital, hacen que muchos países y organizaciones internacionales movilicen cuantiosos y urgentes esfuerzos en su ayuda.

Al aeropuerto haitiano están llegando voluntarios de todo el mundo que nos reconcilian con la naturaleza humana. Aterrizan aviones cargados de alimentos, medicinas  o enseres básicos enviados por las principales organizaciones públicas y privadas. Pasados los primeros momentos de la emergencia, las Instituciones “harán cuentas” y fiscalizarán el empleo de los recursos, para sacar conclusiones sobre su eficacia y eficiencia.

Es el caso del Tribunal de Cuentas Europeo, que acaba de aprobar, esta misma semana,  un interesante informe titulado “Ayuda comunitaria suministrada a través de organizaciones de Naciones Unidas: toma de decisiones y seguimiento”. Comentamos a continuación sus principales conclusiones, presentadas en un impecable trabajo que es todo un ejemplo de calidad, concisión y comunicación; en definitiva: de las mejores prácticas.

Protagonistas

La Dirección General ECHO se ocupa de dar respuesta a las crisis humanitarias. Financia actividades encaminadas a salvar y preservar vidas en situaciones de emergencia y labores de rehabilitación a corto plazo. No ejecuta las actividades de forma directa, sino mediante socios como organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG). En 2008, comprometió un total de 937 millones de euros, la mitad a través de organizaciones de  las Naciones Unidas.

EuropeAid se encarga de la ayuda al desarrollo de la Comisión, incluida la rehabilitación a largo plazo. En 2008 comprometió un total de 670 millones de euros (8 % del total) a través de organizaciones de la ONU.

La Declaración de París sobre la eficacia de la Ayuda al Desarrollo, de marzo de 2005, obliga a la UE a coordinar y armonizar las ayudas en estrecha cooperación con organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Así, en 2006 y 2007, la Comisión realizó más de 700 contribuciones distintas en 90 países a través de 30 organizaciones diferentes de la ONU.

Los auditores europeos no se fían del buen samaritano

El propio Parlamento Europeo ha expresado su preocupación por la falta de transparencia y ha solicitado garantías sobre la idoneidad de la gestión de dichos fondos. Por eso, el Tribunal afronta esta fiscalización para responder a dos preguntas concretas:

a) ¿Demuestra el proceso de decisión de suministrar la ayuda a través de la ONU que es la opción más eficiente y eficaz?

b) ¿Garantizan los mecanismos de supervisión la solidez de los procedimientos financieros y el logro de los objetivos?

Avanzamos desde ahora que ninguna de las preguntas tiene una respuesta afirmativa.

Elección del socio

Para el Tribunal, la elección de una organización de las Naciones Unidas no está fundada en pruebas suficientes que demuestren que dicho enfoque es más eficiente y eficaz que otras maneras de ejecutar la ayuda. Ni EuropeAid ni la DG ECHO llevan a cabo estudios formales y sistemáticos sobre mecanismos alternativos de prestación de la ayuda que compensen la ausencia de licitaciones.

Controles financieros y Auditoría Única

La Comisión verifica la solidez de los sistemas de gestión financiera mediante una evaluación previa de los llamados cuatro pilares: la idoneidad de los procedimientos de contabilidad, auditoría interna, auditoría externa y contratación por parte de los socios de la ONU.

El verdadero problema surge porque el grupo de auditores externos de las Naciones Unidas han cuestionado continuamente el derecho de la Comisión a efectuar controles financieros. Alega que sus sistemas de control son suficientes, pero no ofrece a la Comisión pruebas satisfactorias.

A menudo, esas organizaciones de la ONU subcontratan la realización de actividades a otras cuyos sistemas de control financiero no han sido supervisados por la Comisión, que también se muestra crítica con los informes sobre resultados de las Naciones Unidas que son demasiado generales, no comunican los problemas hallados y se presentan con retraso.

Trabajo de campo

Al tiempo que aumenta la cantidad de fondos canalizados a través de las Naciones Unidas, la Comisión ejerce cada vez más su derecho de realizar verificaciones sobre el terreno. En 2007, fueron 47 y en 2008, 34 y suelen estar enfocadas a la adecuación de los procedimientos, mientras que el examen de la eficiencia de la ejecución o de la eficacia en la obtención de resultados son cuestiones abordadas en los informes de las naciones unidas. El mandato habitual de una misión de verificación consiste en lo siguiente evaluar y comprobar los sistemas locales de contabilidad y verificar la subvencionabilidad del gasto.

Y pone algunos ejemplos, del que seleccionamos éste:

“debido a las restricciones impuestas por la sede de una organización de la ONU, la misión de verificación de 2008 de la DG ECHO sobre los proyectos desarrollados en Uganda no pudo seleccionar un número razonable de operaciones para realizar pruebas que permitieran llegar a una conclusión general sobre la subvencionabilidad de los costes“.

En conclusión

El Tribunal resume de la siguiente manera:

“La Comisión se fía del trabajo de los auditores de las Naciones Unidas cuando se permiten los exámenes y el control de los mismos (…) hemos trabajado para superar sus diferencias respecto de las verificaciones, sin embargo la Comisión se ha encontrado con dificultades para acceder a los sistemas y documentos de la ONU”.

Aprendiendo del Tsunami y del Mitch

Anteriormente, el Tribunal había presentado dos informes sobre la ayuda aportada por la Comisión Europea a raíz del tsunami y del huracán Mitch, que azotó Centroamérica en octubre de 1998.

El tsunami desencadenado en el océano Índico el 26 de diciembre de 2004 causó la muerte de más de 200.000 personas y originó daños incalculables. A la respuesta de ayuda humanitaria inicial de la Comisión, que tenía como objetivo salvar vidas humanas y atender las necesidades inmediatas, siguió la ayuda a la rehabilitación a más largo plazo, de unos 300 millones de euros, para reconstruir las infraestructuras básicas.

La emergencia

En 2006, el Tribunal de Cuentas Europeo aprobó un Informe Especial sobre la respuesta de ayuda humanitaria de la Comisión Europea al Tsunami, que había movilizado una financiación de 123 millones de euros.

