Sirva esta breve entrada para hacer un comentario de urgencia sobre la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2012 (Vodafone España, S.A. / Ayuntamiento de Santa Amalia y Ayuntamiento de Tudela; y France Telecom España, S.A. / Ayuntamiento de Torremayor (C 55/11, C 57/11 y C 58/11). Se dicta en respuesta a tres reenvíos prejudiciales de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, interpretando las Directivas 2002/20/CE y 2002/21/CE relativas a la autorización y a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. En medio del desplome de los ingresos municipales, llega otra vuelta de tuerca de 700 millones de euros al esquilmado presupuesto, pues muchos ayuntamientos fijaron esta tasa para las compañías de telefonía. 

A juicio del Tribunal de Justicia (ver sentencialos Estados miembros pueden recaudar un canon por los derechos de instalar las infraestructuras necesarias para el suministro de servicios de telecomunicaciones en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma. Sin embargo, este canon únicamente puede imponerse al titular de dichos derechos, es decir, al propietario de las infraestructuras instaladas.

Esta sentencia tiene una gran trascendencia porque más de 1.300 ayuntamientos han establecido mediante Ordenanzas fiscales esta tasay por lo general la aplican por el aprovechamiento especial del dominio público «siempre que para la prestación del servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con independencia de quien sea el titular de aquéllas». Para hacernos una idea del importe litigiosos, baste decir que el Ayuntamiento de Tudela, uno de los protagonistas de la sentencia, recauda por este concepto 150.000 euros/año, que se distribuye entre Las compañías según el ratio de mercado que tienen en la ciudad.

Además, el Tribunal de Justicia considera que esta previsión de la Directiva de autorización relativa a la percepción del canon tiene efecto directo, es decir, está formulada en términos incondicionales y precisos, por lo que puede ser invocada directamente por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos incompatible con dicha disposición.