En mi opinión, dicho procedimiento no sólo brinda mayor respeto a la entidad fiscalizada –que lo hace, aun sin ser lo más importante-, sino que serviría mejor al principio de transparencia en la dirección y gestión de los asuntos públicos y en definitiva a los ciudadanos e intereses generales en su conjunto: no a los posibles intereses de los ‘fiscalizados’ o a los de los ‘fiscalizadores’, como si por alguna razón pudieran resultar contradictorios y/o distintos de los generales.

En aras al ‘carácter constructivo’ que preside el ejercicio de la función fiscalizadora, es deseable que algún día tanto el Tribunal de Cuentas como el resto de los OCEX españoles sigan ese camino.