Con respecto a la rapidez y el nivel de la respuesta, el Tribunal constató que los procedimientos de la Comisión permitieron dar una respuesta rápida al tsunami, con la concesión de 3 millones de euros a los que siguieron otros 20 millones de euros en un plazo de cinco días. Otras decisiones subsiguientes, de febrero y diciembre de 2005, ascendieron a un total de 123 millones de euros de ayuda humanitaria. El elevado nivel de financiación resultó adecuado debido en particular a la transición, más prolongada de lo previsto, de la fase de auxilio a la de reconstrucción.

Por lo que respecta a la coordinación, la DG ECHO apoyó el papel de coordinador de las Naciones Unidas y proporcionó financiación para resolver la falta de información fiable y exacta sobre las necesidades. La coordinación con otros servicios comunitarios ha sido satisfactoria en la medida en que ha permitido una transición flexible entre los esfuerzos de auxilio a corto plazo y la reconstrucción a largo plazo. No obstante, la coordinación entre la DG ECHO y el mecanismo de protección civil, con base en la DG de Medio Ambiente, que se encarga de la coordinación de la asistencia de la protección civil de los Estados miembros, fue problemática.

Por lo que se refiere a la pertinencia de los proyectos y la eficiencia de su ejecución, durante la fiscalización se observó que, aunque algunas de las primeras propuestas de proyectos eran una respuesta estándar a una situación de emergencia, por lo general los procedimientos permitieron modificar los proyectos para hacer frente a la evolución de las necesidades. Aún habría que desarrollar la información sobre los costes comparativos de bienes y servicios para facilitar más detalles de las disposiciones organizativas y cuantificar la consecución de las actividades de los proyectos.

Con respecto a los resultados y a la sostenibilidad de los proyectos, algunas realizaciones fueron menores de lo previsto debido a la inflación y a las dificultades para obtener mercancías y contratar a personal cualificado. Sin embargo, los proyectos gestionados por los socios de la DG ECHO contribuyeron a satisfacer las necesidades básicas de la población en términos de refugio, alimentos, agua y saneamiento, sanidad, apoyo psicosocial, atención a niños y familias y telecomunicaciones.

Tras el desastre, la reconstrucción.

Respecto a la rehabilitación posterior, el Tribunal de Cuentas Europeo llevó a cabo visitas a los socios y a los proyectos desarrollados en Nicaragua, Honduras, Indonesia y Sri Lanka, con el fin de examinar si se habían definido de forma adecuada las necesidades en materia de rehabilitación de las personas afectadas por las catástrofes y si la ayuda fue ejecutada de forma oportuna y eficiente. Publicó su informe que comprobó que los proyectos habían logrado los resultados previstos, en particular con respecto al establecimiento de vínculos satisfactorios con la anterior ayuda humanitaria a corto plazo y el posterior desarrollo a más largo plazo.

En cuanto a la definición de las necesidades, el Tribunal constató que en el caso de ambas catástrofes la Comisión elaboró una estrategia de rehabilitación en menos de seis meses. Sin embargo, tras el huracán Mitch, el proceso de concepción que permitió plasmar esta estrategia en proyectos específicos se prolongó hasta cuatro años después de la catástrofe. Después del tsunami, el proceso de concepción fue más rápido y además evolucionó hasta lograr una mejor coordinación y consulta con los países beneficiarios a nivel nacional y local.

Con respecto a la ejecución de la ayuda, la respuesta fue más rápida en Indonesia, donde se llevaron a cabo numerosas acciones en los dos años posteriores al tsunami a través del Banco Mundial. Tras ambas catástrofes, la Comisión no veló por la definición de objetivos claramente cuantificados en términos de realizaciones para la totalidad de los proyectos, ni por que los sistemas generasen información suficiente para demostrar la eficiencia de la ejecución. Sin embargo, en Indonesia la Comisión había logrado mejorar la calidad de la información procedente del Banco Mundial. En Sri Lanka, donde la ayuda de la Comisión, de un importe de 95 millones de euros, se canalizó a través de organizaciones internacionales, no se habían establecido procedimientos de seguimiento y supervisión adecuados en todos los proyectos.

El vínculo con la ayuda humanitaria anterior ha sido más estrecho tras el tsunami que tras el huracán Mitch. En ambas catástrofes se estableció un claro nexo con el posterior desarrollo a más largo plazo, dado que los proyectos consistían generalmente en acciones de desarrollo más que en acciones de rehabilitación, lo que refuerza las perspectivas de sostenibilidad. Sin embargo, los proyectos no permitieron la aplicación de medidas suficientes para garantizar la continuidad de las acciones una vez finalizada la financiación inicial. Una reflexión del Tribunal que nos permite concluir con El Roto:

El último día del año que acaba de terminar alumbró un nuevo órgano de Control Externo del Estado español. Se aprobaba, por unanimidad y en lectura única, la Proposición de Ley de la Cámara de Cuentas de Aragón, promovida por todos los partidos con representación en el Parlamento aragonés.

El Texto consensuado deroga la antigua ley 10/2001, de 18 de junio, de creación de la Cámara de Cuentas de Aragón, que establecía un órgano unipersonal (que nunca comenzó su andadura) para fiscalizar el sector público de la Comunidad Autónoma. Tras la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007, se configura la Cámara de Cuentas de Aragón como un órgano colegiado, integrado por tres miembros, lo que  justificó, en la práctica, paralizar el inicio de su actividad.

La citada Ley está estructurada en cinco Títulos, con un total de treinta y dos artículos y diez disposiciones finales, que conciben la Cámara de Cuentas como un órgano técnico al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público de Aragón. Exponemos a continuación sus principales características.

Órgano técnico de fiscalización

Este tipo Instituciones depende directamente del parlamento respectivo y ejerce sus funciones por delegación de este, actuando a través del programa anual de fiscalización, cuyo resultado más importante se plasma en los informes definitivos que deberán ser remitidos al citado Parlamento, al Tribunal de Cuentas y ser objeto de publicación oficial.

Integran el sector público de Aragón, la Administración y los organismos públicos de la Comunidad Autónoma, sus entidades locales y organismos públicos, así como los organismos, consorcios, empresas, fundaciones, asociaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que las entidades integrantes del sector público “participen, directa o indirectamente, mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o en la constitución de sus recursos propios, o financien mayoritariamente sus actividades, o tengan capacidad de nombramiento de más de la mitad de los miembros de los órganos de dirección, administración o control”.

La principal función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas es el examen y la comprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón, que habrá de presentarse antes del treinta de junio inmediato posterior al ejercicio económico a que se refiera, mientras que las Cuentas de las Corporaciones locales tienen hasta el quince de octubre. Las restantes entidades, organismos o empresas se presentarán en el plazo que sea señalado por la Cámara de Cuentas en el programa anual de fiscalización.

