La semana pasada, el Consejo de Cuentas de Castilla y León celebró, en su sede Palentina, la Comisión de coordinación del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos, que se ocupa del sector público local.
El Consejero responsable del departamento de Entidades Locales en el Tribunal de Cuentas de España, Ramón Álvarez de Miranda, ha explicado que la situación de rendición de cuentas de las administraciones locales informó de las acciones a llevar a efecto durante el presente año y se analizó el grado de rendición de cuentas por los Ayuntamientos.
Como recoge la prensa castellana, una de las endémicas patologías de la gestión presupuestaria local es el bajo nivel de rendición de cuentas: «sobre todo en las más pequeñas, y en las grandes, que lo hacen tarde», declaró el Consejero.
Así, en Castilla y León el porcentaje de municipios que rinden en plazo es de sólo un 34%. Un inidicador tan bajo que induce a error al periodista, que titula la noticia invirtiendo los porcentajes, como puede verse:
Soluciones
Además de potenciar la plataforma telemática, puesta en marcha en 2006, también se propone que, tras hacer los requerimientos necesarios, puedan imponerse multas a no cumplan de una manera persistente. También condicionar las subvenciones al cumplimiento de estas obligaciones formales, como es el caso de Galicia. Y del que ya hemos escrito en esta bitácora, tras una interesante entrevista del Sindic Major valenciano y las manifestaciones del Conselleiro Mayor gallego .
Aquí también debemos mencionar el artículo del auditor de la Sindicatura valenciana, José Andrés Ruiz del Molino, en Auditoría Pública, que, tras un análisis riguroso de la situación actual propone reducir los plazos de tramitación y de rendición, junto a una reforma del control interno.
Comunidad de Madrid
Un ejemplo de la renuencia administrativa municiapal puede encontrarse en la Cámara de Cuentas de Madrid, que hizo público hace un par de meses, su informe sobre las Corporaciones Locales correspondiente al ejercicio 2008. La conclusión general es que un 63% de las Entidades Locales básicas no habían rendido la Cuenta General del ejercicio 2008, a 31 de mayo de 2010. Al final, quedaron 140 morosos que no rindieron. Así, el desglose se presenta en el siguiente cuadro (pichar para ampliar)
Sin embargo, el informe presenta un dato bastante crítico: sólo un 9% del total de Entidades Locales habían rendido las cuentas dentro del plazo establecido. La mayoría lo hizo tras el requerimiento por parte de la Cámara.
La distribución geográfica de la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2008 en plazo, fuera de plazo y no rendida de los Ayuntamientos, es la que se muestra en el mapa anexo. Azul: en plazo; rojo: fuera de plazo;amarillo: no rendida.
Además, 15 Ayuntamientos nunca han rendido a la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, tienen 9 ejercicios pendientes de rendición (2000 a 2008). Sin embargo, lo más preocupante es el artículo de El diario El País, de hoy:
Fiscalizacion.es 
Antonio, muy buena entrada, una vez más, sobre la importancia de la transparencia en el Sector Público.
A quien no rinda en tiempo y forma, «penalti y expulsión«, como diría el ínclito Mejuto. Llámense multas, prohibiciones de acceso a subvenciones…
Recordemos (con alegría) que el Gobierno de España, a través del proyecto de Ley de Economía Sostenible (art. 34) ha propuesto lo siguiente: «Para asegurar la información y transparencia en materia de disciplina presupuestaria de las EELL, como elemento fundamental para la coordinación de las Haciendas Públicas en el pleno respeto a su autonomía, se habilita al Ministerio de Economía y Hacienda a que, bajo ciertas condiciones, retenga el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que le corresponda, cuando las EELL incumplan la obligación de remitir la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada año.
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Que se hable claro de una vez. Si el retraso está generalizado es que hay algún problema de fondo que nadie quiere abordar: o bien los funcionarios encargados de la contabilidad municipal son unos zánganos y unos incompetentes o cómplices de un deseo de ocultación o, por el contrario, es que la precariedad de medios (humanos y materiales) y su debilidad dentro de la estructura local son alarmantes. La precariedad de medios la fomentan los políticos locales, porque lo último que les importa es que la fiscalización interna y la contabilidad se lleven rigurosamente y al día (es más, en el caso de la fiscalización, desearían que no existiese). Y a esta precariedad se suma una saturación con la encomienda de tareas adicionales que, o no son propias de la Intervención Municipal o no deberían serlo: elaboración de presupuestos, redacción de ordenanzas fiscales, gestión presupuestaria (y no presupuestaria), gestión y asesoramiento económico, gestión tributaria, resolución de recursos en vía administrativa (en materia tributaria y, en general, en cualquier asunto con transcendencia económica), etc, etc…
Como decía un agudo compañero: «Si al Registro Municipal llega una zapatilla, su destino también será la Intervención Municipal, una vez comprobado que en su suela figura un número.»
