Por ello, Núñez explicó que analizará las políticas del Gobierno, evaluará su eficacia y las consecuencias que de las mismas puedan derivarse como resultado “del incremento vertiginoso del endeudamiento y del déficit público”.

El presidente del Tribunal de Cuentas realizó estas consideraciones afirmando que las instituciones de control no pueden permanecer “al margen” de la actual situación de crisis, que ha puesto de manifiesto fallos importantes en la regulación y supervisión del sistema financiero.

En su opinión, también se ha generado una “crisis en los valores sociales”, cuya superación requerirá diseñar un nuevo modelo de actuación basado en la “transparencia y en la exigencia de responsabilidades”.

Creo que la labor de fiscalización del TCu y de los demás OCEX debe estar supeditada a evaluar el presupuesto liquidado, tal como este ha sido aprobado y después ejecutado. Lo que no puede hacer el OCEX es crear unos objetivos “propios” ad hoc durante la fase de control.

En otras palabras, la fiscalización debería centrarse en verificar los objetivos planteados a priori, partiendo de unos adecuados indicadores de desempeño (eficacia, eficiencia, economía). Pero claro, para ello antes el Gobierno y el Parlamento tendrían que haber hecho “sus deberes”, es decir, haber elaborado un presupuesto por programas, con objetivos medibles para facilitar el control externo ex post.

Según cálculos de su patronal, Cepco, el plazo medio con el que están cobrando de las constructoras oscila entre los 223 y 250 días. El montante de la deuda que tienen las constructoras con los proveedores alcanza los 45.000 millones de euros, prácticamente el equivalente a lo que facturó todo el sector en 2007.

Esta situación se produce a pesar de que el artículo 211 de la LCSP indica que los plazos de pago de subcontratistas y suministradores no podrán ser más desfavorables que los previstos para la Administración (60 días).