El autor de las alegaciones a un informe provisional de fiscalización se enfrenta a diversas alternativas. Puede explicar, rebatir o hasta criticar las afirmaciones que realiza el auditor, tal como se ha presentado en una entrada anterior. Tampoco falta la censurable práctica de atacar a la institución fiscalizadora sobre aspectos que nada tienen que ver con el proceso de fiscalización.

Rebatir o explicar, esa debería ser la opción de los gestores que reciben un informe provisional. Si no se logra cambiar el informe definitivo, al menos el lector tiene en su mano los fundamentos que le permiten entender la versión del gestor sobre los hechos descritos en el informe. Veamos algunos ejemplos: 

Rebatir las afirmaciones

Es la verdadera misión de esta parte del proceso y su contenido habitual, aportando la oportuna documentación probatoria. En principio, sobre los hechos no debería haber discrepancia alguna, si el auditor trabaja con un nivel de evidencia suficiente y adecuada que le permita llegar a conclusiones razonables, tal como recomiendan las Normas Técnicas de Auditoría.

Sin embargo, en la interpretación jurídica de los hechos, cuando están en la frontera, muchos auditores realizamos lecturas literales (extremas) de la norma o de los principios contables públicos, cuando el gestor los usa de ordinario con más flexibilidad.

Un frecuente caballo de batalla del gestor es la pretensión de distinguir, en el informe, los  incumplimientos de la legalidad de otros principios como la eficiencia y eficacia. Se anticipan así a su futura difusión. Muchos directivos luchan por que se recoja que el procedimiento utilizado no era ilegal aunque las opciones recomendadas por el OCEX redunden en mayor transparencia o economía. Es habitual acusar al auditor de “ir más allá de la norma”. Es cierto, pero la auditoría la legalidad es sólo una parte del trabajo de control.  He aquí una buena muestra:

TVCP. Informe Diputación de Álava-2008. Alegaciones, pág. 223:

No cabe aceptar la opinión expresada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas respecto a la modificación del contrato analizado, que entiende que “transgrede los principios licitatorios recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, debido a que la cuantía del incremento, que supera el 70%, desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen económico del contrato y no se corresponden a causas nuevas o imprevistas” (…)

Hay que señalar que la normativa contractual vigente no establecía limitación cuantitativa alguna para las modificaciones de los contratos, viniendo éstas condicionadas exclusivamente por razones de interés público debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas que debían quedar justificadas en el expediente. La cuantía de las modificaciones tiene relevancia únicamente a efectos de requerir su tramitación de un informe adicional de contenido presupuestario (cuando superan el 10% del precio primitivo del contrato y éste era igual a o superior a 6.010.121,04 euros) o de constituir una causa de resolución del contrato de obras invocable por el adjudicatario del contrato (si superan el 20% del precio primitivo o implican una alteración sustancial del proyecto inicial).

Cuando las alegaciones sean contrarias a los juicios y conclusiones que aparecen en el informe provisional, el Auditor suele realizar un informe para motivar su aceptación o rechazo. Al respecto puede consultarse la norma 704 del muy útil Manual de fiscalización de la Sindicatura de la Comunidad valenciana que razona las dos posibles alternativas:

a) Si considera que las alegaciones del gestor están justificadas, introducirá las oportunas modificaciones antes de elevar el informe a definitivo, no sin que previamente haya obtenido la suficiente evidencia que soporte el cambio de posición. En algunos OCEX, además se suprime toda referencia a las alegaciones que han sido aceptadas, como la Cámara de Cuentas de Andalucía en la foto adjunta.

b) Por el contrario, si el Auditor no está conforme con los comentarios recibidos del órgano gestor lo manifestará así en el informe a las alegaciones, añadiendo sucintamente sus propias observaciones sobre por qué no acepta las alegaciones del ente auditado.

Como ejemplo de buena práctica y concisión en la petición, presentamos las alegaciones al informe de la Universidad Politécnica de Cataluña-ejercicios 2006 y 2007 (págs.. 109 y ss) por su esfuerzo en sintetizar la petición, digno de los ingenieros:

Aunque es altamente infrecuente, podría ocurrir que, a la vista de las alegaciones recibidas, el consejero (llámese síndico) estimase conveniente efectuar nuevas comprobaciones o diligencias. Entonces deberá plantear una propuesta en tal sentido al Pleno del OCEX, que será quien acuerde sobre su procedencia. En caso afirmativo, los resultados que se deriven de las mismas deben ser sometidos a un nuevo trámite de alegaciones.

Otro problema es que la ausencia de documentación relevante durante el trabajo de campo, puede haber dado lugar a una limitación al alcance de la fiscalización. Su recepción durante el trámite de alegaciones, por lo general, no eliminará la limitación, aunque habrá de estar a cada caso concreto, en función de sus efectos.

Documentación extemporanea

Cuando la documentación sea recibida de forma extemporánea y se acepte, el Informe definitivo deberá indicar esta circunstancia aunque, al no tener el carácter de alegaciones, no se incorpora al Informe. Al respecto, debemos traer a colación el voto particular del Consejero de Cuentas de Castilla y León, Miguel Ángel Jiménez García, sobre el informe de la Cuenta General de la Comunidad-2007 (ver las cinco últimas páginas) donde se discutía la validez de las alegaciones presentadas por el Interventor General (frente a la ordinaria del Consejero de Hacienda) razón por la cual no se incluyeron conjuntamente al informe definitivo lo que explica su ausencia de la web institucional. Tras un serio análisis jurídico del caso explica:

… debe concluirse que quienes pueden formular Alegaciones al texto del Informe Provisional son todos los sujetos interesados en sus actuaciones (…) La Cuenta General aparece regulada en la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León que atribuye a la Intervención General de la Administración de la Comunidad la formación de la Cuenta General. Resulta evidente (…) que en cuanto al examen y comprobación de la Cuenta General, será sujeto interesado (…) por ser el único órgano competente para la formación de la Cuenta General.