Como en órganos similares, la emisión del informe definitivo de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón debe realizarse en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que se haya presentado.

La iniciativa en el ejercicio de la función fiscalizadora corresponde al Pleno de las Cortes de Aragón y a la propia Cámara de Cuentas.

Composición

La Cámara de Cuentas se compone de tres miembros, que elegirán entre ellos un Presidente y un secretario, en los términos que determine su Reglamento. Se ha optado por el modelo colegiado puro, que evite la designación externa del presidente.

Las Cortes, por mayoría de tres quintos, designarán para un periodo de seis años (reelegibles) los miembros de la Cámara entre licenciados o graduados universitarios con más de diez años de experiencia profesional “relacionada con el ámbito funcional de la misma”. Donde más ha afinado el legislador ha sido en las incompatibilidades que has sido definidas de una manera menos genérica que en otras legislaciones autonómicas, donde quedaban apartados quienes gestionen o manejen caudales públicos regionales. En la práctica esto excluía a todo aquel funcionariado regional de perfil económico y reducía las candidaturas a los profesionales del sector privado o a los profesores universitarios.

Así, en Aragón, se reduce la inelegibilidad a determinados cargos políticos y no a todos: no podrán ser designados miembros de la Cámara de Cuentas quienes, en los dos años inmediatamente anteriores, hayan desempeñado el cargo de miembro del Gobierno de Aragón o Viceconsejero, Interventor General, Director General de Presupuestos o Director General de Tributos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Todo ellos sin perjuicio de la abstención en la fiscalización de actos o expedientes en los que, por cualquier cargo o actividad, los miembros hayan intervenido con anterioridad a su designación.

Al Consejo de la Cámara de Cuentas corresponde las principales funciones de fiscalización, al aprobar el programa anual (“sometido a la consideración de las Cortes de Aragón”), las memorias y los informes, el proyecto de presupuesto (“conformando un Servicio de la Sección destinada a las Cortes de Aragón”) o las directrices técnicas a que deban sujetarse los procedimientos de fiscalización, así como las demás funciones no atribuidas a los otros órganos de la Cámara de Cuentas.

El Presidente, por su parte, además de convocar y presidir el Consejo, tiene las funciones representativas,  de dirección de los servicios, ejerce la jefatura superior de personal y asigna a los miembros las fiscalizaciones que apruebe el Consejo.

Otro órgano clave: el auditor.

Una característica peculiar de la Cámara de Cuentas es que podrá designar libremente los Auditores (en el número que reglamentariamente se determine) no necesariamente funcionarios (de serlo, pasarán a la situación administrativa de servicios especiales) y a quienes corresponderá “realizar el control de cuentas y de la gestión económica del sector público de Aragón, proponiendo al Consejo de la Cámara de Cuentas, para su estudio y elaboración, los informes de fiscalización y las conclusiones a que llegasen en el ejercicio de la actuación fiscalizadora”.

Se trata de una figura intermedia entre el consejero y los técnicos, pues goza de las características de ambos. La Ley les exige idéntica formación y régimen de incompatibilidades al previsto para los miembros de la Cámara de Cuentas aunque su experiencia es más abierta: “haber desempeñado actividades profesionales relacionadas con el ámbito funcional de la Cámara de Cuentas”.

Los Auditores podrán ser cesados libremente por la Cámara de Cuentas (se supone que por el Consejo, aunque el Reglamento debe matizarlo) y, en todo caso, cesarán cuando finalice el mandato de los miembros de la Cámara de Cuentas.

Tarea inmediata

La ley entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

A partir de ahí, aparecen tres hitos importantes. En plazo de tres meses: la elección y nombramiento de los miembros de la Cámara de Cuentas. No es una tarea fácil lograr ese consenso parlamentario con mayoría tan reforzada. Tras esto, En el plazo de otros tres meses, el Consejo elevará el proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento a las Cortes de Aragón para su aprobación. Tendrá un año para aprobar su relación de puestos de trabajo y seleccionar al personal técnico y a los auditores.

Las primeras cuentas del sector público de Aragón que se fiscalicen por la Cámara de Cuentas serán las del ejercicio económico en el que quede efectivamente constituida. Si todo va bien, será la correspondiente a este ejercicio 2010.

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La situación financiera de las universidades públicas es cada vez más delicada. Durante las últimas semanas hemos asistido a una sucesión de noticias que ponían de relieve tal sufrimiento presupuestario.

Por un lado tenemos a la Universidad Complutense de Madrid, que cierra durante las Navidades para ahorrar; Por otro lado, la Universidad de Barcelona cuyo Rector clamaba en rueda de prensa: “todos nos tenemos que apretar el cinturón, pero el acuerdo de financiación se ha de cumplir“, en relación al pacto firmado el año 2006 por el gobierno catalán, que se comprometía a aportar a sus universidades 50 millones de euros el año 2008, 90 millones en 2009 y 130 millones en 2010.

Otro ejemplo es la unión de los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid para leer mañana un comunicado conjunto dirigido al gobierno autonómico y a la Asamblea de Madrid contra los recortes presupuestarios llevados a cabo para el próximo ejercicio 2010. Hoy, serán los sindicatos universitarios quienes protestarán ante la Consejería de Educación.

Retroceso

El  pacto por la educación (con su política de ayudas al estudio) y el nuevo modelo de financiación, que será presentado antes de final de año por el Consejo de Universidades, se están echando de menos. Es muy difícil alcanzar la meta de gasto que el Ministerio estableció como objetivo para 2015: el 1,5% del PIB en Educación Superior. En 2008, la inversión nacional fue del 1.35% del PIB. Sin duda, la caída del PIB (el denominador) lo ha puesto más fácil, aunque los recortes paralelos de financiación traen incertidumbre al sector .

No falta quien acuse al modelo universitario de obsoleto (por autogestionario), rígido (gasto extremadamente inelástico) o ineficiente (por proclive al gasto) pero su sistema de gobierno es el que es y no va a cambiar a medio plazo; así que tenemos la Universidad que tenemos y podemos pagar. Con estos problemas estructurales, y otros aún más graves, sigue siendo un centro de excelencia social que, como suele recordar el ilustre letrado Juan Manuel del Valle, soporta las mayores barrabasadas organizativas sin perjudicar en exceso, sino incluso potenciando, el constante crecimiento de la crema de la intelectualidad.

