cazamariposas2.jpg

Por Rafael Iturriaga Nieva
Consejero del Tribunal Vasco de Cuentas
(Continúa de la entrada anterior)

La transparencia inteligible es un deber del gobernante, tanto o más importante que la visión estratégica o la capacidad de acción. El conocimiento efectivo de lo que ocurre intramuros de la administración no puede ser un misterio reservado a una casta de sacerdotes capaces de atravesar los velos que cubren el tabernáculo.

En este estado de cosas, el ciudadano (y su representante electo, el parlamentario) buscan una seguridad vicaria, una certeza delegada, del mismo modo en que el anónimo accionista confía en los auditores de su empresa.

Nosotros, los fiscalizadores, somos expertos. Expertos tan expertos, se supone, como los propios gestores del presupuesto. Sabemos leer entre las líneas de la contabilidad pública y no nos dejamos engañar por los juegos de prestidigitación del derecho administrativo creativo.

Cuando un auditor dice que las cuentas de una compañía reflejan su “imagen fiel”, el accionista puede descansar tranquilo. Está en juego el prestigio, la profesionalidad y la probidad del auditor… (Por lo menos esto era así hasta que todo el mundo vio caer a la mismísima Arthur Andersen, paradigma del concepto de auditoria).

¿Qué ocurre cuando un órgano de fiscalización proclama que la gestión de tal o cual administración pública se ajusta, “excepto por…” a la legalidad vigente?… ¿Qué vende un órgano de fiscalización?… ¿Qué es lo que aporta al sistema político?

Por un lado, como vengo diciendo, ofrece tranquilidad, confianza, al titular de la soberanía. Nosotros, sus auditores, hemos comprobado todo lo que ha habido que comprobar y nuestro informe refleja fielmente la realidad. A nosotros no nos la dan con el queso de la “contabilidad creativa” ni se nos escapan con la “huída del derecho administrativo”.

¡Menudos somos!

Por otro lado (y esto no es, ni mucho menos, poco importante) ofrece legitimación al gestor.

Es de sobra conocido que la administración moderna, cuyas dimensiones y complejidad superan notablemente la capacidad crítica de los poderes representativos, no se legitima ante los ciudadanos solamente a través de unos procedimientos democráticos de origen. Cada día más un poder político que interviene en los mecanismos económicos y que actúa sobre las vidas y haciendas de las personas de mil modos, desde los más oblicuos, sutiles y complicados hasta los más elementales y manifiestos se legitima, política y socialmente, por los resultados de aquello que hace. Democracia de origen sí, pero también legalidad, transparencia, eficacia y economía de medios.

¿Qué queda, pues, después de un informe de fiscalización más o menos “limpio” en manos del gestor?… la legitimación. La legitimación técnica, legal y operativa del responsable. Mercancía preciosa que exhibir ante un electorado teóricamente informado que se percibe cada día más a sí mismo como cliente de los servicios públicos y no como un simple súbdito.

El asunto es que mientras en la práctica se siga cumpliendo a rajatabla la maldición de Lipman y la masa de ciudadanos crea que la administración actúa correctamente, haga lo que haga, si se trata de “los suyos” o siempre mal en el caso de ser “los otros” y mientras los parlamentarios, élite política por antonomasia, renuncien por idénticas razones sectarias al ejercicio de una crítica mínimamente profunda, el papel de los órganos fiscalizadores seguirá sufriendo de una intensa paradoja. ¿Son eficaces o no lo son?

El canon de la eficacia consiste en la satisfacción de los objetivos propuestos o buscados ¿lo cumplen?… Tal vez sí… o tal vez no. Si suponemos que el objetivo de los órganos de fiscalización es posibilitar la transparencia efectiva del funcionamiento del sector público, levantando cuantos velos impidan o dificulten su cabal entendimiento para los ciudadanos, tal vez no resulten muy eficaces. Pero si de lo que se trata es de construir una ficción que permita al ciudadano común desentenderse de la cosa pública (apelando a su extraordinaria complejidad) para delegar en unos parlamentos divididos en bloques acríticos bajo los designios de unos aparatos partidistas que lo mismo pactan la ceguera ante lo evidente que ponen el grito en el cielo ante una nimiedad, siempre que sea mediáticamente oportuna… ¡Qué bien les viene a unos y a otros transferir la responsabilidad del control de la gestión pública (que es un atributo de la ciudadanía y la razón de ser del parlamentarismo) a un órgano que la ejerza de un modo inocuo pero lo suficientemente litúrgico.

Pues bien, si tal fuere el objetivo, no habría de caber ninguna duda de que los órganos de fiscalización lo cumplen a la perfección y cuanto más alambicado sea su lenguaje y mas incomprensibles sean sus informes, tanto mejor.

Toda democracia que se precie (de hecho, incluso todo régimen político mínimamente civilizado, sea democrático o no) tiene su órgano de fiscalización del sector público… ¡Ofrece mucha tranquilidad! Resulta, por tanto, sumamente eficaz… ¡Según para qué!.

La fiscalización del sector público, víctima de sus propios hábitos y de una normativa administrativa elaborada precisamente con la intención de minimizar el control (la llamada “huída del derecho administrativo”) aceptada sin pestañear por los propios parlamentarios, se ha ido convirtiendo con el tiempo en una revisión rutinaria de los aspectos menos importantes de la gestión de una administración residual (desregulada en proporción creciente).

Caen, así, en nuestras redes multitud de mariposas… y prácticamente ningún elefante.

mariposa.jpg