Durante años, la Administración francesa fue el napoleónico paradigma del centralismo y la lenta burocracia. Las cosas están cambiando y, como muestra, he aquí un botón del mundo fiscalizador. Hoy, el Tribunal de Cuentas de Francia hizo pública la certificación anual de las cuentas públicas del Estado. Eso no sería ejemplo de nada sino fuera porque se refiere … ¡al ejercicio 2011! La modificación de la legislación financiera y administrativa francesa acercó, de una manera ejemplar, la auditoría pública y la privada, también en los plazos de emisión de los informes. Además, quien esté acostumbrado a leer informes de auditores privados notará el mismo lenguaje y presentación. 

Así, con la Cuenta General 2011, llega el informe del Tribunal de Cuentas, que la valora en virtud de las normas y principios contables que le son aplicables y concluye “es regular y sincera y representa la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial del Estado, con siete reservas sustanciales”.

Estas siete salvedades se refieren a los apartados siguientes:

  1. Los sistemas de información y de contabilidad financiera;
  2. Los dispositivos ministeriales de control interno y auditoría interna;
  3. Los impuestos (IVA, IRPF y sociedades);
  4. Los pasivos de intervención y otros pasivos no financieros;
  5. Los activos y pasivos del Ministerio de Defensa;
  6. Las participaciones y otras inversiones financieras;
  7. El patrimonio inmobiliario.

En 2011, varios proyectos han ralentizado el proceso de mejora -continua y progresiva hasta entonces- de las cuentas del Estado: la administración se movilizó con fuerza por la reorganización territorial de los servicios, hacia la revisión general de las políticas públicas y la implementación del ERP Chorus, en detrimento de los trabajos para hacer más fiables las cuentas del Estado. Refleja este hecho la posición del Tribunal sobre las cuentas de 2011, que mantiene el mismo número de reservas sustanciales de auditoría que el año anterior. En 2009 eran 9 las salvedades y en 2008 fueron 12, como presentamos en su momento.

Hechos destacados

Con un patrimonio neto negativo de 835.000 millones de euros y un déficit neto de 87.000 millones (el 4.55% del PIB) las cuentas del Estado están marcados por varios hechos sobrevenidos en 2011:

  • el plan de implementación para apoyar a la zona del euro: préstamos bilaterales concedidos a Grecia, que ascendieron a un total de € 11.400 millones y garantías previstas por los planes de ayuda estatales franceses a Portugal e Irlanda, a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, a € 7.300 millones;
  • el nuevo plan para apoyar a Dexia, por € 8.000 millones con lo que el total de las garantías (pasivos contingentes) otorgadas por el Estado asciende a € 16.800 millones;
  • la reforma de la taxe professionnelle, con sus disposiciones transitorias y la implementación de nuevos mecanismos de tributación local;
  • el reembolso anticipado del saldo de € 4.000 millones de préstamos otorgados en 2009 a Renault y PSA.

Principales resultados

Varios elementos de las reservas en el año 2010 se resolvieron en 2011. Asimismo se han tenido en cuenta correcciones solicitadas por el Tribunal, aunque se mantiene el desacuerdo en un número significativo de las incertidumbres y limitaciones.

Entre los componentes de las reservas levantadas se destacan la fiabilidad de los datos determinados en el ERP Chorus, los contratos “de Estado a Estado” o en los pasivos comprometidos en el marco del fondo de compensación del IVA. Estas correcciones se cuantifican en € -4800 millones en el saldo de las operaciones del año 2011 y en € -3100 millones en el patrimonio del Estado a 31 de diciembre de 2011.

La situación en España

En nuestro país, la Cuenta General del Estado del ejercicio 2009 se rindió el 30 de octubre del ejercicio siguiente. El Tribunal de Cuentas de España aprobó la Declaración correspondiente el 22 de diciembre de 2011. No se trata de plazos excesivos, teniendo en cuenta todo el procedimiento interno de cada institución -el Estado para elaborarla y el Tribunal para fiscalizarla-. Quizás deba replantearse, ante la sensibilidad que muestran las autoridades monetarias europeas sobre la calidad de las cuentas públicas.

El modelo francés obliga a cerrar el ejercicio en paralelo al trabajo de campo de los auditores, lo que es muy complejo dentro del sector público. Se me dirá que las grandes empresas privadas hacen lo mismo con sus auditores; que hacen su tarea durante el ejercicio y durante el proceso de cierre, donde van de la mano de los auditores. Ya lo sé. Con la actual normativa española de rendición de cuentas -autonómica y estatal- esto no es posible. Sin embargo, en los tiempos y con los ritmos que corren hoy día en Europa, hay que pensar en imitarles, si se quiere que los informes sirvan para algo.