El caso del Parque científico de Barcelona

En muchas ocasiones la deficitaria situación ha sido propiciada por las propias instituciones autonómicas o estatales y los famosos anticipos reintegrables sin interés. Este es el caso del Parc Cientific de Barcelona, cuyo informe de fiscalización acaba de hacer público la Sindicatura de Comptes catalana, que alerta sobre la viabilidad futura de la fundación (pág. 51)  en estos términos:

“La situación financiera de la Fundación es extremadamente delicada ya que tiene un patrimonio negativo … necesita una aportación de … para poder hacer frente a los compromisos adquiridos. A la vez, esta situación puede afectar la Universidad de Barcelona”.

Últimos informes de Auditoría universitaria

Los informes de auditoría todavía no recogen la actual crisis presupuestaria. Los últimos que conocemos corresponden al ejercicio 2007, cuando las restricciones financieras todavía no se habían dejado sentir.

La próxima semana se celebra en Madrid el II Curso Auditoría y control en las universidades, organizado FIASEP. Un punto de encuentro entre auditores internos y externos para presentar las principales áreas de riesgo, así como para debatir las conclusiones de los últimos informes sobre universidades. He aquí un avance.

Navarra

La Cámara de Comptos acaba de hacer público el informe sobre la Universidad Pública de Navarra, que presenta lo que podíamos simplificar como una opinión “limpia”, a pesar de ciertas omisiones formales importantes, como no adjuntar al presupuesto la relación de puestos de trabajo de todas las categorías especificando la totalidad de costes de la misma.

En relación con la gestión de la investigación científica, destaca que, en general, la contratación del personal para proyectos de investigación se ha realizado “conforme al reglamento de contratación de personal investigador, pero en la selección de colaboradores y ayudantes de proyectos de investigación, la difusión de la convocatoria y el reducido plazo establecido para la presentación de solicitudes no garantizan suficientemente el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad en la selección de personal”.

Los Comptos entienden que “la gestión y control contable de los gastos e ingresos afectos a los proyectos y contratos de investigación es adecuada”.

País Vasco

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha publicado el mes pasado el informe de fiscalización de la actividad económico financiera de la Universidad del País Vasco correspondiente al ejercicio 2007.

En opinión del Tribunal la Universidad ha cumplido, razonablemente, la normativa legal que regula su actividad económico financiera, excepto por algunas salvedades, relativas al presupuesto, a los gastos de personal y a la contratación administrativa.

Con respecto al presupuesto, el Tribunal señala la realización de modificaciones al mismo por habilitaciones de crédito para gastos con financiación afectada e incorporación de remanentes por importe de 120 millones de euros, sin la aprobación del órgano competente. No obstante, destaca la aprobación a posteriori por el Consejo Social, de 61 millones de euros correspondientes a la incorporación de remanentes, con motivo de la aprobación del Informe Económico.

En relación al personal, se señala la falta de publicación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e investigador (en el BOPV) al tener pendiente de autorización su coste por parte del Gobierno Vasco.

Los aspectos destacados en la contratación administrativa se refieren a un contrato de licitación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, al contrato de servicios para la gestión integral de proyectos donde el servicio de arquitectura y obras no ha realizado el informe preceptivo que justifique la falta de medios personales para proceder a la contratación externa.

En relación con las Cuentas Anuales, el Tribunal considera que los estados contables presupuestarios expresan adecuadamente la actividad económica del ejercicio, con las siguientes salvedades:

-No controla adecuadamente el Remanente Específico.

-Ausencia de Información sobre las inversiones comprometidas para ejercicios futuros.

Señalar, no obstante, que el Remanente para Gastos Generales vuelve a ser negativo en 2007 motivado, principalmente, por el incremento experimentado en el Remanente Específico.

Universidades de la Comunidad Valenciana

Las universidades valencianas son objeto de fiscalización anual por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana. Este año, el informe del ejercicio 2007 puso especial énfasis en las áreas de inversiones y de contratación administrativa, que fueron fiscalizadas con mayor detalle e intensidad, con las siguientes actuaciones:

- Revisión de las modificaciones presupuestarias, así como los niveles de ejecución presupuestaria y de realización.

- Evaluación del funcionamiento de los mecanismos de control interno en relación a los gastos de inversión.

- Análisis de los aspectos esenciales de la llevanza y mantenimiento del inventario de bienes del inmovilizado.

En lo que se refiere a la fiscalización de la contratación administrativa, las actuaciones realizadas comprobaron que los procesos de contratación y tramitación de los expedientes se adecuaron a la normativa vigente, que los fondos se han aplicado a los fines previstos y que la actividad económico-financiera se había realizado conforme a los principios de buena gestión, prestando especial atención a las modificaciones contractuales realizadas durante el ejercicio.

La prensa vasca recogía ayer unas declaraciones del Dr. Martinez Churiaque, presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) realizadas en una entrevista concedida a Radio Euskadi, donde se suma a la petición de una Ley de Auditoría Municipal que exija la rendición de las cuentas locales junto con un informe de auditoría privada.

Churiaque entiende que, al igual que las sociedades mercantiles de elevado tamaño o facturación, los grandes ayuntamientos deberían tener “mecanismos de control con tres “filtros”: control interno, control externo “quizá con firmas privadas” y control externo público. Esto permitiría a los OCEX concentrarse en áreas de riesgo específicas, como la gestión urbanística, la política de subvención de los entes públicos y la política de endeudamiento pues “este año 2010, va a ser un año muy duro”.

También reconoció que es imprescindible apostar por medidas de control interno, “con mayor apoyo a los interventores de los ayuntamientos para que lleguen al cargo, no porque se lo deban al alcalde o a personal de su entorno, sino habilitados por una oposición nacional“.

En el fondo del asunto encontramos el reconocimiento de que el propio TVCP, como Institución, “no tiene capacidad suficiente para fiscalizar todos los entes del sector público vasco”.

Ya hemos tratado este espinoso tema en otras ocasiones, siempre con bastante ruido. Ahora parece que revive con fuerza, pues las medidas de reforma administrativa promovidas desde Cataluña también incluyen este apartado en la agenda política.

