Agosto transparente

Durante el mes de agosto, hemos recibido 9.154 visitas que consultaron 15.055 páginas de esta bitácora. Procedían de 454 ciudades distintas en 50 países. Dejamos constancia de nuestro modesto ejercicio de transparencia, como todos los meses.

A mediado de agosto, el diario El País filtró un avance del contenido del anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los ciudadanos a la Información Pública, que el Gobierno pretendía aprobar días más tarde y del que no se ha vuelto a saber más. Una buena forma de dar ejemplo para un texto con un nombre tan noble.

La nueva Administración debe aprender a vivir en ese entorno de transparencia. Un requisito que dentro de poco serán tan necesario como la honestidad. Porque los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, si no pueden acceder a la información con facilidad a través de Internet, no creerán en las instituciones. No está de más recordar que este año hemos conocido que los españoles pensamos que los políticos son uno de los principales problemas del país.

Muchas Entidades simulan practicar esa transparencia pero cuando un ciudadano quiere saber lo que cobra un alto directivo o los gastos de representación de un organismo oficial, comienzan las dificultades. Se complica la información atrapándola entre vocabulario técnico, alusiones farragosas y referencias múltiples a otras páginas y documentos.

Con frecuencia se argumenta la protección de datos o la intimidad personal para poner trabas a los ciudadanos que se interesan por detalles urbanísticos o de contratación pública para impedir el acceso a la información que obra en poder de los poderes públicos. La curiosidad inicial se disipa y los ciudadanos alejan su mirada del complejo y extraordinario compartimento estanco, en que consiste la Administración española.

La primera de las reglas de Sir Humphrey para la supervivencia de la burocracia, en el libro “Si, Ministro”, es mantener el secreto administrativo: “Señor, si los ciudadanos no saben lo que está haciendo, no se darán cuenta de lo que hace mal”, aconseja el Secretario Permanente. Sin embargo, otra función pública es posible.

Para reconciliarme con la buena Administración, de vez en cuando echo un vistazo en la red a los gastos de la Auditora General de Canadá, Sheila Fraser. Una exótica curiosidad, lo reconozco. Esa institución de control da ejemplo publicando en su web corporativa los gastos protocolarios y de viaje de sus Altos Cargos. Cuando, por ejemplo, invita a un desayuno a unos parlamentarios, deja constancia pública de las características de esos gastos. Hasta los cafés convidados. Cuando Sheila viaja a una reunión profesional, con cargo a su institución, los gastos devengados también son publicados en la web: avión, dietas, alojamiento, taxi, teléfono y garaje del hotel, puede consultarse en su portal.

En la época burocrática, los tribunales de cuentas eran el órgano encargado de certificar esa transparencia. Fiscalizaban los gastos e ingresos de una Entidad emitiendo un informe al respecto. A veces se proporcionaban jugosos análisis de legalidad, anexos con datos o estados que permitían evaluar la conducta del gestor. De ahí las fuertes presiones para influenciar al intermediario y participar en su designación. Hoy, un sector de la ciudadanía entiende que esto no es suficiente y quieren conocer directamente y en tiempo real qué hacen las instituciones.

Internet aumenta el control democrático y permite ejercer un tipo de supervisión desconocida hasta ahora, una especie de vigilancia intuitiva sobre las acciones de nuestros representantes. Sin embargo, siguen siendo necesarias las instituciones de control interpuestas. La necesidad de criterios técnicos sigue estando presente en la labor fiscalizadora, ya que la complejidad y el nivel de profundidad requeridos para evaluar el gasto público, sería imposible de alcanzar de una manera eficaz sin profesionales cualificados. Aunque el ciudadano medio está cada vez más capacitado para moverse por si mismo en los laberintos administrativos y financieros.

Para terminar, debemos recordar que el nuevo gobierno británico dará ejemplo con la publicación de todo el gasto público, partida por partida. También está previsto liberar los datos en la red con los nombres, puesto que desempeña, sueldo y dietas de todos los altos cargos y funcionarios del escalafón medio y alto.

Hay algo ácrata en la red. Con todo, lo más avanzado en ese tema es la apertura pública de los registros tributarios de todos los contribuyentes noruegos, como hemos comentado aquí.

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Antonio Arias Rodriguez

Síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias

4 thoughts on “Agosto transparente”

  1. Caro amigo Antonio Arias:
    Como siempre estás al corriente de las situaciones innovadoras que envuelven la Administración Pública. Ahora, traes al conocimiento general, un proyecto de ley sobre transparencia que está en tramitación en el Parlamento español. Esta es una exigencia del Estado post-moderno, el Estado del tercer milenio, por el cual, la Administración Pública tiene el deber de actuar a la luz del día, sin ningún subterfúgio o secreto, dando conocimiento público de todos los actos que practica, así como la forma de cómo los ejecuta, procediendo, mediante su amplia divulgación, información que alcance a todos los ciudadanos, inclusive vía internet. En Brasil, la Ley 101/2000 reguló la obligatoriedad de la Administración Pública para actuar con transparencia, estimulo la participación popular y el ejercicio del control social. Actualmente, por medio de otra Ley (131/2009) fueron establecidas nuevas normas dirigidas hacia la responsabilidad en la gestión fiscal, siendo obligada la liberación para el pleno conocimiento y acompañamiento de la sociedad, en tiempo real, de informaciones pormenorizadas sobre la ejecución presupuestaria y financiera, en medios electrónicos de acceso publico, con exigencia para adopción de sistema integrado de administración financiera y presupuestaria, que atienda a patrón mínimo de calidad. Como factor complementario para mejor operatividad de la transparencia, todas las unidades federadas – Unión, Estados y Municipios – la órbita gubernamental, en sus páginas en internet, crearon un Portal de la Transparencia, donde son divulgadas las actuaciones públicas, la recaudación y los gastos realizados. Como se ve, este es el mundo actual, que nos exige ser absolutamente transparentes para que no haya dudas sobre nuestro comportamiento, tal cual también deben proceder las autoridades públicas.

