María Jesús, la demora en la comprobación del replanteo por parte de la Administración es causa de resolución del contrato, artículo 220 a) de la Ley. El contratista tiene derecho a instar la resolución y a recibir una indemnización equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicación, artículo 222. 2 Ley de Contratos del Sector Público.

Saludos

Gracias

Planteo nuevamente mi duda en relación con el régimen de recursos aplicable contra la fase de adjudicación (provisional y definitiva) en los contratos no SARA, teniendo en cuenta la limitación objetiva del recurso especial en materia de contratación ex artículo 37 LCSP. Qué opinais sobre el contenido del informe 18/2008 de la Junta Consultiva de Aragón? Estais de acuerdo en considerar al acto de adjudicación provisional como un acto finalizador de la vía administrativa? No es más correcto considerarlo un acto de trámite cualificado?

Me gustaría saber vuestra opinión y, en especial, la de Miguel Trueno.

Un saludo

Comparto la duda planteada por Isaac en su comentario de 3 de diciembre y me plantea iguales dudas la solución aportada por el Informe 18/2008 de la Junta Consultiva de Aragón al considerar a la adjudicación provisional como un acto que pone fin a la vía administrativa.

Que opinais, nadie contesta??

Me uno a tus deseos, deseando a todos que el ya cercano 2009 se comporte como cada uno lo espera. FELIZ NAVIDAD, con recuerdo especial a Antonio Arias que ha hecho posible esta página de libre intercambio. Ahora, olvidémosnos de la LCSP y pasemos unos días tranquilos.

En cuanto al foro, parece que languidece … así es la vida y así tenía que suceder. A lo mejor, o a lo peor, todo ha sucedido porque falta nuestro común aliento.

Sería discutible si se admite o no la formación como criterio de adjudicación en determinados contratos, cuyo objeto es la adquisición de un suministro o un servicio complejo o particular, en el que se da la circunstancia que su rendimiento depende del buen manejo que se de al producto.
Tal vez se podría justificar la consideración de un plan de formación como uno de los criterios de adjudicación, siempre que se indique en el pliego y en el anuncio, como “prestaciones adicionales relacionadas con el objeto del contrato”, concretando la puntuación que se le va a otorgar y forma de valorarlo.
Es muy frecuente que en los pliegos, después del precio, la calidad técnica, metodología y otros criterios clásicos, por aquello de “¿qué ponemos?”, se destine el resto de puntos a “Mejoras”.
Este criterio no viene referido a “Variantes o mejoras” del artículo 131 (antes Variantes o alternativas), sino a prestaciones adicionales.
En la mayoría de los casos, no se acredita su relación directa con el objeto del contrato, ni su importe. (Por ejemplo, se podría exigir una factura proforma) Lo que es peor, la Administración no ha detallado en el pliego la forma de valorar este criterio.
Y es ahí donde creo que la sentencia que tú citas tiene su aplicación.
Desde su atalaya, el Tribunal de Justicia en la sentencia de referencia, “demoniza” el establecimiento de sub-ponderaciones que no estaban previstas en el pliego. Desde el punto de vista teórico, nada que objetar, pero en la práctica, cuando se trata de objetivizar un criterio subjetivo, resulta muy recurrente la técnica del análisis multivariante para determinar la contribución de varios factores en el resultado.
Por ejemplo y siguiendo con el plan de formación: Las empresas presentan planes de formación de distintos contenidos, horarios y ponentes.
La Mesa decide establecer sub-ponderaciones, otorgando 50% a contenidos, 45% a horarios y 5% a ponentes, se estaría vulnerando el principio de igualdad de trato de los operadores económicos así como el de obligación de transparencia porque la Mesa ha fijado a posteriori sub-criterios que no venían en el anuncio
¿No te perece?

Por otro lado, lo que pregunté lo sigo manteniendo: ¿es posible admitir como criterio de adjudicación los planes de formación?

Yo quería plantear una cuestión. En los contratos NO SARA sería recurrible en reposición y posterior contencioso la adjudicación provisional o sólo la adjudicación definitiva?. En principio me inclinaba por esta 2ª opción, dar recursos únicamente al notificar la resolución que eleva a definitiva la adjudicación, pero la Junta Consultiva de Aragón en el Informe 18/2008, de 21 de julio, parece opinar lo contrario.

¿Qué os parece?

Si la cuestión se hubiera querido constreñir al ámbito local se habría puesto en el articulado del Real Decreto-Ley, no en una Disposición adicional.

Piensa que ya sería el colmo que únicamente la dispensa de clasificación se puediera aplicar por los Ayuntamientos.