Así, la consellera catalana de Justicia, Montserrat Tura, aseguró esta semana, en rueda de prensa, que el objetivo del Govern es favorecer la “transparencia” y modificar la Ley que regula la Sindicatura de Cuentas, con el fin de incorporar nuevas obligaciones para los entes locales, como sanciones ante la falta de rendición y la obligación de someterse a auditorías financieras externas para los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes o cuyo presupuesto anual supere los 50 millones de euros.

No, sin mi Interventor

Hasta el día de hoy, son muchos los Interventores que, con la ley en la mano y alguna sentencia (STSJ de Castilla y León-sede en Burgos-de 18 de febrero de 1997) venían oponiendose esas auditorías privadas en los ayuntamientos. El argumento es sencillo: el control interno está reservado a ellos y el externo al Tribunal de Cuentas u Órgano de Control Externo (OCEX) autonómico correspondiente. Entre las últimas, podéis ver esta noticia referente al Ayuntamiento de Cambre, en Galicia:

El propio Tribunal de Cuentas, en un recientísimo informe, aprobado en sesión de 29 de octubre de 2009 (Informe de Fiscalización de los contratos de asistencia técnica para la realización de Auditorías en las Entidades Locales, ejercicios 2004, 2005 y 2006) considera estos contratos con compañías auditoras como algo “excepcional, pues las funciones de control financiero en el ámbito interno, de las que son manifestación técnica la actividad de auditoría, están encomendadas a órganos o a funcionarios públicos, tanto en el ámbito estatal, como en el autonómico o local”.

El Tribunal se manifiesta contundente exigiendo la supervisión y aceptación definitiva de los órganos que tienen reconocida la competencia para actuar en el ámbito del control interno o externo de la actividad del sector público (cosa que ningún contrato fiscalizado tuvo, muy al contrario, en algunos casos constaba declaración en contra de su celebración realizada por los Interventores y Secretarios). No obstante, aun admitiendo la improcedencia de esa contratación con carácter general en el ámbito local, entiende que sería posible la contratación de los servicios profesionales con ese objeto y vinculado al control financiero de subvenciones.

El Tribunal concluye así:

Por ello, e indirectamente, tan sólo a instancia del propio Interventor, como responsable de los  servicios y titular de las competencias de control interno, procede iniciar un expediente de contratación con este objeto. En definitiva, a la Alcaldía le competen las funciones propias de un  órgano de contratación, entre otras las de acordar la iniciación del expediente de contratación cuando éste se encuentra suficientemente justificado con el fin de atender una necesidad pública, e incluso la de apreciar la concurrencia de esta necesidad pública, pero ello no le faculta para sustituir, por su sola voluntad, las competencias legalmente atribuidas a los funcionarios de habilitación nacional y que la ley, por esa condición, expresamente a ellos les ha reservado. En definitiva, a la Alcaldía compete apreciar la necesidad de la elaboración de esos informes y a la Intervención, en su caso, si puede o no dar satisfacción con sus medios a ese requerimiento.

Reformas y contrareformas

Rafael Martín, profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, sugiere en una columna del diario Expansión algunas propuestas sobre los ayuntamientos que, en su opinión, ninguna reforma contemplará (acceder a través del portal Inteligencia Colectiva y Economía de Navarra) y que suponen una profunda contrareforma desvinculando a los habilitados de la Corporación correspondiente (y haciéndolos depender de un órgano estatal) la remisión concomitante de los reparos al OCEX (al igual que ahora ocurre con los contratos) y la potenciación de las auditorías externas que sólo llegan al 4% de las corporaciones.

Es recurrente, por tanto, solicitar cambios legislativos para que las entidades locales que no rindan cuentas sean privadas de ayudas y subvenciones, de la misma manera que los particulares no pueden optar a ayudas si no están previamente al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Pública o la Seguridad Social.

De acuerdo con el diario Levante de ayer, la Sindicatura de la Comunidad Valenciana, a cuyo frente está Rafael Vicente Queralt, pretende que quienes se nieguen a remitir la cuenta general o que la presenten cambiando y falseando datos tengan efectivamente una responsabilidad penal, al igual que el el consejo de administración de una empresa privada, como nos suele recordar Javier Grandío en diversos comentarios de esta bitácora.

Sin embargo, en esa Sindicatura se está barajando seriamente la posibilidad de incluir una petición de reforma legislativa para que los alcaldes que figuren en la lista negra de la institución no puedan presentarse como candidatos en las siguientes elecciones, de manera similar al modelo brasileño. No puede entenderse que un concejal con deudas pendientes en la vía ejecutiva con su ayuntamiento, tenga prohibido presentarse a las elecciones, y un alcalde que incumple la ley por no remitir las cuentas al Síndic pueda optar a la reelección.

Como recuerda también el diario Levante: “Reincidir en saltarse la ley cuesta 60 euros”. El síndico alicantino Mira-Perceval tiene la “sensación que prima en las entidades locales de que incumplir sus obligaciones con los órganos de auditoría les sale prácticamente gratis”. Así de crudo lo dice:

Por ejemplo ley 7/1988 de funcionamiento del Tribunal de Cuentas recoge en su artículo 30 sanciones de entre 60 y 900 euros para los responsables de incumplir los requerimientos efectuados por ese Tribunal. Se dan pocas oportunidades en las que los municipios u otras entidades locales se ven acorralados por esta disposición. Dada la absoluta falta de potestad sancionadora de la Sindicatura, recientemente pidió auxilio al Tribunal de Cuentas para castigar económicamente a un consistorio valenciano reincidente en su negativa a rendir cuentas. El pleno de este tribunal decidió imponer la sanción máxima, de 900 euros, pero el ayuntamiento recurrió. Al final del camino, el Tribunal Supremo redujo la multa a 60 euros, menos que muchas multas de tráfico. Para Antonio Mira-Perceval resulta simplemente “desalentador”.

El presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, Vítor Caldeira, presentó ayer, en una rueda de prensa, el informe que, por segundo año consecutivo, esa institución formula una opinión sobre la fiabilidad de la ejecución del presupuesto de la Unión Europea. El próximo martes 17 de noviembre se presentará también en el Senado de España.

OPINIÓN

El Tribunal debe emitir una opinión sobre la ejecución del presupuesto de la UE distinguiendo entre la auditoría financiera (puramente contable) y la de legalidad. La primera obtiene una opinión sin reservas (favorable) porque el Tribunal concluye que las cuentas anuales de la Unión Europea correspondiente al ejercicio 2008 representa fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de las Comunidades, así como los resultados de sus operaciones y los flujos de tesorería.