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Para completar el círculo, la financiación del gasto corriente es algo imposible en los Ayuntamientos (mientras el capítulo 2 de gastos se dispara con subidas del 10% ó más en energía, combustibles, etc…; los capítulos 1 a 4 de ingresos se desploman; y está prohibido el préstamo o la deuda pública para financiar gasto corriente; un verdadero callejón sin salida) por lo que, aun en el infrecuente supuesto de ediles concienciados en dotar a Contabilidad e Intervención de medios humanos suficientes, ello tampoco sería viable.
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Discúlpame, pero no te entiendo. ¿No estamos hablando de Ayuntamientos? Igual da que sean grandes o pequeños, o que tengan más o menos personal. ¿Quién se ocupa de preparar los «papeles»? Lógico, el funcionario de turno. Pero la huella, la responsabilidad no es de quien prepara los papeles, sino de quien ha tomado las decisiones.
En cuanto a la labor de la Intervención, no estaría de más que se comentara por qué en determinados Ayuntamientos se contrata a los Interventores a DEDO y se negocian sueldos impropios de un funcionario.
E igual se podría comentar de muchos SECRETARIOS de Administración Local.
No pueden contar con el parapeto de los políticos, si cumplen con su función, pero lo que no deben es, encima, ampararlos, porque el profesional no es demasidado bien visto por la clase política. ¿O no es así?
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No nos debemos extrañar. Esos «pecados», según las declaraciones de nuestros insignes «políticos», se lavan en las elecciones. Y así se van perpetuando en el poder los que despilfarran el dinero público sin rendir cuentas de ello.
Aunque no deja de tener «graçia» que haya quienes se muestren comprensivos porque tienen falta de medios humanos, pero esos medios siempre se echan en falta en el momento de «explicar», NUNCA EN EL MOMENTO DE GASTAR.
¿Para cuando la inhabilitación de esas personas sin importar el partido por el que han conseguido SUS CARGOS (y nunca mejor dicho lo de cargos)?
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No es al político local al que le corresponde elaborar la Cuenta General. Sí es a él al que le corresponde gastar (y a fe que lo hace hasta cuando no le corresponde, sin necesidad de medios administrativos adicionales).
¿Comprensión? si precisamente estoy diciendo que el raquitismo (o el colapso con funciones «ajenas») de los servicios de Intervención (que es quien debe elaborar la Cuenta) está provocado por los políticos, salvo excepciones.
En caso contrario, parece que no queda más opción que irnos a la primera hipótesis: los funcionarios locales de los departamentos de Intervención son unos maulas o unos ineptos.
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Hoy han cortado la luz en mi colegio. El ayuntamiento no paga las facturas a Endesa y hemos estado todo el día sin luz, lo peor de todo es que no sabemos cuando se restaurará. Imaginar el frio que hacía esta mañana (3 grados) y algunas clases que son como cuevas y no se ve practicamente nada.
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¿En las Administraciones Públicas hay algo de esto?
http://www.expansion.com/2011/02/01/empresas/energia/1296589246.html?a=b8ba0230becdb5224c289ea609fc4bf4&t=1296652629
Saludos.
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Carísimo Antonio Arias:
Esta es una medida muy interesante. En Brasil, se una Prefeitura Municipal (municipalidad) non rende cuentas anuales al Tribunal de Cuentas hasta 30 de abril del año siguiente, con base en la Constitución Federal, el Tribunal representa al Gobernador del Estado que, por decreto, saca el Prefeito (alcaide) y nombra un interventor para ocupar su puesto a fin de que sea restaurada la legalidad en la administración.
Cuanto a otros informes periódicos sobre la ejecución presupuestaria (bimensuales y quadrimensuales) se el administrador non los envía al Tribunal en el tiempo determinado, se le aplican multas que van, segundo el retardo, desde R$ 500,00 hasta el 30% de sus sueldos anuales. Así mismo ocurren retardos significativos, pero la severidad de las puniciones tiende a hacer reducirse la desidia.
Un abrazo.
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Por supuesto que es importante que los ayuntamientos –todas las administraciones públicas en general- presenten sus cuentas en ‘tiempo’ y ‘forma’ … pero lo decisivo es que las mismas sean fruto del juego limpio y, en consecuencia, que su ‘fondo’ o contenido sea el adecuado.
¿Para qué sirven unas cuentas presentadas en forma y plazo si a poco que se estudien se tiene la certeza o el convencimiento de que no reflejan la realidad económico-financiera de la entidad que las rinde? … y además no pasa nada a quienes las rinden (ni a quienes interna o externamente las controlan o fiscalizan) … al contrario de lo que ocurre -o puede ocurrir- a los administradores de una sociedad mercantil (por pequeña que sea).
Recodar al respecto el artículo 290 del código penal:
“Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.
Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.”
Saludos.
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