Quédate, pues, tranquilo. CAFÉ PARA TODOS.

Un saludo

A tu modo de ver y al de todos los demás ya no es exigible la clasificación en obras de importe inferior al que se cita.

El dictado de esa disposición adicional sexta no está referido de forma exclusiva a las obras relacionadas con los Fondos que se crean. ES PARA TODAS LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL SECTOR PÚBLICO.

Lo de la técnica legislativa no nos debe sorprender ya que es bastante corriente: ¿ya no os acordáis de las Leyes de Acompañamiento? ¿No os acordáis de cómo se modificó por vez primera la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en 1996, mediante una disposición adicional en una Ley sobre las medidas contra la sequía?

Precisamente, las disposiciones adicionales sirven para esta clase de modificaciones.

El problema puede venir por otro lado: Aunque sean obras (las que se contraten con cargo a los dos nuevos Fondos) es necesario la elaboración del correspondiente proyecto y sobre eso nada se dice.

Un abrazo para toda/os y, en especial, para mi gran amiga Teresa.

A mi modo de ver, se establece con caracter general, no solamente para las obras financiadas con el Fondo.
Un ejemplo de técnica legislativa.
¿Y los artículos 9, 13,……….?

Espero vuestros comentarios

Mi querido amigo: No se invente Vd. las cosas, ni me tenga tanta manía. Las opiniones son libres y si las mias no le gustan, pues que le vamos a hacer. Yo no tengo nada en contra de los interventores, ni en contra de los carteros, ni en contra de los que reparten pizzas. Pero da la impresión que a Vd. no le gusta que opine la gente.

Por ello, públicamente le pido y le digo: ¡OLVÍDEME!

Así me gusta, que reflexionemos sobre contratación.

Está bien tu respuesta, pero el Tribunal Supremo no está de acuerdo contigo.

Dale un vistazo a las STS de 4 de 22 de abril 2005, 4 de mayo 2005 y 27 de febrero 2008. Este Tribunal Supremo que tenemos nos va a acabar por volver locos, ¿verdad, Teresa?

Dejo el tema apuntado par vuestra reflexión.

Un saludo a la afición.

Intervención del Consejo de Estado ¿Cual debe ser la cuantía a tener en cuenta en la modificación de los contratos de gestión de servicios públicos, teniendo en cuenta su posible largo plazo de duración? ¿Qué entendeis por precio primitivo del contrato en los supuestos de gestión de servicios públicos?

¿El precio del canon anual? ¿El precio resultante de multiplicar el canon anual por los años de duración del contrato?

No os precipiteis. Meditad.

A los que estáis en el otro lado: Me gustaría conocer vuestras opiniones

Un salido para todos, incluidos los “rebotados”.

El principal argumento jurídico lo encontrarás en el artículo 1275 del Código Civil, según el cual, no hay contrato sin causa.

El contrato de patrocinio es un contrato privado de publicidad, regulado en el artículo 24 de la Ley 34/1988, General de la Publicidad, como aquel en el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador.
Esta regulación básica del contrato de patrocinio, se debe completar con las prescripciones de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, en cuanto sea un organismo público el que pretenda contratar, en particular, teniendo en cuenta las prohibiciones establecidas en el artículo 4, precepto de caracter básico.
También se ha de tener en cuenta el contenido de la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007 por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva

Pero todas estas normas van precedidas de una fundamental que es el artículo 1275 del Código Civil, según el cual, no hay contrato sin causa.

Digo todo esto, porque el patrocinio, como contrato que es, requiere del elemento esencial de la causa. Dicha causa, se entiende que concurre cuando el patrocinado realmente proporciona al patrocinador una difusión de su imagen al realizar la actividad que le es propia.

Estoy de acuerdo contigo cuando apuntas que la mayoría de los negocios que se plantean como patrocinio adolecen de falta de causa. En estos casos, el patrocinado es una persona o entidad necesitada de soporte, ayuda o subvención para llevar a cabo su actividad, cuya proyección, de ninguna manera sobrepasa los límites de la imagen del patrocinador, en este caso, la Administración Pública.
¿Cómo se entiende que el equipo de balonmano infantil de Xibeca, proporcione publicidad a la Generalitat de Valencia?

El patrocinio como institutio personae que es, exige que el patrocinado ostente una determinada imagen de la que se beneficia el patrocinador para promocionar su nombre, marca, actividad o producto.