Respecto de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas, los resultados globales de 2008 reflejan las mejoras logradas en la gestión del presupuesto en los últimos años, en el mayor grupo de políticas (“Agricultura y recursos naturales”), que representa casi la mitad del presupuesto comunitario donde, por vez primera, el Tribunal no emite una opinión desfavorable, sino con reservas porque el porcentaje de conjunto de error es inferior al umbral de materialidad (es inferior al 2%). No es así la del capítulo de desarrollo rural y la I+DT, que sí que sobrepasó ese porcentaje.

“Cohesión”, segundo grupo de políticas más importante con al menos a una tercera parte del presupuesto, sigue siendo un ámbito problemático para el Tribunal, el más afectado por errores. El Tribunal considera que al menos el 11 % del importe total reembolsado no debería haberse pagado.

Los auditores entienden que en muchas situaciones, los errores son consecuencia de la excesiva complejidad de normas y reglamentos. La simplificación, por tanto, sigue constituyendo una prioridad para la Unión Europea.

Reservas

Con respecto a 2008, el Tribunal emite opiniones favorables sobre la legalidad y la regularidad de los ingresos, los compromisos de todos los grupos de políticas y los pagos en los grupos de políticas “Educación y ciudadanía” y “Gastos administrativos y otros gastos”.

El Tribunal emite opiniones con reservas respecto de dos grupos de políticas. El Tribunal concluye que los pagos correspondientes al grupo de políticas “Agricultura y recursos naturales”, con excepción de desarrollo rural, y los pagos del grupo de políticas “Asuntos económicos y financieros”, con excepción del gasto correspondiente al sexto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico (VI PM) (entre el 2% y el 5% de errores), son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

El Tribunal formula opiniones desfavorables respecto de los grupos de políticas “Cohesión”, “Investigación, energía y transporte” y “Ayuda exterior, desarrollo y ampliación”. Los pagos en estos grupos de políticas están significativamente afectados por errores, aunque con niveles diferentes.

En palabras de Vítor Caldeira, presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, en conjunto, parece registrarse una disminución de los porcentajes de error respecto a ejercicios anteriores, debido a las mejoras en la gestión del presupuesto, pero persisten la complejidad de los marcos jurídicos y los problemas en algunos sistemas de control. Para preparar las propuestas de revisión del Reglamento Financiero, un nuevo marco financiero y un presupuesto reformado, la Comisión deberá prestar la debida consideración a las consideraciones del Tribunal, contenidas en este informe anual.

Metodología

El Tribunal de Cuentas Europeo es un ejemplo de buenas prácticas, por muchas y variadas razones, que ya expusimos en esta bitácora. También por su útil Manual de auditoría de gestión que es una joya. Destaca siempre por su claridad en la exposición y por su carácter constructivo. que tiene su máximo exponente en la presentación detallada de las observaciones y alegciones.

Así, frente al sistema tradicional de informes de fiscalización donde las alegaciones figuran como anexo al documento de auditoría, la UE plantea un sistema donde las Respuestas de la Comisión Europea figuran junto a cada una de las Observaciones del Tribunal. Se divide la hoja del documento en dos partes, como puede verse arriba. Un esquema muy respetuoso con el Ente fiscalizado, casi en pie de igualdad, que permite al lector conocer directamente las explicaciones (con sus causas o consecuencias) sin tener que acudir a otro documento para ello.

Algo natural en el enfoque de las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas Europeo, ya desde el trabajo de campo, tal como prevé en ese manual, que dice claramente (pág. 53):

El diálogo permanente y la compresión mutua entre los auditores y el personal de la entidad controlada, enfatizado en el “enfoque sin sorpresas” del Tribunal, son esenciales, a efectos de garantizar una buena acogida de las conclusiones y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría.  Deberán planearse contactos con el personal de la entidad controlada durante toda la auditoría, con el fin de mantenerlo continuamente informado de la evolución de los trabajos. A continuación figuran los momentos en los que es habitual contactar con la entidad controlada y las cuestiones sobre las que se suele informar …

Foto: cortesía del Tribunal de Cuentas Europeo

Hoy, a las 17 horas de España, he participado a través de videoconferencia en el II Encuentro Internacional de Control Interno celebrado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Medellín (Colombia) y convocado por la Gerencia de Control Interno de la Gobernación de Antioquia con el apoyo y aval académico de la Universidad de Antioquia y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia.

Tal actividad no hubiera sido posible sin los medios y el apoyo prestado por la Dirección General de Informática del Gobierno del Principado de Asturias, a través del Policom de su sala de videoconferencias. Durante una hora hablé para los congresistas de “Perspectivas del control sobre obras públicas en el ámbito europeo”, lo que explica las últimas entradas sobre el tema en esta bitácora.

El año pasado me había tocado la ponencia “Experiencias internacionales en la implantación de modelos de control interno para entidades públicas. El caso español”. Las videoconferencias suponen una práctica académica de la máxima eficiencia y economía, que se están imponiendo en todos los ámbitos. Eso sí: un año más, nos quedamos en el eterno otoño sin disfrutar de la eterna primavera que representa Medellín, una ciudad donde pude comprobar, durante mi visita de 2007, cómo las políticas públicas frente a la exclusión social han cambiado la vida de millones de ciudadanos. No podía faltar, aunque desde la distancia.

Varios temas de interés

El Director de la Escuela de Gobierno, el Doctor John Cardona, me había mostrado el interés de la administración colombiana por el control de las obras públicas en Europa y las nuevas figuras de colaboración público-privada. Al respecto son muy útiles los artículos del número 63 de Economiaz, monográfico sobre el asunto.

En Colombia, la Constitución Política de 1991 incorporó el concepto del Control Interno como un instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del Estado y el cumplimiento de los principios que rigen la función pública. En su artículo 267, la Constitución eliminó el ejercicio del Control previo por parte de las Contralorías, reemplazándolo por un “control posterior y selectivo, cuya finalidad es vigilar y evaluar la gestión fiscal del Estado y de los particulares y Entidades que manejen fondos o bienes públicos”.

La auditoría visible

La Administración colombiana posee este curioso instrumento de lucha contra la corrupción. La Ley 80 de 1993, en su artículo 66 establece que: “Todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano (…). El Gobierno Nacional y los de las entidades territoriales establecerán sistemas y mecanismos de estímulo de la vigilancia y control comunitario en la actividad contractual…”.