    Um grande abraço, desde Porto Alegre – RS – Brasil.

    Helio Saul Mileski

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  2. Los 9 principios de Acces Info, una organización internacional dedicada aproteger el derecho de acceso a la información en toda Europa, son los siguientes:

    1. El derecho a la información es un derecho de todas y todos

    2. El derecho se aplica a todas las entidades públicas

    3. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito

    4. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes

    5. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción

    6. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas

    7. Toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas

    8. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud

    9. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente,

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  3. El Ministerio del Interior está en los tribunales. Y el de Cultura. Y el de Defensa. Hasta el Ministerio del Justicia se encuentra entre los acusados. Todos han sido denunciados por ocultar información al ciudadano.”Es desaconsejable entregar esa información”, “ese dato no está previsto por ley”, “no damos información sobre contratos en vigor“.
    Estos son sólo algunos ejemplos, o mejor algunas excusas empleadas por la Administración para negar información a los ciudadanos. En el 35 por ciento de los casos, las entidades públicas ni siquiera contestan. Simplemente dan la callada por respuesta. Silencio administrativo se llama la argucia en términos legales .
    Si cualquier persona quiere conocer datos tan sencillos como el precio de un alquiler para el Ministerio de Justicia o dónde invierte la SGAE los 30 millones de euros que recauda cada año del canon digital -del que rinde cuentas al Ministerio de Cultura- no tiene más remedio que acudir a los tribunales para conseguirlo. Y eso hizo la entidad que se menciona en el anterior comentario Acces Info, una organización internacional dedicada a proteger el derecho de acceso a la información en toda Europa.
    La ONG realizó el pasado año un estudio para evaluar la transparencia de la Administración española, presentando 41 solicitudes de información. Sus integrantes solicitaron a título particular -como ciudadanos de a pie- datos sencillos, como el númerode inmigrantes expulsados de España en 2007 o la cantidad de jueces expedientados por el Consejo General del Poder Judicial. Aquello fue sólo una excusa. Lo importante no era el dato en sí, sino hacer valer su derecho a acceder a la información pública. De poco sirvió. La gran mayoría de sus peticiones -el 78 por ciento- no tuvo respuesta satisfactoria. De una forma u otra, la Administración se negó a darles la información. Unas veces porque no lo consideraban oportuno. Otras porque no estaba contemplado en normativa alguna o porque, sencillamente, los datos no eran públicos. Sin más explicaciones.
    En febrero de 2008, el PSOE desveló una lista con cien razones para votar a José Luis Rodríguez Zapatero. Las elecciones generales estaban a la vuelta de la esquina -se celebraron el 9 de marzo- y el PSOE sacó un argumentario definitivo para aupar a su candidato como presidente. El punto 91 rezaba textualmente, bajo la fotografía de una joven con mirada sonriente: “Garantizaremos por ley el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y documentación oficial que esté en poder de las administraciones“. La promesa no era nueva. Ya estaba en el programa electoral del PSOE desde 2004 y contaba con dos excepciones: “Salvo en materia de secretos oficiales y protección de datos”.A día de hoy, España es el único país avanzado de la Unión Europea que carece de una ley que regule el nivel de acceso de los ciudadanos a la información pública. Y tras seis años ininterrumpidos de Gobierno, el Ejecutivo de Zapatero se ha puesto a ello.
    El pasado 10 de diciembre, el servicio jurídico del Ministerio de Presidencia, encargado de elaborar elborrador de la nueva ley, se reunió con la plataforma Coalición Pro Acceso, donde se agrupan 29 organizaciones no gubernamentales. Los portavoces estatales se comprometieron a crear un organismo independiente, al estilo del Defensor del Pueblo, que se encargue de velar por el acceso de los ciudadanos a la información pública. La nueva normativa prohibirá de forma tajante el silencio administrativo y reducirá el plazoque tienen las instituciones públicas para entregar la información, que en la actualidad es de tres meses. Sin embargo, las promesas no han contentado a todos los presentes, ya que el equipo liderado por Ángeles Ahumada, directora general de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, prevé modificar el reglamento existente para el acceso a los archivos estatales, mientras los miembros de la Coalición Pro Acceso persiguen que el hecho de recibir información pública sea reconocido como un derecho fundamental, recogido en el artículo 20 de la Constitución. Y eso implicaría la creación de una ley orgánica …

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  4. El anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, hace recaer gran parte del peso del acceso a la información en la AEPD, que con su entrada en vigor recibirá nuevas dotaciones de competencias y un cambio de denominación, pasando a llamarse Agencia Española de Protección de Datos y Acceso a la Información.
    Ver el interesante comentario en El Economista.
    Ver Texto del Anteproyecto, facilitado por Access-info.

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