Y tengo pruebas.

Lo mínimo que se les puede ofrecer a los ciudadanos es información acerca del uso del dinero público. Pero la transparencia es un bien escaso. No se trata de “atraer” hacia el Sector Público el mayor número de entidades sencillamente porque sí. Sólo las entidades del Sector Público y los perceptores de subvenciones tienen la obligación de rendir cuentas. ¿Qué sentido tiene la aportación de bienes a una entidad que no es pública? La gestión pública no puede suponer privilegios, así que tales aportaciones sólo pueden entenderse como subvenciones, que debieran otorgarse en régimen de concurrencia y sujetas a rendición de cuentas y control ¿o no?.

Si se aporta un 40% de dinero público al patrimonio inicial de una fundación que es privada ¿qué clase de gestión ejerce la administración que realiza el gasto? ¿cómo se controla la aplicación de tales fondos a su finalidad? ¿cómo se justifica esa finalidad? ¿qué justifica la exclusión de la concurrencia? ¿porqué esos socios “privados” han merecido el honor de compartir la constitución de la entidad junto con el Sector Público? ¿porqué esos socios y no otros?

Si hay gestores públicos participando en la toma de decisiones en una entidad privada ¿cómo se controla su actuación? ¿de esa actuación no se rinden cuentas? Lo que no se puede aceptar es que esos fondos, esas aportaciones queden en tierra de nadie, fuera, supuestamente, de la gestión pública, y entregados a una gestión aparentemente privada sin quedar por ello afectados a ningún fin específico y carentes de todo control posterior sobre su destino. Es decir, que esos fondos habrían sido regalados al Sector Privado. Como esto carece de sentido, que algún legislador nos diga cómo cree que deben ser gestionados y controlados tales fondos.

La objeción interpuesta medio año después fue firmada, además de por el interventor, la Jefa de Servicio y el Jefe de Sección de Fiscalización y fue levantada vía decreto por el alcalde. El reoaronegaba que la fundación pueda considerarse privada, dada la naturaleza del acuerdo con la entidad bancaria que aportó parte del capital.

“La actividad de la Fundación en estos casi dos años ha sido nula, ya que los dos únicos hechos destacables han sido contratar a otro asesor de la Alcaldía, que cobra 50.000 euros brutos anuales, seguridad social aparte, y reformar la antigua Discoteca del Parque La Granja con un proyecto de unos 700.000 euros, para destinarla a la sede de la fundación”, criticó la oposición, que abogó además por deponer la actividad de la fundación, considerando que ésta puede ser asumida por el área de Calidad Ambiental.

Los reparos de Intervención

Aportación.- En puridad, la Fundación Santa Cruz Sostenible nace con ánimo de entidad privada sin ánimo de lucro. El Ayuntamiento aportó 150.000 euros y Caja Canarias el 25 por ciento de los 160.000 previstos.

Naturaleza.- Precisamente por el hecho de que el desembolso municipal fue muy superior en la constitución, la Intervención ha puesto en duda la naturaleza de la Fundación como privada. Se ampara en el artículo 11 de la Ley de Fundaciones Canarias.
Estudio El interventor echa de menos también en el expediente algún informe que motive la necesidad de crear la citada fundación para llevar a cabo acciones relativas la desarrollo sostenible.

Partidas.- Incide en tal hecho porque en el presupuesto de 2008 ya existían partidas para tal aspecto en el Servicio de Control y Gestión de Medioambiental.

CajaCanarias.- No constaba en el expediente el acuerdo adoptado por la entidad bancaria para la participación en la Fundación junto al Ayuntamiento. Sí estaba expresado en el protocolo anterior.

Subvención.- El habilitado nacional establece que la aportación municipal, 150.000 euros debe considerarse como una subvención, de forma que así debió ser recogido en los presupuestos.

Actividad.- En el expediente no se detalla el cronograma que éstas seguirían ni los gastos derivados de cada acción.

Por último, el tercer galardón lo recibirá José Amengual Antich, economista y vice-interventor General Comunidad Autónoma de las Illes Balears por “El Control de los entes instrumentales”, relacionado con el tema de esta entrada.

Felicidades a los premiados.