Una vez seleccionado el contrato para hacer seguimiento, generalmente de grandes obras públicas, se determina un grupo de beneficiarios del proyecto quienes participan activamente en todo el proceso, con la firma contratista, la supervisión de nivel central, la administración local, los beneficiarios y demás personas y entidades relacionadas con el proyecto, que son citados oportunamente.

Allí, los protagonistas deben suministrar información, resolver inquietudes, plantear observaciones y recomendaciones y llegar a acuerdos y compromisos relacionados con el desarrollo del contrato, los cuales quedan registrados en un acta elaborada por el Programa de lucha contra Corrupción.

Como principales productos del ejercicio, se producen los siguientes documentos:

- Formatos con información general de la obra y los documentos soporte que se recopilen en el proceso. ?- Acta de cada uno de los foros donde se plantean las conclusiones, acuerdos, compromisos y recomendaciones. ?- Registro fotográfico tanto de los foros como del avance en la ejecución del contrato. ?- Acta de conformidad del grupo de beneficiarios. ?- Fichas con seguimiento periódico a las observaciones planteadas por las personas y entidades vinculadas al proyecto. ?- Informe final del ejercicio de auditorias visibles. ?- Sondeo de opinión, resultados y análisis sobre la percepción de los beneficiarios que participaron en el ejercicio de seguimiento visible al proyecto.

El profesor John Cardona en una visita a Oviedo, con ocasión del Día de América en Asturias (2009), dedicado a Colombia.

Durante estos días asistimos a la resaca del descubrimiento del millonario fraude (confeso) del Director del Palau de la Música de Barcelona que ha devuelto tres millones de euros previamente distraidos. Sin embargo, se habla de diez millones como cifra aproximada de la defraudación.

Las fuerzas políticas y sociales catalanas revisan su actuación (y las hemerotecas) para ver si su posición queda comprometida. Entonces aparece un Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que apunta algunas irregularidades y todos piensan lo mismo: ¿Cómo no seguimos esta recomendación?

La sindicatura elaboró un informe con las cuentas del año 2000 en el que, tal como recuerda el diario Expansión,  se alerta de descuadres de 31 millones de pesetas (186.000 euros) entre los fondos aportados por el Consorci del Palau y los recibidos por el Orfeón:

Según el modelo 347 Declaración de Operaciones con terceras personas, con respecto al Orfeón Catalán se ha declarado un volumen de operaciones de 24.402 mPTA, mientras que en la contabilidad del Consorcio consta un importe de 55.453 mPTA, por lo que se produce una diferencia de 31.051 mPTA.

Pero el sarcasmo llega a su esplendor en la última página del informe, donde puede leerse la contestación del Presidente del Comité Ejecutivo y autoinculpado estafador, Félix Millet, que dice:

Tomo nota de las observaciones realizadas y las solventaremos con la mayor brevedad posible. Sin embargo, ya le puedo adelantar que algunas de ellas, en estos momentos, ya están realizadas. Aprovecho la ocasión para expresar mi agradecimiento por los consejos que nos da que, sin duda, revertirán en una mejor gestión por parte de este Consorcio.

Mas auditorías …

El asunto recuerda al fraude descubierto el año pasado en el Museo Guggenheim de Bilbao y del que hablamos en otra ocasión. Allí las irregularidades comenzaron a detectarse a comienzos de este mes, tras recibir una comunicación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) solicitando la rutinaria información previa a la fiscalización de que iba a ser objeto. El Museo bilbaíno encargó la recopilación de esta información a la Subdirección de Finanzas, dado que el director (y estafador) se encontraba de baja laboral y fue descubierto.

El President catalán recordó hoy que el Palau de la Música es una fundación privada financiada por un consorcio público. Sin embargo, la procedencia pública mayoritaria de los ingresos debió extremar el celo de las Instituciones patrocinadoras: el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Educación.

Son muchos los analistas que entiendes que este caso debe servir para ajustar radicalmente la gestión de los organismos culturales que directa o indirectamente viven del erario público y el apoyo social. “Estoy seguro de que no es un caso aislado“, afirma Martí Saballs.

En fin, que las fuerzas políticas entonan el mea culpa. Algo es algo.

El video mató a la estrella de la radio pero Internet es ya el mayor asesino en serie de la historia de la humanidad. Su última víctima: el USPS, el servicio postal de EEUU, donde el correo electrónico está obligando a una reconversión de esta centenaria Institución, que reducirá numerosos empleos y oficinas.

A principios del mes de agosto, la Government Accountability Office (GAO) estadounidense presentaba un relevante informe de auditoría e incluía al servicio postal de EEUU dentro de la lista de instituciones o programas de ”alto riesgo” ¿La razón? Su precaria situación financiera que exige con urgencia una amplia reestructuración que permita ponerlo en una senda económica más sostenible.

El Contralor General accidental de los Estados Unidos y director de la GAO, Gene L. Dodaro, lo decía de esta sencilla manera:

“Las nuevas tecnologías están afectando profundamente a los servicios de gestión pública y privada, incluyendo la entrega del correo tradicional. Agravado por la recesión actual, el volumen de correo electrónico está reduciendo considerablemente los envíos postales, lo que provoca una disminución considerable de los ingresos mientras se mantienen altos costes de personal y de infraestructuras “.

El volumen de correspondencia cayó en 9,5 millones de unidades durante 2008, con un total de 203 millones de unidades y se prevé que descienda otros 28 millones de unidades durante 2009, hasta un total de 175 millones de unidades. Se espera que el volumen de correo (y los ingresos) sigan disminuyendo durante los próximos 5 años. USPS se había autofinanciado gracias al constante crecimiento del correo tradicional para sostener sus operaciones, pero durante la última década las empresas y los consumidores han recurrido cada vez más a la comunicación electrónica.

En el corto plazo, su principal desafío será reducir los gastos con la rapidez suficiente como para compensar la disminución de ingresos. En el largo plazo, deberá considerar las operaciones de fusión o el cierre de las instalaciones innecesarias así como la reducción de su número de empleados, a fin de adaptarse a las nuevas tendencias en el uso de correo electrónico.

Según el informe, ha sido lenta la reducción de los gastos generales e insuficiente para contrarrestar la disminución de ingresos y se sigue manteniendo una infraestructura de alrededor de 38.000 sucursales a nivel nacional. Por ello, el Servicio Postal debe explorar nuevas oportunidades para aumentar los ingresos. “El apoyo del Congreso para estas acciones será crucial”, agregó Dodaro.

