El Tribunal de Cuentas de España acaba de hacer público el informe de Fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las Entidades sometidas al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y ha acordado, en el Pleno de 30 de abril de 2009, su elevación a las Cortes Generales.

El Tribunal de Cuentas resume, en 180 páginas, las incidencias de los 1.420 contratos fiscalizados, de una total de 3.727 contratos remitidos durante el ejercicio 2005 por las entidades del Sector público estatal.

A continuación presentamos sus principales conclusiones.

CONCLUSIONES

Respecto a los defectos, omisiones o irregularidades mencionados en este informe, para el Tribunal se reproducen las prácticas o deficiencias ya puestas de manifiesto en anteriores trabajos y que no han sido corregidas. Son las siguientes:

IV.2. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES FISCALIZADOS

En el examen de los expedientes fiscalizados se ha comprobado la falta de documentos exigidos en la Instrucción del Tribunal. En unos casos, puede deducirse su existencia; pero en otros tal deducción no es posible, sin que, por tanto, se conozca si se ha cumplido la legislación reguladora de la contratación pública. Los documentos más significativos o más frecuentemente omitidos en los expedientes analizados son los siguientes:

- El informe del Servicio promotor de la contratación, exponiendo razonadamente la necesidad, características e importe de las prestaciones objeto del contrato

- El certificado de existencia de crédito

- El acta de comprobación del replanteo

- La resolución motivada aprobando el expediente de contratación y el gasto, en su caso, así como la orden de apertura del procedimiento de adjudicación

- La declaración responsable de los licitadores de no estar incursos en prohibición de contratar

- Los informes técnicos solicitados por el órgano de contratación sobre la procedencia de la adjudicación

- Los trámites para el caso de ofertas incursas en presunción de temeridad: petición de justificación a los licitadores afectados, alegaciones de los mismos y resolución del órgano de contratación.

- La justificación de solvencia económica, financiera, técnica y profesional del adjudicatario

- La documentación acreditativa de la realización total o parcial del contrato a satisfacción de la Administración u órgano contratante.

CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES

En relación con el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la tramitación de los contratos se han comprobado en diversos expedientes las siguientes incidencias:

Primera.- Se tramitaron como de consultoría y asistencia y de servicios contratos que, a juicio del Tribunal de Cuentas, tienen el carácter de contratos privados.

Segunda.- Los pliegos de prescripciones técnicas incorporan declaraciones y cláusulas que deberían figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Tercera.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares no recogen el importe máximo de los gastos de publicidad que debe abonar el adjudicatario.

Cuarta.- La declaración de la improcedencia de la revisión de precios no se estableció en resolución motivada independiente.

Quinta.- La justificación del trámite de urgencia no ha sido suficientemente motivada.

Sexta.- La garantía definitiva se constituyó con posterioridad a la formalización del contrato . En algunos casos, la garantía se constituyó sobre el importe de adjudicación (debería haberse hecho sobre el de licitación); mientras que en otros, el importe de la garantía definitiva no se fijó de acuerdo con el porcentaje legalmente establecido, teniendo en cuenta que la adjudicación recayó sobre ofertas incursas en temeridad.

Séptima.- Los documentos de formalización de los contratos no recogen todas las menciones establecidas legalmente.

Octava.- La aplicación de los criterios objetivos de adjudicación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares presenta numerosas deficiencias respecto al establecimiento, contenido y métodos de valoración.

Novena.- En los pliegos de cláusulas administrativas particulares no se incluye la revisión de precios, con el argumento de estar contempladas en los pliegos las posibles variaciones que pudieran producirse en los mismos. La exclusión de la revisión de precios fundamentada en la expresada motivación de dudoso cumplimiento no resulta acorde con lo dispuesto legalmente.

Décima.- Algunas entidades establecieron, en los pliegos de cláusulas administrativas de diversos contratos de servicios, la previsión de que la revisión de precios se realizaría en función de los incrementos salariales establecidos en los Convenios Colectivos aplicables en cada caso, contraviniendo lo dispuesto legalmente sobre las revisiones de precios, que deberán llevarse a cabo mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que determine el Órgano de Contratación, carácter que no es atribuible a los Convenios Colectivos.

Undécima.- En algunos casos, la solicitud de la autorización para contratar de los titulares de los Departamentos Ministeriales de adscripción se ha omitido en supuestos en los que resultaba preceptiva, por razón del importe de los contratos.

Décimo segunda.- En los contratos adjudicados por el procedimiento negociado no consta que las entidades contratantes hayan negociado con las empresas consultadas.

Decimotercera.- La certificación de existencia de crédito se sustituye por el documento contable de retención de crédito.

Decimocuarta.- En los expedientes adjudicados mediante concurso, los pliegos de cláusulas administrativas particulares prevén la apertura previa, por la Mesa de Contratación, de la documentación técnica, lo que vulnera el carácter secreto de las proposiciones.

Decimoquinta.- Los informes de la asesoría jurídica se sustituyen por una diligencia en la que se hace constar que los expedientes han sido informados favorablemente.

Decimosexta.- Las actas de recepción de los contratos se sustituyen por las de las recepciones parciales o provisionales con las facturas acreditativas de los pagos efectuados.

Decimoséptima.- Las prórrogas previstas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares exceden del plazo permitido.

Decimoctava.- La comunicación al Registro Público de Contratos se realiza fuera de los plazos establecidos.

Decimonovena.- En los contratos privados de compraventa y arrendamiento analizados, no se han observado los principios de publicidad y concurrencia, seleccionándose al adjudicatario mediante un sistema de contratación directa.