A nivel local, el art. 5 de la Ley Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones exige el registro.

Es más, el que no las hubiera registrado antes del 1 de Enero del 2012, no podrá acogerse a lo que dice el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, …

No obstante eso es a nivel local. Supongo que a nivel estatal o nacional, tenemos el art 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la factura es un documento que como cualquier otro escrito o comunicación que se presente o reciba debería ser registrado, ¿no?

Aunque la realidad es la que comentas. Creo que es otro mal hábito (como el arte del modificado) entregar las facturas en mano y …

http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/sector-publico-miles-facturas-cajon-aflorar-20101119-61343.html

Esta ley ha sido actualizada en diversas ocasiones y en hoy en día prohíbe los gastos no autorizados presupuestariamente, las obligaciones de pago aplicadas a fondos no autorizados legalmente para ese propósito, la contratación de personal no autorizada legalmente, salvo casos de emergencia por razones de seguridad de la vida humana o la protección de la propiedad y los gastos que exceden las cantidades legalmente autorizadas.

Las violaciones de esta Ley están sujetas a sanciones penales y administrativas y deberá ser perseguida por las instituciones públicas. La General Accountability Office recibe puntual información de los expedientes en los que están implicadas las agencias federales gubernamentales y anualmente emite un informe en el que relaciona los casos de los que ha recibido la pertinente comunicación. El informe del ejercicio fiscal 2006 detalla 23 casos de violación de la Antideficiency Act, por importes que oscilan entre los 300 y 500.000 dólares. La relación de multas impuestas en cada ejercicio se puede consultar en la Web de la GAO: http://www.gao.gov.

NOTA 1. Se puede comprobar que los españoles también hemos llegado tarde para inventar las facturas del cajón.
NOTA 2. ¿qué pasaría si el Tribunal de Cuentas decidiera exigir responsabilidades contables por los intereses de demora devengados por el retraso de los pagos de las facturas guardadas en el cajón ante la falta de cobertura presupuestaria, en aplicación del inédito art. 177.1.c LGP?

Nota de Antonio Arias: En Brasil, esto es así, Germán. Los TCEs deben aprobar las cuentas y, si no lo superan, las autoridades pasan a la lista de no elegibles. Es una aprobación técnica, no política. En España estamos acostumbrados a esta última faceta, por ejemplo, cuando los plenos de los ayuntamientos aprueban (o no) las cuentas municipales. Hemos hablado de esto aquí.