Carlos Cubillo Rodríguez es Doctor en Derecho. Miembro del Cuerpo de Letrados del Tribunal de Cuentas, pertenece al Instituto de Censores Jurados de Cuentas y a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Actualmente desempeña el cargo de Director Técnico del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Una vida profesional entre el derecho y la auditoría.

Ofreció, el viernes pasado, una conferencia en las XI Jornadas de Régimen Local (en la foto, a la izquierda, es presentado por Pedro Díaz Corral, Interventor del Ayuntamiento del Rosario-Tenerife) sobre las figuras controvertidas en la aplicación de la Ley General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo.

Fueron muchos los supuestos controvertidos que analizó con gran brillantez el ponente: las aportaciones dinerarias entre Administraciones Públicas y entre agentes de una misma Administración, las encomiendas de gestión, el ámbito de aplicación del la Ley de Subvenciones …

ya podéis descargar las ponencias en la web del colegio pero, mientras tanto, permitid que os avance un epígrafe que es de especial interés para las corporaciones locales.

El contrato de patrocinio.

Analizó Carlos Cubillo, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2007, de la Sala de lo Civil, sobre la naturaleza y régimen jurídico de estos contratos. El Alto Tribunal partió, en el caso mencionado, de un supuesto de incumplimiento contractual en un Convenio entre una Corporación Local y una Sociedad Mercantil, suscrito para la realización por esta última de diversas actividades de patrocinio de un congreso sobre cuestiones ecológicas.

De la Sentencia, mediante la aplicación de la normativa vigente en el momento en que sucedieron los hechos, que era la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, el ponente señaló las siguientes conclusiones:

“a) El contrato de patrocinio debía considerarse como innominado o atípico, al no estar expresamente contemplado en el legislación de contratación pública vigente en aquel momento.

b) El contrato de patrocinio debía considerarse un contrato privado y no administrativo, pues el objeto del mismo no tiene relación relevante con el giro o tráfico específico de la Administración contratante. En este sentido, la propia Sentencia reconoce que aplica el criterio sociológico y el teleológico para la aplicación de la norma y sostiene que: “no es posible apreciar la vinculación al desenvolvimiento regular de un servicio público o al giro o tráfico que caracteriza la relación administrativa, en un contrato que… tiene por objeto la realización de actividades de patrocinio para la celebración de un Congreso, por más que el contenido de éste viniera referido a una materia (cuestiones medio ambientales) respecto de la que la Administración Municipal (contratante) tiene innegables competencias.”

c) En consecuencia, por ser un contrato privado, debería regirse por el Derecho Administrativo en lo relativo a la formación de la voluntad administrativa, preparación y adjudicación, pero le sería de aplicación el Derecho Privado en lo que se refiere a los efectos del Contrato y su extinción”.

Este criterio jurisprudencial no parece afectado en ningún aspecto esencial por la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público.

Para Cubillo, el contrato de patrocinio “no resulta subsumible en ninguna de las categorías recogidas en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley, por lo que persiste su condición de atípico“, desde la perspectiva de la legislación de contratos del Sector Público.

Por otra parte, es significativo que el criterio para distinguir a los contratos administrativos de los privados que se recoge en el artículo 19.1, b) sea, precisamente, el mismo que aparece en la Sentencia antes citada y en otras anteriores del Tribunal Supremo, esto es, que el contrato esté o no vinculado al giro o tráfico específico de la Administración Contratante o que satisfaga de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de dicha Administración.

Por lo tanto, concluye que este precepto convierte, al menos al concreto contrato de patrocinio al que se refiere la antes mencionada STS, en un contrato privado, cuyo régimen jurídico se ha incorporado al artículo 20.2 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público: La normativa de la contratación pública respecto a la preparación y adjudicación, y el Derecho Privado en cuanto a efectos y extinción.

El conferenciante entre la contabilidad y el derecho: con Rosalía Betancurt (letrada, a la izquierda) y Brígida Rodríguez (auditora- derecha) funcionarias de la Audiencia de Cuentas de Canarias.