Contestando a tu pregunta, si concurren los elementos necesarios, sí puede celebrarse un contrato de patrocinio por parte de la Administración (pensemos en el Tour de Francia y en las comunidades autónomas que lo han patrocinado) Estos contratos deberá regirse, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la LCSP y en cuanto a efectos y extinción, por normas de derecho privado, todo ello de acuerdo con el articulo 20 de la LCSP.

Tras muchos meses desaparecido, me incorporo de nuevo. La verdad es que este foro da gusto y aprendo mucho con todos vosotros.

Balbin, considero que la documentación acreditativa de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se debe aportar en ese plazo que va desde la adjudicación provisional a la definitiva. En las proposiciones se incluye una declaración genérica de no estar incurso en prohibición de contratar.

Tengo un par de cuestiones:

a) A la vista de la Sentencia Lianakis, de 24 de enero de 2008, ¿creeis que se puede incluir un plan de formación como criterio de adjudicación?

b) Ya se que existe algún informe de Juntas Consultivas al respecto, pero, a la vista del 46.1 LCSP, ¿creeis que se puede concertar un contrato de patrocinio por la Administración? ¿Qué empresa va a tener habilitación empresarial para realizar ese tipo de actividad? Es que, para mí, este tipo de contratos se utiliza más que nada para encubrir verdaderas subvenciones (donde la publicidad de la financiación pública es una obligación del beneficiario). Y, la verdad, no se como frenar, con argumentos jurídicos sólidos, este fraude de ley.

Un saludo.

Creo que sería una interpretación razonable -no temeraria- que, aun cuando colisionase con “la letra” del artículo 64 de la ley, guardaría perfecta armonía con “el espíritu” del párrafo recogido en su Exposición de Motivos IV-4.

No obstante, está claro que resulta sencillo y práctico aportar la fotocopia del 347 o del 390.

Saludos cordiales.

En una subasta pública para la enajenación de un bien mueble de una administración, ¿qué extensión debe darse al artículo 1.459 del código civil?, ¿incapacita a todos ó sólo a algunos funcionarios y/o autoridades?

Muchas gracias.

¿Cual debe ser la cuantía a tener en cuenta en la modificación de los contratos de gestión de servicios públicos, teniendo en cuenta su posible largo plazo de duración?

A los que estáis en el otro lado: Me gustaría conocer vuestras opiniones

Un salido para todos, incluidos los “rebotados”.

No obstante lo anterior, pienso que para el supuesto de los contratos a realizar en el supuesto del artículo 157.e) de la LCSP puede no tener mucho sentido, e incluso resultar contradictorio, exigir que la empresa acredite su solvencia económica y financiera.

De otro lado, te diré que la página tiene dueño (un tal Sr. Arias, personaje famoso por tierras astures).

En el caso de la solvencia economica del 157.e) pide el volumen de operaciones en el año 2007 a acreditar mediante el modelo 390 que recoge la Declaración anual del IVA. Fija un tope económico y se acabó el problema. No sé si he entendido bien tu consulta.

En cuanto a tus tierras sureñas te diré que esa parte de nuestra geografía constituye la mitad de mi vida. De hecho, mi hijo pequeño nació allá dónde acaba la Península.

Un abrazA y te recuerdo aquello que cantaba Lola Flores sobre “echar guindas al pavo/a …”
Miguel

Las relaciones de las empresas van estupendamente pero aún no se atreven a dar el paso del matrimonio (unos diran fusión y otros absorción) por lo que continuan en identicas condiciones presentandose a procedimientos contractuales y encima presentan buena oferta y tambien resultan adjudicatarias. El compromiso de UTE lo van a materializar con los requisitos del art. 48 LCSP y la Ley 18/1982, pero el Notario en un gesto de economia les dice: no es necesario hacer una nueva UTE utilicen la que tienen en vigor y solo amplienle su objeto social, donde dice contrato x que diga tambien la ejecución del contrato x+1 y ademas vamos a poner para cualquier contrato que le puedan adjudicar el Ayuntamiento H, eso sí teniendo en cuenta el plazo maximo de duración de 10 años.

Este supuesto ha ocurrido en la Administración donde trabajo hemos buceado por las Juntas Consultivas hemos preguntado en los distintos registros especiales del Ministerio de Hacienda en dos provincias y no hemos llegado a ningun resultado.

Las empresas que trabajan en UTE deberian casarse y dejarse del sí pero no.

Ahora ya en serio pienso que no habria ningun obstaculo juridico, al menos no conozco ninguno, en ampliar el objeto social de una UTE existente siempre que lo pactado se adecuara al compromiso aportado en la licitación y se indicara expresamente el contenido del nuevo contrato a realizar. ¿que opinais?

Un abrazo a todos y en especial a Miguel.