¿ Se pueden establecer para el proced. restringido, limitaciones en por ej. facturación de al menos un importe determinado a la hora de seleccionar a las empresas. art. 66.a de la LCSP?

Muchas gracias de antemano por su artículo.
Un abrazo.

Como dices en tu excelente trabajo los que elaboran los criterios de adjudicación han de ser distintos de quienes posteriormente los valoren en la Mesa de Contratación. Ademas debe hacerse un uso mas generalizado del “perfil de contratante” publicando en el mismo las actas de la Mesa de Contratación, ya que no hay nada que ocultar en la actuacion llevada a cabo por la misma. Por cierto, cuando el Organo de Contratacion sea el Alcalde, este no puede ser el Presidente de la Mesa, ya que es quien tiene que designar a sus integrantes: presidente, vocales y secretario. Los nombres y apellidos de los integrantes de la Mesa de Contratacion se han de publicar en el “perfil de contratante” para que , en su caso, puedan ser RECUSADOS.

No, y luego nos querrán exigir, al mismo tiempo, que la actuación administrativa respete los principios de economía, eficiencia y eficacia (que tanto gusta a algunos modernos novísimos que piensan que el mundo nació con ellos).

La Directiva 2004/18 CE deja a la entidad adjudicadora la elección de los criterios de adjudicación del contrato que pretenda aplicar, pero tal elección sólo puede recaer sobre criterios dirigidos a identificar la oferta más ventajosas económicamente (véase, a este respecto, sobre los contratos públicos de obras, las sentencias Beentjes, apartado 19, Evans Medical y Macfarlan Smith, apartado 42, y SIAC Construction, apartado 36 e informe de la JCCA 11/99), y, como una oferta debe referirse necesariamente al objeto del contrato, los criterios de adjudicación que pueden aplicarse con arreglo a dicha norma deben estar también relacionados con el objeto del contrato.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas (sentencias de 17 de diciembre de 2002 –Concordia Bus Findland- y de 4 de diciembre de 2003 –agrupación de empresas EVN AG y EVN AG contra la República Austriaca-) admitió que cuando la entidad adjudicadora decide adjudicar un contrato al licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, puede tener en cuenta criterios ecológicos (como el nivel de las emisiones de óxidos de nitrógeno o el nivel de ruido de los autobuses o el suministro, en la medida en que le fuera técnicamente posible, de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables y a no suministrar, en ningún caso deliberadamente, electricidad obtenida mediante fisión nuclear), siempre que tales criterios estén relacionados con el objeto del contrato, no confieran a dicha entidad adjudicadora una libertad incondicional de elección, se mencionen expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación y respeten todos los principios fundamentales del Derecho comunitario, en particular, el principio de no discriminación.

La Comunicación interpretativa de la Comisión de 15 de octubre de 2001 analizó la posibilidad de integrar aspectos sociales en la contratación pública y lo hace analizando la esta posibilidad en las diferentes fases de la vida del contrato.

En la fase de adjudicación, entre los criterios que se mencionan a modo de ejemplo en las Directivas no figuran criterios sociales (actualmente la Directiva 2004/18 enumera en su art. 53 una lista no cerrada de criterios, entre los que no figuran los criterios sociales), ahora bien, si por criterios sociales entendemos aquellos que permitan evaluar la calidad de un servicio destinado a personas desfavorecidas estos podrán aceptarse, en opinión de la Comisión de la Comunidades Europeas (la comunicación cita como ejemplo admisible la contratación de la formación en materia informática a los empleados municipales, en donde se valorare el método propuesto por el licitador para garantizar la prestación a cualquier persona con discapacidad). Por el contrario, los cupos de contratos reservados a una determinada categoría de proveedores (en EEUU, por ejemplo, el 20% de los contratos están reservados a empresas propiedad de minorías “small minority businesses”), o las preferencias de precios (los precios se trasforman con factores de corrección en función de la realización por determinadas empresas de una determinada política social), o que den preferencia a las empresas en función de la intensidad de empleo de determinada categoría de personas o por aplicar un programa de promoción de igualdad de oportunidades, no son admisibles por ser criterios ajenos al objeto del contrato o a las condiciones de ejecución del mismo, esto es, por ser ajenos a las cualidades intrínsecas del producto o de la prestación.

En definitiva, para determinar la oferta económicamente más ventajosa se pueden utilizar criterios que integren aspectos sociales solo cuando estos comporten para el poder adjudicador una ventaje económica ligada al producto o servicio objeto del contrato.

Ahora bien, en el caso de las obras financiadas con el FEIL, creo que el objeto principal de los contratos no es el que aparece en los Pliegos. ¡No! El objeto principal de los mismos es la creación de empleo en un contexto de grave crisis económica, de ahí la excepción de incluir dicho aspecto como criterio de adjudicación. Solo así podemos entenderlo.

Bueno ese es mi humilde parecer.

Mi felicitación a todos los que habéis contribuido a hacer este magnífico “blog” (y muy particularmente a Antonio).