Hasta ahora no lo es tanto gracias a que la Ley de Contratos del Estado permite a las empresas pedir una revisión al alza del presupuesto adjudicado para hacer frente a los ‘imprevistos’ y compensar así la falta de rentabilidad inicial. Pero esa práctica no agrada en Europa, por lo que podría tener los días contados. Bruselas reclama al Gobierno español que convoque una nueva licitación en aquellos proyectos que precisen de revisión presupuestaria.

De consumarse, las pretensiones de Bruselas trastocarían los esquemas de contratación en España, lo que no tiene por qué ser necesariamente malo. Es cierto que, al obligar a los aspirantes a hilar más fino en la elaboración de sus propuestas y en los costes, los plazos de ejecución podrían dilatarse, pero el estrechamiento del margen para efectuar ofertas demasiado a la baja tendría otros efectos beneficiosos.