Durante la próxima década presenciaremos reconversiones de centenarias instituciones. La más dura será la que enfrente la Universidad tradicional, como pronostica Enrique Dans, “el impacto de la tecnología en la educación va a ser mayor que el sufrido por otras muchas industrias, como la de los periódicos”. En Estados Unidos, unos 3,9 millones de personas estudiaban en 2007 algún curso de educación superior virtualmente, un 12% más que el año anterior, como recuerda El País de hoy. Pero a eso le dedicaremos otro momento.

El creciente desarrollo del sector público instrumental es un hecho incontestable, tanto en la Administración del Estado, como en la autonómica y local. Son Entidades con personalidad jurídica propia que suelen tener encomendadas funciones o tareas de esa Administración Pública.

Se trata de un fenómeno de diversificación estructural (por lo general, a través de la forma mercantil o fundacional) caracterizado, en la práctica, por la gran variedad de sus fines y sectores de actividad. La doctrina más prudente suele criticar su uso exagerado y desordenado, así como la ruptura que suponen en los tradicionales esquemas conceptuales para distinguir lo público de lo privado.

El reciente informe del Consello de Contas ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta conocida “huída del derecho administrativo” en la Comunidad Autónoma de Galicia, con frecuencia denominados chiringuitos por su opacidad.

Galicia

El Consello entiende que la Cuenta General debería incluir la totalidad de empresas y fundaciones del sector público autonómico en el marco de un proceso de integración de la totalidad de entidades públicas objeto de control, que contribuya al adecuado cumplimiento de su rendición de cuentas.

En ese sentido, el Consello sugiere que la Intervención General debe presentar, como documentación complementaria de la Cuenta General, un resumen del plan de auditorías realizado y comentarios sobre los últimos ejercicios. Por supuesto, recomienda a todas las entidades integrantes del sector público autonómico la generalización del informe de auditoría externa para contar con una opinión cualificada y profesional sobre las cuentas anuales.

De la lectura del informe, sorprende el gran número de Entidades (así: 58 fundaciones de iniciativa pública) creadas en Galicia, que se deducen del siguiente cuadro, donde se retrata magníficamente la situación nacional:

La prensa destaca, por su mayor sensibilidad ante la opinión pública, el elevado número de contratos de alta dirección (86) de los responsables del sector público que hace al Consello de Contas instar en sus recomendaciones un “mayor control sobre las autorizaciones” de este tipo de relaciones laborales.

El informe de fiscalización asegura que, de los 244 millones adjudicados por empresas y entes públicos en 2006, el 20,8% fueron realizados sin que mediara licitación alguna. En fin, que se está produciendo un intenso debate mediático y parlamentario sobre la continuidad de estas formas de gestión.

Navarra

El reciente informe de la Cámara de Comptos de Navarra sobre la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2007 también  recomendó “racionalizar el sector empresarial y fundacional” de la Administración foral y que el Gobierno de Navarra lleve a cabo una reorganización del entramado empresarial público al existir empresas con objetivos coincidentes. En ese sentido, el Parlamento aprobó hace unos meses una Ley foral de reorganización del sector público al crear la Corporación Pública Empresarial de Navarra.

Además, el informe resume así (pág. 29)  la opinión de las auditorías realizadas en las empresas públicas:

- 24 empresas presentan opinión favorable.

- En 7 empresas la opinión es favorable con salvedades.

- En una, el auditor deniega la opinión,

Conocer este tipo de radiografías del sector empresarial contribuye a aportar a la ciudadanía un interesante factor de transparencia sobre la gestión financiera de los Entes Instrumentales.

Un buen ejemplo lo tenemos en el ámbito de la Administración del Estado. La Ley 47/2003, General Presupuestaria,  establece que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) debe remitir  anualmente al Consejo de Ministros, un informe general con los resultados más significativos de la ejecución del plan anual de control financiero permanente y  del plan anual de auditorías de cada ejercicio, con un resumen de las auditorías de cuentas realizadas, en el que se reflejarán las salvedades contenidas en dichos informes.

Entidades del Estado

El Estado ha inventariado un total de 467 entidades que conforman el sector público estatal, a 31-12-2006 . De ellas se han auditado 389, que comprenden la totalidad de las entidades obligadas legalmente, además de otras sociedades mercantiles y fundaciones del sector público estatal no obligadas, pero que se han incluido en los planes anuales de auditoría pública durante el ejercicio 2007. El desglose por sectores de las entidades auditadas es el siguiente:

- 121 entidades pertenecientes al sector público administrativo, cuya auditoría realiza en su totalidad la IGAE.

- 230 entidades pertenecientes al sector público empresarial, auditadas mayoritariamente por  auditores privados, ya que en su mayor parte son sociedades mercantiles estatales sujetas a las disposiciones de la normativa mercantil.

- 38 fundaciones del sector público fundacional cuyas cuentas audita mayoritariamente la IGAE.

El siguiente cuadro representa muy bien la opinión de esas auditorías en cada uno de los tipos del subsector administrativo:

(**) No está incluida en el total de entidades ni se incluye información sobre la entidad estatal de derecho público “Centro Nacional de Inteligencia” debido a la clasificación que recibe la información procedente de esta entidad en su normativa reguladora.

Como se observa en el cuadro anterior, la mitad de las opiniones emitidas en el ejercicio 2006 tienen “salvedades”, lo que significa que existen circunstancias que afectan a la imagen fiel del patrimonio y los resultados que las cuentas deben mostrar. Este porcentaje es inferior al del ejercicio anterior, que era del 59 %, y se incrementa, por tanto, el número de entidades con informe favorable.

Sector empresarial

Como se observa en el cuadro siguiente, el 48% de las opiniones emitidas en el ejercicio 2006 incluyen “salvedades”; un porcentaje ligeramente inferior al del ejercicio anterior, que era de un 54%. La mayoría de las salvedades responden, al igual que en el ejercicio anterior, al hecho de que algunas Autoridades Portuarias han aplicado para la contabilización de los bienes destinados al uso general el criterio de mantenerlos en una cuenta del activo, que es distinto del establecido por la IGAE al respecto, darlos de baja del balance, lo que ha dado lugar a salvedades en los correspondientes informes de auditoría: